Ley de las Organizaciones Sociales (Programa Nacional de Publicización)

Lei 9.637/98 Lei nº 9.637, de 1998 Administrativo
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Dispone sobre la calificación de entidades como organizaciones sociales, la creación del Programa Nacional de Publicización, la extinción de los órganos y entidades que menciona y la absorción de sus actividades por organizaciones sociales, y adopta otras providencias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

CAPÍTULO I DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Sección I De la Calificación

Art. 1o El Poder Ejecutivo podrá calificar como organizaciones sociales a personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuyas actividades estén dirigidas a la enseñanza, a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, a la protección y preservación del medio ambiente, a la cultura y a la salud, siempre que cumplan los requisitos previstos en esta Ley.
Art. 2o Son requisitos específicos para que las entidades privadas referidas en el artículo anterior se habiliten para la calificación como organización social:
I - comprobar el registro de su acto constitutivo, que disponga sobre:
a) naturaleza social de sus objetivos relativos a la respectiva área de actuación;
b) finalidad no lucrativa, con la obligatoriedad de invertir sus excedentes financieros en el desarrollo de las propias actividades;
c) previsión expresa de que la entidad tenga, como órganos de deliberación superior y de dirección, un consejo de administración y una directiva definidos en los términos del estatuto, asegurándose a aquel la composición y las atribuciones normativas y de control básicas previstas en esta Ley;
d) previsión de participación, en el órgano colegiado de deliberación superior, de representantes del Poder Público y de miembros de la comunidad, de notoria capacidad profesional e idoneidad moral;
e) composición y atribuciones de la directiva;
f) obligatoriedad de publicación anual, en el Diário Oficial da União, de los informes financieros y del informe de ejecución del contrato de gestión;
g) en el caso de asociación civil, la aceptación de nuevos asociados, en la forma del estatuto;
h) prohibición de distribuir bienes o parte del patrimonio neto en cualquier hipótesis, inclusive por razón de desvinculación, retiro o fallecimiento de asociado o miembro de la entidad;
i) previsión de incorporación íntegra del patrimonio, de los legados o de las donaciones que le hayan sido destinados, así como de los excedentes financieros derivados de sus actividades, en caso de extinción o descalificación, al patrimonio de otra organización social calificada en el ámbito de la Unión, de la misma área de actuación, o al patrimonio de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, en la proporción de los recursos y bienes asignados por estos;
II - haber aprobación, en cuanto a la conveniencia y oportunidad de su calificación como organización social, del Ministro o titular del órgano supervisor o regulador del área de actividad correspondiente a su objeto social y del Ministro de Estado de la Administración Federal y Reforma del Estado.

Sección II Del Consejo de Administración

Art. 3o El consejo de administración debe estar estructurado en los términos que disponga el respectivo estatuto, observándose, para los fines de cumplimiento de los requisitos de calificación, los siguientes criterios básicos:
I - estar compuesto por:
a) 20 a 40% (veinte a cuarenta por ciento) de miembros natos representantes del Poder Público, definidos por el estatuto de la entidad;
b) 20 a 30% (veinte a treinta por ciento) de miembros natos representantes de entidades de la sociedad civil, definidos por el estatuto;
c) hasta 10% (diez por ciento), en el caso de asociación civil, de miembros elegidos entre los miembros o los asociados;
d) 10 a 30% (diez a treinta por ciento) de miembros elegidos por los demás integrantes del consejo, entre personas de notoria capacidad profesional y reconocida idoneidad moral;
e) hasta 10% (diez por ciento) de miembros designados o elegidos en la forma establecida por el estatuto;
II - los miembros elegidos o designados para integrar el Consejo deben tener mandato de cuatro años, admitiéndose una reelección;
III - los representantes de entidades previstos en los apartados "a" y "b" del inciso I deben corresponder a más del 50% (cincuenta por ciento) del Consejo;
IV - el primer mandato de la mitad de los miembros elegidos o designados debe ser de dos años, según criterios establecidos en el estatuto;
V - el dirigente máximo de la entidad debe participar en las reuniones del consejo, sin derecho a voto;
VI - el Consejo debe reunirse ordinariamente, como mínimo, tres veces cada año y, extraordinariamente, en cualquier momento;
VII - los consejeros no deben recibir remuneración por los servicios que, en esa condición, presten a la organización social, salvo la ayuda de costo por reunión en la que participen;
VIII - los consejeros elegidos o designados para integrar la directiva de la entidad deben renunciar al asumir funciones ejecutivas.
Art. 4o Para los fines de cumplimiento de los requisitos de calificación, deben ser atribuciones privativas del Consejo de Administración, entre otras:
I - fijar el ámbito de actuación de la entidad, para la consecución de su objeto;
II - aprobar la propuesta de contrato de gestión de la entidad;
III - aprobar la propuesta de presupuesto de la entidad y el programa de inversiones;
IV - designar y destituir a los miembros de la directiva;
V - fijar la remuneración de los miembros de la directiva;
VI - aprobar y disponer sobre la modificación de los estatutos y la extinción de la entidad por mayoría, como mínimo, de dos tercios de sus miembros;
VII - aprobar el reglamento interno de la entidad, que debe disponer, como mínimo, sobre la estructura, la forma de gestión, los cargos y sus respectivas competencias;
VIII - aprobar por mayoría, como mínimo, de dos tercios de sus miembros, el reglamento propio que contenga los procedimientos que debe adoptar para la contratación de obras, servicios, compras y enajenaciones y el plan de cargos, salarios y beneficios de los empleados de la entidad;
IX - aprobar y remitir, al órgano supervisor de la ejecución del contrato de gestión, los informes gerenciales y de actividades de la entidad, elaborados por la directiva;
X - fiscalizar el cumplimiento de las directrices y metas definidas y aprobar los estados financieros y contables y las cuentas anuales de la entidad, con el auxilio de auditoría externa.

Sección III Del Contrato de Gestión

Art. 5o Para los efectos de esta Ley, se entiende por contrato de gestión el instrumento suscrito entre el Poder Público y la entidad calificada como organización social, con miras a la formación de una alianza entre las partes para el fomento y la ejecución de actividades relativas a las áreas enumeradas en el art. 1o.
Art. 6o El contrato de gestión, elaborado de común acuerdo entre el órgano o entidad supervisora y la organización social, discriminará las atribuciones, responsabilidades y obligaciones del Poder Público y de la organización social.
Párrafo único. El contrato de gestión debe ser sometido, tras su aprobación por el Consejo de Administración de la entidad, al Ministro de Estado o autoridad supervisora del área correspondiente a la actividad fomentada.
Art. 7o En la elaboración del contrato de gestión, deben observarse los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad, economicidad y, también, los siguientes preceptos:
I - especificación del programa de trabajo propuesto por la organización social, la estipulación de las metas que deben alcanzarse y los respectivos plazos de ejecución, así como previsión expresa de los criterios objetivos de evaluación de desempeño que deben utilizarse, mediante indicadores de calidad y productividad;
II - la estipulación de los límites y criterios para el gasto con remuneración y ventajas de cualquier naturaleza que deban percibir los dirigentes y empleados de las organizaciones sociales, en el ejercicio de sus funciones.
Párrafo único. Los Ministros de Estado o autoridades supervisoras del área de actuación de la entidad deben definir las demás cláusulas de los contratos de gestión de los que sean signatarios.

Sección IV De la Ejecución y Fiscalización del Contrato de Gestión

Art. 8o La ejecución del contrato de gestión celebrado por organización social será fiscalizada por el órgano o entidad supervisora del área de actuación correspondiente a la actividad fomentada.
§ 1o La entidad calificada presentará al órgano o entidad supervisora del Poder Público signataria del contrato, al término de cada ejercicio o en cualquier momento, conforme lo recomiende el interés público, un informe pertinente a la ejecución del contrato de gestión, que contenga un comparativo específico de las metas propuestas con los resultados alcanzados, acompañado de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio financiero.
§ 2o Los resultados alcanzados con la ejecución del contrato de gestión deben ser analizados, periódicamente, por una comisión de evaluación, designada por la autoridad supervisora del área correspondiente, compuesta por especialistas de notoria capacidad y adecuada calificación.
§ 3o La comisión debe remitir a la autoridad supervisora un informe conclusivo sobre la evaluación realizada.
Art. 9o Los responsables de la fiscalización de la ejecución del contrato de gestión, al tomar conocimiento de cualquier irregularidad o ilegalidad en la utilización de recursos o bienes de origen público por parte de una organización social, darán cuenta de ello al Tribunal de Contas da União, bajo pena de responsabilidad solidaria.
Art. 10. Sin perjuicio de la medida a que se refiere el artículo anterior, cuando así lo exijan la gravedad de los hechos o el interés público, existiendo indicios fundados de malversación de bienes o recursos de origen público, los responsables de la fiscalización presentarán representación ante el Ministerio Público, la Advocacia-Geral da União o la Procuraduría de la entidad para que requiera al juez competente la declaración de indisponibilidad de los bienes de la entidad y el secuestro de los bienes de sus dirigentes, así como de agente público o tercero, que puedan haberse enriquecido ilícitamente o causado daño al patrimonio público.
§ 1o La solicitud de secuestro será tramitada de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 822 y 825 del Código de Processo Civil.
§ 2o Cuando corresponda, la solicitud incluirá la investigación, el examen y el bloqueo de bienes, cuentas bancarias e inversiones mantenidas por el demandado en el País y en el exterior, en los términos de la ley y de los tratados internacionales.
§ 3o Hasta el término de la acción, el Poder Público permanecerá como depositario y gestor de los bienes y valores secuestrados o indisponibles y velará por la continuidad de las actividades sociales de la entidad.

Sección V Del Fomento a las Actividades Sociales

Art. 11. Las entidades calificadas como organizaciones sociales son declaradas entidades de interés social y utilidad pública, para todos los efectos legales.
Art. 12. A las organizaciones sociales podrán ser destinados recursos presupuestarios y bienes públicos necesarios para el cumplimiento del contrato de gestión.
§ 1o Se aseguran a las organizaciones sociales los créditos previstos en el presupuesto y los respectivos desembolsos financieros, de acuerdo con el cronograma de desembolso previsto en el contrato de gestión.
§ 2o Podrá añadirse a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del contrato de gestión una parte de recursos para compensar la desvinculación de servidor cedido, siempre que la organización social justifique expresamente la necesidad.
§ 3o Los bienes de que trata este artículo serán destinados a las organizaciones sociales, sin necesidad de licitación, mediante permiso de uso, conforme a cláusula expresa del contrato de gestión.
Art. 13. Los bienes muebles públicos cuyo uso haya sido permitido podrán ser permutados por otros de igual o mayor valor, siempre que los nuevos bienes se integren al patrimonio de la Unión.
Párrafo único. La permuta de que trata este artículo dependerá de la previa valoración del bien y de la autorización expresa del Poder Público.
Art. 14. Se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar la cesión especial de servidor a las organizaciones sociales, con costo para el órgano de origen.
§ 1o No se incorporará a los sueldos o a la remuneración de origen del servidor cedido ninguna ventaja pecuniaria que llegue a ser pagada por la organización social.
§ 2o No se permitirá el pago de ventaja pecuniaria permanente por parte de la organización social a servidor cedido con recursos provenientes del contrato de gestión, salvo la hipótesis de adicional relativo al ejercicio de función temporal de dirección y asesoría.
§ 3º El servidor cedido percibirá las ventajas del cargo al que tenga derecho en el órgano de origen, cuando ocupe un cargo de primer o de segundo escalón en la organización social.
§ 3º El servidor cedido que no actúe directamente en la unidad que ejerce la actividad publicizada percibirá las ventajas del cargo al que tenga derecho en el órgano de origen cuando ocupe un cargo de primer o segundo escalón en la organización social. (Archivada por el Acto de 13 de febrero de 2019)(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 850, de 2018)
§ 3º El servidor cedido percibirá las ventajas del cargo al que tenga derecho en el órgano de origen, cuando ocupe un cargo de primer o de segundo escalón en la organización social.
Art. 15. Los efectos de los arts. 11 y 12, § 3º, son extensibles, en el ámbito de la Unión, a las entidades calificadas como organizaciones sociales por los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, cuando exista reciprocidad y siempre que la legislación local no contravenga los preceptos de esta Ley ni la legislación específica de ámbito federal.

Sección VI De la Descalificación

Art. 16. El Poder Ejecutivo podrá proceder a la descalificación de la entidad como organización social, cuando se constate el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el contrato de gestión.
§ 1º La descalificación estará precedida de un proceso administrativo, asegurándose el derecho de amplia defensa, y los dirigentes de la organización social responderán, individual y solidariamente, por los daños o perjuicios derivados de su acción u omisión.
§ 2º La descalificación implicará la reversión de los bienes cedidos en uso y de los valores entregados para la utilización de la organización social, sin perjuicio de otras sanciones aplicables.

CAPÍTULO II DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 17. La organización social hará publicar, en el plazo máximo de noventa días contado desde la firma del contrato de gestión, un reglamento propio que contenga los procedimientos que adoptará para la contratación de obras y servicios, así como para las compras con empleo de recursos provenientes del Poder Público.
Art. 18. La organización social que absorba actividades de una entidad federal extinta en el ámbito del área de salud deberá considerar en el contrato de gestión, en cuanto a la atención de la comunidad, los principios del Sistema Único de Salud, expresados en el art. 198 de la Constitución Federal y en el art. 7º de la Ley nº 8.080, de 19 de septiembre de 1990.
Art. 19. Las entidades que absorban actividades de radio y televisión educativa podrán recibir recursos y difundir publicidad institucional de entidades de derecho público o privado, a título de apoyo cultural, admitiéndose el patrocinio de programas, eventos y proyectos, quedando prohibida la difusión remunerada de anuncios y otras prácticas que configuren la comercialización de sus intervalos. (Reglamento)
Art. 20. Se creará, mediante decreto del Poder Ejecutivo, el Programa Nacional de Publicización - PNP, con el objetivo de establecer directrices y criterios para la calificación de organizaciones sociales, a fin de asegurar la absorción, por organizaciones sociales calificadas en la forma de esta Ley, de las actividades desarrolladas por entidades u órganos públicos de la Unión que actúen en las actividades referidas en el art. 1º, observadas las siguientes directrices: (Reglamento)
I - énfasis en la atención del ciudadano-cliente;
II - énfasis en los resultados, cualitativos y cuantitativos, en los plazos pactados;
III - control social de las acciones de forma transparente.
Art. 21. Quedan extinguidos el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, integrante de la estructura del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - CNPq, y la Fundación Roquette Pinto, entidad vinculada a la Presidencia de la República.
§ 1º Corresponderá al Ministerio de la Administración Federal y Reforma del Estado supervisar el proceso de inventario del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, a cargo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - CNPq, correspondiéndole realizarlo respecto de la Fundación Roquette Pinto.
§ 2º Durante el proceso de inventario de la Fundación Roquette Pinto y hasta la firma del contrato de gestión, la continuidad de las actividades sociales quedará bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
§ 3º Se autoriza al Poder Ejecutivo a calificar como organizaciones sociales, en los términos de esta Ley, a las personas jurídicas de derecho privado indicadas en el Anexo I, así como a permitir la absorción de las actividades desempeñadas por las entidades extinguidas por este artículo.
§ 4º Los procesos judiciales en que la Fundación Roquette Pinto sea parte, activa o pasivamente, serán transferidos a la Unión, en calidad de sucesora, siendo representada por la Abogacía General de la Unión.
Art. 22. Las extinciones y la absorción de actividades y servicios por organizaciones sociales de que trata esta Ley observarán los siguientes preceptos:
I - los servidores integrantes de los cuadros permanentes de los órganos y de las entidades extinguidos tendrán garantizados todos los derechos y ventajas derivados del respectivo cargo o empleo e integrarán un cuadro en extinción en los órganos o en las entidades indicados en el Anexo II, quedando facultados los órganos y entidades supervisores, a su exclusivo criterio, para la cesión de servidores, irrecusable para estos, con costo para el origen, a la organización social que llegue a absorber las correspondientes actividades, observados los §§ 1º y 2º del art. 14;
II - la desactivación de las unidades extinguidas se realizará mediante inventario de sus bienes inmuebles y de su acervo físico, documental y material, así como de los contratos y convenios, con la adopción de medidas dirigidas al mantenimiento y a la continuación de las actividades sociales a cargo de dichas unidades, en los términos de la legislación aplicable en cada caso;
III - los recursos y los ingresos presupuestarios de cualquier naturaleza, destinados a las unidades extinguidas, serán utilizados en el proceso de inventario y para el mantenimiento y el financiamiento de las actividades sociales hasta la firma del contrato de gestión;
IV - cuando sea necesario, una parte de los recursos presupuestarios podrá ser reprogramada, mediante crédito especial que será enviado al Congreso Nacional, para el órgano o entidad supervisora de los contratos de gestión, para el fomento de las actividades sociales, asegurándose la liberación periódica del respectivo desembolso financiero a la organización social;
V - concluidos los procesos de inventario, los cargos efectivos vacantes y los de comisión se considerarán extinguidos;
VI - la organización social que haya absorbido las atribuciones de las unidades extinguidas podrá adoptar los símbolos designativos de estas, seguidos de la identificación "OS".
§ 1º La absorción por las organizaciones sociales de las actividades de las unidades extinguidas se hará efectiva mediante la celebración de un contrato de gestión, en la forma de los arts. 6º y 7º.
§ 2º Podrá adicionarse a las dotaciones presupuestarias referidas en el inciso IV una parte de los recursos derivados del ahorro de gastos incurridos por la Unión con los cargos y funciones de comisión existentes en las unidades extinguidas.
Art. 23. Se autoriza al Poder Ejecutivo a ceder los bienes y los servidores de la Fundación Roquette Pinto en el Estado de Maranhão al Gobierno de dicho Estado.
Art. 23-A. Los servidores provenientes de la extinguida Fundación Roquette Pinto y del extinguido Territorio Federal de Fernando de Noronha podrán ser redistribuidos o cedidos a órganos y entidades de la Administración Pública Federal, independientemente de lo dispuesto en el inciso II del art. 37 y en el inciso I del art. 93 de la Ley nº 8.112, de 11 de diciembre de 1990, asegurándose todos los derechos y ventajas, incluido el pago de gratificación de desempeño o de productividad, sin alteración de cargo ni de tabla remuneratoria.(Incluido por la Medida Provisoria nº 479, de 2009)
Párrafo único. Las disposiciones del caput se aplican a los servidores que se encuentren cedidos en los términos del inciso I del art. 22 y del art. 23 de esta Ley.(Incluido por la Medida Provisoria nº 479, de 2009)
Art. 23-A. Los servidores provenientes de la extinguida Fundación Roquette Pinto y del extinguido Territorio Federal de Fernando de Noronha podrán ser redistribuidos o cedidos a órganos y entidades de la Administración Pública Federal, independientemente de lo dispuesto en el inciso II del art. 37 y en el inciso I del art. 93 de la Ley nº 8.112, de 11 de diciembre de 1990, asegurándose todos los derechos y ventajas, incluido el pago de gratificación de desempeño o de productividad, sin alteración de cargo ni de tabla remuneratoria. (Incluido por la Ley nº 12.269, de 2010)
Párrafo único. Las disposiciones del caput se aplican a los servidores que se encuentren cedidos en los términos del inciso I del art. 22 y del art. 23 de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.269, de 2010)
Art. 24. Quedan convalidados los actos practicados con base en la Medida Provisoria nº 1.648-7, de 23 de abril de 1998.
Art. 25. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 15 de mayo de 1998; 177º de la Independencia y 110º de la República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan Paulo Paiva José Israel Vargas Luiz Carlos Bresser Pereira Clovis de Barros Carvalho
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 18.5.1998 y rectificado en el DOU de 25.5.1998

ANEXO I

Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón
Asociación Brasileña de Tecnología de Luz Sincrotrón - ABTLus
Primer Oficio de Registro de Títulos y Documentos de la Ciudad de Campinas - SP, nº de orden 169367, anotado en la inscripción nº 10.814, Libro A-36, Fls 01.
Fundación Roquette Pinto
Asociación de Comunicación Educativa Roquette Pinto - ACERP
Registro Civil de las Personas Jurídicas, Av. Pres. Roosevelt, 126, Rio de Janeiro - RJ, asentado bajo el nº de orden 624205 del protocolo del Libro A nº 54, registrado bajo el nº de orden 161374 del Libro A nº 39 del Registro Civil de las Personas Jurídicas.

ANEXO II

Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - CNPq
Fundación Roquette Pinto
Ministerio de la Administración Federal y Reforma del Estado
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