Criterio de renta del BPC y auxilio de inclusión

Lei 14.176/21 Lei nº 14.176, de 2021 Previdenciário
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Conversión de la Medida Provisional nº 1.023, de 2020
Modifica la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, para establecer el criterio de renta familiar per cápita para el acceso al beneficio de prestación continuada, estipular parámetros adicionales de caracterización de la situación de miseria y de vulnerabilidad social y disponer sobre el auxilio-inclusión a que se refiere la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad); autoriza, con carácter excepcional, la realización de evaluación social mediada por videoconferencia; y dicta otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º La Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, pasa a vigorar con las siguientes modificaciones:
“Art. 20...................................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 3º Observados los demás criterios de elegibilidad definidos en esta Ley, tendrán derecho al beneficio financiero a que se refiere el caput de este artículo la persona con discapacidad o la persona adulta mayor con renta familiar mensual per cápita igual o inferior a 1/4 (un cuarto) del salario mínimo.
I – (revocado);
................................................................................................................................
§ 11-A. El reglamento a que se refiere el § 11 de este artículo podrá ampliar el límite de renta mensual familiar per cápita previsto en el § 3º de este artículo hasta 1/2 (medio) salario mínimo, observado lo dispuesto en el art. 20-B de esta Ley. (Véase)
.....................................................................................................................” (NR)
“Art. 20-B. En la evaluación de otros elementos probatorios de la condición de miseria y de la situación de vulnerabilidad a que se refiere el § 11 del art. 20 de esta Ley, se considerarán los siguientes aspectos para la ampliación del criterio de determinación de la renta familiar mensual per cápita a que se refiere el § 11-A de dicho artículo: (Véase)
I – el grado de la discapacidad;
II – la dependencia de terceros para el desempeño de actividades básicas de la vida diaria; y
III – el comprometimiento del presupuesto del núcleo familiar a que se refiere el § 3º del art. 20 de esta Ley exclusivamente con gastos médicos, con tratamientos de salud, con pañales, con alimentos especiales y con medicamentos de la persona adulta mayor o de la persona con discapacidad no suministrados gratuitamente por el SUS, o con servicios no prestados por el Suas, siempre que sean comprobadamente necesarios para la preservación de la salud y de la vida.
§ 1º La ampliación a que se refiere el caput de este artículo se realizará en forma de escalas graduales, definidas en reglamento.
§ 2º Se aplican a la persona con discapacidad los elementos contenidos en los incisos I y III del caput de este artículo, y a la persona adulta mayor los contenidos en los incisos II y III del caput de este artículo.
§ 3º El grado de la discapacidad a que se refiere el inciso I del caput de este artículo será determinado mediante instrumento de evaluación biopsicosocial, observados los términos de los §§ 1º y 2º del art. 2º de la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad), y del § 6º del art. 20 y del art. 40-B de esta Ley.
§ 4º El valor referente al comprometimiento del presupuesto del núcleo familiar con los gastos a que se refiere el inciso III del caput de este artículo será definido en acto conjunto del Ministerio de la Ciudadanía, de la Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía y del INSS, a partir de valores promedio de los gastos realizados por las familias exclusivamente con esas finalidades, quedando facultado el interesado para comprobar, conforme a los criterios definidos en reglamento, que los gastos efectivos superan los valores promedio.”
“Art. 21...................................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 5º El beneficiario que goce de un beneficio de prestación continuada concedido judicial o administrativamente podrá ser convocado para la evaluación de las condiciones que dieron lugar a su concesión o mantenimiento, exigiéndosele la presencia de los requisitos previstos en esta Ley y en el reglamento.” (NR)
“Art. 40-B. Mientras no esté reglamentado el instrumento de evaluación a que se refieren los §§ 1º y 2º del art. 2º de la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad), la concesión del beneficio de prestación continuada a la persona con discapacidad quedará sujeta a la evaluación del grado de la discapacidad y del impedimento a que se refiere el § 2º del art. 20 de esta Ley, compuesta por evaluación médica y evaluación social realizadas, respectivamente, por el Peritaje Médico Federal y por el servicio social del INSS, con la utilización de instrumentos desarrollados específicamente para ese fin.”
“Art. 40-C. Los eventuales débitos del beneficiario derivados de la percepción irregular del beneficio de prestación continuada o del auxilio-inclusión podrán ser consignados en el valor mensual de dichos beneficios, en los términos del reglamento.”
Art. 2º El Capítulo IV de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, pasa a vigorar con la adición de la siguiente Sección VI:
“Sección VI
Del Auxilio-Inclusión
Art. 26-A. Tendrá derecho a la concesión del auxilio-inclusión a que se refiere el art. 94 de la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad), la persona con discapacidad moderada o grave que, cumulativamente:
I – perciba el beneficio de prestación continuada, a que se refiere el art. 20 de esta Ley, y pase a ejercer una actividad:
a) que tenga una remuneración limitada a 2 (dos) salarios mínimos; y
b) que encuadre al beneficiario como asegurado obligatorio del Régimen General de Previsión Social o como afiliado a un régimen propio de previsión social de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios;
II – tenga inscripción actualizada en el CadÚnico en el momento de la solicitud del auxilio-inclusión;
III – tenga inscripción regular en el CPF; y
IV – cumpla los criterios de mantenimiento del beneficio de prestación continuada, incluidos los criterios relativos a la renta familiar mensual per cápita exigida para el acceso al beneficio, observado lo dispuesto en el § 4º de este artículo.
§ 1º El auxilio-inclusión podrá además ser concedido, en los términos del inciso I del caput de este artículo, mediante solicitud y sin retroactividad en el pago, al beneficiario:
I – que haya percibido el beneficio de prestación continuada en los 5 (cinco) años inmediatamente anteriores al ejercicio de la actividad remunerada; y
II – que haya tenido el beneficio suspendido en los términos del art. 21-A de esta Ley.
§ 2º El valor del auxilio-inclusión percibido por un miembro de la familia no será considerado en el cálculo de la renta familiar mensual per cápita a que se refiere el inciso IV del caput de este artículo, para fines de concesión y de mantenimiento de otro auxilio-inclusión en el ámbito del mismo grupo familiar.
§ 3º El valor del auxilio-inclusión y el de la remuneración del beneficiario del auxilio-inclusión a que se refiere el literal “a” del inciso I del caput de este artículo percibidos por un miembro de la familia no serán considerados en el cálculo de la renta familiar mensual per cápita a que se refieren los §§ 3º y 11-A del art. 20 de esta Ley para fines de mantenimiento de un beneficio de prestación continuada concedido anteriormente a otra persona del mismo grupo familiar.
§ 4º Para fines del cálculo de la renta familiar per cápita a que se refiere el inciso IV del caput de este artículo, serán desconsideradas:
I – las remuneraciones obtenidas por el solicitante como consecuencia del ejercicio de actividad laboral, siempre que el total recibido en el mes sea igual o inferior a 2 (dos) salarios mínimos; y
II – las rentas provenientes de los ingresos derivados de pasantía supervisada y de aprendizaje.
Art. 26-B. El auxilio-inclusión será debido a partir de la fecha de la solicitud, y su valor corresponderá al 50% (cincuenta por ciento) del valor del beneficio de prestación continuada vigente.
Párrafo único. Al solicitar el auxilio-inclusión, el beneficiario autorizará la suspensión del beneficio de prestación continuada, en los términos del art. 21-A de esta Ley.
Art. 26-C. El pago del auxilio-inclusión no se acumulará con el pago de:
I – beneficio de prestación continuada a que se refiere el art. 20 de esta Ley;
II – prestaciones a título de jubilación, de pensiones o de beneficios por incapacidad pagados por cualquier régimen de previsión social; o
III – seguro de desempleo.
Art. 26-D. El pago del auxilio-inclusión cesará en el supuesto de que el beneficiario:
I – deje de cumplir los criterios de mantenimiento del beneficio de prestación continuada; o
II – deje de cumplir los criterios de concesión del auxilio-inclusión.
Párrafo único. Un acto del Poder Ejecutivo federal dispondrá sobre el procedimiento de verificación de los criterios de mantenimiento y de revisión del auxilio-inclusión.
Art. 26-E. El auxilio-inclusión no está sujeto a descuento de ninguna contribución y no genera derecho al pago de abono anual.
Art. 26-F. Corresponde al Ministerio de la Ciudadanía la gestión del auxilio-inclusión, y al INSS su operacionalización y pago.
Art. 26-G. Los gastos derivados del pago del auxilio-inclusión correrán por cuenta del presupuesto del Ministerio de la Ciudadanía.
§ 1º El Poder Ejecutivo federal compatibilizará la cantidad de beneficios financieros del auxilio-inclusión a que se refiere el art. 26-A de esta Ley con las dotaciones presupuestarias existentes.
§ 2º El reglamento indicará el órgano del Poder Ejecutivo responsable de evaluar los impactos de la concesión del auxilio-inclusión en la participación en el mercado de trabajo, en la reducción de desigualdades y en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en los términos del § 16 del art. 37 de la Constitución Federal.
Art. 26-H. En el plazo de 10 (diez) años, contado desde la fecha de publicación de esta Sección, se promoverá la revisión del auxilio-inclusión, observado lo dispuesto en el § 2º del art. 26-G de esta Ley, con miras a su perfeccionamiento y ampliación.”
Art. 3º Para la evaluación de la discapacidad que justifica el acceso, el mantenimiento y la revisión del beneficio de prestación continuada a que se refiere el art. 20 de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, queda autorizado el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) a adoptar las siguientes medidas excepcionales, hasta el 31 de diciembre de 2021:
I – realización de la evaluación social, a que se refieren el § 6º del art. 20 y el art. 40-B de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, por medio de videoconferencia; y
II – concesión o mantenimiento del beneficio de prestación continuada aplicando el estándar medio a la evaluación social, que integra la evaluación de la discapacidad a que se refiere el § 6º del art. 20 de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, siempre que se haya realizado la evaluación médica y se haya constatado el impedimento de largo plazo.
§ 1º Se prohíbe la utilización de la medida prevista en el inciso II del caput de este artículo para denegar solicitudes o para cesar beneficios.
§ 2º Los requisitos para la aplicación de las medidas previstas en el caput de este artículo serán definidos en acto conjunto del Ministerio de la Ciudadanía, de la Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía y del INSS.
§ 3º El plazo de aplicación de las medidas previstas en el caput de este artículo podrá ser prorrogado mediante acto conjunto del Ministerio de la Ciudadanía, de la Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía y del INSS.
Art. 4º El INSS y la Empresa de Tecnología e Informaciones de la Previsión (Dataprev) adoptarán las medidas necesarias para la operacionalización de las modificaciones introducidas por esta Ley.
Art. 5º Quedan revocadas las siguientes disposiciones de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993:
I – inciso I del § 3º del art. 20; y
II – art. 20-A.
Art. 6º Esta Ley entra en vigor:
I – el 1º de enero de 2022, en lo que respecta al art. 1º, en la parte que añade el § 11-A al art. 20 y el art. 20-B a la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993;
II – el 1º de octubre de 2021, en lo que respecta al art. 2º, que instituye el auxilio-inclusión; y
III – en la fecha de su publicación, en cuanto a los demás dispositivos.
Párrafo único. La ampliación del límite de renta mensual de 1/4 (un cuarto) hasta 1/2 (medio) salario mínimo mensual, a que se refiere el § 11-A del art. 20 de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, mediante la utilización de otros elementos probatorios de la condición de miseria y de la situación de vulnerabilidad del grupo familiar, en los términos del art. 20-B de la referida Ley, queda condicionada a un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, en cuya edición deberá comprobarse el cumplimiento de los requisitos fiscales.
Brasilia, 22 de junio de 2021; 200o de la Independencia y 133o de la República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
João Inácio Ribeiro Roma Neto
Damares Regina Alves
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 23.6.2021
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