Ley de Drogas (Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas)

Lei de Drogas Lei nº 11.343, de 2006 Penal
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Institúyese el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; se prescriben medidas para la prevención del uso indebido, la atención y la reinserción social de usuarios y dependientes de drogas; se establecen normas para la represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas; se definen delitos y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Esta Ley instituye el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescribe medidas para la prevención del uso indebido, la atención y la reinserción social de usuarios y dependientes de drogas; establece normas para la represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas y define delitos.
Párrafo único. Para los fines de esta Ley, se consideran drogas las sustancias o los productos capaces de causar dependencia, así especificados en la ley o relacionados en listas actualizadas periódicamente por el Poder Ejecutivo de la Unión.
Art. 2º Quedan prohibidas, en todo el territorio nacional, las drogas, así como el plantío, el cultivo, la cosecha y la explotación de vegetales y sustratos de los cuales puedan ser extraídas o producidas drogas, salvo la hipótesis de autorización legal o reglamentaria, así como lo que establece la Convención de Viena, de las Naciones Unidas, sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, respecto de plantas de uso estrictamente ritual-religioso.
Párrafo único. La Unión puede autorizar el plantío, el cultivo y la cosecha de los vegetales referidos en el caput de este artículo, exclusivamente con fines medicinales o científicos, en lugar y plazo predeterminados, mediante fiscalización, respetadas las salvedades mencionadas anteriormente.
Art. 3º El Sisnad tiene la finalidad de articular, integrar, organizar y coordinar las actividades relacionadas con:
I - la prevención del uso indebido, la atención y la reinserción social de usuarios y dependientes de drogas;
II - la represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas.
§ 1º Se entiende por Sisnad el conjunto ordenado de principios, reglas, criterios y recursos materiales y humanos que involucran las políticas, planes, programas, acciones y proyectos sobre drogas, incluyéndose en él, por adhesión, los Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º El Sisnad actuará en articulación con el Sistema Único de Salud - SUS, y con el Sistema Único de Asistencia Social - SUAS. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 4º Son principios del Sisnad:
I - el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente en cuanto a su autonomía y a su libertad;
II - el respeto a la diversidad y a las especificidades poblacionales existentes;
III - la promoción de los valores éticos, culturales y de ciudadanía del pueblo brasileño, reconociéndolos como factores de protección frente al uso indebido de drogas y otros comportamientos correlacionados;
IV - la promoción de consensos nacionales, de amplia participación social, para el establecimiento de los fundamentos y estrategias del Sisnad;
V - la promoción de la responsabilidad compartida entre Estado y Sociedad, reconociendo la importancia de la participación social en las actividades del Sisnad;
VI - el reconocimiento de la intersectorialidad de los factores correlacionados con el uso indebido de drogas, con su producción no autorizada y su tráfico ilícito;
VII - la integración de las estrategias nacionales e internacionales de prevención del uso indebido, atención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas y de represión de su producción no autorizada y de su tráfico ilícito;
VIII - la articulación con los órganos del Ministerio Público y de los Poderes Legislativo y Judicial con miras a la cooperación mutua en las actividades del Sisnad;
IX - la adopción de un enfoque multidisciplinario que reconozca la interdependencia y la naturaleza complementaria de las actividades de prevención del uso indebido, atención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas, represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas;
X - la observancia del equilibrio entre las actividades de prevención del uso indebido, atención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas y de represión de su producción no autorizada y de su tráfico ilícito, con miras a garantizar la estabilidad y el bienestar social;
XI - la observancia de las orientaciones y normas emanadas del Consejo Nacional Antidrogas - Conad.
Art. 5º El Sisnad tiene los siguientes objetivos:
I - contribuir a la inclusión social del ciudadano, con miras a hacerlo menos vulnerable a asumir comportamientos de riesgo para el uso indebido de drogas, su tráfico ilícito y otros comportamientos correlacionados;
II - promover la construcción y la socialización del conocimiento sobre drogas en el país;
III - promover la integración entre las políticas de prevención del uso indebido, atención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas y de represión de su producción no autorizada y de su tráfico ilícito y las políticas públicas sectoriales de los órganos del Poder Ejecutivo de la Unión, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios;
IV - asegurar las condiciones para la coordinación, la integración y la articulación de las actividades de que trata el art. 3º de esta Ley.

CAPÍTULO II — (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)

DEL SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Sección I — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De la Composición del Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
Art. 6º (VETADO)
Art. 7º La organización del Sisnad asegura la orientación central y la ejecución descentralizada de las actividades realizadas en su ámbito, en las esferas federal, distrital, estadual y municipal, y constituye materia definida en el reglamento de esta Ley.
Art. 7º-A. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 8º (VETADO)

Sección II — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De las Competencias
Art. 8º-A. Compete a la Unión: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - formular y coordinar la ejecución de la Política Nacional sobre Drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - elaborar el Plan Nacional de Políticas sobre Drogas, en asociación con los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y la sociedad; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - coordinar el Sisnad; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - establecer directrices sobre la organización y el funcionamiento del Sisnad y sus normas de referencia; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
V - elaborar objetivos, acciones estratégicas, metas, prioridades, indicadores y definir formas de financiamiento y gestión de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VI – (VETADO); (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VII – (VETADO); (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VIII - promover la integración de las políticas sobre drogas con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IX - financiar, con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, la ejecución de las políticas sobre drogas, observadas las obligaciones de los integrantes del Sisnad; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
X - establecer formas de colaboración con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios para la ejecución de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
XI - garantizar la publicidad de datos e informaciones sobre transferencias de recursos para el financiamiento de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
XII - sistematizar y divulgar los datos estadísticos nacionales de prevención, tratamiento, acogida, reinserción social y económica y represión del tráfico ilícito de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
XIII - adoptar medidas de enfrentamiento de los delitos transfronterizos; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
XIV - establecer una política nacional de control de fronteras, con miras a impedir el ingreso de drogas en el País. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 8º-B. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 8º-C. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

CAPÍTULO II-A

(Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
DE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Sección I — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Del Plan Nacional de Políticas sobre Drogas
Art. 8º-D. Son objetivos del Plan Nacional de Políticas sobre Drogas, entre otros: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - promover la interdisciplinariedad y la integración de los programas, acciones, actividades y proyectos de los órganos y entidades públicas y privadas en las áreas de salud, educación, trabajo, asistencia social, previsión social, vivienda, cultura, deporte y ocio, con miras a la prevención del uso de drogas, la atención y la reinserción social de los usuarios o dependientes de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - viabilizar la amplia participación social en la formulación, implementación y evaluación de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - priorizar programas, acciones, actividades y proyectos articulados con los establecimientos de enseñanza, con la sociedad y con la familia para la prevención del uso de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - ampliar las alternativas de inserción social y económica del usuario o dependiente de drogas, promoviendo programas que prioricen la mejora de su escolarización y la calificación profesional; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
V - promover el acceso del usuario o dependiente de drogas a todos los servicios públicos; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VI - establecer directrices para garantizar la efectividad de los programas, acciones y proyectos de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VII - fomentar la creación de un servicio de atención telefónica con orientaciones e informaciones de apoyo a los usuarios o dependientes de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VIII - articular programas, acciones y proyectos de incentivo al empleo, la renta y la capacitación para el trabajo, con el objetivo de promover la inserción profesional de la persona que haya cumplido el plan individual de atención en las fases de tratamiento o acogida; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IX - promover formas colectivas de organización para el trabajo, redes de economía solidaria y el cooperativismo, como forma de promover la autonomía del usuario o dependiente de drogas egresado de tratamiento o acogida, observándose las especificidades regionales; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
X - proponer la formulación de políticas públicas que conduzcan a la efectivización de las directrices y principios previstos en el art. 22; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
XI - articular las instancias de salud, asistencia social y de justicia en el enfrentamiento del abuso de drogas; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
XII - promover estudios y evaluación de los resultados de las políticas sobre drogas. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º El plan de que trata el caput tendrá una duración de 5 (cinco) años a contar de su aprobación.
§ 2º El poder público deberá dar la más amplia divulgación al contenido del Plan Nacional de Políticas sobre Drogas.

Sección II — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De los Consejos de Políticas sobre Drogas
Art. 8º-E. Los consejos de políticas sobre drogas, constituidos por los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, tendrán los siguientes objetivos: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - auxiliar en la elaboración de políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - colaborar con los órganos gubernamentales en la planificación y en la ejecución de las políticas sobre drogas, con miras a la efectividad de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - proponer la celebración de instrumentos de cooperación, con miras a la elaboración de programas, acciones, actividades y proyectos orientados a la prevención, el tratamiento, la acogida, la reinserción social y económica y la represión del tráfico ilícito de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - promover la realización de estudios, con el objetivo de subsidiar la planificación de las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
V - proponer políticas públicas que permitan la integración y la participación del usuario o dependiente de drogas en el proceso social, económico, político y cultural en el respectivo ente federado; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VI - desarrollar otras actividades relacionadas con las políticas sobre drogas en consonancia con el Sisnad y con los respectivos planes. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Sección III — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De los Miembros de los Consejos de Políticas sobre Drogas
Art. 8º-F. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 9º (VETADO)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. (VETADO)
Art. 14. (VETADO)

CAPÍTULO IV — (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)

DEL SEGUIMIENTO Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Art. 15. (VETADO)
Art. 16. Las instituciones con actuación en las áreas de atención a la salud y de asistencia social que atiendan a usuarios o dependientes de drogas deben comunicar al órgano competente del respectivo sistema municipal de salud los casos atendidos y las defunciones ocurridas, preservando la identidad de las personas, conforme a las orientaciones emanadas de la Unión.
Art. 17. Los datos estadísticos nacionales de represión del tráfico ilícito de drogas integrarán el sistema de informaciones del Poder Ejecutivo.

Sección I — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De las Directrices
Art. 18. Constituyen actividades de prevención del uso indebido de drogas, para los efectos de esta Ley, aquellas dirigidas a la reducción de los factores de vulnerabilidad y riesgo y a la promoción y el fortalecimiento de los factores de protección.
Art. 19. Las actividades de prevención del uso indebido de drogas deben observar los siguientes principios y directrices:
I - el reconocimiento del uso indebido de drogas como factor de interferencia en la calidad de vida del individuo y en su relación con la comunidad a la que pertenece;
II - la adopción de conceptos objetivos y de fundamentación científica como forma de orientar las acciones de los servicios públicos comunitarios y privados y de evitar prejuicios y la estigmatización de las personas y de los servicios que las atiendan;
III - el fortalecimiento de la autonomía y de la responsabilidad individual en relación con el uso indebido de drogas;
IV - el compartimiento de responsabilidades y la colaboración mutua con las instituciones del sector privado y con los diversos segmentos sociales, incluyendo a usuarios y dependientes de drogas y a sus respectivos familiares, por medio del establecimiento de alianzas;
V - la adopción de estrategias preventivas diferenciadas y adecuadas a las especificidades socioculturales de las diversas poblaciones, así como de las diferentes drogas utilizadas;
VI - el reconocimiento del “no uso”, del “retraso del uso” y de la reducción de riesgos como resultados deseables de las actividades de naturaleza preventiva, al definir los objetivos que deban alcanzarse;
VII - el tratamiento especial dirigido a los sectores más vulnerables de la población, teniendo en consideración sus necesidades específicas;
VIII - la articulación entre los servicios y organizaciones que actúan en actividades de prevención del uso indebido de drogas y la red de atención a usuarios y dependientes de drogas y a sus respectivos familiares;
IX - la inversión en alternativas deportivas, culturales, artísticas, profesionales, entre otras, como forma de inclusión social y de mejora de la calidad de vida;
X - el establecimiento de políticas de formación continua en el área de la prevención del uso indebido de drogas para profesionales de la educación en los 3 (tres) niveles de enseñanza;
XI - la implantación de proyectos pedagógicos de prevención del uso indebido de drogas, en las instituciones de enseñanza pública y privada, alineados con las Directrices Curriculares Nacionales y con los conocimientos relacionados con las drogas;
XII - la observancia de las orientaciones y normas emanadas del Conad;
XIII - la alineación con las directrices de los órganos de control social de políticas sectoriales específicas.
Párrafo único. Las actividades de prevención del uso indebido de drogas dirigidas al niño y al adolescente deberán estar en consonancia con las directrices emanadas del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente - Conanda.

Sección II — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De la Semana Nacional de Políticas sobre Drogas
Art. 19-A. Queda instituida la Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, conmemorada anualmente, en la cuarta semana de junio. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º En el período a que se refiere el caput, se intensificarán las acciones de: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - difusión de informaciones sobre los problemas derivados del uso de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - promoción de eventos para el debate público sobre las políticas sobre drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - difusión de buenas prácticas de prevención, tratamiento, acogida y reinserción social y económica de usuarios de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - divulgación de iniciativas, acciones y campañas de prevención del uso indebido de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
V - movilización de la comunidad para la participación en las acciones de prevención y enfrentamiento de las drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VI - movilización de los sistemas de enseñanza previstos en la Ley nº 9.394, de 20 de diciembre de 1996 - Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, en la realización de actividades de prevención del uso de drogas. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

CAPÍTULO II — (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)

DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, ACOGIDA Y DE REINSERCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE USUARIOS O DEPENDIENTES DE DROGAS

Sección I — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Disposiciones Generales

Art. 20. Constituyen actividades de atención al usuario y dependiente de drogas y a sus respectivos familiares, para los efectos de esta Ley, aquellas que tengan por objeto la mejora de la calidad de vida y la reducción de los riesgos y de los daños asociados al uso de drogas.
Art. 21. Constituyen actividades de reinserción social del usuario o del dependiente de drogas y de sus respectivos familiares, para los efectos de esta Ley, aquellas dirigidas a su integración o reintegración en redes sociales.
Art. 22. Las actividades de atención y las de reinserción social del usuario y del dependiente de drogas y de sus respectivos familiares deben observar los siguientes principios y directrices:
I - respeto al usuario y al dependiente de drogas, independientemente de cualesquiera condiciones, con observancia de los derechos fundamentales de la persona humana, de los principios y directrices del Sistema Único de Salud y de la Política Nacional de Asistencia Social;
II - la adopción de estrategias diferenciadas de atención y reinserción social del usuario y del dependiente de drogas y de sus respectivos familiares que consideren sus peculiaridades socioculturales;
III - definición de un proyecto terapéutico individualizado, orientado a la inclusión social y a la reducción de riesgos y de daños sociales y a la salud;
IV - atención al usuario o dependiente de drogas y a los respectivos familiares, siempre que sea posible, de forma multidisciplinaria y por equipos multiprofesionales;
V - observancia de las orientaciones y normas emanadas del Conad;
VI - la alineación con las directrices de los órganos de control social de políticas sectoriales específicas.
VII - estímulo a la capacitación técnica y profesional; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VIII - efectivización de políticas de reinserción social orientadas a la educación continua y al trabajo; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IX - observancia del plan individual de atención en la forma del art. 23-B de esta Ley; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
X - orientación adecuada al usuario o dependiente de drogas respecto de las consecuencias lesivas del uso de drogas, aunque sea ocasional. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Sección II — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De la Educación en la Reinserción Social y Económica
Art. 22-A. Las personas atendidas por órganos integrantes del Sisnad tendrán atención en los programas de educación profesional y tecnológica, educación de jóvenes y adultos y alfabetización. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Sección III — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Del Trabajo en la Reinserción Social y Económica
Art. 22-B. (VETADO).

Sección IV — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Del Tratamiento del Usuario o Dependiente de Drogas
Art. 23. Las redes de los servicios de salud de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios desarrollarán programas de atención al usuario y al dependiente de drogas, respetadas las directrices del Ministerio de Salud y los principios explicitados en el art. 22 de esta Ley, siendo obligatoria la previsión presupuestaria adecuada.
Párrafo único. Se creará una estrategia específica de asistencia multiprofesional e interdisciplinaria a las mujeres usuarias y dependientes de alcohol, en especial a las gestantes y a las puérperas, en consonancia con los principios de universalidad e integralidad y con lo dispuesto en los incisos I, II, III, IV, IX y X del caput del art. 22 de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 15.581, de 2025)
Art. 23-A. El tratamiento del usuario o dependiente de drogas deberá ser ordenado en una red de atención a la salud, con prioridad para las modalidades de tratamiento ambulatorio, incluyendo excepcionalmente formas de internación en unidades de salud y hospitales generales en los términos de las normas dispuestas por la Unión y articuladas con los servicios de asistencia social y en etapas que permitan: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - articular la atención con acciones preventivas que alcancen a toda la población; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - orientarse por protocolos técnicos predefinidos, basados en evidencias científicas, ofreciendo atención individualizada al usuario o dependiente de drogas con enfoque preventivo y, siempre que esté indicado, ambulatorio; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - preparar para la reinserción social y económica, respetando las habilidades y proyectos individuales por medio de programas que articulen educación, capacitación para el trabajo, deporte, cultura y seguimiento individualizado; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - dar seguimiento a los resultados por el SUS, el Suas y el Sisnad, de forma articulada. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º Corresponderá a la Unión disponer sobre los protocolos técnicos de tratamiento, en el ámbito nacional. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º La internación de dependientes de drogas solamente se realizará en unidades de salud u hospitales generales, dotados de equipos multidisciplinarios, y deberá ser obligatoriamente autorizada por un médico debidamente registrado en el Consejo Regional de Medicina - CRM del Estado donde se localice el establecimiento en el cual se realizará la internación. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º Se consideran 2 (dos) tipos de internación: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - internación voluntaria: aquella que se da con el consentimiento del dependiente de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - internación involuntaria: aquella que se da, sin el consentimiento del dependiente, a solicitud de un familiar o del responsable legal o, en la absoluta falta de este, de un servidor público del área de salud, de asistencia social o de los órganos públicos integrantes del Sisnad, con excepción de los servidores del área de seguridad pública, que constate la existencia de motivos que justifiquen la medida. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 4º La internación voluntaria: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - deberá ser precedida de una declaración escrita de la persona solicitante de que optó por este régimen de tratamiento; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - su término se dará por determinación del médico responsable o por solicitud escrita de la persona que desee interrumpir el tratamiento. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 5º La internación involuntaria: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - debe realizarse tras la formalización de la decisión por el médico responsable; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - será indicada después de la evaluación sobre el tipo de droga utilizada, el patrón de uso y en la hipótesis comprobada de la imposibilidad de utilización de otras alternativas terapéuticas previstas en la red de atención a la salud; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - perdurará solamente por el tiempo necesario para la desintoxicación, en el plazo máximo de 90 (noventa) días, y su término será determinado por el médico responsable; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - la familia o el representante legal podrá, en cualquier momento, requerir al médico la interrupción del tratamiento. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 6º La internación, en cualquiera de sus modalidades, solo será indicada cuando los recursos extrahospitalarios se muestren insuficientes. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 7º Todas las internaciones y altas a que se refiere esta Ley deberán ser informadas, en un plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas, al Ministerio Público, a la Defensoría Pública y a otros órganos de fiscalización, por medio de un sistema informatizado único, en la forma del reglamento de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 8º Se garantiza el secreto de las informaciones disponibles en el sistema referido en el § 7º y el acceso se permitirá solamente a las personas autorizadas a conocerlas, bajo pena de responsabilidad. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 9º Se prohíbe la realización de cualquier modalidad de internación en las comunidades terapéuticas de acogida. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 10. La planificación y la ejecución del proyecto terapéutico individual deberán observar, en lo que corresponda, lo previsto en la Ley nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispone sobre la protección y los derechos de las personas portadoras de trastornos mentales y redirecciona el modelo asistencial en salud mental. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Sección V — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

Del Plan Individual de Atención
Art. 23-B. La atención al usuario o dependiente de drogas en la red de atención a la salud dependerá de: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - evaluación previa por un equipo técnico multidisciplinario y multisectorial; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - elaboración de un Plan Individual de Atención - PIA. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º La evaluación previa del equipo técnico servirá de base para la elaboración y ejecución del proyecto terapéutico individual que se adopte, y relevará como mínimo: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - el tipo de droga y el patrón de su uso; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - el riesgo para la salud física y mental del usuario o dependiente de drogas o de las personas con las que convive. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º El PIA deberá contemplar la participación de los familiares o responsables, quienes tienen el deber de contribuir al proceso, y que, en el caso de niños y adolescentes, son susceptibles de responsabilidad civil, administrativa y penal, en los términos de la Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 - Estatuto del Niño y del Adolescente. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 4º El PIA será elaborado inicialmente bajo la responsabilidad del equipo técnico del primer proyecto terapéutico que atienda al usuario o dependiente de drogas y será actualizado a lo largo de las diversas fases de la atención. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 5º Constarán en el plan individual, como mínimo: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - los resultados de la evaluación multidisciplinaria; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - los objetivos declarados por la persona atendida; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - la previsión de sus actividades de integración social o capacitación profesional; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - actividades de integración y apoyo a la familia; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
V - formas de participación de la familia para el efectivo cumplimiento del plan individual; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VI - designación del proyecto terapéutico más adecuado para el cumplimiento de lo previsto en el plan; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VII - las medidas específicas de atención a la salud de la persona atendida. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 6º El PIA será elaborado en el plazo de hasta 30 (treinta) días contados desde la fecha de ingreso en la atención. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 7º Las informaciones producidas en la evaluación y las registradas en el plan individual de atención se consideran reservadas. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 24. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán conceder beneficios a las instituciones privadas que desarrollen programas de reinserción en el mercado de trabajo del usuario y del dependiente de drogas derivados por un órgano oficial.
Art. 25. Las instituciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, con actuación en las áreas de la atención a la salud y de la asistencia social, que atiendan a usuarios o dependientes de drogas podrán recibir recursos del Funad, condicionados a su disponibilidad presupuestaria y financiera.
Art. 26. El usuario y el dependiente de drogas que, en razón de la comisión de una infracción penal, estén cumpliendo pena privativa de libertad o sometidos a medida de seguridad, tienen garantizados los servicios de atención a su salud, definidos por el respectivo sistema penitenciario.

Sección VI — (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)

De la Acogida en Comunidad Terapéutica de Acogida
Art. 26-A. La acogida del usuario o dependiente de drogas en la comunidad terapéutica de acogida se caracteriza por: (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - oferta de proyectos terapéuticos al usuario o dependiente de drogas que tengan por objeto la abstinencia; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - adhesión y permanencia voluntarias, formalizadas por escrito, entendidas como una etapa transitoria para la reinserción social y económica del usuario o dependiente de drogas; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
III - ambiente residencial, propicio para la formación de vínculos, con la convivencia entre pares, actividades prácticas de valor educativo y la promoción del desarrollo personal, orientado a la acogida del usuario o dependiente de drogas en situación de vulnerabilidad social; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
IV - evaluación médica previa; (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
V - elaboración de un plan individual de atención en la forma del art. 23-B de esta Ley; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
VI - prohibición de aislamiento físico del usuario o dependiente de drogas. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º No son elegibles para la acogida las personas con afectaciones biológicas y psicológicas de naturaleza grave que requieran atención médico-hospitalaria continua o de emergencia, en cuyo caso deberán ser derivadas a la red de salud. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 4º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 5º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 27. Las penas previstas en este Capítulo podrán ser aplicadas de forma aislada o acumulativa, así como sustituidas en cualquier momento, previa audiencia del Ministerio Público y del defensor. (Véase RE 635659)
Art. 28. Quien adquiera, guarde, tenga en depósito, transporte o lleve consigo, para consumo personal, drogas sin autorización o en contra de lo dispuesto en la ley o en el reglamento será sometido a las siguientes penas:
I - advertencia sobre los efectos de las drogas;
II - prestación de servicios a la comunidad;
III - medida educativa de asistencia a un programa o curso educativo.
§ 1º A las mismas medidas se somete quien, para su consumo personal, siembre, cultive o coseche plantas destinadas a la preparación de una pequeña cantidad de sustancia o producto capaz de causar dependencia física o psíquica.
§ 2º Para determinar si la droga estaba destinada al consumo personal, el juez atenderá a la naturaleza y a la cantidad de la sustancia incautada, al lugar y a las condiciones en que se desarrolló la acción, a las circunstancias sociales y personales, así como a la conducta y a los antecedentes del agente.
§ 3º Las penas previstas en los incisos II y III del caput de este artículo se aplicarán por el plazo máximo de 5 (cinco) meses.
§ 4º En caso de reincidencia, las penas previstas en los incisos II y III del caput de este artículo se aplicarán por el plazo máximo de 10 (diez) meses.
§ 5º La prestación de servicios a la comunidad se cumplirá en programas comunitarios, entidades educativas o asistenciales, hospitales, establecimientos similares, públicos o privados sin fines de lucro, que se ocupen, preferentemente, de la prevención del consumo o de la recuperación de usuarios y dependientes de drogas.
§ 6º Para garantizar el cumplimiento de las medidas educativas a que se refiere el caput, en los incisos I, II y III, a las que el agente se niegue injustificadamente, el juez podrá someterlo, sucesivamente, a:
I - amonestación verbal;
II - multa.
§ 7º El juez determinará al Poder Público que ponga a disposición del infractor, gratuitamente, un establecimiento de salud, preferentemente ambulatorio, para tratamiento especializado.
Art. 29. Al imponer la medida educativa a que se refiere el inciso II del § 6º del art. 28, el juez, atendiendo a la reprochabilidad de la conducta, fijará el número de días-multa, en una cantidad nunca inferior a 40 (cuarenta) ni superior a 100 (cien), atribuyendo después a cada uno, según la capacidad económica del agente, el valor de un treintavo hasta 3 (tres) veces el valor del mayor salario mínimo.
Párrafo único. Los valores provenientes de la imposición de la multa a que se refiere el § 6º del art. 28 serán acreditados en la cuenta del Fondo Nacional Antidrogas.
Art. 30. Prescriben en 2 (dos) años la imposición y la ejecución de las penas, observándose, en cuanto a la interrupción del plazo, lo dispuesto en los arts. 107 y siguientes del Código Penal.
Art. 31. Es indispensable la licencia previa de la autoridad competente para producir, extraer, fabricar, transformar, preparar, poseer, mantener en depósito, importar, exportar, reexportar, remitir, transportar, exhibir, ofrecer, vender, comprar, permutar, ceder o adquirir, para cualquier fin, drogas o materia prima destinada a su preparación, observadas las demás exigencias legales.
Art. 32. Las plantaciones ilícitas serán destruidas de inmediato por las autoridades de policía judicial, que recogerán una cantidad suficiente para el examen pericial, levantando acta de todo ello con las condiciones encontradas, con la delimitación del lugar, asegurándose las medidas necesarias para la preservación de la prueba.
§ 1º La destrucción de drogas se hará por incineración, en el plazo máximo de 30 (treinta) días, guardándose las muestras necesarias para la preservación de la prueba.
§ 2º La incineración prevista en el § 1º de este artículo estará precedida de autorización judicial, previa audiencia del Ministerio Público, y será ejecutada por la autoridad de policía judicial competente, en presencia de un representante del Ministerio Público y de la autoridad sanitaria competente, mediante acta circunstanciada y después de la pericia realizada en el lugar de la incineración.
Art. 32. Las plantaciones ilícitas serán destruidas de inmediato por el delegado de policía en la forma del art. 50-A, quien recogerá una cantidad suficiente para el examen pericial, levantando acta de todo ello con las condiciones encontradas, con la delimitación del lugar, asegurándose las medidas necesarias para la preservación de la prueba. (Redacción dada por la Ley nº 12.961, de 2014)
§ 1º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 12.961, de 2014)
§ 2º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 12.961, de 2014)
§ 3º En caso de que se utilice la quema para destruir la plantación, se observará, además de las cautelas necesarias para la protección del medio ambiente, lo dispuesto en el Decreto nº 2.661, de 8 de julio de 1998, en lo que corresponda, quedando dispensada la autorización previa del órgano competente del Sistema Nacional del Medio Ambiente - Sisnama.
§ 4º Las parcelas cultivadas con plantaciones ilícitas serán expropiadas, conforme a lo dispuesto en el art. 243 de la Constitución Federal, de acuerdo con la legislación vigente.
Art. 33. Importar, exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, exponer a la venta, ofrecer, tener en depósito, transportar, llevar consigo, guardar, prescribir, suministrar, entregar para el consumo o proveer drogas, aunque sea gratuitamente, sin autorización o en contra de lo dispuesto en la ley o en el reglamento:
Pena - reclusión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) días-multa.
§ 1º Incurre en las mismas penas quien:
I - importa, exporta, remite, produce, fabrica, adquiere, vende, expone para la venta, ofrece, suministra, tiene en depósito, transporta, lleva consigo o guarda, aunque sea gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, materia prima, insumo o producto químico destinado a la preparación de drogas;
II - siembra, cultiva o realiza la cosecha, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, de plantas que constituyan materia prima para la preparación de drogas;
III - utiliza local o bien de cualquier naturaleza del cual tiene la propiedad, posesión, administración, guarda o vigilancia, o consiente que otra persona lo utilice, aunque sea gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, para el tráfico ilícito de drogas.
IV - vende o entrega drogas o materia prima, insumo o producto químico destinado a la preparación de drogas, sin autorización o en desacuerdo con la determinación legal o reglamentaria, a agente policial encubierto, cuando estén presentes elementos probatorios razonables de conducta criminal preexistente. (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
§ 2º Inducir, instigar o auxiliar a alguien al uso indebido de droga: (Véase ADI nº 4.274)
Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) años, y multa de 100 (cien) a 300 (trescientos) días-multa.
§ 3º Ofrecer droga, eventualmente y sin objetivo de lucro, a persona de su relación, para que la consuman juntos:
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 1 (un) año, y pago de 700 (setecientos) a 1.500 (mil quinientos) días-multa, sin perjuicio de las penas previstas en el art. 28.
§ 4º En los delitos definidos en el caput y en el § 1º de este artículo, las penas podrán ser reducidas de un sexto a dos tercios, quedando prohibida la conversión en penas restrictivas de derechos, siempre que el agente sea primario, de buenos antecedentes, no se dedique a actividades criminales ni integre organización criminal. (Véase Resolución nº 5, de 2012)
Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, ofrecer, vender, distribuir, entregar a cualquier título, poseer, guardar o suministrar, aunque sea gratuitamente, maquinaria, aparato, instrumento o cualquier objeto destinado a la fabricación, preparación, producción o transformación de drogas, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria:
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 10 (diez) años, y pago de 1.200 (mil doscientos) a 2.000 (dos mil) días-multa.
Art. 35. Asociarse dos o más personas con el fin de practicar, reiteradamente o no, cualquiera de los delitos previstos en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 de esta Ley:
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 10 (diez) años, y pago de 700 (setecientos) a 1.200 (mil doscientos) días-multa.
Párrafo único. Incurre en las mismas penas del caput de este artículo quien se asocia para la práctica reiterada del delito definido en el art. 36 de esta Ley.
Art. 36. Financiar o costear la práctica de cualquiera de los delitos previstos en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 de esta Ley:
Pena - reclusión, de 8 (ocho) a 20 (veinte) años, y pago de 1.500 (mil quinientos) a 4.000 (cuatro mil) días-multa.
Art. 37. Colaborar, como informante, con grupo, organización o asociación destinados a la práctica de cualquiera de los delitos previstos en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 de esta Ley:
Pena - reclusión, de 2 (dos) a 6 (seis) años, y pago de 300 (trescientos) a 700 (setecientos) días-multa.
Art. 38. Prescribir o administrar, culposamente, drogas, sin que el paciente las necesite, o hacerlo en dosis excesivas o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria:
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, y pago de 50 (cincuenta) a 200 (doscientos) días-multa.
Párrafo único. El juez comunicará la condena al Consejo Federal de la categoría profesional a la que pertenezca el agente.
Art. 39. Conducir embarcación o aeronave después del consumo de drogas, exponiendo a daño potencial la incolumidad de otras personas:
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 3 (tres) años, además de la incautación del vehículo, la cancelación de la habilitación respectiva o la prohibición de obtenerla, por el mismo plazo de la pena privativa de libertad aplicada, y pago de 200 (doscientos) a 400 (cuatrocientos) días-multa.
Párrafo único. Las penas de prisión y multa, aplicadas acumulativamente con las demás, serán de 4 (cuatro) a 6 (seis) años y de 400 (cuatrocientos) a 600 (seiscientos) días-multa, si el vehículo referido en el caput de este artículo fuera de transporte colectivo de pasajeros.
Art. 40. Las penas previstas en los arts. 33 a 37 de esta Ley se aumentan de un sexto a dos tercios, si:
I - la naturaleza, la procedencia de la sustancia o del producto incautado y las circunstancias del hecho evidenciaren la transnacionalidad del delito;
II - el agente practicare el delito prevaliéndose de función pública o en el desempeño de misión de educación, poder familiar, guarda o vigilancia;
III - la infracción hubiere sido cometida en las dependencias o inmediaciones de establecimientos penitenciarios, de enseñanza u hospitalarios, de sedes de entidades estudiantiles, sociales, culturales, recreativas, deportivas o benéficas, de lugares de trabajo colectivo, de recintos donde se realicen espectáculos o diversiones de cualquier naturaleza, de servicios de tratamiento de dependientes de drogas o de reinserción social, de unidades militares o policiales o en transportes públicos;
IV - el delito hubiere sido practicado con violencia, grave amenaza, empleo de arma de fuego, o cualquier proceso de intimidación difusa o colectiva;
V - se caracterizare el tráfico entre Estados de la Federación o entre estos y el Distrito Federal;
VI - su práctica involucrare o tuviere por objeto afectar a niño o adolescente o a quien tenga, por cualquier motivo, disminuida o suprimida la capacidad de entendimiento y determinación;
VII - el agente financiare o costeare la práctica del delito.
Art. 40-A. Las penas previstas en los arts. 33 a 37 de esta Ley serán aplicadas en el doble si el delito hubiere sido practicado por integrante de organización criminal ultraviolenta, grupo paramilitar o milicia privada, en el contexto de la actuación o para la consecución de las conductas previstas en el art. 2º de la ley que instituye el marco legal del combate al crimen organizado en Brasil. (Incluido por la Ley nº 15.358, de 2026)
Párrafo único. Se aplica la pena del concurso material prevista en el art. 69 del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), si el delito hubiere sido practicado con el empleo de arma de fuego, independientemente de que su uso esté directamente vinculado al comercio ilícito de estupefacientes o de que el artefacto haya sido utilizado para asegurar el éxito de la comercialización. (Incluido por la Ley nº 15.358, de 2026)
Art. 41. El indiciado o acusado que colaborare voluntariamente con la investigación policial y el proceso penal en la identificación de los demás coautores o partícipes del delito y en la recuperación total o parcial del producto del delito, en caso de condena, tendrá la pena reducida de un tercio a dos tercios.
Art. 42. El juez, al fijar las penas, considerará, con preponderancia sobre lo previsto en el art. 59 del Código Penal, la naturaleza y la cantidad de la sustancia o del producto, la personalidad y la conducta social del agente.
Art. 43. Al fijar la multa a la que se refieren los arts. 33 a 39 de esta Ley, el juez, atendiendo a lo dispuesto en el art. 42 de esta Ley, determinará el número de días-multa, atribuyendo a cada uno, según las condiciones económicas de los acusados, un valor no inferior a un treintavo ni superior a 5 (cinco) veces el mayor salario mínimo.
Párrafo único. Las multas, que en caso de concurso de delitos serán impuestas siempre acumulativamente, pueden ser aumentadas hasta el décuplo si, en virtud de la situación económica del acusado, el juez las considerare ineficaces, aunque se apliquen en el máximo.
Art. 44. Los delitos previstos en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 a 37 de esta Ley son inexcarcelables y no admiten sursis, gracia, indulto, amnistía ni libertad provisional, quedando prohibida la conversión de sus penas en restrictivas de derechos.
Párrafo único. En los delitos previstos en el caput de este artículo, se concederá la libertad condicional tras el cumplimiento de dos tercios de la pena, quedando prohibida su concesión al reincidente específico.
Art. 45. Está exento de pena el agente que, en razón de la dependencia, o bajo el efecto, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, de droga, era, al tiempo de la acción o de la omisión, cualquiera que haya sido la infracción penal practicada, totalmente incapaz de entender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con ese entendimiento.
Párrafo único. Al absolver al agente, reconociendo, por medio de pericia, que este presentaba, en la época del hecho previsto en este artículo, las condiciones referidas en el caput de este artículo, el juez podrá determinar, en la sentencia, su derivación a tratamiento médico adecuado.
Art. 46. Las penas pueden ser reducidas de un tercio a dos tercios si, por efecto de las circunstancias previstas en el art. 45 de esta Ley, el agente no poseía, al tiempo de la acción o de la omisión, la plena capacidad de entender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con ese entendimiento.
Art. 47. En la sentencia condenatoria, el juez, con base en una evaluación que acredite la necesidad de derivar al agente a tratamiento, realizada por profesional de la salud con competencia específica en la forma de la ley, determinará que se proceda a ello, observado lo dispuesto en el art. 26 de esta Ley.
Art. 48. El procedimiento relativo a los procesos por delitos definidos en este Título se rige por lo dispuesto en este Capítulo, aplicándose, subsidiariamente, las disposiciones del Código de Proceso Penal y de la Ley de Ejecución Penal.
§ 1º El agente de cualquiera de las conductas previstas en el art. 28 de esta Ley, salvo que concurra con los delitos previstos en los arts. 33 a 37 de esta Ley, será procesado y juzgado en la forma de los arts. 60 y siguientes de la Ley nº 9.099, de 26 de septiembre de 1995, que dispone sobre los Juzgados Especiales Criminales.
§ 2º Tratándose de la conducta prevista en el art. 28 de esta Ley, no se impondrá prisión en flagrante, debiendo el autor del hecho ser inmediatamente conducido ante el juzgado competente o, en su defecto, asumir el compromiso de comparecer ante este, levantándose acta circunstanciada y disponiéndose las requisiciones de los exámenes y pericias necesarios.
§ 3º Si estuviere ausente la autoridad judicial, las providencias previstas en el § 2º de este artículo serán tomadas de inmediato por la autoridad policial, en el lugar en que se encuentre, quedando prohibida la detención del agente. (Véase ADIN 3807)
§ 4º Concluidos los procedimientos a que se refiere el § 2º de este artículo, el agente será sometido a examen de cuerpo del delito, si lo requiriere o si la autoridad de policía judicial lo entendiere conveniente, y a continuación será liberado.
§ 5º Para los fines de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley nº 9.099, de 1995, que dispone sobre los Juzgados Especiales Criminales, el Ministerio Público podrá proponer la aplicación inmediata de pena prevista en el art. 28 de esta Ley, que deberá especificarse en la propuesta.
Art. 49. Tratándose de conductas tipificadas en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 a 37 de esta Ley, el juez, siempre que las circunstancias lo recomienden, empleará los instrumentos de protección de colaboradores y testigos previstos en la Ley nº 9.807, de 13 de julio de 1999.
Art. 50. Habiendo prisión en flagrante, la autoridad de policía judicial hará, inmediatamente, comunicación al juez competente, remitiéndole copia del acta levantada, de la cual se dará vista al órgano del Ministerio Público, en 24 (veinticuatro) horas.
§ 1º A efectos de levantar el acta de prisión en flagrante y de establecer la materialidad del delito, es suficiente el informe de constatación de la naturaleza y cantidad de la droga, firmado por perito oficial o, en su defecto, por persona idónea.
§ 2º El perito que suscriba el informe a que se refiere el § 1º de este artículo no quedará impedido de participar en la elaboración del informe definitivo.
§ 3º Recibida copia del acta de prisión en flagrante, el juez, en el plazo de 10 (diez) días, certificará la regularidad formal del informe de constatación y determinará la destrucción de las drogas incautadas, guardándose muestra necesaria para la realización del informe definitivo. (Incluido por la Ley nº 12.961, de 2014)
§ 4º La destrucción de las drogas será ejecutada por el delegado de policía competente en el plazo de 15 (quince) días, en presencia del Ministerio Público y de la autoridad sanitaria. (Incluido por la Ley nº 12.961, de 2014)
§ 5º El lugar será inspeccionado antes y después de efectuada la destrucción de las drogas a que se refiere el § 3º, y el delegado de policía levantará acta circunstanciada, en la que se certificará la destrucción total de ellas. (Incluido por la Ley nº 12.961, de 2014)
Art. 50-A. La destrucción de drogas incautadas sin que haya mediado prisión en flagrancia se hará por incineración, en el plazo máximo de 30 (treinta) días contados desde la fecha de la incautación, conservándose la muestra necesaria para la realización del dictamen pericial definitivo, aplicándose, en lo que corresponda, el procedimiento de los §§ 3º a 5º del art. 50. (Incluido por la Ley nº 12.961, de 2014)
Art. 50-A. La destrucción de las drogas incautadas sin que haya mediado prisión en flagrancia se hará por incineración, en el plazo máximo de 30 (treinta) días contados desde la fecha de la incautación, conservándose la muestra necesaria para la realización del dictamen pericial definitivo. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 51. La investigación policial se concluirá en el plazo de 30 (treinta) días, si el indiciado estuviere preso, y de 90 (noventa) días, cuando estuviere en libertad.
Párrafo único. Los plazos a que se refiere este artículo pueden ser duplicados por el juez, oído el Ministerio Público, mediante solicitud fundada de la autoridad de policía judicial.
Art. 52. Vencidos los plazos a que se refiere el art. 51 de esta Ley, la autoridad de policía judicial, al remitir los autos de la investigación al juzgado:
I - relatará sumariamente las circunstancias del hecho, justificando las razones que la llevaron a la clasificación del delito, indicando la cantidad y naturaleza de la sustancia o del producto incautado, el lugar y las condiciones en que se desarrolló la acción criminal, las circunstancias de la prisión, la conducta, la calificación y los antecedentes del agente; o
II - solicitará su devolución para la realización de las diligencias necesarias.
Párrafo único. La remisión de los autos se hará sin perjuicio de diligencias complementarias:
I - necesarias o útiles para el pleno esclarecimiento del hecho, cuyo resultado deberá ser remitido al juzgado competente hasta 3 (tres) días antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento;
II - necesarias o útiles para la indicación de los bienes, derechos y valores de los que sea titular el agente, o que figuren a su nombre, cuyo resultado deberá ser remitido al juzgado competente hasta 3 (tres) días antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento.
Art. 53. En cualquier fase de la persecución penal relativa a los delitos previstos en esta Ley, se permiten, además de los previstos en ley, mediante autorización judicial y oído el Ministerio Público, los siguientes procedimientos de investigación:
I - la infiltración por agentes de policía, en tareas de investigación, constituida por los órganos especializados pertinentes;
II - la no actuación policial sobre los portadores de drogas, sus precursores químicos u otros productos utilizados en su producción, que se encuentren en el territorio brasileño, con la finalidad de identificar y hacer responsables a un mayor número de integrantes de operaciones de tráfico y distribución, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.
Párrafo único. En la hipótesis del inciso II de este artículo, la autorización será concedida siempre que sean conocidos el itinerario probable y la identificación de los agentes del delito o de los colaboradores.
Art. 54. Recibidos en el juzgado los autos de la investigación policial, de la Comisión Parlamentaria de Investigación o las piezas de información, se dará vista al Ministerio Público para que, en el plazo de 10 (diez) días, adopte una de las siguientes providencias:
I - solicitar el archivo;
II - requerir las diligencias que estime necesarias;
III - presentar denuncia, proponer hasta 5 (cinco) testigos y solicitar las demás pruebas que estime pertinentes.
Art. 55. Presentada la denuncia, el juez ordenará la notificación del acusado para que presente defensa previa, por escrito, en el plazo de 10 (diez) días.
§ 1º En la respuesta, consistente en defensa preliminar y excepciones, el acusado podrá alegar cuestiones preliminares e invocar todas las razones de defensa, presentar documentos y justificaciones, especificar las pruebas que pretende producir y, hasta el número de 5 (cinco), proponer testigos.
§ 2º Las excepciones se tramitarán por separado, en los términos de los arts. 95 a 113 del Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 - Código de Proceso Penal.
§ 3º Si la respuesta no fuere presentada en el plazo, el juez nombrará defensor para que la presente en 10 (diez) días, concediéndole vista de los autos en el acto de nombramiento.
§ 4º Presentada la defensa, el juez decidirá en 5 (cinco) días.
§ 5º Si lo estimare imprescindible, el juez, en el plazo máximo de 10 (diez) días, determinará la presentación del preso, la realización de diligencias, exámenes y peritajes.
Art. 56. Recibida la denuncia, el juez designará día y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento, ordenará la citación personal del acusado y la intimación del Ministerio Público y del asistente, si fuere el caso, y requerirá los dictámenes periciales.
§ 1º Tratándose de conductas tipificadas como infracción a lo dispuesto en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 a 37 de esta Ley, el juez, al recibir la denuncia, podrá decretar el apartamiento cautelar del denunciado de sus actividades, si fuere funcionario público, comunicándolo al órgano respectivo.
§ 2º La audiencia a que se refiere el caput de este artículo se realizará dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la recepción de la denuncia, salvo que se haya determinado la realización de una evaluación para certificar la dependencia de drogas, en cuyo caso se realizará en 90 (noventa) días.
Art. 57. En la audiencia de instrucción y juzgamiento, después del interrogatorio del acusado y del interrogatorio de los testigos, se dará la palabra, sucesivamente, al representante del Ministerio Público y al defensor del acusado, para alegato oral, por el plazo de 20 (veinte) minutos para cada uno, prorrogable por 10 (diez) más, a criterio del juez.
Párrafo único. Tras proceder al interrogatorio, el juez preguntará a las partes si quedó algún hecho por esclarecer, formulando las preguntas correspondientes si lo estimare pertinente y relevante.
Art. 58. Concluidos los debates, el juez dictará sentencia de inmediato, o lo hará en 10 (diez) días, ordenando que los autos le sean elevados para ese fin.
§ 1º Al dictar sentencia, el juez, no habiendo existido controversia, en el curso del proceso, sobre la naturaleza o cantidad de la sustancia o del producto, o sobre la regularidad del respectivo dictamen pericial, determinará que se proceda en la forma del art. 32, § 1º, de esta Ley, preservándose, para eventual contraprueba, la fracción que fije. (Revocado por la Ley nº 12.961, de 2014)
§ 2º Igual procedimiento podrá adoptar el juez, en decisión motivada y, oído el Ministerio Público, cuando la cantidad o el valor de la sustancia o del producto así lo indique, debiendo la medida ir precedida de la elaboración e incorporación a los autos del dictamen toxicológico. (Revocado por la Ley nº 12.961, de 2014)
Art. 59. En los delitos previstos en los arts. 33, caput y § 1º, y 34 a 37 de esta Ley, el reo no podrá apelar sin recluirse en prisión, salvo que sea primario y de buenos antecedentes, así reconocido en la sentencia condenatoria.
Art. 60. El juez, de oficio, a solicitud del Ministerio Público o mediante representación de la autoridad de policía judicial, oído el Ministerio Público, existiendo indicios suficientes, podrá decretar, en el curso de la investigación o de la acción penal, la incautación y otras medidas de aseguramiento relacionadas con los bienes muebles e inmuebles o valores consistentes en productos de los delitos previstos en esta Ley, o que constituyan provecho obtenido con su práctica, procediéndose en la forma de los arts. 125 a 144 del Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 - Código de Proceso Penal.
§ 1º Decretada cualquiera de las medidas previstas en este artículo, el juez facultará al acusado para que, en el plazo de 5 (cinco) días, presente o solicite la producción de pruebas acerca del origen lícito del producto, bien o valor objeto de la decisión.
§ 2º Probado el origen lícito del producto, bien o valor, el juez decidirá su liberación.
§ 3º No se admitirá a trámite ninguna solicitud de restitución sin la comparecencia personal del acusado, pudiendo el juez determinar la práctica de actos necesarios para la conservación de bienes, derechos o valores.
§ 4º La orden de incautación o secuestro de bienes, derechos o valores podrá ser suspendida por el juez, oído el Ministerio Público, cuando su ejecución inmediata pueda comprometer las investigaciones.
Art. 60. El juez, a solicitud del Ministerio Público o del asistente de la acusación, o mediante representación de la autoridad de policía judicial, podrá decretar, en el curso de la investigación o de la acción penal, la incautación y otras medidas de aseguramiento en los casos en que exista sospecha de que los bienes, derechos o valores sean producto del delito o constituyan provecho de los delitos previstos en esta Ley, procediéndose en la forma de los arts. 125 y siguientes del Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 - Código de Proceso Penal. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º En la hipótesis del art. 366 del Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 - Código de Proceso Penal, el juez podrá determinar la práctica de actos necesarios para la conservación de los bienes, derechos o valores. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 4º La orden de incautación o secuestro de bienes, derechos o valores podrá ser suspendida por el juez, oído el Ministerio Público, cuando su ejecución inmediata pudiere comprometer las investigaciones. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 5º Decretada cualquiera de las medidas previstas en el caput de este artículo, el juez facultará al acusado para que, en el plazo de 5 (cinco) días, presente pruebas, o solicite su producción, acerca del origen lícito del bien o del valor objeto de la decisión, excepto en el caso de vehículo incautado en el transporte de droga ilícita. (Incluido por la Ley nº 14.322, de 2022)
§ 6º Probado el origen lícito del bien o del valor, el juez decidirá su liberación, excepto en el caso de vehículo incautado en el transporte de droga ilícita, cuyo destino observará lo dispuesto en los arts. 61 y 62 de esta Ley, salvo el derecho de tercero de buena fe. (Incluido por la Ley nº 14.322, de 2022)
Art. 60-A. Cuando las medidas de aseguramiento de que trata el art. 60 recaigan sobre moneda extranjera, títulos, valores mobiliarios o cheques emitidos como orden de pago, se determinará, de inmediato, la conversión a moneda nacional.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 1º La moneda extranjera incautada en efectivo será remitida a una institución financiera o equiparada para su enajenación en la forma prevista por el Consejo Monetario Nacional.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 2º En caso de imposibilidad de la enajenación a que se refiere el § 1º, la moneda extranjera quedará bajo custodia de la institución financiera hasta que se decida sobre su destino.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 3º Después de la decisión sobre el destino de la moneda extranjera, si se verificare la inexistencia de valor de mercado, la moneda podrá ser donada a la representación diplomática de su país de origen o destruida.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 4º Los valores relativos a las incautaciones efectuadas antes de la fecha de entrada en vigor de la Medida Provisoria nº 885, de 17 de junio de 2019, y que se encuentren bajo custodia en las dependencias del Banco Central do Brasil, serán transferidos, en el plazo de trescientos sesenta días, a la Caixa Econômica Federal para que proceda a su enajenación o custodia, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
Art. 60-A. Si las medidas de aseguramiento de que trata el art. 60 de esta Ley recaen sobre moneda extranjera, títulos, valores mobiliarios o cheques emitidos como orden de pago, se determinará, de inmediato, su conversión a moneda nacional. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 1º La moneda extranjera incautada en efectivo debe ser remitida a una institución financiera, o equiparada, para su enajenación en la forma prevista por el Consejo Monetario Nacional. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 2º En la hipótesis de imposibilidad de la enajenación a que se refiere el § 1º de este artículo, la moneda extranjera quedará bajo custodia de la institución financiera hasta que se decida sobre su destino. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 3º Tras la decisión sobre el destino de la moneda extranjera a que se refiere el § 2º de este artículo, en caso de que se verifique la inexistencia de valor de mercado, sus especímenes podrán ser destruidos o donados a la representación diplomática del país de origen. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 4º Los valores relativos a las aprehensiones efectuadas antes de la fecha de entrada en vigor de la Medida Provisoria nº 885, de 17 de junio de 2019, y que se encuentren bajo custodia en las dependencias del Banco Central do Brasil deben ser transferidos a la Caixa Econômica Federal, en el plazo de 360 (trescientos sesenta) días, para que se proceda a su enajenación o custodia, de conformidad con lo previsto en esta Ley. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
Art. 61. Siempre que no se perjudique la producción de la prueba de los hechos y se compruebe el interés público o social, salvo lo dispuesto en el art. 62 de esta Ley, mediante autorización del juzgado competente, oído el Ministerio Público y puesta en conocimiento la Senad, los bienes aprehendidos podrán ser utilizados por los órganos o las entidades que actúan en la prevención del uso indebido, en la atención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas y en la represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas, exclusivamente en interés de esas actividades.
Parágrafo único. Cuando la autorización recaiga sobre vehículos, embarcaciones o aeronaves, el juez ordenará a la autoridad de tránsito o al órgano equivalente de registro y control la expedición de un certificado provisional de registro y habilitación, a favor de la institución a la cual haya concedido el uso, quedando esta libre del pago de multas, cargos y tributos anteriores, hasta el tránsito en autoridad de cosa juzgada de la decisión que decrete su decomiso a favor de la Unión.
Art. 61. La aprehensión de vehículos, embarcaciones, aeronaves y cualesquiera otros medios de transporte y de las maquinarias, utensilios, instrumentos y objetos de cualquier naturaleza utilizados para la práctica de los delitos definidos en esta Ley será comunicada inmediatamente por la autoridad de policía judicial responsable de la investigación al juzgado competente. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 61. La aprehensión de vehículos, embarcaciones, aeronaves y cualesquiera otros medios de transporte y de las maquinarias, utensilios, instrumentos y objetos de cualquier naturaleza utilizados para la práctica, habitual o no, de los delitos definidos en esta Ley será comunicada inmediatamente por la autoridad de policía judicial responsable de la investigación al juzgado competente. (Redacción dada por la Ley nº 14.322, de 2022)
§ 1º El juez, en el plazo de 30 (treinta) días contado desde la comunicación a que se refiere el caput, determinará la enajenación de los bienes aprehendidos, exceptuadas las armas, que serán recogidas conforme a la legislación específica. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º La enajenación se realizará en autos separados, en los cuales constará la exposición sucinta del nexo de instrumentalidad entre el delito y los bienes aprehendidos, la descripción y especificación de los objetos, la información sobre quienes los tengan bajo custodia y el lugar en que se encuentren. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º El juez determinará la tasación de los bienes aprehendidos, que será realizada por oficial de justicia, en el plazo de 5 (cinco) días contado desde la formación de los autos, o, en caso de que se requieran conocimientos especializados, por tasador designado por el juez, en un plazo no superior a 10 (diez) días. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 4º Realizada la tasación, el juez notificará al órgano gestor del Funad, al Ministerio Público y al interesado para que se manifiesten en el plazo de 5 (cinco) días y, dirimidas las eventuales divergencias, homologará el valor atribuido a los bienes. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 5º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 6º Los valores recaudados, descontados los gastos de la subasta, serán depositados en cuenta judicial remunerada y, tras sentencia condenatoria firme, serán destinados al Funad. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)(Derogado por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 7º En el caso de la enajenación de vehículos, embarcaciones o aeronaves, el juez ordenará a la autoridad o al órgano de registro y control la expedición de certificado de registro y habilitación a favor del rematante, quedando este libre del pago de multas, cargos y tributos anteriores, sin perjuicio del cobro de deudas fiscales, las cuales permanecen bajo responsabilidad del antiguo propietario. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)(Derogado por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 8º En los casos en que la aprehensión haya recaído sobre dinero, incluida la moneda extranjera, o cheques emitidos como orden de pago para fines ilícitos, el juez determinará su conversión en moneda nacional corriente, que será depositada en cuenta judicial remunerada y, tras sentencia condenatoria con tránsito en autoridad de cosa juzgada, será destinada al Funad. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)(Derogado por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 6º. (Derogado) (Redacción dada por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 7º. (Derogado) (Redacción dada por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 8º. (Derogado) (Redacción dada por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 9º El Ministerio Público debe fiscalizar el cumplimiento de la regla establecida en el § 1º de este artículo. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 10. La regla establecida en el § 1º de este artículo se aplica a todos los tipos de bienes confiscados. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 11. Los bienes muebles e inmuebles deben ser vendidos mediante subasta pública, preferentemente por medio electrónico, asegurándose la venta al mejor postor, por un precio no inferior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la tasación judicial. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 12. El juez ordenará a las secretarías de hacienda y a los órganos de registro y control que efectúen las anotaciones necesarias, tan pronto tenga conocimiento de la aprehensión. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 13. En la enajenación de vehículos, embarcaciones o aeronaves, la autoridad de tránsito o el órgano afín competente para el registro, así como las secretarías de hacienda, deben proceder a la regularización de los bienes en el plazo de 30 (treinta) días, quedando el rematante exento del pago de multas, cargos y tributos anteriores, sin perjuicio de la ejecución fiscal en relación con el antiguo propietario. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 14. Las eventuales multas, cargos o tributos pendientes de pago no pueden ser cobrados al rematante ni al órgano público enajenante como condición para la regularización de los bienes. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 15. En la hipótesis a que se refiere el § 13 de este artículo, la autoridad de tránsito o el órgano afín competente para el registro podrá emitir nuevos identificadores de los bienes. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
Art. 62. Los vehículos, embarcaciones, aeronaves y cualesquiera otros medios de transporte, las maquinarias, utensilios, instrumentos y objetos de cualquier naturaleza, utilizados para la práctica de los delitos definidos en esta Ley, tras su regular aprehensión, quedarán bajo custodia de la autoridad de policía judicial, exceptuadas las armas, que serán recogidas conforme a la legislación específica.
Art. 62. Comprobado el interés público en la utilización de cualquiera de los bienes a que se refiere el art. 61, los órganos de policía judicial, militar y de carreteras podrán hacer uso de ellos, bajo su responsabilidad y con el objetivo de su conservación, mediante autorización judicial, oído el Ministerio Público y garantizada la previa tasación de los respectivos bienes. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º Comprobado el interés público en la utilización de cualquiera de los bienes mencionados en este artículo, la autoridad de policía judicial podrá hacer uso de ellos, bajo su responsabilidad y con el objetivo de su conservación, mediante autorización judicial, oído el Ministerio Público.(Derogado por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 1º. (Derogado) (Redacción dada por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 1º-A. El juzgado debe poner en conocimiento del órgano gestor del Funad para que, en 10 (diez) días, evalúe la existencia del interés público mencionado en el caput de este artículo e indique el órgano que debe recibir el bien. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 1º-B. Tienen prioridad, para los fines del § 1º-A de este artículo, los órganos de seguridad pública que participaron en las acciones de investigación o represión del delito que dio causa a la medida. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 2º Efectuada la aprehensión a que se refiere el caput de este artículo, y habiendo recaído sobre dinero o cheques emitidos como orden de pago, la autoridad de policía judicial que presida la investigación deberá, de inmediato, solicitar al juzgado competente la notificación del Ministerio Público.
§ 2º La autorización judicial de uso de bienes deberá contener la descripción del bien y su respectiva tasación e indicar el órgano responsable de su utilización. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º Notificado, el Ministerio Público deberá solicitar al juzgado, con carácter cautelar, la conversión del numerario aprehendido en moneda nacional, si fuera el caso, la compensación de los cheques emitidos tras la instrucción de la investigación, con copias auténticas de los respectivos títulos, y el depósito de las correspondientes cantidades en cuenta judicial, incorporándose el recibo a los autos.
§ 3º El órgano responsable de la utilización del bien deberá enviar al juez periódicamente, o en cualquier momento cuando este lo solicite, información sobre su estado de conservación. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 4º Tras la instauración de la correspondiente acción penal, el Ministerio Público, mediante petición autónoma, solicitará al juzgado competente que, con carácter cautelar, proceda a la enajenación de los bienes aprehendidos, exceptuados aquellos que la Unión, por intermedio de la Senad, indique para ser puestos bajo uso y custodia de la autoridad de policía judicial, de órganos de inteligencia o militares, involucrados en las acciones de prevención del uso indebido de drogas y en las operaciones de represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas, exclusivamente en interés de esas actividades.
§ 4º Cuando la autorización judicial recaiga sobre vehículos, embarcaciones o aeronaves, el juez ordenará a la autoridad o al órgano de registro y control la expedición de certificado provisional de registro y habilitación a favor del órgano al cual haya concedido el uso o la custodia, quedando este libre del pago de multas, cargos y tributos anteriores a la decisión de utilización del bien hasta el tránsito en autoridad de cosa juzgada de la decisión que decrete su decomiso a favor de la Unión. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 5º Excluidos los bienes que se hayan indicado para los fines previstos en el § 4º de este artículo, la solicitud de enajenación deberá contener la relación de todos los demás bienes aprehendidos, con la descripción y la especificación de cada uno de ellos, e información sobre quienes los tienen bajo custodia y el lugar donde se encuentran.
§ 5º En la hipótesis de levantamiento, si hubiera indicios de que los bienes utilizados en la forma de este artículo sufrieron una depreciación superior a la esperada en razón del transcurso del tiempo y del uso, el interesado podrá solicitar una nueva tasación judicial. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 6º Solicitada la enajenación de los bienes, la respectiva petición será formada en autos separados, los cuales tendrán tramitación autónoma en relación con los de la acción penal principal.
§ 6º Constatada la depreciación a que se refiere el § 5º, el ente federado o la entidad que utilizó el bien indemnizará al poseedor o propietario de los bienes. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 7º Registrada la solicitud de enajenación, los autos serán elevados al juez, quien, verificada la presencia de nexo de instrumentalidad entre el delito y los objetos utilizados para su comisión y el riesgo de pérdida de valor económico por el transcurso del tiempo, determinará la tasación de los bienes relacionados, dará conocimiento a la Senad y notificará a la Unión, al Ministerio Público y al interesado, este, si fuera el caso, por edicto con plazo de 5 (cinco) días.
§ 7º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 8º Efectuada la tasación y resueltas las eventuales divergencias sobre el respectivo informe pericial, el juez, mediante sentencia, homologará el valor atribuido a los bienes y determinará que sean enajenados en subasta.
§ 8º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 9º Realizada la subasta, la cantidad obtenida permanecerá depositada en cuenta judicial hasta la conclusión de la respectiva acción penal, cuando será transferida al Funad, junto con los valores a que se refiere el § 3º de este artículo.
§ 9º (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 10. Los recursos interpuestos contra las decisiones dictadas en el curso del procedimiento previsto en este artículo tendrán únicamente efecto devolutivo.
§ 10. (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 11. En cuanto a los bienes indicados en la forma del § 4º de este artículo, si la autorización recayera sobre vehículos, embarcaciones o aeronaves, el juez ordenará a la autoridad de tránsito o al órgano equivalente de registro y control la expedición de certificado provisional de registro y habilitación, en favor de la autoridad de policía judicial o del órgano a los cuales haya concedido el uso, quedando estos libres del pago de multas, cargos y tributos anteriores, hasta el tránsito en cosa juzgada de la decisión que decrete su decomiso en favor de la Unión.
§ 11. (Revocado). (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 12. En la enajenación de vehículos, embarcaciones o aeronaves, la autoridad de tránsito o el órgano de registro equivalente procederá a la regularización de los bienes en el plazo de treinta días, de modo que el adjudicatario quedará libre del pago de multas, cargos y tributos anteriores, sin perjuicio de la ejecución fiscal respecto del antiguo propietario.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 13. En la hipótesis a que se refiere el § 12, la autoridad de tránsito o el órgano de registro equivalente podrá emitir nuevos identificadores de los bienes.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
Art. 62-A. El depósito, en dinero, de valores referentes al producto de la enajenación o relacionados con numerario incautado o que haya sido convertido, será efectuado en la Caixa Econômica Federal, mediante documento de recaudación destinado a esa finalidad.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 1º Los depósitos a que se refiere el caput serán transferidos por la Caixa Econômica Federal a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, independientemente de cualquier formalidad, en el plazo de veinticuatro horas, contado desde el momento de la realización del depósito.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 2º En la hipótesis de absolución del acusado en decisión judicial, el valor del depósito será devuelto al acusado por la Caixa Econômica Federal en el plazo de hasta tres días hábiles, acrecido de intereses, en la forma establecida por el § 4º del art. 39 de la Ley nº 9.250, de 26 de diciembre de 1995.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 3º En la hipótesis de decretarse su decomiso en favor de la Unión, el valor del depósito se transformará en pago definitivo, respetados los derechos de eventuales perjudicados y de terceros de buena fe.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 4º Los valores devueltos por la Caixa Econômica Federal, por decisión judicial, serán efectuados como anulación de ingreso del Fondo Nacional Antidrogas en el ejercicio en que ocurra la devolución.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 5º La Caixa Econômica Federal mantendrá el control de los valores depositados o devueltos.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
Art. 62-A. El depósito, en dinero, de valores referentes al producto de la enajenación o a numerario incautado o que haya sido convertido debe ser efectuado en la Caixa Econômica Federal, mediante documento de recaudación destinado a esa finalidad. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 1º Los depósitos a que se refiere el caput de este artículo deben ser transferidos, por la Caixa Econômica Federal, a la cuenta única del Tesoro Nacional, independientemente de cualquier formalidad, en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, contado desde el momento de la realización del depósito, donde quedarán a disposición del Funad. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 2º En la hipótesis de absolución del acusado en decisión judicial, el valor del depósito le será devuelto por la Caixa Econômica Federal en el plazo de hasta 3 (tres) días hábiles, acrecido de intereses, en la forma establecida por el § 4º del art. 39 de la Ley nº 9.250, de 26 de diciembre de 1995. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019) (Revocado por la Ley nº 14.973, de 2024)
§ 3º En la hipótesis de decretarse su decomiso en favor de la Unión, el valor del depósito se transformará en pago definitivo, respetados los derechos de eventuales perjudicados y de terceros de buena fe. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 4º Los valores devueltos por la Caixa Econômica Federal, por decisión judicial, deben ser efectuados como anulación de ingreso del Funad en el ejercicio en que ocurra la devolución. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 5º La Caixa Econômica Federal debe mantener el control de los valores depositados o devueltos. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
Art. 63. Al dictar la sentencia de fondo, el juez decidirá sobre el decomiso del producto, bien o valor incautado, secuestrado o declarado indisponible.
Art. 63. Al dictar la sentencia, el juez decidirá sobre: (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
I - el decomiso del producto, bien, derecho o valor incautado u objeto de medidas aseguratorias; y (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
II - el levantamiento de los valores depositados en cuenta remunerada y la liberación de los bienes utilizados en los términos del art. 62. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 1º Los valores incautados como consecuencia de los delitos tipificados en esta Ley y que no hayan sido objeto de tutela cautelar, una vez decretado su decomiso en favor de la Unión, serán revertidos directamente al Funad.
§ 1º Los bienes, derechos o valores incautados como consecuencia de los delitos tipificados en esta Ley u objeto de medidas aseguratorias, una vez decretado su decomiso en favor de la Unión, serán revertidos directamente al Funad. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 2º Corresponde a la Senad la enajenación de los bienes incautados y no subastados con carácter cautelar, cuyo decomiso ya haya sido decretado en favor de la Unión.
§ 2º El juez remitirá al órgano gestor del Funad una relación de los bienes, derechos y valores declarados decomisados, indicando el lugar en que se encuentran y la entidad o el órgano en cuyo poder estén, a los fines de su destinación en los términos de la legislación vigente. (Redacción dada por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 3º La Senad podrá suscribir convenios de cooperación, a fin de dar inmediato cumplimiento a lo establecido en el § 2º de este artículo.(Revocado por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 3º ). (Revocado (Redacción dada por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 4º Pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia condenatoria, el juez del proceso, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, remitirá a la Senad una relación de los bienes, derechos y valores declarados decomisados en favor de la Unión, indicando, en cuanto a los bienes, el lugar en que se encuentran y la entidad o el órgano en cuyo poder estén, a los fines de su destinación en los términos de la legislación vigente.
§ 4º-A. Antes de encaminar los bienes al órgano gestor del Funad, el juez debe: (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
I – ordenar a las secretarías de hacienda y a los órganos de registro y control que efectúen las anotaciones necesarias, en caso de que no se hayan realizado al momento de la incautación; y (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
II – determinar, en el caso de inmuebles, el registro de propiedad en favor de la Unión en el registro de inmuebles competente, en los términos del caput y del parágrafo único del art. 243 de la Constitución Federal, excluida la responsabilidad de terceros prevista en el inciso VI del caput del art. 134 de la Ley nº 5.172, de 25 de octubre de 1966 (Código Tributario Nacional), así como determinar a la Secretaría de Coordinación y Gobernanza del Patrimonio de la Unión la incorporación y entrega del inmueble, dejándolo libre y desembarazado de cualquier gravamen para su destinación. (Incluido por la Ley nº 13.886, de 2019)
§ 5º (VETADO). (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
§ 6º En la hipótesis del inciso II del caput, transcurridos 360 (trescientos sesenta) días desde el tránsito en cosa juzgada y desde el conocimiento de la sentencia por el interesado, los bienes incautados, los que hayan sido objeto de medidas aseguratorias o los valores depositados que no hayan sido reclamados serán revertidos al Funad. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 63-A. Ninguna solicitud de restitución será conocida sin la comparecencia personal del acusado, pudiendo el juez determinar la práctica de los actos necesarios para la conservación de bienes, derechos o valores. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 63-B. El juez determinará la liberación total o parcial de los bienes, derechos y objeto de medidas aseguratorias cuando se compruebe la licitud de su origen, manteniéndose la constricción de los bienes, derechos y valores necesarios y suficientes para la reparación de los daños y el pago de prestaciones pecuniarias, multas y costas derivadas de la infracción penal. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 63-C. Corresponde a la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública proceder a la destinación de los bienes incautados y no subastados con carácter cautelar, cuyo decomiso sea decretado en favor de la Unión, por medio de las siguientes modalidades:(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
I - enajenación, mediante:(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
a) licitación;(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
b) donación con cargo a entidades u órganos públicos que contribuyan al logro de las finalidades del Fondo Nacional Antidrogas; o(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
c) venta directa, observado lo dispuesto en el inciso II del caput del art. 24 de la Ley nº 8.666, de 21 de junio de 1993;(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
II - incorporación al patrimonio de órgano de la administración pública, observadas las finalidades del Fondo Nacional Antidrogas;(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
III - destrucción; o(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
IV - inutilización.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 1º La enajenación mediante licitación se realizará en la modalidad de subasta, para bienes muebles e inmuebles, independientemente del valor de tasación, individual o global, de bien o de lotes, asegurada la venta por la mayor oferta, por un precio que no sea inferior al cincuenta por ciento del valor de la tasación.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 2º El edicto de la subasta a que se refiere el § 1º será ampliamente divulgado en periódicos de gran circulación y en sitios electrónicos oficiales, principalmente en el Municipio en que se realizará, quedando dispensada la publicación en diario oficial.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 3º En las enajenaciones realizadas mediante sistema electrónico de la administración pública, la publicidad dada por el sistema sustituirá la publicación en diario oficial y en periódicos de gran circulación.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 4º En la enajenación de vehículos, embarcaciones o aeronaves, la autoridad de tránsito o el órgano de registro equivalente procederá a la regularización de los bienes en el plazo de treinta días, de modo que el adjudicatario quedará libre del pago de multas, cargos y tributos anteriores, sin perjuicio de la ejecución fiscal respecto del antiguo propietario.(Incluido por la Medida Provisoria nº 885, de 2019)
§ 5º En la hipótesis del § 4º, la autoridad de tránsito o el órgano de registro equivalente podrá emitir nuevos identificadores de los bienes.(Incluido por la Medida Provisoria 885, de 2019)
§ 6º La Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública podrá celebrar convenios o instrumentos afines con órganos y entidades de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, a fin de dar inmediato cumplimiento a lo establecido en este artículo.(Incluido por la Medida Provisoria 885, de 2019)
§ 7º Observados los procedimientos de licitación previstos en la ley, se autoriza la contratación de la iniciativa privada para la ejecución de las acciones de evaluación, administración y enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley.(Incluido por la Medida Provisoria 885, de 2019)
Art. 63-D. Compete al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reglamentar los procedimientos relativos a la administración, a la preservación y al destino de los recursos provenientes de delitos y actos ilícitos y establecer los valores por debajo de los cuales se debe proceder a su destrucción o inutilización.(Incluido por la Medida Provisoria 885, de 2019)
Art. 63-C. Compete a la Senad, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, proceder al destino de los bienes incautados y no subastados con carácter cautelar, cuyo decomiso sea decretado en favor de la Unión, por medio de las siguientes modalidades: (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
I – enajenación, mediante: (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
a) licitación; (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
b) donación con cargo a entidades u órganos públicos, así como a comunidades terapéuticas acogedoras que contribuyan al logro de las finalidades del Funad; o (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
c) venta directa, observado lo dispuesto en el inciso II del caput del art. 24 de la Ley 8.666, de 21 de junio de 1993; (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
II – incorporación al patrimonio de órgano de la administración pública, observadas las finalidades del Funad; (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
III – destrucción; o (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
IV – inutilización. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 1º La enajenación por medio de licitación debe realizarse en la modalidad de subasta, para bienes muebles e inmuebles, independientemente del valor de evaluación, aislado o global, de bien o de lotes, asegurándose la venta por la mayor oferta, por un precio no inferior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la evaluación. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 2º El edicto de la subasta a que se refiere el § 1º de este artículo será ampliamente divulgado en periódicos de gran circulación y en sitios electrónicos oficiales, principalmente en el Municipio en que se realizará, quedando dispensada la publicación en diario oficial. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 3º En las enajenaciones realizadas por medio de sistema electrónico de la administración pública, la publicidad dada por el sistema sustituirá la publicación en diario oficial y en periódicos de gran circulación. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 4º En la enajenación de inmuebles, el adjudicatario queda libre del pago de cargas y tributos anteriores, sin perjuicio de la ejecución fiscal respecto del antiguo propietario. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 5º En la enajenación de vehículos, embarcaciones o aeronaves deberán observarse las disposiciones de los §§ 13 y 15 del art. 61 de esta Ley. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 6º Se aplica a las enajenaciones de que trata este artículo la prohibición relativa al cobro de multas, cargas o tributos prevista en el § 14 del art. 61 de esta Ley. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 7º La Senad, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, puede celebrar convenios o instrumentos afines con órganos y entidades de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, así como con comunidades terapéuticas acogedoras, a fin de dar inmediato cumplimiento a lo establecido en este artículo. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 8º Observados los procedimientos de licitación previstos en la ley, se autoriza la contratación de la iniciativa privada para la ejecución de las acciones de evaluación, de administración y de enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
Art. 63-D. Compete al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reglamentar los procedimientos relativos a la administración, a la preservación y al destino de los recursos provenientes de delitos y actos ilícitos y establecer los valores por debajo de los cuales se debe proceder a su destrucción o inutilización. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
Art. 63-E. El producto de la enajenación de los bienes incautados o decomisados será revertido íntegramente al Funad, en los términos del párrafo único del art. 243 de la Constitución Federal, quedando prohibida la subrogación sobre el valor de la adjudicación para saldar eventuales multas, cargas o tributos pendientes de pago. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
Párrafo único. Lo dispuesto en el caput de este artículo no obsta a la interposición de ejecución fiscal respecto de los antiguos deudores. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
Art. 63-F. En la hipótesis de condena por infracciones a las cuales esta Ley comine pena máxima superior a 6 (seis) años de reclusión, podrá decretarse la pérdida, como producto o provecho del delito, de los bienes correspondientes a la diferencia entre el valor del patrimonio del condenado y aquel compatible con sus ingresos lícitos. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 1º La decretación de la pérdida prevista en el caput de este artículo queda condicionada a la existencia de elementos probatorios que indiquen conducta delictiva habitual, reiterada o profesional del condenado o su vinculación a una organización criminal. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 2º A efectos de la pérdida prevista en el caput de este artículo, se entiende por patrimonio del condenado todos los bienes: (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
I – de su titularidad, o sobre los cuales tenga dominio y beneficio directo o indirecto, en la fecha de la infracción penal, o recibidos posteriormente; y (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
II – transferidos a terceros a título gratuito o mediante contraprestación irrisoria, a partir del inicio de la actividad criminal. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
§ 3º El condenado podrá demostrar la inexistencia de la incompatibilidad o la procedencia lícita del patrimonio. (Incluido por la Ley 13.886, de 2019)
Art. 64. La Unión, por intermedio de la Senad, podrá firmar convenio con los Estados, con el Distrito Federal y con organismos orientados a la prevención del uso indebido de drogas, a la atención y a la reinserción social de usuarios o dependientes y a la actuación en la represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas, con miras a la liberación de equipos y de recursos por ella recaudados, para la implantación y ejecución de programas relacionados con la cuestión de las drogas.
Art. 65. De conformidad con los principios de la no intervención en asuntos internos, de la igualdad jurídica y del respeto a la integridad territorial de los Estados y a las leyes y reglamentos nacionales vigentes, y observado el espíritu de las Convenciones de las Naciones Unidas y otros instrumentos jurídicos internacionales relacionados con la cuestión de las drogas, de los que Brasil es parte, el gobierno brasileño prestará, cuando se le solicite, cooperación a otros países y organismos internacionales y, cuando sea necesario, les solicitará su colaboración, en las áreas de:
I - intercambio de informaciones sobre legislaciones, experiencias, proyectos y programas dirigidos a actividades de prevención del uso indebido, de atención y de reinserción social de usuarios y dependientes de drogas;
II - intercambio de inteligencia policial sobre producción y tráfico de drogas y delitos conexos, en especial el tráfico de armas, el lavado de dinero y el desvío de precursores químicos;
III - intercambio de informaciones policiales y judiciales sobre productores y traficantes de drogas y sus precursores químicos.

TÍTULO V-A

(Incluido por la Ley 13.840, de 2019)
DEL FINANCIAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Art. 66. A los fines de lo dispuesto en el párrafo único del art. 1º de esta Ley, hasta que se actualice la terminología de la lista mencionada en el precepto, se denominan drogas las sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursoras y otras bajo control especial, de la Portaria SVS/MS 344, de 12 de mayo de 1998.
Art. 67. La liberación de los recursos previstos en la Ley 7.560, de 19 de diciembre de 1986, en favor de los Estados y del Distrito Federal, dependerá de su adhesión y respeto a las directrices básicas contenidas en los convenios firmados y del suministro de los datos necesarios para la actualización del sistema previsto en el art. 17 de esta Ley, por las respectivas policías judiciales.
Art. 67-A. Los gestores y entidades que reciban recursos públicos para la ejecución de las políticas sobre drogas deberán garantizar el acceso a sus instalaciones, a la documentación y a todos los elementos necesarios para la efectiva fiscalización por los órganos competentes. (Incluido por la Ley 13.840, de 2019)
Art. 68. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán crear estímulos fiscales y otros, destinados a las personas físicas y jurídicas que colaboren en la prevención del uso indebido de drogas, en la atención y reinserción social de usuarios y dependientes y en la represión de la producción no autorizada y del tráfico ilícito de drogas.
Art. 69. En caso de quiebra o liquidación extrajudicial de empresas o establecimientos hospitalarios, de investigación, de enseñanza, o afines, así como en los servicios de salud que produzcan, vendan, adquieran, consuman, prescriban o suministren drogas o de cualquier otro en que existan esas sustancias o productos, incumbe al juzgado ante el cual se tramite el proceso:
I - determinar, inmediatamente después de tener conocimiento de la quiebra o liquidación, que sus instalaciones sean selladas;
II - ordenar a la autoridad sanitaria competente la urgente adopción de las medidas necesarias para la recepción y guarda, en depósito, de las drogas recaudadas;
III - dar conocimiento al órgano del Ministerio Público, para que acompañe el proceso.
§ 1º De la licitación para la enajenación de sustancias o productos no proscritos referidos en el inciso II del caput de este artículo, solo pueden participar personas jurídicas regularmente habilitadas en el área de salud o de investigación científica que comprueben el destino lícito que se dará al producto que se adjudique.
§ 2º Salvo la hipótesis de que trata el § 3º de este artículo, el producto no adjudicado será, acto continuo a la subasta pública, destruido por la autoridad sanitaria, en presencia de los Consejos Estatales sobre Drogas y del Ministerio Público.
§ 3º Si entre lo subastado y no adjudicado figuraren especialidades farmacéuticas en condiciones de uso terapéutico, estas quedarán depositadas bajo la custodia del Ministerio de Salud, que las destinará a la red pública de salud.
Art. 70. El proceso y el juzgamiento de los delitos previstos en los arts. 33 a 37 de esta Ley, si se caracteriza un ilícito transnacional, son de competencia de la Justicia Federal.
Párrafo único. Los delitos cometidos en los Municipios que no sean sede de juzgado federal serán procesados y juzgados en el juzgado federal de la circunscripción respectiva.
Art. 71. (VETADO)
Art. 72. Siempre que sea conveniente o necesario, el juez, de oficio, mediante representación de la autoridad de policía judicial, o a requerimiento del Ministerio Público, determinará que se proceda, dentro de los límites de su jurisdicción y en la forma prevista en el § 1º del art. 32 de esta Ley, a la destrucción de drogas en procesos ya concluidos.
Art. 72. Concluido el proceso penal o archivada la investigación policial, el juez, de oficio, mediante representación del delegado de policía o a requerimiento del Ministerio Público, determinará la destrucción de las muestras guardadas para contraprueba, certificándolo en los autos. (Redacción dada por la Ley 12.961, de 2014)
Art. 72. Concluido el proceso criminal o archivada la investigación policial, el juez, de oficio, mediante representación de la autoridad de policía judicial, o a requerimiento del Ministerio Público, determinará la destrucción de las muestras guardadas para contraprueba, certificándolo en los autos. (Redacción dada por la Ley 13.840, de 2019)
Art. 73. La Unión podrá celebrar convenios con los Estados con miras a la prevención y represión del tráfico ilícito y del uso indebido de drogas.
Art. 73. La Unión podrá establecer convenios con los Estados y con el Distrito Federal, con miras a la prevención y represión del tráfico ilícito y del uso indebido de drogas, y con los Municipios, con el objetivo de prevenir el uso indebido de estas y de posibilitar la atención y la reinserción social de usuarios y dependientes de drogas. (Redacción dada por la Ley 12.219, de 2010)
Art. 74. Esta Ley entra en vigor 45 (cuarenta y cinco) días después de su publicación.
Art. 75. Se derogan la Ley 6.368, de 21 de octubre de 1976, y la Ley 10.409, de 11 de enero de 2002.
Brasilia, 23 de agosto de 2006; 185º de la Independencia y 118º de la República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Guido Mantega
Jorge Armando Felix
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 24.8.2006
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