Ley de Mediación

Lei de Mediação Lei nº 13.140, de 2015 Processual
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Dispone sobre la mediación entre particulares como medio de solución de controversias y sobre la autocomposición de conflictos en el ámbito de la administración pública; modifica la Ley nº 9.469, de 10 de julio de 1997, y el Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972; y revoca el § 2º del art. 6º de la Ley nº 9.469, de 10 de julio de 1997.
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Esta Ley dispone sobre la mediación como medio de solución de controversias entre particulares y sobre la autocomposición de conflictos en el ámbito de la administración pública.
Párrafo único. Se considera mediación la actividad técnica ejercida por un tercero imparcial sin poder decisorio, que, escogido o aceptado por las partes, las auxilia y estimula a identificar o desarrollar soluciones consensuales para la controversia.

CAPÍTULO I — DE LA MEDIACIÓN

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 2º La mediación se regirá por los siguientes principios:
I - imparcialidad del mediador;
II - igualdad entre las partes;
III - oralidad;
IV - informalidad;
V - autonomía de la voluntad de las partes;
VI - búsqueda del consenso;
VII - confidencialidad;
VIII - buena fe.
§ 1º En la hipótesis de existir previsión contractual de cláusula de mediación, las partes deberán comparecer a la primera reunión de mediación.
§ 2º Nadie estará obligado a permanecer en un procedimiento de mediación.
Art. 3º Puede ser objeto de mediación el conflicto que verse sobre derechos disponibles o sobre derechos indisponibles que admitan transacción.
§ 1º La mediación puede versar sobre todo el conflicto o sobre parte de él.
§ 2º El consenso de las partes que involucre derechos indisponibles, pero transigibles, debe ser homologado en juicio, exigiéndose la audiencia del Ministerio Público.

Sección II — De los Mediadores

Subsección I

Disposiciones Comunes

Art. 4º El mediador será designado por el tribunal o escogido por las partes.
§ 1º El mediador conducirá el procedimiento de comunicación entre las partes, buscando el entendimiento y el consenso y facilitando la resolución del conflicto.
§ 2º A los necesitados se les asegurará la gratuidad de la mediación.
Art. 5º Se aplican al mediador las mismas hipótesis legales de impedimento y sospecha del juez.
Párrafo único. La persona designada para actuar como mediador tiene el deber de revelar a las partes, antes de la aceptación de la función, cualquier hecho o circunstancia que pueda suscitar duda justificada en relación con su imparcialidad para mediar el conflicto, oportunidad en que podrá ser recusada por cualquiera de ellas.
Art. 6º El mediador queda impedido, por el plazo de un año, contado desde la finalización de la última audiencia en que actuó, de asesorar, representar o patrocinar a cualquiera de las partes.
Art. 7º El mediador no podrá actuar como árbitro ni funcionar como testigo en procesos judiciales o arbitrales pertinentes a conflicto en que haya actuado como mediador.
Art. 8º El mediador y todos aquellos que lo asesoran en el procedimiento de mediación, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones o en razón de ellas, son equiparados a funcionario público, a los efectos de la legislación penal.

Subsección II — De los Mediadores Extrajudiciales

Art. 9º Podrá funcionar como mediador extrajudicial cualquier persona capaz que cuente con la confianza de las partes y esté capacitada para realizar mediación, independientemente de integrar cualquier tipo de consejo, entidad gremial o asociación, o de inscribirse en ellos.
Art. 10. Las partes podrán ser asistidas por abogados o defensores públicos.
Párrafo único. Si una de las partes comparece acompañada de abogado o defensor público, el mediador suspenderá el procedimiento hasta que todas estén debidamente asistidas.

Subsección III — De los Mediadores Judiciales

Art. 11. Podrá actuar como mediador judicial la persona capaz, graduada hace por lo menos dos años en un curso de enseñanza superior de institución reconocida por el Ministerio de Educación y que haya obtenido capacitación en escuela o institución de formación de mediadores, reconocida por la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM o por los tribunales, observados los requisitos mínimos establecidos por el Conselho Nacional de Justiça en conjunto con el Ministerio de Justicia.
Art. 12. Los tribunales crearán y mantendrán registros actualizados de los mediadores habilitados y autorizados para actuar en mediación judicial.
§ 1º La inscripción en el registro de mediadores judiciales será solicitada por el interesado al tribunal con jurisdicción en el área en que pretenda ejercer la mediación.
§ 2º Los tribunales reglamentarán el proceso de inscripción y desvinculación de sus mediadores.
Art. 13. La remuneración debida a los mediadores judiciales será fijada por los tribunales y costeada por las partes, observado lo dispuesto en el § 2º del art. 4º de esta Ley.

Sección III — Del Procedimiento de Mediación

Subsección I

Disposiciones Comunes

Art. 14. Al inicio de la primera reunión de mediación, y siempre que lo juzgue necesario, el mediador deberá advertir a las partes acerca de las reglas de confidencialidad aplicables al procedimiento.
Art. 15. A solicitud de las partes o del mediador, y con la anuencia de aquellas, podrán ser admitidos otros mediadores para que funcionen en el mismo procedimiento, cuando ello sea recomendable en razón de la naturaleza y de la complejidad del conflicto.
Art. 16. Aun cuando haya proceso arbitral o judicial en curso, las partes podrán someterse a la mediación, hipótesis en que solicitarán al juez o árbitro la suspensión del proceso por un plazo suficiente para la solución consensual del litigio.
§ 1º Es irrecurrible la decisión que suspende el proceso en los términos solicitados de común acuerdo por las partes.
§ 2º La suspensión del proceso no obsta a la concesión de medidas de urgencia por el juez o por el árbitro.
Art. 17. Se considera instituida la mediación en la fecha para la cual sea fijada la primera reunión de mediación.
Párrafo único. Mientras transcurra el procedimiento de mediación, quedará suspendido el plazo de prescripción.
Art. 18. Iniciada la mediación, las reuniones posteriores con la presencia de las partes solo podrán ser fijadas con su anuencia.
Art. 19. En el desempeño de su función, el mediador podrá reunirse con las partes, en conjunto o separadamente, así como solicitar a las partes las informaciones que considere necesarias para facilitar el entendimiento entre ellas.
Art. 20. El procedimiento de mediación será concluido con la elaboración de su acta final, cuando se celebre un acuerdo o cuando no se justifiquen nuevos esfuerzos para la obtención de consenso, sea por declaración del mediador en ese sentido o por manifestación de cualquiera de las partes.
Párrafo único. El acta final de mediación, en la hipótesis de celebración de acuerdo, constituye título ejecutivo extrajudicial y, cuando sea homologada judicialmente, título ejecutivo judicial.

Subsección II — De la Mediación Extrajudicial

Art. 21. La invitación para iniciar el procedimiento de mediación extrajudicial podrá hacerse por cualquier medio de comunicación y deberá estipular el alcance propuesto para la negociación, la fecha y el lugar de la primera reunión.
Párrafo único. La invitación formulada por una parte a la otra se considerará rechazada si no es respondida dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción.
Art. 22. La previsión contractual de mediación deberá contener, como mínimo:
I - plazo mínimo y máximo para la realización de la primera reunión de mediación, contado a partir de la fecha de recepción de la invitación;
II - lugar de la primera reunión de mediación;
III - criterios de elección del mediador o equipo de mediación;
IV - penalidad en caso de no comparecencia de la parte invitada a la primera reunión de mediación.
§ 1º La previsión contractual puede sustituir la especificación de los ítems arriba enumerados por la indicación de un reglamento, publicado por institución idónea prestadora de servicios de mediación, en el cual consten criterios claros para la elección del mediador y la realización de la primera reunión de mediación.
§ 2º No habiendo previsión contractual completa, deberán observarse los siguientes criterios para la realización de la primera reunión de mediación:
I - plazo mínimo de diez días hábiles y plazo máximo de tres meses, contados a partir de la recepción de la invitación;
II - lugar adecuado para una reunión que pueda involucrar informaciones confidenciales;
III - lista de cinco nombres, informaciones de contacto y referencias profesionales de mediadores capacitados; la parte invitada podrá escoger, expresamente, a cualquiera de los cinco mediadores y, en caso de que la parte invitada no se manifieste, se considerará aceptado el primer nombre de la lista;
IV - la no comparecencia de la parte invitada a la primera reunión de mediación acarreará la asunción por parte de esta del cincuenta por ciento de las costas y honorarios de sucumbencia en caso de resultar vencedora en procedimiento arbitral o judicial posterior, que involucre el alcance de la mediación a la cual fue invitada.
§ 3º En los litigios derivados de contratos comerciales o societarios que no contengan cláusula de mediación, el mediador extrajudicial solo cobrará por sus servicios en caso de que las partes decidan firmar el acta inicial de mediación y permanecer, voluntariamente, en el procedimiento de mediación.
Art. 23. Si, en la previsión contractual de cláusula de mediación, las partes se comprometen a no iniciar procedimiento arbitral o proceso judicial durante cierto plazo o hasta el cumplimiento de determinada condición, el árbitro o el juez suspenderá el curso del arbitraje o de la acción por el plazo previamente acordado o hasta el cumplimiento de esa condición.
Párrafo único. Lo dispuesto en el caput no se aplica a las medidas de urgencia en que el acceso al Poder Judicial sea necesario para evitar el perecimiento de un derecho.

Subsección III — De la Mediación Judicial

Art. 24. Los tribunales crearán centros judiciales de solución consensual de conflictos, responsables de la realización de sesiones y audiencias de conciliación y mediación, preprocesales y procesales, y del desarrollo de programas destinados a auxiliar, orientar y estimular la autocomposición.
Párrafo único. La composición y la organización del centro serán definidas por el respectivo tribunal, observadas las normas del Conselho Nacional de Justiça.
Art. 25. En la mediación judicial, los mediadores no estarán sujetos a la previa aceptación de las partes, observado lo dispuesto en el art. 5º de esta Ley.
Art. 26. Las partes deberán ser asistidas por abogados o defensores públicos, salvo las hipótesis previstas en las Leyes nº 9.099, de 26 de septiembre de 1995, y 10.259, de 12 de julio de 2001.
Párrafo único. A quienes comprueben insuficiencia de recursos se les asegurará asistencia por la Defensoría Pública.
Art. 27. Si la petición inicial reúne los requisitos esenciales y no se trata de un caso de improcedencia liminar del pedido, el juez designará audiencia de mediación.
Art. 28. El procedimiento de mediación judicial deberá concluirse dentro de sesenta días, contados desde la primera sesión, salvo cuando las partes, de común acuerdo, soliciten su prórroga.
Párrafo único. Si hubiere acuerdo, los autos serán remitidos al juez, quien determinará el archivo del proceso y, siempre que lo soliciten las partes, homologará el acuerdo, por sentencia, y el acta final de la mediación y determinará el archivo del proceso.
Art. 29. Solucionado el conflicto mediante la mediación antes de la citación del demandado, no serán debidas las costas judiciales finales.
Sección IV
De la Confidencialidad y sus Excepciones
Art. 30. Toda y cualquier información relativa al procedimiento de mediación será confidencial en relación con terceros, no pudiendo ser revelada ni siquiera en proceso arbitral o judicial, salvo que las partes decidan expresamente de forma diversa o cuando su divulgación sea exigida por ley o necesaria para el cumplimiento del acuerdo obtenido mediante la mediación.
§ 1º El deber de confidencialidad se aplica al mediador, a las partes, a sus representantes, abogados, asesores técnicos y a otras personas de su confianza que hayan participado, directa o indirectamente, en el procedimiento de mediación, alcanzando:
I - declaración, opinión, sugerencia, promesa o propuesta formulada por una parte a la otra en la búsqueda de entendimiento para el conflicto;
II - reconocimiento de hecho por cualquiera de las partes en el curso del procedimiento de mediación;
III - manifestación de aceptación de la propuesta de acuerdo presentada por el mediador;
IV - documento preparado únicamente para los fines del procedimiento de mediación.
§ 2º La prueba presentada en contravención de lo dispuesto en este artículo no será admitida en proceso arbitral o judicial.
§ 3º No está amparada por la regla de confidencialidad la información relativa a la ocurrencia de un delito de acción pública.
§ 4º La regla de confidencialidad no excluye el deber de las personas enumeradas en el caput de prestar información a la administración tributaria tras el término final de la mediación, aplicándose a sus servidores la obligación de mantener sigilo sobre la información compartida en los términos del art. 198 de la Ley 5.172, de 25 de octubre de 1966 - Código Tributario Nacional.
Art. 31. Será confidencial la información prestada por una parte en sesión privada, y el mediador no podrá revelarla a las demás, salvo que esté expresamente autorizado.

CAPÍTULO II — DE LA AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS EN QUE SEA PARTE UNA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLI

Sección I — Disposiciones Comunes

Art. 32. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán crear cámaras de prevención y resolución administrativa de conflictos, en el ámbito de los respectivos órganos de la Abogacía Pública, donde la hubiere, con competencia para:
I - dirimir conflictos entre órganos y entidades de la administración pública;
II - evaluar la admisibilidad de las solicitudes de resolución de conflictos, por medio de composición, en caso de controversia entre un particular y una persona jurídica de derecho público;
III - promover, cuando proceda, la celebración de un término de ajuste de conducta.
§ 1º El modo de composición y funcionamiento de las cámaras a que se refiere el caput será establecido en el reglamento de cada ente federado.
§ 2º El sometimiento del conflicto a las cámaras a que se refiere el caput es facultativo y solo procederá en los casos previstos en el reglamento del respectivo ente federado.
§ 3º Si hubiere consenso entre las partes, el acuerdo se reducirá a acta y constituirá título ejecutivo extrajudicial.
§ 4º No se incluyen en la competencia de los órganos mencionados en el caput de este artículo las controversias que solo puedan resolverse mediante actos o concesión de derechos sujetos a autorización del Poder Legislativo.
§ 5º Se comprenden en la competencia de las cámaras a que se refiere el caput la prevención y la resolución de conflictos que involucren el equilibrio económico-financiero de los contratos celebrados por la administración con particulares.
Art. 33. Mientras no se creen las cámaras de mediación, los conflictos podrán ser dirimidos en los términos del procedimiento de mediación previsto en la Subsección I de la Sección III del Capítulo I de esta Ley.
Párrafo único. La Abogacía Pública de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, donde la hubiere, podrá instaurar, de oficio o a solicitud, un procedimiento de mediación colectiva de conflictos relacionados con la prestación de servicios públicos.
Art. 34. La instauración de un procedimiento administrativo para la resolución consensual de un conflicto en el ámbito de la administración pública suspende la prescripción.
§ 1º Se considera instaurado el procedimiento cuando el órgano o entidad pública emita un juicio de admisibilidad, retrotrayéndose la suspensión de la prescripción a la fecha de formalización de la solicitud de resolución consensual del conflicto.
§ 2º Tratándose de materia tributaria, la suspensión de la prescripción deberá observar lo dispuesto en la Ley 5.172, de 25 de octubre de 1966 - Código Tributario Nacional.

Sección II — De los Conflictos que Involucran a la Administración Pública Federal Directa, sus Autarquías

Art. 35. Las controversias jurídicas que involucren a la administración pública federal directa, sus autarquías y fundaciones podrán ser objeto de transacción por adhesión, con fundamento en:
I - autorización del Abogado General de la Unión, con base en la jurisprudencia pacífica del Supremo Tribunal Federal o de tribunales superiores; o
II - dictamen del Abogado General de la Unión, aprobado por el Presidente de la República.
§ 1º Los requisitos y las condiciones de la transacción por adhesión serán definidos en una resolución administrativa propia.
§ 2º Al presentar la solicitud de adhesión, el interesado deberá adjuntar prueba del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la resolución administrativa.
§ 3º La resolución administrativa tendrá efectos generales y se aplicará a los casos idénticos, oportunamente habilitados mediante solicitud de adhesión, aunque resuelva solo parte de la controversia.
§ 4º La adhesión implicará la renuncia del interesado al derecho en que se fundamenta la acción o el recurso, eventualmente pendientes, de naturaleza administrativa o judicial, en lo que respecta a los puntos comprendidos en el objeto de la resolución administrativa.
§ 5º Si el interesado fuere parte en un proceso judicial iniciado por acción colectiva, la renuncia al derecho en que se fundamenta la acción deberá ser expresa, mediante petición dirigida al juez de la causa.
§ 6º La formalización de una resolución administrativa destinada a la transacción por adhesión no implica la renuncia tácita a la prescripción ni su interrupción o suspensión.
Art. 36. En el caso de conflictos que involucren una controversia jurídica entre órganos o entidades de derecho público que integran la administración pública federal, la Abogacía General de la Unión deberá realizar la composición extrajudicial del conflicto, observados los procedimientos previstos en acto del Abogado General de la Unión.
§ 1º En el supuesto del caput, si no hubiere acuerdo sobre la controversia jurídica, corresponderá al Abogado General de la Unión dirimirla, con fundamento en la legislación pertinente.
§ 2º En los casos en que la resolución de la controversia implique el reconocimiento de la existencia de créditos de la Unión, de sus autarquías y fundaciones frente a personas jurídicas de derecho público federales, la Abogacía General de la Unión podrá solicitar al Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión la adecuación presupuestaria para el pago de las deudas reconocidas como legítimas.
§ 3º La composición extrajudicial del conflicto no excluye la determinación de la responsabilidad del agente público que dio causa a la deuda, siempre que se verifique que su acción u omisión constituye, en tesis, infracción disciplinaria.
§ 4º En los supuestos en que la materia objeto del litigio esté siendo discutida en una acción de improbidad administrativa o exista sobre ella decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión, la conciliación a que se refiere el caput dependerá de la anuencia expresa del juez de la causa o del Ministro Ponente.
Art. 37. Se faculta a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, sus autarquías y fundaciones públicas, así como a las empresas públicas y sociedades de economía mixta federales, a someter sus litigios con órganos o entidades de la administración pública federal a la Abogacía General de la Unión, a efectos de la composición extrajudicial del conflicto.
Art. 38. En los casos en que la controversia jurídica se refiera a tributos administrados por la Secretaría de la Receta Federal de Brasil o a créditos inscritos en deuda activa de la Unión:
I - no se aplican las disposiciones de los incisos II y III del caput del art. 32;
II - las empresas públicas, sociedades de economía mixta y sus subsidiarias que exploten actividad económica de producción o comercialización de bienes o de prestación de servicios en régimen de competencia no podrán ejercer la facultad prevista en el art. 37;
III - cuando sean partes las personas a que alude el caput del art. 36:
a) el sometimiento del conflicto a la composición extrajudicial por la Abogacía General de la Unión implica la renuncia al derecho de recurrir ante el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales;
b) la reducción o la cancelación del crédito dependerá de manifestación conjunta del Abogado General de la Unión y del Ministro de Estado de Hacienda.
Párrafo único. Lo dispuesto en el inciso II y en el literal a del inciso III no excluye la competencia del Abogado General de la Unión prevista en los incisos X y XI del art. 4º de la Ley Complementaria 73, de 10 de febrero de 1993.
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo no excluye la competencia del Abogado General de la Unión prevista en los incisos VI, X y XI del art. 4º de la Ley Complementaria 73, de 10 de febrero de 1993, y en la Ley 9.469, de 10 de julio de 1997. (Redacción dada por la Ley 13.327, de 2016) (Producción de efectos)
Art. 39. La interposición de una acción judicial en que figuren concomitantemente en los polos activo y pasivo órganos o entidades de derecho público que integren la administración pública federal deberá ser previamente autorizada por el Abogado General de la Unión.
Art. 40. Los servidores y empleados públicos que participen en el proceso de composición extrajudicial del conflicto, solo podrán ser responsabilizados civil, administrativa o penalmente cuando, mediante dolo o fraude, reciban cualquier ventaja patrimonial indebida, permitan o faciliten su recepción por un tercero, o concurran para ello.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Art. 41. La Escuela Nacional de Mediación y Conciliación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, podrá crear un banco de datos sobre buenas prácticas en mediación, así como mantener una relación de mediadores y de instituciones de mediación.
Art. 42. Esta Ley se aplica, en lo que proceda, a las otras formas consensuales de resolución de conflictos, tales como las mediaciones comunitarias y escolares, y a aquellas llevadas a cabo en las serventías extrajudiciales, siempre que sea en el ámbito de sus competencias.
Párrafo único. La mediación en las relaciones de trabajo será regulada por ley propia.
Art. 43. Los órganos y entidades de la administración pública podrán crear cámaras para la resolución de conflictos entre particulares, que versen sobre actividades por ellos reguladas o supervisadas.
Art. 44. Los arts. 1º y 2º de la Ley 9.469, de 10 de julio de 1997, pasan a tener la siguiente redacción:
“Art. 1º El Abogado General de la Unión, directamente o mediante delegación, y los directivos máximos de las empresas públicas federales, en conjunto con el directivo estatutario del área pertinente al asunto, podrán autorizar la realización de acuerdos o transacciones para prevenir o terminar litigios, incluidos los judiciales.
§ 1º Podrán crearse cámaras especializadas, compuestas por servidores públicos o empleados públicos efectivos, con el objetivo de analizar y formular propuestas de acuerdos o transacciones.
§ 3º El reglamento dispondrá sobre la forma de composición de las cámaras a que se refiere el § 1º, las cuales deberán tener como integrante al menos un miembro efectivo de la Abogacía General de la Unión o, en el caso de las empresas públicas, un asistente jurídico u ocupante de función equivalente.
§ 4º Cuando el litigio involucre valores superiores a los fijados en el reglamento, el acuerdo o la transacción, bajo pena de nulidad, dependerá de la previa y expresa autorización del Abogado General de la Unión y del Ministro de Estado a cuya área de competencia corresponda el asunto, o bien del Presidente de la Cámara de Diputados, del Senado Federal, del Tribunal de Cuentas de la Unión, de un Tribunal o Consejo, o del Procurador General de la República, en el caso de interés de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial o del Ministerio Público de la Unión, con exclusión de las empresas públicas federales no dependientes, que necesitarán únicamente la previa y expresa autorización de los directivos a que se refiere el caput.
§ 5º En la transacción o acuerdo celebrado directamente por la parte o por intermedio de apoderado para extinguir o concluir un proceso judicial, incluidos los casos de extensión administrativa de pagos reclamados en juicio, las partes podrán definir la responsabilidad de cada una por el pago de los honorarios de sus respectivos abogados.” (NR)
“Art. 2º El Procurador General de la Unión, el Procurador General Federal, el Procurador General del Banco Central de Brasil y los directivos de las empresas públicas federales mencionadas en el caput del art. 1º podrán autorizar, directamente o mediante delegación, la realización de acuerdos para prevenir o terminar, judicial o extrajudicialmente, litigios que involucren valores inferiores a los fijados en el reglamento.
§ 1º En el caso de las empresas públicas federales, la delegación se restringe a un órgano colegiado formalmente constituido, compuesto por al menos un directivo estatutario.
§ 2º El acuerdo a que se refiere el caput podrá consistir en el pago de la deuda en cuotas mensuales y sucesivas, hasta el límite máximo de sesenta.
§ 3º El valor de cada cuota mensual, en ocasión del pago, será incrementado con intereses equivalentes a la tasa referencial del Sistema Especial de Liquidación y de Custodia - SELIC para títulos federales, acumulada mensualmente, calculados a partir del mes subsiguiente al de la consolidación hasta el mes anterior al del pago y de uno por ciento relativamente al mes en que se esté efectuando el pago.
§ 4º Incumplida cualquier cuota, transcurridos treinta días, se instaurará el proceso de ejecución o se proseguirá en él, por el saldo.” (NR)
Art. 45. El Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972, pasa a regir con la adición del siguiente art. 14-A:
“Art. 14-A. En el caso de determinación y exigencia de créditos tributarios de la Unión cuyo sujeto pasivo sea órgano o entidad de derecho público de la administración pública federal, el sometimiento del litigio a la composición extrajudicial por la Abogacía General de la Unión se considera reclamación, para los fines de lo dispuesto en el inciso III del art. 151 de la Ley nº 5.172, de 25 de octubre de 1966 - Código Tributario Nacional.”
Art. 46. La mediación podrá realizarse por internet o por otro medio de comunicación que permita la transacción a distancia, siempre que las partes estén de acuerdo.
Párrafo único. Se faculta a la parte domiciliada en el exterior a someterse a la mediación según las reglas establecidas en esta Ley.
Art. 47. Esta Ley entra en vigor transcurridos ciento ochenta días desde su publicación oficial.
Art. 48. Se revoca el § 2º del art. 6º de la Ley nº 9.469, de 10 de julio de 1997.
Brasilia, 26 de junio de 2015; 194º de la Independencia y 127º de la República.
DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardozo Joaquim Vieira Ferreira Levy Nelson Barbosa Luís Inácio Lucena Adams
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 29.6.2015
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