Ley General de Telecomunicaciones

LGT Lei nº 9.472, de 1997 Administrativo
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Dispone sobre la organización de los servicios de telecomunicaciones, la creación y el funcionamiento de un órgano regulador y otros aspectos institucionales, en los términos de la Enmienda Constitucional nº 8, de 1995.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

LIBRO I — DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1° Compete a la Unión, por intermedio del órgano regulador y en los términos de las políticas establecidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, organizar la explotación de los servicios de telecomunicaciones.
Párrafo único. La organización incluye, entre otros aspectos, la reglamentación y la fiscalización de la ejecución, comercialización y uso de los servicios y de la implantación y el funcionamiento de redes de telecomunicaciones, así como de la utilización de los recursos de órbita y espectro de radiofrecuencias.
Art. 2° El Poder Público tiene el deber de:
I - garantizar a toda la población el acceso a las telecomunicaciones, a tarifas y precios razonables, en condiciones adecuadas;
II - estimular la expansión del uso de redes y servicios de telecomunicaciones por los servicios de interés público en beneficio de la población brasileña;
III - adoptar medidas que promuevan la competencia y la diversidad de los servicios, incrementen su oferta y propicien estándares de calidad compatibles con la exigencia de los usuarios;
IV - fortalecer el papel regulador del Estado;
V - crear oportunidades de inversión y estimular el desarrollo tecnológico e industrial, en un ambiente competitivo;
VI - crear condiciones para que el desarrollo del sector sea armónico con las metas de desarrollo social del País.
VII - crear condiciones para la ampliación de la conectividad y de la inclusión digital, priorizando la cobertura de establecimientos públicos de enseñanza. (Incluido por la Ley 14.173, de 2021)
Art. 3° El usuario de servicios de telecomunicaciones tiene derecho:
I - de acceso a los servicios de telecomunicaciones, con estándares de calidad y regularidad adecuados a su naturaleza, en cualquier punto del territorio nacional;
II - a la libertad de elección de su prestadora de servicio;
III - de no ser discriminado en cuanto a las condiciones de acceso y disfrute del servicio;
IV - a la información adecuada sobre las condiciones de prestación de los servicios, sus tarifas y precios;
V - a la inviolabilidad y al secreto de su comunicación, salvo en las hipótesis y condiciones prevista constitucional y legalmente;
VI - a la no divulgación, en caso de que lo solicite, de su código de acceso;
VII - a la no suspensión del servicio prestado en régimen público, salvo por deuda directamente derivada de su utilización o por incumplimiento de condiciones contractuales;
VIII - al conocimiento previo de las condiciones de suspensión del servicio;
IX - al respeto de su privacidad en los documentos de cobro y en la utilización de sus datos personales por la prestadora del servicio;
X - de respuesta a sus reclamaciones por parte de la prestadora del servicio;
XI - de peticionar contra la prestadora del servicio ante el órgano regulador y los organismos de defensa del consumidor;
XII - a la reparación de los daños causados por la violación de sus derechos.
Párrafo único. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso IV del caput de este artículo, la prestadora de servicio deberá divulgar en su sitio electrónico, de forma clara y de fácil comprensión para los usuarios, una tabla con el valor de las tarifas y precios practicados y la evolución de los reajustes realizados en los últimos cinco años. (Incluido por la Ley 13.673, de 2018)
Art. 4° El usuario de servicios de telecomunicaciones tiene el deber de:
I - utilizar adecuadamente los servicios, equipos y redes de telecomunicaciones;
II - respetar los bienes públicos y aquellos destinados a la utilización del público en general;
III - comunicar a las autoridades las irregularidades ocurridas y los actos ilícitos cometidos por una prestadora de servicio de telecomunicaciones.
Art. 5º En la disciplina de las relaciones económicas en el sector de telecomunicaciones se observarán, en especial, los principios constitucionales de soberanía nacional, función social de la propiedad, libertad de iniciativa, libre competencia, defensa del consumidor, reducción de las desigualdades regionales y sociales, represión del abuso del poder económico y continuidad del servicio prestado en régimen público.
Art. 6° Los servicios de telecomunicaciones se organizarán con base en el principio de la libre, amplia y justa competencia entre todas las prestadoras, debiendo el Poder Público actuar para propiciarla, así como para corregir los efectos de la competencia imperfecta y reprimir las infracciones del orden económico. (Véase la Ley 13.848, de 2019)
Art. 7° Las normas generales de protección del orden económico son aplicables al sector de telecomunicaciones, cuando no entren en conflicto con lo dispuesto en esta Ley.
Art. 7º Las normas generales de protección del orden económico son aplicables al sector de telecomunicaciones. (Redacción dada por la Ley 13.848, de 2019)
§ 1º Los actos que involucren a una prestadora de servicio de telecomunicaciones, en régimen público o privado, que tengan por objeto cualquier forma de concentración económica, inclusive mediante fusión o incorporación de empresas, constitución de sociedad para ejercer el control de empresas o cualquier forma de agrupamiento societario, quedan sometidos a los controles, procedimientos y condicionamientos previstos en las normas generales de protección del orden económico. (Véase la Ley 13.848, de 2019)
§ 2° Los actos a que se refiere el párrafo anterior serán sometidos a la apreciación del Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE, por medio del órgano regulador.
§ 2º Los actos a que se refiere el § 1º serán sometidos a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade). (Redacción dada por la Ley 13.848, de 2019)
§ 3º Cometerá infracción del orden económico la prestadora de servicio de telecomunicaciones que, en la celebración de contratos de suministro de bienes y servicios, adopte prácticas que puedan limitar, falsear o, de cualquier forma, perjudicar la libre competencia o la libre iniciativa.

LIBRO II — DEL ÓRGANO REGULADOR Y DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES

TÍTULO I — DE LA CREACIÓN DEL ÓRGANO REGULADOR

Art. 8° Se crea la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, entidad integrante de la Administración Pública Federal indirecta, sometida a régimen autárquico especial y vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con la función de órgano regulador de las telecomunicaciones, con sede en el Distrito Federal, pudiendo establecer unidades regionales.
§ 1º La Agencia tendrá como órgano máximo el Consejo Directivo, debiendo contar también con un Consejo Consultivo, una Procuraduría, una Corregiduría, una Biblioteca y una Defensoría del Usuario, además de las unidades especializadas encargadas de diferentes funciones.
§ 2º La naturaleza de autarquía especial conferida a la Agencia se caracteriza por la independencia administrativa, la ausencia de subordinación jerárquica, el mandato fijo y la estabilidad de sus dirigentes y la autonomía financiera.
Art. 9° La Agencia actuará como autoridad administrativa independiente, asegurándosele, en los términos de esta Ley, las prerrogativas necesarias para el ejercicio adecuado de su competencia.
Art. 10. Corresponderá al Poder Ejecutivo instalar la Agencia, debiendo su reglamento, aprobado por decreto del Presidente de la República, fijar su estructura organizativa.
Párrafo único. La expedición del reglamento marcará la instalación de la Agencia, invistiéndola automáticamente en el ejercicio de sus atribuciones.
Art. 11. El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional, en el plazo de hasta noventa días, a partir de la publicación de esta Ley, un mensaje por el que se cree el cuadro efectivo de personal de la Agencia, pudiendo reubicar cargos disponibles en la estructura del Ministerio de Comunicaciones.
Art. 12. Se crean los Cargos en Comisión de Naturaleza Especial y del Grupo-Dirección y Asesoramiento Superiores - DAS, con la finalidad de integrar la estructura de la Agencia, enumerados en el Anexo I. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
Art. 13. Se crean las funciones de confianza denominadas Funciones Comisionadas de Telecomunicación - FCT, de ocupación privativa por servidores del cuadro efectivo, servidores públicos federales o empleados de empresas públicas o sociedades de economía mixta controladas por la Unión, en ejercicio en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, en la cantidad y los valores previstos en el Anexo II de esta Ley. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
§ 1º El servidor investido en la Función Comisionada de Telecomunicación ejercerá atribuciones de asesoramiento y coordinación técnica y percibirá una remuneración correspondiente al cargo efectivo o empleo permanente, incrementada con el valor de la Función para la cual fue designado. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
§ 2° La designación para Función de Asesoramiento es incompatible con la designación o el nombramiento para cualquier otra forma de comisionamiento, cesando su pago durante las situaciones de apartamiento del servidor, inclusive aquellas consideradas de ejercicio efectivo, salvo los períodos a que se refieren los incisos I, IV, VI, VIII, letras a a e, y el inciso X del art. 102 de la Ley 8.112, de 11 de diciembre de 1990.
§ 3° El Poder Ejecutivo podrá disponer sobre la modificación de las cantidades y de la distribución de las Funciones Comisionadas de Telecomunicación dentro de la estructura organizativa, observados los niveles jerárquicos, los valores de retribución correspondientes y el respectivo costo global establecidos en el Anexo II. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
Art. 14. La Agencia podrá requerir, con cargo, servidores de órganos y entidades integrantes de la administración pública federal directa, indirecta o fundacional, cualesquiera que sean las funciones que hayan de ejercer. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
§ 1º Durante los primeros veinticuatro meses siguientes a la instalación de la Agencia, los requerimientos a que se refiere el caput de este artículo serán irrechazables cuando se dirijan a órganos y entidades del Poder Ejecutivo, y siempre que sean aprobados por el Ministro de Estado de Comunicaciones y por el Ministro de Estado Jefe de la Casa Civil. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
§ 2º Cuando el requerimiento implique una reducción de la remuneración del servidor requerido, se autoriza a la Agencia a complementarla hasta el límite de la remuneración percibida en el órgano de origen. (Revocado por la Ley 9.986, de 18.7.2000)
Art. 15. La fijación de las dotaciones presupuestarias de la Agencia en la Ley de Presupuesto Anual y su programación presupuestaria y financiera de ejecución no sufrirán límites en sus valores para movimiento y compromiso de gasto.
Art. 16. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los gastos y las inversiones necesarios para la instalación de la Agencia, pudiendo reubicar, transferir o utilizar saldos presupuestarios, empleando como recursos dotaciones destinadas a actividades finalísticas y administrativas del Ministerio de Comunicaciones, inclusive del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL.
Párrafo único. Serán transferidos a la Agencia los acervos técnico y patrimonial, así como las obligaciones y los derechos del Ministerio de Comunicaciones, correspondientes a las actividades que esta Ley le atribuye.
Art. 17. La extinción de la Agencia solamente ocurrirá por ley específica.

TÍTULO II — DE LAS COMPETENCIAS

Art. 18. Corresponde al Poder Ejecutivo, observadas las disposiciones de esta Ley, por medio de decreto:
I - instituir o eliminar la prestación de una modalidad de servicio en régimen público, concomitantemente o no con su prestación en régimen privado;
II - aprobar el plan general de concesiones de servicio prestado en régimen público;
III - aprobar el plan general de metas para la progresiva universalización del servicio prestado en régimen público;
IV - autorizar la participación de empresa brasileña en organizaciones o consorcios intergubernamentales destinados a la provisión de medios o a la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Párrafo único. El Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los intereses del País en el contexto de sus relaciones con los demás países, podrá establecer límites a la participación extranjera en el capital de prestadoras de servicios de telecomunicaciones. (Revocado por la Ley 14.195, de 2021)
Art. 19. Compete a la Agencia adoptar las medidas necesarias para la atención del interés público y para el desarrollo de las telecomunicaciones brasileñas, actuando con independencia, imparcialidad, legalidad, impersonalidad y publicidad, y especialmente:
I - implementar, en su esfera de atribuciones, la política nacional de telecomunicaciones;
II - representar a Brasil en los organismos internacionales de telecomunicaciones, bajo la coordinación del Poder Ejecutivo;
III - elaborar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Estado de Comunicaciones, la adopción de las medidas a que se refieren los incisos I a IV del artículo anterior, sometiendo previamente a consulta pública las relativas a los incisos I a III;
IV - expedir normas sobre el otorgamiento, la prestación y el disfrute de los servicios de telecomunicaciones en el régimen público;
V - editar actos de otorgamiento y extinción del derecho de explotación del servicio en el régimen público;
VI - celebrar y administrar contratos de concesión y fiscalizar la prestación del servicio en el régimen público, aplicando sanciones y realizando intervenciones;
VII - controlar, acompañar y proceder a la revisión de las tarifas de los servicios prestados en el régimen público, pudiendo fijarlas en las condiciones previstas en esta Ley, así como homologar reajustes;
VIII - administrar el espectro de radiofrecuencias y el uso de órbitas, expidiendo las respectivas normas;
IX - editar actos de otorgamiento y extinción del derecho de uso de radiofrecuencia y de órbita, fiscalizando y aplicando sanciones;
X - expedir normas sobre la prestación de servicios de telecomunicaciones en el régimen privado;
XI - expedir y extinguir autorización para la prestación de servicio en el régimen privado, fiscalizando y aplicando sanciones;
XII - expedir normas y estándares que deberán ser cumplidos por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones en cuanto a los equipos que utilicen;
XIII - expedir o reconocer la certificación de productos, observados los estándares y normas por ella establecidos;
XIV - expedir normas y estándares que aseguren la compatibilidad, la operación integrada y la interconexión entre las redes, comprendidos inclusive los equipos terminales;
XV - realizar búsqueda y aprehensión de bienes en el ámbito de su competencia;
XVI - deliberar en la esfera administrativa sobre la interpretación de la legislación de telecomunicaciones y sobre los casos omisos;
XVII - componer administrativamente conflictos de intereses entre prestadoras de servicios de telecomunicaciones;
XVIII - reprimir infracciones de los derechos de los usuarios;
XIX - ejercer, en relación con las telecomunicaciones, las competencias legales en materia de control, prevención y represión de las infracciones del orden económico, salvo las pertenecientes al Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE;
XX - proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, la declaración de utilidad pública, para fines de expropiación o de institución de servidumbre administrativa, de los bienes necesarios para la implantación o el mantenimiento del servicio en el régimen público;
XXI - recaudar y aplicar sus ingresos;
XXII - resolver sobre la celebración, modificación o extinción de sus contratos, así como sobre el nombramiento, la exoneración y el despido de servidores, realizando los procedimientos necesarios, en la forma que disponga el reglamento;
XXIII - contratar personal por plazo determinado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley nº 8.745, de 9 de diciembre de 1993;
XXIV - adquirir, administrar y enajenar sus bienes;
XXV - decidir en último grado sobre las materias de su competencia, admitiéndose siempre recurso ante el Consejo Directivo;
XXVI - formular al Ministerio de Comunicaciones propuesta de presupuesto; (Derogado por la Ley nº 13.848, de 2019)
XXVII - aprobar su reglamento interno;
XXVIII - elaborar informe anual de sus actividades, destacando en él el cumplimiento de la política del sector definida en los términos del artículo anterior;
XXIX - enviar el informe anual de sus actividades al Ministerio de Comunicaciones y, por intermedio de la Presidencia de la República, al Congreso Nacional; (Derogado por la Ley nº 13.848, de 2019)
XXX - revisar, periódicamente, los planes enumerados en los incisos II y III del artículo anterior, sometiéndolos, por intermedio del Ministro de Estado de Comunicaciones, al Presidente de la República, para su aprobación;
XXXI - promover la interacción con las administraciones de telecomunicaciones de los países del Mercado Común del Sur - MERCOSUL, con miras a la consecución de objetivos de interés común.
XXXII - reevaluar, periódicamente, la reglamentación con miras a la promoción de la competencia y a la adecuación a la evolución tecnológica y de mercado. (Incluido por la Ley nº 13.879, de 2019)

TÍTULO III — DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES

Capítulo I — Del Consejo Directivo

Art. 20. El Consejo Directivo estará compuesto por cinco consejeros y decidirá por mayoría absoluta.
Párrafo único. Cada consejero votará con independencia, fundamentando su voto.
Art. 20. El Consejo Directivo estará compuesto por un Presidente y 4 (cuatro) consejeros y decidirá por mayoría absoluta. (Redacción dada por la Ley nº 13.848, de 2019)
Párrafo único. Cada miembro del Consejo Directivo votará con independencia, fundamentando su voto. (Redacción dada por la Ley nº 13.848, de 2019)
Art. 21. Las sesiones del Consejo Directivo serán registradas en actas, que quedarán archivadas en la Biblioteca, disponibles para conocimiento general.
§ 1º Cuando la publicidad pueda poner en riesgo la seguridad del País, o violar secreto protegido o la intimidad de alguien, los registros correspondientes se mantendrán en reserva.
§ 2º Las sesiones deliberativas del Consejo Directivo que tengan por objeto resolver controversias entre agentes económicos y entre estos y los consumidores y usuarios de bienes y servicios de telecomunicaciones serán públicas, permitiéndose su grabación por medios electrónicos y asegurándose a los interesados el derecho de obtener transcripciones de ellas.
Art. 22. Compete al Consejo Directivo:
I - someter al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Estado de Comunicaciones, las modificaciones del reglamento de la Agencia;
II - aprobar normas propias de licitación y contratación;
III - proponer el establecimiento y la modificación de las políticas gubernamentales de telecomunicaciones;
IV - editar normas sobre materias de competencia de la Agencia;
V - aprobar pliegos de licitación, homologar adjudicaciones, así como decidir sobre la prórroga, transferencia, intervención y extinción, en relación con los otorgamientos para la prestación de servicio en el régimen público, obedeciendo al plan aprobado por el Poder Ejecutivo;
VI - aprobar el plan general de autorizaciones de servicio prestado en el régimen privado;
VII - aprobar pliegos de licitación, homologar adjudicaciones, así como decidir sobre la prórroga, transferencia y extinción, en relación con las autorizaciones para la prestación de servicio en el régimen privado, en la forma del reglamento interno;
VIII - aprobar el plan de destinación de bandas de radiofrecuencia y de ocupación de órbitas;
IX - aprobar los planes estructurales de las redes de telecomunicaciones, en la forma que disponga el reglamento interno;
X - aprobar el reglamento interno;
XI - resolver sobre la adquisición y la enajenación de bienes;
XII - autorizar la contratación de servicios de terceros, en la forma de la legislación vigente.
Párrafo único. Queda prohibido que terceros realicen la fiscalización de competencia de la Agencia, salvo las actividades de apoyo.
Art. 23. Los consejeros serán brasileños, de reputación intachable, con formación universitaria y elevado concepto en el campo de su especialidad, debiendo ser escogidos por el Presidente de la República y por él nombrados, previa aprobación por el Senado Federal, en los términos de la letra f del inciso III del art. 52 de la Constitución Federal.
Art. 23. Los miembros del Consejo Directivo serán brasileños y tendrán reputación intachable, formación universitaria y elevado concepto en el campo de su especialidad, debiendo ser propuestos por el Presidente de la República y por él nombrados, previa aprobación por el Senado Federal, en los términos de la letra “f” del inciso III del art. 52 de la Constitución Federal, observado lo dispuesto en la Ley nº 9.986, de 18 de julio de 2000. (Redacción dada por la Ley nº 13.848, de 2019)
Art. 24. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de cinco años. prohibida la reconducción.
Art. 24. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de cinco años. (Redacción dada por la Ley nº 9.986, de 18 de julio de 2000)
Art. 24. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de 5 (cinco) años, prohibida la reconducción, en los términos de la Ley nº 9.986, de 18 de julio de 2000. (Redacción dada por la Ley nº 13.848, de 2019)
Párrafo único. En caso de vacante durante el curso del mandato, este será completado por un sucesor investido en la forma prevista en el artículo anterior, quien lo ejercerá por el plazo remanente.
Art. 25. Los mandatos de los primeros miembros del Consejo Directivo serán de tres, cuatro, cinco, seis y siete años, que se establecerán en el decreto de nombramiento.
Art. 26. Los miembros del Consejo Directivo solo perderán el mandato por renuncia, por condena judicial con fuerza de cosa juzgada o por proceso administrativo disciplinario. (Derogado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
§ 1° Sin perjuicio de lo que prevean la ley penal y la ley de improbidad administrativa, será causa de pérdida del mandato la inobservancia, por el consejero, de los deberes y prohibiciones inherentes al cargo, inclusive en lo que se refiere al cumplimiento de las políticas establecidas para el sector por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. (Derogado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
§ 2° Corresponde al Ministro de Estado de Comunicaciones instaurar el proceso administrativo disciplinario, que será conducido por una comisión especial, correspondiendo al Presidente de la República determinar la separación preventiva del cargo, cuando proceda, y dictar el fallo. (Derogado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Art. 27. El reglamento disciplinará la sustitución de los consejeros en caso de impedimento, así como durante la vacancia. (Derogado por la Ley nº 13.848, de 2019)
Art. 28. A los consejeros les está prohibido el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, empresarial, sindical o de dirección político-partidaria, salvo la de profesor universitario, en horario compatible. (Derogado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Párrafo único. Les está igualmente prohibido a los consejeros tener interés significativo, directo o indirecto, en empresa relacionada con telecomunicaciones, según disponga el reglamento. (Derogado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Art. 29. Corresponderá también a los consejeros la dirección de los órganos administrativos de la Agencia.
Art. 29. Corresponderá a los miembros del Consejo Directivo la dirección de los órganos administrativos de la Agencia. (Redacción dada por la Ley nº 13.848, de 2019)
Art. 30. Hasta un año después de dejar el cargo, le está prohibido al exconsejero representar a cualquier persona o interés ante la Agencia.
Párrafo único. Le está prohibido, además, al exconsejero utilizar información privilegiada obtenida en razón del cargo ejercido, bajo pena de incurrir en improbidad administrativa.
Art. 31. El Presidente del Consejo Directivo será nombrado por el Presidente de la República de entre sus integrantes e investido en la función por tres años o por el tiempo que reste de su mandato de consejero, cuando sea inferior a ese plazo, prohibida la reconducción. (Derogado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Art. 32. Corresponde al Presidente la representación de la Agencia, el mando jerárquico sobre el personal y el servicio, ejerciendo todas las competencias administrativas correspondientes, así como la presidencia de las sesiones del Consejo Directivo.
Párrafo único. La representación judicial de la Agencia, con prerrogativas procesales de Hacienda Pública, será ejercida por la Procuraduría.

Capítulo II — Del Consejo Consultivo

Art. 33. El Consejo Consultivo es el órgano de participación institucionalizada de la sociedad en la Agencia.
Art. 34. El Consejo estará integrado por representantes designados por el Senado Federal, por la Cámara de Diputados, por el Poder Ejecutivo, por las entidades gremiales de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, por entidades representativas de los usuarios y por entidades representativas de la sociedad, en los términos del reglamento.
Párrafo único. El Presidente del Consejo Consultivo será elegido por sus miembros y tendrá un mandato de un año.
Art. 35. Corresponde al Consejo Consultivo:
I - opinar, antes de su envío al Ministerio de las Comunicaciones, sobre el plan general de otorgamientos, el plan general de metas para la universalización de los servicios prestados en régimen público y las demás políticas gubernamentales de telecomunicaciones;
II - asesorar respecto de la institución o eliminación de la prestación de servicios en régimen público;
III - apreciar los informes anuales del Consejo Directivo;
IV - requerir información y formular propuestas respecto de las acciones referidas en el art. 22.
Art. 36. Los miembros del Consejo Consultivo, que no serán remunerados, tendrán un mandato de tres años, con prohibición de reelección.
§ 1° Los mandatos de los primeros miembros del Consejo serán de uno, dos y tres años, en la proporción de un tercio para cada período.
§ 2° El Consejo se renovará anualmente en un tercio.
Art. 37. El reglamento dispondrá sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo.

TÍTULO IV — DE LA ACTIVIDAD Y DEL CONTROL

Art. 38. La actividad de la Agencia estará jurídicamente condicionada por los principios de legalidad, celeridad, finalidad, razonabilidad, proporcionalidad, impersonalidad, igualdad, debido proceso legal, publicidad y moralidad.
Art. 39. Con excepción de los documentos y actuaciones cuya divulgación pueda violar la seguridad del País, un secreto protegido o la intimidad de alguna persona, todos los demás permanecerán abiertos a la consulta del público, sin formalidades, en la Biblioteca.
Sole paragraph. La Agencia deberá garantizar el tratamiento confidencial de las informaciones técnicas, operativas, económico-financieras y contables que solicite a las empresas prestadoras de los servicios de telecomunicaciones, en los términos del reglamento.
Sole paragraph. La Agencia deberá garantizar el tratamiento confidencial de las informaciones técnicas, operativas, económico-financieras y contables que solicite a las empresas y a las cooperativas prestadoras de los servicios de telecomunicaciones, en los términos del reglamento. (Redacción dada por la Ley nº 15.324, de 2026)
Art. 40. Los actos de la Agencia deberán ir siempre acompañados de la exposición formal de los motivos que los justifiquen.
Art. 41. Los actos normativos solo producirán efecto después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión, y aquellos de alcance particular, después de la notificación correspondiente.
Art. 42. Los proyectos de actos normativos serán sometidos a consulta pública, formalizada mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión, debiendo las críticas y sugerencias merecer examen y permanecer a disposición del público en la Biblioteca. (Revocado por la Ley nº 13.848, de 2019)
Art. 43. En la invalidación de actos y contratos, se garantizará previamente la manifestación de los interesados.
Art. 44. Toda persona tendrá derecho a peticionar o a recurrir contra un acto de la Agencia en el plazo máximo de treinta días, debiendo la decisión de la Agencia darse a conocer en un plazo de hasta noventa días.
Art. 45. El Ouvidor será nombrado por el Presidente de la República para un mandato de dos años, con admisión de una reelección. (Revocado por la Ley nº 13.848, de 2019)
Sole paragraph. El Ouvidor tendrá acceso a todos los asuntos y contará con el apoyo administrativo que necesite, correspondiéndole producir, semestralmente o cuando sea oportuno, apreciaciones críticas sobre la actuación de la Agencia, remitiéndolas al Consejo Directivo, al Consejo Consultivo, al Ministerio de las Comunicaciones, a otros órganos del Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, y haciéndolas publicar para conocimiento general. (Revocado por la Ley nº 13.848, de 2019)
Art. 46. La Corregiduría acompañará permanentemente el desempeño de los servidores de la Agencia, evaluando su eficiencia y el cumplimiento de los deberes funcionales y llevando a cabo los procesos disciplinarios.

TÍTULO V — DE LOS INGRESOS

Art. 47. El producto de la recaudación de las tasas de fiscalización de instalación y de funcionamiento a que se refiere la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, será destinado al Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL, creado por ella.
Art. 48. La concesión, permiso o autorización para la explotación de servicios de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, para cualquier servicio, se hará siempre a título oneroso, quedando autorizado el cobro del respectivo precio en las condiciones establecidas en esta Ley y en la reglamentación, constituyendo el producto de la recaudación ingreso del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL.
§ 1º Conforme disponga la Agencia, el pago debido por la concesionaria, permisionaria o autorizada podrá efectuarse en la forma de una suma cierta, en una o varias cuotas, o de cuotas anuales, siendo su valor, alternativamente:
I - determinado por la reglamentación;
II - determinado en el pliego de licitación;
III - fijado en función de la propuesta ganadora, cuando constituya factor de juzgamiento;
IV - fijado en el contrato de concesión o en el acto de permiso, en los casos de inexigibilidad de licitación.
§ 2º Tras la creación del fondo de universalización de los servicios de telecomunicaciones mencionado en el inciso II del art. 81, parte del producto de la recaudación a que se refiere el caput de este artículo le será destinada, en los términos de la ley correspondiente.
Art. 49. La Agencia someterá anualmente al Ministerio de las Comunicaciones su propuesta de presupuesto, así como la del FISTEL, que serán remitidas al Ministerio de Planificación y Presupuesto para su inclusión en el proyecto de ley presupuestaria anual a que se refiere el § 5º del art. 165 de la Constitución Federal.
Art. 49. La Agencia someterá anualmente al Ministerio de Economía su propuesta de presupuesto, así como la del Fistel, para su inclusión en la ley presupuestaria anual a que se refiere el § 5º del art. 165 de la Constitución Federal. (Redacción dada por la Ley nº 13.848, de 2019)
§ 1º La Agencia acompañará las propuestas presupuestarias con un cuadro demostrativo de la planificación plurianual de los ingresos y gastos, con miras a su equilibrio presupuestario y financiero en los cinco ejercicios subsiguientes.
§ 2º La planificación plurianual preverá el monto que será transferido al fondo de universalización a que se refiere el inciso II del art. 81 de esta Ley, y los saldos que serán transferidos al Tesoro Nacional.
§ 3º La ley presupuestaria anual consignará las dotaciones para los gastos de funcionamiento y de capital de la Agencia, así como el valor de las transferencias de recursos del FISTEL al Tesoro Nacional y al fondo de universalización, relativos al ejercicio al que se refiera.
§ 4º Las transferencias a que se refiere el párrafo anterior serán efectuadas formalmente por la Agencia al final de cada mes.
Art. 50. El Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL, creado por la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, pasará a la administración exclusiva de la Agencia, a partir de la fecha de su instalación, con los saldos existentes en él, incluidos los ingresos que sean producto del cobro a que se refiere el art. 14 de la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996.
Art. 51. Los arts. 2°, 3°, 6° y sus párrafos, el art. 8° y su § 2°, y el art. 13, de la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, pasan a tener la siguiente redacción:
"Art. 2° El Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL se constituye de las siguientes fuentes:
a) dotaciones consignadas en el Presupuesto General de la Unión, créditos especiales, transferencias y traspasos que se le confieran;
b) el producto de las operaciones de crédito que contrate, en el País y en el exterior, y los rendimientos de las operaciones financieras que realice;
c) las relativas al ejercicio del poder concedente de los servicios de telecomunicaciones, en régimen público, incluidos los pagos por el otorgamiento, multas e indemnizaciones;
d) las relativas al ejercicio de la actividad ordenadora de la explotación de servicios de telecomunicaciones, en régimen privado, incluidos los pagos por la expedición de autorización de servicio, multas e indemnizaciones;
e) las relativas al ejercicio del poder de otorgamiento del derecho de uso de radiofrecuencia para cualquier fin, incluidas multas e indemnizaciones;
f) tasas de fiscalización;
g) recursos provenientes de convenios, acuerdos y contratos celebrados con entidades, organismos y empresas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
h) donaciones, legados, subvenciones y otros recursos que le sean destinados;
i) el producto de los emolumentos, precios o multas, los valores obtenidos en la venta o arrendamiento de bienes, así como los provenientes de publicaciones, datos e informaciones técnicas, incluso para fines de licitación;
j) las derivadas de sumas recibidas por la aprobación de informes de ensayo de productos y por la prestación de servicios técnicos por órganos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones;
l) rentas eventuales."
"Art. 3° Además de las transferencias al Tesoro Nacional y al fondo de universalización de las telecomunicaciones, los recursos del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL serán aplicados por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones exclusivamente:
...................................................................................
d) en la atención de otros gastos corrientes y de capital realizados por ella en el ejercicio de su competencia."
"Art. 6° Las tasas de fiscalización a que se refiere la letra f del art. 2° son la de instalación y la de funcionamiento.
§ 1° Tasa de Fiscalización de Instalación es la debida por las concesionarias, permisionarias y autorizadas de servicios de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, en el momento de la emisión del certificado de licencia para el funcionamiento de las estaciones.
§ 2° Tasa de Fiscalización de Funcionamiento es la debida anualmente por las concesionarias, permisionarias y autorizadas de servicios de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, por la fiscalización del funcionamiento de las estaciones."
"Art. 8° La Tasa de Fiscalización de Funcionamiento será pagada anualmente, hasta el día 31 de marzo, y sus valores serán los correspondientes al cincuenta por ciento de los fijados para la Tasa de Fiscalización de Instalación.
.......................................................................................
§ 2° El impago de la Tasa de Fiscalización de Funcionamiento en el plazo de sesenta días después de la notificación de la Agencia determinará la caducidad de la concesión, permiso o autorización, sin que corresponda al interesado derecho a indemnización alguna.
....................................................................................."
"Art. 13. Están exentas del pago de las tasas del FISTEL la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las Policías Militares, la Policía de Carreteras Federal, las Policías Civiles y los Cuerpos de Bomberos Militares."
Art. 52. Los valores de las tasas de fiscalización de instalación y de funcionamiento, que constan en el Anexo I de la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, pasan a ser los de la Tabla del Anexo III de esta Ley.
Sole paragraph. La nomenclatura de los servicios relacionados en la Tabla regirá hasta que se dicte una nueva reglamentación, con base en esta Ley.
Art. 53. Los valores de que tratan las letras i y j del art. 2° de la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, con la redacción dada por esta Ley, serán establecidos por la Agencia.

TÍTULO VI — DE LAS CONTRATACIONES

Art. 54. La contratación de obras y servicios de ingeniería civil está sujeta al procedimiento de licitaciones previsto en la ley general para la Administración Pública.
Sole paragraph. Para los casos no previstos en el caput, la Agencia podrá utilizar procedimientos propios de contratación, en las modalidades de consulta y pregón.
Art. 55. La consulta y el pregón serán regulados por la Agencia, con observancia de las disposiciones de esta Ley y, especialmente: (Véase la Ley nº 9.986, de 2000)
I - la finalidad del procedimiento licitatorio es, mediante una disputa justa entre interesados, obtener un contrato económico, satisfactorio y seguro para la Agencia;
II - el instrumento de convocatoria identificará el objeto del certamen, circunscribirá el universo de proponentes, establecerá criterios para la aceptación y el juzgamiento de las propuestas, regulará el procedimiento, indicará las sanciones aplicables y fijará las cláusulas del contrato;
III - el objeto será determinado de forma precisa, suficiente y clara, sin especificaciones que, por excesivas, irrelevantes o innecesarias, limiten la competencia;
IV - la calificación, exigida indistintamente a los proponentes, deberá ser compatible y proporcional al objeto, con miras a garantizar el cumplimiento de las obligaciones futuras;
V - como condición de aceptación de la propuesta, el interesado declarará encontrarse en situación regular ante las Haciendas Públicas y la Seguridad Social, proporcionando sus códigos de inscripción, siendo exigible la comprobación como condición indispensable para la firma del contrato;
VI - el juzgamiento observará los principios de vinculación al instrumento de convocatoria, comparación objetiva y precio justo, y el empate se resolverá por sorteo;
VII - las reglas procedimentales asegurarán adecuada divulgación del instrumento de convocatoria, plazos razonables para la preparación de las propuestas, los derechos al contradictorio y al recurso, así como la transparencia y la fiscalización;
VIII - la habilitación y el juzgamiento de las propuestas podrán decidirse en una única fase, pudiendo la habilitación, en el caso de pregón, verificarse únicamente respecto del licitante ganador;
IX - cuando el ganador no celebre el contrato, se convocará a los demás participantes según el orden de clasificación;
X - solo se aceptarán certificados de registro catastral expedidos por la Agencia, que tendrán validez por dos años, debiendo el registro estar siempre abierto a la inscripción de los interesados.
Art. 56. La disputa por el suministro de bienes y servicios comunes podrá realizarse en licitación bajo la modalidad de pregón, restringida a los previamente inscritos en el registro, quienes serán convocados a formular ofertas en sesión pública. (Véase Ley 9.986, de 2000)
Párrafo único. Concluida la etapa competitiva, la Comisión examinará la mejor oferta en cuanto al objeto, la forma y el valor.
Art. 57. En las siguientes hipótesis, el pregón estará abierto a cualquier interesado, independientemente de su inscripción en el registro, verificándose simultáneamente, tras la etapa competitiva, la calificación subjetiva y la aceptabilidad de la propuesta: (Véase Ley 9.986, de 2000)
I - para la contratación de bienes y servicios comunes de alto valor, conforme al reglamento;
II - cuando el número de inscritos en la clase sea inferior a cinco;
III - para el registro de precios, que tendrá validez de hasta dos años;
IV - cuando así lo decida el Consejo Directivo.
Art. 58. La licitación bajo la modalidad de consulta tiene por objeto el suministro de bienes y servicios no comprendidos en los arts. 56 y 57. (Véase Ley 9.986, de 2000)
Párrafo único. La decisión ponderará el costo y el beneficio de cada propuesta, considerando la calificación del proponente.
Art. 59. La Agencia podrá utilizar, mediante contrato, técnicos o empresas especializadas, incluidos consultores independientes y auditores externos, para ejecutar actividades de su competencia, quedando prohibida la contratación para las actividades de fiscalización, salvo para las correspondientes actividades de apoyo.

LIBRO III — DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I — De las Definiciones

Art. 60. Servicio de telecomunicaciones es el conjunto de actividades que posibilita la oferta de telecomunicación.
§ 1° Telecomunicación es la transmisión, emisión o recepción, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos o cualquier otro proceso electromagnético, de símbolos, caracteres, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza.
§ 2° Estación de telecomunicaciones es el conjunto de equipos o aparatos, dispositivos y demás medios necesarios para la realización de telecomunicación, sus accesorios y periféricos, y, cuando corresponda, las instalaciones que los albergan y complementan, incluidos los terminales portátiles.
Art. 61. Servicio de valor agregado es la actividad que añade, a un servicio de telecomunicaciones que le sirve de soporte y con el cual no se confunde, nuevas utilidades relacionadas con el acceso, almacenamiento, presentación, movimiento o recuperación de informaciones.
§ 1º El servicio de valor agregado no constituye servicio de telecomunicaciones, clasificándose a su proveedor como usuario del servicio de telecomunicaciones que le sirve de soporte, con los derechos y deberes inherentes a esa condición.
§ 2° Se asegura a los interesados el uso de las redes de servicios de telecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, correspondiendo a la Agencia, para asegurar ese derecho, regular los condicionamientos, así como la relación entre aquellos y los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Capítulo II — De la Clasificación

Art. 62. En cuanto al alcance de los intereses que atienden, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios de interés colectivo y servicios de interés restringido.
Párrafo único. Los servicios de interés restringido estarán sujetos a los condicionamientos necesarios para que su explotación no perjudique el interés colectivo.
Art. 63. En cuanto al régimen jurídico de su prestación, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en públicos y privados.
Párrafo único. Servicio de telecomunicaciones en régimen público es el prestado mediante concesión o permiso, con atribución a su prestador de obligaciones de universalización y de continuidad.
Art. 64. Admitirán prestación en el régimen público las modalidades de servicio de telecomunicaciones de interés colectivo, cuya existencia, universalización y continuidad la propia Unión se compromete a asegurar.
Párrafo único. Se incluyen en este caso las diversas modalidades del servicio telefónico fijo conmutado, de cualquier ámbito, destinado al uso del público en general. (Revocado por la Ley 13.879, de 2019)
Art. 65. Cada modalidad de servicio se destinará a la prestación:
I - exclusivamente en el régimen público;
II - exclusivamente en el régimen privado; o
III - concomitantemente en los regímenes público y privado.
§ 1° No se dejarán a la explotación solamente en régimen privado las modalidades de servicio de interés colectivo que, siendo esenciales, estén sujetas a deberes de universalización.
§ 1º Podrán dejarse a la explotación solamente en régimen privado las modalidades de servicio de interés colectivo que, aun siendo esenciales, no estén sujetas a deberes de universalización. (Redacción dada por la Ley 13.879, de 2019)
§ 2° La exclusividad o concomitancia a que se refiere el caput podrá darse en el ámbito nacional, regional, local o en áreas determinadas.
Art. 66. Cuando un servicio sea, al mismo tiempo, explotado en los regímenes público y privado, se adoptarán medidas que impidan la inviabilidad económica de su prestación en el régimen público.
Art. 67. No admitirán prestación en el régimen público los servicios de telecomunicaciones de interés restringido.
Art. 68. Se prohíbe a una misma persona jurídica la explotación, de forma directa o indirecta, de una misma modalidad de servicio en los regímenes público y privado, salvo en regiones, localidades o áreas distintas.

Capítulo III — De las Reglas Comunes

Art. 69. Las modalidades de servicio serán definidas por la Agencia en función de su finalidad, ámbito de prestación, forma, medio de transmisión, tecnología empleada u otros atributos.
Párrafo único. Forma de telecomunicación es el modo específico de transmitir información, derivado de características particulares de transducción, de transmisión, de presentación de la información o de combinación de estas, considerándose formas de telecomunicación, entre otras, la telefonía, la telegrafía, la comunicación de datos y la transmisión de imágenes.
Art. 69-A. Las políticas gubernamentales de telecomunicaciones serán financiadas con recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust), creado por la Ley 9.998, de 17 de agosto de 2000. (Incluido por la Ley 14.109, de 2020)
Art. 70. Se reprimirán los comportamientos perjudiciales para la competencia libre, amplia y justa entre los prestadores del servicio, en régimen público o privado, en especial:
I - la práctica de subsidios para la reducción artificial de precios;
II - el uso, con el objetivo de obtener ventajas en la competencia, de informaciones obtenidas de los competidores en virtud de acuerdos de prestación de servicio;
III - la omisión de informaciones técnicas y comerciales relevantes para la prestación de servicios por otro.
Art. 71. Con el fin de propiciar una competencia efectiva e impedir la concentración económica en el mercado, la Agencia podrá establecer restricciones, límites o condiciones a empresas o grupos empresariales en cuanto a la obtención y transferencia de concesiones, permisos y autorizaciones.
Art. 71. Con el fin de propiciar una competencia efectiva e impedir la concentración económica en el mercado, la Agencia podrá establecer restricciones, límites o condiciones a empresas, a cooperativas o a grupos empresariales en cuanto a la obtención y a la transferencia de concesiones, permisos y autorizaciones. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 72. Solamente en la ejecución de su actividad, el prestador podrá valerse de informaciones relativas a la utilización individual del servicio por el usuario.
§ 1° La divulgación de las informaciones individuales dependerá del consentimiento expreso y específico del usuario.
§ 2° El prestador podrá divulgar a terceros informaciones agregadas sobre el uso de sus servicios, siempre que no permitan la identificación, directa o indirecta, del usuario, ni la violación de su intimidad.
Art. 73. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo tendrán derecho a la utilización de postes, ductos, conductos y servidumbres pertenecientes o controlados por prestador de servicios de telecomunicaciones o de otros servicios de interés público, de forma no discriminatoria y a precios y condiciones justos y razonables. (Véase Ley 11.934, de 2009)
Párrafo único. Corresponderá al órgano regulador del cesionario de los medios que se utilizarán definir las condiciones para la adecuada atención de lo dispuesto en el caput.
Art. 74. La concesión, el permiso o la autorización de servicio de telecomunicaciones no exime al prestador del cumplimiento de las normas de ingeniería y de las leyes municipales, estaduales o del Distrito Federal relativas a la construcción civil y a la instalación de cables y equipos en lugares públicos.
Art. 74. La concesión, el permiso o la autorización de servicio de telecomunicaciones no exime al prestador del cumplimiento de las normas de ingeniería y de las leyes municipales, estaduales o distritales relativas a la construcción civil. (Redacción dada por la Ley 13.116, de 2015)
Art. 75. No dependerá de concesión, permiso o autorización la actividad de telecomunicaciones restringida a los límites de una misma edificación o propiedad mueble o inmueble, conforme disponga la Agencia.
Art. 76. Las empresas prestadoras de servicios y los fabricantes de productos de telecomunicaciones que inviertan en proyectos de investigación y desarrollo en Brasil, en el área de telecomunicaciones, obtendrán incentivos en las condiciones fijadas por ley.
Art. 76. Las empresas o las cooperativas prestadoras de servicios y los fabricantes de productos de telecomunicaciones que inviertan en proyectos de investigación y desarrollo en Brasil, en el área de telecomunicaciones, obtendrán incentivos en las condiciones fijadas por ley. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 77. El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional, en el plazo de ciento veinte días contados desde la publicación de esta Ley, mensaje de creación de un fondo para el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones brasileñas, con el objetivo de estimular la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, incentivar la capacitación de los recursos humanos, fomentar la generación de empleos y promover el acceso de las pequeñas y medianas empresas a recursos de capital, de modo de ampliar la competencia en la industria de las telecomunicaciones.
Art. 78. La fabricación y el desarrollo en el País de productos de telecomunicaciones serán estimulados mediante la adopción de instrumentos de política crediticia, fiscal y aduanera.

TÍTULO II — DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN RÉGIMEN PÚBLICO

Capítulo I — De las Obligaciones de Universalización y de Continuidad

Art. 79. La Agencia regulará las obligaciones de universalización y de continuidad atribuidas a los prestadores de servicio en el régimen público.
§ 1° Obligaciones de universalización son las que tienen por objeto posibilitar el acceso de cualquier persona o institución de interés público a servicio de telecomunicaciones, independientemente de su localización y condición socioeconómica, así como las destinadas a permitir la utilización de las telecomunicaciones en servicios esenciales de interés público.
§ 2° Las obligaciones de continuidad son aquellas que tienen por objeto posibilitar a los usuarios de los servicios su disfrute de forma ininterrumpida, sin paralizaciones injustificadas, debiendo los servicios estar a disposición de los usuarios, en condiciones adecuadas de uso.
Art. 80. Las obligaciones de universalización serán objeto de metas periódicas, conforme a un plan específico elaborado por la Agencia y aprobado por el Poder Ejecutivo, que deberá referirse, entre otros aspectos, a la disponibilidad de instalaciones de uso colectivo o individual, a la atención de personas con discapacidad física, de instituciones de carácter público o social, así como de áreas rurales o de urbanización precaria y de regiones remotas.
§ 1º El plan detallará las fuentes de financiamiento de las obligaciones de universalización, que serán neutras con relación a la competencia, en el mercado nacional, entre prestadoras.
§ 2º Los recursos del fondo de universalización a que se refiere el inciso II del art. 81 no podrán ser destinados a la cobertura de costos de universalización de los servicios que, en los términos del contrato de concesión, la propia prestadora deba soportar.
Art. 81. Los recursos complementarios destinados a cubrir la parte del costo exclusivamente atribuible al cumplimiento de las obligaciones de universalización de una prestadora de servicio de telecomunicaciones, que no pueda ser recuperada con la explotación eficiente del servicio, podrán provenir de las siguientes fuentes:
I - Presupuesto General de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;
II - fondo específicamente constituido para esa finalidad, al cual contribuirán las prestadoras de servicio de telecomunicaciones en los regímenes público y privado, en los términos de la ley, cuyo mensaje de creación deberá ser enviado al Congreso Nacional, por el Poder Ejecutivo, en el plazo de ciento veinte días después de la publicación de esta Ley.
II - Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust), creado por la Ley 9.998, de 17 de agosto de 2000. (Redacción dada por la Ley 14.109, de 2020)
Párrafo único. Mientras no se constituya el fondo a que se refiere el inciso II del caput, podrán adoptarse también las siguientes fuentes:
I - subsidio entre modalidades de servicios de telecomunicaciones o entre segmentos de usuarios;
II - pago de un adicional al valor de interconexión.
Párrafo único.. (Revocado) (Redacción dada por la Ley 14.109, de 2020)
I -; (revocado) (Redacción dada por la Ley 14.109, de 2020)
II -. (revocado) (Redacción dada por la Ley 14.109, de 2020)
Art. 82. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la universalización y la continuidad dará lugar a la aplicación de sanciones de multa, caducidad o decretación de intervención, según el caso.

Capítulo II — De la Concesión

Sección I — Del otorgamiento

Art. 83. La explotación del servicio en el régimen público dependerá de previo otorgamiento, por la Agencia, mediante concesión, implicando esta el derecho de uso de las radiofrecuencias necesarias, conforme a la reglamentación.
Párrafo único. Concesión de servicio de telecomunicaciones es la delegación de su prestación, mediante contrato, por plazo determinado, en el régimen público, quedando la concesionaria sujeta a los riesgos empresariales, remunerándose mediante el cobro de tarifas a los usuarios o por otros ingresos alternativos y respondiendo directamente por sus obligaciones y por los perjuicios que cause.
Párrafo único. Concesión de servicio de telecomunicaciones es la delegación de su prestación, mediante contrato, por plazo determinado, en el régimen público, quedando la concesionaria sujeta a los riesgos corporativos, remunerándose mediante el cobro de tarifas a los usuarios o por otros ingresos alternativos y respondiendo directamente por sus obligaciones y por los perjuicios que cause. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 84. Las concesiones no tendrán carácter de exclusividad, debiendo obedecer al plan general de otorgamientos, con definición respecto de la división del País en áreas, del número de prestadoras para cada una de ellas, de sus plazos de vigencia y de los plazos para la admisión de nuevas prestadoras.
§ 1° Las áreas de explotación, el número de prestadoras, los plazos de vigencia de las concesiones y los plazos para la admisión de nuevas prestadoras serán definidos considerando el entorno de competencia, observados el principio del mayor beneficio al usuario y el interés social y económico del País, de modo de propiciar la justa remuneración de la prestadora del servicio en el régimen público.
§ 2° La oportunidad y el plazo de los otorgamientos serán determinados de modo de evitar el vencimiento concomitante de las concesiones de una misma área.
Art. 85. Cada modalidad de servicio será objeto de una concesión distinta, con clara determinación de los derechos y deberes de la concesionaria, de los usuarios y de la Agencia.
Art. 86. La concesión solamente podrá ser otorgada a una empresa constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País, creada para explotar exclusivamente los servicios de telecomunicaciones objeto de la concesión.
Párrafo único. La participación en la licitación para el otorgamiento, de quien no cumpla lo dispuesto en este artículo, estará condicionada al compromiso de, antes de la celebración del contrato, adaptarse o constituir una empresa con las características adecuadas.
Art. 86. La concesión solamente podrá ser otorgada a una empresa constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País, creada para explotar exclusivamente servicios de telecomunicaciones. (Redacción dada por la Ley 12.485, de 2011)
Art. 86. La concesión solamente podrá ser otorgada a empresas o cooperativas constituidas según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País, creadas para explotar exclusivamente servicios de telecomunicaciones. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Párrafo único. Los criterios y condiciones para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones directamente por la concesionaria obedecerán, entre otros, a los siguientes principios, de acuerdo con la reglamentación de la Anatel: (Redacción dada por la Ley 12.485, de 2011)
I - garantía de los intereses de los usuarios, en los mecanismos de reajuste y revisión de las tarifas, mediante la distribución de las ganancias económicas derivadas de la racionalización resultante de la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, o aun mediante la transferencia íntegra de las ganancias económicas que no deriven de la eficiencia o iniciativa empresarial, observados los términos de los §§ 2o y 3o del art. 108 de esta Ley; (Incluido por la Ley 12.485, de 2011)
II - actuación del poder público para propiciar la libre, amplia y justa competencia, reprimidas las infracciones del orden económico, en los términos del art. 6o de esta Ley; (Incluido por la Ley 12.485, de 2011)
III - existencia de mecanismos que aseguren el adecuado control público en lo que respecta a los bienes reversibles. (Incluido por la Ley 12.485, de 2011)
Art. 87. El otorgamiento a una empresa o grupo empresarial que, en la misma región, localidad o área, ya preste la misma modalidad de servicio, estará condicionado a la asunción del compromiso de, en el plazo máximo de dieciocho meses, contado desde la fecha de firma del contrato, transferir a otro el servicio anteriormente explotado, bajo pena de su caducidad y de otras sanciones previstas en el proceso de otorgamiento.
Art. 87. El otorgamiento a empresas, a cooperativas o a grupos empresariales que, en la misma región, localidad o área, ya presten la misma modalidad de servicio, estará condicionado a la asunción del compromiso de, en el plazo máximo de 18 (dieciocho) meses, contado desde la fecha de firma del contrato, transferir a otro el servicio anteriormente explotado, bajo pena de su caducidad y de otras sanciones previstas en el proceso de otorgamiento. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 88. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación.
Art. 89. La licitación será regulada por la Agencia, observados los principios constitucionales, las disposiciones de esta Ley y, especialmente:
I - la finalidad del certamen es, mediante la disputa entre los interesados, escoger a quien pueda ejecutar, expandir y universalizar el servicio en el régimen público con eficiencia, seguridad y a tarifas razonables;
II - el proyecto de instrumento de convocatoria será sometido a consulta pública previa;
III - el instrumento de convocatoria identificará el servicio objeto del certamen y las condiciones de su prestación, expansión y universalización, definirá el universo de proponentes, establecerá factores y criterios para la aceptación y el juzgamiento de las propuestas, regulará el procedimiento, determinará la cantidad de fases y sus objetivos, indicará las sanciones aplicables y fijará las cláusulas del contrato de concesión;
IV - las calificaciones técnico-operacional o profesional y económico-financiera, así como las garantías de la propuesta y del contrato, exigidas indistintamente a los proponentes, deberán ser compatibles con el objeto y proporcionales a su naturaleza y dimensión;
V - el interesado deberá comprobar situación regular ante las Haciendas Públicas y la Seguridad Social;
VI - la participación de consorcio, que se constituirá en empresa antes del otorgamiento de la concesión, será siempre admitida;
VII - el juzgamiento atenderá a los principios de vinculación al instrumento de convocatoria y de comparación objetiva;
VIII - los factores de juzgamiento podrán ser, aislada o conjuntamente, los de menor tarifa, mayor oferta por el otorgamiento, mejor calidad de los servicios y mejor atención de la demanda, respetado siempre el principio de objetividad;
IX - el empate se resolverá por sorteo;
X - las reglas procedimentales asegurarán la adecuada divulgación del instrumento de convocatoria, plazos compatibles con la preparación de las propuestas y los derechos al contradictorio, al recurso y a la amplia defensa.
Art. 90. No podrá participar en la licitación ni recibir el otorgamiento de la concesión la empresa que tenga prohibido licitar o contratar con el Poder Público o que haya sido declarada inidónea, así como aquella que haya sido sancionada en los dos años anteriores con la decretación de caducidad de concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones, o de la caducidad del derecho de uso de radiofrecuencia.
“Art. 90. No podrán participar en la licitación ni recibir el otorgamiento de la concesión las empresas o las cooperativas que tengan prohibido licitar o contratar con el poder público o que hayan sido declaradas inidóneas, así como aquellas que hayan sido sancionadas en los 2 (dos) años anteriores con la decretación de caducidad de concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones, o de caducidad del derecho de uso de radiofrecuencia. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 91. La licitación será inexigible cuando, mediante proceso administrativo conducido por la Agencia, la disputa sea considerada inviable o innecesaria.
§ 1° Se considera inviable la disputa cuando solamente un interesado pueda realizar el servicio, en las condiciones estipuladas.
§ 2° Se considera innecesaria la disputa en los casos en que se admita la explotación del servicio por todos los interesados que cumplan las condiciones requeridas.
§ 3° El procedimiento para la verificación de la inexigibilidad comprenderá un llamamiento público para determinar el número de interesados.
Art. 92. En las hipótesis de inexigibilidad de licitación, el otorgamiento de la concesión dependerá de un procedimiento administrativo sujeto a los principios de publicidad, moralidad, impersonalidad y contradictorio, para verificar el cumplimiento de las condiciones relativas a las calificaciones técnico-operacional o profesional y económico-financiera, a la regularidad fiscal y a las garantías del contrato.
Párrafo único. Las condiciones deberán ser compatibles con el objeto y proporcionales a su naturaleza y dimensión.

Sección II — Del contrato

Art. 93. El contrato de concesión indicará:
I - objeto, área y plazo de la concesión;
II - modo, forma y condiciones de la prestación del servicio;
III - reglas, criterios, indicadores, fórmulas y parámetros definidores de la implantación, expansión, alteración y modernización del servicio, así como de su calidad;
IV - deberes relativos a la universalización y a la continuidad del servicio;
V - el valor debido por el otorgamiento, la forma y las condiciones de pago;
VI - las condiciones de prórroga, incluidos los criterios para la fijación del valor;
VII - las tarifas que se cobrarán a los usuarios y los criterios para su reajuste y revisión;
VIII - los posibles ingresos alternativos, complementarios o accesorios, así como los provenientes de proyectos asociados;
IX - los derechos, las garantías y las obligaciones de los usuarios, de la Agencia y de la concesionaria;
X - la forma de la rendición de cuentas y de la fiscalización;
XI - los bienes reversibles, si los hubiere;
XII - las condiciones generales para la interconexión;
XIII - la obligación de mantener, durante la ejecución del contrato, todas las condiciones de habilitación exigidas en la licitación;
XIV - las sanciones;
XV - el foro y el modo para la solución extrajudicial de las divergencias contractuales.
Párrafo único. El contrato será publicado resumidamente en el Diário Oficial da União, como condición de su eficacia.
Art. 94. En el cumplimiento de sus deberes, la concesionaria podrá, observadas las condiciones y los límites establecidos por la Agencia:
I - emplear, en la ejecución de los servicios, equipos e infraestructura que no le pertenezcan;
II - contratar con terceros el desarrollo de actividades inherentes, accesorias o complementarias al servicio, así como la implementación de proyectos asociados.
§ 1° En cualquier caso, la concesionaria continuará siempre siendo responsable ante la Agencia y los usuarios.
§ 2° Las relaciones de la concesionaria con los terceros se regirán por el derecho común, y estos no tendrán derechos frente a la Agencia, observado lo dispuesto en el art. 117 de esta Ley.
Art. 95. La Agencia concederá plazos adecuados para la adaptación de la concesionaria a las nuevas obligaciones que se le impongan.
Art. 96. La concesionaria deberá:
I - prestar informaciones de naturaleza técnica, operativa, económico-financiera y contable, u otras pertinentes que la Agencia solicite;
II - mantener registros contables separados por servicio, en caso de que explote más de una modalidad de servicio de telecomunicaciones;
III - someter a la aprobación de la Agencia el modelo de contrato estándar que se celebrará con los usuarios, así como los acuerdos operativos que pretenda firmar con prestadoras extranjeras;
IV - divulgar la relación de abonados, observado lo dispuesto en los incisos VI y IX del art. 3°, así como en el art. 213, de esta Ley;
V - someterse a la reglamentación del servicio y a su fiscalización;
VI - presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas de universalización consignadas en el contrato de concesión.
Art. 97. Dependerán de la aprobación previa de la Agencia la escisión, la fusión, la transformación, la incorporación, la reducción del capital de la empresa o la transferencia de su control societario.
Párrafo único. La aprobación será concedida si la medida no fuere perjudicial para la competencia y no pusiere en riesgo la ejecución del contrato, observado lo dispuesto en el art. 7° de esta Ley.
Art. 98. El contrato de concesión podrá ser transferido después de la aprobación de la Agencia, siempre que, acumulativamente:
I - el servicio esté en operación, desde hace por lo menos tres años, con el cumplimiento regular de las obligaciones;
II - el cesionario reúna todos los requisitos del otorgamiento, inclusive en cuanto a las garantías, a la regularidad jurídica y fiscal y a la calificación técnica y económico-financiera;
III - la medida no perjudique la competencia y no ponga en riesgo la ejecución del contrato, observado lo dispuesto en el art. 7° de esta Ley.
Art. 99. El plazo máximo de la concesión será de veinte años, pudiendo ser prorrogado, por una única vez, por igual período, siempre que la concesionaria haya cumplido las condiciones de la concesión y manifieste expreso interés en la prórroga, por lo menos, treinta meses antes de su expiración.
Art. 99. El plazo máximo de la concesión será de 20 (veinte) años, prorrogable por períodos iguales, siendo necesario que la concesionaria haya cumplido las condiciones de la concesión y las obligaciones ya asumidas y manifieste expreso interés en la prórroga, por lo menos, 30 (treinta) meses antes de su expiración. (Redacción dada por la Ley nº 13.879, de 2019)
§ 1° La prórroga del plazo de la concesión implicará el pago, por la concesionaria, por el derecho de explotación del servicio y por el derecho de uso de las radiofrecuencias asociadas, y podrá, a criterio de la Agencia, incluir nuevos condicionamientos, teniendo en vista las condiciones vigentes en la época.
§ 2° El desistimiento de la solicitud de prórroga sin justa causa, después de su aprobación, sujetará a la concesionaria a la pena de multa.
§ 3° En caso de necesidad comprobada de reorganización del objeto o del área de la concesión para su ajuste al plan general de otorgamientos o a la reglamentación vigente, la Agencia podrá denegar la solicitud de prórroga.

Sección III — De los bienes

Art. 100. Podrá declararse la utilidad pública, para fines de expropiación o de constitución de servidumbre, de bienes inmuebles o muebles necesarios para la ejecución del servicio, correspondiendo a la concesionaria la implementación de la medida y el pago de la indemnización y de los demás gastos involucrados.
Art. 101. La enajenación, el gravamen o la sustitución de bienes reversibles dependerá de la aprobación previa de la Agencia.
Art. 102. La extinción de la concesión transmitirá automáticamente a la Unión la posesión de los bienes reversibles.
Párrafo único. La reversión de los bienes, antes de expirado el plazo contractual, implicará el pago de indemnización por las parcelas de inversiones a ellos vinculadas, aún no amortizadas o depreciadas, que hayan sido realizadas con el objetivo de garantizar la continuidad y la actualidad del servicio concedido.

Sección IV — De las tarifas

Art. 103. Compete a la Agencia establecer la estructura tarifaria para cada modalidad de servicio.
§ 1° La fijación, el reajuste y la revisión de las tarifas podrán basarse en un valor que corresponda al promedio ponderado de los valores de los ítems tarifarios.
§ 2° Quedan prohibidos los subsidios entre modalidades de servicios y segmentos de usuarios, salvo lo dispuesto en el párrafo único del art. 81 de esta Ley.
§ 3° Las tarifas serán fijadas en el contrato de concesión, conforme al pliego de la licitación o a la propuesta presentada en esta.
§ 4° En caso de otorgamiento sin licitación, las tarifas serán fijadas por la Agencia y constarán en el contrato de concesión.
Art. 104. Transcurridos al menos tres años desde la celebración del contrato, la Agencia podrá, si existiere amplia y efectiva competencia entre las prestadoras del servicio, someter a la concesionaria al régimen de libertad tarifaria.
§ 1° En el régimen a que se refiere el caput, la concesionaria podrá determinar sus propias tarifas, debiendo comunicarlas a la Agencia con una antelación de siete días a su vigencia.
§ 2° De ocurrir un aumento arbitrario de las ganancias o prácticas perjudiciales para la competencia, la Agencia restablecerá el régimen tarifario anterior, sin perjuicio de las sanciones procedentes.
Art. 105. Cuando se implanten nuevas prestaciones, utilidades o comodidades relativas al objeto de la concesión, sus tarifas serán sometidas previamente a la Agencia, para su aprobación, con los estudios correspondientes.
Párrafo único. Considerados los intereses de los usuarios, la Agencia podrá decidir fijar las tarifas o someterlas al régimen de libertad tarifaria, quedando prohibido cualquier cobro antes de la referida aprobación.
Art. 106. La concesionaria podrá cobrar una tarifa inferior a la fijada siempre que la reducción se base en un criterio objetivo y favorezca indistintamente a todos los usuarios, quedando prohibido el abuso del poder económico.
Art. 107. Los descuentos de tarifa solo serán admitidos cuando sean extensibles a todos los usuarios que se encuadren en las condiciones, precisas e isonómicas, para su disfrute.
Art. 108. Los mecanismos para el reajuste y la revisión de las tarifas serán previstos en los contratos de concesión, observándose, en lo que corresponda, la legislación específica.
§ 1° La reducción o el descuento de tarifas no dará lugar a revisión tarifaria.
§ 2° Serán compartidas con los usuarios, en los términos regulados por la Agencia, las ganancias económicas derivadas de la modernización, expansión o racionalización de los servicios, así como de nuevos ingresos alternativos.
§ 3° Serán transferidas íntegramente a los usuarios las ganancias económicas que no deriven directamente de la eficiencia empresarial, en casos como los de disminución de tributos o cargas legales y de nuevas reglas sobre los servicios.
§ 4º La onerosidad causada por nuevas reglas sobre los servicios, por el álea económica extraordinaria, así como por el aumento de las cargas legales o tributos, salvo el impuesto sobre la renta, implicará la revisión del contrato.
Art. 109. La Agencia establecerá:
I - los mecanismos para el seguimiento de las tarifas practicadas por la concesionaria, inclusive la antelación que deberá observarse en la comunicación de sus modificaciones;
II - los casos de servicio gratuito, como los de emergencia;
III - los mecanismos para garantizar la publicidad de las tarifas.

Sección V — De la intervención

Art. 110. Podrá decretarse la intervención en la concesionaria, por acto de la Agencia, en caso de:
I - paralización injustificada de los servicios;
II - inadecuación o insuficiencia de los servicios prestados, no resueltas en un plazo razonable;
III - desequilibrio económico-financiero derivado de mala administración que ponga en riesgo la continuidad de los servicios;
IV - práctica de infracciones graves;
V - inobservancia del cumplimiento de las metas de universalización;
VI - negativa injustificada de interconexión;
VII - infracción del orden económico en los términos de la legislación propia.
Art. 111. El acto de intervención indicará su plazo, sus objetivos y límites, que serán determinados en función de las razones que le dieron origen, y designará al interventor.
§ 1° El decreto de intervención no afectará el curso regular de los negocios de la concesionaria ni su normal funcionamiento y producirá, de inmediato, la separación de sus administradores.
§ 2° La intervención será precedida de un procedimiento administrativo instaurado por la Agencia, en el que se asegure la amplia defensa de la concesionaria, salvo cuando sea decretada cautelarmente, hipótesis en la cual el procedimiento será instaurado en la fecha de la intervención y concluido en hasta ciento ochenta días.
§ 3° La intervención podrá ser ejercida por un colegiado o por una empresa, cuya remuneración será pagada con recursos de la concesionaria.
§ 4° De los actos del interventor cabrá recurso ante la Agencia.
§ 5° Para los actos de enajenación y disposición del patrimonio de la concesionaria, el interventor necesitará la autorización previa de la Agencia.
§ 6° El interventor rendirá cuentas y responderá por los actos que practique.

Sección VI — De la extinción

Art. 112. La concesión se extinguirá por el advenimiento del término contractual, rescate, caducidad, rescisión y anulación.
Párrafo único. La extinción devuelve a la Unión los derechos y deberes relativos a la prestación del servicio.
Art. 113. Se considera rescate la reasunción del servicio por la Unión durante el plazo de la concesión, en razón de un motivo extraordinario de interés público, mediante ley autorizativa específica y previo pago de indemnización.
Art. 114. La caducidad de la concesión será decretada por la Agencia en las hipótesis:
I - de infracción de lo dispuesto en el art. 97 de esta Ley o de disolución o quiebra de la concesionaria;
II - de transferencia irregular del contrato;
III - de incumplimiento del compromiso de transferencia a que se refiere el art. 87 de esta Ley;
IV - en que la intervención sería procedente, pero su decreto fuere inconveniente, inocuo, injustamente beneficioso para el concesionario o innecesario.
§ 1° La intervención será innecesaria cuando la demanda por los servicios objeto de la concesión pueda ser atendida por otras prestadoras de modo regular e inmediato.
§ 2° El decreto de caducidad será precedido de un procedimiento administrativo instaurado por la Agencia, en el que se asegure la amplia defensa de la concesionaria.
Art. 115. La concesionaria tendrá derecho a la rescisión cuando, por acción u omisión del Poder Público, la ejecución del contrato se torne excesivamente onerosa.
Párrafo único. La rescisión podrá realizarse de forma amigable o judicial.
Art. 116. La anulación será decretada por la Agencia en caso de irregularidad insanable y grave del contrato de concesión.
Art. 117. Extinguida la concesión antes del término contractual, la Agencia, sin perjuicio de otras medidas procedentes, podrá:
I - ocupar, provisionalmente, bienes muebles e inmuebles y valerse del personal empleado en la prestación de los servicios, necesarios para su continuidad;
II - mantener contratos firmados por la concesionaria con terceros, con fundamento en los incisos I y II del art. 94 de esta Ley, por el plazo y en las condiciones inicialmente acordadas.
Párrafo único. En la hipótesis del inciso II de este artículo, los terceros que no cumplan las obligaciones asumidas responderán por el incumplimiento.

Capítulo III — Del Permiso

Art. 118. Se otorgará permiso, por la Agencia, para la prestación de servicio de telecomunicaciones ante una situación excepcional que comprometa el funcionamiento del servicio y que, en virtud de sus peculiaridades, no pueda ser atendida, de forma conveniente o en plazo adecuado, mediante intervención en la empresa concesionaria o mediante el otorgamiento de una nueva concesión.
Párrafo único. Permiso de servicio de telecomunicaciones es el acto administrativo por el cual se atribuye a alguien el deber de prestar servicio de telecomunicaciones en el régimen público y con carácter transitorio, hasta que se normalice la situación excepcional que le haya dado origen.
Art. 119. El permiso será precedido de un procedimiento licitatorio simplificado, instaurado por la Agencia, en los términos por ella regulados, salvo los casos de inexigibilidad previstos en el art. 91, observado lo dispuesto en el art. 92, de esta Ley.
Art. 120. El permiso será formalizado mediante la firma de un término, que indicará:
I - el objeto y el área del permiso, así como los plazos mínimo y máximo de vigencia estimados;
II - modo, forma y condiciones de la prestación del servicio;
III - las tarifas que se cobrarán a los usuarios, los criterios para su reajuste y revisión y las posibles fuentes de ingresos alternativos;
IV - los derechos, las garantías y las obligaciones de los usuarios, del permitente y del permisionario;
V - las condiciones generales de interconexión;
VI - la forma de la rendición de cuentas y de la fiscalización;
VII - los bienes entregados por el permitente a la administración del permisionario;
VIII - las sanciones;
IX - los bienes reversibles, si los hubiere;
X - el foro y el modo para la solución extrajudicial de las divergencias.
Párrafo único. El término de permiso será publicado en forma resumida en el Diario Oficial de la Unión, como condición de su eficacia.
Art. 121. Otorgado el permiso como resultado de un procedimiento licitatorio, la negativa injustificada del otorgado a firmar el respectivo término lo sujetará a las sanciones previstas en el instrumento de convocatoria.
Art. 122. El permiso se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de vigencia estimado, observado lo dispuesto en el art. 124 de esta Ley, así como por revocación, caducidad y anulación.
Art. 123. La revocación deberá fundarse en razones de conveniencia y oportunidad relevantes y supervinientes al permiso.
§ 1° La revocación, que podrá efectuarse en cualquier momento, no dará derecho a indemnización.
§ 2° El acto revocatorio fijará el plazo para que el permisionario devuelva el servicio, el cual no será inferior a sesenta días.
Art. 124. El permiso podrá ser mantenido, incluso vencido su plazo máximo, si persistiere la situación excepcional que lo motivó.
Art. 125. La Agencia dispondrá sobre el régimen del permiso, observados los principios y objetivos de esta Ley.

TÍTULO III — DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN RÉGIMEN PRIVADO

Capítulo I — Del Régimen General de la Explotación

Art. 126. La explotación de servicio de telecomunicaciones en el régimen privado se basará en los principios constitucionales de la actividad económica.
Art. 127. La disciplina de la explotación de los servicios en el régimen privado tendrá por objetivo viabilizar el cumplimiento de las leyes, en especial de las relativas a las telecomunicaciones, al orden económico y a los derechos de los consumidores, destinándose a garantizar:
I - la diversidad de servicios, el incremento de su oferta y su calidad;
II - la competencia libre, amplia y justa;
III - el respeto a los derechos de los usuarios;
IV - la convivencia entre las modalidades de servicio y entre prestadoras en régimen privado y público, observada la prevalencia del interés público;
V - el equilibrio de las relaciones entre prestadoras y usuarios de los servicios;
VI - la isonomía de trato a las prestadoras;
VII - el uso eficiente del espectro de radiofrecuencias;
VIII - el cumplimiento de la función social del servicio de interés colectivo, así como de las cargas que de ella se deriven;
IX - el desarrollo tecnológico e industrial del sector;
X - la fiscalización permanente.
Art. 128. Al imponer condicionamientos administrativos al derecho de explotación de las diversas modalidades de servicio en el régimen privado, sean ellos límites, cargas o sujeciones, la Agencia observará la exigencia de mínima intervención en la vida privada, asegurando que:
I - la libertad será la regla, constituyendo excepción las prohibiciones, restricciones e interferencias del Poder Público;
II - ninguna autorización será negada, salvo por motivo relevante;
III - los condicionamientos deberán tener vínculos, tanto de necesidad como de adecuación, con finalidades públicas específicas y relevantes;
IV - el provecho colectivo generado por el condicionamiento deberá ser proporcional a la privación que este imponga;
V - habrá relación de equilibrio entre los deberes impuestos a las prestadoras y los derechos a ellas reconocidos.
Art. 129. El precio de los servicios será libre, salvo lo dispuesto en el § 2° del art. 136 de esta Ley, reprimiéndose toda práctica perjudicial a la competencia, así como el abuso del poder económico, en los términos de la legislación propia.
Art. 130. La prestadora de servicio en régimen privado no tendrá derecho adquirido a la permanencia de las condiciones vigentes al momento de la expedición de la autorización o del inicio de las actividades, debiendo observar los nuevos condicionamientos impuestos por ley y por la reglamentación.
Párrafo único. Las normas concederán plazos suficientes para la adaptación a los nuevos condicionamientos.
Art. 130-A. Es facultativo para las prestadoras de servicio en régimen privado el alquiler de sus redes para la implantación de sistema de localización de personas desaparecidas. (Incluido por la Ley 12.841, de 2013)
Párrafo único. El sistema a que se refiere el caput de este artículo está sujeto a las reglas de mercado, en los términos del art. 129 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.841, de 2013)

Capítulo II — De la Autorización de Servicio de Telecomunicaciones

Sección I — De la obtención

Art. 131. La explotación de servicio en el régimen privado dependerá de previa autorización de la Agencia, que acarreará el derecho de uso de las radiofrecuencias necesarias.
§ 1° Autorización de servicio de telecomunicaciones es el acto administrativo vinculado que faculta la explotación, en el régimen privado, de una modalidad de servicio de telecomunicaciones, cuando se cumplan las condiciones objetivas y subjetivas necesarias.
§ 2° La Agencia definirá los casos que no dependerán de autorización.
§ 3° La prestadora de servicio que no dependa de autorización comunicará previamente a la Agencia el inicio de sus actividades, salvo en los casos previstos en las normas correspondientes.
§ 4° La eficacia de la autorización dependerá de la publicación de un extracto en el Diario Oficial de la Unión.
Art. 132. Son condiciones objetivas para la obtención de autorización de servicio:
I - disponibilidad de la radiofrecuencia necesaria, en el caso de servicios que la utilicen; (Revocado por la Ley 13.879, de 2019)
II - presentación de un proyecto técnicamente viable y compatible con las normas aplicables. (Revocado por la Ley 13.879, de 2019)
Art. 132. Es condición objetiva para la obtención de autorización de servicio la disponibilidad de la radiofrecuencia necesaria, en el caso de servicios que la utilicen. (Redacción dada por la Ley 13.879, de 2019)
I - (revocado); (Redacción dada por la Ley 13.879, de 2019)
II - (revocado). (Redacción dada por la Ley 13.879, de 2019)
Art. 133. Son condiciones subjetivas para la obtención de autorización de servicio de interés colectivo por la empresa:
Art. 133. Son condiciones subjetivas para la obtención de autorización de servicio de interés colectivo por la empresa o por la cooperativa: (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
I - estar constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País;
II - no estar impedida de licitar o contratar con el Poder Público, no haber sido declarada inidónea o no haber sido sancionada, en los dos años anteriores, con la declaración de caducidad de concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones, o de la caducidad de derecho de uso de radiofrecuencia;
III - disponer de calificación técnica para prestar bien el servicio, capacidad económico-financiera, regularidad fiscal y estar en situación regular con la Seguridad Social;
IV - no ser, en la misma región, localidad o área, la encargada de prestar la misma modalidad de servicio.
Párrafo único. La Agencia deberá verificar la situación de regularidad fiscal de la empresa respecto de entidades integrantes de la administración pública federal, pudiendo, además, cuando resulte relevante, requerir comprobación de regularidad ante las esferas municipal y estatal del Poder Público. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
Párrafo único. La Agencia deberá verificar la situación de regularidad fiscal de la empresa o de la cooperativa respecto de entidades integrantes de la administración pública federal, pudiendo, además, cuando resulte relevante, requerir comprobación de regularidad ante las esferas municipal y estatal del poder público. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 134. La Agencia dispondrá sobre las condiciones subjetivas para la obtención de autorización de servicio de interés restringido.
Art. 135. La Agencia podrá, excepcionalmente, ante relevantes razones de carácter colectivo, condicionar la expedición de la autorización a la aceptación, por el interesado, de compromisos de interés de la colectividad.
Párrafo único. Los compromisos a que se refiere el caput serán objeto de reglamentación por la Agencia, observados los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.
Art. 136. No habrá límite al número de autorizaciones de servicio, salvo en caso de imposibilidad técnica o, excepcionalmente, cuando el exceso de competidores pueda comprometer la prestación de una modalidad de servicio de interés colectivo.
§ 1° La Agencia determinará las regiones, localidades o áreas comprendidas por la limitación y dispondrá sobre la posibilidad de que la prestadora actúe en más de una de ellas.
§ 2° Las prestadoras serán seleccionadas mediante procedimiento licitatorio, en la forma establecida en los arts. 88 a 92, quedando la transferencia de la autorización sujeta a las mismas condiciones establecidas en el art. 98 de esta Ley.
§ 3° A los vencedores de la licitación se les exigirá una contrapartida proporcional a la ventaja económica de que gocen, en la forma de compromisos de interés de los usuarios.
Art. 137. El incumplimiento de las condiciones o de los compromisos asumidos, asociados a la autorización, sujetará a la prestadora a las sanciones de multa, suspensión temporal o caducidad.

Sección II — De la extinción

Art. 138. La autorización de servicio de telecomunicaciones no tendrá su vigencia sujeta a término final, extinguiéndose solamente por cancelación, caducidad, decaimiento, renuncia o anulación.
Art. 139. Cuando se produzca la pérdida de las condiciones indispensables para la expedición o el mantenimiento de la autorización, la Agencia podrá extinguirla mediante acto de cancelación.
Párrafo único. Implicará la cancelación de la autorización del servicio la extinción de la autorización de uso de la radiofrecuencia respectiva.
Art. 140. En caso de comisión de infracciones graves, de transferencia irregular de la autorización o de incumplimiento reiterado de los compromisos asumidos, la Agencia podrá extinguir la autorización decretando su caducidad.
Art. 141. El decaimiento será decretado por la Agencia, mediante acto administrativo, si, en razón de motivos de excepcional relevancia pública, las normas llegaren a vedar el tipo de actividad objeto de la autorización o a suprimir la explotación en el régimen privado.
§ 1° La edición de las normas de que trata el caput no justificará el decaimiento sino cuando la preservación de las autorizaciones ya expedidas sea efectivamente incompatible con el interés público.
§ 2° Decretado el decaimiento, la prestadora tendrá derecho a mantener sus propias actividades regulares por un plazo mínimo de cinco años, salvo expropiación.
Art. 142. Renuncia es el acto formal unilateral, irrevocable e irretractable, por el cual la prestadora manifiesta su desinterés por la autorización.
Párrafo único. La renuncia no será causa de sanción del autorizado, ni lo exonerará de sus obligaciones con terceros.
Art. 143. La anulación de la autorización será decretada, judicial o administrativamente, en caso de irregularidad insanable del acto que la expidió.
Art. 144. La extinción de la autorización mediante acto administrativo dependerá de procedimiento previo, garantizados el contradictorio y la amplia defensa del interesado

TÍTULO III-A (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)

DE LA ADAPTACIÓN DE LA MODALIDAD DE OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE CONCESIÓN A AUTORIZACIÓN
Art. 144-A. La Agencia podrá autorizar, mediante solicitud de la concesionaria, la adaptación del instrumento de concesión a autorización, condicionada a la observancia de los siguientes requisitos: (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
I - mantenimiento de la prestación del servicio adaptado y compromiso de cesión de capacidad que posibilite ese mantenimiento, en las áreas sin competencia adecuada, en los términos de la reglamentación de la Agencia; (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
II - asunción, por la solicitante, de compromisos de inversión, conforme al art. 144-B; (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
III - presentación, por la solicitante, de garantía que asegure el fiel cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos I y II; (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
IV - adaptación de los otorgamientos para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de las respectivas autorizaciones de uso de radiofrecuencias que posea el grupo empresarial de la concesionaria en un instrumento único de servicios. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 1º En la prestación prevista en el inciso I, deberán mantenerse las ofertas comerciales del servicio adaptado existentes en la época de la aprobación de la adaptación en las áreas sin competencia adecuada, en los términos de la reglamentación de la Agencia. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 2º Salvo las obligaciones previstas en los incisos I y II, el proceso de adaptación previsto en el inciso IV se realizará de forma no onerosa, manteniéndose los plazos remanentes de las autorizaciones de uso de radiofrecuencias. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 3º La garantía prevista en el inciso III deberá posibilitar su ejecución por un tercero beneficiado, de modo que se asegure el cumplimiento de las obligaciones a ella asociadas. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 4º El contrato de concesión deberá ser modificado para incluir la posibilidad de adaptación prevista en el caput de este artículo. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 5º Tras la adaptación prevista en el caput, podrá autorizarse la transferencia del instrumento previsto en el inciso IV, en su totalidad o en parte, conforme a la reglamentación de la Agencia, siempre que se preserve la prestación del servicio. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
Art. 144-B. El valor económico asociado a la adaptación del instrumento de concesión a autorización prevista en el art. 144-A será determinado por la Agencia, con indicación de la metodología y de los criterios de valoración. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 1º El valor económico referido en el caput de este artículo será la diferencia entre el valor esperado de la explotación del servicio adaptado en régimen de autorización y el valor esperado de la explotación de ese servicio en régimen de concesión, calculados a partir de la adaptación. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 2º El valor económico referido en el caput de este artículo se revertirá en compromisos de inversión, priorizados conforme a las directrices del Poder Ejecutivo. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 3º Los compromisos de inversión priorizarán la implantación de infraestructura de red de alta capacidad de comunicación de datos en áreas sin competencia adecuada y la reducción de las desigualdades, en los términos de la reglamentación de la Agencia. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 4º Los compromisos de inversión mencionados en este artículo deberán integrar el instrumento previsto en el inciso IV del art. 144-A. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
§ 5º Los compromisos de inversión deberán incorporar la oferta subsidiada de tecnologías de asistencia para la accesibilidad de personas con discapacidad, ya sea a las redes de alta capacidad de comunicación de datos, ya sea a los planes de consumo en los servicios de comunicaciones para usuarios con discapacidad, en los términos de la reglamentación de la Agencia. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
Art. 144-C. Para efectos del cálculo del valor económico mencionado en el art. 144-B, se considerarán bienes reversibles, si los hubiere, los activos esenciales y efectivamente empleados en la prestación del servicio concedido. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)
Párrafo único. Los bienes reversibles utilizados para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones explotados en régimen privado serán valorados en proporción a su uso para el servicio concedido. (Incluido por la Ley 13.879, de 2019)

TÍTULO IV — DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES

Art. 145. La implantación y el funcionamiento de redes de telecomunicaciones destinadas a dar soporte a la prestación de servicios de interés colectivo, en régimen público o privado, observarán lo dispuesto en este Título.
Párrafo único. Las redes de telecomunicaciones destinadas a la prestación de servicio en régimen privado podrán ser dispensadas de lo dispuesto en el caput, en su totalidad o en parte, en la forma de la reglamentación expedida por la Agencia.
Art. 146. Las redes se organizarán como vías integradas de libre circulación, en los términos siguientes:
I - es obligatoria la interconexión entre las redes, en la forma de la reglamentación;
II - deberá asegurarse la operación integrada de las redes, en el ámbito nacional e internacional;
III - el derecho de propiedad sobre las redes está condicionado por el deber de cumplimiento de su función social.
Párrafo único. Interconexión es el enlace entre redes de telecomunicaciones funcionalmente compatibles, de modo que los usuarios de servicios de una de las redes puedan comunicarse con usuarios de servicios de otra o acceder a servicios en ella disponibles.
Art. 147. Es obligatoria la interconexión a las redes de telecomunicaciones a que se refiere el art. 145 de esta Ley, solicitada por prestadora de servicio en régimen privado, en los términos de la reglamentación.
Art. 148. Es libre la interconexión entre redes de soporte a la prestación de servicios de telecomunicaciones en régimen privado, observada la reglamentación.
Art. 149. La reglamentación establecerá las hipótesis y condiciones de interconexión a redes internacionales.
Art. 150. La implantación, el funcionamiento y la interconexión de las redes obedecerán a la reglamentación emitida por la Agencia, asegurando la compatibilidad de las redes de las diferentes prestadoras, con miras a su armonización en el ámbito nacional e internacional.
Art. 151. La Agencia dispondrá sobre los planes de numeración de los servicios, asegurando su administración de forma no discriminatoria y en estímulo a la competencia, garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Párrafo único. La Agencia dispondrá sobre las circunstancias y las condiciones en que la prestadora de servicio de telecomunicaciones cuyo usuario se transfiera a otra prestadora estará obligada a, sin costo, interceptar las llamadas dirigidas al antiguo código de acceso del usuario e informar su nuevo código.
Art. 152. El suministro de la interconexión se realizará en términos no discriminatorios, bajo condiciones técnicas adecuadas, garantizando precios isonómicos y justos, atendiendo a lo estrictamente necesario para la prestación del servicio.
Art. 153. Las condiciones para la interconexión de redes serán objeto de libre negociación entre los interesados, mediante acuerdo, observado lo dispuesto en esta Ley y en los términos de la reglamentación.
§ 1° El acuerdo se formalizará por contrato, cuya eficacia dependerá de homologación por la Agencia, archivándose una de sus copias en la Biblioteca para consulta por cualquier interesado.
§ 2° No habiendo acuerdo entre los interesados, la Agencia, a instancia de uno de ellos, arbitrará las condiciones para la interconexión.
Art. 154. Las redes de telecomunicaciones podrán ser, secundariamente, utilizadas como soporte de servicio a ser prestado por otro, de interés colectivo o restringido.
Art. 155. Para desarrollar la competencia, las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo deberán, en los casos y condiciones fijados por la Agencia, poner sus redes a disposición de otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo.
Art. 155. Para desarrollar la competencia, las empresas y las cooperativas prestadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo deberán, en los casos y en las condiciones fijados por la Agencia, poner sus redes a disposición de otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo. (Redacción dada por la Ley 15.324, de 2026)
Art. 156. Podrá prohibirse la conexión de equipos terminales sin certificación, expedida o aceptada por la Agencia, en el caso de las redes referidas en el art. 145 de esta Ley.
§ 1° Terminal de telecomunicaciones es el equipo o aparato que posibilita el acceso del usuario a servicio de telecomunicaciones, pudiendo incorporar etapa de transducción, estar incorporado a equipo destinado a ejercer otras funciones o, aun, incorporar funciones secundarias.
§ 2° Certificación es el reconocimiento de la compatibilidad de las especificaciones de determinado producto con las características técnicas del servicio al que se destina.

TÍTULO V — DEL ESPECTRO Y DE LA ÓRBITA

Capítulo I — Del Espectro de Radiofrecuencias

Art. 157. El espectro de radiofrecuencias es un recurso limitado, que constituye un bien público, administrado por la Agencia.
Art. 158. Observadas las atribuciones de bandas según tratados y acuerdos internacionales, la Agencia mantendrá un plan con la atribución, distribución y destinación de radiofrecuencias, y el detalle necesario para el uso de las radiofrecuencias asociadas a los diversos servicios y actividades de telecomunicaciones, atendidas sus necesidades específicas y las de sus expansiones.
§ 1° El plan destinará bandas de radiofrecuencia para:
I - fines exclusivamente militares;
II - servicios de telecomunicaciones a ser prestados en régimen público y en régimen privado;
III - servicios de radiodifusión;
IV - servicios de emergencia y de seguridad pública;
V - otras actividades de telecomunicaciones.
§ 2° La destinación de bandas de radiofrecuencia para fines exclusivamente militares se hará en articulación con las Fuerzas Armadas.
Art. 159. En la destinación de bandas de radiofrecuencia se considerarán el empleo racional y económico del espectro, así como las atribuciones, distribuciones y asignaciones existentes, con el objetivo de evitar interferencias perjudiciales.
Párrafo único. Se considera interferencia perjudicial cualquier emisión, irradiación o inducción que obstruya, degrade seriamente o interrumpa repetidamente la telecomunicación.
Art. 160. La Agencia regulará la utilización eficiente y adecuada del espectro, pudiendo restringir el empleo de determinadas radiofrecuencias o bandas, considerado el interés público.
Párrafo único. El uso de la radiofrecuencia estará condicionado a su compatibilidad con la actividad o el servicio a ser prestado, particularmente en lo que respecta a la potencia, a la banda de transmisión y a la técnica empleada.
Art. 161. En cualquier momento, podrá modificarse la destinación de radiofrecuencias o bandas, así como ordenarse la alteración de potencias o de otras características técnicas, siempre que el interés público o el cumplimiento de convenciones o tratados internacionales así lo determine.
Párrafo único. Se fijará un plazo adecuado y razonable para la efectivización del cambio.
Art. 162. La operación de estación transmisora de radiocomunicación está sujeta a licencia de funcionamiento previa y a fiscalización permanente, en los términos de la reglamentación.
§ 1° Radiocomunicación es la telecomunicación que utiliza frecuencias radioeléctricas no confinadas a hilos, cables u otros medios físicos.
§ 2° Está prohibida la utilización de equipos emisores de radiofrecuencia sin certificación expedida o aceptada por la Agencia.
§ 3° La emisión o extinción de la licencia relativa a la estación de apoyo a la navegación marítima o aeronáutica, así como a la estación de radiocomunicación marítima o aeronáutica, dependerá de dictamen favorable de los órganos competentes para la inspección de embarcaciones y aeronaves.
§ 4º Se exceptúan de la obligación de licencia de funcionamiento previa establecida en el caput de este artículo las estaciones de telecomunicaciones que integren sistemas de comunicación máquina a máquina, conforme a la reglamentación. (Incluido por la Ley 14.108, de 2020)

Capítulo II — De la Autorización de Uso de Radiofrecuencia

Art. 163. El uso de radiofrecuencia, tenga o no carácter de exclusividad, dependerá del previo otorgamiento por parte de la Agencia, mediante autorización, en los términos de la reglamentación.
§ 1° La autorización de uso de radiofrecuencia es el acto administrativo reglado, asociado a la concesión, permiso o autorización para la prestación de servicio de telecomunicaciones, que atribuye al interesado, por plazo determinado, el derecho de uso de radiofrecuencia, en las condiciones legales y reglamentarias.
§ 2° No requerirán otorgamiento:
I - el uso de radiofrecuencia por medio de equipos de radiación restringida definidos por la Agencia;
II - el uso, por las Fuerzas Armadas, de radiofrecuencias en las bandas destinadas a fines exclusivamente militares.
§ 3° La eficacia de la autorización de uso de radiofrecuencia dependerá de la publicación de un extracto en el Diario Oficial de la Unión.
§ 4º La transferencia de la autorización de uso de radiofrecuencias entre prestadores de servicios de telecomunicaciones dependerá de la anuencia de la Agencia, en los términos de la reglamentación. (Incluido por la Ley 13.879/2019)
§ 5º En la anuencia prevista en el § 4º, la Agencia podrá establecer condicionamientos de carácter concurrencial para la aprobación de la transferencia, tales como limitaciones a la cantidad de radiofrecuencias transferidas. (Incluido por la Ley 13.879/2019)
Art. 164. Cuando exista limitación técnica al uso de radiofrecuencia y haya interés en su utilización por parte de más de un interesado, para fines de expansión del servicio, y existan o no, concomitantemente, otros interesados en prestar la misma modalidad de servicio, se observará lo siguiente:
I - la autorización de uso de radiofrecuencia dependerá de licitación, en la forma y condiciones establecidas en los arts. 88 a 90 de esta Ley, y será siempre onerosa;
II - el ganador de la licitación recibirá, según el caso, la autorización para el uso de la radiofrecuencia, para fines de expansión del servicio, o la autorización para la prestación del servicio.
Art. 165. A los fines de verificar la necesidad de abrir o no la licitación prevista en el artículo anterior, se observará lo dispuesto en los arts. 91 y 92 de esta Ley.
Art. 166. La autorización de uso de radiofrecuencia tendrá el mismo plazo de vigencia que la concesión o el permiso de prestación de servicio de telecomunicaciones al cual esté vinculada.
Art. 167. En el caso de servicios autorizados, el plazo de vigencia será de hasta veinte años, prorrogable una única vez por igual período.
Art. 167. En el caso de servicios autorizados, el plazo de vigencia será de hasta 20 (veinte) años, prorrogable por períodos iguales, siendo necesario que la autorizada haya cumplido las obligaciones ya asumidas y manifieste previo y expreso interés. (Redacción dada por la Ley 13.879/2019)
§ 1° La prórroga, siempre onerosa, podrá ser solicitada hasta tres años antes del vencimiento del plazo original, debiendo la solicitud ser resuelta en un plazo máximo de doce meses.
§ 2° El rechazo solamente ocurrirá si el interesado no estuviere haciendo uso racional y adecuado de la radiofrecuencia, si hubiere cometido infracciones reiteradas en sus actividades o si fuere necesaria la modificación del destino del uso de la radiofrecuencia.
§ 3º En la prórroga prevista en el caput, deberán establecerse compromisos de inversión, conforme a las directrices del Poder Ejecutivo, alternativamente al pago de la totalidad o de parte del valor del precio público debido por la prórroga. (Incluido por la Ley 13.879/2019)
Art. 168. Es intransferible la autorización de uso de radiofrecuencias sin la correspondiente transferencia de la concesión, permiso o autorización de prestación del servicio a ellas vinculada. (Revocado por la Ley 13.879/2019)
Art. 169. La autorización de uso de radiofrecuencias se extinguirá por el advenimiento de su término final o en caso de su transferencia irregular, así como por caducidad, decaimiento, renuncia o anulación de la autorización para la prestación del servicio de telecomunicaciones que se vale de ella.

Capítulo III — De la Órbita y de los Satélites

Art. 170. La Agencia dispondrá sobre los requisitos y criterios específicos para la ejecución de servicio de telecomunicaciones que utilice satélite, geoestacionario o no, independientemente de que el acceso a él ocurra desde el territorio nacional o desde el exterior.
Art. 171. Para la ejecución de servicio de telecomunicaciones vía satélite regulado por esta Ley, deberá darse preferencia al empleo de satélite brasileño, cuando este ofrezca condiciones equivalentes a las de terceros.
§ 1° El empleo de satélite extranjero solamente será admitido cuando su contratación se realice con empresa constituida según las leyes brasileñas y con sede y administración en el País, en calidad de representante legal del operador extranjero.
§ 2° Satélite brasileño es aquel que utiliza recursos de órbita y espectro radioeléctrico notificados por el País, o a él distribuidos o consignados, y cuya estación de control y monitoreo esté instalada en el territorio brasileño.
Art. 172. El derecho de explotación de satélite brasileño para el transporte de señales de telecomunicaciones asegura la ocupación de la órbita y el uso de las radiofrecuencias destinadas al control y monitoreo del satélite y a la telecomunicación vía satélite, por un plazo de hasta quince años, pudiendo este plazo ser prorrogado, una única vez, en los términos de la reglamentación.
Art. 172. El derecho de explotación de satélite brasileño para el transporte de señales de telecomunicaciones asegura la ocupación de la órbita y el uso de las radiofrecuencias destinadas al control y monitoreo del satélite y a la telecomunicación vía satélite, por un plazo de hasta 15 (quince) años, pudiendo este plazo ser prorrogado, en los términos de la reglamentación, siempre que se hayan cumplido las obligaciones ya asumidas.
§ 1º Inmediatamente después de una solicitud de explotación de satélite que implique la utilización de nuevos recursos de órbita o espectro, la Agencia evaluará la información y, considerándola conforme con la reglamentación, remitirá a la Unión Internacional de Telecomunicaciones la correspondiente notificación, sin que ello caracterice compromiso de otorgamiento al solicitante.
§ 2° Si la licitación fuere inexigible, conforme a lo dispuesto en los arts. 91 y 92 de esta Ley, el derecho de explotación será conferido mediante proceso administrativo establecido por la Agencia.
§ 2º El derecho de explotación será conferido mediante proceso administrativo establecido por la Agencia. (Redacción dada por la Ley 13.879/2019)
§ 3° Cuando fuere necesaria la licitación, se observará el procedimiento establecido en los arts. 88 a 90 de esta Ley, aplicándose, en lo que corresponda, lo dispuesto en este artículo.
§ 3º. Revocado (Redacción dada por la Ley 13.879/2019)
§ 4º El derecho será conferido a título oneroso, pudiendo el pago, conforme disponga la Agencia, realizarse en forma de suma cierta, en una o varias cuotas, así como de cuotas anuales o, complementariamente, de cesión de capacidad, conforme disponga la reglamentación.
§ 4º El derecho de explotación será conferido a título oneroso, pudiendo el pago, conforme disponga la Agencia, ser convertido en compromisos de inversión, conforme a las directrices del Poder Ejecutivo. (Redacción dada por la Ley 13.879/2019)

TÍTULO VI — DE LAS SANCIONES

Capítulo I — De las Sanciones Administrativas

Art. 173. La infracción de esta Ley o de las demás normas aplicables, así como la inobservancia de los deberes derivados de los contratos de concesión o de los actos de permiso, autorización de servicio o autorización de uso de radiofrecuencia, someterá a los infractores a las siguientes sanciones, aplicables por la Agencia, sin perjuicio de las de naturaleza civil y penal: (Véase la Ley 11.974/2009)
I - advertencia;
II - multa;
III - suspensión temporal;
IV - caducidad;
V - declaración de inidoneidad.
Párrafo único. Los titulares de concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones que utilicen en sus actividades hilos, cables o equipos de telefonía o transferencia de datos que sepan o deban saber que son producto de delito quedarán sujetos a las sanciones previstas en este artículo. (Incluido por la Ley 15.181/2025)
Art. 174. Toda acusación será circunstanciada, permaneciendo en reserva hasta su completa investigación.
Art. 175. Ninguna sanción será aplicada sin la oportunidad de previa y amplia defensa.
Párrafo único. Solamente podrán adoptarse antes de la defensa medidas cautelares urgentes.
Art. 176. En la aplicación de sanciones, serán considerados la naturaleza y la gravedad de la infracción, los daños que de ella resulten para el servicio y para los usuarios, la ventaja obtenida por el infractor, las circunstancias agravantes, los antecedentes del infractor y la reincidencia específica.
Párrafo único. Se entiende por reincidencia específica la repetición de falta de igual naturaleza después de haber recibido una notificación anterior.
Art. 177. En las infracciones cometidas por persona jurídica, también serán castigados con la sanción de multa sus administradores o controladores, cuando hubieren actuado de mala fe.
Art. 178. La existencia de sanción anterior será considerada como agravante en la aplicación de otra sanción.
Art. 179. La multa podrá ser impuesta de forma aislada o conjuntamente con otra sanción, no debiendo ser superior a R$ 50.000.000,00 (cincuenta millones de reales) por cada infracción cometida.
§ 1° En la aplicación de la multa serán considerados la condición económica del infractor y el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la intensidad de la sanción.
§ 2° La imposición, a la prestadora de servicio de telecomunicaciones, de multa derivada de infracción del orden económico observará los límites previstos en la legislación específica.
Art. 180. La suspensión temporal será impuesta, en relación con la autorización de servicio o de uso de radiofrecuencia, en caso de infracción grave cuyas circunstancias no justifiquen la declaración de caducidad.
Párrafo único. El plazo de la suspensión no será superior a treinta días.
Art. 181. La caducidad implicará la extinción de la concesión, permiso, autorización de servicio o autorización de uso de radiofrecuencia, en los casos previstos en esta Ley.
Art. 182. La declaración de inidoneidad será aplicada a quien haya cometido actos ilícitos con el fin de frustrar los objetivos de la licitación.
Párrafo único. El plazo de vigencia de la declaración de inidoneidad no será superior a cinco años.

Capítulo II — De las Sanciones Penales

Art. 183. Desarrollar clandestinamente actividades de telecomunicación:
Pena - detención de dos a cuatro años, aumentada en la mitad si hubiere daño a terceros, y multa de R$ 10.000,00 (diez mil reales).
Párrafo único. Incurre en la misma pena quien, directa o indirectamente, concurra al delito.
Art. 184. Son efectos de la condena penal firme:
I - hacer cierta la obligación de indemnizar el daño causado por el delito;
II - la pérdida, en favor de la Agencia, salvaguardado el derecho del lesionado o de terceros de buena fe, de los bienes empleados en la actividad clandestina, sin perjuicio de su aprehensión cautelar.
Párrafo único. Se considera clandestina la actividad desarrollada sin la debida concesión, permiso o autorización de servicio, de uso de radiofrecuencia y de explotación de satélite.
Párrafo único. Se considera clandestina la actividad desarrollada sin la debida concesión, permiso o autorización de servicio, de uso de radiofrecuencia y de explotación de satélite, así como la actividad desarrollada con la utilización de hilos, cables o equipos de telefonía o transferencia de datos por quien sepa o deba saber que son producto de delito.. (Redacción dada por la Ley 15.181/2025)
Art. 185. El delito definido en esta Ley es de acción penal pública incondicionada, correspondiendo al Ministerio Público promoverla.

LIBRO IV — DE LA REESTRUCTURACIÓN Y DE LA DESESTATIZACIÓN

DE LAS EMPRESAS FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES
Art. 186. La reestructuración y la desestatización de las empresas federales de telecomunicaciones tienen como objetivo conducir al cumplimiento de los deberes establecidos en el art. 2º de esta Ley.
Art. 187. Se autoriza al Poder Ejecutivo a promover la reestructuración y la desestatización de las siguientes empresas controladas, directa o indirectamente, por la Unión, y supervisadas por el Ministerio de las Comunicaciones:
I - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS;
II - Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL;
III - Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA;
IV - Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA;
V - Telecomunicações do Ceará - TELECEARÁ;
VI - Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. - TELERN;
VII - Telecomunicações da Paraíba S.A. - TELPA;
VIII - Telecomunicações de Pernambuco S.A. - TELPE;
IX - Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA;
X - Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE;
XI - Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA;
XII - Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A. - TELEMS;
XIII - Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT;
XIV - Telecomunicações de Goiás S.A. - TELEGOIÁS;
XV - Telecomunicações de Brasília S.A. - TELEBRASÍLIA;
XVI - Telecomunicações de Rondônia S.A. - TELERON;
XVII - Telecomunicações do Acre S.A. - TELEACRE;
XVIII - Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA;
XIX - Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ;
XX - Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELAMAZON;
XXI - Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARÁ;
XXII - Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ;
XXIII - Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG;
XXIV - Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST;
XXV - Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP;
XXVI - Companhia Telefônica da Borda do Campo - CTBC;
XXVII - Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR;
XXVIII - Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC;
XXIX - Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência - CTMR.
Párrafo único. Se incluyen en la autorización a que se refiere el caput las empresas subsidiarias explotadoras del servicio móvil celular, constituidas en los términos del art. 5° de la Ley 9.295, de 19 de julio de 1996.
Art. 188. La reestructuración y la desestatización deberán compatibilizar las áreas de actuación de las empresas con el plan general de otorgamientos, el cual deberá ser previamente editado, en la forma del art. 84 de esta Ley, así como observar las restricciones, límites o condiciones establecidos con base en el art. 71.
Art. 189. Para la reestructuración de las empresas enumeradas en el art. 187, se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las siguientes medidas:
I - escisión, fusión e incorporación;
II - disolución de sociedad o desactivación parcial de sus emprendimientos;
III - reducción de capital social.
Art. 190. En la reestructuración y desestatización de Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS deberán preverse mecanismos que aseguren la preservación de la capacidad en investigación y desarrollo tecnológico existente en la empresa.
Párrafo único. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el caput, se autoriza al Poder Ejecutivo a crear una entidad, que incorporará el Centro de Investigación y Desarrollo de TELEBRÁS, bajo una de las siguientes formas:
I - empresa estatal de economía mixta o no, inclusive por medio de la escisión a que se refiere el inciso I del artículo anterior;
II - fundación gubernamental, pública o privada.
Art. 191. La desestatización se caracteriza por la enajenación onerosa de derechos que aseguran a la Unión, directa o indirectamente, preponderancia en las deliberaciones sociales y el poder de elegir a la mayoría de los administradores de la sociedad, pudiendo realizarse mediante el empleo de las siguientes modalidades operativas:
I - enajenación de acciones;
II - cesión del derecho de preferencia en la suscripción de acciones en aumento de capital.
Párrafo único. La desestatización no afectará las concesiones, permisos y autorizaciones que detente la empresa.
Art. 192. En la desestatización de las empresas a que se refiere el art. 187, parte de las acciones podrá reservarse a sus empleados y ex empleados jubilados, a precios y condiciones privilegiados, inclusive con la utilización del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio - FGTS.
Art. 193. La desestatización de empresas o grupo de empresas citadas en el art. 187 implicará la inmediata apertura a la competencia, en el respectivo área, de los servicios prestados en el régimen público.
Art. 194. Podrán ser objeto de enajenación conjunta el control accionario de empresas prestadoras de servicio telefónico fijo conmutado y el de empresas prestadoras del servicio móvil celular.
Párrafo único. Queda prohibido al nuevo controlador promover la incorporación o fusión de empresa prestadora del servicio telefónico fijo conmutado con empresa prestadora del servicio móvil celular.
Art. 195. El modelo de reestructuración y desestatización de las empresas enumeradas en el art. 187, tras ser sometido a consulta pública, será aprobado por el Presidente de la República, quedando la coordinación y el seguimiento de los actos y procedimientos derivados a cargo de una Comisión Especial de Supervisión, que será instituida por el Ministro de Estado de Comunicaciones.
§ 1° La ejecución de procedimientos operativos necesarios para la desestatización podrá encomendarse, mediante contrato, a una institución financiera integrante de la Administración Federal, de notoria experiencia en la materia.
§ 2° La remuneración de la contratada se pagará con parte del valor líquido apurado en las enajenaciones.
Art. 196. En la reestructuración y en la desestatización podrán utilizarse servicios especializados de terceros, contratados mediante procedimiento licitatorio de rito propio, en los términos siguientes:
I - el Ministerio de Comunicaciones mantendrá un registro organizado por especialidad, abierto a empresas e instituciones nacionales o internacionales, de notoria especialización en el área de telecomunicaciones y en la evaluación y auditoría de empresas, en la planificación y ejecución de la venta de bienes y valores mobiliarios y en las cuestiones jurídicas relacionadas;
II - para la inscripción en el registro, los interesados deberán cumplir los requisitos definidos por la Comisión Especial de Supervisión, con la aprobación del Ministro de Estado de Comunicaciones;
III - podrán participar en las licitaciones únicamente los inscritos en el registro, que serán convocados mediante carta, con la especificación de los servicios objeto del certamen;
IV - los convocados, individualmente o en consorcio, presentarán sus propuestas en treinta días, contados desde la convocatoria;
V - además de otros requisitos previstos en la convocatoria, las propuestas deberán contener el detalle de los servicios, la metodología de ejecución, la indicación del personal técnico que será empleado y el precio pretendido;
VI - el juzgamiento de las propuestas se realizará por el criterio de técnica y precio;
VII - el contratado, bajo su exclusiva responsabilidad y con la aprobación del contratante, podrá subcontratar parcialmente los servicios objeto del contrato;
VIII - el contratado estará obligado a aceptar, en las mismas condiciones contractuales, los aumentos o reducciones que se hagan necesarios en los servicios, de hasta veinticinco por ciento del valor inicial del acuerdo.
Art. 197. El proceso especial de desestatización obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad y publicidad, pudiendo adoptar la forma de subasta o concurrencia o, aun, de venta de acciones en oferta pública, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Especial de Supervisión.
Párrafo único. El proceso podrá comprender una etapa de precalificación, quedando restringida a los calificados la participación en las etapas subsiguientes.
Art. 198. El proceso especial de desestatización se iniciará con la publicación, en el Diário Oficial da União y en periódicos de gran circulación nacional, de avisos referentes al pliego de condiciones, en el cual constarán obligatoriamente:
I - las condiciones para la calificación de los pretendientes;
II - las condiciones para la aceptación de las propuestas;
III - los criterios de juzgamiento;
IV - minuta del contrato de concesión;
V - informaciones relativas a las empresas objeto del proceso, tales como su pasivo de corto y largo plazo y su situación económica y financiera, especificándose beneficios, pérdidas y endeudamiento interno y externo, en el último ejercicio;
VI - sumario de los estudios de evaluación;
VII - criterio de fijación del valor mínimo de enajenación, con base en los estudios de evaluación;
VIII - indicación, si fuera el caso, de que se creará, en el capital social de la empresa objeto de la desestatización, una acción de clase especial, que será suscrita por la Unión, y de los poderes especiales que se le conferirán, los cuales deberán incorporarse al estatuto social.
§ 1° El acceso a la integralidad de los estudios de evaluación y a otras informaciones confidenciales podrá restringirse a los calificados, que asumirán compromiso de confidencialidad.
§ 2° La enajenación del control accionario, si se realizare mediante venta de acciones en oferta pública, dispensará la inclusión, en el pliego de condiciones, de las informaciones relacionadas en los incisos I a III de este artículo.
Art. 199. Con miras a la universalización de los servicios de telecomunicaciones, los pliegos de condiciones de desestatización deberán contener cláusulas de compromiso de expansión de la atención a la población, conforme a lo dispuesto en el art. 80.
Art. 200. Para la calificación, se exigirá de los pretendientes comprobación de capacidad técnica, económica y financiera, pudiendo además haber exigencias en cuanto a experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones, guardando siempre la necesaria compatibilidad con el tamaño de las empresas objeto del proceso.
Párrafo único. Se admitirá la participación de consorcios, en los términos del pliego de condiciones.
Art. 201. Queda prohibida, en el transcurso del proceso de desestatización, la adquisición, por un mismo accionista o grupo de accionistas, del control, directo o indirecto, de empresas que actúen en áreas distintas del plan general de otorgamientos.
Art. 202. La transferencia del control accionario o de la concesión, después de la desestatización, solamente podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de cinco años, observado lo dispuesto en los incisos II y III del art. 98 de esta Ley.
§ 1° Vencido el plazo referido en el caput, la transferencia de control o de concesión que resulte en el control, directo o indirecto, por un mismo accionista o grupo de accionistas, de concesionarias que actúen en áreas distintas del plan general de otorgamientos, no podrá efectuarse mientras dicho impedimento sea considerado, por la Agencia, necesario para el cumplimiento del plan.
§ 2° La restricción a la transferencia de la concesión no se aplica cuando se efectúe entre empresas que actúen en una misma área del plan general de otorgamientos.
Art. 203. Los precios de adquisición se pagarán exclusivamente en moneda corriente, admitiéndose el pago fraccionado, en los términos del pliego de condiciones.
Art. 204. Dentro de los treinta días siguientes al cierre de cada proceso de desestatización, la Comisión Especial de Supervisión publicará un informe circunstanciado al respecto.
Art. 205. Entre las obligaciones de la institución financiera contratada para la ejecución de actos y procedimientos de la desestatización, podrá incluirse el suministro de asistencia jurídica integral a los miembros de la Comisión Especial de Supervisión y a los demás responsables de la conducción de la desestatización, en caso de que sean demandados por la práctica de actos derivados del ejercicio de sus funciones.
Art. 206. Los administradores de las empresas sujetas a desestatización son responsables del suministro, en el plazo fijado por la Comisión Especial de Supervisión o por la institución financiera contratada, de las informaciones necesarias para la instrucción de los respectivos procesos.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 207. En el plazo máximo de sesenta días a contar de la publicación de esta Ley, las actuales prestadoras del servicio telefónico fijo conmutado destinado al uso del público en general, inclusive las referidas en el art. 187 de esta Ley, así como del servicio de troncales y sus conexiones internacionales, deberán solicitar la celebración de contrato de concesión, que se formalizará dentro de los veinticuatro meses a contar de la publicación de esta Ley.
§ 1° La concesión, cuyo objeto se determinará en función del plan general de otorgamientos, se hará a título gratuito, con plazo final fijado para el día 31 de diciembre de 2005, asegurándose el derecho a una única prórroga por veinte años, a título oneroso, siempre que se observe lo dispuesto en el Título II del Libro III de esta Ley.
§ 2° A la prestadora que no cumpla lo dispuesto en el caput de este artículo se le aplicarán las siguientes disposiciones:
I - si es concesionaria, continuará sujeta al contrato de concesión actualmente vigente, el cual no podrá ser transferido ni prorrogado;
II - si no es concesionaria, su derecho a la explotación del servicio se extinguirá el 31 de diciembre de 1999.
§ 3° Con relación a los demás servicios prestados por las entidades a que se refiere el caput, se expedirán las respectivas autorizaciones o, en su caso, concesiones, observado lo dispuesto en este artículo, en lo que corresponda, y en el art. 208 de esta Ley.
Art. 208. Las concesiones de las empresas prestadoras de servicio móvil celular comprendidas en el art. 4º de la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996, serán otorgadas en la forma y condiciones determinadas por dicho artículo y su párrafo único.
Art. 209. Quedan autorizadas las transferencias de concesión, parciales o totales, que fueren necesarias para compatibilizar las áreas de actuación de las actuales prestadoras con el plan general de otorgamientos.
Art. 210. Las concesiones, permisos y autorizaciones de servicio de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, así como las respectivas licitaciones, se rigen exclusivamente por esta Ley, sin que les sean aplicables las Leyes nº 8.666, de 21 de junio de 1993, nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, nº 9.074, de 7 de julio de l995, y sus modificaciones.
Art. 211. El otorgamiento de los servicios de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes queda excluido de la jurisdicción de la Agencia, permaneciendo en el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo, debiendo la Agencia elaborar y mantener los respectivos planes de distribución de canales, teniendo en cuenta, inclusive, los aspectos concernientes a la evolución tecnológica.
Párrafo único. Corresponderá a la Agencia la fiscalización, en cuanto a los aspectos técnicos, de las respectivas estaciones.
Art. 212. El servicio de TV por Cable, inclusive en cuanto a los actos, condiciones y procedimientos de otorgamiento, continuará regido por la Ley nº 8.977, de 6 de enero de 1995, quedando transferidas a la Agencia las competencias atribuidas por dicha Ley al Poder Ejecutivo.
Art. 213. Será libre para cualquier interesado la divulgación, por cualquier medio, de listas de abonados del servicio telefónico fijo conmutado destinado al uso del público en general.
§ 1º Observado lo dispuesto en los incisos VI y IX del art. 3° de esta Ley, las prestadoras del servicio estarán obligadas a suministrar, en plazos y a precios razonables y de forma no discriminatoria, la relación de sus abonados a quien quiera divulgarla.
§ 2º Es obligatorio y gratuito el suministro, por la prestadora, de listas telefónicas a los abonados de los servicios, directamente o por medio de terceros, en los términos que disponga la Agencia.
Art. 214. En la aplicación de esta Ley, se observarán las siguientes disposiciones:
I - los reglamentos, normas y demás reglas vigentes serán sustituidos gradualmente por la reglamentación que dicte la Agencia, en cumplimiento de esta Ley;
II - mientras no se dicte la nueva reglamentación, las concesiones, permisos y autorizaciones continuarán rigiéndose por los actuales reglamentos, normas y reglas;(Véase el Decreto nº 3.896, de 23.8.2001)
III - hasta que se dicte la reglamentación derivada de esta Ley, continuarán rigiéndose por la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996, los servicios por ella disciplinados y los respectivos actos y procedimientos de otorgamiento;
IV - las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a esta Ley, no regulados en su art. 207, permanecerán válidos por los plazos en ellos previstos;
V - con la aquiescencia del interesado, podrá realizarse la adaptación de los instrumentos de concesión, permiso y autorización a que se refieren los incisos III y IV de este artículo a los preceptos de esta Ley;
VI - la renovación o prórroga, cuando esté prevista en los actos a que se refieren los incisos III y IV de este artículo, solamente podrá efectuarse cuando se haya realizado la adaptación prevista en el inciso anterior.
Art. 215. Quedan derogados:
I - la Ley n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo en cuanto a la materia penal no tratada en esta Ley y en cuanto a los preceptos relativos a la radiodifusión;
II - la Ley n°. 6.874, de 3 de diciembre de 1980;
III - la Ley n°. 8.367, de 30 de diciembre de 1991;
IV - los arts. 1°, 2°, 3°, 7°, 9°, 10, 12 y 14, así como el caput y los §§ 1° y 4° del art. 8°, de la Ley n° 9.295, de 19 de julio de 1996;
V - el inciso I del art. 16 de la Ley nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 216. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 16 de julio de 1997; 176º de la Independencia y 109º de la República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Iris Resende Antonio Kandir Sergio Motta Cláudia Maria Costin
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 17.7.1997
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