Ley de Gobierno Digital

Lei do Governo Digital Lei nº 14.129, de 2021 Administrativo
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Mensaje de veto
(Promulgación de partes vetadas)
Dispone sobre principios, reglas e instrumentos para el Gobierno Digital y para el aumento de la eficiencia pública y modifica la Ley nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, la Ley nº 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información), la Ley nº 12.682, de 9 de julio de 2012, y la Ley nº 13.460, de 26 de junio de 2017.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º Esta Ley dispone sobre principios, reglas e instrumentos para el aumento de la eficiencia de la administración pública, especialmente por medio de la desburocratización, de la innovación, de la transformación digital y de la participación del ciudadano.
Párrafo único. En la aplicación de esta Ley deberá observarse lo dispuesto en las Leyes nºs 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información), 13.460, de 26 de junio de 2017, 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), y 5.172, de 25 de octubre de 1966 (Código Tributario Nacional), y en la Ley Complementaria nº 105, de 10 de enero de 2001.
Art. 2º Esta Ley se aplica:
I - a los órganos de la administración pública directa federal, comprendiendo los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, incluido el Tribunal de Cuentas de la Unión, y el Ministerio Público de la Unión;
II - a las entidades de la administración pública indirecta federal, incluidas las empresas públicas y sociedades de economía mixta, sus subsidiarias y controladas, que presten servicio público, autarquías y fundaciones públicas; y
III - a las administraciones directas e indirectas de los demás entes federados, en los términos de los incisos I y II del caput de este artículo, siempre que adopten los mandatos de esta Ley por medio de actos normativos propios.
§ 1º Esta Ley no se aplica a las empresas públicas y sociedades de economía mixta, sus subsidiarias y controladas, que no presten servicio público.
§ 2º Las referencias hechas en esta Ley, directa o indirectamente, a los Estados, Municipios y al Distrito Federal solo son procedentes en la hipótesis de haberse cumplido el requisito previsto en el inciso III del caput de este artículo.
Art. 3º Son principios y directrices del Gobierno Digital y de la eficiencia pública:
I - la desburocratización, la modernización, el fortalecimiento y la simplificación de la relación del poder público con la sociedad, mediante servicios digitales, accesibles inclusive por dispositivos móviles;
II - la puesta a disposición en plataforma única del acceso a las informaciones y a los servicios públicos, observadas las restricciones legalmente previstas y sin perjuicio, cuando sea indispensable, de la prestación de carácter presencial;
III - la posibilidad para los ciudadanos, las personas jurídicas y los otros entes públicos de demandar y de acceder a servicios públicos por medio digital, sin necesidad de solicitud presencial;
IV - la transparencia en la ejecución de los servicios públicos y el monitoreo de la calidad de esos servicios;
V - el incentivo a la participación social en el control y en la fiscalización de la administración pública;
VI - el deber del gestor público de rendir cuentas directamente a la población sobre la gestión de los recursos públicos;
VII - el uso de lenguaje claro y comprensible para cualquier ciudadano;
VIII - el uso de la tecnología para optimizar procesos de trabajo de la administración pública;
IX - la actuación integrada entre los órganos y las entidades involucrados en la prestación y en el control de los servicios públicos, con el uso compartido de datos personales en ambiente seguro cuando sea indispensable para la prestación del servicio, en los términos de la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), y, cuando corresponda, con la transferencia de secreto, en los términos del art. 198 de la Ley nº 5.172, de 25 de octubre de 1966 (Código Tributario Nacional), y de la Ley Complementaria nº 105, de 10 de enero de 2001;
X - la simplificación de los procedimientos de solicitud, oferta y seguimiento de los servicios públicos, con foco en la universalización del acceso y en el autoservicio;
XI - la eliminación de formalidades y de exigencias cuyo costo económico o social sea superior al riesgo involucrado;
XII - la imposición inmediata y por una única vez al interesado de las exigencias necesarias para la prestación de los servicios públicos, justificándose exigencia posterior solamente en caso de duda sobrevenida;
XIII - la prohibición de exigir prueba de hecho ya comprobado mediante la presentación de documento o de información válida;
XIV - la interoperabilidad de sistemas y la promoción de datos abiertos;
XV - la presunción de buena fe del usuario de los servicios públicos;
XVI - la permanencia de la posibilidad de atención presencial, de acuerdo con las características, la relevancia y el público destinatario del servicio;
XVII - la protección de datos personales, en los términos de la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales);
XVIII - el cumplimiento de compromisos y de estándares de calidad divulgados en la Carta de Servicios al Usuario;
XIX - la accesibilidad de la persona con discapacidad o con movilidad reducida, en los términos de la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad);
XX - el estímulo a acciones educativas para la calificación de los servidores públicos para el uso de las tecnologías digitales y para la inclusión digital de la población;
XXI - el apoyo técnico a los entes federados para la implantación y adopción de estrategias que tengan por objeto la transformación digital de la administración pública;
XXII - el estímulo al uso de las firmas electrónicas en las interacciones y en las comunicaciones entre órganos públicos y entre estos y los ciudadanos;
XXIII - la implantación del gobierno como plataforma y la promoción del uso de datos, preferentemente anonimizados, por personas físicas y jurídicas de diferentes sectores de la sociedad, resguardado lo dispuesto en los arts. 7º y 11 de la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), con miras, especialmente, a la formulación de políticas públicas, de investigaciones científicas, de generación de negocios y de control social;
XXIV - el trato adecuado a las personas mayores, en los términos de la Ley nº 10.741, de 1º de octubre de 2003 (Estatuto de la Persona Mayor);
XXV - la adopción preferente, en el uso de internet y de sus aplicaciones, de tecnologías, de estándares y de formatos abiertos y libres, conforme a lo dispuesto en el inciso V del caput del art. 24 y en el art. 25 de la Ley nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil de Internet); y
XXVI - la promoción del desarrollo tecnológico y de la innovación en el sector público.
Art. 4º Para los fines de esta Ley, se considera:
I - (VETADO);
II - autoservicio: acceso por el ciudadano a servicio público prestado por medio digital, sin necesidad de mediación humana;
III - base nacional de servicios públicos: base de datos que contiene las informaciones necesarias sobre la oferta de servicios públicos de todos los prestadores de esos servicios;
IV - datos abiertos: datos accesibles al público, representados en medio digital, estructurados en formato abierto, procesables por máquina, referenciados en internet y puestos a disposición bajo licencia abierta que permita su libre utilización, consumo o tratamiento por cualquier persona, física o jurídica;
V - dato accesible al público: cualquier dato generado o acumulado por los entes públicos que no esté bajo secreto o bajo restricción de acceso en los términos de la Ley nº 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información);
VI - formato abierto: formato de archivo no propietario, cuya especificación esté documentada públicamente y sea de libre conocimiento e implementación, libre de patentes o de cualquier otra restricción legal en cuanto a su utilización;
VII - gobierno como plataforma: infraestructura tecnológica que facilite el uso de datos de acceso público y promueva la interacción entre diversos agentes, de forma segura, eficiente y responsable, para estímulo de la innovación, de la explotación de actividad económica y de la prestación de servicios a la población;
VIII - laboratorio de innovación: espacio abierto a la participación y a la colaboración de la sociedad para el desarrollo de ideas, de herramientas y de métodos innovadores para la gestión pública, la prestación de servicios públicos y la participación del ciudadano para el ejercicio del control sobre la administración pública;
IX - plataformas de gobierno digital: herramientas digitales y servicios comunes a los órganos, normalmente ofrecidos de forma centralizada y compartida, necesarios para la oferta digital de servicios y de políticas públicas;
X - registros de referencia: información íntegra y precisa proveniente de una o más fuentes de datos, centralizadas o descentralizadas, sobre elementos fundamentales para la prestación de servicios y para la gestión de políticas públicas; y
XI - transparencia activa: puesta a disposición de datos por la administración pública independientemente de solicitudes.
Párrafo único. Se aplican a esta Ley los conceptos de la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales).

CAPÍTULO II — DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA PRESTACIÓN DIGITAL DE SERVICIOS PÚB

Sección I — De la Digitalización

Art. 5º La administración pública utilizará soluciones digitales para la gestión de sus políticas finalísticas y administrativas y para la tramitación de procesos administrativos electrónicos.
Párrafo único. Los entes públicos que emitan atestados, certificaciones, diplomas u otros documentos probatorios con validez legal podrán hacerlo en medio digital, firmados electrónicamente en la forma del art. 7º de esta Ley y de la Ley nº 14.063, de 23 de septiembre de 2020.
Art. 6º En los procesos administrativos electrónicos, los actos procesales deberán realizarse en medio electrónico, salvo que el usuario solicite otra forma, en las situaciones en que ese procedimiento sea inviable, en los casos de indisponibilidad del medio electrónico o ante riesgo de daño relevante a la celeridad del proceso.
Párrafo único. En el caso de las excepciones previstas en el caput de este artículo, los actos procesales podrán practicarse conforme a las reglas aplicables a los procesos en papel, siempre que posteriormente el documento base correspondiente sea digitalizado.
Art. 7º Los documentos y los actos procesales serán válidos en medio digital mediante el uso de firma electrónica, siempre que se respeten parámetros de autenticidad, de integridad y de seguridad adecuados a los niveles de riesgo en relación con la criticidad de la decisión, de la información o del servicio específico, en los términos de la ley.
§ 1º Un reglamento podrá disponer sobre el uso de firma avanzada para los fines de que tratan las siguientes disposiciones:
I - art. 2º-A de la Ley nº 12.682, de 9 de julio de 2012;
II - art. 289 de la Ley nº 6.404, de 15 de diciembre de 1976;
III - art. 2º de la Ley nº 13.787, de 27 de diciembre de 2018;
IV - art. 282-A de la Ley nº 9.503, de 23 de septiembre de 1997 (Código de Tránsito Brasileño);
V - (VETADO);
VI - art. 8º de la Ley nº 12.618, de 30 de abril de 2012;
VII - art. 38 de la Ley nº 11.977, de 7 de julio de 2009.
§ 2º Lo dispuesto en este artículo no se aplica a las hipótesis legales de anonimato.
Art. 8º Los actos procesales en medio electrónico se consideran realizados en el día y la hora de su recepción por el sistema informatizado de gestión de proceso administrativo electrónico del órgano o de la entidad, el cual deberá proporcionar recibo electrónico de protocolo que los identifique.
§ 1º Cuando el acto procesal deba practicarse en determinado plazo, por medio electrónico, se considerarán oportunos los efectuados, salvo disposición en contrario, hasta las 23h59 (veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos) del último día del plazo, en el horario de Brasilia.
§ 2º La reglamentación deberá disponer sobre los casos y las condiciones de prórroga de plazos en virtud de la indisponibilidad de sistemas informatizados.
Art. 9º El acceso a la totalidad del proceso para vista personal del interesado podrá darse por medio de la puesta a disposición de sistema informatizado de gestión o mediante acceso a la copia del documento, preferentemente en medio electrónico.
Art. 10. La clasificación de la información en cuanto al grado de confidencialidad y la posibilidad de limitar el acceso a los servidores autorizados y a los interesados en el proceso observarán los términos de la Ley nº 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información), y de las demás normas vigentes.
Art. 11. Los documentos nativos digitales firmados electrónicamente en la forma del art. 7º de esta Ley se consideran originales para todos los efectos legales.
Art. 12. El formato y el almacenamiento de los documentos digitales deberán garantizar el acceso y la preservación de las informaciones, en los términos de la legislación archivística nacional.
Art. 13. La custodia de los documentos digitales y de los procesos administrativos electrónicos considerados de valor permanente deberá ajustarse a las normas previstas por la institución archivística pública responsable de su custodia.

Sección II — Del Gobierno Digital

Art. 14. La prestación digital de los servicios públicos deberá realizarse por medio de tecnologías de amplio acceso por parte de la población, inclusive de la de bajos ingresos o residente en áreas rurales y aisladas, sin perjuicio del derecho del ciudadano a la atención presencial.
Párrafo único. El acceso a la prestación digital de los servicios públicos se realizará, preferentemente, por medio del autoservicio.
Art. 15. La administración pública participará, de manera integrada y cooperativa, en la consolidación de la Estrategia Nacional de Gobierno Digital, emitida por el Poder Ejecutivo federal, que observará los principios y las directrices a que se refiere el art. 3º de esta Ley.
Art. 16. La administración pública de cada ente federado podrá emitir una estrategia de gobierno digital, en el ámbito de su competencia, procurando su compatibilización con la estrategia federal y con la de otros entes.

Sección III — De las Redes de Conocimiento

Art. 17. El Poder Ejecutivo federal podrá crear redes de conocimiento, con el objetivo de:
I - generar, compartir y difundir conocimiento y experiencias;
II - formular propuestas de estándares, políticas, guías y manuales;
III - discutir los desafíos enfrentados y las posibilidades de acción en materia de Gobierno Digital y de eficiencia pública;
IV - prospectar nuevas tecnologías para facilitar la prestación de los servicios públicos disponibles en medio digital, el suministro de información y la participación social por medios digitales.
§ 1º Podrán participar en las redes de conocimiento todos los órganos y entidades referidos en el art. 2º de esta Ley, inclusive los de los entes federados.
§ 2º Se asegurarán a las instituciones científicas, tecnológicas y de innovación el acceso a las redes de conocimiento y el establecimiento de un canal de comunicación permanente con el órgano federal a quien corresponda la coordinación de las actividades previstas en este artículo.

Sección IV — De los Componentes del Gobierno Digital

Subsección I — De la Definición

Art. 18. Son componentes esenciales para la prestación digital de los servicios públicos en la administración pública:
I - la Base Nacional de Servicios Públicos;
II - las Cartas de Servicios al Usuario, a que se refiere la Ley nº 13.460, de 26 de junio de 2017; y
III - las Plataformas de Gobierno Digital.

Subsección II — De la Base Nacional de Servicios Públicos

Art. 19. El Poder Ejecutivo federal podrá establecer una Base Nacional de Servicios Públicos, que reunirá las informaciones necesarias sobre la oferta de servicios públicos en cada ente federado.
Párrafo único. Cada ente federado podrá poner a disposición en la Base Nacional de Servicios Públicos las informaciones sobre la prestación de servicios públicos, conforme a lo dispuesto en sus Cartas de Servicios al Usuario, en formato abierto e interoperable y en un estándar común a todos los entes.

Subsección III — De las Plataformas de Gobierno Digital

Art. 20. Las Plataformas de Gobierno Digital, instrumentos necesarios para la oferta y la prestación digital de los servicios públicos de cada ente federativo, deberán tener por lo menos las siguientes funcionalidades:
I - herramienta digital de solicitud de atención y de seguimiento de la entrega de los servicios públicos; y
II - panel de monitoreo del desempeño de los servicios públicos.
§ 1º Las Plataformas de Gobierno Digital deberán ser accesibles por medio de un portal, de una aplicación o de otro canal digital único y oficial, para la puesta a disposición de información institucional, noticias y la prestación de servicios públicos.
§ 2º Las funcionalidades a que se refiere el caput de este artículo deberán observar estándares de interoperabilidad y la necesidad de integración de datos como formas de simplificación y de eficiencia en los procesos y en la atención a los usuarios.
Art. 21. La herramienta digital de atención y de seguimiento de la entrega de los servicios públicos a que se refiere el inciso I del caput del art. 20 de esta Ley debe presentar, como mínimo, las siguientes características y funcionalidades:
I - identificación del servicio público y de sus principales etapas;
II - solicitud digital del servicio;
III - programación digital de citas, cuando corresponda;
IV - seguimiento de las solicitudes por etapas;
V - evaluación continua de la satisfacción de los usuarios en relación con los servicios públicos prestados;
VI - identificación, cuando sea necesaria, y gestión del perfil por el usuario;
VII - notificación al usuario;
VIII - posibilidad de pago digital de servicios públicos y de otros cobros, cuando sea necesario;
IX - nivel de seguridad compatible con el grado de exigencia, la naturaleza y la criticidad de los servicios públicos y de los datos utilizados;
X - funcionalidad para solicitar acceso a información acerca del tratamiento de datos personales, en los términos de las Leyes nºs 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información), y 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales); y
XI - implementación de un sistema de ombudsman, en los términos de la Ley nº 13.460, de 26 de junio de 2017.
Art. 22. El panel de monitoreo del desempeño de los servicios públicos a que se refiere el inciso II del caput del art. 20 de esta Ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones, para cada servicio público ofrecido:
I - cantidad de solicitudes en curso y concluidas anualmente;
II - tiempo promedio de atención; y
III - grado de satisfacción de los usuarios.
Párrafo único. Deberán asegurarse la interoperabilidad y la estandarización mínima del panel a que se refiere el caput de este artículo, de modo que permita la comparación entre las evaluaciones y los desempeños de los servicios públicos prestados por los diversos entes.
Art. 23. El Poder Ejecutivo federal podrá:
I - establecer estándares nacionales para las soluciones previstas en esta Sección;
II - poner a disposición de otros entes soluciones que cumplan lo dispuesto en esta Sección.

Sección V — De la Prestación Digital de los Servicios Públicos

Art. 24. Los órganos y las entidades responsables de la prestación digital de servicios públicos deberán, en el ámbito de sus competencias:
I - mantener actualizados:
a) las Cartas de Servicios al Usuario, la Base Nacional de Servicios Públicos y las Plataformas de Gobierno Digital;
b) las informaciones institucionales y las comunicaciones de interés público;
II - monitorear e implementar acciones de mejora de los servicios públicos prestados, con base en los resultados de la evaluación de satisfacción de los usuarios de los servicios;
III - integrar los servicios públicos a las herramientas de notificación a los usuarios, de firma electrónica y de medios de pago digitales, cuando sean aplicables;
IV - eliminar, inclusive por medio de la interoperabilidad de datos, las exigencias innecesarias al usuario en cuanto a la presentación de informaciones y de documentos probatorios prescindibles;
V - eliminar la replicación de registros de datos, salvo por razones de desempeño o de seguridad;
VI - hacer interoperables los datos de la prestación de los servicios públicos bajo su responsabilidad para la composición de los indicadores del panel de monitoreo del desempeño de los servicios públicos;
VII - realizar la gestión de sus políticas públicas con base en datos y en evidencias, mediante la aplicación de inteligencia de datos en plataforma digital; y
VIII - realizar pruebas e investigaciones con los usuarios para respaldar la oferta de servicios simples, intuitivos, accesibles y personalizados.
Art. 25. Las Plataformas de Gobierno Digital deben disponer de herramientas de transparencia y de control del tratamiento de datos personales que sean claras y fácilmente accesibles y que permitan al ciudadano el ejercicio de los derechos previstos en la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales).
§ 1º Las herramientas previstas en el caput de este artículo deben:
I - poner a disposición, entre otros, las fuentes de los datos personales, la finalidad específica de su tratamiento por el respectivo órgano o ente y la indicación de otros órganos o entes con los cuales se realiza el uso compartido de datos personales, incluido el historial de acceso o de uso compartido, salvo los casos previstos en el inciso III del caput del art. 4º de la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales);
II - permitir que el ciudadano efectúe solicitudes al órgano o a la entidad controladora de sus datos, especialmente aquellas previstas en el art. 18 de la Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales).
§ 2º La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) podrá emitir normas complementarias para reglamentar lo dispuesto en este artículo.
Art. 26. Se presume la autenticidad de los documentos presentados por los usuarios de los servicios públicos ofrecidos por medios digitales, siempre que el envío esté firmado electrónicamente.

Sección VI — De los Derechos de los Usuarios de la Prestación Digital de Servicios Públicos

Art. 27. Se garantizan los siguientes derechos a los usuarios de la prestación digital de servicios públicos, además de aquellos contenidos en las Leyes nºs 13.460, de 26 de junio de 2017, y 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales):
I - gratuidad en el acceso a las Plataformas de Gobierno Digital;
II - atención en los términos de la respectiva Carta de Servicios al Usuario;
III - estandarización de los procedimientos referentes a la utilización de formularios, de guías y de otros documentos afines, incluidos los de formato digital;
IV - recepción de comprobante de registro, físico o digital, de las solicitudes presentadas; y
V - indicación de un canal preferente de comunicación con el prestador público para la recepción de notificaciones, de mensajes, de avisos y de otras comunicaciones relativas a la prestación de servicios públicos y a asuntos de interés público.

CAPÍTULO III — DEL NÚMERO SUFICIENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN

Art. 28. Se establece el número de inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) o en el Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como número suficiente para la identificación del ciudadano o de la persona jurídica, según el caso, en las bases de datos de servicios públicos, garantizándose la gratuidad de la inscripción y de las modificaciones en dichos registros.
§ 1º El número de inscripción en el CPF deberá constar en los registros y en los documentos de los órganos públicos, del registro civil de personas naturales, de los documentos de identificación de los consejos profesionales y, especialmente, en los siguientes registros y documentos:
I - certificado de nacimiento;
II - certificado de matrimonio;
III - certificado de defunción;
IV - Documento Nacional de Identificación (DNI);
V - Número de Identificación del Trabajador (NIT);
VI - registro en el Programa de Integración Social (PIS) o en el Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (Pasep);
VII - Tarjeta Nacional de Salud;
VIII - título de elector;
IX - Libreta de Trabajo y Previsión Social (CTPS);
X - Licencia Nacional de Conducir (CNH) o Permiso para Conducir;
XI - certificado militar;
XII - carné profesional expedido por los consejos de fiscalización de profesión reglamentada;
XIII - pasaporte;
XIV - cédulas de identidad a que se refiere la Ley nº 7.116, de 29 de agosto de 1983; y
XV - otros certificados de registro y números de inscripción existentes en bases de datos públicas federales, estaduales, distritales y municipales.
§ 2º La inclusión del número de inscripción en el CPF en los registros y en los documentos de que trata el § 1º de este artículo se producirá siempre que la institución responsable de los registros y de los documentos tenga acceso a documento probatorio o a la base de datos administrada por la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Economía.
§ 3º La incorporación del número de inscripción en el CPF a la cédula de identidad será precedida de consulta a la base de datos administrada por la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Economía y de validación de acuerdo con esa base de datos.
§ 4º En la hipótesis de que el solicitante de la cédula de identidad no esté inscrito en el CPF, el órgano de identificación realizará su inscripción, en caso de que tenga integración con la base de datos de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Economía.
§ 5º (VETADO).

CAPÍTULO IV — DEL GOBIERNO COMO PLATAFORMA

Sección I — De la Apertura de los Datos

Art. 29. Los datos puestos a disposición por los prestadores de servicios públicos, así como cualquier información de transparencia activa, son de libre utilización por la sociedad, observados los principios dispuestos en el art. 6º de la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales).
§ 1º En la promoción de la transparencia activa de datos, el poder público deberá observar los siguientes requisitos:
I - observancia de la publicidad de las bases de datos no personales como precepto general y del secreto como excepción;
II - garantía de acceso irrestricto a los datos, los cuales deben ser legibles por máquina y estar disponibles en formato abierto, con respeto a las Leyes 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información), y 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales);
III - descripción de las bases de datos con información suficiente sobre la estructura y la semántica de los datos, inclusive en cuanto a su calidad y a su integridad;
IV - permiso irrestricto de uso de bases de datos publicadas en formato abierto;
V - completitud de las bases de datos, las cuales deben ponerse a disposición en su forma primaria, con el mayor grado de granularidad posible, o hacer referencia a bases primarias, cuando se pongan a disposición de forma agregada;
VI - actualización periódica, manteniéndose el historial, de forma que se garantice la perennidad de los datos, la estandarización de las estructuras de información y el valor de los datos para la sociedad, y que se atiendan las necesidades de sus usuarios;
VII - (VETADO);
VIII - respeto a la privacidad de los datos personales y de los datos sensibles, sin perjuicio de los demás requisitos enumerados, conforme a la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales);
IX - intercambio de datos entre órganos y entidades de los diferentes Poderes y esferas de la Federación, con respeto a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales); y
X - fomento al desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la construcción de un ambiente de gestión pública participativa y democrática y a la mejor oferta de servicios públicos.
§ 2º Sin perjuicio de la legislación vigente, los órganos y las entidades previstos en el art. 2º de esta Ley deberán divulgar en internet:
I - el presupuesto anual de gastos e ingresos públicos del Poder u órgano independiente;
II - la ejecución de los gastos e ingresos públicos, en los términos de los arts. 48 y 48-A de la Ley Complementaria 101, de 4 de mayo de 2000;
III - las transferencias de recursos federales a los Estados, a los Municipios y al Distrito Federal;
IV - los convenios y las operaciones de descentralización de recursos presupuestarios en favor de personas naturales y de organizaciones no gubernamentales de cualquier naturaleza;
V - las licitaciones y las contrataciones realizadas por el Poder u órgano independiente;
VI - las facturas electrónicas relativas a las compras públicas;
VII - la información sobre los servidores y los empleados públicos federales, así como sobre los militares de la Unión, incluidos el nombre y el detalle de los vínculos profesionales y de remuneración;
VIII - los viajes en servicio costeados por el Poder u órgano independiente;
IX - las sanciones administrativas aplicadas a personas, a empresas, a organizaciones no gubernamentales y a servidores públicos;
X - los currículos de los ocupantes de cargos de jefatura y dirección;
XI - el inventario de bases de datos producidos o gestionados en el ámbito del órgano o institución, así como el catálogo de datos abiertos disponibles;
XII - las concesiones de recursos financieros o las renuncias de ingresos a personas físicas o jurídicas, con miras al desarrollo político, económico, social y cultural, incluida la divulgación de los valores recibidos, de la contrapartida y de los objetivos que se alcanzarán mediante la utilización de esos recursos y, en el caso de las renuncias individualizadas, de los datos de los beneficiarios.
§ 3º (VETADO).
Art. 30. Cualquier interesado podrá presentar solicitud de apertura de bases de datos de la administración pública, la cual deberá contener los datos de contacto del solicitante y la especificación de la base de datos requerida.
§ 1º El solicitante podrá pedir la preservación de su identidad cuando entienda que su identificación perjudicará el principio de impersonalidad, en cuyo caso el canal responsable deberá resguardar los datos sin transmitirlos al sector, al órgano o a la entidad responsable de la respuesta.
§ 2º Los procedimientos y los plazos previstos para el procesamiento de las solicitudes de acceso a la información, en los términos de la Ley 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información), se aplican a las solicitudes de apertura de bases de datos de la administración pública.
§ 3º Para la apertura de bases de datos de interés público, la información para la identificación del solicitante no puede contener exigencias que inviabilicen el ejercicio de su derecho.
§ 4º Quedan prohibidas cualesquiera exigencias relativas a los motivos determinantes de la solicitud de apertura de bases de datos públicos.
§ 5º Las solicitudes de apertura de bases de datos públicos, así como las respectivas respuestas, deberán integrar una base de datos abierta de libre consulta.
§ 6º Se consideran automáticamente susceptibles de apertura las bases de datos que no contengan información protegida por ley.
Art. 31. Corresponde a cada ente federado monitorear la aplicación, el cumplimiento de los plazos y los procedimientos para la apertura de los datos bajo su control.
Art. 32. (VETADO).
Art. 32. La existencia de inconsistencias en la base de datos no podrá obstar la atención de la solicitud de apertura. (Promulgación de partes vetadas)
Art. 33. La solicitud de apertura de la base de datos se considerará atendida a partir de la notificación al solicitante sobre la puesta a disposición y la catalogación de la base de datos para acceso público en el sitio oficial del órgano o de la entidad en internet.
Art. 34. Es derecho del solicitante obtener el texto íntegro de la decisión denegatoria de apertura de base de datos.
Párrafo único. Toda eventual decisión denegatoria de la solicitud de apertura de base de datos o decisión de prórroga de plazo, en razón de costos desproporcionados o no previstos por el órgano o por la entidad de la administración pública, deberá ir acompañada del debido análisis técnico que concluya la inviabilidad presupuestaria de la solicitud.
Art. 35. (VETADO).
Art. 35. En caso de denegación de apertura de base de datos, el interesado podrá interponer recurso contra la decisión en el plazo de 10 (diez) días, contado desde su conocimiento. (Promulgación de partes vetadas)
Párrafo único. El recurso será dirigido a la autoridad jerárquicamente superior a la que dictó la decisión impugnada, la cual deberá pronunciarse en el plazo de 5 (cinco) días. (Promulgación de partes vetadas)
Art. 36. Los órganos gestores de datos podrán poner a disposición, en transparencia activa, datos de personas físicas y jurídicas con fines de investigación académica y de monitoreo y evaluación de políticas públicas, siempre que los datos protegidos por secreto o con restricción de acceso prevista sean anonimizados antes de su puesta a disposición, en los términos de la Ley 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información).
Art. 37. Se aplican subsidiariamente, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley 9.784, de 29 de enero de 1999, al procedimiento de que trata este Capítulo.

Sección II — De la Interoperabilidad de Datos entre Órganos Públicos

Art. 38. Los órganos y las entidades responsables de la prestación digital de servicios públicos que sean titulares o gestores de bases de datos, inclusive los controladores de datos personales, conforme a lo establecido por la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), deberán gestionar sus herramientas digitales, considerando:
I - la interoperabilidad de la información y de los datos bajo gestión de los órganos y de las entidades referidos en el art. 2º de esta Ley, con respeto a las restricciones legales, los requisitos de seguridad de la información y de las comunicaciones, las limitaciones tecnológicas y la relación costo-beneficio de la interoperabilidad;
II - la optimización de los costos de acceso a datos y el reaprovechamiento, siempre que sea posible, de recursos de infraestructura de acceso a datos por múltiples órganos y entidades;
III - la protección de datos personales, observada la legislación vigente, especialmente la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales).
Art. 39. Se instituirá un mecanismo de interoperabilidad con la finalidad de:
I - perfeccionar la gestión de políticas públicas;
II - aumentar la confiabilidad de los registros de ciudadanos existentes en la administración pública, por medio de mecanismos de mantenimiento de la integridad y de la seguridad de la información en el tratamiento de las bases de datos, haciéndolas debidamente calificadas y consistentes;
III - viabilizar la creación de medios unificados de identificación del ciudadano para la prestación de servicios públicos;
IV - facilitar la interoperabilidad de datos entre los órganos de gobierno;
V - realizar el tratamiento de la información de las bases de datos a partir del número de inscripción del ciudadano en el CPF, conforme a lo previsto en el art. 11 de la Ley 13.444, de 11 de mayo de 2017.
Párrafo único. Se aplican a los datos personales tratados por medio de mecanismos de interoperabilidad las disposiciones de la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales).
Art. 40. Los órganos comprendidos en esta Ley serán responsables de la publicidad de sus registros de referencia y de los mecanismos de interoperabilidad de que trata esta Sección.
§ 1º Las personas físicas y jurídicas podrán verificar la exactitud, la corrección y la completitud de cualquiera de sus datos contenidos en los registros de referencia, así como monitorear el acceso a esos datos.
§ 2º Solo se podrá crear una nueva base de datos cuando se hayan agotado las posibilidades de utilización de los registros de referencia existentes.
Art. 41. Los costos de adaptación de sus sistemas y de sus bases de datos para la implementación de la interoperabilidad son de responsabilidad de los órganos y de las entidades referidos en el art. 2º de esta Ley.

CAPÍTULO V — DEL DOMICILIO ELECTRÓNICO

Art. 42. Los órganos y las entidades referidos en el art. 2º de esta Ley, mediante opción del usuario, podrán realizar todas las comunicaciones, las notificaciones y las intimaciones por medio electrónico.
§ 1º Lo dispuesto en el caput de este artículo no genera derecho subjetivo a la opción por parte del administrado en caso de que los medios no estén disponibles.
§ 2º El administrado podrá, en cualquier momento e independientemente de fundamentación, optar por el fin de las comunicaciones, las notificaciones y las intimaciones por medio electrónico.
§ 3º El ente público podrá realizar las comunicaciones, las notificaciones y las intimaciones por medio de una herramienta mantenida por otro ente público.
Art. 43. Las herramientas utilizadas para los actos de que trata el art. 42 de esta Ley:
I - dispondrán de medios que permitan comprobar la autoría de las comunicaciones, de las notificaciones y de las intimaciones;
II - tendrán medios de comprobación de la emisión y de la recepción, aunque no de la lectura, de las comunicaciones, de las notificaciones y de las intimaciones;
III - podrán utilizarse aun cuando la legislación especial prevea solamente las comunicaciones, las notificaciones y las intimaciones personales o por vía postal;
IV - serán susceptibles de auditoría;
V - conservarán los datos de envío y de recepción por, al menos, 5 (cinco) años.

CAPÍTULO VI — DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN

Art. 44. Los entes públicos podrán instituir laboratorios de innovación, abiertos a la participación y a la colaboración de la sociedad para el desarrollo y la experimentación de conceptos, de herramientas y de métodos innovadores para la gestión pública, la prestación de servicios públicos, el tratamiento de datos producidos por el poder público y la participación del ciudadano en el control de la administración pública.
Art. 45. Los laboratorios de innovación tendrán como directrices:
I - colaboración interinstitucional y con la sociedad;
II - promoción y experimentación de tecnologías abiertas y libres;
III - uso de prácticas de desarrollo y prototipado de software y de métodos ágiles para la formulación e implementación de políticas públicas;
IV - enfoque en la sociedad y en el ciudadano;
V - fomento de la participación social y de la transparencia pública;
VI - incentivo a la innovación;
VII - apoyo al emprendimiento innovador y fomento de un ecosistema de innovación tecnológica dirigido al sector público;
VIII - apoyo a políticas públicas orientadas por datos y basadas en evidencias, a fin de subsidiar la toma de decisiones y mejorar la gestión pública;
IX - estímulo a la participación de servidores, de pasantes y de colaboradores en sus actividades;
X - difusión del conocimiento en el ámbito de la administración pública.
Art. 46. (VETADO).

CAPÍTULO VII — DE LA GOBERNANZA, DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, DEL CONTROL Y DE LA AUDITORÍA

Art. 47. Corresponderá a la autoridad competente de los órganos y de las entidades referidos en el art. 2º de esta Ley, observadas las normas y los procedimientos específicos aplicables, implementar y mantener mecanismos, instancias y prácticas de gobernanza, en consonancia con los principios y las directrices establecidos en esta Ley.
Párrafo único. Los mecanismos, las instancias y las prácticas de gobernanza referidos en el caput de este artículo incluirán, como mínimo:
I - formas de seguimiento de resultados;
II - soluciones para la mejora del desempeño de las organizaciones;
III - instrumentos de promoción del proceso decisorio fundamentado en evidencias.
Art. 48. Los órganos y las entidades a que se refiere el art. 2º de esta Ley deberán establecer, mantener, monitorear y perfeccionar un sistema de gestión de riesgos y de control interno con miras a la identificación, la evaluación, el tratamiento, el monitoreo y el análisis crítico de los riesgos de la prestación digital de servicios públicos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización en el cumplimiento de su misión institucional y en la protección de los usuarios, observados los siguientes principios:
I - integración de la gestión de riesgos al proceso de planificación estratégica y a sus desdoblamientos, a las actividades, a los procesos de trabajo y a los proyectos en todos los niveles de la organización, relevantes para la ejecución de la estrategia y el logro de los objetivos institucionales;
II - establecimiento de controles internos proporcionales a los riesgos, de modo que se consideren sus causas, fuentes, consecuencias e impactos, observada la relación costo-beneficio;
III - utilización de los resultados de la gestión de riesgos como apoyo a la mejora continua del desempeño y de los procesos de gobernanza, de gestión de riesgos y de control;
IV - protección de las libertades civiles y de los derechos fundamentales.
Art. 49. La auditoría interna gubernamental deberá agregar valor y mejorar las operaciones de las organizaciones para el logro de sus objetivos, mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobernanza, de gestión de riesgos y de control, por medio de:
I - la realización de trabajos de evaluación y consultoría de forma independiente, conforme a los estándares de auditoría y de ética profesional reconocidos internacionalmente;
II - la adopción de un enfoque basado en el riesgo para la planificación de sus actividades y para la definición del alcance, de la naturaleza, de la oportunidad y de la extensión de los procedimientos de auditoría;
III - la promoción de la prevención, de la detección y de la investigación de fraudes practicados por agentes públicos o privados en la utilización de recursos públicos federales.
CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 50. El acceso y la conexión para el uso de servicios públicos podrán ser garantizados total o parcialmente por el gobierno, con el objetivo de promover el acceso universal a la prestación digital de los servicios públicos y la reducción de costos para los usuarios, en los términos de la ley.
Art. 51. El art. 3º de la Ley 7.116/83, de 29 de agosto de 1983, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 3º...............................................................................................................
.............................................................................................................................
g) firma del dirigente del órgano expedidor;
h) número de inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
§ 1º La inclusión del número de inscripción en el CPF en la Cédula de Identidad, conforme a lo dispuesto en el literal “h” del caput de este artículo, se producirá siempre que el órgano de identificación tenga acceso a un documento probatorio o a la base de datos administrada por la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
§ 2º La incorporación del número de inscripción en el CPF a la Cédula de Identidad será precedida de consulta y de validación con la base de datos administrada por la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
§ 3º En la hipótesis de que el solicitante de la Cédula de Identidad no esté inscrito en el CPF, el órgano de identificación realizará su inscripción, en caso de que tenga autorización de la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.” (NR)
Art. 52. El art. 12 de la Ley 12.527/11, de 18 de noviembre de 2011 (Lei de Acesso à Informação), pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 12. El servicio de búsqueda y de suministro de información es gratuito.
§ 1º El órgano o la entidad podrá cobrar exclusivamente el valor necesario para el resarcimiento de los costos de los servicios y de los materiales utilizados, cuando el servicio de búsqueda y de suministro de la información exija la reproducción de documentos por el órgano o por la entidad pública consultada.
§ 2º Estará exento de resarcir los costos previstos en el § 1º de este artículo aquel cuya situación económica no le permita hacerlo sin perjuicio del sustento propio o de la familia, declarada en los términos de la Ley 7.115/83, de 29 de agosto de 1983.” (NR)
Art. 53. El caput del art. 3º de la Ley 12.682/12, de 9 de julio de 2012, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 3º El proceso de digitalización deberá realizarse de forma que se mantenga la integridad, la autenticidad y, si fuera necesario, la confidencialidad del documento digital, con el empleo de firma electrónica.
...............................................................................................................” (NR)
Art. 54. La Ley 13.460/17, de 26 de junio de 2017, pasa a tener las siguientes modificaciones:
“Art. 7º..................................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 6º Compete a cada ente federado poner a disposición las informaciones de los servicios prestados, conforme a lo dispuesto en sus Cartas de Servicios al Usuario, en la Base Nacional de Serviços Públicos, mantenida por el Poder Ejecutivo federal, en formato abierto e interoperable, en los términos del reglamento del Poder Ejecutivo federal.” (NR)
“Art. 10-A. Para fines de acceso a informaciones y servicios, de ejercicio de derechos y obligaciones o de obtención de beneficios ante los órganos y las entidades federales, estaduales, distritales y municipales o los servicios públicos delegados, la presentación de un documento de identificación con fe pública en el que conste el número de inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será suficiente para la identificación del ciudadano, quedando dispensada la presentación de cualquier otro documento.
§ 1º Los registros, los formularios, los sistemas y otros instrumentos exigidos a los usuarios para la prestación de servicio público deberán poner a disposición un campo para el registro del número de inscripción en el CPF, de llenado obligatorio para ciudadanos brasileños y extranjeros residentes en Brasil, que será suficiente para su identificación, quedando prohibida la exigencia de presentación de cualquier otro número para ese fin.
§ 2º El número de inscripción en el CPF podrá ser declarado por el usuario del servicio público, siempre que esté acompañado de un documento de identificación con fe pública, en los términos de la ley.
§ 3º Un acto de cada ente federativo o Poder podrá disponer sobre casos excepcionales a lo previsto en el caput de este artículo.”
Art. 55. Esta Ley entra en vigor una vez transcurridos:
I - 90 (noventa) días de su publicación oficial, para la Unión;
II - 120 (ciento veinte) días de su publicación oficial, para los Estados y el Distrito Federal;
III - 180 (ciento ochenta) días de su publicación oficial, para los Municipios.
Brasilia, 29 de marzo de 2021; 200º de la Independencia y 133º de la República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Paulo Guedes
Marcos César Pontes
Wagner de Campos Rosário
Onyx Lorenzoni
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 30.3.2021 y republicado el 14.4.2021
Presidencia de la República Secretaría General Subjefatura para Asuntos Jurídicos
LEY 14.129/21, DE 29 DE MARZO DE 2021
Dispone sobre principios, reglas e instrumentos para el Gobierno Digital y para el aumento de la eficiencia pública y modifica la Ley 7.116/83, de 29 de agosto de 1983, la Ley 12.527/11, de 18 de noviembre de 2011 (Lei de Acesso à Informação), la Ley 12.682/12, de 9 de julio de 2012, y la Ley 13.460/17, de 26 de junio de 2017.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo promulgo, en los términos del párrafo 5º del art. 66 de la Constitución Federal, las siguientes partes vetadas de la Ley 14.129/21, de 29 de marzo de 2021:
“Art. 32. La existencia de inconsistencias en la base de datos no podrá obstar la atención de la solicitud de apertura.”
“Art. 35. En el caso de denegación de apertura de base de datos, el interesado podrá interponer recurso contra la decisión en el plazo de 10 (diez) días, contado desde su notificación.
Párrafo único. El recurso será dirigido a la autoridad jerárquicamente superior a la que dictó la decisión impugnada, la cual deberá pronunciarse en el plazo de 5 (cinco) días.”
Brasilia, 10 de junio de 2021; 200º de la Independencia y 133º de la República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 11.6.2021
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