El STF prohíbe los temporales en la policía penal y exige concurso público
El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió que el Estado de Goiás no puede contratar vigilantes penitenciarios temporales para ejercer funciones propias de la policía penal. La decisión, unánime, tiene efectos diferidos por dos años y reafirma el concurso público como única vía de ingreso a la carrera.
La decisión sobre los vigilantes penitenciarios en Goiás
El Pleno del Supremo declaró inconstitucional el uso del régimen de contratación temporal para cubrir funciones típicas de la policía penal en el Estado de Goiás. El juicio se realizó en sesión virtual concluida el 25 de septiembre de 2026, por unanimidad, en una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la entidad nacional que representa a la categoría (STF ADI 7069).
El cuestionamiento abarcaba disposiciones de una ley estatal y de un decreto reglamentario que autorizan la contratación por tiempo determinado para atender una necesidad excepcional de interés público, incluso en el área de seguridad pública. La controversia no residía en la existencia de ese régimen, admitido por la Constitución, sino en su empleo para colocar a vigilantes penitenciarios temporales en el desempeño de atribuciones de la policía penal dentro del sistema carcelario.
Al acoger la pretensión, el colegiado señaló que la función de policía penal adquirió carácter permanente e institucional, lo que exige un cuerpo profesional propio, calificado, seleccionado de forma impersonal e integrado de manera estable a la estructura estatal. En el caso de Goiás, la contratación temporal se venía utilizando para suplir la falta de personal de la propia estructura encargada de la vigilancia de los establecimientos penales, es decir, para cubrir una plaza permanente con un vínculo precario.
Con el propósito de preservar la continuidad del servicio público, el Tribunal difirió la eficacia de su decisión. La invalidación solo producirá efectos dos años después de la publicación del acta del juicio, ocurrida el 30 de septiembre de 2026. El plazo existe para que el Estado regularice su planta de personal, lo que en la práctica significa realizar un concurso y nombrar a los aprobados.
Por qué el concurso es la única puerta de entrada a esta carrera
El fundamento central se encuentra en la Enmienda Constitucional 104/2019, que incorporó las policías penales federal, estatales y distrital al sistema constitucional de seguridad pública. La misma enmienda fijó las formas de ingreso admitidas: concurso público o transformación de cargos existentes con anterioridad. No hay una tercera vía.
Este diseño se suma a la regla general del art. 37, inciso II, de la Constitución, según la cual la investidura en un cargo o empleo público depende de la aprobación previa en un concurso. El inciso IX del mismo artículo autoriza la contratación por tiempo determinado, pero solo para atender una necesidad temporal de excepcional interés público, supuesto que la ley debe definir con precisión. El art. 144, por su parte, enumera los órganos encargados de la seguridad pública.
La jurisprudencia del Supremo extrae de esta combinación un criterio objetivo: una necesidad transitoria no se confunde con un servicio permanente. Una actividad previsible, continua e inherente al Estado, como la seguridad, la salud y la educación, requiere un cargo efectivo y su provisión mediante concurso. Cuando la administración sustituye la planta permanente por sucesivas contrataciones precarias, no enfrenta emergencia alguna: simplemente elude el concurso y reduce el costo del vínculo.
Ahí radica el interés directo de quien se prepara para un concurso. Cada puesto ocupado por un temporal en una función típica de la carrera es un puesto que debería estar abierto a un candidato aprobado en un proceso selectivo impersonal, con la estabilidad, la formación específica y la responsabilidad funcional propias del cargo.
Un puesto permanente ocupado mediante un vínculo precario es una plaza sustraída a quien aprobó un concurso.
La consecuencia práctica de este razonamiento es relevante. La irregularidad en la contratación temporal deja de ser un asunto meramente presupuestario y pasa a repercutir en la expectativa de nombramiento de los aprobados, en la obligación de abrir un nuevo concurso y en el propio dimensionamiento de la planta efectiva.
Una línea de precedentes que se consolidó en 2026
La decisión sobre Goiás no surgió de forma aislada. Cierra una secuencia iniciada en 2023, cuando el Supremo invalidó una ley de Maranhão que permitía la contratación por tiempo determinado en el ámbito de la administración penitenciaria estatal (STF ADI 7098). En ese juicio, la Corte concluyó que las funciones de policía penal no pueden ser desempeñadas por servidores temporales.
En 2025, el mismo criterio alcanzó a Minas Gerais. El Tribunal declaró inconstitucional la excepción legal que abría espacio para contratar temporalmente a agentes de seguridad penitenciaria, cargo equivalente al de policía penal, a pesar de que la norma estatal prohibía las contrataciones precarias para funciones vinculadas al poder de policía (STF ADI 7505). También en ese caso hubo una salvedad por seguridad jurídica, con el mantenimiento de los contratos en curso hasta el término previsto.
En agosto de 2026 fue el turno de Acre. El Pleno invalidó parte de una ley complementaria estatal que autorizaba contratar policías penales mediante un proceso selectivo simplificado, con contrato de hasta veinticuatro meses y posibilidad de prórroga o renovación por igual período (STF ADI 7699). La decisión fue igualmente unánime.
El caso de Acre aportó un elemento que merece la atención de quienes siguen los concursos. El Estado solicitó que las contrataciones temporales se preservaran hasta la conclusión del concurso realizado en 2023, y la solicitud fue rechazada. Pesó el hecho de que la prohibición estaba vigente desde 2019, de que solo 105 de los 1.171 policías penales en actividad tenían vínculo temporal y de que los candidatos aprobados en el concurso ya habían sido convocados para tomar posesión en mayo de 2026.
De estas cuatro acciones se desprende un criterio estable: una ley estatal no puede convertir la función de policía penal en objeto de contratación precaria, cualquiera que sea la denominación adoptada, ya sea vigilante penitenciario, agente de seguridad penitenciaria o una designación equivalente. La sustancia de la atribución prevalece sobre el nombre del cargo.
Qué cambia para el candidato y para el contratado temporal
Para quien aprobó un concurso de policía penal y espera ser llamado, el conjunto de precedentes ofrece un argumento concreto. El mantenimiento de temporales en funciones propias de la carrera, mientras existe una lista de aprobados vigente, es un indicio relevante de preterición (haber sido pasado por alto en el orden de nombramiento) y puede sustentar una solicitud de nombramiento por la vía judicial.
El razonamiento es conocido por los tribunales. La contratación precaria para la misma atribución del cargo vacante revela que la necesidad de personal no es eventual, sino permanente. Reconocida esa necesidad, la discrecionalidad de la administración en cuanto al momento del nombramiento se estrecha, incluso para quien figura en la lista de reserva (cadastro de reserva), cuya expectativa deja de ser abstracta.
Para el candidato que aún no ha rendido el concurso, el efecto es distinto, pero igualmente práctico. Los Estados que hoy sostienen una parte del sistema carcelario con vínculos temporales deberán regularizar su planta dentro del plazo fijado, y la regularización pasa necesariamente por un concurso. La tendencia es la apertura de convocatorias en esta área, con plazas calculadas sobre el déficit real.
Quien está contratado temporalmente también debe leer la decisión con cuidado. La invalidación no produce una desvinculación inmediata, porque la eficacia quedó diferida, pero señala un plazo cierto para el fin de este arreglo en las funciones típicas de la policía penal. Planificar la participación en el futuro concurso es la conducta más segura.
Conviene hacer una distinción que evita expectativas equivocadas. El reconocimiento de la inconstitucionalidad de la contratación temporal no genera derecho a la efectivización de quien fue contratado sin concurso. La Constitución no admite la transposición de un vínculo precario a un cargo efectivo, y el propio Supremo prohíbe la equiparación de regímenes por decisión judicial.
Los límites de lo que decidió el Supremo
La lectura precisa del fallo es indispensable, so pena de ampliar lo que fue decidido. El Tribunal no prohibió toda contratación temporal en la administración penitenciaria. La restricción se dirige a las atribuciones propias de la policía penal, y siguen admitidas las contrataciones para funciones distintas, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales.
En el caso de Acre, por ejemplo, el colegiado preservó la posibilidad de contratar mediante un proceso selectivo simplificado para las demás carreras previstas en la ley, en situaciones de necesidad temporal de excepcional interés público en las áreas de seguridad y de salud. La invalidación alcanzó el uso de la figura en la función de policía penal, no la figura en sí.
Tampoco se desprende del fallo autorización alguna para prorrogar indefinidamente los contratos vigentes. La modulación de efectos cumple una función de transición, con plazo determinado y la finalidad expresa de permitir la reorganización de la planta. Agotado el período, la contratación precaria en esas funciones pierde sustento.
Otro límite se refiere al alcance territorial. La decisión en una acción directa tiene eficacia contra todos respecto de la norma examinada, que es estatal. Las leyes de otros Estados con redacción similar no quedan automáticamente invalidadas, aunque el criterio fijado sirva de parámetro en nuevas acciones y en demandas individuales de candidatos preteridos.
El servidor o candidato que pretenda invocar estos precedentes debe verificar tres puntos antes de actuar: la atribución efectivamente ejercida por el contratado temporal, la existencia de una lista de aprobados dentro de su plazo de vigencia y la correspondencia entre la función precaria y el cargo al que se postuló. Sin estos elementos, el argumento pierde fuerza concreta.
Preguntas frecuentes
¿La decisión sobre Goiás ya está produciendo efectos?
No de inmediato. El Pleno definió que la invalidación solo surte efectos dos años después de la publicación del acta del juicio, ocurrida el 30 de septiembre de 2026. Durante ese período, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para regularizar su planta de personal, camino que pasa por la realización de un concurso y el nombramiento de los aprobados.
¿Quien fue contratado temporalmente puede ser efectivizado sin concurso?
No. El reconocimiento de que la contratación temporal era inconstitucional no convierte el vínculo precario en un cargo efectivo. La Constitución condiciona la investidura a la aprobación previa en un concurso público, salvo en los supuestos que ella misma exceptúa, y no se admite la transposición de régimen por decisión administrativa o judicial.
¿La existencia de temporales en la misma función garantiza el nombramiento del aprobado?
No lo garantiza de forma automática, pero constituye un fuerte indicio de que la necesidad de personal es permanente, y ese es el punto central en las demandas por preterición. El resultado depende de la prueba de que el temporal ejerce las atribuciones del cargo en disputa y de que la lista de aprobados, incluso la lista de reserva, permanece dentro de su plazo de vigencia.
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