Ley n.º 13.506, de 2017

Lei 13.506/17 Lei nº 13.506, de 2017 Referenciada

Dispone sobre el proceso administrativo sancionador en la esfera de actuación del Banco Central do Brasil y de la Comisión de Valores Mobiliarios; modifica la Ley nº 6.385, de 7 de diciembre de 1976, la Ley nº 4.131, de 3 de septiembre de 1962, la Ley nº 4.829, de 5 de noviembre de 1965, la Ley nº 6.024, de 13 de marzo de 1974, la Ley nº 7.492, de 16 de junio de 1986, la Ley nº 9.069, de 29 de junio de 1995, la Ley nº 9.613, de 3 de marzo de 1998, la Ley nº 10.214, de 27 de marzo de 2001, la Ley nº 11.371, de 28 de noviembre de 2006, la Ley nº 11.795, de 8 de octubre de 2008, la Ley nº 12.810, de 15 de mayo de 2013, la Ley nº 12.865, de 9 de octubre de 2013, la Ley nº 4.595, de 31 de diciembre de 1964, el Decreto nº 23.258, de 19 de octubre de 1933, el Decreto-Ley nº 9.025, de 27 de febrero de 1946, y la Medida Provisoria nº 2.224, de 4 de septiembre de 2001; deroga el Decreto-Ley nº 448, de 3 de febrero de 1969, y disposiciones de la Ley nº 9.447, de 14 de marzo de 1997, de la Ley nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, de la Ley nº 4.728, de 14 de julio de 1965, y de la Ley nº 9.873, de 23 de noviembre de 1999; y establece otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Ley dispone sobre el proceso administrativo sancionador en las esferas de actuación del Banco Central do Brasil y de la Comisión de Valores Mobiliarios.

CAPÍTULO II — DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA ESFERA DE ACTUACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL

Sección I

Disposiciones Preliminares

Art. 2º Este Capítulo dispone sobre infracciones, penalidades, medidas coercitivas y medios alternativos de solución de controversias aplicables a las instituciones financieras, a las demás instituciones supervisadas por el Banco Central do Brasil y a los integrantes del Sistema de Pagos Brasileño, y establece el rito procesal que debe observarse en los procesos administrativos sancionadores en el ámbito del Banco Central do Brasil.
§ 1º Lo dispuesto en este Capítulo se aplica también a las personas físicas o jurídicas que:
I - ejerzan, sin la debida autorización, actividad sujeta a la supervisión o a la vigilancia del Banco Central do Brasil;
II - presten servicio de auditoría independiente a las instituciones a que se refiere el caput de este artículo o de auditoría cooperativa a que se refiere el inciso V del caput del art. 12 de la Ley Complementaria nº 130, de 17 de abril de 2009;
III - actúen como administradores, miembros de la dirección, del consejo de administración, del consejo fiscal, del comité de auditoría y de otros órganos previstos en el estatuto o en el contrato social de la institución a que se refiere el caput de este artículo.
§ 2º Lo dispuesto en este Capítulo se aplica también a los administradores y a los responsables técnicos de las personas jurídicas que presten los servicios mencionados en el inciso II del § 1º de este artículo.

Sección II — De las Infracciones

Art. 3º Constituye infracción punible con fundamento en este Capítulo:
I - realizar operaciones en el Sistema Financiero Nacional, en el Sistema de Consorcios y en el Sistema de Pagos Brasileño en desacuerdo con los principios previstos en las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad autorizada por el Banco Central do Brasil;
II - realizar operaciones o actividades prohibidas, no autorizadas o en desacuerdo con la autorización concedida por el Banco Central do Brasil;
III - oponer obstáculo a la fiscalización del Banco Central do Brasil;
IV - dejar de proporcionar al Banco Central do Brasil documentos, datos o informaciones cuyo envío sea impuesto por normas legales o reglamentarias;
V - proporcionar al Banco Central do Brasil documentos, datos o informaciones incorrectos o en desacuerdo con los plazos y las condiciones establecidos en normas legales o reglamentarias;
VI - actuar como administrador o miembro de órgano previsto en el estatuto o en el contrato social de las personas mencionadas en el caput del art. 2º de esta Ley sin la previa aprobación del Banco Central do Brasil;
VII - dejar de adoptar controles internos destinados a conservar el sigilo a que se refiere la Ley Complementaria nº 105, de 10 de enero de 2001;
VIII - negociar títulos, instrumentos financieros y otros activos, o realizar operaciones de crédito o de arrendamiento mercantil, a precios discordantes de los practicados por el mercado, en perjuicio propio o de terceros;
IX - simular o estructurar operaciones sin fundamento económico, con el objetivo de propiciar u obtener, para sí o para terceros, ventaja indebida;
X - desviar recursos de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley o de terceros;
XI - insertar o mantener registros o informaciones falsos o incorrectos en estados contables o financieros o en informes de auditoría de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
XII - distribuir dividendos, pagar intereses sobre el capital propio o, de cualquier otra forma, remunerar a los accionistas, a los administradores o a los miembros de órganos previstos en el estatuto o en el contrato social de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley con base en resultados determinados a partir de estados contables o financieros falsos o incorrectos;
XIII - dejar de actuar con diligencia y prudencia en la conducción de los intereses de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
XIV - dejar de segregar las actividades de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley de las actividades de otras sociedades, controladas y coligadas, de modo que genere o contribuya a generar confusión patrimonial;
XV - dejar de fiscalizar los actos de los órganos de administración de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley, cuando esté obligado a ello;
XVI - incumplir las determinaciones del Banco Central do Brasil, y sus respectivos plazos, adoptadas con base en su competencia;
XVII - incumplir normas legales y reglamentarias del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios y del Sistema de Pagos Brasileño, cuyo cumplimiento corresponda fiscalizar al Banco Central do Brasil, inclusive las relativas a:
a) contabilidad y auditoría;
b) elaboración, divulgación y publicación de estados contables y financieros;
c) auditoría independiente;
d) controles internos y gestión de riesgos;
e) gobierno corporativo;
f) apertura o movimiento de cuentas de depósito y de pago;
g) límites operativos;
h) medio circulante y operaciones con numerario;
i) custodia de documentos e informaciones exigidos por el Banco Central do Brasil;
j) capital, fondos de reserva, patrimonios especiales o de afectación, encaje, depósitos obligatorios y direccionamientos obligatorios de recursos, operaciones o servicios;
k) defensoría;
l) concesión, renovación, cesión y clasificación de operaciones de crédito y de arrendamiento mercantil y constitución de provisión para pérdidas en las referidas operaciones;
m) administración de recursos de terceros y custodia de títulos y otros activos e instrumentos financieros;
n) actividad de depósito centralizado y registro;
o) aplicación de recursos mantenidos en cuentas de pago;
p) utilización de instrumentos de pago;
q) relación entre las personas mencionadas en el caput del art. 2º de esta Ley y sus clientes y usuarios de servicios y de productos financieros.
§ 1º Constituye obstáculo a la fiscalización, para los fines de este Capítulo, negar o dificultar el acceso a sistemas de datos y de información y no exhibir o no proporcionar documentos, papeles y libros de contabilidad, inclusive en medio electrónico, en los plazos, en las formas y en las condiciones establecidos por el Banco Central do Brasil, en el ejercicio de la actividad de fiscalización que le es atribuida por ley.
§ 2º Se prohíbe a las instituciones financieras:
I - emitir debentures y partes beneficiarias; y
II - adquirir bienes inmuebles no destinados al propio uso, excepto los recibidos en liquidación de préstamos de difícil o dudosa solución o cuando estén expresamente autorizadas por el Banco Central do Brasil, observada la norma dictada por el Consejo Monetario Nacional.
Art. 4º Constituyen infracciones graves aquellas infracciones que produzcan o puedan producir cualquiera de los siguientes efectos:
I - causar daño a la liquidez, a la solvencia o a la solidez, o asumir riesgo incompatible con la estructura patrimonial de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
II - contribuir a generar indisciplina en el mercado financiero o a afectar la estabilidad o el funcionamiento regular del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios, del Sistema de Pagos Brasileño o del mercado de capitales;
III - dificultar el conocimiento de la real situación patrimonial o financiera de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
IV - afectar severamente la finalidad y la continuidad de las actividades o de las operaciones en el ámbito del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios o del Sistema de Pagos Brasileño.

Sección III — De las Penalidades

Art. 5º Se aplicarán las siguientes penalidades a las personas mencionadas en el art. 2º de esta Ley, de forma aislada o acumulativa: (Véase Ley nº 14.286, de 20 21)
I - amonestación pública;
II - multa;
III - prohibición de prestar determinados servicios a las instituciones mencionadas en el caput del art. 2º de esta Ley;
IV - prohibición de realizar determinadas actividades o modalidades de operación;
V - inhabilitación para actuar como administrador y para ejercer cargo en órgano previsto en estatuto o en contrato social de persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
VI - revocación de la autorización de funcionamiento.
Art. 6º La penalidad de amonestación pública consistirá en la publicación del texto especificado en la decisión condenatoria, en la forma y en las condiciones establecidas en la reglamentación.
§ 1º El texto mencionado en el caput de este artículo contendrá, como mínimo, el nombre del sancionado, la conducta ilícita practicada y la sanción impuesta.
§ 2º La noticia sobre la imposición de la pena de amonestación y el texto especificado en la decisión condenatoria serán publicados en el sitio electrónico del órgano o autarquía que haya aplicado la penalidad, sin perjuicio de otras formas de publicación previstas en la reglamentación.
§ 3º La publicación a que se refiere el caput de este artículo se realizará a expensas del infractor, el cual quedará sujeto a la multa prevista en el art. 18 de esta Ley, en caso de incumplimiento.
Art. 7º La penalidad de multa no excederá el mayor de estos valores:
I - 0,5% (cinco décimos por ciento) del ingreso por servicios y productos financieros determinado en el año anterior al de la consumación de la infracción, o, en el caso de ilícito continuado, al de la consumación de la última infracción; o
II - R$ 2.000.000.000,00 (dos mil millones de reales).
§ 1º El ingreso por servicios y productos financieros mencionado en el inciso I del caput de este artículo se calculará mediante la agregación de:
I - rentas de operaciones de crédito;
II - rentas de arrendamiento mercantil, que serán deducidas de las ganancias en la enajenación de bienes arrendados, de la depreciación de bienes arrendados y de los ajustes por insuficiencia o superveniencia de depreciación de bienes arrendados;
III - rentas de operaciones de cambio, que serán deducidas de los gastos de operaciones de cambio;
IV - rentas con títulos y valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados, que serán deducidas de las ganancias con títulos de renta fija y de renta variable y de las rentas con operaciones con derivados;
V - rentas de prestación de servicios; y
VI - otros ingresos operativos, que serán deducidos de las ganancias en operaciones de venta o de transferencia de activos financieros, de la recuperación de créditos dados de baja como pérdida, de la recuperación de cargos y gastos, de la reversión de provisiones operativas y de los ajustes positivos al valor de mercado sobre títulos y valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados.
§ 2º El órgano o autarquía competente podrá dictar norma complementaria que identifique las cuentas contables que compondrán el ingreso por servicios y productos financieros mencionado en el inciso I del caput de este artículo.
§ 3º Las multas aplicadas se pagarán mediante depósito en el Banco Central do Brasil, en el plazo de 30 (treinta) días, contado desde la fecha de la intimación para el pago.
§ 4º Los créditos derivados de la condena del sancionado al pago de una indemnización en acción civil pública, promovida en beneficio de clientes y demás acreedores del sancionado, y los del Fondo Garantizador de Créditos (FGC) o de otros mecanismos de resarcimiento aprobados por el Banco Central de Brasil o por la Comisión de Valores Mobiliarios, si los hubiere, tendrán preferencia sobre los créditos derivados de la aplicación de la sanción de multa.
§ 5º En caso de quiebra, liquidación extrajudicial o cualquier otra forma de concurso de acreedores del sancionado, los créditos del Banco Central de Brasil derivados de la aplicación de la sanción de multa serán subordinados.
§ 6º La imposición de multa por el Banco Central de Brasil por un valor superior a R$ 50.000.000,00 (cincuenta millones de reales) será sometida automáticamente a reexamen por un órgano colegiado previsto en su reglamento interno, del cual forme parte al menos 1 (un) director del Banco Central de Brasil, y solo después del reexamen será considerada efectiva y notificada a las partes.
Art. 8º La sanción de inhabilitación implicará el impedimento para actuar en cargos cuyo ejercicio dependa de autorización del Banco Central de Brasil.
§ 1º El Banco Central de Brasil notificará, en el plazo de hasta 5 (cinco) días, a la institución mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley en la que el inhabilitado actúe como administrador o como miembro de un órgano previsto en el estatuto o en el contrato social, para que cumpla lo dispuesto en el § 3º de este artículo, en razón de la aplicación de la sanción de inhabilitación.
§ 2º El plazo de cumplimiento de la sanción de inhabilitación comenzará a contarse desde la fecha en que el Banco Central de Brasil reciba del inhabilitado o de cada institución mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley en la que este haya actuado como administrador o ejercido un cargo en un órgano previsto en su estatuto o en su contrato social, la comunicación de que se produjo el efectivo apartamiento del cargo para cuyo ejercicio había sido autorizado, acompañada de los documentos que acrediten el hecho.
§ 3º La institución mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley en la que el sancionado actúe como administrador o ejerza un cargo en un órgano previsto en su estatuto o en su contrato social deberá apartarlo del cargo en el plazo de 60 (sesenta) días, contado desde la fecha de recepción de la notificación a que se refiere el § 1º de este artículo, y deberá comunicar el hecho al Banco Central de Brasil en el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la fecha del efectivo apartamiento.
§ 4º Transcurridos los plazos mencionados en el § 3º de este artículo sin que se haya recibido la comunicación a que se refiere el § 2º de este artículo, los sancionados y las instituciones omisas estarán sujetos a la multa prevista en el art. 18 de esta Ley.
§ 5º El plazo de cumplimiento de la pena de inhabilitación se suspenderá automáticamente siempre que se incumplan los términos de la decisión que la aplicó, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan.
Art. 9º Las sanciones previstas en los incisos III, IV, V y VI del caput del art. 5º de esta Ley se limitarán a los supuestos en que se verifique la ocurrencia de una infracción grave.
§ 1º El plazo de las sanciones previstas en los incisos III, IV y V del caput del art. 5º de esta Ley no excederá el período de 20 (veinte años).
§ 2º Aplicada la sanción de revocación de la autorización de funcionamiento, la institución sancionada permanecerá bajo la supervisión del Banco Central de Brasil mientras mantenga en su patrimonio operaciones pasivas privativas de una institución mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley, y el Banco Central de Brasil podrá determinar la adopción de las medidas que considere necesarias para el retiro de la institución del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios o del Sistema de Pagos Brasileño, cuyo incumplimiento dará lugar a la aplicación de la multa a que se refiere el art. 18 de esta Ley.
Art. 10. En la aplicación de las sanciones establecidas en este Capítulo, se considerarán, en la medida en que puedan determinarse:
I - la gravedad y la duración de la infracción;
II - el grado de lesión o el peligro de lesión al Sistema Financiero Nacional, al Sistema de Consorcios, al Sistema de Pagos Brasileño, a la institución o a terceros;
III - la ventaja obtenida o pretendida por el infractor;
IV - la capacidad económica del infractor;
V - el valor de la operación;
VI - la reincidencia;
VII - la colaboración del infractor con el Banco Central de Brasil para la investigación de la infracción.

Sección IV — Del Acta de Compromiso

Art. 11. El Banco Central de Brasil, en juicio de conveniencia y oportunidad, debidamente fundamentado, con miras a atender el interés público, podrá dejar de instaurar o suspender, en cualquier fase que preceda la adopción de la decisión de primera instancia, el proceso administrativo destinado a la investigación de una infracción prevista en este Capítulo o en las demás normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponda fiscalizar, si el investigado suscribe un acta de compromiso en la cual se obligue, acumulativamente, a:
I - cesar la práctica investigada o sus efectos lesivos;
II - corregir las irregularidades señaladas e indemnizar los perjuicios;
III - cumplir las demás condiciones que se acuerden en el caso concreto, con obligatoria aportación de una contribución pecuniaria, observado lo dispuesto en el art. 10 de esta Ley.
§ 1º La presentación de una propuesta de acta de compromiso no suspende el curso del proceso administrativo
§ 2º En el supuesto de un proceso administrativo ya instaurado, la suspensión se producirá únicamente respecto del acusado que haya suscrito el acta de compromiso.
§ 3º La decisión del Banco Central de Brasil sobre la suscripción del acta de compromiso, en los términos de este artículo, será adoptada por un órgano colegiado previsto en su reglamento interno.
§ 4º El Banco Central de Brasil no suscribirá acta de compromiso en los supuestos a que se refiere el art. 4º de esta Ley.
Art. 12. El acta de compromiso podrá prever una cláusula penal para el supuesto de incumplimiento total o parcial de las obligaciones comprometidas, para el supuesto de mora del deudor o para la garantía especial de una determinada cláusula.
Art. 13. El acta de compromiso será publicada, de forma clara y suficiente para la comprensión de sus cláusulas, en el sitio electrónico del Banco Central de Brasil, en el plazo de 5 (cinco) días, contado desde su suscripción.
§ 1º La propuesta de acta de compromiso será reservada.
§ 2º Lo dispuesto en esta Sección no perjudica el deber legal del Banco Central de Brasil de realizar la comunicación al Ministerio Público y a los demás órganos públicos competentes, en los términos del art. 9º de la Ley Complementaria 105, de 10 de enero de 2001.
§ 3º El Ministerio Público, en uso de sus atribuciones legales, podrá requerir información al Banco Central de Brasil o el acceso a sus bases de datos sobre las actas de compromiso celebradas por el Banco Central de Brasil.
Art. 14. El acta de compromiso constituye título ejecutivo extrajudicial.
Párrafo único. El acta de compromiso no implicará confesión respecto de la materia de hecho, ni reconocimiento de la ilicitud de la conducta analizada.
Art. 15. Durante la vigencia del acta de compromiso, los plazos de prescripción a que se refiere la Ley 9.873, de 23 de noviembre de 1999, quedarán suspendidos, y el procedimiento administrativo será archivado si se cumplen todas las condiciones en ella establecidas.
§ 1º El cumplimiento de las condiciones del acta de compromiso producirá efectos exclusivamente en el ámbito de actuación del Banco Central de Brasil.
§ 2º En el supuesto de incumplimiento del compromiso, el Banco Central de Brasil adoptará las medidas administrativas y judiciales necesarias para la ejecución de las obligaciones asumidas y determinará la instauración o la continuación del proceso administrativo, a fin de dar continuidad a la investigación de las infracciones y de aplicar las sanciones que correspondan.

Sección V — De las Medidas Coercitivas y Cautelares

Art. 16. Podrán aplicarse a las personas a que se refiere el art. 2º de esta Ley las siguientes medidas y obligaciones:
I - la prestación de informaciones o aclaraciones necesarias para el desempeño de sus atribuciones legales;
II - el cese de actos que perjudiquen o pongan en riesgo el funcionamiento regular de una persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley, del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios o del Sistema de Pagos Brasileño; y
III - la adopción de medidas necesarias para el funcionamiento regular de una persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley, del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios o del Sistema de Pagos Brasileño.
Art. 17. Antes de la instauración o durante la tramitación del proceso administrativo sancionador, cuando concurran los requisitos de verosimilitud de las alegaciones y de peligro en la demora, el Banco Central de Brasil podrá, cautelarmente:
I - determinar el apartamiento de cualquiera de las personas mencionadas en el inciso III del § 1º del art. 2º de esta Ley;
II - impedir que el investigado actúe - en nombre propio o como mandatario o representante - como administrador o como miembro de la dirección, del consejo de administración, del consejo fiscal, del comité de auditoría o de otros órganos previstos en el estatuto o en el contrato social de una institución mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
III - imponer restricciones a la realización de determinadas actividades o modalidades de operaciones a una persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley; o
IV - determinar a la institución supervisada la sustitución:
a) del auditor independiente o de la sociedad responsable de la auditoría contable; o
b) de la entidad responsable de la auditoría cooperativa.
§ 1º Siempre que el proceso administrativo sancionador se instaure en el plazo de 120 (ciento veinte) días, contado desde la fecha de la intimación de la decisión cautelar, las medidas mencionadas en este artículo conservarán su eficacia hasta que la decisión de primera instancia comience a producir efectos, pudiendo ser revisadas, de oficio o a solicitud del interesado, si cesan las circunstancias que las determinaron.
§ 2º En el supuesto de que no se inicie el proceso administrativo sancionador en el plazo previsto en el § 1º de este artículo, las medidas cautelares perderán automáticamente su eficacia y no podrán aplicarse nuevamente si no se modifican las circunstancias de hecho que las determinaron.
§ 3º La decisión cautelar estará sujeta a impugnación, sin efecto suspensivo, en el plazo de 10 (diez) días.
§ 4º Contra la decisión que resuelva la impugnación cabrá recurso, en última instancia, ante el Consejo de Recursos del Sistema Financiero Nacional.(Véase Decreto 9.889, de 2019)
§ 5º El recurso a que se refiere el § 4º de este artículo se recibirá solo con efecto devolutivo y deberá interponerse en el plazo de 10 (diez) días.
Art. 18. El incumplimiento de las medidas previstas en esta Sección sujetará al infractor al pago de una multa cominatoria por cada día de retraso, la cual no podrá exceder el mayor de estos valores:
I - 1/1.000 (un milésimo) de los ingresos por servicios y productos financieros mencionados en el inciso I del caput del art. 7º de esta Ley; o
II - R$ 100.000,00 (cien mil reales).
§ 1º La multa a que se refiere el caput de este artículo se pagará mediante depósito en el Banco Central de Brasil, en el plazo de 10 (diez) días, contado desde la fecha de la intimación para el pago.
§ 2º La decisión que imponga la multa cominatoria, si no estuviera sujeta a la impugnación y al recurso a que se refieren los §§ 3º y 4º del art. 17 de esta Ley, estará sujeta a impugnación, sin efecto suspensivo, en el plazo de 10 (diez) días.
§ 3º Contra la decisión que resuelva la impugnación cabrá recurso, en última instancia, en el ámbito del Banco Central de Brasil.
§ 4º El recurso a que se refiere el § 3º se recibirá solo con efecto devolutivo y deberá interponerse en el plazo de 10 (diez) días.

Sección VI — Del Rito del Proceso

Art. 19. El proceso administrativo sancionador se instaurará en los casos en que se verifiquen indicios de la ocurrencia de una infracción prevista en este Capítulo o en las demás normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento sea fiscalizado por el Banco Central de Brasil.
§ 1º El Banco Central de Brasil podrá dejar de instaurar el proceso administrativo sancionador si se considera baja la lesión al bien jurídico tutelado, debiendo utilizar otros instrumentos y medidas de supervisión que juzgue más efectivos, observados los principios de finalidad, razonabilidad y eficiencia.
§ 2º La instauración del proceso administrativo sancionador se realizará por medio de citación.
§ 3º Los actos y los términos procesales podrán ser formalizados, comunicados y transmitidos por medio electrónico, conforme a lo dispuesto en esta Ley, en la reglamentación emitida por el Banco Central do Brasil y en la legislación específica.
§ 4º Las personas físicas y jurídicas sujetas a lo dispuesto en esta Ley deberán mantener actualizados ante el Banco Central do Brasil su domicilio, su teléfono y su dirección electrónica, así como los de su apoderado, cuando lo hubiere, y dar seguimiento al trámite del proceso.
§ 5º El Banco Central do Brasil establecerá, mediante reglamentación, directrices para la aplicación de lo dispuesto en el § 1º de este artículo.
Art. 20. El acusado será citado para presentar defensa en el plazo de 30 (treinta) días, oportunidad en que deberá adjuntar los documentos destinados a probar sus alegaciones e indicar las demás pruebas que pretenda producir, bajo pena de preclusión.
§ 1º La citación contendrá:
I - la identificación del acusado;
II - la indicación de los hechos imputados al acusado;
III - la finalidad de la citación;
IV - el plazo para la presentación de defensa;
V - la información sobre la continuación del proceso, independientemente de su comparecencia;
VI - la indicación de lugar y horario para la vista de los autos del proceso; y
VII - la obligación prevista en el § 4º del art. 19 de esta Ley.
§ 2º El acusado que, aunque citado, no presente defensa en el plazo previsto en este artículo, será considerado rebelde.
Art. 21. La citación podrá efectuarse mediante toma de conocimiento en el proceso, por vía postal o por medio electrónico.
§ 1º Cuando se ignore, sea incierto o inaccesible el lugar en que se encuentre el acusado, o en caso de evasión, la citación se efectuará mediante publicación de edicto en el Diário Oficial da União o en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil.
§ 2º Se considera efectuada la citación en la fecha:
I - del conocimiento del acusado o de apoderado constituido por él;
II - de la entrega en el domicilio del destinatario;
III - del acceso al sistema electrónico del Banco Central do Brasil;
IV - en que se certifique la negativa; o
V - de la publicación del edicto en el Diário Oficial da União o en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil.
§ 3º Se considera efectuada la citación el sexto día subsiguiente a aquel en que el acto sea puesto a disposición en el sistema electrónico del Banco Central do Brasil, en caso de que el interesado no acceda a él en dicho plazo.
Art. 22. Además de las formas previstas en el caput del art. 21 de esta Ley, la notificación de los demás actos procesales podrá realizarse mediante su puesta a disposición en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil.
§ 1º Se considera efectuada la notificación en la fecha:
I - del conocimiento del acusado o del apoderado constituido por él;
II - de la entrega en el domicilio del destinatario, de la recepción por medio electrónico o del acceso al sistema electrónico del Banco Central do Brasil;
III - en que se certifique la negativa; o
IV - de la puesta a disposición en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil.
§ 2º Se considera efectuada la notificación el sexto día subsiguiente a aquel en que el acto sea puesto a disposición en el sistema electrónico del Banco Central do Brasil, en caso de que el interesado no acceda a él en dicho plazo.
§ 3º La puesta a disposición por medio electrónico en la forma establecida por este artículo sustituye cualquier otro medio de publicación oficial, para cualquier efecto legal, salvo cuando la ley establezca una forma específica.
Art. 23. Se produce la preclusión cuando el acusado practique determinado acto procesal o cuando haya transcurrido el plazo previsto para su realización.
Art. 24. Los plazos se contarán de forma continua, excluido el día de inicio e incluido el día de vencimiento.
§ 1º Se considera día de inicio del plazo:
I - la fecha del conocimiento por el interesado o por su apoderado;
II - la fecha de la entrega en el domicilio del destinatario o de la recepción por medio electrónico;
III - el sexto día subsiguiente a la fecha de la puesta a disposición del acto en el sistema electrónico del Banco Central do Brasil o la fecha del acceso a dicho sistema, lo que ocurra primero;
IV - el sexto día subsiguiente a la puesta a disposición del acto en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil; o
V - el trigésimo primer día subsiguiente a la fecha de publicación del edicto de citación en el Diário Oficial da União o en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil.
§ 2º El primer día del cómputo y el día del vencimiento del plazo, si coincidieren con fin de semana o feriado, se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente.
Art. 25. El Banco Central do Brasil denegará, de forma fundamentada, las pruebas ilícitas, impertinentes, innecesarias o dilatorias y solo suministrará las informaciones que estén en su poder.
Art. 26. El Banco Central do Brasil podrá tomar declaración a cualquier persona que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.
Art. 27. Las decisiones de primera instancia en proceso administrativo del Banco Central do Brasil instaurado contra persona mencionada en el art. 2º de esta Ley serán adoptadas por órgano colegiado previsto en su reglamento interno, del cual, en el caso de infracción grave, formará parte al menos 1 (un) director del Banco Central do Brasil.
Párrafo único. Las sesiones del órgano colegiado referido en el caput de este artículo serán públicas, pero podrá restringirse el acceso de terceros en función del interés público involucrado.
Art. 28. Las decisiones condenatorias o absolutorias serán publicadas, en resumen, en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil.
§ 1º Si hubiere riesgos para la solidez de la institución o del Sistema Financiero Nacional, del Sistema de Consorcios o del Sistema de Pagos Brasileño, el Banco Central do Brasil, a su criterio y mediante decisión fundamentada, podrá no publicar la decisión mientras esta no adquiera carácter definitivo.
§ 2º La decisión que imponga la sanción de amonestación pública solo será publicada cuando adquiera carácter definitivo.
Art. 29. Cabrá recurso contra las decisiones condenatorias, en el plazo de 30 (treinta) días, el cual será recibido con efectos devolutivo y suspensivo, sin perjuicio de la eficacia de las medidas determinadas por el Banco Central do Brasil conforme al art. 17 de esta Ley.
§ 1º La petición recursiva se presentará ante el Banco Central do Brasil y deberá dirigirse al Consejo de Recursos del Sistema Financiero Nacional, última instancia recursiva en el ámbito administrativo, para el juzgamiento del recurso.
§ 2º La legitimación para recurrir es exclusiva del sancionado, estando vedado el agravamiento de la sanción en razón del recurso.
§ 3º Las sesiones y las decisiones del Consejo de Recursos del Sistema Financiero Nacional serán públicas.
§ 4º A los recursos en trámite ante el Consejo de Recursos del Sistema Financiero Nacional se aplica lo dispuesto en los §§ 3º y 4º del art. 19 y en los arts. 21, 22, 23 y 24 de esta Ley.
§ 5º El recurso interpuesto contra decisión que imponga las sanciones previstas en los incisos IV, V o VI del art. 5º de esta Ley será recibido con efecto devolutivo, y el recurrente podrá solicitar el efecto suspensivo a la autoridad que haya dictado la decisión, en los términos de la reglamentación emitida por el Banco Central do Brasil.

Sección VII — Del Acuerdo Administrativo en Proceso de Supervisión

Art. 30. El Banco Central do Brasil podrá celebrar acuerdo administrativo en proceso de supervisión con personas físicas o jurídicas que confiesen la práctica de infracción a las normas legales o reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponda fiscalizar, con extinción de su acción punitiva o reducción de 1/3 (un tercio) a 2/3 (dos tercios) de la sanción aplicable, mediante cooperación efectiva, plena y permanente para el esclarecimiento de los hechos, de la cual resulte utilidad para el proceso, en especial:
I - la identificación de los demás involucrados en la práctica de la infracción, cuando corresponda;
II - la obtención de informaciones y de documentos que comprueben la infracción denunciada o bajo investigación.
§ 1º La propuesta de acuerdo administrativo en proceso de supervisión permanecerá bajo secreto hasta que el acuerdo sea celebrado.
§ 2º El acuerdo de que trata el caput de este artículo solo podrá celebrarse si se cumplen, acumulativamente, los siguientes requisitos:
I - la persona jurídica sea la primera en calificarse con respecto a la infracción denunciada o bajo investigación;
II - el involucramiento en la infracción denunciada o bajo investigación cese completamente a partir de la fecha de la propuesta del acuerdo;
III - el Banco Central do Brasil no disponga de pruebas suficientes para asegurar la condena administrativa de las personas físicas o jurídicas en ocasión de la propuesta del acuerdo; y
IV - la persona física o jurídica confiese su participación en el ilícito, coopere plena y permanentemente con las investigaciones y con el proceso administrativo y comparezca, a sus expensas, siempre que sea requerida, a todos los actos procesales, hasta su conclusión.
§ 3º El requisito previsto en el inciso I del § 2º de este artículo no se aplica a las personas físicas.
§ 4º La persona jurídica que incumpla únicamente lo dispuesto en el inciso I del § 2º de este artículo podrá celebrar acuerdo administrativo en proceso de supervisión, hipótesis en la cual podrá beneficiarse exclusivamente de la reducción de 1/3 (un tercio) de la sanción que le sea aplicable.
§ 5º La celebración del acuerdo administrativo en proceso de supervisión por el Banco Central do Brasil suspenderá el plazo prescriptivo en el ámbito administrativo con relación al proponente signatario.
§ 6º El acuerdo administrativo en proceso de supervisión celebrado por el Banco Central do Brasil, relativo a la práctica de infracción a las normas legales o reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponda fiscalizar, no afecta la actuación del Ministerio Público ni de los demás órganos públicos en el ámbito de sus correspondientes competencias.
§ 7º La decisión sobre la firma del acuerdo administrativo en proceso de supervisión por el Banco Central do Brasil, en los términos de este artículo, será adoptada por órgano colegiado previsto en su reglamento interno.
Art. 31. El acuerdo administrativo en proceso de supervisión será publicado, de forma clara y suficiente para la comprensión de sus cláusulas, en el sitio electrónico del Banco Central do Brasil, en el plazo de 5 (cinco) días, contado desde su firma.
§ 1º La propuesta de acuerdo administrativo en proceso de supervisión rechazada, de la cual no se hará ninguna divulgación, no implicará confesión respecto de la materia de hecho, ni reconocimiento de ilicitud de la conducta analizada.
§ 2º Lo dispuesto en el § 1º del art. 30 de esta Ley no perjudica el deber legal del Banco Central do Brasil de realizar comunicación a los órganos públicos competentes, en los términos del art. 9º de la Ley Complementaria 105, de 10 de enero de 2001, tan pronto como sea recibida la propuesta de acuerdo administrativo en proceso de supervisión.
§ 3º El Ministerio Público, con base en las competencias que le son atribuidas por ley, podrá requerir informaciones o acceso al sistema informatizado del Banco Central do Brasil sobre los acuerdos administrativos en proceso de supervisión celebrados por el Banco Central do Brasil, sin que se le pueda oponer secreto y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 9º de la Ley Complementaria 105, de 10 de enero de 2001.
§ 4º El Banco Central do Brasil mantendrá un foro permanente de comunicación con el Ministerio Público, inclusive por medio de acuerdo de cooperación técnica, para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo y en el art. 9º de la Ley Complementaria 105, de 10 de enero de 2001.
Art. 32. El Banco Central do Brasil, a efectos de declarar el cumplimiento del acuerdo administrativo en proceso de supervisión, evaluará acumulativamente:
I - el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el acuerdo;
II - la efectividad de la cooperación prestada;
III - la buena fe del infractor en cuanto al cumplimiento del acuerdo.
§ 1º La declaración de cumplimiento del acuerdo administrativo en proceso de supervisión por el Banco Central do Brasil resultará, con relación al infractor que suscribió el acuerdo, en la extinción de la acción de naturaleza administrativa punitiva o en la aplicación del factor de reducción de la pena.
§ 2º En la hipótesis de incumplimiento del acuerdo administrativo en proceso de supervisión, el beneficiario quedará impedido de celebrar nuevo acuerdo administrativo en proceso de supervisión por el plazo de 3 (tres) años, contado a partir del conocimiento por el Banco Central do Brasil del incumplimiento.

CAPÍTULO III — DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE VALOR

Sección Única

Disposiciones Preliminares

Art. 33. Este Capítulo dispone sobre el proceso administrativo sancionador en el ámbito de la Comisión de Valores Mobiliarios y modifica la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976.
Párrafo único. Las reglas contenidas en este Capítulo se aplican a las infracciones previstas en la Ley 9.613, de 3 de marzo de 1998, en lo que corresponda, cuando sean investigadas por la Comisión de Valores Mobiliarios, manteniéndose las sanciones previstas en la ley específica.
Art. 34. A los procesos administrativos sancionadores conducidos en el ámbito de la Comisión de Valores Mobiliarios se aplica, en lo que corresponda, lo dispuesto en el § 3º del art. 19 y en los arts. 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31 y 32 de esta Ley, observada la reglamentación emitida por la Comisión de Valores Mobiliarios.
§ 1º El recurso a que se refiere el § 4º del art. 11 de la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976, será recibido con efectos devolutivo y suspensivo.
§ 2º El recurso interpuesto contra la decisión que imponga las sanciones previstas en los incisos IV, V, VI, VII y VIII del art. 11 de la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976, será recibido con efecto devolutivo, y el recurrente podrá solicitar el efecto suspensivo a la autoridad que dictó la decisión, en los términos de la reglamentación emitida por la Comisión de Valores Mobiliarios.
§ 3º El plazo de cumplimiento de la sanción de inhabilitación se contará a partir de la fecha en que la Comisión de Valores Mobiliarios reciba, del inhabilitado o de cada entidad en la que este haya actuado como administrador o consejero fiscal, la comunicación de que se produjo la efectiva separación del cargo, instruida con los documentos que acrediten el hecho.
§ 4º El plazo de cumplimiento de la pena de inhabilitación temporal se suspenderá automáticamente siempre que se incumplan los términos de la decisión que la aplicó, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan.
Art. 35. La Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 9º..................................................................
.......................................................................................
§ 4º En la investigación de infracciones de la legislación del mercado de valores mobiliarios, la Comisión priorizará las infracciones de naturaleza grave, cuya sanción proporcione mayor efecto educativo y preventivo para los participantes del mercado, y podrá abstenerse de instaurar el proceso administrativo sancionador, considerando la escasa relevancia de la conducta, la baja expresividad de la lesión al bien jurídico tutelado y la utilización de otros instrumentos y medidas de supervisión que juzgue más efectivos.
............................................................................” (NR)
“Art. 11. La Comisión de Valores Mobiliarios podrá imponer a los infractores de las normas de esta Ley, de la Ley 6.404, de 15 de diciembre de 1976 (Ley de Sociedades por Acciones), de sus resoluciones y de otras normas legales cuyo cumplimiento le corresponda fiscalizar las siguientes sanciones, de forma aislada o acumulativa:
.......................................................................................
III - (revocado);
IV - inhabilitación temporal, hasta un máximo de 20 (veinte) años, para el ejercicio del cargo de administrador o de consejero fiscal de compañía abierta, de entidad del sistema de distribución o de otras entidades que dependan de autorización o registro en la Comisión de Valores Mobiliarios;
........................................................................................
VI - inhabilitación temporal, hasta un máximo de 20 (veinte) años, para el ejercicio de las actividades a que se refiere esta Ley;
........................................................................................
§ 1º La multa deberá observar, para fines de dosimetría, los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la capacidad económica del infractor y los motivos que justifiquen su imposición, y no deberá exceder el mayor de estos valores:
I - R$ 50.000.000,00 (cincuenta millones de reales);
II - el doble del valor de la emisión o de la operación irregular;
III - 3 (tres) veces el monto de la ventaja económica obtenida o de la pérdida evitada como consecuencia del ilícito; o
IV - el doble del perjuicio causado a los inversores como consecuencia del ilícito.
§ 2º En los supuestos de reincidencia, podrá aplicarse una multa de hasta el triple de los valores fijados en el § 1º de este artículo.
§ 3º Las sanciones previstas en los incisos IV, V, VI, VII y VIII del caput de este artículo solo se aplicarán en los casos de infracción grave, así definidas en las normas de la Comisión de Valores Mobiliarios, o en los casos de reincidencia.
.......................................................................................
§ 5º La Comisión de Valores Mobiliarios, tras un análisis de conveniencia y oportunidad, con miras a atender el interés público, podrá abstenerse de instaurar o suspender, en cualquier fase anterior a la adopción de la decisión de primera instancia, el procedimiento administrativo destinado a la investigación de infracción prevista en las normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponda fiscalizar, si el investigado firma un término de compromiso por el cual se obligue a:
.......................................................................................
§ 7º El término de compromiso deberá publicarse en el sitio electrónico de la Comisión de Valores Mobiliarios, con especificación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones eventualmente asumidas, y constituirá título ejecutivo extrajudicial.
........................................................................................
§ 11. La multa aplicada por la inejecución de una orden de la Comisión de Valores Mobiliarios, en los términos del inciso II del caput y del inciso IV del § 1º del art. 9º de esta Ley, independientemente del proceso administrativo previsto en el inciso V del caput del art. 9º de esta Ley, no excederá, por día de atraso en su cumplimiento, el mayor de estos valores:
I - 1/1.000 (un milésimo) del valor de la facturación total individual o consolidada del grupo económico, obtenida en el ejercicio anterior a la aplicación de la multa; o
II - R$ 100.000,00 (cien mil reales).
........................................................................................
§ 13. Adicionalmente a las sanciones previstas en el caput de este artículo, la Comisión de Valores Mobiliarios podrá prohibir a los acusados contratar, por hasta 5 (cinco) años, con instituciones financieras oficiales y participar en licitaciones que tengan por objeto adquisiciones, enajenaciones, realización de obras y servicios y concesiones de servicios públicos, en el ámbito de la administración pública federal, estatal, distrital y municipal y de las entidades de la administración pública indirecta.
§ 14. Los créditos derivados de la condena del sancionado al pago de una indemnización en acción civil pública promovida en beneficio de inversores y demás acreedores del sancionado y los créditos del Fondo Garantizador de Crédito (FGC) o de otros mecanismos de resarcimiento aprobados por el Banco Central de Brasil o por la Comisión de Valores Mobiliarios, si los hubiere, tendrán preferencia sobre los créditos derivados de la aplicación de la sanción de multa.
§ 15. En caso de quiebra, liquidación extrajudicial o cualquier otra forma de concurso de acreedores del sancionado, los créditos de la Comisión de Valores Mobiliarios derivados de la aplicación de la sanción de multa a que se refiere el inciso II del caput de este artículo serán subordinados.” (NR)
“Art. 27-C. Realizar operaciones simuladas o ejecutar otras maniobras fraudulentas destinadas a elevar, mantener o bajar la cotización, el precio o el volumen negociado de un valor mobiliario, con el fin de obtener ventaja indebida o lucro, para sí o para otro, o causar daño a terceros:
.............................................................................” (NR)
“Art. 27-D. Utilizar información relevante de la que se tenga conocimiento, aún no divulgada al mercado, que sea capaz de propiciar, para sí o para otro, una ventaja indebida, mediante la negociación, en nombre propio o de terceros, de valores mobiliarios:
.......................................................................................
§ 1º Incurre en la misma pena quien transmite información confidencial relativa a un hecho relevante a la que haya tenido acceso en razón del cargo o posición que ocupe en un emisor de valores mobiliarios o en razón de una relación comercial, profesional o de confianza con el emisor.
§ 2º La pena se aumenta en 1/3 (un tercio) si el agente comete el delito previsto en el caput de este artículo valiéndose de información relevante de la que tenga conocimiento y respecto de la cual deba guardar secreto.” (NR)
“Art. 27-E. Ejercer, aunque sea a título gratuito, en el mercado de valores mobiliarios, la actividad de administrador de cartera, agente autónomo de inversión, auditor independiente, analista de valores mobiliarios, agente fiduciario o cualquier otro cargo, profesión, actividad o función, sin estar, para ese fin, autorizado o registrado ante la autoridad administrativa competente, cuando lo exija la ley o el reglamento:
............................................................................” (NR)

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 36. El Banco Central de Brasil reglamentará las sanciones, las medidas coercitivas, los medios alternativos de solución de controversias y el proceso administrativo sancionador previstos en el Capítulo II de esta Ley, y dispondrá sobre:
I - la graduación de las sanciones de multa, de prohibición de prestar determinados servicios, de prohibición de realizar determinadas actividades o modalidades de operación y de inhabilitación para actuar como administrador o para ejercer cargo en órgano previsto en el estatuto o en el contrato social de la persona mencionada en el caput del art. 2º de esta Ley;
II - la multa cominatoria y los criterios que deben considerarse para la definición de su valor, teniendo en cuenta sus objetivos;
III - la procedencia, el momento y la forma de celebración del término de compromiso y del acuerdo administrativo en el proceso de supervisión y, en el caso de este último instrumento, sobre los criterios para declarar la extinción de la acción punitiva administrativa y para la aplicación de la reducción de la sanción;
IV - el rito y los plazos del proceso administrativo sancionador en el ámbito del Banco Central de Brasil.
Párrafo único. Se aplican subsidiariamente a los procesos administrativos sancionadores en el ámbito de actuación del Banco Central de Brasil las normas previstas en la Ley 9.784, de 29 de enero de 1999, en lo que no entren en conflicto con las previstas en el Capítulo II de esta Ley.
Art. 37. Con excepción de lo dispuesto en los arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 de esta Ley, las reglas establecidas en los Capítulos II y IV de esta Ley se aplican, en lo que corresponda, a las infracciones previstas en la Ley 9.613, de 3 de marzo de 1998, cuando sean investigadas por el Banco Central de Brasil.
Art. 38. Con excepción de lo dispuesto en los arts. 2º, 3º y 4º y en los incisos I, III y V del caput del art. 5º de esta Ley, las reglas establecidas en los Capítulos II y IV de esta Ley se aplican, en lo que corresponda, a las infracciones previstas en el Decreto 23.258, de 19 de octubre de 1933, en el Decreto-Ley 9.025, de 27 de febrero de 1946, en la Ley 4.131, de 3 de septiembre de 1962, en el Decreto-Ley 1.060, de 21 de octubre de 1969, en la Medida Provisoria 2.224, de 4 de septiembre de 2001, y en la Ley 11.371, de 28 de noviembre de 2006, cuando sean investigadas por el Banco Central de Brasil.
Art. 39. El Banco Central de Brasil y la Comisión de Valores Mobiliarios deberán coordinar sus actividades para asegurar el cumplimiento de sus atribuciones con la mayor eficiencia y el menor costo para los regulados.
Art. 40. Se sujetan a lo dispuesto en esta Ley las infracciones previstas en los arts. 1º y 2º del Decreto 23.258, de 19 de octubre de 1933, y las ocultaciones de cobertura en los valores de exportación ocurridas hasta el 3 de agosto de 2006. (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
Art. 41. El Decreto 23.258, de 19 de octubre de 1933, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 6º La infracción prevista en el art. 3º de este Decreto será sancionada con multa de entre 5% (cinco por ciento) y 100% (cien por ciento) del valor de la operación.
............................................................................” (NR)
“Art. 6º -A. El Consejo Monetario Nacional reglamentará lo dispuesto en los arts. 1º, 2º y 3º de este Decreto y podrá establecer la graduación de la multa a que se refiere el caput del art. 6º de este Decreto.”
Art. 42. El art. 10 del Decreto-Ley 9.025, de 27 de febrero de 1946, pasa a tener la siguiente redacción: (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
“Art. 10. Se prohíbe la realización de compensación privada de créditos o valores de cualquier naturaleza, salvo en las situaciones expresamente previstas en reglamento del Banco Central do Brasil, quedando los responsables sujetos a las penalidades previstas en la ley.” (NR)
Art. 43. La compensación privada de créditos o de valores de cualquier naturaleza a que se refiere el art. 10 del Decreto-Ley 9.025, de 27 de febrero de 1946, cuando no se realice en las situaciones expresamente previstas en reglamento del Banco Central do Brasil, sujeta a los responsables a las disposiciones de esta Ley aplicables en los términos del art. 38. (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
Art. 44. La Ley 4.131, de 3 de septiembre de 1962, pasa a tener las siguientes modificaciones: (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
“Art. 23..................................................................
........................................................................................
§ 2º Constituye infracción imputable individualmente al establecimiento bancario, al corredor y al cliente la declaración de falsa identidad en el formulario que, según el modelo determinado por el Banco Central do Brasil, será exigido en cada operación, firmado por el cliente y visado por el establecimiento bancario y por el corredor que intervengan en ella.
§ 3º Constituye infracción, de responsabilidad exclusiva del cliente, la declaración de informaciones falsas en el formulario a que se refiere el § 2º de este artículo.
§ 4º Constituye infracción imputable individualmente al establecimiento bancario y al corredor que intervengan en la operación la clasificación, en desacuerdo con las normas fijadas por el Banco Central do Brasil, de las informaciones prestadas por el cliente en el formulario a que se refiere el § 2º de este artículo.
§ 5º (Revocado).
.............................................................................” (NR)
“Art. 25. Los establecimientos bancarios que dejen de informar el monto exacto de las operaciones realizadas estarán sujetos a multa, en los términos del art. 58 de esta Ley.
Párrafo único. (Revocado).” (NR)
Art. 45. A las infracciones a la Ley 4.131, de 3 de septiembre de 1962, y a las normas que la reglamentan se aplica lo dispuesto en el art. 38 de esta Ley. (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
Art. 46. A las infracciones a la Ley 4.380, de 21 de agosto de 1964, y a las demás normas legales y reglamentarias que rigen el Sistema Financiero de la Vivienda y las instituciones que lo integran, referidas en los incisos I, II, III, IV, V y VI del art. 8º de la Ley 4.380, de 21 de agosto de 1964, se aplica lo dispuesto en esta Ley.
Art. 47. A las infracciones a la Ley 4.728, de 14 de julio de 1965, y a las demás normas legales y reglamentarias que rigen las sociedades corredoras, las sociedades referidas en los arts. 11 y 12 de la Ley 4.728, de 14 de julio de 1965, y los bancos de inversión, se aplica lo dispuesto en esta Ley.
Art. 48. El art. 21 de la Ley 4.829, de 5 de noviembre de 1965, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 21. Las instituciones referidas en los incisos II y III del caput del art. 7º, en la letra “c” del inciso I del § 1º del art. 7º y en las letras “a”, “b”, “c” y “e” del inciso II del § 1º del art. 7º de esta Ley mantendrán recursos aplicados en el crédito rural, observados la forma y las condiciones establecidas por el Consejo Monetario Nacional.
§ 1º Las instituciones referidas en el caput de este artículo que presenten deficiencia en la aplicación de recursos en el período del 1º de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 depositarán las sumas correspondientes en el Banco Central do Brasil, remuneradas en la forma establecida por el Consejo Monetario Nacional, para su aplicación en los fines previstos en esta Ley.
§ 2º Las instituciones referidas en el caput de este artículo que presenten deficiencia en la aplicación de recursos estarán sujetas, a partir del 1º de julio de 2018, con relación al año agrícola iniciado el 1º de julio de 2017, a los costos financieros establecidos por el Banco Central do Brasil.
§ 3º (Revocado).
§ 4º (Revocado).” (NR)
Art. 49. Las instituciones referidas en los incisos II y III del caput del art. 7º, en la letra “c” del inciso I del § 1º del art. 7º y en las letras “a”, “b”, “c” y “e” del inciso II del § 1º del art. 7º de la Ley 4.829, de 5 de noviembre de 1965, que presenten deficiencia en la aplicación de recursos en el crédito rural quedan sujetas a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 50. Se aplican a las asociaciones de ahorro y préstamo, autorizadas a funcionar por el Decreto-Ley 70, de 21 de noviembre de 1966:
I - los arts. 53 a 69 de la Ley 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil), cuando no entren en conflicto con disposiciones del Decreto-Ley 70, de 21 de noviembre de 196 6;
II - lo dispuesto en esta Ley, con relación a las infracciones al Decreto-Ley 70, de 21 de noviembre de 1966, y a las demás normas legales y reglamentarias que rigen las asociaciones de ahorro y préstamo.
Art. 51. El art. 19 de la Ley 6.024, de 13 de marzo de 1974, pasa a tener las siguientes modificaciones:
“Art. 19. La liquidación extrajudicial se cerrará:
a) (revocada);
b) (revocada);
c) (revocada);
d) (revocada).
I - por decisión del Banco Central do Brasil, en las siguientes hipótesis:
a) pago íntegro a los acreedores quirografarios;
b) cambio del objeto social de la institución a una actividad económica que no integre el Sistema Financiero Nacional;
c) transferencia del control societario de la institución;
d) conversión en liquidación ordinaria;
e) agotamiento del activo de la institución, mediante su realización total y la distribución del producto entre los acreedores, aunque no se produzca el pago íntegro de los créditos; o
f) iliquidez o difícil realización del activo remanente en la institución, reconocidas por el Banco Central do Brasil;
II - por la declaración de quiebra de la institución.
§ 1º Cerrada la liquidación extrajudicial en las hipótesis previstas en las letras “a”, “b”, “d”, “e” y “f” del inciso I del caput de este artículo, el Banco Central do Brasil comunicará el cierre al órgano competente del registro de comercio, que deberá:
I - en las hipótesis de las letras “b” y “d” del inciso I del caput de este artículo, promover las anotaciones pertinentes;
II - en las hipótesis de las letras “a”, “e” y “f” del inciso I del caput de este artículo, proceder a la anotación del cierre de la liquidación extrajudicial en el registro correspondiente y sustituir, en la denominación de la sociedad, la expresión “En liquidación extrajudicial” por “Liquidación extrajudicial cerrada”.
§ 2º Cerrada la liquidación extrajudicial en las hipótesis previstas en el inciso I del caput de este artículo, el plazo de prescripción relativo a las obligaciones de la institución volverá a computarse desde la fecha de publicación del acto de cierre del régimen.
§ 3º El cierre de la liquidación extrajudicial en las hipótesis previstas en las letras “b” y “d” del inciso I del caput de este artículo puede ser propuesto al Banco Central do Brasil, tras la aprobación por mayoría simple de los presentes en la asamblea general de acreedores, por los:
I - cooperados o asociados, autorizados por la asamblea general; o
II - controladores.
§ 4º La asamblea general de acreedores a que se refiere el § 3º será presidida por el liquidador y en ella podrán votar los titulares de créditos inscritos en el cuadro general de acreedores, computándose los votos proporcionalmente al valor de los créditos de los presentes.
§ 5º Cerrada la liquidación extrajudicial en las hipótesis previstas en el inciso I del caput de este artículo, el acervo remanente de la institución, si lo hubiere, será restituido:
I - al último socio controlador o a cualquier socio participante del grupo de control o, si es imposible identificarlo o localizarlo, al mayor accionista o cuotista de la sociedad; o
II - a cualquier cooperado, en el caso de cooperativa de crédito.
§ 6º Las personas referidas en el § 5º de este artículo no podrán rechazar la recepción del acervo remanente y serán consideradas depositarias de los bienes recibidos.
§ 7º En la hipótesis en que el lugar donde se encuentren las personas referidas en el § 5º de este artículo sea ignorado, incierto o inaccesible, o en la hipótesis de sospecha de ocultación, el liquidador queda autorizado a depositar el acervo remanente a favor de ellas, en el juzgado al que correspondería decretar la quiebra.” (NR)
Art. 52. El caput del art. 17 de la Ley 7.492, de 16 de junio de 1986, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 17. Tomar o recibir crédito, en calidad de cualquiera de las personas mencionadas en el art. 25, o conceder operaciones de crédito prohibidas, observado lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 4.595, de 31 de diciembre de 1964:
............................................................................” (NR)
Art. 53. El caput del art. 66 de la Ley 9.069, de 29 de junio de 1995, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 66. Las instituciones financieras y las demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central do Brasil que presenten insuficiencia en los depósitos obligatorios o efectúen retiros en descubierto en la cuenta Reservas Bancarias están sujetas a los costos financieros establecidos por el Banco Central do Brasil.
............................................................................” (NR)
Art. 54. Las instituciones financieras y las demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central do Brasil que presenten insuficiencia en los depósitos obligatorios o efectúen retiros en descubierto en la cuenta Reservas Bancarias están sujetas a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 55. El § 2º del art. 16 de la Ley 9.613, de 3 de marzo de 1998, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 16.................................................................
.......................................................................................
§ 2º Cabrá recurso ante el Consejo de Recursos del Sistema Financiero Nacional contra las decisiones del Coaf relativas a la aplicación de penas administrativas.” (NR)
Art. 56. Queda suspendida la prescripción a que se refiere la Ley 9.873, de 23 de noviembre de 1999, durante la vigencia del compromiso a que se refieren el § 5º del art. 11 de la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976, y los arts. 11, 12, 13, 14 y 15 de esta Ley.
Art. 57. El art. 9º de la Ley 10.214, de 27 de marzo de 2001, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 9º La infracción a las normas legales y reglamentarias que rigen el sistema de pagos sujeta a las cámaras y a los prestadores de servicios de compensación y de liquidación, a sus administradores y a los miembros de consejos fiscales, consultivos y similares a lo dispuesto en la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976, y en las demás disposiciones legales.
I - (revocado);
II - (revocado).
Párrafo único. Cabrá recurso, en el plazo de 30 (treinta) días, sin efecto suspensivo, ante el Consejo de Recursos del Sistema Financiero Nacional contra las decisiones dictadas por el Banco Central do Brasil o por la Comisión de Valores Mobiliarios, con fundamento en este artículo.” (NR)
Art. 58. La infracción a las normas legales y reglamentarias que rigen el sistema de pagos sujeta a las cámaras y a los prestadores de servicios de compensación y de liquidación, a sus administradores y a los miembros de consejos fiscales, consultivos y similares a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 59. El caput del art. 1º de la Medida Provisional 2.224, de 4 de septiembre de 2001, pasa a tener la siguiente redacción: (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
“Art. 1º La no presentación de las informaciones reglamentarias exigidas por el Banco Central do Brasil relativas a capitales brasileños en el exterior y la prestación de informaciones falsas, incompletas, incorrectas o fuera de los plazos y de las condiciones previstos en la reglamentación vigente constituyen infracciones sujetas a la aplicación de la acción punitiva del Banco Central do Brasil, en los términos definidos por la legislación vigente.
.............................................................................” (NR)
Art. 60. La falta de suministro de las informaciones reglamentarias exigidas por el Banco Central do Brasil relativas a capitales brasileños en el exterior, así como la prestación de informaciones falsas, incompletas, incorrectas o fuera de los plazos y de las condiciones previstos en la reglamentación vigente, constituyen infracciones sujetas a la aplicación de esta Ley en la forma del art. 38. (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
Art. 61. El art. 7º de la Ley 11.371, de 28 de noviembre de 2006, pasa a tener la siguiente redacción: (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
“Art. 7º Las infracciones a las normas que regulan los registros, en el Banco Central do Brasil, de capital extranjero en moneda nacional sujetan a los responsables a la aplicación de la acción punitiva del Banco Central do Brasil, en los términos definidos por la legislación vigente.
Párrafo único. (Revocado).” (NR)
Art. 62. Las infracciones a las normas que regulan los registros, en el Banco Central do Brasil, de capital extranjero en moneda nacional sujetan a los responsables a las disposiciones de esta Ley aplicables en los términos del art. 38. (Revocado por la Ley 14.286, de 2021)
Art. 63. El art. 42 de la Ley 11.795, de 8 de octubre de 2008, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 42. A las infracciones a las disposiciones de esta Ley y a las normas reglamentarias se aplica la acción punitiva del Banco Central do Brasil, en los términos definidos por la legislación vigente.
I - (revocado);
II - (revocado);
III - (revocado);
IV - (revocado);
V - (revocado);
VI - (revocado);
VII - (revocado);
VIII - (revocado).
Párrafo único. (Revocado).” (NR)
Art. 64. A las infracciones a las disposiciones de la Ley 11.795, de 8 de octubre de 2008, y a las demás normas reglamentarias del Sistema de Consorcios se aplica lo dispuesto en esta Ley.
Art. 65. El art. 29 de la Ley 12.810, de 15 de mayo de 2013, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 29. La infracción a las normas legales y reglamentarias que rigen las actividades de depósito centralizado y de registro de activos financieros y de valores mobiliarios sujeta a las entidades autorizadas a ejercer dichas actividades, a sus administradores y a los miembros de consejos fiscales, consultivos y similares a lo dispuesto en la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976, aplicable por la Comissão de Valores Mobiliários, y a las demás disposiciones legales.” (NR)
Art. 66. La infracción a las normas legales y reglamentarias que rigen las actividades de depósito centralizado y de registro de activos financieros y de valores mobiliarios sujeta a las entidades autorizadas a ejercer dichas actividades, a sus administradores y a los miembros de consejos fiscales, consultivos y similares a lo dispuesto en esta Ley, aplicable por el Banco Central do Brasil.
Art. 67. El caput del art. 11 de la Ley 12.865, de 9 de octubre de 2013, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 11. Las infracciones a las normas legales y reglamentarias que rigen los arreglos y las instituciones de pago sujetan al instituidor de arreglo de pago y a la institución de pago, a sus administradores y a los miembros de sus órganos estatutarios o contractuales a las penalidades previstas por la legislación vigente.
..............................................................................” (NR)
Art. 68. Las infracciones a las normas legales y reglamentarias que rigen los arreglos y las instituciones de pago sujetan al instituidor de arreglo de pago y a la institución de pago, a sus administradores y a los miembros de sus órganos estatutarios o contractuales a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 69. El art. 34 de la Ley 4.595, de 31 de diciembre de 1964, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 34. Se prohíbe a las instituciones financieras realizar operaciones de crédito con la parte relacionada.
I - (revocado);
II - (revocado);
III - (revocado);
IV - (revocado);
V - (revocado).
§ 1º (Revocado).
§ 2º (Revocado).
§ 3º Se considera parte relacionada a la institución financiera, para los efectos de este artículo:
I - sus controladores, personas físicas o jurídicas, en los términos del art. 116 de la Ley 6.404, de 15 de diciembre de 1976;
II - sus directores y miembros de órganos estatutarios o contractuales;
III - el cónyuge, el compañero y los parientes, consanguíneos o afines, hasta el segundo grado, de las personas mencionadas en los incisos I y II de este parágrafo;
IV - las personas físicas con participación societaria calificada en su capital; y
V - las personas jurídicas:
a) con participación calificada en su capital;
b) en cuyo capital, directa o indirectamente, haya participación societaria calificada;
c) en las cuales haya control operacional efectivo o preponderancia en las deliberaciones, independientemente de la participación societaria; y
d) que tengan director o miembro de consejo de administración en común.
§ 4º Se exceptúan de la prohibición de que trata el caput de este artículo, respetados los límites y las condiciones establecidos en la reglamentación:
I - las operaciones realizadas en condiciones compatibles con las de mercado, inclusive en cuanto a límites, tasas de interés, carencia, plazos, garantías requeridas y criterios para la clasificación de riesgo a efectos de la constitución de provisión para pérdidas probables y de baja como pérdida, sin beneficios adicionales o diferenciados en comparación con las operaciones otorgadas a los demás clientes del mismo perfil de las respectivas instituciones;
II - las operaciones con empresas controladas por la Unión, en el caso de las instituciones financieras públicas federales;
III - las operaciones de crédito que tengan como contraparte a una institución financiera integrante del mismo conglomerado prudencial, siempre que contengan cláusula contractual de subordinación, observado lo dispuesto en el inciso V del art. 10 de esta Ley, en el caso de las instituciones financieras bancarias;
IV - los depósitos interfinancieros regulados en la forma del inciso XXXII del caput del art. 4º de esta Ley;
V - las obligaciones asumidas entre partes relacionadas como consecuencia de la responsabilidad impuesta a miembros de compensación y demás participantes de cámaras o prestadores de servicios de compensación y de liquidación autorizados por el Banco Central do Brasil o por la Comissão de Valores Mobiliários y a sus respectivas contrapartes en operaciones realizadas en el ámbito de dichas cámaras o prestadores de servicios; y
VI - los demás casos autorizados por el Conselho Monetário Nacional.
§ 5º Se considera también realizada con parte relacionada cualquier operación que caracterice negocio indirecto, simulado o mediante interposición de tercero, con el fin de realizar una operación prohibida en los términos de este artículo.
§ 6º El Conselho Monetário Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo, inclusive la definición de operación de crédito, de límites y de participación calificada.” (NR)
Art. 70. El Conselho Monetário Nacional, el Banco Central do Brasil y la Comissão de Valores Mobiliários editarán normas complementarias a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 71. Quedan revocados:
I - el art. 5º -A del Decreto 23.258, de 19 de octubre de 1933;
II - el § 5º del art. 23, el párrafo único del art. 25 y el art. 58 de la Ley 4.131, de 3 de septiembre de 1962;
III - el art. 43 de la Ley 4.380, de 21 de agosto de 1964;
IV - los incisos I, II, III, IV y V del caput y los §§ 1º y 2º del art. 34 y los arts. 35, 36, 42, 43 y 44 de la Ley 4.595, de 31 de diciembre de 1964;
V - el § 6º del art. 4º de la Ley 4.728, de 14 de julio de 1965;
VI - los §§ 3º y 4º del art. 21 de la Ley 4.829, de 5 de noviembre de 1965;
VII - el Decreto-Ley 448, de 3 de febrero de 1969;
VIII - el inciso III del caput del art. 11 y el § 4º del art. 26 de la Ley 6.385, de 7 de diciembre de 1976;
IX - el art. 67 de la Ley 9.069, de 29 de junio de 1995;
X - el art. 9º de la Ley 9.447, de 14 de marzo de 1997;
XI - el inciso II del art. 3º de la Ley 9.873, de 23 de noviembre de 1999;
XII - los arts. 3º y 5º de la Medida Provisoria 2.224, de 4 de septiembre de 2001;
XIII - el párrafo único del art. 7º y el art. 12 de la Ley 11.371, de 28 de noviembre de 2006;
XIV - el inciso IV del caput del art. 7º, los incisos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII y el párrafo único del art. 42 y los arts. 43 y 44 de la Ley 11.795, de 8 de octubre de 2008.
Art. 72. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasília, 13 de noviembre de 2017; 196º de la Independencia y 129º de la República.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Otávio Ribeiro Damaso
Este texto no sustituye al publicado en el D.O.U. de 14.11.2017.
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