Ley n.º 13.500, de 2017

Lei 13.500/17 Lei nº 13.500, de 2017 Referenciada

Conversión de la Medida Provisoria nº 781, de 2017
Modifica la Ley Complementaria nº 79, de 7 de enero de 1994, para disponer sobre la transferencia de recursos financieros del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen), la Ley nº 11.473, de 10 de mayo de 2007, para permitir la prestación de servicios, con carácter excepcional y voluntario, a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), en la cual se incluye la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP), y las Leyes nº 8.666, de 21 de junio de 1993, y 10.826, de 22 de diciembre de 2003; y revoca la Medida Provisoria nº 755, de 19 de diciembre de 2016.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º La Ley Complementaria nº 79, de 7 de enero de 1994, pasa a tener la siguiente redacción con las siguientes modificaciones:
“Art. 1º Se instituye, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Fondo Penitenciario Nacional (Funpen), que será gestionado por el Departamento Penitenciario Nacional (Depen), con la finalidad de proporcionar recursos y medios para financiar y apoyar las actividades y los programas de modernización y perfeccionamiento del sistema penitenciario nacional.” (NR)
“Art. 3º..................................................................
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II - mantenimiento de los servicios y realización de inversiones penitenciarias, incluso en información y seguridad;
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IV - adquisición de material permanente, equipos y vehículos especializados, imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad de los establecimientos penales;
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VII - elaboración y ejecución de proyectos destinados a la reinserción social de presos, internados y egresados, incluso mediante la realización de cursos técnicos y profesionalizantes;
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XVI - programas de alternativas penales a la prisión con el propósito del cumplimiento de penas restrictivas de derechos y de prestación de servicios a la comunidad, ejecutados directamente o mediante alianzas, incluso mediante la viabilización de convenios y acuerdos de cooperación; y
XVII - financiamiento y apoyo a políticas y actividades preventivas, incluida la inteligencia policial, orientadas a la reducción de la criminalidad y de la población carcelaria.
§ 1º Los recursos del Funpen podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 3º-A de esta Ley, ser transferidos mediante convenio, acuerdos o ajustes que se enmarquen en las actividades previstas en este artículo.
§ 2º. Revocado
........................................................................................
§ 5º Como mínimo, el 30% (treinta por ciento) de los recursos del Funpen se aplicará en las actividades previstas en el inciso I del caput de este artículo.
§ 6º Se prohíbe el contingenciamiento de los recursos del Funpen.
§ 7º La Unión deberá aplicar preferentemente los recursos de que trata el § 5º de este artículo en establecimientos penales federales de ámbito regional.” (NR)
“Art. 3º-A La Unión deberá transferir a los fondos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a título de transferencia obligatoria y con independencia de convenio o instrumento análogo, los siguientes porcentajes de la dotación presupuestaria del Funpen:
I - hasta el 31 de diciembre de 2017, hasta el 75% (setenta y cinco por ciento);
II - en el ejercicio de 2018, hasta el 45% (cuarenta y cinco por ciento);
III - en el ejercicio de 2019, hasta el 25% (veinticinco por ciento); y
IV - en los ejercicios subsiguientes, el 40% (cuarenta por ciento).
§ 1º Los porcentajes a que se refieren los incisos I, II, III y IV del caput de este artículo se calcularán excluyendo los gastos de funcionamiento y de inversión del Depen.
§ 2º Las transferencias a que se refiere el caput de este artículo se aplicarán en las actividades previstas en el art. 3º de esta Ley, en el financiamiento de programas para la mejora del sistema penitenciario nacional, en el caso de los Estados y del Distrito Federal, y en el financiamiento de programas destinados a la reinserción social de presos, internados y egresados, o de programas de alternativas penales, en el caso de los Municipios.
§ 3º La transferencia prevista en el caput de este artículo queda condicionada, en cada ente federativo, a:
I - la existencia de un fondo penitenciario, en el caso de los Estados y del Distrito Federal, y de un fondo específico, en el caso de los Municipios;
II - la existencia de un órgano o entidad específica responsable de la gestión del fondo de que trata el inciso I de este parágrafo;
III - la presentación de planes asociados a los programas a que se refiere el § 2º de este artículo, en los cuales constará la contrapartida del ente federativo, según los criterios y condiciones definidos, cuando sean exigidos en acto del Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública;
IV - la habilitación del ente federativo en los programas instituidos;
V - la aprobación de un informe anual de gestión, el cual contendrá datos sobre la cantidad de presos, con clasificación por sexo, etnia, grupo de edad, escolaridad, ejercicio de actividad laboral, establecimiento penal, motivo, régimen y duración de la prisión, entre otros que se definan en reglamento; y
VI - la existencia de consejos estatal o distrital penitenciarios, de seguridad pública, o análogos, para apoyar el control y la fiscalización de la aplicación de los recursos del fondo de que trata el inciso I de este parágrafo, en el caso de los Estados y del Distrito Federal.
§ 4º La no utilización de los recursos transferidos, en los plazos definidos en acto del Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, obligará al ente federativo a la devolución del saldo remanente debidamente actualizado.
§ 5º Un acto del Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública podrá disponer sobre la prórroga del plazo a que se refiere el § 4º de este artículo.
§ 6º Los recursos financieros transferidos, mientras no sean utilizados, se aplicarán obligatoriamente en una cuenta bancaria en institución financiera oficial, conforme a lo previsto en acto normativo del Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública.
§ 7º Las transferencias se distribuirán conforme a las siguientes reglas:
I - el 90% (noventa por ciento) de los recursos se destinará a los fondos penitenciarios de los Estados y del Distrito Federal, de la siguiente manera:
a) el 30% (treinta por ciento) distribuido conforme a las reglas del Fondo de Participación de los Estados;
b) el 30% (treinta por ciento) distribuido proporcionalmente a la respectiva población carcelaria; y
c) el 30% (treinta por ciento) distribuido de forma igualitaria;
II - el 10% (diez por ciento) de los recursos se destinará a los fondos específicos de los Municipios en cuya área geográfica se encuentren establecimientos penales, distribuido de forma igualitaria.
§ 8º La población carcelaria de cada ente federativo previsto en el § 7º de este artículo será determinada anualmente por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.”
“Art. 3º-B Se autoriza la transferencia de recursos del Funpen a la organización de la sociedad civil que administre un establecimiento penal destinado a recibir condenados a pena privativa de libertad, observadas las prohibiciones establecidas en la legislación correlativa, y siempre que cumpla los siguientes requisitos:
I - presentación de un proyecto aprobado por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal de Cuentas de la unidad federativa en que desarrollará sus actividades;
II - existencia de registro en el Depen y en el Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Transferencia (Siconv) del gobierno federal;
III - habilitación ante el órgano competente de la unidad federativa en que desarrollará sus actividades, previa aprobación del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, que atestiguará el cumplimiento de los requisitos para la recepción de recursos;
IV - presentación al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de un informe anual de gestión, de reincidencia criminal y de otras informaciones solicitadas; y
V - rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la unidad federativa en que desarrollará sus actividades.”
Art. 2º La Ley nº 11.473, de 10 de mayo de 2007, pasa a tener las siguientes modificaciones:
“Art. 2º La cooperación federativa de que trata el art. 1º, para los fines de esta Ley, comprende operaciones conjuntas, transferencias de recursos y desarrollo de actividades de capacitación y cualificación de profesionales, en el ámbito de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp).
............................................................................” (NR)
“Art. 3º...............................................................
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VI - el registro y la investigación de ocurrencias policiales;
.....................................................................................
VIII - las actividades de inteligencia de seguridad pública;
IX - la coordinación de acciones y operaciones integradas de seguridad pública; y
X - el apoyo administrativo a las actividades y servicios referidos en los incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo.
Párrafo único. (Revocado).” (NR)
“Art. 5º Las actividades de cooperación federativa, en el ámbito de la Senasp, serán desempeñadas por militares de los Estados y del Distrito Federal y por servidores de las actividades-fin de los órganos de seguridad pública y de los órganos de pericia criminal de los entes federados que celebren convenio, en la forma del art. 1º de esta Ley.
§ 1º Si los convenios firmados entre la Unión y los entes federados fueren insuficientes para cubrir la previsión del contingente de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP), y ante la necesidad de excepcional interés público, las actividades previstas en el caput de este artículo podrán ser desempeñadas con carácter voluntario:
I - por militares y por servidores de las actividades-fin de los órganos de seguridad pública y de los órganos de pericia criminal de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal que hayan pasado a la inactividad hace menos de cinco años;
II - por reservistas que hayan servido como militares temporales de las Fuerzas Armadas y hayan pasado a la reserva hace menos de cinco años, en los términos de convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
§ 2º (VETADO):
§ 3º Los militares, los servidores y los reservistas de que trata el § 1º de este artículo serán movilizados en la FNSP, en el mismo rango, graduación o cargo que ejercían en las respectivas instituciones cuando estaban en servicio activo.
§ 4º Lo dispuesto en el § 1º de este artículo se aplica a los supuestos en que la condición de inactividad no se haya producido por motivo de enfermedad, accidente, invalidez, incapacidad, límite de edad, jubilación obligatoria, licenciamiento o exclusión por razones de disciplina, condena judicial firme o expulsión.
§ 5º A los militares, a los servidores y a los reservistas de que trata el § 1º de este artículo se les aplica el régimen disciplinario al que están sometidos en las respectivas instituciones de origen.
§ 6º Lo dispuesto en los arts. 6º y 7º de esta Ley se aplica a los militares, a los servidores y a los reservistas de que trata el § 1º de este artículo.
§ 7º Anualmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública realizará la previsión del contingente de la FNSP, con prioridad para la convocatoria, en el siguiente orden:
I - de los militares y de los servidores referidos en el caput de este artículo;
II - de los militares, de los servidores y de los reservistas referidos en el § 1º de este artículo que ya posean el curso de formación de la FNSP a la fecha de publicación de esta Ley.
§ 8º La convocatoria de los voluntarios se realizará mediante proceso selectivo cuyos criterios se definirán en reglamento.
§ 9º Los militares y los servidores referidos en el caput y en el § 1º de este artículo, movilizados para la Senasp, incluso para la FNSP, podrán permanecer en ella por el plazo máximo de dos años, prorrogable por acto del Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, mediante anuencia específica del respectivo ente federado convenente.
§ 10. La permanencia, hasta el 31 de enero de 2020, de los reservistas referidos en el inciso II del § 1º de este artículo que, en la fecha de publicación de esta Ley, estén movilizados por la FNSP, está condicionada a la previsión presupuestaria a que se refiere el § 7º de este artículo y su situación será definida por reglamento del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
§ 11. Los integrantes de la Senasp, incluidos los de la FNSP, que lleguen a responder a una investigación policial o a un proceso judicial en razón de su empleo en las actividades y servicios referidos en el art. 3º de esta Ley serán representados judicialmente por la Abogacía General de la Unión.
§ 12. (VETADO).
§ 13. La movilización para la FNSP de los reservistas a que se refiere el inciso II del § 1º de este artículo se restringirá a aquellos que cuenten con más de un año de servicio militar y menos de nueve años de servicio público y que cumplan las demás condiciones establecidas por esta Ley y por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, considerando, además, que la eventual prórroga de su permanencia en la FNSP solo se concederá si no implica estabilidad.
§ 14. Los gastos con la convocatoria y con el mantenimiento de los reservistas a que se refiere el inciso II del § 1º de este artículo serán costeados con dotaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en los términos del convenio establecido con el Ministerio de Defensa, durante el período en que integren los cuadros de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública.
§ 15. Lo dispuesto en el inciso II del caput del art. 6º de la Ley 10.826, de 22 de diciembre de 2003, se aplica a los militares de la reserva remunerada de los Estados y del Distrito Federal que ejerzan cargo o función en Gabinete Militar, en Casa Militar o en órgano equivalente de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal.” (NR)
Art. 3º La Ley 8.666, de 2 1 de junio de 1993, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 24..................................................................
.......................................................................................
XXXV - para la construcción, la ampliación, la reforma y el perfeccionamiento de establecimientos penales, siempre que se configure una situación de grave e inminente riesgo para la seguridad pública.
.............................................................................” (NR)
“Art. 26.................................................................
Párrafo único.......................................................
I - caracterización de la situación de emergencia, de calamidad o de grave e inminente riesgo para la seguridad pública que justifique la dispensa, cuando sea el caso;
.............................................................................” (NR)
“Art. 40.................................................................
........................................................................................
§ 5º La Administración Pública podrá, en los pliegos de licitación para la contratación de servicios, exigir a la contratada que un porcentaje mínimo de su mano de obra provenga o sea egresada del sistema penitenciario, con la finalidad de resocialización del reeducando, en la forma establecida en reglamento.” (NR)
Art. 4º El inciso II del art. 6º de la Ley 10.826, de 22 de diciembre de 2003 (Estatuto del Desarme), pasa a regir con la siguiente redacción:
“Art. 6º....................................................................
........................................................................................
II - los integrantes de los órganos referidos en los incisos I, II, III, IV y V del caput del art. 144 de la Constitución Federal y los de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP);
...............................................................................” (NR)
Art. 5º Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Art. 6º Quedan revocados:
I - los siguientes dispositivos de la Ley Complementaria 79, de 7 de enero de 1994:
a) inciso VII del caput del art. 2º; y
b) § 2º del art. 3º; y
II - la Medida Provisional 755, de 19 de diciembre de 2016.
Brasilia, 26 de octubre de 2017; 196º de la Independencia y 129º de la República.
MICHEL TEMER Torquato Jardim Raul Jungmann
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 27.10.2017
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