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APP: concesión patrocinada y administrativa en la Ley 11.079

La Ley 11.079/04 creó dos modalidades de concesión para proyectos de largo plazo: la patrocinada, en la que el usuario paga una tarifa y el poder público complementa la remuneración, y la administrativa, en la que la propia Administración es la usuaria del servicio.

Qué entiende la Ley 11.079/04 por alianza público-privada

El art. 2º de la Ley 11.079/04 define la alianza público-privada (parceria público-privada, PPP) como un contrato administrativo de concesión, celebrado bajo la modalidad patrocinada o bajo la modalidad administrativa. La definición es restrictiva a propósito: el legislador no creó una etiqueta genérica para cualquier acuerdo entre el Estado y la iniciativa privada, sino un régimen contractual específico, con requisitos propios de valor, plazo, garantía y licitación.

El § 3º del mismo artículo cierra la puerta a la confusión más frecuente. La concesión común, regida por la Ley 8.987/95, sigue siendo concesión común siempre que no implique una contraprestación pecuniaria del socio público al socio privado. En ese caso, quien remunera al concesionario es exclusivamente el usuario, mediante la tarifa.

El art. 3º distribuye los regímenes jurídicos aplicables. Las concesiones administrativas se rigen por la Ley 11.079/04 y, adicionalmente, por los arts. 21, 23, 25 y 27 a 39 de la Ley 8.987/95, además del art. 31 de la Ley 9.074/95. A las concesiones patrocinadas se les aplica de forma subsidiaria la Ley 8.987/95 y la legislación correlativa. El contrato que no configure una concesión común, patrocinada o administrativa permanece bajo el régimen general de licitaciones y contratos administrativos.

El art. 4º reúne las directrices de observancia obligatoria: eficiencia en el cumplimiento de las misiones del Estado y en el empleo de los recursos de la sociedad; respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y de las entidades privadas encargadas de su ejecución; indelegabilidad de las funciones de regulación, jurisdiccionales, de ejercicio del poder de policía y de otras actividades exclusivas del Estado; responsabilidad fiscal; transparencia; reparto objetivo de riesgos; y sostenibilidad financiera con ventajas socioeconómicas.

La indelegabilidad exige una lectura atenta de quien diseña el objeto contractual. El socio privado puede construir, operar y mantener equipamientos públicos, pero no puede recibir la atribución de regular un sector, resolver un conflicto o ejercer el poder de policía, competencias que permanecen en el núcleo estatal.

Concesión patrocinada: tarifa del usuario más contraprestación pública

Conforme al § 1º del art. 2º, la concesión patrocinada es la concesión de servicios públicos o de obras públicas de que trata la Ley 8.987/95 cuando implica, además de la tarifa cobrada a los usuarios, una contraprestación pecuniaria del socio público al socio privado. La estructura de ingresos tiene, así, dos pilares: lo que paga el usuario y lo que complementa el Estado.

Esta complementación existe porque hay proyectos socialmente necesarios cuya tarifa soportable para el usuario no cubre la inversión. Una vía urbana de tráfico moderado, un corredor de transporte colectivo o un sistema de saneamiento en una región de baja densidad pueden volverse viables solo con un aporte público sumado a la recaudación tarifaria.

El diseño contiene un freno institucional relevante. El § 3º del art. 10 determina que las concesiones patrocinadas en las que más del 70% de la remuneración del socio privado sea pagada por la Administración Pública dependen de autorización legislativa específica. Superado ese umbral, la decisión deja de ser puramente administrativa y pasa por el Poder Legislativo.

En la práctica, el límite funciona como una prueba de sinceridad del modelo. Un proyecto en el que el usuario contribuye de forma marginal, mientras que el erario responde por casi la totalidad de los ingresos, deja de ser una concesión tarifaria apoyada por el poder público, y el legislador quiso que el parlamento se pronunciara sobre él.

Concesión administrativa: la Administración como usuaria del servicio

El § 2º del art. 2º describe la concesión administrativa como el contrato de prestación de servicios en el que la Administración Pública es la usuaria directa o indirecta, aunque implique la ejecución de una obra o el suministro e instalación de bienes. No se cobra tarifa al ciudadano: la remuneración proviene íntegramente del presupuesto público.

La expresión «usuaria directa o indirecta» es el eje de la modalidad. Cuando el Estado contrata la construcción y la operación de un complejo hospitalario, de una unidad penitenciaria o de un conjunto de escuelas, quien disfruta materialmente del equipamiento es la población, pero el servicio se presta a la Administración, que lo paga según estándares de desempeño.

Tal amplitud no autoriza a convertir cualquier tercerización en una alianza. El inciso III del § 4º del art. 2º prohíbe celebrar contratos cuyo único objeto sea el suministro de mano de obra, el suministro e instalación de equipos o la ejecución de obra pública. La modalidad presupone un servicio continuo asociado a una inversión, nunca un contrato de alcance aislado.

La diferencia práctica entre ambas modalidades aparece en el origen de los ingresos. En la patrocinada, el flujo de caja depende de la demanda y de la tarifa, variables sujetas a riesgo de mercado. En la administrativa, depende de la asignación presupuestaria y de la medición del desempeño, lo que desplaza el eje del riesgo desde la demanda hacia la disponibilidad y la calidad de la prestación.

La contraprestación pública solo puede comenzar una vez que el servicio esté disponible, y ese mandato es lo que separa la alianza de un contrato común de obra.

El art. 7º es expreso al exigir que la contraprestación de la Administración Pública esté obligatoriamente precedida de la puesta a disposición del servicio objeto del contrato. El § 1º admite el pago correspondiente a la parte utilizable del servicio, en los términos del contrato, lo que permite remunerar etapas ya entregadas y en operación, sin adelantar ingresos por una inversión que aún no se ha convertido en un servicio útil.

Prohibiciones en cuanto a valor, plazo y objeto

El § 4º del art. 2º prohíbe celebrar el contrato de alianza en tres supuestos. El primero es que el valor del contrato sea inferior a R$ 10.000.000,00, piso fijado por la redacción que la Ley 13.529/2017 dio al inciso I. El segundo es que el período de prestación del servicio sea inferior a cinco años. El tercero es que el objeto único sea la mano de obra, el suministro e instalación de equipos o la obra pública.

El plazo mínimo dialoga con el art. 5º, inciso I, que exige una cláusula de vigencia compatible con la amortización de las inversiones realizadas, no inferior a 5 ni superior a 35 años, incluida la eventual prórroga. La alianza es un instrumento de largo plazo por diseño legal, y el intervalo establecido impide tanto un contrato demasiado corto para amortizar el capital como una vinculación indefinida del presupuesto.

El piso de valor cumple una función semejante. Estructurar una alianza cuesta estudios de ingeniería a nivel de anteproyecto, modelización económica, consulta pública y seguimiento regulatorio, exigencias que el art. 10 detalla. Un proyecto de pequeña escala no soporta ese costo de transacción, y la ley prefirió mantenerlo fuera del régimen.

Contraprestación, garantías y reparto de riesgos

El art. 6º enumera las formas de contraprestación: orden bancaria; cesión de créditos no tributarios; otorgamiento de derechos frente a la Administración Pública; otorgamiento de derechos sobre bienes públicos de dominio privado del Estado (bens públicos dominicais); y otros medios admitidos por ley. El § 1º faculta al contrato a prever una remuneración variable vinculada al desempeño del socio privado, conforme a las metas y estándares de calidad y disponibilidad allí definidos.

Este vínculo entre pago y desempeño es el engranaje económico del modelo. Como el art. 5º, inciso VII, exige criterios objetivos de evaluación del desempeño del socio privado, el contrato debe incluir indicadores medibles, nunca cláusulas de calidad genéricas que nadie pueda verificar después.

Las obligaciones pecuniarias del poder público pueden garantizarse en la forma del art. 8º, que admite la vinculación de ingresos, la institución o utilización de fondos especiales previstos en ley, la contratación de seguro de garantía con aseguradoras no controladas por el Poder Público, la garantía prestada por organismos internacionales o instituciones financieras, las garantías prestadas por un fondo garante o una empresa estatal creada para ese fin y otros mecanismos admitidos por ley.

En cuanto al riesgo, el art. 4º establece como directriz su reparto objetivo entre las partes, y el art. 5º, inciso III, ordena que el contrato disponga sobre ese reparto, incluso en lo que se refiere a caso fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe y álea económica extraordinaria. El silencio contractual en este punto genera un litigio previsible, porque traslada a la interpretación judicial lo que la ley quiso resolver en la matriz de riesgos.

Sociedad de propósito específico, licitación y límites fiscales

Antes de la celebración del contrato debe constituirse una sociedad de propósito específico encargada de implantar y gestionar el objeto de la alianza, por imperio del art. 9º. La transferencia del control de esa sociedad depende de autorización expresa de la Administración, y el § 4º prohíbe que el poder público sea titular de la mayoría del capital con derecho a voto.

El § 5º del mismo artículo salva una hipótesis: la prohibición no alcanza a la eventual adquisición de la mayoría del capital con derecho a voto por una institución financiera controlada por el Poder Público en caso de incumplimiento de contratos de financiamiento. La salvedad permite rescatar el proyecto sin reiniciar la licitación desde cero.

La contratación está precedida de una licitación en la modalidad de concurrencia (concorrência) o de diálogo competitivo, conforme a la redacción que la Ley 14.133/2021 dio al caput del art. 10. La apertura del certamen queda condicionada a una autorización fundamentada en estudio técnico, estimación del impacto presupuestario-financiero, declaración del ordenador del gasto, previsión del objeto en el plan plurianual, consulta pública y licencia ambiental previa o directrices para el licenciamiento, siempre que el objeto lo exija.

La consulta pública tiene un plazo definido por ley. El inciso VI del art. 10 fija un plazo mínimo de 30 días para la recepción de sugerencias, que debe concluir al menos siete días antes de la fecha prevista para la publicación del pliego (edital). El aviso debe informar la justificación de la contratación, la identificación del objeto, el plazo de duración del contrato y su valor estimado.

En el juzgamiento, el art. 12 admite una etapa previa de calificación de propuestas técnicas, con descalificación de quien no alcance el puntaje mínimo, y autoriza como criterios el menor valor de la contraprestación que pagará la Administración Pública o la combinación de ese criterio con el de mejor técnica, según las ponderaciones del pliego.

Existen además parámetros fiscales. El art. 22 condiciona la contratación por parte de la Unión a que la suma de los gastos de carácter continuado de las alianzas ya contratadas no haya excedido, en el año anterior, el 1% de los ingresos corrientes netos del ejercicio, y a que los gastos anuales de los contratos vigentes en los diez años siguientes no excedan el 1% de los ingresos corrientes netos proyectados.

Para los demás entes, el art. 28 opera de manera indirecta. La Unión no puede conceder garantías ni realizar transferencias voluntarias a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios cuyos gastos continuados con alianzas hayan excedido el 5% de los ingresos corrientes netos en el año anterior, o cuyos gastos en los diez años siguientes superen ese mismo porcentaje de los ingresos proyectados.

El conjunto evidencia que la elección entre patrocinada y administrativa nunca es meramente nominal. Define quién paga, cómo se remunera la inversión, qué legislación subsidiaria se aplica y qué autorizaciones debe reunir el proyecto antes de llegar al mercado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia esencial entre la concesión patrocinada y la administrativa?

En la patrocinada hay una tarifa cobrada a los usuarios, sumada a la contraprestación pecuniaria del poder público, en los términos del § 1º del art. 2º de la Ley 11.079/04. En la administrativa no existe tarifa: la Administración Pública es la usuaria directa o indirecta del servicio y remunera íntegramente al socio privado, conforme al § 2º del mismo artículo.

¿Puede estructurarse como alianza público-privada un contrato de seis millones de reales?

No. El inciso I del § 4º del art. 2º, en la redacción de la Ley 13.529/2017, prohíbe celebrar una alianza cuyo contrato tenga un valor inferior a R$ 10.000.000,00. Por debajo de ese piso, la contratación debe seguir otro régimen jurídico, aunque el objeto sea materialmente parecido.

¿Puede la Administración pagar al socio privado antes de que el servicio entre en operación?

La contraprestación está obligatoriamente precedida de la puesta a disposición del servicio, por determinación del art. 7º. El § 1º permite el pago correspondiente a la parte utilizable ya puesta a disposición, de modo que el desembolso acompaña la entrega efectiva, y no la simple ejecución de etapas internas de la inversión.

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