Ley de las Alianzas Público-Privadas (PPP)

Lei 11.079/04 Lei nº 11.079, de 2004 Administrativo
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Instituye normas generales para la licitación y contratación de asociaciones público-privadas en el ámbito de la administración pública.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

Capítulo I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Ley instituye normas generales para la licitación y contratación de asociaciones público-privadas en el ámbito de los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.
Párrafo único. Esta Ley se aplica a los órganos de la administración pública directa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a los fondos especiales, a las autarquías, a las fundaciones públicas, a las empresas públicas, a las sociedades de economía mixta y a las demás entidades controladas directa o indirectamente por la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. (Redacción dada por la Ley nº 13.137, de 2015)
Art. 2º Asociación público-privada es el contrato administrativo de concesión, en la modalidad patrocinada o administrativa.
§ 1º Concesión patrocinada es la concesión de servicios públicos o de obras públicas de que trata la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, cuando implique, adicionalmente a la tarifa cobrada a los usuarios, contraprestación pecuniaria del socio público al socio privado.
§ 2º Concesión administrativa es el contrato de prestación de servicios en que la Administración Pública sea la usuaria directa o indirecta, aun cuando implique la ejecución de obra o el suministro e instalación de bienes.
§ 3º No constituye asociación público-privada la concesión común, entendida como la concesión de servicios públicos o de obras públicas de que trata la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, cuando no implique contraprestación pecuniaria del socio público al socio privado.
§ 4º Se prohíbe la celebración de contrato de asociación público-privada:
I - cuyo valor sea inferior a R$ 10.000.000,00 (diez millones de reales); (Redacción dada por la Ley nº 13.529, de 2017)
II – cuyo período de prestación del servicio sea inferior a 5 (cinco) años; o
III – que tenga como objeto único el suministro de mano de obra, el suministro e instalación de equipos o la ejecución de obra pública.
Art. 3º Las concesiones administrativas se rigen por esta Ley, aplicándoseles adicionalmente lo dispuesto en los arts. 21, 23, 25 y 27 a 39 de la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, y en el art. 31 de la Ley nº 9.074, de 7 de julio de 1995. Reglamento
§ 1º Las concesiones patrocinadas se rigen por esta Ley, aplicándoseles subsidiariamente lo dispuesto en la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, y en las leyes que le son correlativas. Reglamento
§ 2º Las concesiones comunes continúan regidas por la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, y por las leyes que le son correlativas, sin que se les aplique lo dispuesto en esta Ley.
§ 3º Continúan regidos exclusivamente por la Ley nº 8.666, de 21 de junio de 1993, y por las leyes que le son correlativas, los contratos administrativos que no constituyan concesión común, patrocinada o administrativa.
Art. 4º En la contratación de asociaciones público-privadas se observarán las siguientes directrices:
I – eficiencia en el cumplimiento de las misiones del Estado y en el empleo de los recursos de la sociedad;
II – respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y de los entes privados encargados de su ejecución;
III – indelegabilidad de las funciones de regulación, jurisdiccional, del ejercicio del poder de policía y de otras actividades exclusivas del Estado;
IV – responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de las asociaciones;
V – transparencia de los procedimientos y de las decisiones;
VI – reparto objetivo de riesgos entre las partes;
VII – sostenibilidad financiera y ventajas socioeconómicas de los proyectos de asociación.

Capítulo II — DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Art. 5º Las cláusulas de los contratos de asociación público-privada atenderán a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, en lo que corresponda, debiendo también prever:
I – el plazo de vigencia del contrato, compatible con la amortización de las inversiones realizadas, no inferior a 5 (cinco) ni superior a 35 (treinta y cinco) años, incluida eventual prórroga;
II – las penalidades aplicables a la Administración Pública y al socio privado en caso de incumplimiento contractual, fijadas siempre de forma proporcional a la gravedad de la falta cometida y a las obligaciones asumidas;
III – el reparto de riesgos entre las partes, inclusive los referentes a caso fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe y álea económica extraordinaria;
IV – las formas de remuneración y de actualización de los valores contractuales;
V – los mecanismos para la preservación de la actualidad de la prestación de los servicios;
VI – los hechos que configuren el incumplimiento pecuniario del socio público, los modos y el plazo de regularización y, cuando exista, la forma de ejecución de la garantía;
VII – los criterios objetivos de evaluación del desempeño del socio privado;
VIII – la prestación, por el socio privado, de garantías de ejecución suficientes y compatibles con las cargas y riesgos involucrados, observados los límites de los §§ 3º y 5º del art. 56 de la Ley nº 8.666, de 21 de junio de 1993, y, en lo que se refiere a las concesiones patrocinadas, lo dispuesto en el inciso XV del art. 18 de la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995;
IX – el compartimiento con la Administración Pública de las ganancias económicas efectivas del socio privado derivadas de la reducción del riesgo de crédito de los financiamientos utilizados por el socio privado;
X – la realización de inspección de los bienes reversibles, pudiendo el socio público retener los pagos al socio privado, por el valor necesario para reparar las irregularidades eventualmente detectadas.
XI - el cronograma y los hitos para la transferencia al socio privado de las cuotas del aporte de recursos, en la fase de inversiones del proyecto y/o después de la puesta a disposición de los servicios, siempre que se verifique la hipótesis del § 2º del art. 6º de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 1º Las cláusulas contractuales de actualización automática de valores basadas en índices y fórmulas matemáticas, cuando existan, se aplicarán sin necesidad de homologación por la Administración Pública, salvo que esta publique, en la prensa oficial, donde la hubiere, dentro del plazo de 15 (quince) días posteriores a la presentación de la factura, razones fundamentadas en esta Ley o en el contrato para el rechazo de la actualización.
§ 2º Los contratos podrán prever adicionalmente:
I - los requisitos y condiciones en que el socio público autorizará la transferencia del control o la administración temporal de la sociedad de propósito específico a sus financiadores y garantes con quienes no mantenga vínculo societario directo, con el objetivo de promover su reestructuración financiera y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios, sin que se aplique para este efecto lo previsto en el inciso I del párrafo único del art. 27 de la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995; (Redacción dada por la Ley nº 13.097, de 2015)
II – la posibilidad de emisión de compromiso presupuestario a nombre de los financiadores del proyecto en relación con las obligaciones pecuniarias de la Administración Pública;
III – la legitimidad de los financiadores del proyecto para recibir indemnizaciones por extinción anticipada del contrato, así como pagos efectuados por los fondos y empresas estatales garantes de asociaciones público-privadas.
Art. 5º-A. Para los fines del inciso I del § 2º del art. 5º, se considera: (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
I - control de la sociedad de propósito específico, la propiedad resoluble de acciones o cuotas por sus financiadores y garantes que cumplan los requisitos del art. 116 de la Ley nº 6.404, de 15 de diciembre de 1976; (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
II - administración temporal de la sociedad de propósito específico, por los financiadores y garantes cuando, sin transferencia de la propiedad de acciones o cuotas, se les otorguen los siguientes poderes: (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
a) designar a los miembros del Consejo de Administración, que serán elegidos en Asamblea General por los accionistas, en las sociedades regidas por la Ley 6.404, de 15 de diciembre de 1976; o a los administradores, que serán elegidos por los cuotistas, en las demás sociedades; (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
b) designar a los miembros del Consejo Fiscal, que serán elegidos por los accionistas o cuotistas controladores en Asamblea General; (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
c) ejercer poder de veto sobre cualquier propuesta sometida a la votación de los accionistas o cuotistas de la concesionaria, que represente, o pueda representar, perjuicios a los fines previstos en el caput de este artículo; (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
d) otros poderes necesarios para el logro de los fines previstos en el caput de este artículo; (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
§ 1º La administración temporal autorizada por el poder concedente no acarreará responsabilidad a los financiadores y garantes en relación con la tributación, cargos, gravámenes, sanciones, obligaciones o compromisos con terceros, inclusive con el poder concedente o con empleados. (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
§ 2º El Poder Concedente reglamentará el plazo de la administración temporal. (Incluido por la Ley nº 13.097, de 2015)
Art. 6º La contraprestación de la Administración Pública en los contratos de asociación público-privada podrá hacerse mediante:
I – orden bancaria;
II – cesión de créditos no tributarios;
III – otorgamiento de derechos frente a la Administración Pública;
III - (Véase la Ley nº 13.043, de 2014)
IV – otorgamiento de derechos sobre bienes públicos dominicales;
V – otros medios admitidos por la ley.
§ 1º El contrato podrá prever el pago al socio privado de una remuneración variable vinculada a su desempeño, conforme a las metas y estándares de calidad y disponibilidad definidos en el contrato. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 2º El contrato podrá prever el aporte de recursos en favor del socio privado para la realización de obras y la adquisición de bienes reversibles, en los términos de los incisos X y XI del caput del art. 18 de la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, siempre que esté autorizado en el pliego de licitación, si se trata de contratos nuevos, o en ley específica, si se trata de contratos celebrados hasta el 8 de agosto de 2012. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 3º El valor del aporte de recursos realizado en los términos del § 2º podrá ser excluido de la determinación: (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
I - del lucro neto para fines de determinación del lucro real y de la base de cálculo de la Contribución Social sobre el Lucro Neto - CSLL; y (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
II - de la base de cálculo de la Contribución al PIS/Pasep y de la Contribución para la Financiación de la Seguridad Social - COFINS. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012) (Véase la Ley Complementaria nº 214, de 2025) Producción de efectos
III - de la base de cálculo de la Contribución Previsional sobre los Ingresos Brutos - CPRB debida por las empresas a que se refieren los arts. 7º y 8º de la Ley nº 12.546, de 14 de diciembre de 2011, a partir del 1º de enero de 2015. (Redacción dada por la Ley nº 13.043, de 2014)
§ 4º Hasta el 31 de diciembre de 2013, para los optantes conforme al art. 75 de la Ley nº 12.973, de 13 de mayo de 2014, y hasta el 31 de diciembre de 2014, para los no optantes, la parcela excluida en los términos del § 3º deberá ser computada en la determinación del lucro neto para fines de determinación del lucro real, de la base de cálculo de la CSLL y de la base de cálculo de la Contribución al PIS/Pasep y de la Cofins, en la proporción en que se realice el costo de las obras y adquisición de bienes a que se refiere el § 2º de este artículo, inclusive mediante depreciación o extinción de la concesión, en los términos del art. 35 de la Ley nº 8.987, de 13 de febrero de 1995. (Redacción dada por la Ley nº 13.043, de 2014)
§ 5º Con ocasión de la extinción del contrato, el socio privado no recibirá indemnización por las parcelas de inversiones vinculadas a bienes reversibles aún no amortizadas o depreciadas, cuando tales inversiones hayan sido realizadas con valores provenientes del aporte de recursos de que trata el § 2º. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 6º A partir del 1º de enero de 2014, para los optantes conforme al art. 75 de la Ley 12.973, de 13 de mayo de 2014, y del 1º de enero de 2015, para los no optantes, la parcela excluida en los términos del § 3º deberá computarse en la determinación del lucro neto a efectos del cálculo del lucro real, de la base de cálculo de la CSLL y de la base de cálculo de la Contribución al PIS/Pasep y de la Cofins en cada período de determinación durante el plazo restante del contrato, considerado a partir del inicio de la prestación de los servicios públicos. (Incluido por la Ley 13.043, de 2014)
§ 7º En el caso del § 6º, el valor que se añadirá en cada período de determinación debe ser el valor de la parcela excluida dividido por la cantidad de períodos de determinación contenidos en el plazo restante del contrato. (Incluido por la Ley 13.043, de 2014)
§ 8º Para los contratos de concesión en que la concesionaria ya haya iniciado la prestación de los servicios públicos en las fechas referidas en el § 6º, las adiciones subsiguientes se realizarán en cada período de determinación durante el plazo restante del contrato, considerando el saldo remanente aún no adicionado. (Incluido por la Ley 13.043, de 2014)
§ 9º La parcela excluida en los términos del inciso III del § 3º deberá computarse en la determinación de la base de cálculo de la contribución previsional de que trata el inciso III del § 3º en cada período de determinación durante el plazo restante previsto en el contrato para la construcción, recuperación, reforma, ampliación o mejoramiento de la infraestructura que será utilizada en la prestación de servicios públicos. (Incluido por la Ley 13.043, de 2014)
§ 10. En el caso del § 9º, el valor que se añadirá en cada período de determinación debe ser el valor de la parcela excluida dividido por la cantidad de períodos de determinación contenidos en el plazo restante previsto en el contrato para la construcción, recuperación, reforma, ampliación o mejoramiento de la infraestructura que será utilizada en la prestación de servicios públicos. (Incluido por la Ley 13.043, de 2014)
§ 11. Si se produjere la extinción de la concesión antes del advenimiento del término contractual, el saldo de la parcela excluida en los términos del § 3º, aún no adicionado, deberá computarse en la determinación del lucro neto a efectos del cálculo del lucro real, de la base de cálculo de la CSLL y de la contribución previsional de que trata el inciso III del § 3º en el período de determinación de la extinción. (Redacción dada por la Ley Complementaria 214, de 2025) Producción de efectos
§ 12. Se aplican a los ingresos percibidos por el socio privado en los términos del § 6º el régimen de determinación y las alícuotas de la Contribución al PIS/Pasep y de la Cofins aplicables a sus ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos. (Incluido por la Ley 13.043, de 2014) (Véase la Ley Complementaria 214, de 2025) Producción de efectos
Art. 7º La contraprestación de la Administración Pública será obligatoriamente precedida de la puesta a disposición del servicio objeto del contrato de asociación público-privada.
§ 1º Se faculta a la administración pública, en los términos del contrato, efectuar el pago de la contraprestación relativa a la parcela disfrutable del servicio objeto del contrato de asociación público-privada. (Incluido por la Ley 12.766, de 2012)
§ 2º El aporte de recursos de que trata el § 2º del art. 6º, cuando se realice durante la fase de las inversiones a cargo del socio privado, deberá guardar proporcionalidad con las etapas efectivamente ejecutadas. (Incluido por la Ley 12.766, de 2012)

Capítulo III — DE LAS GARANTÍAS

Art. 8º Las obligaciones pecuniarias contraídas por la Administración Pública en contrato de asociación público-privada podrán ser garantizadas mediante: (Véase la Ley 13.043, de 2014)
I – vinculación de ingresos, observado lo dispuesto en el inciso IV del art. 167 de la Constitución Federal;
II – institución o utilización de fondos especiales previstos en ley;
III – contratación de seguro de garantía con compañías aseguradoras que no sean controladas por el Poder Público;
IV - garantía prestada por organismos internacionales o instituciones financieras; (Redacción dada por la Ley 14.227, de 2021)
V – garantías prestadas por fondo garante o empresa estatal creada para esa finalidad;
VI – otros mecanismos admitidos en ley.
Párrafo único. (VETADO). (Incluido por la Ley 13.043, de 2014)

Capítulo IV — DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 9º Antes de la celebración del contrato, deberá constituirse una sociedad de propósito específico, encargada de implantar y gestionar el objeto de la asociación.
§ 1º La transferencia del control de la sociedad de propósito específico estará condicionada a la autorización expresa de la Administración Pública, en los términos del pliego de licitación y del contrato, observado lo dispuesto en el párrafo único del art. 27 de la Ley 8.987, de 13 de febrero de 1995.
§ 2º La sociedad de propósito específico podrá asumir la forma de compañía abierta, con valores mobiliarios admitidos a negociación en el mercado.
§ 3º La sociedad de propósito específico deberá obedecer a estándares de gobernanza corporativa y adoptar contabilidad y estados financieros estandarizados, conforme al reglamento.
§ 4º Queda prohibido a la Administración Pública ser titular de la mayoría del capital con derecho a voto de las sociedades de que trata este Capítulo.
§ 5º La prohibición prevista en el § 4º de este artículo no se aplica a la eventual adquisición de la mayoría del capital con derecho a voto de la sociedad de propósito específico por institución financiera controlada por el Poder Público en caso de incumplimiento de contratos de financiamiento.

Capítulo V — DE LA LICITACIÓN

Art. 10. La contratación de asociación público-privada será precedida de licitación en la modalidad de concurrencia o diálogo competitivo, estando la apertura del proceso licitatorio condicionada a: (Redacción dada por la Ley 14.133, de 2021)
I – autorización de la autoridad competente, fundamentada en estudio técnico que demuestre:
a) la conveniencia y la oportunidad de la contratación, mediante la identificación de las razones que justifiquen la opción por la forma de asociación público-privada;
b) que los gastos creados o aumentados no afectarán las metas de resultados fiscales previstas en el Anexo referido en el § 1º del art. 4º de la Ley Complementaria 101, de 4 de mayo de 2000, debiendo sus efectos financieros, en los períodos siguientes, ser compensados por el aumento permanente de ingresos o por la reducción permanente de gastos; y
c) cuando sea el caso, conforme a las normas dictadas en la forma del art. 25 de esta Ley, la observancia de los límites y condiciones derivados de la aplicación de los arts. 29, 30 y 32 de la Ley Complementaria 101, de 4 de mayo de 2000, por las obligaciones contraídas por la Administración Pública relativas al objeto del contrato;
II – elaboración de estimación del impacto presupuestario-financiero en los ejercicios en que deba estar vigente el contrato de asociación público-privada;
III – declaración del ordenador del gasto de que las obligaciones contraídas por la Administración Pública en el transcurso del contrato son compatibles con la ley de directrices presupuestarias y están previstas en la ley presupuestaria anual;
IV – estimación del flujo de recursos públicos suficientes para el cumplimiento, durante la vigencia del contrato y por ejercicio financiero, de las obligaciones contraídas por la Administración Pública;
V – que su objeto esté previsto en el plan plurianual vigente en el ámbito donde se celebrará el contrato;
VI – sometimiento del borrador de pliego de licitación y de contrato a consulta pública, mediante publicación en la prensa oficial, en periódicos de gran circulación y por medio electrónico, que deberá informar la justificación de la contratación, la identificación del objeto, el plazo de duración del contrato, su valor estimado, fijándose un plazo mínimo de 30 (treinta) días para la recepción de sugerencias, cuyo término se dará por lo menos 7 (siete) días antes de la fecha prevista para la publicación del pliego de licitación; y VII – licencia ambiental previa o expedición de las directrices para el licenciamiento ambiental del emprendimiento, en la forma del reglamento, siempre que el objeto del contrato lo exija.
§ 1º La comprobación referida en los literales b y c del inciso I del caput de este artículo contendrá las premisas y la metodología de cálculo utilizadas, observadas las normas generales para la consolidación de las cuentas públicas, sin perjuicio del examen de compatibilidad de los gastos con las demás normas del plan plurianual y de la ley de directrices presupuestarias.
§ 2º Siempre que la firma del contrato ocurra en un ejercicio distinto de aquel en que se publique el pliego de licitación, deberá ser precedida de la actualización de los estudios y demostraciones a que se refieren los incisos I a IV del caput de este artículo.
§ 3º Las concesiones patrocinadas en que más del 70% (setenta por ciento) de la remuneración del socio privado sea pagada por la Administración Pública dependerán de autorización legislativa específica.
§ 4º Los estudios de ingeniería para la definición del valor de la inversión de la PPP deberán tener un nivel de detalle de anteproyecto, y el valor de las inversiones para la definición del precio de referencia para la licitación se calculará con base en valores de mercado considerando el costo global de obras similares en Brasil o en el exterior, o con base en sistemas de costos que utilicen como insumo valores de mercado del sector específico del proyecto, evaluados, en cualquier caso, mediante presupuesto sintético, elaborado por medio de metodología expedita o paramétrica. (Incluido por la Ley 12.766, de 2012)
Art. 11. El instrumento de convocatoria contendrá el borrador del contrato, indicará expresamente el sometimiento de la licitación a las normas de esta Ley y observará, en lo que corresponda, los §§ 3º y 4º del art. 15, los arts. 18, 19 y 21 de la Ley 8.987, de 13 de febrero de 1995, pudiendo además prever:
I – exigencia de garantía de propuesta del licitante, observado el límite del inciso III del art. 31 de la Ley 8.666, de 21 de junio de 1993;
II – (VETADO)
III – el empleo de mecanismos privados de resolución de disputas, incluido el arbitraje, que se realizará en Brasil y en lengua portuguesa, en los términos de la Ley 9.307, de 23 de septiembre de 1996, para dirimir conflictos derivados del contrato o relacionados con este.
Párrafo único. El pliego de licitación deberá especificar, cuando las hubiere, las garantías de la contraprestación del socio público que se concederán al socio privado.
Art. 12. El certamen para la contratación de asociaciones público-privadas obedecerá al procedimiento previsto en la legislación vigente sobre licitaciones y contratos administrativos y también a lo siguiente:
I – el juzgamiento podrá ser precedido de una etapa de calificación de propuestas técnicas, descalificándose a los licitantes que no alcancen la puntuación mínima, los cuales no participarán en las etapas siguientes;
II – el juzgamiento podrá adoptar como criterios, además de los previstos en los incisos I y V del art. 15 de la Ley 8.987, de 13 de febrero de 1995, los siguientes:
a) menor valor de la contraprestación que deba pagar la Administración Pública;
b) mejor propuesta en razón de la combinación del criterio del literal a con el de mejor técnica, de acuerdo con los pesos establecidos en el pliego de licitación;
III – el pliego de licitación definirá la forma de presentación de las propuestas económicas, admitiéndose:
a) propuestas escritas en sobres lacrados; o
b) propuestas escritas, seguidas de ofertas a viva voz;
IV – el pliego de licitación podrá prever la posibilidad de subsanación de fallas, de complementación de insuficiencias o incluso de correcciones de carácter formal en el curso del procedimiento, siempre que el licitante pueda satisfacer las exigencias dentro del plazo fijado en el instrumento de convocatoria.
§ 1º En la hipótesis del literal b del inciso III del caput de este artículo:
I - las ofertas a viva voz se presentarán siempre en el orden inverso de la clasificación de las propuestas escritas, estando prohibido al pliego de licitación limitar la cantidad de ofertas;
II – el pliego de licitación podrá restringir la presentación de ofertas a viva voz a los licitantes cuya propuesta escrita sea como máximo 20% (veinte por ciento) mayor que el valor de la mejor propuesta.
§ 2º El examen de las propuestas técnicas, a efectos de calificación o juzgamiento, se hará mediante acto motivado, con base en exigencias, parámetros e indicadores de resultado pertinentes al objeto, definidos con claridad y objetividad en el pliego de licitación.
Art. 13. El pliego de licitación podrá prever la inversión del orden de las fases de habilitación y juzgamiento, hipótesis en que:
I – concluida la fase de clasificación de las propuestas o la presentación de ofertas, se abrirá el sobre con los documentos de habilitación del licitante mejor clasificado, para verificar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego de condiciones;
II – verificado el cumplimiento de las exigencias del pliego de condiciones, el licitante será declarado ganador;
III – inhabilitado el licitante mejor clasificado, se analizarán los documentos de habilitación del licitante con la propuesta clasificada en 2º (segundo) lugar, y así sucesivamente, hasta que un licitante clasificado cumpla las condiciones fijadas en el pliego de condiciones;
IV – proclamado el resultado final del certamen, el objeto será adjudicado al ganador en las condiciones técnicas y económicas por él ofrecidas.

Capítulo VI

DISPOSICIONES APLICABLES A LA UNIÓN

Art. 14. Se instituirá, por decreto, un órgano gestor de asociaciones público-privadas federales, con competencia para:(Véase Decreto nº 5.385, de 2005)
I – definir los servicios prioritarios para su ejecución bajo el régimen de asociación público-privada;
II – reglamentar los procedimientos para la celebración de esos contratos;
III – autorizar la apertura de la licitación y aprobar su pliego de condiciones;
IV – examinar los informes de ejecución de los contratos.
§ 1º El órgano mencionado en el caput de este artículo estará compuesto por la designación nominal de un representante titular y su respectivo suplente de cada uno de los siguientes órganos:
I – Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, al que corresponderá la tarea de coordinación de las respectivas actividades;
II – Ministerio de Hacienda;
III – Casa Civil de la Presidencia de la República.
§ 2º En las reuniones del órgano a que se refiere el caput de este artículo para examinar proyectos de asociación público-privada participará un representante del órgano de la Administración Pública directa cuya área de competencia sea pertinente al objeto del contrato en análisis.
§ 3º Para la deliberación del órgano gestor sobre la contratación de una asociación público-privada, el expediente deberá estar instruido con un pronunciamiento previo y fundamentado:
I – del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, sobre el mérito del proyecto;
II – del Ministerio de Hacienda, en cuanto a la viabilidad del otorgamiento de la garantía y a su forma, en relación con los riesgos para el Tesoro Nacional y con el cumplimiento del límite a que se refiere el art. 22 de esta Ley.
§ 4º Para el desempeño de sus funciones, el órgano citado en el caput de este artículo podrá crear una estructura de apoyo técnico con la presencia de representantes de instituciones públicas.
§ 5º El órgano a que se refiere el caput de este artículo remitirá al Congreso Nacional y al Tribunal de Cuentas de la Unión, con periodicidad anual, informes de desempeño de los contratos de asociación público-privada.
§ 6º Para los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso V del art. 4º de esta Ley, salvo las informaciones clasificadas como secretas, los informes a que se refiere el § 5º de este artículo se pondrán a disposición del público, por medio de red pública de transmisión de datos.
Art. 14-A. La Cámara de Diputados y el Senado Federal, mediante actos de sus respectivas Mesas, podrán disponer sobre la materia a que se refiere el art. 14 en el caso de las asociaciones público-privadas por ellos realizadas, manteniéndose la competencia del Ministerio de Hacienda descrita en el inciso II del § 3º del referido artículo. (Incluido por la Ley nº 13.137, de 2015)
Art. 15. Corresponde a los Ministerios y a las Agencias Reguladoras, en sus respectivas áreas de competencia, someter el pliego de condiciones de la licitación al órgano gestor, realizar la licitación, y acompañar y fiscalizar los contratos de asociación público-privada.
Parágrafo único. Los Ministerios y Agencias Reguladoras remitirán al órgano a que se refiere el caput del art. 14 de esta Ley, con periodicidad semestral, informes circunstanciados acerca de la ejecución de los contratos de asociación público-privada, en la forma definida en reglamento.
Art. 16. Quedan autorizados la Unión, sus fondos especiales, sus autarquías, sus fundaciones públicas y sus empresas estatales dependientes a participar, hasta el límite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis mil millones de reales), en el Fondo Garante de Asociaciones Público-Privadas - FGP, que tendrá por finalidad prestar garantía de pago de las obligaciones pecuniarias asumidas por los socios públicos federales, distritales, estaduales o municipales en virtud de las asociaciones a que se refiere esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 1º El FGP tendrá naturaleza privada y patrimonio propio separado del patrimonio de los cotistas, y estará sujeto a derechos y obligaciones propios.
§ 2º El patrimonio del Fondo estará formado por el aporte de bienes y derechos realizado por los cotistas, mediante la integralización de cuotas, y por los rendimientos obtenidos con su administración.
§ 3º Los bienes y derechos transferidos al Fondo serán valorados por una empresa especializada, que deberá presentar un informe fundamentado, con indicación de los criterios de valoración adoptados e instruido con los documentos relativos a los bienes valorados.
§ 4º La integralización de las cuotas podrá realizarse en dinero, títulos de la deuda pública, bienes inmuebles de dominio privado del Estado, bienes muebles, incluidas acciones de sociedades de economía mixta federales que excedan lo necesario para el mantenimiento de su control por la Unión, u otros derechos con valor patrimonial.
§ 5º El FGP responderá por sus obligaciones con los bienes y derechos que integran su patrimonio, y los cotistas no responderán por ninguna obligación del Fondo, salvo por la integralización de las cuotas que hubieren suscrito.
§ 6º La integralización con bienes a que se refiere el § 4º de este artículo se efectuará independientemente de licitación, mediante previa valoración y autorización específica del Presidente de la República, por propuesta del Ministro de Hacienda.
§ 7º El aporte de bienes de uso especial o de uso común al FGP estará condicionado a su desafectación de forma individualizada.
§ 8º La capitalización del FGP, cuando se realice por medio de recursos presupuestarios, se hará mediante una acción presupuestaria específica para esta finalidad, en el ámbito de las Cargas Financieras de la Unión. (Redacción dada por la Ley nº 12.409, de 2011)
§ 9º (VETADO). (Incluido y vetado por la Ley nº 12.766, de 2012)
Art. 17. El FGP será creado, administrado, gestionado y representado judicial y extrajudicialmente por una institución financiera controlada, directa o indirectamente, por la Unión, con observancia de las normas a que se refiere el inciso XXII del art. 4º de la Ley nº 4.595, de 31 de diciembre de 1964.
§ 1º El estatuto y el reglamento del FGP serán aprobados en asamblea de los cotistas.
§ 2º La representación de la Unión en la asamblea de los cotistas se hará en la forma del inciso V del art. 10 del Decreto-Ley nº 147, de 3 de febrero de 1967.
§ 3º Corresponderá a la institución financiera deliberar sobre la gestión y enajenación de los bienes y derechos del FGP, velando por el mantenimiento de su rentabilidad y liquidez.
Art. 18. El estatuto y el reglamento del FGP deben deliberar sobre la política de otorgamiento de garantías, inclusive en lo que se refiere a la relación entre activos y pasivos del Fondo. (Redacción dada por la Ley nº 12.409, de 2011)
§ 1º La garantía será prestada en la forma aprobada por la asamblea de los cotistas, en las siguientes modalidades:
I – fianza, sin beneficio de excusión para el fiador;
II – prenda de bienes muebles o de derechos que integren el patrimonio del FGP, sin transferencia de la posesión de la cosa dada en prenda antes de la ejecución de la garantía;
III – hipoteca de bienes inmuebles del patrimonio del FGP;
IV – enajenación fiduciaria, permaneciendo la posesión directa de los bienes con el FGP o con un agente fiduciario por él contratado antes de la ejecución de la garantía;
V – otros contratos que produzcan efecto de garantía, siempre que no transfieran la titularidad o la posesión directa de los bienes al socio privado antes de la ejecución de la garantía;
VI – garantía, real o personal, vinculada a un patrimonio de afectación constituido como consecuencia de la separación de bienes y derechos pertenecientes al FGP.
§ 2º El FGP podrá prestar contragarantías a aseguradoras, instituciones financieras y organismos internacionales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias de los cotistas en contratos de asociación público-privada.
§ 3º El pago por el socio público de cada cuota de deuda garantizada por el FGP implicará la liberación proporcional de la garantía.
§ 4º El FGP podrá prestar garantía mediante la contratación de instrumentos disponibles en el mercado, inclusive para complementar las modalidades previstas en el § 1º. (Redacción dada por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 5º El socio privado podrá accionar al FGP en los casos de: (Redacción dada por la Ley nº 12.766, de 2012)
I - crédito líquido y cierto, constante en título exigible aceptado y no pagado por el socio público después de 15 (quince) días contados desde la fecha de vencimiento; y (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
II - débitos constantes en facturas emitidas y no aceptadas por el socio público después de 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la fecha de vencimiento, siempre que no haya habido rechazo expreso mediante acto motivado. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 6º El pago de una deuda por el FGP implicará su subrogación en los derechos del socio privado.
§ 7º En caso de incumplimiento, los bienes y derechos del Fondo podrán ser objeto de embargo judicial y enajenación para satisfacer las obligaciones garantizadas.
§ 8º El FGP podrá utilizar una parte de la cuota de la Unión para prestar garantía a sus fondos especiales, a sus autarquías, a sus fundaciones públicas y a sus empresas estatales dependientes. (Incluido por la Ley nº 12.409, de 2011)
§ 9º El FGP está obligado a honrar las facturas aceptadas y no pagadas por el socio público. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 10. Se prohíbe al FGP pagar facturas rechazadas expresamente mediante acto motivado. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 11. El socio público deberá informar al FGP sobre cualquier factura rechazada y sobre los motivos del rechazo en el plazo de 40 (cuarenta) días contado desde la fecha de vencimiento. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 12. La ausencia de aceptación o de rechazo expreso de una factura por parte del socio público en el plazo de 40 (cuarenta) días contado desde la fecha de vencimiento implicará aceptación tácita. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
§ 13. El agente público que contribuya por acción u omisión a la aceptación tácita a que se refiere el § 12, o que rechace una factura sin motivación, será responsabilizado por los daños que cause, de conformidad con la legislación civil, administrativa y penal vigente. (Incluido por la Ley nº 12.766, de 2012)
Art. 19 El FGP no pagará rendimientos a sus cotistas, asegurándose a cualquiera de ellos el derecho de solicitar el rescate total o parcial de sus cuotas, correspondiente al patrimonio aún no utilizado para el otorgamiento de garantías, efectuándose la liquidación con base en la situación patrimonial del Fondo.
Art. 20. La disolución del FGP, deliberada por la asamblea de los cotistas, quedará condicionada al pago previo de la totalidad de los débitos garantizados o a la liberación de las garantías por los acreedores.
Parágrafo único. Disuelto el FGP, su patrimonio será prorrateado entre los cotistas, con base en la situación patrimonial a la fecha de la disolución.
Art. 21. Se faculta la constitución de un patrimonio de afectación que no se comunicará con el resto del patrimonio del FGP, quedando vinculado exclusivamente a la garantía en virtud de la cual haya sido constituido, y no podrá ser objeto de embargo, secuestro, búsqueda y aprehensión ni de cualquier acto de constricción judicial derivado de otras obligaciones del FGP.
Parágrafo único. La constitución del patrimonio de afectación se hará mediante registro en el Registro de Títulos y Documentos o, en el caso de bien inmueble, en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria correspondiente.
Art. 22. La Unión solo podrá contratar una asociación público-privada cuando la suma de los gastos de carácter continuado derivados del conjunto de las asociaciones ya contratadas no haya excedido, en el año anterior, el 1% (uno por ciento) de los ingresos corrientes netos del ejercicio, y los gastos anuales de los contratos vigentes, en los 10 (diez) años subsiguientes, no excedan el 1% (uno por ciento) de los ingresos corrientes netos proyectados para los respectivos ejercicios.

Capítulo VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 23. Se autoriza a la Unión a conceder incentivo, en los términos del Programa de Incentivo a la Implementación de Proyectos de Interés Social – PIPS, instituido por la Ley 10.735, de 11 de septiembre de 2003, a las aplicaciones en fondos de inversión, creados por instituciones financieras, en derechos de crédito provenientes de los contratos de asociaciones público-privadas.
Art. 24. El Consejo Monetario Nacional establecerá, en la forma de la legislación pertinente, las directrices para la concesión de crédito destinado a la financiación de contratos de asociaciones público-privadas, así como para la participación de entidades cerradas de previsión complementaria.
Art. 25. La Secretaría del Tesoro Nacional dictará, en la forma de la legislación pertinente, normas generales relativas a la consolidación de las cuentas públicas aplicables a los contratos de asociación público-privada.
Art. 26. El inciso I del § 1º del art. 56 de la Ley 8.666, de 21 de junio de 1993, pasa a tener la siguiente redacción:
"Art. 56....................................................................................
§ 1º.........................................................................................
I - caución en dinero o en títulos de la deuda pública, los cuales deberán haber sido emitidos en forma escritural, mediante registro en sistema centralizado de liquidación y de custodia autorizado por el Banco Central do Brasil y valorados por sus valores económicos, conforme lo defina el Ministerio de Hacienda;
........................................................................................." (NR)
Art. 27. Las operaciones de crédito efectuadas por empresas públicas o sociedades de economía mixta controladas por la Unión no podrán exceder el 70% (setenta por ciento) del total de las fuentes de recursos financieros de la sociedad de propósito específico, y para las áreas de las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, donde el Índice de Desarrollo Humano – IDH sea inferior al promedio nacional, dicha participación no podrá exceder el 80% (ochenta por ciento).
§ 1º No podrán exceder el 80% (ochenta por ciento) del total de las fuentes de recursos financieros de la sociedad de propósito específico, o el 90% (noventa por ciento) en las áreas de las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, donde el Índice de Desarrollo Humano – IDH sea inferior al promedio nacional, las operaciones de crédito o aportes de capital realizados de manera acumulada por:
I – entidades cerradas de previsión complementaria;
II – empresas públicas o sociedades de economía mixta controladas por la Unión.
§ 2º Para los fines de lo dispuesto en este artículo, se entiende por fuente de recursos financieros las operaciones de crédito y los aportes de capital a la sociedad de propósito específico.
Art. 28. La Unión no podrá conceder garantía ni realizar transferencia voluntaria a los Estados, el Distrito Federal y los Municipios si la suma de los gastos de carácter continuado derivados del conjunto de las asociaciones ya contratadas por dichos entes hubiere excedido, en el año anterior, el 5% (cinco por ciento) de los ingresos corrientes netos del ejercicio, o si los gastos anuales de los contratos vigentes en los 10 (diez) años subsiguientes excedieren el 5% (cinco por ciento) de los ingresos corrientes netos proyectados para los respectivos ejercicios. (Redacción dada por la Ley 12.766, de 2012)
§ 1º Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que contraten emprendimientos por medio de asociaciones público-privadas deberán remitir al Senado Federal y a la Secretaría del Tesoro Nacional, previamente a la contratación, las informaciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el caput de este artículo.
§ 2º En la aplicación del límite previsto en el caput de este artículo, se computarán los gastos derivados de contratos de asociación celebrados por la administración pública directa, autarquías, fundaciones públicas, empresas públicas, sociedades de economía mixta y demás entidades controladas, directa o indirectamente, por el respectivo ente, con exclusión de las empresas estatales no dependientes. (Redacción dada por la Ley 12.024, de 2009)
§ 3º (VETADO)
Art. 29. Serán aplicables, en lo que corresponda, las penalidades previstas en el Decreto-Ley 2.848, de 7 de diciembre de 1940 - Código Penal, en la Ley 8.429, de 2 de junio de 1992 – Ley de Improbidad Administrativa, en la Ley 10.028, de 19 de octubre de 2000 - Ley de los Delitos Fiscales, en el Decreto-Ley 201, de 27 de febrero de 1967, y en la Ley 1.079, de 10 de abril de 1950, sin perjuicio de las penalidades financieras previstas contractualmente.
Art. 30. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 30 de diciembre de 2004; 183º de la Independencia y 116º de la República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Bernard Appy Nelson Machado
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 31.12.2004
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