Ley n.º 14.195, de 2021

Lei 14.195/21 Lei nº 14.195, de 2021 Referenciada

Conversión de la Medida Provisional nº 1.040, de 2021
Dispone sobre la facilitación para la apertura de empresas, sobre la protección de accionistas minoritarios, sobre la facilitación del comercio exterior, sobre el Sistema Integrado de Recuperación de Activos (Sira), sobre los cobros realizados por los consejos profesionales, sobre la profesión de traductor e intérprete público, sobre la obtención de electricidad, sobre la desburocratización societaria y de actos procesales y la prescripción intercurrente en la Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil); modifica las Leyes nºs 11.598, de 3 de diciembre de 2007, 8.934, de 18 de noviembre de 1994, 6.404, de 15 de diciembre de 1976, 7.913, de 7 de diciembre de 1989, 12.546, de 14 de diciembre de 2011, 9.430, de 27 de diciembre de 1996, 10.522, de 19 de julio de 2002, 12.514, de 28 de octubre de 2011, 6.015, de 31 de diciembre de 1973, 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil), 4.886, de 9 de diciembre de 1965, 5.764, de 16 de diciembre de 1971, 6.385, de 7 de diciembre de 1976, y 13.874, de 20 de septiembre de 2019, y el Decreto-Ley nº 341, de 17 de marzo de 1938; y deroga las Leyes nºs 2.145, de 29 de diciembre de 1953, 2.807, de 28 de junio de 1956, 2.815, de 6 de julio de 1956, 3.187, de 28 de junio de 1957, 3.227, de 27 de julio de 1957, 4.557, de 10 de diciembre de 1964, 7.409, de 25 de noviembre de 1985, y 7.690, de 15 de diciembre de 1988, los Decretos nºs 13.609, de 21 de octubre de 1943, 20.256, de 20 de diciembre de 1945, y 84.248, de 28 de noviembre de 1979, y los Decretos-Ley nºs 1.416, de 25 de agosto de 1975, y 1.427, de 2 de diciembre de 1975, y disposiciones de las Leyes nºs 2.410, de 29 de enero de 1955, 2.698, de 27 de diciembre de 1955, 3.053, de 22 de diciembre de 1956, 5.025, de 10 de junio de 1966, 6.137, de 7 de noviembre de 1974, 8.387, de 30 de diciembre de 1991, 9.279, de 14 de mayo de 1996, y 9.472, de 16 de julio de 1997, y de los Decretos-Ley nºs 491, de 5 de marzo de 1969, 666, de 2 de julio de 1969, y 687, de 18 de julio de 1969; y dicta otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

CAPÍTULO I — DEL OBJETO

Art. 1º Esta Ley dispone sobre la facilitación para la apertura de empresas, sobre la protección de accionistas minoritarios, sobre la facilitación del comercio exterior, sobre el Sistema Integrado de Recuperación de Activos (Sira), sobre los cobros realizados por los consejos profesionales, sobre la profesión de traductor e intérprete público, sobre la obtención de electricidad, sobre la desburocratización societaria y de actos procesales y la prescripción intercurrente en la Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil).

CAPÍTULO II — DE LA FACILITACIÓN PARA LA APERTURA DE EMPRESAS

Art. 2º La Ley nº 11.598, de 3 de diciembre de 2007, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 2º...................................................................................
§ 1º La Redesim será administrada por el Comité para la Gestión de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (CGSIM), presidido por un representante designado por el Ministro de Estado de Economía, en los términos del reglamento.
§ 2º La composición, la estructura y el funcionamiento del CGSIM serán definidos en el reglamento, que contemplará la representación de los órganos y las entidades involucrados en el proceso de registro y de legalización de empresarios, incluidos los productores rurales establecidos como personas físicas, y de personas jurídicas, y en el proceso de licenciamiento y de autorizaciones de funcionamiento.
§ 3º La plataforma tecnológica de integración del proceso relativa a la Redesim podrá abarcar productos artesanales alimenticios, incluso de origen animal o vegetal, y las obras de construcción civil, de empresarios y de personas jurídicas.” (NR)
“ Art. 4º Los órganos y las entidades involucrados en el proceso de registro y de legalización de empresas, en el ámbito de sus competencias, deberán mantener a disposición de los usuarios, de forma gratuita, por medio presencial y de internet, ficha catastral simplificada, de la cual consten los datos actualizados de la empresa, así como informaciones, orientaciones e instrumentos que permitan consultas previas sobre las etapas de registro o de inscripción, de modificación y de baja de empresarios, incluidos los productores rurales establecidos como personas físicas, y de personas jurídicas, y de licenciamiento y de autorizaciones de funcionamiento, de modo de proporcionar al usuario claridad respecto de la documentación exigible y de la viabilidad locacional, de nombre empresarial, de registro, de licenciamiento o de inscripción.
§ 1º (Derogado).
I - (derogado);
II - (derogado);
III - (derogado).
§ 2º (Derogado).
§ 3º (Derogado).
§ 4º (Derogado).
.....................................................................................................” (NR)
“ Art. 5º-A Una resolución del CGSIM dispondrá sobre la clasificación de riesgo de las actividades, válida para todos los integrantes de la Redesim, que deberá observarse en ausencia de legislación estatal, distrital o municipal específica, sin perjuicio de lo dispuesto en el § 1º del art. 3º de la Ley nº 13.874, de 20 de septiembre de 2019, y observado lo dispuesto en el § 5º del art. 4º de esta Ley.
§ 1º En el supuesto de que sobrevenga legislación estatal, distrital o municipal específica que disponga sobre la clasificación de actividades, el ente federativo que dicte la norma específica informará al CGSIM la modificación realizada.
§ 2º Las licencias, los permisos y los demás actos públicos de liberación serán considerados válidos hasta su cancelación o revocación mediante acto posterior, en caso de que se constate el incumplimiento de requisitos o de condiciones, quedando prohibida la atribución de plazo de vigencia por tiempo indeterminado.”
“ Art. 6º-A Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso I del caput del art. 3º de la Ley nº 13.874, de 20 de septiembre de 2019, en los casos en que el grado de riesgo de la actividad sea considerado medio, en la forma prevista en el art. 5º-A de esta Ley, el permiso de funcionamiento y las licencias serán emitidos automáticamente, sin análisis humano, por intermedio de sistema responsable de la integración de los órganos y de las entidades de registro, en los términos establecidos en resolución del CGSIM. (Véase ADI 6808)
§ 1º El permiso de funcionamiento será emitido con la firma de un término de conocimiento y responsabilidad del empresario, socio o responsable legal de la sociedad, quien asumirá el compromiso, bajo las penas de la ley, de observar los requisitos exigidos para el funcionamiento y el ejercicio de las actividades económicas constantes en el objeto social, a efectos del cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria, ambientales y de prevención contra incendios.
§ 2º Del término de conocimiento y responsabilidad constarán informaciones sobre las exigencias que deberán cumplirse antes del inicio de la actividad empresarial.
§ 3º El CGSIM comunicará al responsable de la integración en los Estados y en el Distrito Federal sobre la recepción de clasificación propia prevista en legislación estatal, distrital o municipal específica, en cuyo caso el sistema aplicará la clasificación respectiva y no la establecida por el CGSIM en la forma prevista en el caput del art. 5º-A de esta Ley.
§ 4º La emisión automática de que trata el caput de este artículo no obsta a la fiscalización por los órganos o las entidades estatales, distritales o municipales competentes.
§ 5º La firma del término de conocimiento y responsabilidad del empresario, socio o responsable legal de la sociedad, referido en el § 1º de este artículo, podrá realizarse electrónicamente mediante el uso de firmas electrónicas en los términos de la Ley nº 14.063, de 23 de septiembre de 2020.
§ 6º Las disposiciones de este artículo no excluyen las reglas de licencias ambientales y otros actos autorizatorios previstos en la Ley Complementaria nº 140, de 8 de diciembre de 2011.”
“Art. 11.........................................................................................
I - promover la orientación e información sobre las etapas y los requisitos para el procesamiento del registro, de la inscripción, de la modificación y de la baja de personas jurídicas o de empresarios;
II - prestar los servicios previos al registro y a la legalización de empresarios y de personas jurídicas, incluida la puesta a disposición de aplicación de consulta en línea y con respuesta inmediata sobre la existencia de nombre empresarial idéntico;
III - (derogado);
IV - realizar el registro y las inscripciones de empresarios y personas jurídicas sin establecimiento físico;
V - prestar servicio de consulta sobre la posibilidad de ejercicio de la actividad empresarial en el lugar indicado para el funcionamiento del establecimiento comercial, en el caso de que los Municipios pongan a disposición respuesta automática e inmediata y sigan las orientaciones constantes en resolución del CGSIM;
VI - prestar los servicios posteriores al registro y a la legalización, incluida la recolección de informaciones relativas a los empleados contratados por el empresario o por la persona jurídica; y
VII - ofrecer servicio de pago en línea y unificado de las tasas y de los precios públicos involucrados en el proceso de registro y de legalización de empresas.
Párrafo único. El sistema mencionado en el caput de este artículo deberá contemplar el conjunto de acciones a cargo de los órganos y de las entidades federales, estatales, distritales y municipales, observado lo dispuesto en el art. 2º de esta Ley.” (NR)
“Art. 11-A. No podrán ser exigidos, en el proceso de registro de empresarios, incluidos los productores rurales establecidos como personas físicas, y de personas jurídicas realizado por la Redesim:
I - cualesquiera otros números de identificación además del Catastro Nacional de la Persona Jurídica (CNPJ), número de identificación catastral única, en los términos del inciso III del caput del art. 8º de la Ley Complementaria nº 123, de 14 de diciembre de 2006;
II - datos o informaciones que consten en la base de datos del gobierno federal;
III - recolecciones adicionales a la realizada en el ámbito del sistema responsable de la integración, la cual deberá ser suficiente para la realización del registro y de las inscripciones, incluso en el CNPJ, y para la emisión de las licencias y de los permisos para el funcionamiento del empresario o de la persona jurídica. (Véase ADI 6808)
§ 1º Para los fines de implementación de lo dispuesto en el inciso I del caput de este artículo, los respectivos entes federativos deberán adaptar sus sistemas, de modo que el CNPJ sea el único identificador catastral.
§ 2º La inscripción en el CNPJ, a partir de los datos informados en el sistema responsable de la integración en los Estados, elimina la necesidad de recolección de datos adicionales por los Estados y por los Municipios para la emisión de inscripciones fiscales, debiendo el sistema federal compartir los datos recolectados con los órganos estatales y municipales.
§ 3º Los datos recolectados para inscripciones y para licencias deberán ser previamente aprobados por el CGSIM.”
“Art. 14................................................................................................
Párrafo único...................................................................................
.............................................................................................................
III - promover la unificación de la identificación nacional catastral única, correspondiente al número de inscripción en el CNPJ.” (NR)
“Art. 16-A. El CGSIM podrá instituir otras iniciativas de integración entre la Unión, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tengan por objeto facilitar el ambiente de negocios en el ejercicio de competencias y de actuaciones que involucren a los entes federativos.
§ 1º El CGSIM podrá instituir la obligatoriedad de la adhesión a la iniciativa de integración referida en el caput de este artículo para los miembros de la Redesim.
§ 2º El CGSIM podrá instituir la adhesión condicionada o tácita, derivada de la falta de manifestación de oposición, a la iniciativa de integración referida en el caput de este artículo para los entes que no sean miembros de la Redesim, en caso de que la iniciativa recaiga sobre materias respecto de las cuales la Unión tenga competencia privativa o concurrente para legislar, en la forma de los arts. 22 y 24 de la Constitución Federal.”
Art. 3º La Ley nº 8.934, de 18 de noviembre de 1994, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 4º.............................................................................................
.........................................................................................................
IX – (VETADO);
X - instruir, examinar y remitir las solicitudes de autorización para la nacionalización o instalación de filial, de agencia, de sucursal o de establecimiento en el País por sociedad extranjera, sin perjuicio de la competencia de otros órganos federales;
........................................................................................................
XII - apoyar la articulación y la supervisión de los órganos y de las entidades involucrados en la integración para el registro y la legalización de empresas;
XIII - en cuanto a la integración para el registro y la legalización de empresas:
a) proponer planes de acción y directrices e implementar las medidas que de ellos se deriven, en articulación con otros órganos y entidades públicas, incluidos los estaduales, distritales y municipales;
b) (VETADO);
c) (VETADO); y
d) proponer e implementar proyectos, acciones, convenios y programas de cooperación, en articulación con órganos y con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en el ámbito de su área de competencia;
XIV - en cuanto al Registro Público de Empresas Mercantiles y Actividades Afines, proponer los planes de acción, las directrices y las normas e implementar las medidas necesarias;
XV - coordinar las acciones de los órganos encargados de la ejecución de los servicios del Registro Público de Empresas Mercantiles y Actividades Afines;
XVI - especificar, desarrollar, implementar, mantener y operar los sistemas de información relativos a la integración para el registro y para la legalización de empresas, en articulación con otros órganos y observadas las competencias de estos; y
XVII - proponer, implementar y monitorear medidas relacionadas con la simplificación administrativa del registro público de empresas y destinadas a la mejora del entorno de negocios en el País.
.......................................................................................” (NR)
“Art. 35....................................................................................
................................................................................................
III - los actos constitutivos de empresas mercantiles que, además de las cláusulas exigidas por ley, no designen el respectivo capital y la declaración de su objeto, cuya indicación en el nombre empresarial es facultativa;
IV - (revocado);
V - los actos de empresas mercantiles con nombre idéntico a otro ya existente;
...............................................................................................
§ 1º.......................................................................................
§ 2º Los eventuales casos de confrontación entre nombres empresariales por semejanza podrán ser cuestionados por los interesados, en cualquier momento, mediante recurso ante el Drei.” (NR)
“ Art. 35-A. El empresario o la persona jurídica podrá optar por utilizar el número de inscripción en el Catastro Nacional de la Persona Jurídica (CNPJ) como nombre empresarial, seguido de la partícula identificadora del tipo societario o jurídico, cuando la ley así lo exija.”
“Art. 37...............................................................................
............................................................................................
III - la ficha catastral estandarizada, que deberá seguir el modelo aprobado por el Drei, la cual incluirá, como mínimo, las informaciones sobre sus titulares y administradores, así como sobre la forma de representación de la empresa mercantil;
...................................................................................” (NR)
“Art. 56. Los documentos archivados por las juntas comerciales no serán retirados, en ninguna hipótesis, de sus dependencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de esta Ley.” (NR)
“ Art. 57. Cualesquiera actos y documentos, una vez microfilmados o preservada su imagen por medios tecnológicos más avanzados, podrán ser eliminados por las juntas comerciales, conforme a lo dispuesto en el reglamento.
Párrafo único. Antes de la eliminación prevista en el caput de este artículo, se concederá el plazo de 30 (treinta) días para que los accionistas, los directores y los apoderados de las empresas u otros interesados retiren, facultativamente, la documentación original, sin ningún costo.” (NR)
“ Art. 63. Los actos presentados para archivo en las juntas comerciales están dispensados del reconocimiento de firma.
.................................................................................” (NR)
“ Art. 64. La certificación de los actos de constitución y de modificación de empresarios individuales y de sociedades mercantiles, expedida por las juntas comerciales en que hayan sido archivados, será el documento hábil para la transferencia, por transcripción en el registro público competente, de los bienes con los que el suscriptor haya contribuido a la formación o al aumento del capital.” (NR)
Art. 4º Los órganos, las entidades y las autoridades competentes dispondrán del plazo de 60 (sesenta) días, contado desde la fecha de publicación de esta Ley, para adecuarse a las modificaciones introducidas en la Ley 11.598, de 3 de diciembre de 2007, a que se refiere el art. 2º de esta Ley.
§ 1º Compete al Ministerio de Economía notificar a los órganos, las entidades y las autoridades competentes respecto de las modificaciones introducidas en la Ley 11.598, de 3 de diciembre de 2007, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, contado desde la fecha de publicación de esta Ley.
§ 2º Se asegurará a los Municipios el derecho de denunciar, en cualquier momento, su adhesión a la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim) por medio del consorcio a que se refiere el art. 2º de la Ley 11.598, de 3 de diciembre de 2007.
§ 3º Se asegurará a los integradores estaduales el derecho de solicitar su sustitución por otro órgano al Comité para la Gestión de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (CGSIM), en el plazo de 30 (treinta) días, contado desde la fecha de publicación de esta Ley.
§ 4º En la hipótesis prevista en el § 3º de este artículo o en caso de incumplimiento de las normas de la Redesim por el integrador estadual, el CGSIM definirá el órgano que asumirá la función de integrador estadual.

CAPÍTULO III — DE LA PROTECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

Art. 5º La Ley 6.404, de 15 de diciembre de 1976, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 15...............................................................................
§ 1º Las acciones ordinarias y preferentes podrán ser de una o más clases, observado, en el caso de las ordinarias, lo dispuesto en los arts. 16, 16-A y 110-A de esta Ley.
....................................................................................” (NR)
“Art. 16.................................................................................
.............................................................................................
IV - atribución de voto plural a una o más clases de acciones, observados el límite y las condiciones dispuestos en el art. 110-A de esta Ley.
Párrafo único. La modificación del estatuto en la parte que regula la diversidad de clases, si no estuviera expresamente prevista y regulada, requerirá la conformidad de todos los titulares de las acciones afectadas.” (NR)
“ Art. 16-A. En la compañía abierta, está prohibido mantener más de una clase de acciones ordinarias, sin perjuicio de la adopción del voto plural en los términos y condiciones dispuestos en el art. 110-A de esta Ley.”
“Art. 100..............................................................................
............................................................................................
§ 3º En las compañías cerradas, los libros a que se refieren los incisos I, II, III, IV y V del caput de este artículo podrán ser sustituidos por registros mecanizados o electrónicos, en los términos del reglamento.” (NR)
“ Art. 110-A. Se admite la creación de una o más clases de acciones ordinarias con atribución de voto plural, no superior a 10 (diez) votos por acción ordinaria:
I - en la compañía cerrada; y
II - en la compañía abierta, siempre que la creación de la clase ocurra previamente a la negociación de cualesquiera acciones o valores mobiliarios convertibles en acciones de su emisión en mercados organizados de valores mobiliarios.
§ 1º La creación de clase de acciones ordinarias con atribución de voto plural depende del voto favorable de accionistas que representen:
I - la mitad, como mínimo, del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto; y
II - la mitad, como mínimo, de las acciones preferentes sin derecho a voto o con voto restringido, si hubieran sido emitidas, reunidas en asamblea especial convocada e instalada con las formalidades de esta Ley.
§ 2º En las deliberaciones a que se refiere el § 1º de este artículo, se asegurará a los accionistas disidentes el derecho de retirarse de la compañía mediante reembolso del valor de sus acciones en los términos del art. 45 de esta Ley, salvo que la creación de la clase de acciones ordinarias con atribución de voto plural ya esté prevista o autorizada por el estatuto.
§ 3º El estatuto social de la compañía, abierta o cerrada, en los términos de los incisos I y II del caput de este artículo, podrá exigir un quórum mayor para las deliberaciones a que se refiere el § 1º de este artículo.
§ 4º El listado de compañías que adopten voto plural y la admisión de valores mobiliarios de su emisión en segmento de listado de mercados organizados se sujetarán a la observancia de las reglas emitidas por las respectivas entidades administradoras, las cuales deberán dar transparencia sobre la condición de tales compañías abiertas.
§ 5º Después del inicio de la negociación de las acciones o de los valores mobiliarios convertibles en acciones en mercados organizados de valores mobiliarios, está prohibida la modificación de las características de la clase de acciones ordinarias con atribución de voto plural, excepto para reducir los respectivos derechos o ventajas.
§ 6º Los accionistas podrán estipular en el estatuto social el fin de la vigencia del voto plural, condicionado a un evento o a un plazo, observado lo dispuesto en los §§ 7º y 8º de este artículo.
§ 7º El voto plural atribuido a las acciones ordinarias tendrá un plazo de vigencia inicial de hasta 7 (siete) años, prorrogable por cualquier plazo, siempre que:
I - se observe lo dispuesto en los §§ 1º y 3º de este artículo para la aprobación de la prórroga;
II - se excluyan de las votaciones a los titulares de acciones de la clase cuyo voto plural se pretende prorrogar; y
III - se asegure a los accionistas disidentes, en los supuestos de prórroga, el derecho previsto en el § 2º de este artículo.
§ 8º Las acciones de clase con voto plural serán convertidas automáticamente en acciones ordinarias sin voto plural en el supuesto de:
I - transferencia, a cualquier título, a terceros, excepto en los casos en que:
a) el enajenante permanezca indirectamente como único titular de tales acciones y en el control de los derechos políticos por ellas conferidos;
b) el tercero sea titular de la misma clase de acciones con voto plural a él enajenadas; o
c) la transferencia ocurra bajo el régimen de titularidad fiduciaria para fines de constitución del depósito centralizado; o
II - el contrato o acuerdo de accionistas, entre titulares de acciones con voto plural y accionistas que no sean titulares de acciones con voto plural, disponga sobre el ejercicio conjunto del derecho de voto.
§ 9º Cuando la ley indique expresamente quórums con base en un porcentaje de acciones o del capital social, sin mención del número de votos conferidos por las acciones, el cálculo respectivo deberá desconsiderar la pluralidad de voto.
§ 10. (VETADO).
§ 11. Están prohibidas las operaciones:
I - de incorporación, de incorporación de acciones y de fusión de compañía abierta que no adopte voto plural, y cuyas acciones o valores mobiliarios convertibles en acciones sean negociados en mercados organizados, en compañía que adopte voto plural;
II - de escisión de compañía abierta que no adopte voto plural, y cuyas acciones o valores mobiliarios convertibles en acciones sean negociados en mercados organizados, para la constitución de una nueva compañía con adopción del voto plural, o incorporación de la parte escindida en compañía que lo adopte.
§ 12. No se adoptará el voto plural en las votaciones de la asamblea de accionistas que deliberen sobre:
I - la remuneración de los administradores; y
II - la celebración de transacciones con partes relacionadas que cumplan los criterios de relevancia que defina la Comisión de Valores Mobiliarios.
§ 13. El estatuto social deberá establecer, además del número de acciones de cada especie y clase en que se divide el capital social, como mínimo:
I - el número de votos atribuido por acción de cada clase de acciones ordinarias con derecho a voto, respetado el límite a que se refiere el caput de este artículo;
II - el plazo de duración del voto plural, observado el límite previsto en el § 7º de este artículo, así como el eventual quórum calificado para deliberar sobre las prórrogas, en los términos del § 3º de este artículo; y
III - cuando corresponda, otras hipótesis de terminación de la vigencia del voto plural sujetas a evento o a plazo, además de las previstas en este artículo, conforme a lo autorizado por el § 6º de este artículo.
§ 14. Las disposiciones relativas al voto plural no se aplican a las empresas públicas, a las sociedades de economía mixta, a sus subsidiarias ni a las sociedades controladas directa o indirectamente por el poder público.”
“Art. 122..............................................................................
.............................................................................................
VIII - deliberar sobre la transformación, fusión, incorporación y escisión de la compañía, su disolución y liquidación, elegir y destituir a los liquidadores y juzgar sus cuentas;
IX - autorizar a los administradores a confesar la quiebra y a solicitar la recuperación judicial; y
X - deliberar, tratándose de compañías abiertas, sobre la celebración de transacciones con partes relacionadas, la enajenación o la aportación a otra empresa de activos, cuando el valor de la operación corresponda a más del 50% (cincuenta por ciento) del valor de los activos totales de la compañía que consten en el último balance aprobado.
Párrafo único. En caso de urgencia, la confesión de quiebra o la solicitud de recuperación judicial podrá ser formulada por los administradores, con la conformidad del accionista controlador, si lo hubiere, en cuyo caso la asamblea general será convocada de inmediato para deliberar sobre la materia.” (NR)
“Art. 124.........................................................................
§ 1º.................................................................................
........................................................................................
II - en la compañía abierta, con 21 (veintiún) días de antelación, y la segunda convocatoria con 8 (ocho) días de antelación.
.......................................................................................
§ 5º................................................................................
I - determinar, de manera fundamentada, el aplazamiento de la asamblea general por hasta 30 (treinta) días, en caso de insuficiencia de las informaciones necesarias para la deliberación, contado el plazo desde la fecha en que la información completa se ponga a disposición de los accionistas; y
...............................................................................” (NR)
“ Art. 125. Salvo las excepciones previstas en la ley, la asamblea general se constituirá, en primera convocatoria, con la presencia de accionistas que representen, como mínimo, 1/4 (un cuarto) del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto y, en segunda convocatoria, se constituirá con cualquier número.
................................................................................” (NR)
“ Art. 135. La asamblea general extraordinaria que tenga por objeto la reforma del estatuto solo se constituirá, en primera convocatoria, con la presencia de accionistas que representen, como mínimo, 2/3 (dos tercios) del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto, pero podrá constituirse, en segunda convocatoria, con cualquier número.
.................................................................................” (NR)
“ Art. 136. Es necesaria la aprobación de accionistas que representen la mitad, como mínimo, del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto, si el estatuto de la compañía cuyas acciones no estén admitidas a negociación en bolsa o en el mercado extrabursátil no exigiere un quórum mayor, para deliberar sobre:
.........................................................................................
§ 2º La Comisión de Valores Mobiliarios puede autorizar la reducción del quórum previsto en este artículo en el caso de compañía abierta con la propiedad de las acciones dispersa en el mercado y cuyas 3 (tres) últimas asambleas se hayan realizado con la presencia de accionistas que representen menos de la mitad del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto.
§ 2º-A En la hipótesis del § 2º de este artículo, la autorización de la Comisión de Valores Mobiliarios se mencionará en los avisos de convocatoria y la deliberación con quórum reducido solo podrá adoptarse en tercera convocatoria.
§ 3º Lo dispuesto en los §§ 2º y 2º-A de este artículo se aplica también a las asambleas especiales de accionistas preferentes a que se refiere el § 1º de este artículo.
.................................................................................” (NR)
“Art. 138...........................................................................
...........................................................................................
§ 3º Se prohíbe, en las compañías abiertas, la acumulación del cargo de presidente del consejo de administración y del cargo de director presidente o de principal ejecutivo de la compañía. (Producción de efectos)
§ 4º La Comisión de Valores Mobiliarios podrá emitir acto normativo que exceptúe a las compañías de menor tamaño previstas en el art. 294-B de esta Ley de la prohibición a que se refiere el § 3º de este artículo.” (NR)
“Art. 140............................................................................
§ 1º El estatuto podrá prever la participación en el consejo de representantes de los empleados, elegidos por voto de estos, en elección directa, organizada por la empresa, en conjunto con las entidades sindicales que los representan.
§ 2º En la composición del consejo de administración de las compañías abiertas, es obligatoria la participación de consejeros independientes, en los términos y plazos definidos por la Comisión de Valores Mobiliarios.” (NR)
“ Art. 141. En la elección de los consejeros, se faculta a los accionistas que representen, como mínimo, el 10% (diez por ciento) del capital social con derecho a voto, esté o no previsto en el estatuto, a requerir la adopción del proceso de voto múltiple, mediante el cual el número de votos de cada acción será multiplicado por el número de cargos que deban cubrirse, reconociéndose al accionista el derecho de acumular los votos en un solo candidato o distribuirlos entre varios.
..........................................................................................
§ 7º Siempre que, cumulativamente, la elección del consejo de administración se realice por el sistema de voto múltiple y los titulares de acciones ordinarias o preferentes ejerzan la prerrogativa de elegir consejero, se asegurará al accionista o al grupo de accionistas vinculados por acuerdo de voto que detenten más del 50% (cincuenta por ciento) del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto el derecho de elegir consejeros en número igual al de los elegidos por los demás accionistas, más uno, independientemente del número de consejeros que, según el estatuto, componga el órgano.
...................................................................................” (NR)
“ Art. 146. Solamente podrán ser elegidas miembros de los órganos de administración las personas naturales.
...........................................................................................
§ 2º La toma de posesión del administrador residente o domiciliado en el exterior queda condicionada a la constitución de un representante residente en el País, con poderes para recibir, hasta, como mínimo, 3 (tres) años después del término del plazo de gestión del administrador:
I - citaciones en acciones propuestas contra él con base en la legislación societaria; y
II - citaciones y notificaciones en procesos administrativos instaurados por la Comisión de Valores Mobiliarios, en el caso de ejercicio de cargo de administración en compañía abierta.” (NR)
“Art. 215...........................................................................
§ 1º Se faculta a la asamblea general a aprobar, por el voto de accionistas que representen, como mínimo, el 90% (noventa por ciento) de los votos conferidos por las acciones con derecho a voto, una vez pagados o garantizados los acreedores, condiciones especiales para la partición del activo remanente, con la atribución de bienes a los socios, por el valor contable u otro fijado por ella.
.................................................................................” (NR)
“Art. 243............................................................................
..........................................................................................
§ 5º Se presume influencia significativa cuando la inversora sea titular del 20% (veinte por ciento) o más de los votos conferidos por el capital de la participada, sin controlarla.” (NR)
“Art. 252.............................................................................
...........................................................................................
§ 2º La asamblea general de la compañía cuyas acciones hayan de ser incorporadas solo podrá aprobar la operación por la mitad, como mínimo, del total de votos conferidos por las acciones con derecho a voto y, si la aprueba, autorizará a la dirección a suscribir el aumento del capital de la incorporadora, por cuenta de sus accionistas, y los disidentes de la deliberación tendrán derecho a retirarse de la compañía, observado lo dispuesto en el inciso II del caput del art. 137 de esta Ley, mediante el reembolso del valor de sus acciones, en los términos del art. 230 de esta Ley.
..................................................................................” (NR)
“ Art. 284. No se aplica a la sociedad en comandita por acciones lo dispuesto en esta Ley sobre voto plural, sobre consejo de administración, sobre autorización estatutaria de aumento de capital y sobre emisión de bonos de suscripción.” (NR)
Art. 6º El caput del art. 1º de la Ley 7.913/89, de 7 de diciembre de 1989, pasa a vigorar con la siguiente modificación:
“Art. 1º Sin perjuicio de la acción de indemnización del perjudicado, el Ministerio Público o la Comisión de Valores Mobiliarios, por medio de su órgano de representación judicial, adoptará las medidas judiciales necesarias para evitar perjuicios u obtener el resarcimiento de los daños causados a los titulares de valores mobiliarios y a los inversores del mercado, especialmente cuando deriven de:
..................................................................................” (NR)
Art. 7º La Comisión de Valores Mobiliarios podrá establecer reglas de transición para las obligaciones derivadas de lo dispuesto en este Capítulo.

CAPÍTULO IV — DE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Sección I — De las Licencias, de las Autorizaciones o de las Exigencias Administrativas para las Importaciones

Art. 8º Se proveerá a los importadores, a los exportadores y a los demás intervinientes en el comercio exterior una solución de ventanilla única electrónica por medio de la cual puedan remitir documentos, datos o informaciones a los órganos y a las entidades de la administración pública federal directa e indirecta como condición para la importación o la exportación de bienes, en un punto único accesible por internet, así como acceso a las instituciones autorizadas a operar en el mercado de cambios, exclusivamente para la consulta de tales datos, informaciones y documentos, siempre que estén autorizadas por sus clientes. (Producción de efectos)
§ 1º El órgano o la entidad responsable de la exigencia administrativa, tras el análisis de los documentos, de los datos o de las informaciones recibidos por medio de la solución referida en el caput de este artículo, notificará al solicitante el resultado por medio de la ventanilla única electrónica, en los plazos previstos en la legislación.
§ 2º La solución a que se refiere el caput de este artículo deberá:
I - permitir a los importadores, a los exportadores y a los demás intervinientes en el comercio exterior, incluidas las instituciones autorizadas a operar en el mercado de cambios, conocer las exigencias administrativas impuestas por órganos y entidades de la administración pública federal directa e indirecta para la concreción de operaciones de importación o de exportación; y
II - atender lo dispuesto en el Artículo 10, párrafo 4, del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio anexo al Protocolo de Enmienda del Acuerdo Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, promulgado por el Decreto nº 9.326, de 3 de abril de 2018.
§ 3º La recaudación de las tasas impuestas por órganos y entidades de la administración pública federal directa e indirecta, en razón del ejercicio del poder de policía o de la prestación de servicio público, así como cualquier otro ingreso federal relacionado con operaciones de comercio exterior, se realizará por medio del Documento de Recaudación de Ingresos Federales (Darf) en transacción financiera electrónica, preferentemente en pago unificado por medio de la solución de ventanilla única electrónica a que se refiere el caput de este artículo. (Producción de efectos)
§ 4º Corresponde al Ministerio de Economía la gestión de la solución de ventanilla única electrónica a que se refiere el caput de este artículo.
§ 5º El acceso de los usuarios a la ventanilla única electrónica a que se refiere el caput de este artículo se realizará en los términos de la Ley nº 14.063, de 23 de septiembre de 2020.
§ 6º Se garantiza el libre acceso del ciudadano a las informaciones públicas de la ventanilla única electrónica a que se refiere el caput de este artículo, atendidos los requisitos de dato accesible al público conforme a la definición contenida en el inciso V del caput del art. 4º de la Ley nº 14.129, de 29 de marzo de 2021.
Art. 9º Queda prohibido a los órganos y a las entidades de la administración pública federal directa e indirecta exigir el llenado de formularios en papel o en formato electrónico o la presentación de documentos, datos o informaciones para la realización de importaciones o de exportaciones por otros medios distintos de la solución de ventanilla única electrónica a que se refiere el art. 8º de esta Ley. (Producción de efectos)
§ 1º Lo dispuesto en el caput de este artículo no se aplica:
I - cuando, en razón de circunstancias técnicas u operacionales excepcionales relacionadas con determinada exportación o importación, no sea posible el uso de la solución de ventanilla única electrónica a que se refiere el art. 8º de esta Ley; y
II - a los procedimientos de habilitación, de registro o de certificación de establecimientos, de productos o de procesos productivos relacionados con el comercio doméstico o de modo análogo a este.
§ 2º Las exigencias vigentes en la fecha de publicación de esta Ley serán revisadas en la forma establecida en acto del Poder Ejecutivo federal.
Art. 10. Solo se admitirá la imposición de licencias o de autorizaciones como requisito para importaciones o para exportaciones en razón de características de las mercancías cuando tales restricciones estén previstas en ley o en acto normativo emitido por órgano o entidad competente de la administración pública federal. (Producción de efectos)
§ 1º Las propuestas de emisión o de modificación de los actos normativos a que se refiere el caput de este artículo serán objeto de consulta pública previa y del análisis de impacto regulatorio de que trata la Ley nº 13.874, de 20 de septiembre de 2019.
§ 2º La ventanilla única electrónica a que se refiere el art. 8º de esta Ley deberá exhibir en su sitio electrónico todas las licencias, autorizaciones o exigencias administrativas, como requisitos para importaciones o para exportaciones, impuestas por órganos y entidades de la administración pública federal directa e indirecta, así como el acto normativo que les dio origen.
§ 3º Las exigencias de que trata el caput de este artículo, vigentes en la fecha de publicación de esta Ley, serán revisadas en la forma establecida en acto del Poder Ejecutivo federal.

Sección II

Del Comercio Exterior de Servicios, de Intangibles y de otras Operaciones que Produzcan Variaciones en el Patrimonio de las Personas Físicas, de las Personas Jurídicas o de los Entes Despersonalizados
Art. 11. La Ley nº 12.546, de 14 de diciembre de 2011, pasa a regir con las siguientes modificaciones: (Producción de efectos)
“Art. 25. Los órganos y las entidades de la administración pública federal directa e indirecta, con excepción de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Economía, compartirán con la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía datos e informaciones relativos a las transacciones entre residentes o domiciliados en el País y residentes o domiciliados en el exterior que comprendan servicios, intangibles y otras operaciones que produzcan variaciones en el patrimonio de las personas físicas, de las personas jurídicas o de los entes despersonalizados.
§ 1º El intercambio de que trata el caput de este artículo:
I - se realizará en los términos establecidos en acto del Poder Ejecutivo federal;
II - (revocado); (Producción de efectos)
III - (revocado); (Producción de efectos)
IV - observará los requisitos de secreto y seguridad de la información previstos en ley;
V - podrá abarcar datos e informaciones obtenidos:
a) en el cumplimiento de obligaciones tributarias accesorias;
b) en la realización de operaciones en el mercado de cambios; y
c) en investigaciones realizadas para la producción, el análisis y la difusión de informaciones de naturaleza estadística; y
VI - observará lo dispuesto en la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
§ 2º (Revocado). (Producción de efectos)
§ 3º (Revocado). (Producción de efectos)
I - (revocado); (Producción de efectos)
II - (revocado); (Producción de efectos)
III - (revocado). (Producción de efectos)
§ 4º (Revocado). (Producción de efectos)
I - (revocado); (Producción de efectos)
II - (revocado). (Producción de efectos)
§ 5º (Revocado). (Producción de efectos)
§ 6º (Revocado). (Producción de efectos)
§ 7º Un acto conjunto del Ministro de Estado de Economía y del dirigente máximo del órgano o de la entidad de la administración pública federal directa e indirecta que posea los datos y las informaciones establecerá las reglas complementarias para el intercambio de que trata el caput de este artículo.” (NR)
“Art. 26. Los datos y las informaciones de que trata el art. 25 de esta Ley serán utilizados por la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía para la elaboración y la compilación de datos estadísticos y para el ejercicio de otras competencias institucionales definidas en acto del Poder Ejecutivo federal.
§ 1º (Revocado). (Producción de efectos)
§ 2º (Revocado). (Producción de efectos)
§ 3º (Revocado). (Producción de efectos)
§ 4º (Revocado).” (NR) (Producción de efectos)
“Art. 27. Un acto del Ministro de Estado de Economía establecerá normas complementarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 24, 25 y 26 de esta Ley.” (NR)

Sección III — Del Origen no Preferencial

Art. 12. La Ley nº 12.546, de 14 de diciembre de 2011, pasa a regir con las siguientes modificaciones: (Producción de efectos)
“Art. 29. Las investigaciones de defensa comercial bajo la competencia de la Secretaría de Comercio Exterior de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía se basarán en el origen declarado del producto.
..................................................................................” (NR)
“Art. 31.............................................................................
§ 1º....................................................................................
I -........................................................................................
..........................................................................................
h) mercancías obtenidas por una persona jurídica de un país del lecho del mar o del subsuelo marino, siempre que el país tenga derechos para explorar ese fondo del mar o subsuelo marino;
i) bienes obtenidos en el espacio extraterrestre, siempre que sean obtenidos por una persona jurídica o por una persona natural del país; y
j) mercancías producidas exclusivamente con materiales enumerados en los literales a a i de este inciso;
...........................................................................................
§ 2º Se entiende que ha pasado por una transformación sustancial, para los fines de lo dispuesto en los arts. 28 a 45 de esta Ley:
I - el producto en cuya elaboración se hayan utilizado materiales no originarios del país, cuando resulte de un proceso de transformación que le confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasificado en una partida arancelaria, identificada por los primeros cuatro dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, diferente de la partida de los mencionados materiales, con salvedad de lo dispuesto en el § 3º de este artículo; o
II - el producto en cuya elaboración se hayan utilizado materiales no originarios del país, cuando el valor en aduana de esos materiales no exceda el 50% (cincuenta por ciento) del valor Free on Board (FOB) del producto, con salvedad de lo dispuesto en el § 3º de este artículo.
§ 3º No se considerará originario del país exportador el producto resultante de una operación o de un proceso efectuado en su territorio mediante el cual adquiera la forma final en que será comercializado cuando, en la operación o en el proceso, se utilice material no originario del país y consista apenas en montaje, embalaje, fraccionamiento en lotes o volúmenes, selección, clasificación, marcación, composición de surtidos de mercancías o simples diluciones en agua u otra sustancia que no altere las características del producto como originario u otras operaciones o procesos equivalentes, aun cuando estos resulten en el cumplimiento de lo dispuesto en el § 2º de este artículo o de otros criterios establecidos por el Poder Ejecutivo federal en la forma de lo dispuesto en el art. 32 de esta Ley.
§ 4º En caso de que no se cumplan los requisitos referidos en el § 2º de este artículo, el producto se considerará originario del país de origen de los materiales que representen la mayor participación en el valor FOB.” (NR)
“Art. 34.............................................................................
...........................................................................................
V - al índice de materiales no originarios utilizados en la obtención del producto.
§ 1º La presentación de las informaciones a que se refiere el caput de este artículo no excluye la posibilidad de realizar diligencia o fiscalización en los establecimientos del productor extranjero, del importador o del exportador.
...........................................................................................
§ 3º En la hipótesis de que el productor extranjero, el exportador o el importador nieguen acceso a las informaciones referidas en este artículo, no las proporcionen oportunamente o creen obstáculos al procedimiento de verificación de origen no preferencial, se presumirá que la mercancía es originaria del país gravado con la medida de defensa comercial que motivó la apertura de la investigación de origen no preferencial.” (NR)
“Art. 36. Corresponde a la Secretaría de Comercio Exterior de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía realizar la verificación de origen no preferencial, mediante la presentación de denuncia o de oficio, cuando existan indicios de inobservancia de lo dispuesto en los arts. 31, 32 y 34 de esta Ley.
§ 1º Iniciado el procedimiento de verificación de origen no preferencial, se notificará al productor extranjero para que presente las informaciones de que trata el art. 34 de esta Ley.
§ 2º El origen determinado por la Secretaría de Comercio Exterior de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía con la conclusión del procedimiento de verificación de origen no preferencial se aplicará a todas las importaciones de mercancías idénticas del mismo exportador o productor.
§ 3º La Secretaría de Comercio Exterior de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía podrá revisar el origen a que se refiere el § 2º de este artículo mediante la presentación, por parte del interesado, de las informaciones referidas en el art. 34 de esta Ley, de modo que demuestre el cumplimiento de las reglas de origen no preferenciales a que se refieren los arts. 31 y 32 de esta Ley.” (NR)
“Art. 40.............................................................................
§ 1º...................................................................................
§ 2º En el supuesto de restricción cuantitativa relativa a la aplicación de cuotas, la devolución al exterior estará limitada a lo que exceda la cuota.” (NR)

CAPÍTULO V — DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Art. 13. Se autoriza al Poder Ejecutivo federal a instituir, bajo la gobernanza de la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, el Sistema Integrado de Recuperación de Activos (Sira), constituido por un conjunto de instrumentos, mecanismos e iniciativas destinados a facilitar la identificación y la localización de bienes y de deudores, así como el embargo y la enajenación de activos.
Art. 14. Son objetivos del Sira:
I - promover el desarrollo nacional y el bienestar social mediante la reducción de los costos de transacción de la concesión de créditos, por medio del aumento del índice de efectividad de las acciones que involucren la recuperación de activos;
II - conferir efectividad a las decisiones judiciales que busquen la satisfacción de obligaciones de cualquier naturaleza, en el ámbito nacional;
III - reunir datos registrales, relaciones y bases patrimoniales de personas físicas y jurídicas para respaldar la toma de decisiones, en el ámbito de procesos judiciales en que se demande la recuperación de créditos públicos o privados;
IV - proporcionar a los usuarios, conforme a sus respectivos niveles de acceso, los datos registrales, las relaciones y las bases patrimoniales de las personas requeridas, de forma estructurada y organizada; y
V - garantizar, con la cantidad, la calidad y la oportunidad necesarias, los insumos de datos e informaciones relevantes para la recuperación de créditos públicos o privados.
Párrafo único. El Sira velará por la libertad de acceso, de uso y de gestión de los datos por parte de su titular, en la forma del art. 9º de la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018, y observará el régimen general de protección de datos aplicable.
Art. 15. Son principios del Sira:
I - mejora de la efectividad y la eficiencia de las acciones de recuperación de activos;
II - promoción de la transformación digital y estímulo al uso de soluciones tecnológicas en la recuperación de créditos públicos y privados;
III - racionalización y sostenibilidad económico-financiera de las soluciones de tecnología de la información y de comunicación de datos, permitiéndose la atribución a los usuarios, cuando corresponda, de los costos de operacionalización del servicio, en la forma prevista en reglamento;
IV - respeto a la privacidad, a la inviolabilidad de la intimidad, del honor y de la imagen de las personas y de las instituciones, en la forma prevista en la ley; y
V - amplia interoperabilidad e integración con los demás sistemas similares, en especial aquellos utilizados por el Poder Judicial, de modo de respaldar la toma de decisiones, así como de racionalizar y permitir el cumplimiento eficaz de órdenes judiciales relacionadas con la recuperación de activos.
Art. 16. Un acto del Presidente de la República dispondrá sobre:
I - las reglas y las directrices para el intercambio de datos e informaciones, observándose que, para usuarios privados, solo podrán suministrarse datos públicos no sujetos a ninguna restricción de acceso;
II - la relación nominal de las bases mínimas que compondrán el Sira;
III - la periodicidad con que la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional presentará al Ministerio de Economía y al Conselho Nacional de Justiça un informe sobre las bases gestionadas e integradas;
IV - el procedimiento administrativo para el ejercicio, en la forma prevista en la ley, de la facultad de requerir las informaciones contenidas en bases de datos gestionadas por órganos y entidades públicos y privados, y el plazo para atender el requerimiento, sin perjuicio de la celebración de acuerdos de cooperación, convenios y ajustes de cualquier naturaleza, cuando sea necesario;
V - la forma de sustentación económico-financiera del Sira; y
VI - las demás competencias de la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional y del órgano central de tecnología de la información en el ámbito del Sira.
Art. 17. Se autoriza al Poder Ejecutivo federal a instituir, bajo la gobernanza de la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, el Registro Fiscal Positivo, con el objetivo de:
I - crear condiciones para la construcción permanente de un ambiente de confianza entre los contribuyentes y la administración tributaria federal;
II - garantizar la previsibilidad de las acciones de la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional frente a los contribuyentes inscritos en dicho registro;
III - crear condiciones para la solución consensual de los conflictos tributarios, con incentivo a la reducción de la litigiosidad;
IV - reducir los costos de cumplimiento en relación con los créditos inscritos en deuda activa de la Unión y con la situación fiscal del contribuyente, a partir de las informaciones que consten en el Sira;
V - hacer más eficientes la gestión de riesgo de los contribuyentes inscritos en dicho registro y la realización de negocios jurídicos procesales;
VI - mejorar la comprensión de las actividades empresariales y de los cuellos de botella fiscales.
Párrafo único. La Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podrá celebrar convenios con los Estados, con los Municipios y con el Distrito Federal para el intercambio de informaciones que contribuyan a la formación del Registro Fiscal Positivo.
Art. 18. Corresponde al Procurador General de la Hacienda Nacional reglamentar el Registro Fiscal Positivo, el cual podrá disponer sobre la atención, sobre concesiones inherentes a garantías, sobre plazos para la apreciación de solicitudes, sobre recursos y demás peticiones del contribuyente, sobre el cumplimiento de obligaciones ante la Procuradoria-Geral da Fazendo Nacional y sobre actos de cobro administrativo o judicial, especialmente:
I - creación de canales de atención diferenciada, incluso para la recepción de solicitudes de transacción en el contencioso judicial o en el cobro de la deuda activa de la Unión, en los términos de la Ley 13.988, de 14 de abril de 2020, o para la aclaración sobre dichas solicitudes;
II - flexibilización de las reglas para la aceptación o la sustitución de garantías, incluso sobre la posibilidad de sustituir el depósito judicial por seguro de caución o por otras garantías basadas en la capacidad de generación de resultados de los contribuyentes;
III - posibilidad de anticipar la oferta de garantías para la regularización de deudas futuras;
IV - ejecución de garantías en la ejecución fiscal solo después de la cosa juzgada de la discusión judicial relativa al título ejecutado.
Párrafo único. Se concederá, exclusivamente al contribuyente, previa solicitud, acceso a los datos propios relacionados con su clasificación en el Registro Fiscal Positivo.
Art. 19. La Ley 9.430, de 27 de diciembre de 1996, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 80. Las inscripciones en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ) serán suspendidas cuando se encuadren en los supuestos de suspensión definidos por la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
§ 1º (Revocado).
I - (revocado);
II - (revocado).
§ 2º (Revocado).
§ 3º (Revocado).
§ 4º (Revocado).” (NR)
“Art. 81. Las inscripciones en el CNPJ serán declaradas inaptas, en los términos y condiciones definidos por la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, cuando la persona jurídica:
I - deje de presentar obligaciones accesorias, por un mínimo de 90 (noventa) días contados desde la omisión;
II - no compruebe el origen, la disponibilidad y la efectiva transferencia, si fuere el caso, de los recursos empleados en operaciones de comercio exterior;
III - sea inexistente de hecho, considerándose como tal la entidad que:
a) no disponga del patrimonio o de la capacidad operativa necesarios para la realización de su objeto, incluso la que no compruebe el capital social integrado;
b) no sea localizada en el domicilio informado en el CNPJ;
c) cuando sea intimado, su representante legal:
1. no sea localizado, o alegue falsedad o simulación de su participación en dicha entidad, o no compruebe legitimidad para representarla; o
2. no indique, después de ser intimado, su nuevo domicilio tributario;
d) esté domiciliada en el exterior y no haya indicado su apoderado o su representante legalmente constituido en el CNPJ o, si lo hubiere indicado, no haya sido localizado; o
e) se encuentre con las actividades paralizadas, salvo cuando la paralización haya sido comunicada;
IV - realice operaciones de terceros, con el propósito de encubrir a sus verdaderos beneficiarios;
V - haya participado, según evidencias, en una organización constituida con el propósito de no pagar tributos o de eludir los mecanismos de cobro de deudas fiscales, incluso mediante la emisión de documentos fiscales que consignen operaciones ficticias o la cesión de créditos inexistentes o de terceros;
VI - haya sido constituida, según evidencias, para la práctica de fraude fiscal estructurado, incluso en beneficio de terceras empresas; o
VII - se encuentre suspendida por un mínimo de 1 (un) año.
§ 1º (Revocado).
§ 2º Para los fines de lo dispuesto en el inciso II del caput de este artículo, la comprobación del origen de recursos provenientes del exterior se hará mediante, cumulativamente:
...........................................................................................
§ 5º (Revocado).” (NR)
“Art. 81-A. Las inscripciones en el CNPJ serán declaradas dadas de baja después de 180 (ciento ochenta) días contados desde la declaración de inaptitud.
§ 1º También podrán tener su inscripción en el CNPJ dada de baja las personas jurídicas que estén extintas, canceladas o dadas de baja en los respectivos órganos de registro.
§ 2º El acto de baja de la inscripción en el CNPJ no impide que, posteriormente, se determinen o se cobren las deudas de naturaleza tributaria de la persona jurídica.
§ 3º A solicitud de la persona jurídica, podrá restablecerse la inscripción en el CNPJ, observados los términos y las condiciones definidos por la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.”
“Art. 82. Además de los demás supuestos de ineptitud de documentos previstos en la legislación, no producirá efectos tributarios en favor de terceros interesados el documento emitido por una persona jurídica cuya inscripción en el CNPJ haya sido considerada o declarada inapta.
..................................................................................” (NR)
Art. 20. La Ley 10.522, de 19 de julio de 2002, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 3º Las informaciones suministradas por los órganos y entidades integrantes del Cadin se centralizarán en un sistema de información gestionado por la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, correspondiéndole a esta la emisión de orientaciones de naturaleza normativa, incluso en lo relativo a la reglamentación de las respectivas inclusiones y exclusiones en el sistema.
...................................................................................” (NR)
“Art. 19-C. La Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podrá dispensar la práctica de actos procesales, incluso podrá desistir de recursos interpuestos, y autorizar la celebración de acuerdos en la fase de cumplimiento de sentencia, a fin de atender a criterios de racionalidad, economicidad y eficiencia.
...................................................................................” (NR)
“Art. 19-F. La Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podrá contratar, mediante proceso de licitación o acreditación, servicios de terceros para auxiliar su actividad de cobro.
§ 1º Los servicios referidos en el caput de este artículo se restringen a la ejecución de actos relacionados con el cobro administrativo de la deuda activa que no requieran la utilización de informaciones protegidas por secreto fiscal, tales como el contacto con los deudores por vía telefónica o por medios digitales, y a la administración de bienes ofrecidos en garantía administrativa o judicial o embargados en ejecuciones fiscales, incluidas las actividades de depósito, custodia, transporte, conservación y enajenación de dichos bienes.
§ 2º El órgano responsable, en el ámbito de sus competencias, deberá reglamentar lo dispuesto en este artículo y definir los requisitos para la contratación o acreditación, los criterios para la selección de las deudas, el valor máximo admisible y la forma de remuneración del contratado, que podrá ser por tasa de éxito, siempre que se demuestre su mayor adecuación al interés público y a las prácticas usuales del mercado.”

CAPÍTULO VI — DE LOS COBROS REALIZADOS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES

Art. 21. La Ley 12.514, de 28 de octubre de 2011, pasa a tener las siguientes modificaciones:
“Art. 4º..............................................................................
Párrafo único. El incumplimiento o el retraso en el pago de las anualidades previstas en el inciso II del caput de este artículo no dará lugar a la suspensión del registro ni al impedimento del ejercicio de la profesión.” (NR)
“ Art. 7º Los Consejos podrán, en los términos y dentro de los límites de la norma del respectivo Consejo Federal, independientemente de lo dispuesto en el art. 8º de esta Ley y sin renunciar al valor adeudado, dejar de cobrar:
I - administrativamente, los valores definidos como irrisorios; o
II - judicialmente, los valores considerados irrecuperables, de difícil recuperación o con un costo de cobro superior al valor adeudado.” (NR)
“ Art. 8º Los Consejos no ejecutarán judicialmente deudas, de cualquiera de los orígenes previstos en el art. 4º de esta Ley, cuyo valor total sea inferior a 5 (cinco) veces el que consta en el inciso I del caput del art. 6º de esta Ley, observado lo dispuesto en su § 1º.
§ 1º Lo dispuesto en el caput de este artículo no obsta ni limita la realización de medidas administrativas de cobro, tales como la notificación extrajudicial, la inclusión en registros de morosos y el protesto de certificados de deuda activa.
§ 2º Las ejecuciones fiscales de valor inferior al previsto en el caput de este artículo serán archivadas, sin baja en la distribución de las ejecuciones fiscales, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 6.830, de 22 de septiembre de 1980.” (NR)

CAPÍTULO VII — DE LA PROFESIÓN DE TRADUCTOR E INTÉRPRETE PÚBLICO

Art. 22. Son requisitos para el ejercicio de la profesión de traductor e intérprete público:
I - tener capacidad civil;
II - tener formación de educación superior completa en cualquier área del conocimiento;
III - ser brasileño o extranjero residente en el País;
IV - ser aprobado en concurso de evaluación de aptitud;
V - no estar comprendido en los supuestos de inelegibilidad previstos en el literal e del inciso I del caput del art. 1º de la Ley Complementaria 64, de 18 de mayo de 1990; y
VI - tener registro en la junta comercial del lugar de su domicilio o de actuación más frecuente.
Párrafo único. La exigencia del concurso previsto en el inciso IV del caput de este artículo podrá ser dispensada a quienes obtengan un grado de excelencia en exámenes nacionales e internacionales de competencia, en los términos del reglamento del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía. (Véase ADI 7196)
Art. 23. El traductor e intérprete público podrá habilitarse y registrarse para uno o más idiomas extranjeros o, asimismo, en Lengua Brasileña de Señas (Libras).
Art. 24. El cumplimiento de lo dispuesto en el art. 22 de esta Ley habilita al traductor e intérprete público para actuar en cualquier Estado y en el Distrito Federal, y para mantener inscripción únicamente en el lugar de su domicilio o de actuación más frecuente.
Art. 25. El concurso de evaluación de aptitud a que se refiere el inciso IV del caput del art. 22 de esta Ley:
I - tendrá validez por plazo indefinido;
II - incluirá prueba escrita y prueba oral, con simulación de interpretación consecutiva, para evaluar la comprensión de los matices y de las dificultades de cada uno de los idiomas;
III - será organizado a nivel nacional por el Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía, con el apoyo de las juntas comerciales de los Estados y del Distrito Federal; y
IV - se regirá por las normas dictadas por el Director del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía.
Art. 26. Son actividades privativas del traductor e intérprete público:
I - traducir cualquier documento que deba presentarse en otro idioma ante una persona jurídica de derecho público interno o ante los servicios notariales y de registro de notas o de títulos y documentos;
II - realizar traducciones oficiales, cuando la ley lo exija;
III - interpretar y traducir verbalmente ante un ente público la manifestación de una persona que no domine la lengua portuguesa, si no hubiera agente público apto para realizar la actividad o si lo exigiera una ley específica;
IV - transcribir, traducir o verter medios electrónicos de audio o video, a otro idioma, certificados mediante acto notarial; y
V - realizar, cuando lo solicite la autoridad competente, los exámenes necesarios para verificar la exactitud de cualquier traducción que haya sido impugnada por incompleta, imprecisa, errónea o fraudulenta.
Párrafo único. Lo dispuesto en el caput de este artículo no impide:
I - la designación por la autoridad competente de un traductor e intérprete público ad hoc en caso de inexistencia, impedimento o indisponibilidad de traductor e intérprete público habilitado para el idioma; y
II - la realización de la actividad por un agente público:
a) que ocupe un cargo o empleo con atribuciones relacionadas con la actividad de traductor o intérprete; o
b) con condiciones para realizar traducciones e interpretaciones simples y correlativas a las atribuciones de su cargo o empleo.
Art. 27. Se presumen fieles y exactas las traducciones realizadas por traductor e intérprete público.
§ 1º Ninguna traducción tendrá fe pública si no es realizada por traductor e intérprete público, excepto las traducciones:
I - hechas por corredores de buques, en su área de actuación;
II - relativas a los manifiestos y documentos que las embarcaciones extranjeras deban presentar para el despacho aduanero;
III - hechas por agente público con cargo o empleo de traductor o intérprete o que sean inherentes a las actividades del cargo o empleo; y
IV - comprendidas en los supuestos previstos en acto del Poder Ejecutivo federal.
§ 2º La presunción a que se refiere el caput de este artículo no excluye:
I - la obligación de que el documento en el idioma original acompañe a su respectiva traducción; y
II - la posibilidad de que un ente público o cualquier interesado impugne, en los términos establecidos en las normas de proceso administrativo o de proceso judicial aplicables al caso concreto, la fidelidad o la exactitud de la traducción.
Art. 28. El traductor e intérprete público que realice una traducción incompleta, imprecisa, errónea o fraudulenta estará sujeto, además de la eventual responsabilidad civil y penal, a las siguientes sanciones:
I - amonestación;
II - suspensión del registro por hasta 1 (un) año; y
III - cancelación del registro, quedando prohibida una nueva habilitación en un plazo inferior a 15 (quince) años.
Párrafo único. Para la dosimetría de la pena, deberán considerarse:
I - las sanciones recibidas por el traductor e intérprete público en los últimos 10 (diez) años;
II - la existencia o no de mala fe; y
III - la gravedad del error o la configuración de culpa grave.
Art. 29. El proceso administrativo contra el traductor e intérprete público seguirá lo dispuesto en la Ley 9.784, de 29 de enero de 1999.
Art. 30. El proceso administrativo será tramitado y juzgado por la junta comercial del Estado o del Distrito Federal en el cual el traductor e intérprete público esté inscrito.
Párrafo único. Cabrá recurso contra la decisión de la junta comercial ante el Director del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía, quien decidirá en última instancia.
Art. 31. Los traductores públicos e intérpretes comerciales que, en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, ya estuvieran habilitados en la forma prevista en el reglamento aprobado por el Decreto 13.609, de 21 de octubre de 1943, podrán continuar ejerciendo las actividades en el territorio nacional, en los términos de este Capítulo.
Art. 32. El traductor e intérprete público podrá optar por organizarse bajo la forma de sociedad unipersonal.
Art. 33. El traductor e intérprete público podrá realizar sus actos por medio electrónico, conforme a lo dispuesto en la Ley 14.063, de 23 de septiembre de 2020.
Art. 34. El Director del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía podrá dictar normas complementarias para la ejecución de lo dispuesto en este Capítulo.

CAPÍTULO VIII — DE LA OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

Art. 35. En la ejecución de obras de extensión de redes aéreas de distribución a cargo de la concesionaria o permisionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica, la licencia o autorización para la realización de obras en vías públicas, cuando sea exigida y no exista plazo establecido por el poder público local, será emitida por el órgano público competente en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
§ 1º En caso de que no haya decisión del órgano competente después de vencido el plazo establecido en el caput de este artículo o en la legislación local, la concesionaria o permisionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica quedará autorizada para realizar la obra de conformidad con las condiciones establecidas en la solicitud presentada, observada la legislación aplicable.
§ 2º En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la solicitud o en la legislación aplicable, el órgano público podrá revocar, en cualquier momento, la licencia o autorización a que se refiere el § 1º de este artículo, asegurándose a la concesionaria o permisionaria el derecho a la amplia defensa y al contradictorio.
§ 3º Lo dispuesto en este artículo se aplica exclusivamente a las solicitudes de conexión, con potencia contratada de hasta 140 kVA (ciento cuarenta kilovoltamperios), siempre que no sea necesaria la realización de obras de ampliación, de refuerzo o de mejora en el sistema de distribución de energía eléctrica existente, y que:
I - en área urbana, la distancia hasta la red de distribución más cercana sea, como máximo, de 150 m (ciento cincuenta metros);
II - en área semiurbana y rural, la distancia hasta la red de distribución más cercana sea, como máximo, de 1.000 m (mil metros).
Art. 36. La obtención de electricidad deberá solicitarse a la concesionaria o permisionaria local que presta el servicio público de distribución de energía eléctrica en el Municipio del solicitante y observará las siguientes condiciones:
I - los procedimientos necesarios para la obtención de electricidad, desde la solicitud hasta el inicio del suministro, deben realizarse en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para las unidades consumidoras en área urbana, comprendidas en el Grupo A y que respeten las condiciones previstas en el inciso I del § 3º del art. 35 de esta Ley; y (Producción de efectos)
II - los procedimientos necesarios para la obtención de electricidad en los demás casos no previstos en el inciso I de este caput deben atender a los plazos y condiciones reglamentados por la Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Art. 37. Para la obtención de la electricidad a que se refiere el inciso I del caput del art. 36 de esta Ley, el proyecto y la ejecución de las instalaciones eléctricas internas del inmueble deberán contar con un responsable técnico, que responderá administrativa, civil y penalmente en caso de daños y de accidentes derivados de eventuales errores de proyecto o de ejecución, quedando dispensada la exigibilidad de:
I - (VETADO); y
II - aprobación previa del proyecto por la concesionaria o permisionaria local.
Párrafo único. El responsable técnico deberá proporcionar, en la solicitud de obtención de electricidad, su número de registro válido en el consejo profesional competente.

CAPÍTULO IX — DE LA DESBUROCRATIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE LOS ACTOS PROCESALES Y DE LA PRESCRIPCIÓN INTERCURRENTE

Art. 38. (VETADO).
Art. 39. (VETADO).
Art. 40. (VETADO).
Art. 41. Las empresas individuales de responsabilidad limitada existentes en la fecha de entrada en vigor de esta Ley serán transformadas en sociedades limitadas unipersonales, independientemente de cualquier modificación de su acto constitutivo.
Párrafo único. Un acto del Drei reglamentará la transformación a que se refiere este artículo.
Art. 42. (VETADO).
Art. 43. (VETADO): (Revocado por la Medida Provisional nº 1.085, de 2021) (Revocado por la Ley nº 14.382, de 2022)
“Art. 48-A. Las personas jurídicas de derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en la legislación especial y en sus actos constitutivos, podrán realizar sus asambleas generales por medios electrónicos, inclusive para los fines del art. 59 de este Código, respetados los derechos previstos de participación y de manifestación.”
“Art. 206-A. La prescripción intercurrente observará el mismo plazo de prescripción de la pretensión, observadas las causas de impedimento, de suspensión y de interrupción de la prescripción previstas en este Código y observado lo dispuesto en el art. 921 de la Ley nº 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil).”
“Art. 981. (VETADO).
..................................................................................” (NR)
“Art. 983. (VETADO).
..................................................................................” (NR)
“Art. 986. (VETADO).”(NR)
“Art. 996. (VETADO).
..................................................................................” (NR)
“Art. 997............................................................................
..........................................................................................
V - (VETADO);
.................................................................................” (NR)
“Art. 1.007. (VETADO).” (NR)
“Art. 1.053. (VETADO).” (NR)
“Art. 1.096. (VETADO).” (NR)
“Art. 1.142........................................................................
§ 1º El establecimiento no se confunde con el local donde se ejerce la actividad empresarial, que podrá ser físico o virtual.
§ 2º Cuando el local donde se ejerce la actividad empresarial sea virtual, la dirección informada para fines de registro podrá ser, según el caso, la del empresario individual o la de uno de los socios de la sociedad empresaria.
§ 3º Cuando el local donde se ejerce la actividad empresarial sea físico, la fijación del horario de funcionamiento competerá al Municipio, observada la regla general del inciso II del caput del art. 3º de la Ley nº 13.874, de 20 de septiembre de 2019.” (NR)
“Art. 1.150. (VETADO).” (NR)
“Art. 1.155. (VETADO).” (NR)
“Art. 1.160. La sociedad anónima opera bajo una denominación, integrada por las expresiones ‘sociedad anónima’ o ‘compañía’, por extenso o abreviadamente, siendo facultativa la designación del objeto social.
..................................................................................” (NR)
“Art. 1.161. La sociedad en comandita por acciones puede, en lugar de firma, adoptar una denominación, adicionada de la expresión ‘comandita por acciones’, siendo facultativa la designación del objeto social.” (NR)

CAPÍTULO X — DE LA RACIONALIZACIÓN PROCESAL

Art. 44. La Ley nº 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 77..............................................................................
............................................................................................
VII - informar y mantener actualizados sus datos de registro ante los órganos del Poder Judicial y, en el caso del § 6º del art. 246 de este Código, de la Administración Tributaria, para la recepción de citaciones y notificaciones.
.................................................................................” (NR)
“Art. 231............................................................................
..........................................................................................
IX - el quinto día hábil siguiente a la confirmación, en la forma prevista en el mensaje de citación, de la recepción de la citación realizada por medio electrónico.
..................................................................................” (NR)
“Art. 238............................................................................
Párrafo único. La citación se efectuará dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días siguientes a la interposición de la acción.” (NR)
“Art. 246. La citación se hará preferentemente por medio electrónico, en el plazo de hasta 2 (dos) días hábiles, contado desde la decisión que la determine, por medio de las direcciones electrónicas indicadas por el citando en la base de datos del Poder Judicial, conforme al reglamento del Conselho Nacional de Justiça.
I - (revocado);
II - (revocado);
III - (revocado);
IV - (revocado);
V - (revocado).
§ 1º Las empresas públicas y privadas están obligadas a mantener registro en los sistemas de proceso en autos electrónicos, a los efectos de la recepción de citaciones y notificaciones, las cuales se efectuarán preferentemente por ese medio.
§ 1º-A La ausencia de confirmación, dentro de los 3 (tres) días hábiles contados desde la recepción de la citación electrónica, implicará la realización de la citación:
I - por correo;
II - por oficial de justicia;
III - por el escribano o jefe de secretaría, si el citando comparece en la oficina judicial;
IV - por edicto.
§ 1º-B En la primera oportunidad de hablar en los autos, el demandado citado en las formas previstas en los incisos I, II, III y IV del § 1º-A de este artículo deberá presentar justa causa para la ausencia de confirmación de la recepción de la citación enviada electrónicamente.
§ 1º-C Se considera acto atentatorio a la dignidad de la justicia, pasible de multa de hasta el 5% (cinco por ciento) del valor de la causa, dejar de confirmar en el plazo legal, sin justa causa, la recepción de la citación recibida por medio electrónico.
.........................................................................................
§ 4º Las citaciones por correo electrónico irán acompañadas de las orientaciones para realizar la confirmación de recepción y de un código identificador que permitirá su identificación en la página electrónica del órgano judicial citante.
§ 5º Las microempresas y las pequeñas empresas solo se sujetan a lo dispuesto en el § 1º de este artículo cuando no posean dirección electrónica registrada en el sistema integrado de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim).
§ 6º Para los fines del § 5º de este artículo, deberá haber compartición de registro con el órgano del Poder Judicial, incluida la dirección electrónica constante en el sistema integrado de la Redesim, en los términos de la legislación aplicable al secreto fiscal y al tratamiento de datos personales.” (NR)
“Art. 247. La citación se hará por medio electrónico o por correo a cualquier comarca del País, excepto:
................................................................................” (NR)
“Art. 397............................................................................
I - la descripción, tan completa como sea posible, del documento o de la cosa, o de las categorías de documentos o de cosas buscados;
II - la finalidad de la prueba, con indicación de los hechos que se relacionan con el documento o con la cosa, o con sus categorías;
III - las circunstancias en que se funda el requirente para afirmar que el documento o la cosa existe, aun cuando la referencia sea a la categoría de documentos o de cosas, y se halla en poder de la parte contraria.” (NR)
“Art. 921............................................................................
...........................................................................................
III - cuando no sea localizado el ejecutado o bienes embargables;
...........................................................................................
§ 4º El término inicial de la prescripción en el curso del proceso será el conocimiento de la primera tentativa infructuosa de localización del deudor o de bienes embargables, y esta será suspendida, por una única vez, por el plazo máximo previsto en el § 1º de este artículo.
§ 4º-A La efectiva citación, notificación del deudor o constricción de bienes embargables interrumpe el plazo de prescripción, que no corre durante el tiempo necesario para la citación y la notificación del deudor, así como para las formalidades de la constricción patrimonial, si fuere necesaria, siempre que el acreedor cumpla los plazos previstos en la ley procesal o fijados por el juez.
§ 5º El juez, después de oídas las partes, en el plazo de 15 (quince) días, podrá, de oficio, reconocer la prescripción en el curso del proceso y extinguirlo, sin cargas para las partes.
§ 6º La alegación de nulidad en cuanto al procedimiento previsto en este artículo solo será conocida si se demuestra la ocurrencia de perjuicio efectivo, el cual se presumirá únicamente en caso de inexistencia de la notificación de que trata el § 4º de este artículo.
§ 7º Se aplica lo dispuesto en este artículo al cumplimiento de sentencia de que trata el art. 523 de este Código.” (NR)

CAPÍTULO XI — DE LA NOTA COMERCIAL

Art. 45. La nota comercial, valor mobiliario de que trata el inciso VI del caput del art. 2º de la Ley nº 6.385, de 7 de diciembre de 1976, es un título de crédito no convertible en acciones, de libre negociación, representativo de promesa de pago en dinero, emitido exclusivamente bajo la forma escritural por medio de instituciones autorizadas a prestar el servicio de escrituración por la Comisión de Valores Mobiliarios.
Art. 46. Pueden emitir la nota comercial las sociedades anónimas, las sociedades limitadas y las sociedades cooperativas.
Párrafo único. La deliberación sobre la emisión de nota comercial es de competencia de los órganos de administración, cuando los haya, o del administrador del emisor, observado lo que disponga al respecto el respectivo acto constitutivo.
Art. 47. La nota comercial tendrá las siguientes características, que deberán constar en su instrumento constitutivo:
I - la denominación “Nota Comercial”;
II - el nombre o razón social del emisor;
III - el lugar y la fecha de emisión;
IV - el número de la emisión y la división en series, cuando la haya;
V - el valor nominal;
VI - el lugar de pago;
VII - la descripción de la garantía real o fidejusoria, cuando la haya;
VIII - la fecha y las condiciones de vencimiento;
IX - la tasa de interés, fija o flotante, admitida la capitalización;
X - la cláusula de pago de amortización y de rendimientos, cuando la haya;
XI - la cláusula de corrección por índice de precios, cuando la haya; y
XII - las adiciones y las rectificaciones, cuando las haya.
§ 1º Las notas comerciales de una misma serie tendrán igual valor nominal y conferirán a sus titulares los mismos derechos.
§ 2º La alteración de las características a que se refiere el caput de este artículo dependerá de la aprobación de la mayoría simple de los titulares de notas comerciales en circulación, presentes en asamblea, si no se establece un quórum mayor en el instrumento de emisión.
§ 3º Se aplica a la convocatoria y al funcionamiento de la asamblea prevista en el § 2º de este artículo, entre otros aspectos, lo dispuesto en la Ley nº 6.404, de 15 de diciembre de 1976, sobre la asamblea general de debenturistas.
Art. 48. La nota comercial es título ejecutivo extrajudicial, que puede ser ejecutado independientemente de protesto, con base en certificación emitida por el escriturador o por el depositario central, cuando dicho título sea objeto de depósito centralizado.
Párrafo único. La nota comercial podrá ser considerada vencida en la hipótesis de incumplimiento de obligación constante en el respectivo instrumento de emisión.
Art. 49. La titularidad de la nota comercial será atribuida exclusivamente por medio de control realizado en los sistemas informatizados del escriturador o en el depositario central, cuando dicho título sea objeto de depósito centralizado.
Art. 50. La Comisión de Valores Mobiliarios podrá establecer requisitos adicionales a los previstos en esta Ley, inclusive la eventual necesidad de contratación de agente fiduciario, relativos a la nota comercial que sea:
I - ofrecida públicamente; o
II - admitida a negociación en mercados regulados de valores mobiliarios.
Art. 51. En las distribuciones privadas, el servicio de escrituración deberá ser efectuado en sistemas que cumplan los siguientes requisitos:
I - comprobación de la observancia de estándares técnicos adecuados, en conformidad con los Principios para las Infraestructuras del Mercado Financiero del Bank for International Settlements (BIS), inclusive en lo que se refiere a la seguridad, a la gobernanza y a la continuidad de negocios;
II - garantía de acceso integral a las informaciones mantenidas por sí o por terceros por ellas contratados para realizar actividades relacionadas con la escrituración;
III - garantía de acceso amplio a informaciones claras y objetivas a los participantes del mercado, siempre observadas las restricciones legales de acceso a informaciones; y
IV - observancia de requisitos y empleo de mecanismos que aseguren la interoperabilidad con los demás sistemas de registro contable autorizados por la Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1º Las instituciones autorizadas a prestar el servicio de registro contable no podrán registrar títulos en los que participen como acreedoras o emisoras, directa o indirectamente.
§ 2º La oferta privada de nota comercial podrá contener cláusula de conversibilidad en participación societaria, excepto en relación con las sociedades anónimas.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 52. El Decreto-Ley nº 341, de 17 de marzo de 1938, pasa a regir con la adición del siguiente art. 15-A:
“Art. 15-A. Los documentos previstos en los arts. 2º, 4º y 7º de este Decreto-Ley podrán ser sustituidos por su versión electrónica, en la forma que establezca el reglamento del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración (Drei) de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía.”
Art. 53. El art. 44 de la Ley nº 4.886, de 9 de diciembre de 1965, pasa a regir con la siguiente redacción:
“Art. 44. En caso de quiebra o de recuperación judicial del representado, los importes por él adeudados al representante comercial, relacionados con la representación, incluidas las comisiones vencidas y por vencer, la indemnización y el preaviso, y cualquier otra partida debida al representante derivada de la relación establecida con base en esta Ley, serán considerados créditos de la misma naturaleza que los créditos laborales para fines de inclusión en la solicitud de quiebra o en el plan de recuperación judicial.
Párrafo único. Los créditos debidos al representante comercial reconocidos en título ejecutivo judicial que haya pasado en autoridad de cosa juzgada después de la admisión a trámite de la recuperación judicial, y su respectiva ejecución, incluso en lo que respecta a los honorarios de abogados, no se sujetarán a la recuperación judicial, a sus efectos ni a la competencia del juzgado de la recuperación, aun cuando existan en la fecha de la solicitud, y prescribirá en 5 (cinco) años la acción del representante comercial para reclamar la retribución que le es debida y los demás derechos garantizados por esta Ley.” (NR)
Art. 54. El párrafo único del art. 22 de la Ley nº 5.764, de 16 de diciembre de 1971, pasa a regir con la siguiente redacción:
“Art. 22............................................................................
Párrafo único. Se faculta la adopción de libros de hojas sueltas o fichas o en medio digital, en los términos del reglamento del órgano competente del Poder Ejecutivo federal.” (NR)
Art. 55. El inciso III del caput del art. 15 de la Ley nº 6.385, de 7 de diciembre de 1976, pasa a regir con la siguiente redacción:
“Art. 15.............................................................................
..........................................................................................
III - (VETADO);
.................................................................................” (NR)
Art. 56. La Ley nº 13.874, de 20 de septiembre de 2019, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 1º................................................................................
............................................................................................
§ 3º Lo dispuesto en este Capítulo y en los Capítulos II y III de esta Ley no se aplica al derecho tributario ni al derecho financiero, salvo lo dispuesto en el inciso X del caput del art. 3º de esta Ley.
...................................................................................” (NR)
“Art. 4º-A Es deber de la administración pública y de las demás entidades sujetas a esta Ley, en la aplicación de la ordenación pública sobre actividades económicas privadas:
I - dispensar un trato justo, previsible e isonómico entre los agentes económicos;
II - proceder a labrar actas de infracción o aplicar sanciones con base en términos subjetivos o abstractos solamente cuando estos estén debidamente reglamentados mediante criterios claros, objetivos y previsibles; y
III - observar el criterio de doble visita para labrar actas de infracción derivadas del ejercicio de actividad considerada de bajo o medio riesgo.
§ 1º Los órganos y las entidades competentes, en la forma del inciso II del caput de este artículo, editarán actos normativos para definir la aplicación y la incidencia de conceptos subjetivos o abstractos mediante criterios claros, objetivos y previsibles, observándose que:
I - en los casos en que sea imprescindible un juicio subjetivo para la aplicación de la sanción, el acto normativo determinará el procedimiento para su evaluación, de forma que se garantice la mayor previsibilidad e impersonalidad posibles;
II - la competencia para la edición de los actos normativos infralegales equivalentes a que se refiere este párrafo podrá ser delegada por el Poder competente conforme a su autonomía, así como por el órgano o la entidad responsable de labrar el acta de infracción.
§ 2º Para los fines administrativos, de control y judiciales, se consideran plenamente cumplidos por la administración pública los requisitos previstos en el inciso II del caput de este artículo, cuando la abogacía pública, en el ámbito de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, dentro de los límites de la respectiva competencia, haya analizado previamente el acto de que trata el § 1º de este artículo.
§ 3º Los órganos y las entidades deberán editar los actos normativos previstos en el § 1º de este artículo en el plazo de 4 (cuatro) años, pudiendo el Poder Ejecutivo establecer un plazo inferior en reglamento.
§ 4º Lo dispuesto en el inciso II del caput de este artículo se aplica exclusivamente al acto de labrar actas derivado de infracciones referentes a materias en las cuales la actividad fue considerada de bajo o medio riesgo, no aplicándose a los órganos y a las entidades de la administración pública que no la hayan clasificado así, de forma directa o indirecta, de acuerdo con los siguientes criterios:
I - directa, cuando sea realizada por el propio órgano o entidad de la administración pública que procede a labrar el acta; y
II - indirecta, cuando el nivel de riesgo aplicable derive de norma jerárquicamente superior o subsidiaria, por fuerza de ley, siempre que la clasificación se refiera explícitamente a la materia sobre la cual se procederá a labrar el acta.”

CAPÍTULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 57. Quedan derogados:
I - el Decreto nº 13.609, de 21 de octubre de 1943;
II - el Decreto nº 20.256, de 20 de diciembre de 1945;
III - la Ley nº 2.145, de 29 de diciembre de 1953; (Producción de efectos)
IV - el art. 1º de la Ley nº 2.410, de 29 de enero de 1955; (Producción de efectos)
V - el art. 1º de la Ley nº 2.698, de 27 de diciembre de 1955; (Producción de efectos)
VI - la Ley nº 2.807, de 28 de junio de 1956; (Producción de efectos)
VII - la Ley nº 2.815, de 6 de julio de 1956; (Producción de efectos)
VIII - el art. 1º de la Ley nº 3.053, de 22 de diciembre de 1956; (Producción de efectos)
IX - la Ley nº 3.187, de 28 de junio de 1957; (Producción de efectos)
X - la Ley nº 3.227, de 27 de julio de 1957; (Producción de efectos)
XI - la Ley nº 4.557, de 10 de diciembre de 1964; (Producción de efectos)
XII - los arts. 14 y 15 de la Ley nº 5.025, de 10 de junio de 1966; (Producción de efectos)
XIII - el art. 15 del Decreto-Ley nº 491, de 5 de marzo de 1969; (Producción de efectos)
XIV - el art. 2º del Decreto-Ley nº 666, de 2 de julio de 1969; (Producción de efectos)
XV - la parte del art. 1º del Decreto-Ley nº 687, de 18 de julio de 1969, que modifica el art. 2º del Decreto-Ley nº 666, de 2 de julio de 1969; (Producción de efectos)
XVI - (VETADO);
XVII - el art. 2º de la Ley nº 6.137, de 7 de noviembre de 1974;
XVIII - el Decreto-Ley nº 1.416, de 25 de agosto de 1975; (Producción de efectos)
XIX - el Decreto-Ley nº 1.427, de 2 de diciembre de 1975;
XX - el § 2º del art. 110 de la Ley nº 6.404, de 15 de diciembre de 1976;
XXI - el Decreto nº 84.248, de 28 de noviembre de 1979;
XXII - la Ley nº 7.409, de 25 de noviembre de 1985;
XXIII - la Ley nº 7.690, de 15 de diciembre de 1988; (Producción de efectos)
XXIV - el art. 5º de la Ley nº 8.387, de 30 de diciembre de 1991;
XXV - las siguientes disposiciones de la Ley nº 8.934, de 18 de noviembre de 1994:
a) (VETADO);
b) inciso IV del caput del art. 35;
c) art. 58; y
d) art. 60;
XXVI - el párrafo único del art. 40 y el art. 229-C de la Ley nº 9.279, de 14 de mayo de 1996;
XXVII - las siguientes disposiciones de la Ley nº 9.430, de 27 de diciembre de 1996:
a) §§ 1º, 2º, 3º y 4º del art. 80;
b) arts. 80-A, 80-B y 80-C; y
c) §§ 1º y 5º del art. 81;
XXVIII - el párrafo único del art. 18 de la Ley nº 9.472, de 16 de julio de 1997;
XXIX - las siguientes disposiciones de la Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil):
a) (VETADO);
b) (VETADO);
c) párrafo único del art. 1.015;
d) inciso IV del caput y el párrafo único del art. 1.033; y
e) (VETADO);
XXX - las siguientes disposiciones de la Ley nº 11.598, de 3 de diciembre de 2007:
a) §§ 1º, 2º, 3º y 4º del art. 4º;
b) art. 6º; y
c) inciso III del caput del art. 11;
XXXI - las siguientes disposiciones de la Ley nº 12.546, de 14 de diciembre de 2011: (Producción de efectos)
a) incisos II y III del § 1º y §§ 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del art. 25;
b) §§ 1º, 2º, 3º y 4º del art. 26; y
c) art. 37;
XXXII - los incisos I, II, III, IV y V del caput del art. 246 de la Ley nº 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código Procesal Civil).
Art. 58. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación y producirá efectos:
I - en 3 (tres) años, contados a partir de la fecha de su publicación, en cuanto al inciso I del caput del art. 36, pudiendo la Aneel determinar la anticipación de la producción de efectos en cada área de concesión o permiso;
II - en 360 (trescientos sesenta) días, contados a partir de la fecha de su publicación, en cuanto a la parte del art. 5º que modifica el § 3º del art. 138 de la Ley nº 6.404, de 15 de diciembre de 1976;
III - en 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la fecha de su publicación, en cuanto al § 3º del art. 8º;
IV - el primer día hábil del primer mes subsiguiente al de la fecha de su publicación, en cuanto a los arts. 8º, 9º, 10, 11 y 12 y a los incisos III a XV, XVIII, XXIII y XXXI del caput del art. 57; y
V - en la fecha de su publicación, en cuanto a las demás disposiciones.
Brasilia, 26 de agosto de 2021; 200º de la Independencia y 133º de la República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Paulo Guedes
Bento Albuquerque
Ciro Nogueira Lima Filho
Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira
Bruno Bianco Leal
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 27.8.2021
*

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