Escucha Protegida de Niños y Adolescentes

Lei da Escuta Protegida Lei nº 13.431, de 2017 Civil
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Establece el sistema de garantía de derechos del niño y del adolescente víctima o testigo de violencia y modifica la Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente).
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º Esta Ley normatiza y organiza el sistema de garantía de derechos del niño y del adolescente víctima o testigo de violencia, crea mecanismos para prevenir y reprimir la violencia, en los términos del art. 227 de la Constitución Federal, de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos adicionales, de la Resolución nº 20/2005 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de otros instrumentos internacionales, y establece medidas de asistencia y protección al niño y al adolescente en situación de violencia.
Art. 2º El niño y el adolescente gozan de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, y se les aseguran la protección integral y las oportunidades y facilidades para vivir sin violencia y preservar su salud física y mental y su desarrollo moral, intelectual y social, y gozan de derechos específicos a su condición de víctima o testigo.
Párrafo único. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios desarrollarán políticas integradas y coordinadas que tengan por objeto garantizar los derechos humanos del niño y del adolescente en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares y sociales, para resguardarlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, abuso, crueldad y opresión.
Art. 3º En la aplicación e interpretación de esta Ley, se considerarán los fines sociales a los que ella se destina y, especialmente, las condiciones peculiares del niño y del adolescente como personas en desarrollo, a quienes el Estado, la familia y la sociedad deben asegurar el disfrute de los derechos fundamentales con absoluta prioridad.
Párrafo único. La aplicación de esta Ley es facultativa para las víctimas y testigos de violencia de entre 18 (dieciocho) y 21 (veintiún) años, conforme a lo dispuesto en el párrafo único del art. 2º de la Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente).
Art. 4º Para los efectos de esta Ley, sin perjuicio de la tipificación de las conductas delictivas, son formas de violencia:
I - violencia física, entendida como la acción infligida al niño o al adolescente que ofenda su integridad o salud corporal o que le cause sufrimiento físico;
II - violencia psicológica:
a) cualquier conducta de discriminación, depreciación o irrespeto en relación con el niño o el adolescente mediante amenaza, coacción, humillación, manipulación, aislamiento, agresión verbal e insultos, ridiculización, indiferencia, explotación o intimidación sistemática ( bullying ) que pueda comprometer su desarrollo psíquico o emocional;
b) el acto de alienación parental, entendido como la interferencia en la formación psicológica del niño o del adolescente, promovida o inducida por uno de los progenitores, por los abuelos o por quien los tenga bajo su autoridad, guarda o vigilancia, que lleve al repudio de un progenitor o que cause perjuicio al establecimiento o al mantenimiento de vínculo con este;
c) cualquier conducta que exponga al niño o al adolescente, directa o indirectamente, a un delito violento contra un miembro de su familia o de su red de apoyo, independientemente del ambiente en que se cometa, particularmente cuando esto lo convierte en testigo;
III - violencia sexual, entendida como cualquier conducta que constriña al niño o al adolescente a practicar o presenciar acceso carnal o cualquier otro acto libidinoso, incluida la exposición del cuerpo en foto o video por medio electrónico o no, que comprenda:
a) abuso sexual, entendido como toda acción que utiliza al niño o al adolescente para fines sexuales, sea acceso carnal u otro acto libidinoso, realizado de modo presencial o por medio electrónico, para la estimulación sexual del agente o de un tercero;
b) explotación sexual comercial, entendida como el uso del niño o del adolescente en actividad sexual a cambio de remuneración o cualquier otra forma de compensación, de forma independiente o bajo el patrocinio, apoyo o incentivo de un tercero, sea de modo presencial o por medio electrónico;
c) trata de personas, entendida como el reclutamiento, el transporte, el traslado, el alojamiento o la acogida del niño o del adolescente, dentro del territorio nacional o hacia el extranjero, con el fin de explotación sexual, mediante amenaza, uso de fuerza u otra forma de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de autoridad, aprovechamiento de situación de vulnerabilidad o entrega o aceptación de pago, entre los casos previstos en la legislación;
IV - violencia institucional, entendida como la practicada por institución pública o conveniada, inclusive cuando genere revictimización.
V - violencia patrimonial, entendida como cualquier conducta que configure retención, sustracción, destrucción parcial o total de sus documentos personales, bienes, valores y derechos o recursos económicos, incluidos los destinados a satisfacer sus necesidades, siempre que la medida no se encuadre como educativa. (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
§ 1º Para los efectos de esta Ley, el niño y el adolescente serán oídos sobre la situación de violencia por medio de escucha especializada y declaración especial.
§ 2º Los órganos de salud, asistencia social, educación, seguridad pública y justicia adoptarán los procedimientos necesarios con ocasión de la revelación espontánea de la violencia.
§ 3º En la hipótesis de revelación espontánea de la violencia, el niño y el adolescente serán llamados a confirmar los hechos en la forma especificada en el § 1º de este artículo, salvo en caso de intervenciones de salud.
§ 4º El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley implicará la aplicación de las sanciones previstas en la Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente).

TÍTULO II — DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS

Art. 5º La aplicación de esta Ley, sin perjuicio de los principios establecidos en las demás normas nacionales e internacionales de protección de los derechos del niño y del adolescente, tendrá como base, entre otros, los derechos y garantías fundamentales del niño y del adolescente a:
I - recibir prioridad absoluta y que se considere su condición peculiar de persona en desarrollo;
II - recibir trato digno e integral;
III - tener protegidas la intimidad y las condiciones personales cuando sea víctima o testigo de violencia;
IV - ser protegido contra cualquier tipo de discriminación, independientemente de clase, sexo, raza, etnia, ingresos, cultura, nivel educativo, edad, religión, nacionalidad, procedencia regional, regularidad migratoria, discapacidad o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales;
V - recibir información adecuada a su etapa de desarrollo sobre derechos, inclusive sociales, servicios disponibles, representación jurídica, medidas de protección, reparación de daños y cualquier procedimiento al que sea sometido;
VI - ser oído y expresar sus deseos y opiniones, así como permanecer en silencio;
VII - recibir asistencia calificada, jurídica y psicosocial especializada, que facilite su participación y lo resguarde contra comportamientos inadecuados adoptados por los demás órganos que actúan en el proceso;
VIII - ser resguardado y protegido del sufrimiento, con derecho a apoyo, planificación de su participación, prioridad en la tramitación del proceso, celeridad procesal, idoneidad de la atención y limitación de las intervenciones;
IX - ser oído en horario que le resulte más adecuado y conveniente, siempre que sea posible;
X - tener seguridad, con evaluación continua sobre posibilidades de intimidación, amenaza y otras formas de violencia;
XI - ser asistido por profesional capacitado y conocer a los profesionales que participan en los procedimientos de escucha especializada y declaración especial;
XII - ser reparado cuando sus derechos sean violados;
XIII - convivir en familia y en comunidad;
XIV - tener las informaciones prestadas tratadas confidencialmente, quedando prohibida la utilización o la transmisión a terceros de las declaraciones hechas por el niño y por el adolescente víctima, salvo para los fines de asistencia a la salud y de persecución penal;
XV - prestar declaraciones en formato adaptado al niño y al adolescente con discapacidad o en idioma distinto del portugués.
Párrafo único. La planificación a que se refiere el inciso VIII, en el caso de declaración especial, será realizada entre los profesionales especializados y el juzgado.
Art. 6º El niño y el adolescente víctima o testigo de violencia tienen derecho a solicitar, por medio de su representante legal, medidas de protección contra el autor de la violencia.
Párrafo único. Los casos no previstos en esta Ley serán interpretados a la luz de lo dispuesto en la Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente), en la Ley nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Ley Maria da Penha), y en normas conexas.

TÍTULO III — DE LA ESCUCHA ESPECIALIZADA Y DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL

Art. 7º Escucha especializada es el procedimiento de entrevista sobre situación de violencia con niño o adolescente ante un órgano de la red de protección, limitándose el relato estrictamente a lo necesario para el cumplimiento de su finalidad.
Art. 8º Declaración especial es el procedimiento de audición de niño o adolescente víctima o testigo de violencia ante autoridad policial o judicial.
Art. 9º El niño o el adolescente será resguardado de todo contacto, incluso visual, con el presunto autor o acusado, o con otra persona que represente amenaza, coacción o constreñimiento.
Art. 10. La escucha especializada y la declaración especial se realizarán en lugar apropiado y acogedor, con infraestructura y espacio físico que garanticen la privacidad del niño o del adolescente víctima o testigo de violencia.
Art. 11. La declaración especial se regirá por protocolos y, siempre que sea posible, se realizará una única vez, en sede de producción anticipada de prueba judicial, garantizada la amplia defensa del investigado.
§ 1º La declaración especial seguirá el rito cautelar de anticipación de prueba:
I - cuando el niño o el adolescente tenga menos de 7 (siete) años;
II - en caso de violencia sexual.
§ 2º No se admitirá la toma de una nueva declaración especial, salvo cuando su imprescindibilidad sea justificada por la autoridad competente y exista la conformidad de la víctima o del testigo, o de su representante legal.
Art. 12. La declaración especial se recibirá conforme al siguiente procedimiento:
I - los profesionales especializados informarán al niño o al adolescente sobre la toma de la declaración especial, comunicándole sus derechos y los procedimientos que se adoptarán y planificando su participación, quedando prohibida la lectura de la denuncia o de otras piezas procesales;
II - se asegura al niño o al adolescente la libre narración sobre la situación de violencia, pudiendo el profesional especializado intervenir cuando sea necesario, utilizando técnicas que permitan el esclarecimiento de los hechos;
III - en el curso del proceso judicial, la declaración especial será transmitida en tiempo real a la sala de audiencia, preservándose el secreto;
IV - concluido el procedimiento previsto en el inciso II de este artículo, el juez, tras consultar al Ministerio Público, al defensor y a los asistentes técnicos, evaluará la pertinencia de preguntas complementarias, organizadas en bloque;
V - el profesional especializado podrá adaptar las preguntas al lenguaje de mejor comprensión del niño o del adolescente;
VI - la declaración especial será grabada en audio y video.
§ 1º A la víctima o testigo de violencia se le garantiza el derecho de prestar declaración directamente ante el juez, si así lo entiende.
§ 2º El juez tomará todas las medidas apropiadas para la preservación de la intimidad y de la privacidad de la víctima o testigo.
§ 3º El profesional especializado comunicará al juez si verifica que la presencia, en la sala de audiencia, del autor de la violencia puede perjudicar el testimonio especial o colocar al declarante en situación de riesgo, en cuyo caso, dejándose constancia en acta, se autorizará el alejamiento del imputado.
§ 4º En las hipótesis en que exista riesgo para la vida o la integridad física de la víctima o testigo, el juez tomará las medidas de protección pertinentes, incluida la restricción de lo dispuesto en los incisos III y VI de este artículo.
§ 5º Las condiciones de preservación y de seguridad del soporte audiovisual relativo al testimonio del niño o del adolescente serán objeto de reglamentación, de forma que se garantice el derecho a la intimidad y a la privacidad de la víctima o testigo.
§ 6º El testimonio especial se tramitará bajo secreto de justicia.

TÍTULO IV DE LA INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 13. Toda persona que tenga conocimiento o presencie una acción u omisión, practicada en lugar público o privado, que constituya violencia contra un niño o adolescente tiene el deber de comunicar el hecho inmediatamente al servicio de recepción y monitoreo de denuncias, al consejo tutelar o a la autoridad policial, los cuales, a su vez, pondrán inmediatamente en conocimiento al Ministerio Público.
Párrafo único. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán promover, periódicamente, campañas de concientización de la sociedad, promoviendo la identificación de las violaciones de derechos y garantías de niños y adolescentes y la divulgación de los servicios de protección y de los flujos de atención, como forma de evitar la violencia institucional.
Art. 14. Las políticas implementadas en los sistemas de justicia, seguridad pública, asistencia social, educación y salud deberán adoptar acciones articuladas, coordinadas y efectivas orientadas a la acogida y a la atención integral de las víctimas de violencia.
§ 1º Las acciones a que se refiere el caput observarán las siguientes directrices:
I - amplitud e integralidad, debiendo comprender la evaluación y la atención de todas las necesidades de la víctima derivadas de la ofensa sufrida;
II - capacitación interdisciplinaria continuada, preferentemente conjunta, de los profesionales;
III - establecimiento de mecanismos de información, referencia, contrarreferencia y monitoreo;
IV - planificación coordinada de la atención y del acompañamiento, respetando las especificidades de la víctima o testigo y de sus familias;
V - celeridad de la atención, que debe realizarse inmediatamente - o tan pronto como sea posible - después de la revelación de la violencia;
VI - priorización de la atención en razón de la edad o de eventual perjuicio al desarrollo psicosocial, garantizándose la intervención preventiva;
VII - mínima intervención de los profesionales involucrados; y
VIII - monitoreo y evaluación periódica de las políticas de atención.
§ 2º En los casos de violencia sexual, corresponde al responsable de la red de protección garantizar la urgencia y la celeridad necesarias para la atención de salud y la producción probatoria, preservándose la confidencialidad.
Art. 15. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán crear servicios de atención, de defensoría o de respuesta, por los medios de comunicación disponibles, integrados a las redes de protección, para recibir denuncias de violaciones de derechos de niños y adolescentes.
Párrafo único. Las denuncias recibidas serán remitidas:
I - a la autoridad policial del lugar de los hechos, para su investigación;
II - al consejo tutelar, para la aplicación de medidas de protección; y
III - al Ministerio Público, en los casos que sean de su atribución específica.
Art. 16. El poder público podrá crear programas, servicios o equipamientos que proporcionen atención y asistencia integral e interinstitucional a los niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia, compuestos por equipos multidisciplinarios especializados.
Párrafo único. Los programas, servicios o equipamientos públicos podrán contar con comisarías especializadas, servicios de salud, peritaje médico-legal, servicios socioasistenciales, juzgados especializados, Ministerio Público y Defensoría Pública, entre otros posibles de integración, y deberán establecer alianzas en caso de indisponibilidad de servicios de atención.

CAPÍTULO II — DE LA SALUD

Art. 17. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán crear, en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS), servicios para la atención integral del niño y del adolescente en situación de violencia, de forma que se garantice una atención acogedora.
Art. 18. La recolección, custodia provisional y preservación de material con vestigios de violencia serán realizadas por el Instituto Médico Legal (IML) o por el servicio acreditado del sistema de salud más cercano, que entregará el material para peritaje inmediato, observado lo dispuesto en el art. 5º de esta Ley.

CAPÍTULO III — DE LA ASISTENCIA SOCIAL

Art. 19. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán establecer, en el ámbito del Sistema Único de Asistencia Social (Suas), los siguientes procedimientos:
I - elaboración de un plan individual y familiar de atención, valorando la participación del niño y del adolescente y, siempre que sea posible, la preservación de los vínculos familiares;
II - atención a la vulnerabilidad indirecta de los demás miembros de la familia derivada de la situación de violencia, y solicitud, cuando sea necesario, a los órganos competentes, de la inclusión de la víctima o testigo y de sus familias en las políticas, programas y servicios existentes;
III - evaluación y atención de las situaciones de intimidación, amenaza, coacción o discriminación derivadas de la victimización, incluso durante el trámite del proceso judicial, las cuales deberán ser comunicadas inmediatamente a la autoridad judicial para la adopción de las providencias correspondientes; y
IV - representación ante el Ministerio Público, en los casos de falta de responsable legal con capacidad protectora en razón de la situación de violencia, para la colocación del niño o del adolescente bajo el cuidado de la familia extensa, de una familia sustituta o de un servicio de acogimiento familiar o, en su defecto, institucional.

CAPÍTULO IV — DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Art. 20. El poder público podrá crear comisarías especializadas en la atención de niños y adolescentes víctimas de violencia.
§ 1º En la elaboración de sus propuestas presupuestarias, las unidades de la Federación asignarán recursos para el mantenimiento de equipos multidisciplinarios destinados a asesorar a las comisarías especializadas.
§ 2º Hasta la creación del órgano previsto en el caput de este artículo, la víctima será remitida prioritariamente a la comisaría especializada en temas de derechos humanos.
§ 3º La toma de testimonio especial del niño o del adolescente víctima o testigo de violencia observará lo dispuesto en el art. 14 de esta Ley.
Art. 21. Constatado que el niño o el adolescente se encuentra en riesgo, la autoridad policial requerirá a la autoridad judicial responsable, en cualquier momento de los procedimientos de investigación y responsabilización de los sospechosos, las medidas de protección pertinentes, entre las cuales:
I - evitar el contacto directo del niño o del adolescente víctima o testigo de violencia con el presunto autor de la violencia;
II - solicitar el alejamiento cautelar del investigado de la residencia o lugar de convivencia, tratándose de persona que tenga contacto con el niño o el adolescente;
III - requerir la prisión preventiva del investigado, cuando existan indicios suficientes de amenaza al niño o adolescente víctima o testigo de violencia;
IV - solicitar a los órganos socioasistenciales la inclusión de la víctima y de su familia en las atenciones a las que tienen derecho;
V - requerir la inclusión del niño o del adolescente en un programa de protección a víctimas o testigos amenazados; y
VI - representar ante el Ministerio Público para que proponga acción cautelar de anticipación de prueba, resguardados los presupuestos legales y las garantías previstas en el art. 5º de esta Ley, siempre que la demora pueda causar perjuicio al desarrollo del niño o del adolescente.
Art. 22. Los órganos policiales involucrados realizarán esfuerzos investigativos para que el testimonio especial no sea el único medio de prueba para el juzgamiento del acusado.

CAPÍTULO V — DE LA JUSTICIA

Art. 23. Los órganos responsables de la organización judicial podrán crear juzgados especializados en delitos contra el niño y el adolescente.
Párrafo único. Hasta la implementación de lo dispuesto en el caput de este artículo, el juzgamiento y la ejecución de las causas derivadas de las prácticas de violencia quedarán, preferentemente, a cargo de los juzgados especializados en violencia doméstica y temas afines.

TÍTULO V — DE LOS DELITOS

Art. 24. Violar el sigilo procesal, permitiendo que el testimonio de un niño o adolescente sea presenciado por persona ajena al proceso, sin autorización judicial y sin el consentimiento del declarante o de su representante legal.
Pena - reclusión, de 1 (un) a 4 (cuatro) años, y multa.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 25. El art. 208 de la Ley 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente), pasa a regir con la adición del siguiente inciso XI:
“Art. 208............................................................
...................................................................................
XI - de políticas y programas integrados de atención al niño y al adolescente víctima o testigo de violencia.
.........................................................................” (NR)
Art. 26. Corresponde al poder público, en el plazo máximo de 60 (sesenta) días contado desde la entrada en vigor de esta Ley, emitir los actos normativos necesarios para su efectividad.
Art. 27. Corresponde a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, en el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días contado desde la entrada en vigor de esta Ley, establecer normas sobre el sistema de garantía de derechos del niño y del adolescente víctima o testigo de violencia, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 28. Se revoca el art. 248 de la Ley 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente).
Art. 29. Esta Ley entra en vigor una vez transcurrido 1 (un) año desde su publicación oficial.
Brasilia, 4 de abril de 2017; 196º de la Independencia y 129º de la República.
MICHEL TEMER Osmar Serraglio
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 5.4.2017
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