Dispone sobre medidas financieras referentes a la recaudación de la Deuda Activa de la Unión, intereses de mora en los débitos con la Hacienda Nacional y establece otras providencias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, hago saber que el CONGRESO NACIONAL decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º El pago de la deuda Activa de la Unión, en acción ejecutiva (Decreto-ley nº 960, de 17 de diciembre de 1938), se hará con la actualización monetaria del débito, en la forma de la ley y con el acrecentamiento de los siguientes cargos:
I - intereses de mora previstos en el artículo siguiente;
II - porcentajes debidos al Procurador General y a los Procuradores de la Hacienda Nacional, así como a los Subprocuradores Generales de la República, a los Procuradores de la República o Promotor Público, que serán calculados y entregados en la forma del art. 21 de la Ley nº 4.439, de 27 de octubre de 1964, con las modificaciones contenidas en el art. 32 del Decreto-ley número 147, de 3 de febrero de 1967; (Véase Decreto-ley nº 1.645, de 1978)
III - costas de gastos judiciales.
Art. 2º Los débitos, de cualquier naturaleza, con la Hacienda Nacional, serán cobrados, en la vía administrativa o en la judicial, con el acrecentamiento de intereses moratorios a razón del 1% (uno por ciento) al mes, contados desde el vencimiento y calculados sobre el valor originario.
Art. 3º Quedan revocados el artículo 6º de la Ley nº 4.155, de 28 de noviembre de 1962, la multa moratoria del 10% (diez por ciento) de que trata la alteración 8ª del art. 1º de la Ley número 3.520, de 30 de diciembre de 1958, el art. 27 de la Ley nº 2.862, de 4 de septiembre de 1956, y el art. 443 del Reglamento aprobado por el Decreto nº 58.400, de 10 de mayo de 1966.
Art. 4º Quedan cancelados, archivándose los procesos administrativos o los ejecutivos fiscales correspondientes, los débitos existentes con la Hacienda Nacional, en la fecha de publicación de esta Ley, de valor originario de hasta NCr$ 100,00 (cien cruzeiros nuevos).
Párrafo único. Los ejecutivos de que trata este artículo serán archivados mediante despacho, de oficio, del Juez, con conocimiento del representante de la Unión en Juicio.
Art. 5º Para los efectos de esta Ley, se entiende por valor originario el que corresponda al total del débito, excluidas las parcelas relativas a la actualización monetaria y a los cargos del art. 1º.
Art. 6º La amnistía establecida en el art. 8º del Decreto-ley nº 326, de 8 de mayo de 1967, alcanza los débitos, inclusive en fase de cobro judicial, concernientes a la multa prevista en el ítem VII del art. 29 de la Ley número 4.505, de 30 de noviembre de 1964, revocado por el art. 15 de la Ley nº 5.143, de 20 de octubre de 1966.
Art. 7º La declaración de deudor remiso se hará, en la oficina fiscal competente, dentro del plazo fijado en el art. 22, caput, del Decreto-ley nº 147, de 3 de febrero de 1967.
Art. 8º En los casos de reclamaciones y recursos fiscales, así como en los de acciones judiciales, relativos a débitos con la Hacienda Nacional, la garantía de instancia, cuando se efectúe mediante depósito, en dinero o títulos de la deuda pública federal, se hará en la oficina recaudadora federal, por el valor monetariamente actualizado.
Párrafo único. El embargo, en los ejecutivos fiscales, deberá recaer sobre bienes que basten para el pago del débito corregido monetariamente y de los cargos de que trata el artículo 1º.
Art. 9º La participación, en cada ejercicio, en el prorrateo de los porcentajes, previstos en el inciso II del art. 1º, no podrá sobrepasar el valor del sueldo anual del servidor, observado lo dispuesto en el § 2º del art. 35 del Decreto-ley nº 81, de 21 de diciembre de 1966, con la nueva redacción dada por el art. 1º del Decreto-ley nº 177, de 16 de febrero de 1967.
§ 1º El saldo eventualmente apurado, al final de cada ejercicio, será convertido en ingreso de la Unión.
§ 2º Hasta la definitiva instalación, en Brasilia, del órgano central de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, los porcentajes depositados en el Distrito Federal serán sumados a los referentes al Estado de Guanabara, a efectos de prorrateo entre los Procuradores de la Hacienda Nacional destinados en las Procuradurías, en aquellas Unidades federativas.
Art. 10. El ítem VI del art. 13 del Decreto-ley nº 147, de 3 de febrero de 1967, pasa a tener la siguiente redacción:
"VI - Hacer extender, en el libro propio de la oficina competente, los actos relativos a la adquisición, enajenación, cesión, aforamiento, arrendamiento, entrega y otros concernientes a inmuebles del patrimonio de la Unión, que tendrán fuerza de escritura pública".
Art. 11. La exigencia prevista en el art. 62 del Decreto-ley nº 147, de 3 de febrero de 1967, se hará a partir del 1º de enero de 1968.
Art. 12. Queda revigorizado el art. 32 y sus §§ 1º a 5º del Decreto-ley número 147, de 3 de febrero de 1967, y revocado el ítem IV del art. 104 del Decreto-ley nº 200, de 25 de febrero de 1967, cesando la aplicación de lo dispuesto en el art. 105 del mismo Decreto-ley a los Procuradores de la Hacienda Nacional.
Art. 13. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Art. 14. Se revocan las disposiciones en contrario.
Brasilia, 25 de abril de 1968; 147º de la Independencia y 80º de la República.
A. COSTA E SILVA Fernando Ribeiro do Val
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 26.4.1968
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