Mensaje de veto Reglamento(Véase Decreto nº 2.181, de 1997)
Dispone sobre la protección del consumidor y establece otras providencias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente ley:
TÍTULO I De los Derechos del Consumidor
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
Art. 1° El presente código establece normas de protección y defensa del consumidor, de orden público e interés social, en los términos de los arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, de la Constitución Federal y art. 48 de sus Disposiciones Transitorias.
Art. 2° Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final.
Párrafo único. Se equipara a consumidor la colectividad de personas, aunque sean indeterminables, que haya intervenido en las relaciones de consumo.
Art. 3° Proveedor es toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, así como los entes despersonalizados, que desarrollan actividad de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, exportación, distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
§ 1° Producto es cualquier bien, mueble o inmueble, material o inmaterial.
§ 2° Servicio es cualquier actividad suministrada en el mercado de consumo, mediante remuneración, incluidas las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito y de seguros, salvo las derivadas de las relaciones de carácter laboral.
CAPÍTULO II De la Política Nacional de Relaciones de Consumo
Art. 4º La Política Nacional de las Relaciones de Consumo tiene por objetivo la atención de las necesidades de los consumidores, el respeto a su dignidad, salud y seguridad, la protección de sus intereses económicos, la mejora de su calidad de vida, así como la transparencia y armonía de las relaciones de consumo, atendidos los siguientes principios: (Redacción dada por la Ley nº 9.008, de 21.3.1995)
I - reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor en el mercado de consumo;
II - acción gubernamental con el fin de proteger efectivamente al consumidor:
a) por iniciativa directa;
b) por incentivos a la creación y desarrollo de asociaciones representativas;
c) por la presencia del Estado en el mercado de consumo;
d) por la garantía de productos y servicios con estándares adecuados de calidad, seguridad, durabilidad y desempeño.
III - armonización de los intereses de los participantes de las relaciones de consumo y compatibilización de la protección del consumidor con la necesidad de desarrollo económico y tecnológico, de modo que se viabilicen los principios en los que se funda el orden económico (art. 170, de la Constitución Federal), siempre con base en la buena fe y el equilibrio en las relaciones entre consumidores y proveedores;
IV - educación e información de proveedores y consumidores, en cuanto a sus derechos y deberes, con miras a la mejora del mercado de consumo;
V - incentivo a la creación por parte de los proveedores de medios eficientes de control de calidad y seguridad de productos y servicios, así como de mecanismos alternativos de solución de conflictos de consumo;
VI - represión y control eficientes de todos los abusos practicados en el mercado de consumo, incluidas la competencia desleal y la utilización indebida de inventos y creaciones industriales, de las marcas y nombres comerciales y de los signos distintivos, que puedan causar perjuicios a los consumidores;
VII - racionalización y mejora de los servicios públicos;
VIII - estudio constante de las modificaciones del mercado de consumo.
IX - fomento de acciones dirigidas a la educación financiera y ambiental de los consumidores; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
X - prevención y tratamiento del sobreendeudamiento como forma de evitar la exclusión social del consumidor. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 5° Para la ejecución de la Política Nacional de las Relaciones de Consumo, el poder público contará con los siguientes instrumentos, entre otros:
I - mantenimiento de asistencia jurídica, integral y gratuita para el consumidor carente de recursos;
II - institución de Fiscalías de Justicia de Defensa del Consumidor, en el ámbito del Ministerio Público;
III - creación de comisarías de policía especializadas en la atención de consumidores víctimas de infracciones penales de consumo;
IV - creación de Juzgados Especiales de Pequeñas Causas y Juzgados Especializados para la solución de litigios de consumo;
V - concesión de estímulos a la creación y desarrollo de las Asociaciones de Defensa del Consumidor.
VI - institución de mecanismos de prevención y tratamiento extrajudicial y judicial del sobreendeudamiento y de protección del consumidor persona natural; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
VII - institución de núcleos de conciliación y mediación de conflictos originados en el sobreendeudamiento. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1° (Vetado).
§ 2º (Vetado).
CAPÍTULO III De los Derechos Básicos del Consumidor
Art. 6º Son derechos básicos del consumidor:
I - la protección de la vida, salud y seguridad contra los riesgos provocados por prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;
II - la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, asegurándose la libertad de elección y la igualdad en las contrataciones;
III - la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad, tributos aplicables y precio, así como sobre los riesgos que presenten; (Redacción dada por la Ley nº 12.741, de 2012)
IV - la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales, así como contra las prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el suministro de productos y servicios;
V - la modificación de las cláusulas contractuales que establezcan prestaciones desproporcionadas o su revisión en razón de hechos sobrevenidos que las tornen excesivamente onerosas;
VI - la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos y difusos;
VII - el acceso a los órganos judiciales y administrativos con miras a la prevención o reparación de daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos o difusos, asegurándose la protección jurídica, administrativa y técnica a los necesitados;
VIII - la facilitación de la defensa de sus derechos, incluida la inversión de la carga de la prueba, a su favor, en el proceso civil, cuando, a criterio del juez, sea verosímil la alegación o cuando sea él hiposuficiente, según las reglas ordinarias de experiencia;
IX - (Vetado);
X - la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos en general.
XI - la garantía de prácticas de crédito responsable, de educación financiera y de prevención y tratamiento de situaciones de sobreendeudamiento, preservado el mínimo existencial, en los términos de la reglamentación, por medio de la revisión y de la renegociación de la deuda, entre otras medidas; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
XII - la preservación del mínimo existencial, en los términos de la reglamentación, en la renegociación de deudas y en la concesión de crédito; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
XIII - la información acerca de los precios de los productos por unidad de medida, tal como por kilo, por litro, por metro o por otra unidad, según el caso. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Párrafo único. La información de que trata el inciso III del caput de este artículo debe ser accesible a la persona con discapacidad, observado lo dispuesto en el reglamento. (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
Art. 7° Los derechos previstos en este código no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que Brasil sea signatario, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, así como de los que deriven de los principios generales del derecho, analogía, costumbres y equidad.
Párrafo único. Habiendo más de un autor de la ofensa, todos responderán solidariamente por la reparación de los daños previstos en las normas de consumo.
CAPÍTULO IV De la Calidad de Productos y Servicios, de la Prevención y de la Reparación de los Daños
SECCIÓN I De la Protección a la Salud y Seguridad
Art. 8° Los productos y servicios colocados en el mercado de consumo no acarrearán riesgos a la salud o seguridad de los consumidores, excepto los considerados normales y previsibles en razón de su naturaleza y disfrute, quedando obligados los proveedores, en cualquier hipótesis, a dar las informaciones necesarias y adecuadas a su respecto.
§ 1º Tratándose de producto industrial, corresponde al fabricante prestar las informaciones a que se refiere este artículo, a través de impresos apropiados que deban acompañar al producto. (Redacción dada por la Ley nº 13.486, de 2017)
§ 2º El proveedor deberá higienizar los equipos y utensilios utilizados en el suministro de productos o servicios, o puestos a disposición del consumidor, e informar, de manera ostensiva y adecuada, cuando sea el caso, sobre el riesgo de contaminación. (Incluido por la Ley nº 13.486, de 2017)
Art. 9° El proveedor de productos y servicios potencialmente nocivos o peligrosos para la salud o seguridad deberá informar, de manera ostensiva y adecuada, acerca de su nocividad o peligrosidad, sin perjuicio de la adopción de otras medidas pertinentes en cada caso concreto.
Art. 10. El proveedor no podrá colocar en el mercado de consumo producto o servicio que sabe o debería saber que presenta alto grado de nocividad o peligrosidad para la salud o seguridad.
§ 1° El proveedor de productos y servicios que, posteriormente a su introducción en el mercado de consumo, tenga conocimiento de la peligrosidad que presenten, deberá comunicar el hecho inmediatamente a las autoridades competentes y a los consumidores, mediante anuncios publicitarios.
§ 2° Los anuncios publicitarios a que se refiere el párrafo anterior serán difundidos en la prensa, radio y televisión, a expensas del proveedor del producto o servicio.
§ 3° Siempre que tengan conocimiento de la peligrosidad de productos o servicios para la salud o seguridad de los consumidores, la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán informarles al respecto.
Art. 11. (Vetado).
SECCIÓN II De la Responsabilidad por el Hecho del Producto y del Servicio
Art. 12. El fabricante, el productor, el constructor, nacional o extranjero, y el importador responden, independientemente de la existencia de culpa, por la reparación de los daños causados a los consumidores por defectos derivados de proyecto, fabricación, construcción, montaje, fórmulas, manipulación, presentación o acondicionamiento de sus productos, así como por informaciones insuficientes o inadecuadas sobre su utilización y riesgos.
§ 1° El producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que legítimamente se espera de él, teniéndose en consideración las circunstancias relevantes, entre las cuales:
I - su presentación;
II - el uso y los riesgos que razonablemente se esperan de él;
III - la época en que fue puesto en circulación.
§ 2º El producto no es considerado defectuoso por el hecho de que otro de mejor calidad haya sido colocado en el mercado.
§ 3° El fabricante, el constructor, el productor o el importador solo no será responsabilizado cuando pruebe:
I - que no colocó el producto en el mercado;
II - que, aunque haya colocado el producto en el mercado, el defecto no existe;
III - la culpa exclusiva del consumidor o de tercero.
Art. 13. El comerciante es igualmente responsable, en los términos del artículo anterior, cuando:
I - el fabricante, el constructor, el productor o el importador no puedan ser identificados;
II - el producto sea suministrado sin identificación clara de su fabricante, productor, constructor o importador;
III - no conserve adecuadamente los productos perecederos.
Párrafo único. Aquel que efectúe el pago al perjudicado podrá ejercer el derecho de regreso contra los demás responsables, según su participación en la causación del evento dañoso.
Art. 14. El proveedor de servicios responde, independientemente de la existencia de culpa, por la reparación de los daños causados a los consumidores por defectos relativos a la prestación de los servicios, así como por informaciones insuficientes o inadecuadas sobre su disfrute y riesgos.
§ 1° El servicio es defectuoso cuando no suministra la seguridad que el consumidor puede esperar de él, teniéndose en consideración las circunstancias relevantes, entre las cuales:
I - el modo de su suministro;
II - el resultado y los riesgos que razonablemente se esperan de él;
III - la época en que fue suministrado.
§ 2º El servicio no se considera defectuoso por la adopción de nuevas técnicas.
§ 3° El proveedor de servicios solo no será responsabilizado cuando pruebe:
I - que, habiendo prestado el servicio, el defecto no existe;
II - la culpa exclusiva del consumidor o de un tercero.
§ 4° La responsabilidad personal de los profesionales liberales será determinada mediante la verificación de culpa.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. (Vetado).
Art. 17. A los efectos de esta Sección, se equiparan a los consumidores todas las víctimas del evento.
SECCIÓN III De la Responsabilidad por Vicio del Producto y del Servicio
Art. 18. Los proveedores de productos de consumo durables o no durables responden solidariamente por los vicios de calidad o cantidad que los hagan impropios o inadecuados para el consumo al que se destinan o les disminuyan el valor, así como por aquellos derivados de la disparidad con las indicaciones que consten en el recipiente, el envase, el etiquetado o el mensaje publicitario, respetadas las variaciones derivadas de su naturaleza, pudiendo el consumidor exigir la sustitución de las partes viciadas.
§ 1° No siendo subsanado el vicio en el plazo máximo de treinta días, el consumidor puede exigir, alternativamente y a su elección:
I - la sustitución del producto por otro de la misma especie, en perfectas condiciones de uso;
II - la restitución inmediata de la cantidad pagada, monetariamente actualizada, sin perjuicio de eventuales pérdidas y daños;
III - la reducción proporcional del precio.
§ 2° Las partes podrán convenir la reducción o ampliación del plazo previsto en el párrafo anterior, que no podrá ser inferior a siete ni superior a ciento ochenta días. En los contratos de adhesión, la cláusula de plazo deberá ser convenida por separado, mediante manifestación expresa del consumidor.
§ 3° El consumidor podrá hacer uso inmediato de las alternativas del § 1° de este artículo siempre que, en razón de la extensión del vicio, la sustitución de las partes viciadas pueda comprometer la calidad o las características del producto, disminuirle el valor o se trate de un producto esencial.
§ 4° Habiendo optado el consumidor por la alternativa del inciso I del § 1° de este artículo, y no siendo posible la sustitución del bien, podrá haber sustitución por otro de especie, marca o modelo distintos, mediante complemento o restitución de la eventual diferencia de precio, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos II y III del § 1° de este artículo.
§ 5° En el caso de suministro de productos in natura, será responsable ante el consumidor el proveedor inmediato, excepto cuando su productor esté claramente identificado.
§ 6° Son impropios para el uso y consumo:
I - los productos cuyos plazos de validez estén vencidos;
II - los productos deteriorados, alterados, adulterados, averiados, falsificados, corrompidos, fraudulentos, nocivos para la vida o la salud, peligrosos o, aun, aquellos que no se ajusten a las normas reglamentarias de fabricación, distribución o presentación;
III - los productos que, por cualquier motivo, se revelen inadecuados para el fin al que se destinan.
Art. 19. Los proveedores responden solidariamente por los vicios de cantidad del producto siempre que, respetadas las variaciones derivadas de su naturaleza, su contenido neto sea inferior a las indicaciones que consten en el recipiente, el envase, el etiquetado o el mensaje publicitario, pudiendo el consumidor exigir, alternativamente y a su elección:
I - la reducción proporcional del precio;
II - el complemento del peso o medida;
III - la sustitución del producto por otro de la misma especie, marca o modelo, sin los aludidos vicios;
IV - la restitución inmediata de la cantidad pagada, monetariamente actualizada, sin perjuicio de eventuales pérdidas y daños.
§ 1° Se aplica a este artículo lo dispuesto en el § 4° del artículo anterior.
§ 2° El proveedor inmediato será responsable cuando realice el pesaje o la medición y el instrumento utilizado no esté contrastado según los patrones oficiales.
Art. 20. El proveedor de servicios responde por los vicios de calidad que los hagan impropios para el consumo o les disminuyan el valor, así como por aquellos derivados de la disparidad con las indicaciones que consten en la oferta o mensaje publicitario, pudiendo el consumidor exigir, alternativamente y a su elección:
I - la reejecución de los servicios, sin costo adicional y cuando proceda;
II - la restitución inmediata de la cantidad pagada, monetariamente actualizada, sin perjuicio de eventuales pérdidas y daños;
III - la reducción proporcional del precio.
§ 1° La reejecución de los servicios podrá ser confiada a terceros debidamente capacitados, por cuenta y riesgo del proveedor.
§ 2° Son impropios los servicios que se muestren inadecuados para los fines que razonablemente se esperan de ellos, así como aquellos que no cumplan las normas reglamentarias de prestabilidad.
Art. 21. En el suministro de servicios que tengan por objeto la reparación de cualquier producto se considerará implícita la obligación del proveedor de emplear componentes de repuesto originales adecuados y nuevos, o que mantengan las especificaciones técnicas del fabricante, salvo, en cuanto a estos últimos, autorización en contrario del consumidor.
Art. 22. Los órganos públicos, por sí o por medio de sus empresas, concesionarias, permisionarias o bajo cualquier otra forma de emprendimiento, están obligados a suministrar servicios adecuados, eficientes, seguros y, en cuanto a los esenciales, continuos.
Párrafo único. En los casos de incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones referidas en este artículo, las personas jurídicas serán compelidas a cumplirlas y a reparar los daños causados, en la forma prevista en este código.
Art. 23. La ignorancia del proveedor sobre los vicios de calidad por inadecuación de los productos y servicios no lo exime de responsabilidad.
Art. 24. La garantía legal de adecuación del producto o servicio no depende de término expreso, quedando prohibida la exoneración contractual del proveedor.
Art. 25. Está prohibida la estipulación contractual de cláusula que imposibilite, exonere o atenúe la obligación de indemnizar prevista en esta sección y en las anteriores.
§ 1° Habiendo más de un responsable de la causación del daño, todos responderán solidariamente por la reparación prevista en esta sección y en las anteriores.
§ 2° Siendo el daño causado por componente o pieza incorporada al producto o servicio, son responsables solidarios su fabricante, constructor o importador y quien realizó la incorporación.
SECCIÓN IV De la Caducidad y de la Prescripción
Art. 26. El derecho de reclamar por los vicios aparentes o de fácil constatación caduca en:
I - treinta días, tratándose de suministro de servicio y de productos no durables;
II - noventa días, tratándose de suministro de servicio y de productos durables.
§ 1° El cómputo del plazo de caducidad se inicia a partir de la entrega efectiva del producto o de la terminación de la ejecución de los servicios.
§ 2° Obstan a la caducidad:
I - la reclamación formulada de manera comprobada por el consumidor ante el proveedor de productos y servicios hasta la respuesta negativa correspondiente, que debe ser transmitida de forma inequívoca;
II - (Vetado).
III - la instauración de investigación civil, hasta su conclusión.
§ 3° Tratándose de vicio oculto, el plazo de caducidad se inicia en el momento en que el defecto quede evidenciado.
Art. 27. Prescribe en cinco años la pretensión de reparación de los daños causados por hecho del producto o del servicio prevista en la Sección II de este Capítulo, iniciándose el cómputo del plazo a partir del conocimiento del daño y de su autoría.
Párrafo único. (Vetado).
SECCIÓN V De la Desconsideración de la Personalidad Jurídica
Art. 28. El juez podrá desconsiderar la personalidad jurídica de la sociedad cuando, en detrimento del consumidor, haya abuso de derecho, exceso de poder, infracción de la ley, hecho o acto ilícito o violación de los estatutos o del contrato social. La desconsideración también se hará efectiva cuando haya quiebra, estado de insolvencia, cierre o inactividad de la persona jurídica provocados por mala administración.
§ 1° (Vetado).
§ 2° Las sociedades integrantes de los grupos societarios y las sociedades controladas son subsidiariamente responsables por las obligaciones derivadas de este código.
§ 3° Las sociedades consorciadas son solidariamente responsables por las obligaciones derivadas de este código.
§ 4° Las sociedades coligadas solo responderán por culpa.
§ 5° También podrá ser desconsiderada la persona jurídica siempre que su personalidad sea, de alguna forma, obstáculo para el resarcimiento de los perjuicios causados a los consumidores.
CAPÍTULO V De las Prácticas Comerciales
SECCIÓN I De las Disposiciones Generales
Art. 29. Para los fines de este Capítulo y del siguiente, se equiparan a los consumidores todas las personas determinables o no, expuestas a las prácticas en él previstas.
SECCIÓN II De la Oferta
Art. 30. Toda información o publicidad, suficientemente precisa, difundida por cualquier forma o medio de comunicación con relación a productos y servicios ofrecidos o presentados, obliga al proveedor que la haga difundir o se utilice de ella e integra el contrato que llegue a ser celebrado.
Art. 31. La oferta y presentación de productos o servicios deben asegurar informaciones correctas, claras, precisas, ostensibles y en lengua portuguesa sobre sus características, calidades, cantidad, composición, precio, garantía, plazos de validez y origen, entre otros datos, así como sobre los riesgos que presentan para la salud y seguridad de los consumidores.
Párrafo único. Las informaciones a que se refiere este artículo, en los productos refrigerados ofrecidos al consumidor, serán grabadas de forma indeleble. (Incluido por la Ley 11.989/2009)
Art. 32. Los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta de componentes y piezas de repuesto mientras no cese la fabricación o importación del producto.
Párrafo único. Cesada la producción o importación, la oferta deberá ser mantenida por un período razonable de tiempo, en la forma de la ley.
Art. 33. En caso de oferta o venta por teléfono o reembolso postal, debe constar el nombre del fabricante y la dirección en el envase, la publicidad y todos los impresos utilizados en la transacción comercial.
Párrafo único. Está prohibida la publicidad de bienes y servicios por teléfono, cuando la llamada sea onerosa para el consumidor que la origina. (Incluido por la Ley 11.800/2008).
Art. 34. El proveedor del producto o servicio es solidariamente responsable por los actos de sus dependientes o representantes autónomos.
Art. 35. Si el proveedor de productos o servicios rehusare cumplir la oferta, presentación o publicidad, el consumidor podrá, alternativamente y a su libre elección:
I - exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, en los términos de la oferta, presentación o publicidad;
II - aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente;
III - rescindir el contrato, con derecho a la restitución de la cantidad eventualmente anticipada, monetariamente actualizada, y a pérdidas y daños.
SECCIÓN III De la Publicidad
Art. 36. La publicidad debe ser difundida de tal forma que el consumidor, fácil e inmediatamente, la identifique como tal.
Párrafo único. El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que dan sustento al mensaje.
Art. 37. Está prohibida toda publicidad engañosa o abusiva.
§ 1° Es engañosa cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario, entera o parcialmente falsa, o, por cualquier otro modo, incluso por omisión, capaz de inducir a error al consumidor respecto de la naturaleza, características, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio y cualesquiera otros datos sobre productos y servicios.
§ 2° Es abusiva, entre otras, la publicidad discriminatoria de cualquier naturaleza, la que incite a la violencia, explote el miedo o la superstición, se aproveche de la deficiencia de juicio y experiencia del niño, desrespete valores ambientales, o que sea capaz de inducir al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.
§ 3° A los efectos de este código, la publicidad es engañosa por omisión cuando deje de informar sobre un dato esencial del producto o servicio.
§ 4° (Vetado).
Art. 38. La carga de la prueba de la veracidad y corrección de la información o comunicación publicitaria corresponde a quien las patrocina.
SECCIÓN IV De las Prácticas Abusivas
Art. 39. Se prohíbe al proveedor de productos o servicios, entre otras prácticas abusivas: (Redacción dada por la Ley nº 8.884, de 11.6.1994)
I - condicionar el suministro de un producto o servicio al suministro de otro producto o servicio, así como, sin justa causa, a límites cuantitativos;
II - rechazar la atención de las demandas de los consumidores, en la exacta medida de sus disponibilidades de existencias, y, además, de conformidad con los usos y costumbres;
III - enviar o entregar al consumidor, sin solicitud previa, cualquier producto, o suministrar cualquier servicio;
IV - prevalerse de la debilidad o ignorancia del consumidor, en razón de su edad, salud, conocimiento o condición social, para imponerle sus productos o servicios;
V - exigir del consumidor ventaja manifiestamente excesiva;
VI - ejecutar servicios sin la previa elaboración de presupuesto y autorización expresa del consumidor, salvo los derivados de prácticas anteriores entre las partes;
VII - transmitir información despectiva, referente a un acto practicado por el consumidor en el ejercicio de sus derechos;
VIII - colocar en el mercado de consumo cualquier producto o servicio en desacuerdo con las normas expedidas por los órganos oficiales competentes o, si no existieren normas específicas, por la Associação Brasileira de Normas Técnicas u otra entidad acreditada por el Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
IX - rechazar la venta de bienes o la prestación de servicios, directamente a quien se disponga a adquirirlos mediante pago inmediato, salvo los casos de intermediación regulados en leyes especiales; (Redacción dada por la Ley nº 8.884, de 11.6.1994)
X - elevar sin justa causa el precio de productos o servicios. (Incluido por la Ley nº 8.884, de 11.6.1994)
XI - Dispositivo incluido por la MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999, transformado en inciso XIII, al convertirse en la Ley nº 9.870, de 23.11.1999
XII - dejar de estipular plazo para el cumplimiento de su obligación o dejar la fijación de su término inicial a su exclusivo criterio. (Incluido por la Ley nº 9.008, de 21.3.1995)
XIII - aplicar fórmula o índice de reajuste diverso del establecido legal o contractualmente. (Incluido por la Ley nº 9.870, de 23.11.1999)
XIV - permitir el ingreso en establecimientos comerciales o de servicios de un número mayor de consumidores que el fijado como máximo por la autoridad administrativa. (Incluido por la Ley nº 13.425, de 2017)
Párrafo único. Los servicios prestados y los productos remitidos o entregados al consumidor, en la hipótesis prevista en el inciso III, se equiparan a muestras gratuitas, sin que exista obligación de pago.
Art. 40. El proveedor de servicio estará obligado a entregar al consumidor un presupuesto previo que discrimine el valor de la mano de obra, de los materiales y equipos que se emplearán, las condiciones de pago, así como las fechas de inicio y término de los servicios.
§ 1º Salvo estipulación en contrario, el valor presupuestado tendrá validez por el plazo de diez días, contado desde su recepción por el consumidor.
§ 2° Una vez aprobado por el consumidor, el presupuesto obliga a los contratantes y solo puede ser modificado mediante libre negociación de las partes.
§ 3° El consumidor no responde por ninguna carga o recargo derivado de la contratación de servicios de terceros no previstos en el presupuesto previo.
Art. 41. En el caso de suministro de productos o de servicios sujetos al régimen de control o de fijación de precios, los proveedores deberán respetar los límites oficiales, so pena de que, en caso de no hacerlo, respondan por la restitución de la cantidad recibida en exceso, monetariamente actualizada, pudiendo el consumidor exigir, a su elección, la disolución del negocio, sin perjuicio de otras sanciones aplicables.
SECCIÓN V De la Cobranza de Deudas
Art. 42. En la cobranza de deudas, el consumidor moroso no será expuesto al ridículo, ni será sometido a ningún tipo de constreñimiento o amenaza.
Párrafo único. El consumidor a quien se le cobre una cantidad indebida tiene derecho a la repetición de lo indebido, por un valor igual al doble de lo que pagó en exceso, acrecido de corrección monetaria e intereses legales, salvo hipótesis de error justificable.
Art. 42-A. En todos los documentos de cobranza de deudas presentados al consumidor, deberán constar el nombre, la dirección y el número de inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas – CPF o en el Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ del proveedor del producto o servicio correspondiente. (Incluido por la Ley nº 12.039, de 2009)
SECCIÓN VI De los Bancos de Datos y Ficheros de Consumidores
Art. 43. El consumidor, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 86, tendrá acceso a la información existente en ficheros, fichas, registros y datos personales y de consumo archivados sobre él, así como sobre sus respectivas fuentes.
§ 1° Los ficheros y datos de consumidores deben ser objetivos, claros, verdaderos y en lenguaje de fácil comprensión, no pudiendo contener información negativa referente a un período superior a cinco años.
§ 2° La apertura de fichero, ficha, registro y datos personales y de consumo deberá ser comunicada por escrito al consumidor, cuando no haya sido solicitada por él.
§ 3° El consumidor, siempre que encuentre inexactitud en sus datos y ficheros, podrá exigir su inmediata corrección, debiendo el archivista, en el plazo de cinco días hábiles, comunicar la alteración a los eventuales destinatarios de la información incorrecta.
§ 4° Los bancos de datos y ficheros relativos a consumidores, los servicios de protección al crédito y congéneres se consideran entidades de carácter público.
§ 5° Consumada la prescripción relativa a la cobranza de deudas del consumidor, los respectivos Sistemas de Protección al Crédito no suministrarán ninguna información que pueda impedir o dificultar un nuevo acceso al crédito ante los proveedores.
§ 6o Toda la información a que se refiere el caput de este artículo debe ponerse a disposición en formatos accesibles, inclusive para la persona con discapacidad, previa solicitud del consumidor. (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
Art. 44. Los órganos públicos de defensa del consumidor mantendrán ficheros actualizados de reclamaciones fundamentadas contra proveedores de productos y servicios, debiendo divulgarlos pública y anualmente. La divulgación indicará si la reclamación fue atendida o no por el proveedor.
§ 1° Se faculta a cualquier interesado el acceso a la información allí contenida, para orientación y consulta.
§ 2° Se aplican a este artículo, en lo que corresponda, las mismas reglas enunciadas en el artículo anterior y las del párrafo único del art. 22 de este código.
Art. 45. (Vetado).
CAPÍTULO VI De la Protección Contractual
SECCIÓN I Disposiciones Generales
Art. 46. Los contratos que regulan las relaciones de consumo no obligarán a los consumidores si no se les ofreciere la oportunidad de tomar conocimiento previo de su contenido, o si los respectivos instrumentos fueren redactados de modo que dificulte la comprensión de su sentido y alcance.
Art. 47. Las cláusulas contractuales serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor.
Art. 48. Las declaraciones de voluntad contenidas en escritos privados, recibos y precontratos relativos a las relaciones de consumo vinculan al proveedor, dando lugar inclusive a ejecución específica, en los términos del art. 84 y sus párrafos.
Art. 49. El consumidor puede desistir del contrato, en el plazo de 7 días a contar desde su firma o del acto de recepción del producto o servicio, siempre que la contratación del suministro de productos y servicios ocurra fuera del establecimiento comercial, especialmente por teléfono o a domicilio.
Párrafo único. Si el consumidor ejerciere el derecho de arrepentimiento previsto en este artículo, los valores eventualmente pagados, a cualquier título, durante el plazo de reflexión, serán devueltos de inmediato, monetariamente actualizados.
Art. 50. La garantía contractual es complementaria de la legal y será conferida mediante documento escrito.
Párrafo único. El documento de garantía o equivalente debe ser estandarizado y aclarar, de manera adecuada, en qué consiste la misma garantía, así como la forma, el plazo y el lugar en que puede ser ejercida y las cargas a cuenta del consumidor, debiendo serle entregado, debidamente completado por el proveedor, en el acto del suministro, acompañado de manual de instrucciones, de instalación y uso del producto en lenguaje didáctico, con ilustraciones.
SECCIÓN II De las Cláusulas Abusivas
Art. 51. Son nulas de pleno derecho, entre otras, las cláusulas contractuales relativas al suministro de productos y servicios que:
I - imposibiliten, exoneren o atenúen la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos y servicios o impliquen renuncia o disposición de derechos. En las relaciones de consumo entre el proveedor y el consumidor persona jurídica, la indemnización podrá ser limitada, en situaciones justificables;
II - sustraigan al consumidor la opción de reembolso de la cantidad ya pagada, en los casos previstos en este código;
III - transfieran responsabilidades a terceros;
IV - establezcan obligaciones consideradas inicuas, abusivas, que coloquen al consumidor en desventaja exagerada, o sean incompatibles con la buena fe o la equidad;
V - (Vetado);
VI - establezcan inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
VII - determinen la utilización compulsiva de arbitraje;
VIII - impongan representante para concluir o realizar otro negocio jurídico por el consumidor;
IX - dejen al proveedor la opción de concluir o no el contrato, aunque obligando al consumidor;
X - permitan al proveedor, directa o indirectamente, la variación del precio de manera unilateral;
XI - autoricen al proveedor a cancelar el contrato unilateralmente, sin que igual derecho sea conferido al consumidor;
XII - obliguen al consumidor a resarcir los costos de cobranza de su obligación, sin que igual derecho le sea conferido contra el proveedor;
XIII - autoricen al proveedor a modificar unilateralmente el contenido o la calidad del contrato, después de su celebración;
XIV - infrinjan o posibiliten la violación de normas ambientales;
XV - estén en desacuerdo con el sistema de protección al consumidor;
XVI - posibiliten la renuncia al derecho de indemnización por mejoras necesarias.
XVII - condicionen o limiten de cualquier forma el acceso a los órganos del Poder Judicial; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
XVIII - establezcan plazos de carencia en caso de impuntualidad en las cuotas mensuales o impidan el restablecimiento íntegro de los derechos del consumidor y de sus medios de pago a partir de la purga de la mora o del acuerdo con los acreedores; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
XIX - (VETADO). (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1º Se presume exagerada, entre otros casos, la ventaja que:
I - ofende los principios fundamentales del sistema jurídico al que pertenece;
II - restringe derechos u obligaciones fundamentales inherentes a la naturaleza del contrato, de tal modo que amenace su objeto o equilibrio contractual;
III - se muestra excesivamente onerosa para el consumidor, considerándose la naturaleza y contenido del contrato, el interés de las partes y otras circunstancias peculiares del caso.
§ 2° La nulidad de una cláusula contractual abusiva no invalida el contrato, salvo cuando de su ausencia, a pesar de los esfuerzos de integración, derive una carga excesiva para cualquiera de las partes.
§ 3° (Vetado).
§ 4° Se faculta a cualquier consumidor o entidad que lo represente a requerir al Ministerio Público que promueva la competente acción para que se declare la nulidad de la cláusula contractual que contraríe lo dispuesto en este código o de cualquier forma no asegure el justo equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes.
Art. 52. En el suministro de productos o servicios que involucre otorgamiento de crédito o concesión de financiamiento al consumidor, el proveedor deberá, entre otros requisitos, informarle previa y adecuadamente sobre:
I - precio del producto o servicio en moneda corriente nacional;
II - monto de los intereses de mora y de la tasa efectiva anual de intereses;
III - recargos legalmente previstos;
IV - número y periodicidad de las cuotas;
V - suma total a pagar, con y sin financiamiento.
§ 1° Las multas moratorias derivadas del incumplimiento de obligaciones en su vencimiento no podrán ser superiores al dos por ciento del valor de la prestación. (Redacción dada por la Ley nº 9.298, de 1º.8.1996)
§ 2º Se asegura al consumidor la liquidación anticipada de la deuda, total o parcialmente, mediante reducción proporcional de los intereses y demás recargos.
§ 3º (Vetado).
Art. 53. En los contratos de compraventa de bienes muebles o inmuebles mediante pago en cuotas, así como en las enajenaciones fiduciarias en garantía, se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas que establezcan la pérdida total de las cuotas pagadas en beneficio del acreedor que, en razón del incumplimiento, solicite la resolución del contrato y la retoma del producto enajenado.
§ 1° (Vetado).
§ 2º En los contratos del sistema de consorcio de productos duraderos, la compensación o la restitución de las cuotas pagadas, en la forma de este artículo, tendrá descontados, además de la ventaja económica obtenida con el disfrute, los perjuicios que el desistente o incumplidor cause al grupo.
§ 3° Los contratos a que se refiere el caput de este artículo serán expresados en moneda corriente nacional.
SECCIÓN III De los Contratos de Adhesión
Art. 54. Contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas hayan sido aprobadas por la autoridad competente o establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios, sin que el consumidor pueda discutir o modificar sustancialmente su contenido.
§ 1° La inserción de cláusula en el formulario no desfigura la naturaleza de adhesión del contrato.
§ 2° En los contratos de adhesión se admite cláusula resolutoria, siempre que sea alternativa, correspondiendo la elección al consumidor, sin perjuicio de lo dispuesto en el § 2° del artículo anterior.
§ 3o Los contratos de adhesión escritos serán redactados en términos claros y con caracteres ostensibles y legibles, cuyo tamaño de fuente no será inferior al cuerpo doce, de modo que se facilite su comprensión por el consumidor. (Redacción dada por la nº 11.785, de 2008)
§ 4° Las cláusulas que impliquen limitación de derecho del consumidor deberán ser redactadas de forma destacada, permitiendo su inmediata y fácil comprensión.
§ 5° (Vetado)
CAPÍTULO VI-A
DE LA PREVENCIÓN Y DEL TRATAMIENTO DEL SOBREENDEUDAMIENTO
(Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-A. Este Capítulo dispone sobre la prevención del sobreendeudamiento de la persona natural, sobre el crédito responsable y sobre la educación financiera del consumidor. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1º Se entiende por sobreendeudamiento la imposibilidad manifiesta de que el consumidor persona natural, de buena fe, pague la totalidad de sus deudas de consumo, exigibles y por vencer, sin comprometer su mínimo existencial, en los términos de la reglamentación. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 2º Las deudas referidas en el § 1º de este artículo comprenden cualesquiera compromisos financieros asumidos derivados de relación de consumo, incluidas las operaciones de crédito, las compras a plazo y los servicios de prestación continuada. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 3º Lo dispuesto en este Capítulo no se aplica al consumidor cuyas deudas hayan sido contraídas mediante fraude o mala fe, provengan de contratos celebrados dolosamente con el propósito de no realizar el pago o deriven de la adquisición o contratación de productos y servicios de lujo de alto valor. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-B. En el suministro de crédito y en la venta a plazo, además de las informaciones obligatorias previstas en el art. 52 de este Código y en la legislación aplicable a la materia, el proveedor o el intermediario deberá informar al consumidor, previa y adecuadamente, en el momento de la oferta, sobre: (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
I - el costo efectivo total y la descripción de los elementos que lo componen; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
II - la tasa efectiva mensual de intereses, así como la tasa de intereses moratorios y el total de cargos, de cualquier naturaleza, previstos para el retraso en el pago; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
III - el monto de las cuotas y el plazo de validez de la oferta, que debe ser, como mínimo, de 2 (dos) días; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
IV - el nombre y la dirección, incluida la electrónica, del proveedor; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
V - el derecho del consumidor a la liquidación anticipada y no onerosa de la deuda, en los términos del § 2º del art. 52 de este Código y de la reglamentación vigente. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1º Las informaciones referidas en el art. 52 de este Código y en el caput de este artículo deben constar de forma clara y resumida en el propio contrato, en la factura o en instrumento separado, de fácil acceso para el consumidor. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 2º Para los efectos de este Código, el costo efectivo total de la operación de crédito al consumidor consistirá en una tasa porcentual anual y comprenderá todos los valores cobrados al consumidor, sin perjuicio del cálculo estandarizado por la autoridad reguladora del sistema financiero. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 3º Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 37 de este Código, la oferta de crédito al consumidor y la oferta de venta a plazo, o la factura mensual, según el caso, deben indicar, como mínimo, el costo efectivo total, el agente financiador y la suma total a pagar, con y sin financiamiento. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-C. Se prohíbe, expresa o implícitamente, en la oferta de crédito al consumidor, publicitaria o no: (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
I - (VETADO); (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
II - indicar que la operación de crédito podrá concluirse sin consulta a servicios de protección del crédito o sin evaluación de la situación financiera del consumidor; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
III - ocultar o dificultar la comprensión sobre las cargas y los riesgos de la contratación del crédito o de la venta a plazo; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
IV - acosar o presionar al consumidor para que contrate el suministro de producto, servicio o crédito, principalmente si se tratare de consumidor de edad avanzada, analfabeto, enfermo o en estado de vulnerabilidad agravada o si la contratación involucrare un premio; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
V - condicionar la atención de las pretensiones del consumidor o el inicio de negociaciones a la renuncia o al desistimiento de demandas judiciales, al pago de honorarios de abogados o a depósitos judiciales. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Párrafo único. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-D. En la oferta de crédito, previamente a la contratación, el proveedor o el intermediario deberá, entre otras conductas: (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
I - informar y aclarar adecuadamente al consumidor, considerada su edad, sobre la naturaleza y la modalidad del crédito ofrecido, sobre todos los costos incidentes, observado lo dispuesto en los arts. 52 y 54-B de este Código, y sobre las consecuencias genéricas y específicas del incumplimiento; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
II - evaluar, de forma responsable, las condiciones de crédito del consumidor, mediante análisis de las informaciones disponibles en bases de datos de protección del crédito, observado lo dispuesto en este Código y en la legislación sobre protección de datos; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
III - informar la identidad del agente financiador y entregar al consumidor, al garante y a otros coobligados copia del contrato de crédito. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Párrafo único. El incumplimiento de cualquiera de los deberes previstos en el caput de este artículo y en los arts. 52 y 54-C de este Código podrá acarrear judicialmente la reducción de los intereses, de los cargos o de cualquier recargo al principal y la dilación del plazo de pago previsto en el contrato original, según la gravedad de la conducta del proveedor y las posibilidades financieras del consumidor, sin perjuicio de otras sanciones y de indemnización por pérdidas y daños, patrimoniales y morales, al consumidor. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-E. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-F. Son conexos, coligados o interdependientes, entre otros, el contrato principal de suministro de producto o servicio y los contratos accesorios de crédito que le garanticen el financiamiento cuando el proveedor de crédito: (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
I - recurra a los servicios del proveedor de producto o servicio para la preparación o la conclusión del contrato de crédito; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
II - ofrezca el crédito en el local de la actividad empresarial del proveedor de producto o servicio financiado o donde se celebre el contrato principal. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1º El ejercicio del derecho de arrepentimiento en las hipótesis previstas en este Código, en el contrato principal o en el contrato de crédito, implica la resolución de pleno derecho del contrato que le sea conexo. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 2º En los casos de los incisos I y II del caput de este artículo, si hubiere inejecución de cualquiera de las obligaciones y deberes del proveedor de producto o servicio, el consumidor podrá requerir la rescisión del contrato no cumplido contra el proveedor del crédito. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 3º El derecho previsto en el § 2º de este artículo corresponderá igualmente al consumidor: (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
I - contra el portador de cheque posdatado emitido para la adquisición de producto o servicio a plazo; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
II - contra el administrador o el emisor de tarjeta de crédito o similar cuando la tarjeta de crédito o similar y el producto o servicio sean suministrados por el mismo proveedor o por entidades pertenecientes a un mismo grupo económico. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 4º La invalidez o la ineficacia del contrato principal implicará, de pleno derecho, la del contrato de crédito que le sea conexo, en los términos del caput de este artículo, salvo el derecho del proveedor del crédito de obtener del proveedor del producto o servicio la devolución de los valores entregados, incluso en lo relativo a tributos. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 54-G. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 39 de este Código y en la legislación aplicable a la materia, se prohíbe al proveedor de producto o servicio que involucre crédito, entre otras conductas: (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
I - realizar o proceder al cobro o al débito en cuenta de cualquier cantidad que haya sido impugnada por el consumidor en compra realizada con tarjeta de crédito o similar, mientras no se solucione adecuadamente la controversia, siempre que el consumidor haya notificado a la administradora de la tarjeta con una antelación de por lo menos 10 (diez) días contados desde la fecha de vencimiento de la factura, quedando prohibido mantener el valor en la factura siguiente y asegurado al consumidor el derecho de deducir del total de la factura el valor en disputa y efectuar el pago de la parte no impugnada, pudiendo el emisor registrar como crédito en confianza el valor idéntico al de la transacción impugnada que haya sido cobrada, mientras no concluya la verificación de la impugnación; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
II - negarse a entregar o no entregar al consumidor, al garante y a los otros coobligados copia del borrador del contrato principal de consumo o del contrato de crédito, en papel u otro soporte duradero, disponible y accesible, y, tras la conclusión, copia del contrato; (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
III - impedir o dificultar, en caso de utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito o similar, que el consumidor solicite y obtenga, cuando sea aplicable, la anulación o el bloqueo inmediato del pago, o también la restitución de los valores indebidamente recibidos. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1º Sin perjuicio del deber de información y aclaración al consumidor y de entrega del borrador del contrato, en el préstamo cuya liquidación se haga mediante consignación en nómina, la formalización y la entrega de la copia del contrato o del instrumento de contratación ocurrirán después de que el proveedor del crédito obtenga de la fuente pagadora la indicación sobre la existencia de margen consignable. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 2º En los contratos de adhesión, el proveedor debe prestar al consumidor, previamente, las informaciones de que tratan el art. 52 y el caput del art. 54-B de este Código, además de otras eventualmente determinadas en la legislación vigente, y queda obligado a entregar al consumidor copia del contrato, después de su conclusión (Incluido por la Ley 14.181/2021)
CAPÍTULO VII De las Sanciones Administrativas (Véase Ley 8.656/1993)
Art. 55. La Unión, los Estados y el Distrito Federal, con carácter concurrente y en sus respectivas áreas de actuación administrativa, dictarán normas relativas a la producción, industrialización, distribución y consumo de productos y servicios.
§ 1° La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios fiscalizarán y controlarán la producción, industrialización, distribución, la publicidad de productos y servicios y el mercado de consumo, en interés de la preservación de la vida, de la salud, de la seguridad, de la información y del bienestar del consumidor, dictando las normas que se hicieren necesarias.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Los órganos federales, estaduales, del Distrito Federal y municipales con atribuciones para fiscalizar y controlar el mercado de consumo mantendrán comisiones permanentes para la elaboración, revisión y actualización de las normas referidas en el § 1°, siendo obligatoria la participación de los consumidores y proveedores.
§ 4° Los órganos oficiales podrán expedir notificaciones a los proveedores para que, bajo pena de desobediencia, presten informaciones sobre cuestiones de interés del consumidor, resguardado el secreto industrial.
Art. 56. Las infracciones a las normas de defensa del consumidor quedan sujetas, según el caso, a las siguientes sanciones administrativas, sin perjuicio de las de naturaleza civil, penal y de las definidas en normas específicas:
I - multa;
II - incautación del producto;
III - inutilización del producto;
IV - cancelación del registro del producto ante el órgano competente;
V - prohibición de fabricación del producto;
VI - suspensión del suministro de productos o servicio;
VII - suspensión temporal de actividad;
VIII - revocación de concesión o permiso de uso;
IX - cancelación de licencia del establecimiento o de actividad;
X - interdicción, total o parcial, de establecimiento, de obra o de actividad;
XI - intervención administrativa;
XII - imposición de contrapropaganda.
Párrafo único. Las sanciones previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad administrativa, en el ámbito de su atribución, pudiendo ser aplicadas acumulativamente, inclusive por medida cautelar, previa o incidental al procedimiento administrativo.
Art. 57. La pena de multa, graduada de acuerdo con la gravedad de la infracción, la ventaja obtenida y la condición económica del proveedor, será aplicada mediante procedimiento administrativo, revirtiendo al Fondo de que trata la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985, los valores correspondientes a la Unión, o a los Fondos estaduales o municipales de protección al consumidor en los demás casos. (Redacción dada por la Ley 8.656, de 21.5.1993)
§ 1º La multa será de un monto no inferior a doscientas ni superior a tres millones de veces el valor de la Unidad Fiscal de Referencia (Ufir), o índice equivalente que venga a sustituirla.(Redacción dada por la Medida Provisoria 1.393/2026)
§ 2º Cuando las conductas previstas en el art. 39, caput, incisos II y X, fueren practicadas por importadores, productores, distribuidoras, transportistas-revendedores-minoristas o revendedores al por menor de combustibles, biocombustibles o derivados del petróleo, en cualquier etapa de la cadena de comercialización, la multa será de R$ 20.000,00 (veinte mil reales) a R$ 500.000.000,00 (quinientos millones de reales), hipótesis en la que no se aplica el límite previsto en el § 1º.(Incluido por la Medida Provisoria 1.393/2026)
Art. 58. Las penas de incautación, de inutilización de productos, de prohibición de fabricación de productos, de suspensión del suministro de producto o servicio, de cancelación del registro del producto y de revocación de la concesión o permiso de uso serán aplicadas por la administración, mediante procedimiento administrativo, asegurada amplia defensa, cuando se constaten vicios de cantidad o de calidad por inadecuación o inseguridad del producto o servicio.
Art. 59. Las penas de cancelación de permiso de licencia, de interdicción y de suspensión temporal de la actividad, así como la de intervención administrativa, serán aplicadas mediante procedimiento administrativo, asegurada amplia defensa, cuando el proveedor reincidiere en la práctica de las infracciones de mayor gravedad previstas en este código y en la legislación de consumo.
§ 1° La pena de cancelación de la concesión será aplicada a la concesionaria de servicio público, cuando violare obligación legal o contractual.
§ 2° La pena de intervención administrativa será aplicada siempre que las circunstancias de hecho desaconsejaren la cancelación de la licencia, la interdicción o la suspensión de la actividad.
§ 3° Pendiente acción judicial en la que se discuta la imposición de sanción administrativa, no habrá reincidencia hasta que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada.
Art. 60. La imposición de contrapropaganda será aplicada cuando el proveedor incurriere en la práctica de publicidad engañosa o abusiva, en los términos del art. 36 y sus párrafos, siempre a expensas del infractor.
§ 1º La contrapropaganda será divulgada por el responsable de la misma forma, frecuencia y dimensión y, preferentemente en el mismo vehículo, lugar, espacio y horario, de forma capaz de deshacer el perjuicio de la publicidad engañosa o abusiva.
§ 2° (Vetado)
§ 3° (Vetado).
TÍTULO II De las Infracciones Penales
Art. 61. Constituyen delitos contra las relaciones de consumo previstas en este código, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en leyes especiales, las conductas tipificadas en los artículos siguientes.
Art. 62. (Vetado).
Art. 63. Omitir leyendas o señales ostensivas sobre la nocividad o peligrosidad de productos, en los envases, en las envolturas, recipientes o publicidad:
Pena - Detención de seis meses a dos años y multa.
§ 1° Incurrirá en las mismas penas quien dejare de alertar, mediante recomendaciones escritas ostensivas, sobre la peligrosidad del servicio que vaya a prestarse.
§ 2° Si el delito es culposo:
Pena Detención de uno a seis meses o multa.
Art. 64. Dejar de comunicar a la autoridad competente y a los consumidores la nocividad o peligrosidad de productos cuyo conocimiento sea posterior a su colocación en el mercado:
Pena - Detención de seis meses a dos años y multa.
Párrafo único. Incurrirá en las mismas penas quien dejare de retirar del mercado, inmediatamente cuando lo determine la autoridad competente, los productos nocivos o peligrosos, en la forma de este artículo.
Art. 65. Ejecutar servicio de alto grado de peligrosidad, contrariando determinación de autoridad competente:
Pena Detención de seis meses a dos años y multa.
§ 1º Las penas de este artículo son aplicables sin perjuicio de las correspondientes a la lesión corporal y a la muerte. (Redacción dada por la Ley 13.425/2017)
§ 2º La práctica de lo dispuesto en el inciso XIV del art. 39 de esta Ley también caracteriza el delito previsto en el caput de este artículo. (Incluido por la Ley 13.425/2017)
Art. 66. Hacer afirmación falsa o engañosa, u omitir información relevante sobre la naturaleza, característica, calidad, cantidad, seguridad, desempeño, durabilidad, precio o garantía de productos o servicios:
Pena - Detención de tres meses a un año y multa.
§ 1º Incurrirá en las mismas penas quien patrocinare la oferta.
§ 2º Si el delito es culposo;
Pena Detención de uno a seis meses o multa.
Art. 67. Hacer o promover publicidad que sabe o debería saber que es engañosa o abusiva:
Pena Detención de tres meses a un año y multa.
Párrafo único. (Vetado).
Art. 68. Hacer o promover publicidad que sabe o debería saber que es capaz de inducir al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad:
Pena - Detención de seis meses a dos años y multa:
Párrafo único. (Vetado).
Art. 69. Dejar de organizar los datos fácticos, técnicos y científicos que sirven de base a la publicidad:
Pena Detención de uno a seis meses o multa.
Art. 70. Emplear en la reparación de productos piezas o componentes de repuesto usados, sin autorización del consumidor:
Pena Detención de tres meses a un año y multa.
Art. 71. Utilizar, en el cobro de deudas, amenaza, coacción, constreñimiento físico o moral, afirmaciones falsas, incorrectas o engañosas, o cualquier otro procedimiento que exponga al consumidor, injustificadamente, al ridículo o que interfiera con su trabajo, descanso u ocio:
Pena Detención de tres meses a un año y multa.
Art. 72. Impedir o dificultar el acceso del consumidor a las informaciones que sobre él consten en registros, bancos de datos, fichas y archivos:
Pena Detención de seis meses a un año o multa.
Art. 73. Dejar de corregir inmediatamente información sobre el consumidor contenida en registro, banco de datos, fichas o archivos que sabe o debería saber que es inexacta:
Pena Detención de uno a seis meses o multa.
Art. 74. Dejar de entregar al consumidor el término de garantía debidamente completado y con especificación clara de su contenido;
Pena Detención de uno a seis meses o multa.
Art. 75. Quien, de cualquier forma, concurriere a los delitos referidos en este código, incurre en las penas a ellos conminadas en la medida de su culpabilidad, así como el director, administrador o gerente de la persona jurídica que promoviere, permitiere o por cualquier modo aprobare el suministro, oferta, exposición a la venta o mantenimiento en depósito de productos o la oferta y prestación de servicios en las condiciones por él prohibidas.
Art. 76. Son circunstancias agravantes de los delitos tipificados en este código:
I - ser cometidos en época de grave crisis económica o con ocasión de calamidad;
II - ocasionar grave daño individual o colectivo;
III - disimularse la naturaleza ilícita del procedimiento;
IV - cuando sean cometidos:
a) por servidor público, o por persona cuya condición económico-social sea manifiestamente superior a la de la víctima;
b) en detrimento de obrero o trabajador rural; de menor de dieciocho o mayor de sesenta años o de personas portadoras de deficiencia mental, interdictas o no;
V - ser practicados en operaciones que involucren alimentos, medicamentos o cualesquiera otros productos o servicios esenciales.
Art. 77. La pena pecuniaria prevista en esta Sección será fijada en días-multa, correspondiente al mínimo y al máximo de días de duración de la pena privativa de libertad conminada al delito. En la individualización de esta multa, el juez observará lo dispuesto en el art. 60, §1° del Código Penal.
Art. 78. Además de las penas privativas de libertad y de multa, pueden ser impuestas, acumulativa o alternativamente, observado lo dispuesto en los arts. 44 a 47 del Código Penal:
I - la interdicción temporal de derechos;
II - la publicación en órganos de comunicación de gran circulación o audiencia, a expensas del condenado, de noticia sobre los hechos y la condena;
III - la prestación de servicios a la comunidad.
Art. 79. El valor de la fianza, en las infracciones de que trata este código, será fijado por el juez, o por la autoridad que presida la investigación, entre cien y doscientas mil veces el valor del Bono del Tesoro Nacional (BTN), o índice equivalente que venga a sustituirlo.
Párrafo único. Si así lo recomendare la situación económica del indiciado o acusado, la fianza podrá ser:
a) reducida hasta la mitad de su valor mínimo;
b) aumentada por el juez hasta veinte veces.
Art. 80. En el proceso penal relativo a los delitos previstos en este código, así como a otros delitos y contravenciones que involucren relaciones de consumo, podrán intervenir, como asistentes del Ministerio Público, los legitimados indicados en el art. 82, inciso III y IV, a los cuales también se les faculta proponer acción penal subsidiaria, si la denuncia no fuere presentada en el plazo legal.
TÍTULO III De la Defensa del Consumidor en Juicio
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
Art. 81. La defensa de los intereses y derechos de los consumidores y de las víctimas podrá ser ejercida en juicio individualmente, o a título colectivo.
Párrafo único. La defensa colectiva será ejercida cuando se trate de:
I - intereses o derechos difusos, así entendidos, para los efectos de este código, los transindividuales, de naturaleza indivisible, de los que sean titulares personas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho;
II - intereses o derechos colectivos, entendidos como tales, para los efectos de este código, los transindividuales, de naturaleza indivisible, de los que sea titular un grupo, categoría o clase de personas vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base;
III - intereses o derechos individuales homogéneos, entendidos como tales los que provienen de un origen común.
Art. 82. Para los fines del art. 81, párrafo único, están legitimados concurrentemente: (Redacción dada por la Ley nº 9.008, de 21.3.1995)
I - el Ministerio Público,
II - la Unión, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal;
III - las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o indirecta, aun cuando carezcan de personalidad jurídica, específicamente destinados a la defensa de los intereses y derechos protegidos por este código;
IV - las asociaciones legalmente constituidas desde hace al menos un año y que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos protegidos por este código, quedando dispensada la autorización de la asamblea.
§ 1° El requisito de la preconstitución podrá ser dispensado por el juez, en las acciones previstas en los arts. 91 y siguientes, cuando exista manifiesto interés social evidenciado por la dimensión o característica del daño, o por la relevancia del bien jurídico que se pretende proteger.
§ 2° (Vetado).
§ 3° (Vetado).
Art. 83. Para la defensa de los derechos e intereses protegidos por este código son admisibles todas las especies de acciones capaces de propiciar su adecuada y efectiva tutela.
Párrafo único. (Vetado).
Art. 84. En la acción que tenga por objeto el cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer, el juez concederá la tutela específica de la obligación o determinará providencias que aseguren el resultado práctico equivalente al del cumplimiento.
§ 1° La conversión de la obligación en pérdidas y daños solo será admisible si así lo optare el autor o si fuere imposible la tutela específica o la obtención del resultado práctico correspondiente.
§ 2° La indemnización por pérdidas y daños se hará sin perjuicio de la multa (art. 287 del Código de Proceso Civil).
§ 3° Siendo relevante el fundamento de la demanda y existiendo justificado temor de ineficacia de la resolución final, es lícito al juez conceder la tutela liminarmente o previa justificación, citado el demandado.
§ 4° El juez podrá, en la hipótesis del § 3° o en la sentencia, imponer multa diaria al demandado, independientemente de petición del autor, si fuere suficiente o compatible con la obligación, fijando plazo razonable para el cumplimiento del precepto.
§ 5° Para la tutela específica o para la obtención del resultado práctico equivalente, podrá el juez determinar las medidas necesarias, tales como búsqueda y aprehensión, remoción de cosas y personas, deshacimiento de obra, impedimento de actividad nociva, además de requisición de fuerza policial.
Art. 85. (Vetado).
Art. 86. (Vetado).
Art. 87. En las acciones colectivas de que trata este código no habrá adelanto de costas, emolumentos, honorarios periciales y cualesquiera otros gastos, ni condena de la asociación autora, salvo mala fe comprobada, en honorarios de abogados, costas y gastos procesales.
Párrafo único. En caso de litigación de mala fe, la asociación autora y los directores responsables de la interposición de la acción serán condenados solidariamente en honorarios de abogados y al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por pérdidas y daños.
Art. 88. En la hipótesis del art. 13, párrafo único de este código, la acción de regreso podrá ser ejercida en proceso autónomo, siendo facultativa la posibilidad de proseguir en los mismos autos, vedada la denunciación de la litis.
Art. 89. (Vetado)
Art. 90. Se aplican a las acciones previstas en este título las normas del Código de Proceso Civil y de la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985, inclusive en lo que respecta a la investigación civil, en lo que no contraríe sus disposiciones.
CAPÍTULO II De las Acciones Colectivas para la Defensa de Intereses Individuales Homogéneos
Art. 91. Los legitimados de que trata el art. 82 podrán proponer, en nombre propio y en interés de las víctimas o sus sucesores, acción civil colectiva de responsabilidad por los daños individualmente sufridos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. (Redacción dada por la Ley nº 9.008, de 21.3.1995)
Art. 92. El Ministerio Público, si no ejerciere la acción, actuará siempre como fiscal de la ley.
Párrafo único. (Vetado).
Art. 93. Salvo la competencia de la Justicia Federal, es competente para la causa la justicia local:
I - en el foro del lugar donde ocurrió o deba ocurrir el daño, cuando sea de ámbito local;
II - en el foro de la Capital del Estado o en el del Distrito Federal, para los daños de ámbito nacional o regional, aplicándose las reglas del Código de Proceso Civil a los casos de competencia concurrente.
Art. 94. Propuesta la acción, se publicará edicto en el órgano oficial, a fin de que los interesados puedan intervenir en el proceso como litisconsortes, sin perjuicio de amplia divulgación por los medios de comunicación social por parte de los órganos de defensa del consumidor.
Art. 95. En caso de procedencia del pedido, la condena será genérica, fijando la responsabilidad del demandado por los daños causados.
Art. 96. (Vetado).
Art. 97. La liquidación y la ejecución de la sentencia podrán ser promovidas por la víctima y sus sucesores, así como por los legitimados de que trata el art. 82.
Párrafo único. (Vetado).
Art. 98. La ejecución podrá ser colectiva, siendo promovida por los legitimados de que trata el art. 82, abarcando a las víctimas cuyas indemnizaciones ya hubieren sido fijadas en sentencia de liquidación, sin perjuicio de la interposición de otras ejecuciones. (Redacción dada por la Ley nº 9.008, de 21.3.1995)
§ 1° La ejecución colectiva se hará con base en certificación de las sentencias de liquidación, de la cual deberá constar la ocurrencia o no del tránsito en cosa juzgada.
§ 2° Es competente para la ejecución el juzgado:
I - de la liquidación de la sentencia o de la acción condenatoria, en el caso de ejecución individual;
II - de la acción condenatoria, cuando la ejecución sea colectiva.
Art. 99. En caso de concurso de créditos derivados de condena prevista en la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985, y de indemnizaciones por los perjuicios individuales resultantes del mismo evento dañoso, estas tendrán preferencia en el pago.
Párrafo único. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el destino del importe recaudado al fondo creado por la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985, quedará suspendido mientras estén pendientes de decisión de segunda instancia las acciones de indemnización por los daños individuales, salvo en la hipótesis de que el patrimonio del deudor sea manifiestamente suficiente para responder por la integridad de las deudas.
Art. 100. Transcurrido el plazo de un año sin habilitación de interesados en número compatible con la gravedad del daño, podrán los legitimados del art. 82 promover la liquidación y ejecución de la indemnización debida.
Párrafo único. El producto de la indemnización debida revertirá al fondo creado por la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985.
CAPÍTULO III De las Acciones de Responsabilidad del Proveedor de Productos y Servicios
Art. 101. En la acción de responsabilidad civil del proveedor de productos y servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en los Capítulos I y II de este título, se observarán las siguientes normas:
I - la acción puede ser propuesta en el domicilio del autor;
II - el demandado que hubiere contratado seguro de responsabilidad podrá llamar al proceso al asegurador, vedada la integración del contradictorio por el Instituto de Reaseguros de Brasil. En esta hipótesis, la sentencia que declare procedente el pedido condenará al demandado en los términos del art. 80 del Código de Proceso Civil. Si el demandado hubiere sido declarado en quiebra, el síndico será intimado a informar la existencia de seguro de responsabilidad, facultándose, en caso afirmativo, la interposición de acción de indemnización directamente contra el asegurador, vedada la denunciación de la litis al Instituto de Reaseguros de Brasil y dispensado el litisconsorcio obligatorio con este.
Art. 102. Los legitimados para actuar en la forma de este código podrán proponer acción con el fin de compeler al Poder Público competente a prohibir, en todo el territorio nacional, la producción, divulgación, distribución o venta, o a determinar la alteración en la composición, estructura, fórmula o envasado de producto cuyo uso o consumo regular se revele nocivo o peligroso para la salud pública y la incolumidad personal.
§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado)
CAPÍTULO IV De la Cosa Juzgada
Art. 103. En las acciones colectivas de que trata este código, la sentencia hará cosa juzgada:
I - erga omnes, excepto si el pedido fuere juzgado improcedente por insuficiencia de pruebas, hipótesis en que cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, valiéndose de nueva prueba, en la hipótesis del inciso I del párrafo único del art. 81;
II - ultra partes, pero limitadamente al grupo, categoría o clase, salvo improcedencia por insuficiencia de pruebas, en los términos del inciso anterior, cuando se trate de la hipótesis prevista en el inciso II del párrafo único del art. 81;
III - erga omnes, solamente en caso de procedencia del pedido, para beneficiar a todas las víctimas y sus sucesores, en la hipótesis del inciso III del párrafo único del art. 81.
§ 1° Los efectos de la cosa juzgada previstos en los incisos I y II no perjudicarán los intereses y derechos individuales de los integrantes de la colectividad, del grupo, categoría o clase.
§ 2° En la hipótesis prevista en el inciso III, en caso de improcedencia del pedido, los interesados que no hubieren intervenido en el proceso como litisconsortes podrán proponer acción de indemnización a título individual.
§ 3° Los efectos de la cosa juzgada de que trata el art. 16, combinado con el art. 13 de la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985, no perjudicarán las acciones de indemnización por daños sufridos personalmente, propuestas individualmente o en la forma prevista en este código, pero, si el pedido fuere procedente, beneficiarán a las víctimas y sus sucesores, que podrán proceder a la liquidación y a la ejecución, en los términos de los arts. 96 a 99.
§ 4º Se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior a la sentencia penal condenatoria.
Art. 104. Las acciones colectivas, previstas en los incisos I y II y del párrafo único del art. 81, no inducen litispendencia para las acciones individuales, pero los efectos de la cosa juzgada erga omnes o ultra partes a que aluden los incisos II y III del artículo anterior no beneficiarán a los autores de las acciones individuales, si no fuere requerida su suspensión en el plazo de treinta días, contado desde la ciencia en los autos de la interposición de la acción colectiva.
CAPÍTULO V — DE LA CONCILIACIÓN EN EL SOBREENDEUDAMIENTO
(Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
Art. 104-A. A requerimiento del consumidor sobreendeudado persona natural, el juez podrá instaurar proceso de renegociación de deudas, con miras a la realización de audiencia de conciliación, presidida por él o por conciliador acreditado en el juzgado, con la presencia de todos los acreedores de deudas previstas en el art. 54-A de este Código, en la cual el consumidor presentará propuesta de plan de pago con plazo máximo de 5 (cinco) años, preservados el mínimo existencial, en los términos de la reglamentación, y las garantías y las formas de pago originalmente pactadas. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 1º Se excluyen del proceso de renegociación las deudas, aun cuando deriven de relaciones de consumo, originadas en contratos celebrados dolosamente sin el propósito de realizar el pago, así como las deudas provenientes de contratos de crédito con garantía real, de financiaciones inmobiliarias y de crédito rural. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 2º La incomparecencia injustificada de cualquier acreedor, o de su apoderado con poderes especiales y plenos para transigir, a la audiencia de conciliación de que trata el caput de este artículo acarreará la suspensión de la exigibilidad de la deuda y la interrupción de los cargos de la mora, así como la sujeción compulsoria al plan de pago de la deuda si el monto adeudado al acreedor ausente fuere cierto y conocido por el consumidor, debiendo estipularse que el pago a ese acreedor ocurra solamente después del pago a los acreedores presentes en la audiencia de conciliación. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 3º En el caso de conciliación, con cualquier acreedor, la sentencia judicial que homologue el acuerdo describirá el plan de pago de la deuda y tendrá eficacia de título ejecutivo y fuerza de cosa juzgada. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 4º Constarán del plan de pago referido en el § 3º de este artículo: (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
I - medidas de ampliación de los plazos de pago y de reducción de los cargos de la deuda o de la remuneración del proveedor, entre otras destinadas a facilitar el pago de la deuda; (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
II - referencia a la suspensión o a la extinción de las acciones judiciales en curso; (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
III - fecha a partir de la cual se procederá a la exclusión del consumidor de los bancos de datos y de los registros de morosos; (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
IV - condicionamiento de sus efectos a la abstención, por parte del consumidor, de conductas que impliquen el agravamiento de su situación de sobreendeudamiento. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 5º La solicitud del consumidor a que se refiere el caput de este artículo no implicará declaración de insolvencia civil y podrá repetirse solamente una vez transcurrido el plazo de 2 (dos) años, contado desde la liquidación de las obligaciones previstas en el plan de pago homologado, sin perjuicio de eventual repactuación. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
Art. 104-B. Si no hubiere éxito en la conciliación en relación con cualquiera de los acreedores, el juez, a solicitud del consumidor, instaurará proceso por sobreendeudamiento para la revisión e integración de los contratos y la repactuación de las deudas remanentes mediante plan judicial compulsorio, y procederá a la citación de todos los acreedores cuyos créditos no hayan integrado el acuerdo eventualmente celebrado. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 1º Serán considerados en el proceso por sobreendeudamiento, si fuere el caso, los documentos y las informaciones prestadas en audiencia. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 2º En el plazo de 15 (quince) días, los acreedores citados adjuntarán documentos y las razones de la negativa a acceder al plan voluntario o a renegociar. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 3º El juez podrá nombrar administrador, siempre que ello no onere a las partes, el cual, en el plazo de hasta 30 (treinta) días, una vez cumplidas las diligencias eventualmente necesarias, presentará un plan de pago que contemple medidas de temporización o de atenuación de los cargos. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 4º El plan judicial compulsorio asegurará a los acreedores, como mínimo, el valor del principal adeudado, actualizado monetariamente por índices oficiales de precios, y preverá la liquidación total de la deuda, una vez cancelado el plan de pago consensual previsto en el art. 104-A de este Código, en un máximo de 5 (cinco) años, debiendo la primera cuota ser pagada en el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días, contado desde su homologación judicial, y el resto del saldo será debido en cuotas mensuales iguales y sucesivas. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
Art. 104-C. Corresponde concurrente y facultativamente a los órganos públicos integrantes del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor la fase conciliatoria y preventiva del proceso de repactuación de deudas, conforme a lo dispuesto en el art. 104-A de este Código, en lo que corresponda, con posibilidad de que el proceso sea regulado por convenios específicos celebrados entre dichos órganos y las instituciones acreedoras o sus asociaciones. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 1º En caso de conciliación administrativa para prevenir el sobreendeudamiento del consumidor persona natural, los órganos públicos podrán promover, en los reclamos individuales, una audiencia global de conciliación con todos los acreedores y, en todos los casos, facilitar la elaboración de un plan de pago, preservado el mínimo existencial, en los términos de la reglamentación, bajo la supervisión de dichos órganos, sin perjuicio de las demás actividades de reeducación financiera que correspondan. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
§ 2º El acuerdo suscrito ante los órganos públicos de defensa del consumidor, en caso de sobreendeudamiento del consumidor persona natural, incluirá la fecha a partir de la cual se procederá a la exclusión del consumidor de los bancos de datos y de los registros de morosos, así como el condicionamiento de sus efectos a la abstención, por parte del consumidor, de conductas que impliquen el agravamiento de su situación de sobreendeudamiento, especialmente la de contraer nuevas deudas. (Incluido por la Ley 14.181, de 2021)
TÍTULO IV Del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor
Art. 105. Integran el Sistema Nacional de Defensa del Consumidor (SNDC) los órganos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales y las entidades privadas de defensa del consumidor.
Art. 106. El Departamento Nacional de Defensa del Consumidor, de la Secretaría Nacional de Derecho Económico (MJ), o el órgano federal que venga a sustituirlo, es el organismo de coordinación de la política del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor, correspondiéndole:
I - planificar, elaborar, proponer, coordinar y ejecutar la política nacional de protección al consumidor;
II - recibir, analizar, evaluar y encaminar consultas, denuncias o sugerencias presentadas por entidades representativas o personas jurídicas de derecho público o privado;
III - prestar a los consumidores orientación permanente sobre sus derechos y garantías;
IV - informar, concientizar y motivar al consumidor a través de los diferentes medios de comunicación;
V - solicitar a la policía judicial la instauración de investigación policial para la apreciación de delito contra los consumidores, en los términos de la legislación vigente;
VI - representar ante el Ministerio Público competente a los fines de la adopción de medidas procesales en el ámbito de sus atribuciones;
VII - poner en conocimiento de los órganos competentes las infracciones de orden administrativo que violen los intereses difusos, colectivos o individuales de los consumidores;
VIII - solicitar el concurso de órganos y entidades de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, así como auxiliar la fiscalización de precios, abastecimiento, cantidad y seguridad de bienes y servicios;
IX - incentivar, inclusive con recursos financieros y otros programas especiales, la formación de entidades de defensa del consumidor por la población y por los órganos públicos estatales y municipales;
X - (Vetado).
XI - (Vetado).
XII - (Vetado)
XIII - desarrollar otras actividades compatibles con sus finalidades.
Párrafo único. Para la consecución de sus objetivos, el Departamento Nacional de Defensa del Consumidor podrá solicitar el concurso de órganos y entidades de notoria especialización técnico-científica.
TÍTULO V De la Convención Colectiva de Consumo
Art. 107. Las entidades civiles de consumidores y las asociaciones de proveedores o sindicatos de categoría económica pueden regular, mediante convención escrita, relaciones de consumo que tengan por objeto establecer condiciones relativas al precio, a la calidad, a la cantidad, a la garantía y a las características de productos y servicios, así como al reclamo y a la composición del conflicto de consumo.
§ 1° La convención se volverá obligatoria a partir del registro del instrumento en el registro de títulos y documentos.
§ 2° La convención obligará únicamente a los afiliados a las entidades signatarias.
§ 3° No se exime de cumplir la convención el proveedor que se desvincule de la entidad en fecha posterior al registro del instrumento.
Art. 108. (Vetado).
TÍTULO VI Disposiciones Finales
Art. 109. (Vetado).
Art. 110. Agréguese el siguiente inciso IV al art. 1° de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985:
"IV - a cualquier otro interés difuso o colectivo".
Art. 111. El inciso II del art. 5° de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985, pasa a tener la siguiente redacción:
"II - incluya, entre sus finalidades institucionales, la protección del medio ambiente, del consumidor, del patrimonio artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico, o de cualquier otro interés difuso o colectivo".
Art. 112. El § 3° del art. 5° de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985, pasa a tener la siguiente redacción:
"§ 3° En caso de desistimiento infundado o abandono de la acción por asociación legitimada, el Ministerio Público u otro legitimado asumirá la titularidad activa".
Art. 113. Agréguense los siguientes §§ 4°, 5° y 6° al art. 5º de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985:
"§ 4.° El requisito de la preconstitución podrá ser dispensado por el juez, cuando exista manifiesto interés social evidenciado por la dimensión o característica del daño, o por la relevancia del bien jurídico que se pretende proteger.
§ 5.° Se admitirá el litisconsorcio facultativo entre los Ministerios Públicos de la Unión, del Distrito Federal y de los Estados en la defensa de los intereses y derechos de que trata esta ley.
§ 6° Los órganos públicos legitimados podrán tomar de los interesados compromiso de ajuste de su conducta a las exigencias legales, mediante acuerdos, que tendrá eficacia de título ejecutivo extrajudicial".
Art. 114. El art. 15 de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985, pasa a tener la siguiente redacción:
"Art. 15. Transcurridos sesenta días desde el tránsito en juzgado de la sentencia condenatoria, sin que la asociación autora promueva su ejecución, deberá hacerlo el Ministerio Público, facultándose igual iniciativa a los demás legitimados".
Art. 115. Suprímase el caput del art. 17 de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985, pasando el párrafo único a constituir el caput, con la siguiente redacción:
"Art. 17. En caso de litigancia de mala fe, la asociación autora y los directores responsables de la promoción de la acción serán solidariamente condenados en honorarios de abogado y al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por pérdidas y daños".
Art. 116. Dése la siguiente redacción al art. 18 de la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985:
"Art. 18. En las acciones de que trata esta ley, no habrá adelanto de costas, emolumentos, honorarios periciales ni cualesquiera otros gastos, ni condena de la asociación autora, salvo mala fe comprobada, en honorarios de abogado, costas y gastos procesales".
Art. 117. Agréguese a la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985, el siguiente dispositivo, renumerándose los siguientes:
"Art. 21. Se aplican a la defensa de los derechos e intereses difusos, colectivos e individuales, en lo que fuere pertinente, los dispositivos del Título III de la ley que instituyó el Código de Defensa del Consumidor".
Art. 118. Este código entrará en vigor dentro de ciento ochenta días contados desde su publicación.
Art. 119. Se derogan las disposiciones en contrario.
Brasilia, 11 de septiembre de 1990; 169° de la Independencia y 102° de la República.
FERNANDO COLLOR Bernardo Cabral Zélia M. Cardoso de Mello Ozires Silva
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 12.9.1990 y Rectificado el 10.1.2007
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