Modifica el Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), para agravar la pena de los delitos contra la dignidad sexual de persona vulnerable; el Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 (Código de Procedimiento Penal), para prever medidas de protección de urgencia a las víctimas de delitos contra la dignidad sexual y en situación de especial vulnerabilidad; la Ley nº 7.210, de 11 de julio de 1984 (Ley de Ejecución Penal), para prever el monitoreo electrónico de los condenados por delito contra la dignidad sexual; la Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente), para establecer mecanismos de protección a niños y adolescentes víctimas de delitos contra la dignidad sexual; y la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad), para asegurar asistencia psicológica y social especializada a las personas con discapacidad víctimas de delitos contra la dignidad sexual y a sus familias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º El Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 217-A................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 10 (diez) a 18 (dieciocho) años, y multa.
.............................................................................................................................................................
§ 3º...........................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 12 (doce) a 24 (veinticuatro) años, y multa.
§ 4º...........................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 20 (veinte) a 40 (cuarenta) años, y multa.
..................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 218....................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 6 (seis) a 14 (catorce) años, y multa.
..................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 218-A................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 5 (cinco) a 12 (doce) años, y multa.” (NR)
“Art. 218-B................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 7 (siete) a 16 (dieciséis) años, y multa.
§ 1º (Revocado).
..................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 218-C................................................................................................................................
Pena – reclusión, de 4 (cuatro) a 10 (diez) años, y multa, si el hecho no constituye un delito más grave.
..................................................................................................................................................... ” (NR)
“Incumplimiento de medidas de protección de urgencia
Art. 338-A. Incumplir una decisión judicial que concede medidas de protección de urgencia:
Pena – reclusión, de 2 (dos) a 5 (cinco) años, y multa.
§ 1º La configuración del delito es independiente de la competencia civil o penal del juez que concedió las medidas.
§ 2º En caso de detención en flagrancia, solo la autoridad judicial puede conceder fianza.
§ 3º Lo dispuesto en este artículo no excluye la aplicación de otras sanciones que correspondan.”
Art. 2º El Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 (Código de Procedimiento Penal), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 300-A. El investigado por delitos contra la dignidad sexual, cuando se encuentre preso cautelarmente, y el condenado por los mismos delitos deberán ser sometidos obligatoriamente a la identificación del perfil genético, mediante extracción de ADN (ácido desoxirribonucleico), por técnica adecuada e indolora, con ocasión del ingreso al establecimiento penitenciario.”
“TÍTULO IX-A
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE URGENCIA”
“Art. 350-A. Constatada la existencia de indicios de la comisión de un delito contra la dignidad sexual, el juez podrá aplicar de inmediato al autor, en conjunto o por separado, las siguientes medidas de protección de urgencia, entre otras:
I – suspensión de la posesión o restricción del porte de armas, con comunicación al órgano competente, en los términos de la Ley nº 10.826, de 22 de diciembre de 2003 (Estatuto del Desarme);
II – alejamiento del hogar, domicilio o lugar de convivencia con la víctima, si fuere aplicable;
III – prohibición de determinadas conductas, entre las cuales:
a) aproximación a la víctima, a sus familiares y a los testigos, fijando el límite mínimo de distancia entre estos y el autor;
b) contacto con la víctima, sus familiares y testigos por cualquier medio de comunicación;
c) frecuentación de determinados lugares a fin de preservar la integridad física y psicológica de la víctima;
IV – restricción o suspensión de visitas a los dependientes menores, oído el equipo de atención multidisciplinario o servicio similar;
V – prestación de alimentos provisionales o provisorios;
VI – comparecencia del autor a programas de recuperación y reeducación;
VII – acompañamiento psicosocial del autor, por medio de atención individual y/o en grupo de apoyo.
§ 1º Las medidas referidas en este artículo no impiden la aplicación de otras previstas en la legislación vigente, siempre que la seguridad de la víctima o las circunstancias así lo exijan, debiendo comunicarse la providencia al Ministerio Público.
§ 2º En el supuesto de aplicación del inciso I del caput de este artículo, si el autor se encontrare en las condiciones mencionadas en el caput y en los incisos del art. 6º de la Ley nº 10.826, de 22 de diciembre de 2003 (Estatuto del Desarme), el juez comunicará al respectivo órgano, corporación o institución las medidas de protección de urgencia concedidas y determinará la restricción del porte de armas, quedando el superior inmediato del autor responsable del cumplimiento de la determinación judicial, bajo pena de incurrir en los delitos de prevaricación o de desobediencia, según el caso.
§ 3º Para garantizar la efectividad de las medidas de protección de urgencia, el juez podrá requerir, en cualquier momento, el auxilio de la fuerza policial.
§ 4º Se aplica a los supuestos previstos en este artículo, en lo que corresponda, lo dispuesto en la Ley nº 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil).
§ 5º En los casos previstos en este artículo, la medida de protección de urgencia se acumulará con el sometimiento del autor a monitoreo electrónico, poniéndose a disposición de la víctima un dispositivo de seguridad que le alerte sobre su eventual aproximación.
§ 6º Lo dispuesto en este artículo se aplica, asimismo, a los delitos cuya víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, como niños, adolescentes, personas con discapacidad o incapaces, cualquiera que sea el delito investigado.”
“Art. 350-B. En cualquier fase de la investigación policial o del proceso penal, a solicitud de la autoridad policial, del Ministerio Público o de la víctima, el juez podrá determinar la prohibición al autor de ejercer actividades que impliquen contacto directo con una persona en situación de vulnerabilidad, cuando exista prueba de la existencia del delito, indicio suficiente de autoría y peligro generado por el estado de libertad del imputado.”
Art. 3º La Ley nº 7.210, de 11 de julio de 1984 (Ley de Ejecución Penal), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 119-A. El condenado por delitos contra la dignidad sexual solamente ingresará en un régimen más benigno de cumplimiento de la pena o percibirá un beneficio penal que autorice la salida del establecimiento si los resultados del examen criminológico afirmaren la existencia de indicios de que no volverá a cometer delitos de la misma naturaleza.”
“Art. 146-E. El condenado por delito contra la mujer por razones de la condición del sexo femenino, en los términos del § 1º del art. 121-A del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), o por delitos contra la dignidad sexual, al disfrutar de cualquier beneficio en que se produzca su salida del establecimiento penal, será fiscalizado por medio de monitoreo electrónico.” (NR)
Art. 4º La Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 70-A................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
II – la integración con los órganos de seguridad pública, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, con el Consejo Tutelar, con los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente y con las entidades no gubernamentales que actúan en la promoción, la protección y la defensa de los derechos del niño y del adolescente;
...........................................................................................................................................................
IX – la promoción y la realización de campañas educativas dirigidas al público escolar, a entidades deportivas, a unidades de salud, a consejos tutelares, a organizaciones de la sociedad civil, a centros culturales, a asociaciones comunitarias y otros espacios públicos de convivencia y a la sociedad en general, así como la difusión de esta Ley y de los instrumentos de protección de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, incluidos los canales de denuncia existentes;
..................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 101.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
V – requisición de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen hospitalario o ambulatorio, extensivo a las familias, en su caso, especialmente en caso de victimización en delito contra la dignidad sexual;
..................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 5º El inciso V del § 4º del art. 18 de la Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015 (Estatuto de la Persona con Discapacidad), pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 18...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
§ 4º........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
V – atención psicológica, inclusive para sus familiares y asistentes personales, especialmente en caso de victimización en delito contra la dignidad sexual;
..................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 6º Se revoca el § 1º del art. 218-B del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal).
Art. 7º Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 5 de diciembre de 2025; 204º de la Independencia y 137º de la República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Enrique Ricardo Lewandowski
Gustavo José de Guimarães e Souza
Este texto no sustituye al publicado en el DOU del 8.12.2025.
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