Ley n.º 4.947, de 1966

Lei 4.947/66 Lei nº 4.947, de 1966 Referenciada

Fija Normas de Derecho Agrario, Dispone sobre el Sistema de Organización y Funcionamiento del Instituto Brasileño de Reforma Agraria, y establece otras Disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

CAPÍTULO I - Disposiciones Preliminares

Art. 1º - Esta Ley establece normas de Derecho Agrario y de ordenamiento, regulación, fiscalización y control de los actos y hechos administrativos relativos a la planificación y a la implantación de la Reforma Agraria, en la forma dispuesta por la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964.
Párrafo único. Los Actos del Poder Ejecutivo que, en la forma de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964, aprueben los Planes Nacional y Regionales de Reforma Agraria, fijarán las prioridades que deberán ser observadas en su ejecución por los órganos de la administración centralizada y descentralizada.

CAPÍTULO II - De la Tierra y de los Inmuebles Rurales

Art. 2º - Compete privativamente al IBRA, en los términos del art. 147 de la Constitución Federal, con la redacción que le dio la Enmienda Constitucional nº 10, y de los artículos 16, párrafo único, y 22 de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964, seleccionar, para fines de Reforma Agraria, los inmuebles rurales que serán expropiados en las áreas prioritarias fijadas por decreto del Poder Ejecutivo.
Párrafo único. Las expropiaciones recaerán sobre inmuebles rurales seleccionados como necesarios para la integración de proyectos y para la garantía de continuidad de sus áreas, de acceso al sistema de transportes y, además, de conservación de los recursos naturales indispensables para su ejecución.
Art. 3º - Los foreros, arrendatarios, poseedores, ocupantes y cuantos se consideren con derecho sobre cualquier porción de los inmuebles rurales pertenecientes a la Unión, que hayan sido o vengan a ser transferidos al IBRA, quedan obligados a presentar al referido Instituto los títulos o cualquier prueba, admitida en derecho, en que fundamenten sus alegaciones.
§ 1º - La presentación de esos títulos deberá realizarse en el plazo de 180 (ciento ochenta) días a contar de la fecha del edicto de convocatoria que será publicado en el "Diário Oficial" de la Unión, debiendo el IBRA promover la divulgación de esa convocatoria por medio de un resumen publicado en un periódico de gran circulación en la Capital Federal, en las capitales de los Estados y Territorios, así como por edictos fijados en la sede de los Municipios donde estén situados los inmuebles.
§ 2º - Cuando haya duda respecto de los títulos presentados, el IBRA los someterá al Consejo de Tierras de la Unión, que deberá, en el plazo de 90 (noventa) días, decidir sobre su legitimidad.
§ 3º - No presentados los títulos o no reconocidos como legítimos, observada la norma del párrafo anterior, el IBRA adoptará las providencias para recuperar la posesión del inmueble.
Art. 4º - El IBRA promoverá la extinción de los aforamientos existentes siempre que las tierras respectivas se tornen necesarias para la ejecución de los planes de colonización y de servicio a ellos atinentes, aplicándose, para fines de valoración del depósito previo, lo dispuesto en el art. 5º, I, a y b, del Decreto-Ley nº 893, de 26 de noviembre de 1938.
§ 1º - Los foros adeudados por las áreas transferidas al IBRA, cuyo aforamiento no sea extinguido o hasta su extinción, serán recaudados por el IBRA e incorporados al Fondo Nacional de Reforma Agraria.
§ 2º - Compete al IBRA, en cuanto a las tierras que le sean transferidas, declarar en comisión y, consecuentemente, extinguidos los aforamientos de los enfiteutas deudores, en los términos de la ley, indemnizadas las mejoras y aplicado, para la consolidación del dominio pleno, el rito sumario del art. 685 del Código de Proceso Civil.
§ 3º - Compete, además, al IBRA, en cuanto a las tierras que le sean transferidas:
I - declarar el incumplimiento del forero, en cualquier caso;
II - declarar la nulidad de pleno derecho de la transmisión "inter vivos" del dominio útil sin previo asentimiento del dueño directo;
III - promover, cuando fuere el caso, las medidas judiciales consecuentes.
Art. 5º - Compete al IBRA adoptar las providencias administrativas y promover las judiciales concernientes a la demarcación de las tierras baldías existentes en el Distrito Federal, en los Territorios Federales y en la franja de 150 (ciento cincuenta) kilómetros a lo largo de las fronteras del País, respetado lo dispuesto en la Ley nº 2.597, de 13 de septiembre de 1955.
§ 1º - Se autoriza al Poder Ejecutivo a ratificar las enajenaciones y concesiones de tierras ya realizadas por los Estados en la Franja de Fronteras, si entendiere que se ajustan a los objetivos del Estatuto de la Tierra. (Véase Ley nº 10.164, de 2000)
§ 2º - Para los fines previstos en el art. 11 de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964, el Servicio de Patrimonio de la Unión, dentro de 90 (noventa) días, a contar de la publicación de la presente Ley, remitirá al IBRA todos los procesos aún no concluidos de solicitudes de aforamiento o adquisición de tierras baldías, siempre que estén destinadas por sus ocupantes o pretendientes al aprovechamiento agropecuario.
§ 3º - Se incluyen entre los procesos referidos en el párrafo anterior, siempre que tengan las finalidades en él previstas, los llamados terrenos de marina, así como aquellos destinados a actividades pesqueras y las tierras ubicadas en la denominada Franja de Fronteras. (Revocado por el Decreto-Ley nº 1.561, de 1977)
§ 4º - Compete al IBRA convertir los referidos procesos de aforamiento en venta definitiva en la respectiva área, para la consecución de los fines determinados en los artículos 2º y 10 del Estatuto de la Tierra.
Art. 6º - Todos los inmuebles rurales pertenecientes a la Unión, siempre que estén destinados a la actividad agropecuaria, solamente pueden ser concedidos, por venta u otra forma de enajenación, a los ocupantes o pretendientes, por intermedio del Instituto Brasileño de Reforma Agraria (IBRA), o de órgano Federal de Colonización por él autorizado en cada caso.
Párrafo único. Los ingresos provenientes de la venta u otra forma de enajenación de inmuebles rurales pertenecientes a la Unión, realizadas en los términos de esta Ley, serán depositados en el Banco do Brasil S/A., a cuenta del Tesoro Nacional, como ingreso presupuestario de la Unión, destinándose su producto a la cobertura de las providencias administrativas y judiciales, a cargo del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria - INCRA, concernientes a la demarcación, recaudación, deslinde, transcripción y enajenación de tierras baldías. (Incluido por el Decreto-Ley nº 1.640, de 1978)
Art. 7º - En el desempeño de las atribuciones de enajenar bienes de la Unión, con finalidades agropecuarias, el IBRA someterá a audiencia previa:
a) a la Comisión Especial de la Franja de Fronteras, si se tratare de área en la franja bajo su jurisdicción;
b) a los Ministerios de Guerra, de Marina y de Aeronáutica, si hubiere fortificaciones o establecimientos militares en las proximidades del área pretendida o en la franja de 100 (cien) metros a lo largo de la costa marítima;
c) a las Alcaldías Municipales, cuando se tratare de terreno situado en zona que esté siendo urbanizada.
§ 1º - La consulta versará sobre zona determinada, debidamente caracterizada.
§ 2º - Los órganos consultados deberán pronunciarse dentro de 30 (treinta) días a partir de la recepción de la consulta, plazo que podrá ser prorrogado por otros 30 (treinta) días, cuando se solicite, importando el silencio asentimiento a la enajenación.
Art. 8º - Podrá delegarse a los Estados, mediante convenio con el IBRA, la competencia para reconocer las posesiones legítimas y expedir, en nombre de este o de la Unión, los respectivos títulos de dominio, siempre que se respeten, para ello, los criterios establecidos en el Estatuto de la Tierra.
Art. 9º - Las áreas y edificios de los inmuebles rurales transferidos al IBRA, que no sean necesarios para la instalación de sus servicios o para la colocación de excedentes rurales, podrán volver a la administración del Servicio de Patrimonio de la Unión o, si se juzgaren necesarios para planes habitacionales, ser cedidos al Banco Nacional de Habitación.(Véase Decreto nº 59.428, de 27.10.1966)
Art. 10 - Queda prohibida la inscripción de loteos rurales en el registro de inmuebles, sin prueba de la previa aprobación por la autoridad pública competente a que se refiere el art. 61 de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964.(Véase Decreto nº 59.428, de 27.10.1966)
§ 1º - Son nulos de pleno derecho la inscripción y todos los actos que de ella se deriven, cuando se practiquen en infracción de lo dispuesto en este artículo.
§ 2º En los loteos ya inscritos queda prohibida la enajenación de los lotes rurales remanentes, cuando estos tengan un área inferior a la del módulo fijado para la respectiva región.
§ 2º - En los loteos ya inscritos hasta la publicación de la Ley nº 4.947, de 6 de abril de 1966, se permite la venta de los lotes rurales remanentes, con área inferior a la del módulo fijado para la respectiva región. (Redacción dada por la Ley nº 5.672, de 1971)
§ 3º - Al final de cada ejercicio, para fines estadísticos, el IBRA enviará al Tribunal de Cuentas una relación pormenorizada de las enajenaciones efectuadas.
Art. 11 - No se aplica a los núcleos coloniales que hayan sido o vengan a ser transferidos a la jurisdicción del IBRA lo establecido en el art. 39 del Decreto-Ley nº 6.117, de 16 de diciembre de 1943.(Véase Decreto nº 59.428, de 27.10.1966)
Art. 12 - Para la ejecución de lo dispuesto en el art. 32 del Decreto-Ley nº 6.117, de 16 de diciembre de 1943, el Presidente del IBRA designará Comisiones especiales de verificación y regularización, con poderes para aplicar las sanciones previstas en la ley.(Véase Decreto nº 59.428, de 27.10.1966)
Párrafo único. De las decisiones adoptadas por las referidas Comisiones, cabrá recurso ante el Directorio del IBRA, en el plazo de 30 (treinta) días, a contar de la fecha de la notificación.

CAPÍTULO III - De los Contratos Agrarios(Véase Decreto nº 59.566, de 14.11.1966)

Art. 13 - Los contratos agrarios se rigen por los principios generales que gobiernan los contratos de Derecho común, en lo que concierne al acuerdo de voluntades y al objeto, observados los siguientes preceptos de Derecho Agrario:
I - artículos 92, 93 y 94 de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964, en cuanto al uso o posesión temporal de la tierra;
II - artículos 95 y 96 de la misma Ley, en lo tocante al arrendamiento rural y a la aparcería agrícola, pecuaria, agroindustrial y extractiva;
III - obligatoriedad de cláusulas irrevocables, establecidas por el IBRA, que tengan por objeto la conservación de los recursos naturales;
IV - prohibición de renuncia, por parte del arrendatario o del aparcero no propietario, a derechos o ventajas establecidos en leyes o reglamentos;
V - protección social y económica a los arrendatarios cultivadores directos y personales.
§ 1º - Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todos los contratos pertinentes al Derecho Agrario e informará la reglamentación del Capítulo IV del Título III de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964.
§ 2º - Los órganos oficiales de asistencia técnica y crediticia darán prioridad a los contratos agrarios que cumplan lo dispuesto en este artículo.
Art. 14 - Se autoriza al IBRA a permitir, a título precario, en las áreas pioneras del País, la utilización de tierras públicas bajo cualquiera de las formas de uso temporal previstas en la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964, y a promover su progresiva adaptación a las normas establecidas en la referida Ley.
Art. 15 - El inciso III del art. 95 de la Ley nº 4.504, de 30 de noviembre de 1964, pasa a tener la siguiente redacción:
" III - el arrendatario, para iniciar cualquier cultivo cuyos frutos no puedan ser recogidos antes de terminado el plazo del arrendamiento, deberá acordar previamente con el arrendador la forma de pago del uso de la tierra por ese plazo excedente."

CAPÍTULO IV - Del Sistema de Organización y Funcionamiento del IBRA

Art. 16 - El Directorio del IBRA, además de las atribuciones que le confiere la Ley número 4.504, de 30 de noviembre de 1964, y los actos complementarios, para el ejercicio de la autonomía administrativa y financiera asegurada al Instituto, tendrá también, con carácter exclusivo y privativo, en los asuntos de administración general, competencias idénticas a las conferidas al Consejo de Administración del Banco Nacional de Desarrollo Económico, establecidas en la letra c del art. 13 de la Ley nº 1.628, de 20 de junio de 1952; en el art. 23 de la Ley nº 2.973, de 26 de noviembre de 1956; y en la forma de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley nº 4.863, de 29 de noviembre de 1965.
§ 1º - Corresponde al Secretario Ejecutivo del IBRA atribución idéntica a la conferida al Director Superintendente del Banco Nacional de Desarrollo Económico por el inciso a del art. 13 de la Ley 1.628/52, de 20 de junio de 1952.
§ 2º - Para la ejecución de servicios de carácter transitorio o eventual, pagados mediante recibo, o cuya vinculación de empleo se rija por la Consolidación de las Leyes del Trabajo, las tablas de remuneración y la relación cuantitativa del personal serán fijadas en cada caso, en los actos que autoricen dicha ejecución.
§ 3º - Los funcionarios optantes de la extinta SUPRA serán readaptados, tras cursos de entrenamiento y de capacitación que los habiliten para el ejercicio de sus nuevas funciones en los cuadros del IBRA, respetándose la situación jurídica de cada uno.
Art. 17 - Se autoriza al IBRA a promover la creación, organización, incorporación, fusión y adquisición de sociedades de economía mixta, para la ejecución de emprendimientos y servicios de naturaleza agroindustrial o comercial que se enmarquen en los objetivos de la Reforma Agraria o de la Política Agrícola a su cargo y, especialmente, que tengan por finalidad la ejecución de proyectos de los Planes Nacional y Regionales de Reforma Agraria.

CAPÍTULO V - Disposiciones Generales

Art. 18 - Se encomendará a los Gobiernos de los Estados, de los Territorios Federales, de los Municipios y del Distrito Federal, mediante convenios suscritos en la forma de los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 4.504/64, de 30 de noviembre de 1964, la responsabilidad de ejecutar, en colaboración con el IBRA, dentro de sus respectivos límites territoriales, tareas orientadas a la implantación de la Reforma Agraria, así como a la fiscalización del cumplimiento de las instrucciones y demás actos normativos expedidos para la consecución de dicho objetivo.
Párrafo único. La celebración y el cumplimiento de los convenios pueden constituir condición para la concesión de asistencia técnica y financiera por parte del Gobierno Federal.
Art. 19 - Utilizar, como prueba de propiedad o de derechos relativos a ella, documento expedido por el IBRA para fines catastrales o tributarios, en perjuicio de otro o en provecho propio o ajeno:
Pena: Reclusión de 2 a 6 años.
Párrafo único. Si el agente es funcionario público y comete el delito prevaliéndose del cargo, la pena se aumenta en una sexta parte.
Art. 20 - Invadir, con intención de ocuparlas, tierras de la Unión, de los Estados y de los Municipios:
Pena: Detención de 6 meses a 3 años.
Párrafo único. Incurre en la misma pena quien, con idéntico propósito, invada tierras de órganos o entidades federales, estatales o municipales, destinadas a la Reforma Agraria.
Art. 21 - Corresponderá al Presidente del Instituto Brasileño de Reforma Agraria decretar la prisión administrativa de los responsables de dineros, bienes o valores pertenecientes, directa o indirectamente, al IBRA, o que se encuentren bajo su custodia.
Art. 22 - A partir del 1º de enero de 1967, solo mediante la presentación del Certificado de Catastro, expedido por el IBRA y previsto en la Ley 4.504/64, de 30 de noviembre de 1964, podrá el propietario de cualquier inmueble rural reclamar las facilidades proporcionadas por los órganos federales de administración centralizada o descentralizada, o por empresas de economía mixta de las que la Unión posea la mayoría de las acciones, así como obtener la inscripción, aprobación y registro de proyectos de colonización particular, en el IBRA o en el INDA, o la aprobación de proyectos de loteo.(Véase Decreto nº 59.428, de 27.10.1966)
§ 1º - Sin la presentación del Certificado de Catastro, los propietarios no podrán, a partir de la fecha a que se refiere este artículo, so pena de nulidad, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ni prometer en venta inmuebles rurales.
§ 2º - En caso de sucesión mortis causa, ninguna partición, amigable o judicial, podrá ser homologada por la autoridad competente sin la presentación del Certificado de Catastro, a partir de la fecha referida en este artículo.
§ 3º - La presentación del Certificado de Catastro, exigida en este artículo y en los párrafos anteriores, se hará siempre acompañada de la prueba de pago del Impuesto Territorial Rural, relativo al último asiento expedido por el IBRA.
§ 3o La presentación del Certificado de Catastro de Inmueble Rural – CCIR, exigida en el caput de este artículo y en los §§ 1o y 2o, se hará siempre acompañada de la prueba de pago del Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural – ITR, correspondiente a los últimos cinco ejercicios, salvo los casos de inexigibilidad y dispensa previstos en el art. 20 de la Ley 9.393/96, de 19 de diciembre de 1996. (Redacción dada por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
§ 4o Los títulos de dominio desprendidos del patrimonio público consignarán obligatoriamente el número de inscripción del CCIR, en los términos de la reglamentación de esta Ley. (Párrafo incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
§ 5o En los casos de usucapión, el juez notificará al INCRA el contenido de la sentencia, para fines de registro catastral del inmueble rural. (Párrafo incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
§ 6o Además de los requisitos previstos en el art. 134 del Código Civil y en la Ley 7.433/85, de 18 de diciembre de 1985, los servicios notariales están obligados a mencionar en las escrituras los siguientes datos del CCIR: (Párrafo incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
I – código del inmueble; (Inciso incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
II – nombre del titular; (Inciso incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
III – nacionalidad del titular; (Inciso incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
IV – denominación del inmueble; (Inciso incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
V – ubicación del inmueble. (Inciso incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
§ 7o Los servicios de registro de inmuebles quedan obligados a remitir al INCRA, mensualmente, las modificaciones ocurridas en las matrículas inmobiliarias derivadas de cambios de titularidad, parcelamiento, desmembramiento, loteo, unificación de parcelas, rectificación de superficie, reserva legal y particular del patrimonio natural y otras limitaciones y restricciones de carácter ambiental, que involucren inmuebles rurales, incluidos los desprendidos del patrimonio público. (Párrafo incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
§ 8o El INCRA remitirá, mensualmente, a los servicios de registro de inmuebles, los códigos de los inmuebles rurales a que se refiere el § 7o, para que sean anotados de oficio en las respectivas matrículas. (Párrafo incluido por la Ley 10.267/01, de 28.8.2001)
Art. 23 - El IBRA podrá promover, en colaboración con los órganos ejecutores de la Política Habitacional, la organización de núcleos urbanos para asegurar la colocación de excedentes rurales no calificados para las actividades agropecuarias.(Véase Decreto nº 59.428, de 27.10.1966)
Art. 24 - Los acuerdos, convenios o contratos de interés de la política agraria instituida por la Ley 4.504/64, de 30 de noviembre de 1964, suscritos en cualquier Ministerio u otra entidad de derecho público, serán registrados en el Instituto Brasileño de Reforma Agraria (IBRA).
Párrafo único. El IBRA enviará informe anual al Tribunal de Cuentas, para fines estadísticos y de contabilidad pública, sobre los convenios, acuerdos y contratos suscritos en el ejercicio.
Art. 25 - Ninguno de los instrumentos a que se refiere el artículo anterior, después de su otorgamiento y para fines de registro, podrá ser enviado directamente, por las partes que en él se obliguen, al Tribunal de Cuentas de la Unión.
Art. 26 - Para que no sea considerado latifundio el inmueble rural, aun cuando sea de dominio particular, cuyo objetivo de preservación forestal o de otros recursos naturales haya sido reconocido para fines de declaración de patrimonio protegido por el órgano competente de la administración pública, dicha declaración deberá, en el plazo de 60 (sesenta) días desde su conclusión, ser sometida al juzgamiento del IBRA.
Art. 27 - La presente Ley entrará en vigor en la fecha de su publicación, quedando revocadas las disposiciones en contrario.
Brasilia, 6 de abril de 1966; 145º de la Independencia y 78º de la República.
H. CASTELLO BRANCO Mem de Sá Ney Braga
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 11.4.1966 y rectificado el 24.7.1966
*

No blog