Ley n.º 9.964, de 2000

Lei 9.964/00 Lei nº 9.964, de 2000 Referenciada

Conversión de la MPv nº 2.004-6, de 2000
Establece el Programa de Recuperación Fiscal – Refis y dicta otras disposiciones, y modifica las Leyes nº 8.036, de 11 de mayo de 1990, y 8.844, de 20 de enero de 1994.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Se establece el Programa de Recuperación Fiscal – Refis, destinado a promover la regularización de créditos de la Unión, derivados de deudas de personas jurídicas, relativos a tributos y contribuciones, administrados por la Secretaría de la Receita Federal y por el Instituto Nacional del Seguro Social – INSS, con vencimiento hasta el 29 de febrero de 2000, constituidos o no, inscritos o no en deuda activa, judicializados o por judicializar, con exigibilidad suspendida o no, incluidos los derivados de la falta de ingreso de valores retenidos. (Véase la Ley nº 10.189, de 2001)
§ 1º El Refis será administrado por un Comité Gestor, con competencia para implementar los procedimientos necesarios para la ejecución del Programa, observado lo dispuesto en el reglamento.
§ 2º El Comité Gestor estará integrado por un representante de cada uno de los órganos indicados a continuación, designados por sus respectivos titulares:
I – Ministerio de Hacienda:
a) Secretaría de la Receita Federal, que lo presidirá;
b) Procuraduría General de la Hacienda Nacional;
II – Instituto Nacional del Seguro Social – INSS. (Revocado por la Ley nº 11.941, de 2009)
§ 3º El Refis no alcanza las deudas:
I – de órganos de la administración pública directa, de las fundaciones instituidas y mantenidas por el poder público y de las autarquías;
II – relativas al Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural – ITR;
III – relativas a persona jurídica escindida a partir del 1º de octubre de 1999.
Art. 2º El ingreso en el Refis se dará por opción de la persona jurídica, que tendrá derecho a un régimen especial de consolidación y fraccionamiento de las deudas fiscales a que se refiere el art. 1º.
§ 1º La opción podrá formalizarse hasta el último día hábil del mes de abril de 2000.
§ 2º Las deudas existentes a nombre de la optante serán consolidadas tomando como base la fecha de formalización de la solicitud de ingreso en el Refis.
§ 3º La consolidación abarcará todas las deudas existentes a nombre de la persona jurídica, en calidad de contribuyente o responsable, constituidas o no, incluidos los recargos legales relativos a multa, de mora o de oficio, a intereses moratorios y demás cargos, determinados en los términos de la legislación vigente a la época de la ocurrencia de los respectivos hechos generadores.
§ 4º La deuda consolidada en la forma de este artículo:
I – quedará sujeta, a partir de la fecha de la consolidación, a intereses correspondientes a la variación mensual de la Tasa de Intereses de Largo Plazo – TJLP, quedando prohibida la imposición de cualquier otro recargo;(Véase la Medida Provisoria nº 2.061, de 2000)
I - independientemente de la fecha de formalización de la opción, quedará sujeta, a partir del 1º de marzo de 2000, a intereses correspondientes a la variación mensual de la Tasa de Intereses de Largo Plazo - TJLP, quedando prohibida la imposición de cualquier otro recargo; (Redacción dada por la Ley nº 10.189, de 2001)
II – será pagada en cuotas mensuales y sucesivas, con vencimiento el último día hábil de cada mes, siendo el valor de cada cuota determinado en función de un porcentaje de los ingresos brutos del mes inmediatamente anterior, calculados en la forma del art. 31 y párrafo único de la Ley nº 8.981, de 20 de enero de 1995, no inferior a:
a) 0,3% (tres décimos por ciento), en el caso de persona jurídica optante por el Sistema Integrado de Pago de Impuestos y Contribuciones de las Microempresas y Empresas de Pequeño Porte – Simples y de entidad inmune o exenta por finalidad u objeto;
b) 0,6% (seis décimos por ciento), en el caso de persona jurídica sometida al régimen de tributación con base en la utilidad presunta;
c) 1,2% (uno entero y dos décimos por ciento), en el caso de persona jurídica sometida al régimen de tributación con base en la utilidad real, con relación a los ingresos derivados de las actividades comerciales, industriales, médico-hospitalarias, de transporte, de enseñanza y de construcción civil;
d) 1,5% (uno entero y cinco décimos por ciento), en los demás casos.
§ 5º En el caso de sociedad en cuenta de participación, las deudas y los ingresos brutos serán considerados individualmente, por sociedad.
§ 6º En la hipótesis de crédito con exigibilidad suspendida en virtud de lo dispuesto en el inciso IV del art. 151 de la Ley nº 5.172, de 25 de octubre de 1966, la inclusión en el Refis de las respectivas deudas implicará la dispensa de los intereses de mora incidentes hasta la fecha de la opción, condicionada a la terminación del proceso por desistimiento expreso e irrevocable de la respectiva acción judicial y de cualquier otra, así como a la renuncia al derecho, sobre las mismas deudas, en que se funda la acción.
§ 7º Los valores correspondientes a multa, de mora o de oficio, y a intereses moratorios, incluidos los relativos a deudas inscritas en deuda activa, podrán ser liquidados, observadas las normas constitucionales referentes a la vinculación y al reparto de ingresos, mediante:
I – compensación de créditos, propios o de terceros, relativos a tributo o contribución incluido en el ámbito del Refis;
II – la utilización de pérdida fiscal y de base de cálculo negativa de la contribución social sobre la utilidad neta, propias o de terceros, estas declaradas a la Secretaría de la Receita Federal hasta el 31 de octubre de 1999.
§ 8º En la hipótesis del inciso II del § 7º, el valor que se utilizará será determinado mediante la aplicación, sobre el monto de la pérdida fiscal y de la base de cálculo negativa, de las alícuotas de 15% (quince por ciento) y de 8% (ocho por ciento), respectivamente.
§ 9º A lo dispuesto en este artículo se aplica la reducción de multa a que se refiere el art. 60 de la Ley nº 8.383, de 30 de diciembre de 1991.
§ 10. La multa de mora incidente sobre las deudas relativas a las contribuciones administradas por el INSS, incluidas en el Refis en virtud de confesión espontánea, queda sujeta al límite establecido en el art. 61 de la Ley nº 9.430, de 27 de diciembre de 1996.
Art. 3º La opción por el Refis sujeta a la persona jurídica a:
I – confesión irrevocable e irretractable de las deudas referidas en el art. 2º;
II – autorización de acceso irrestricto, por parte de la Secretaría de la Receita Federal, a las informaciones relativas a su movimiento financiero, ocurrido a partir de la fecha de opción por el Refis;
III – seguimiento fiscal específico, con suministro periódico, en medio magnético, de datos, incluidos los indiciarios de ingresos;
IV – aceptación plena e irretractable de todas las condiciones establecidas;
V – cumplimiento regular de las obligaciones para con el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio – FGTS y para con el ITR;
VI – pago regular de las cuotas de la deuda consolidada, así como de los tributos y de las contribuciones con vencimiento posterior al 29 de febrero de 2000.
§ 1º La opción por el Refis excluye cualquier otra forma de fraccionamiento de deudas relativas a los tributos y a las contribuciones referidos en el art. 1º. Véase la Ley nº 12.688, de 2012 (Véase la Ley nº 13.043, de 2014)(Véase la Medida Provisoria nº 766, de 2017) (Véase la Ley nº 13.496, de 2017)
§ 2º Lo dispuesto en los incisos II y III del caput se aplica exclusivamente al período en que la persona jurídica permanezca en el Refis.
§ 3º La opción implica el mantenimiento automático de los gravámenes derivados de medida cautelar fiscal y de las garantías prestadas en las acciones de ejecución fiscal.
§ 4º Sin perjuicio de lo dispuesto en el § 3º, la homologación de la opción por el Refis está condicionada a la prestación de garantía o, a criterio de la persona jurídica, al registro de los bienes que integran su patrimonio, en la forma del art. 64 de la Ley nº 9.532, de 10 de diciembre de 1997.
§ 5º Quedan dispensadas de las exigencias referidas en el § 4º las personas jurídicas optantes por el Simples y aquellas cuya deuda consolidada sea inferior a R$ 500.000,00 (quinientos mil reales).
§ 6º No podrán optar por el Refis las personas jurídicas de que tratan los incisos II y VI del art. 14 de la Ley nº 9.718, de 27 de noviembre de 1998.
Art. 4º Las personas jurídicas de que tratan los incisos I y III a V del art. 14 de la Ley nº 9.718, de 1998, podrán optar, durante el período en que estén sometidas al Refis, por el régimen de tributación con base en la utilidad presunta
Párrafo único. En la hipótesis de este artículo, las personas jurídicas referidas en el inciso III del art. 14 de la Ley nº 9.718, de 1998, deberán adicionar las utilidades, rendimientos y ganancias de capital provenientes del exterior a la utilidad presunta y a la base de cálculo de la contribución social sobre la utilidad neta.
Art. 5º La persona jurídica optante por el Refis será excluida de este en las siguientes hipótesis, mediante acto del Comité Gestor: (Véase la ADI 7370)
I – inobservancia de cualquiera de las exigencias establecidas en los incisos I a V del caput del art. 3º;
II – incumplimiento, por tres meses consecutivos o seis meses alternados, lo que ocurra primero, con relación a cualquiera de los tributos y de las contribuciones comprendidos en el Refis, incluidos aquellos con vencimiento posterior al 29 de febrero de 2000;
III – constatación, caracterizada por lanzamiento de oficio, de deuda correspondiente a tributo o contribución comprendidos en el Refis y no incluidos en la confesión a que se refiere el inciso I del caput del art. 3º, salvo que sea pagada íntegramente en el plazo de treinta días, contado desde la notificación del lanzamiento o de la decisión definitiva en la esfera administrativa o judicial;
IV – compensación o utilización indebida de créditos, pérdida fiscal o base de cálculo negativa referidos en los §§ 7º y 8º del art. 2º;
V – decretación de quiebra, extinción, por liquidación, o escisión de la persona jurídica;
VI – concesión de medida cautelar fiscal, en los términos de la Ley nº 8.397, de 6 de enero de 1992;
VII – práctica de cualquier procedimiento tendiente a sustraer ingresos de la optante, mediante simulación de acto;
VIII – declaración de inaptitud de la inscripción en el Catastro Nacional de la Persona Jurídica, en los términos de los arts. 80 y 81 de la Ley nº 9.430, de 1996;
IX – decisión definitiva, en la esfera judicial, total o parcialmente desfavorable a la persona jurídica, relativa a la deuda referida en el § 6º del art. 2º y no incluida en el Refis, salvo que sea pagada íntegramente en el plazo de treinta días, contado desde la notificación de dicha decisión;
X – arbitramiento de la utilidad de la persona jurídica, en los casos de determinación de la base de cálculo del impuesto sobre la renta por criterio diferente al de los ingresos brutos;
XI – suspensión de sus actividades relativas a su objeto social o no percepción de ingresos brutos durante nueve meses consecutivos.
§ 1º La exclusión de la persona jurídica del Refis implicará la exigibilidad inmediata de la totalidad del crédito confesado y aún no pagado y la ejecución automática de la garantía prestada, restableciéndose, con relación al monto no pagado, los recargos legales en la forma de la legislación aplicable a la época de la ocurrencia de los respectivos hechos generadores.
§ 2º La exclusión, en las hipótesis de los incisos I, II y III de este artículo, producirá efectos a partir del mes subsiguiente a aquel en que el contribuyente sea notificado.
§ 3º En la hipótesis del inciso III, y observado lo dispuesto en el § 2º, la exclusión se dará, en la fecha de la decisión definitiva, en la esfera administrativa o judicial, cuando el lanzamiento haya sido impugnado.
Art. 6º El art. 22 de la Ley nº 8.036, de 11 de mayo de 1990, pasa a tener la siguiente redacción:
"Art. 22. El empleador que no realice los depósitos previstos en esta Ley, en el plazo fijado en el art. 15, responderá por la incidencia de la Tasa Referencial – TR sobre el importe correspondiente." (NR)(Revocado por la Medida Provisoria nº 1.107, de 2022)
"§1º Sobre el valor de los depósitos, incrementado con la TR, incidirán, además, intereses de mora de 0,5% al mes (cinco décimos por ciento al mes) o fracción y multa, quedando sujeto, también, a las obligaciones y sanciones previstas en el Decreto-Ley nº 368, de 19 de diciembre de 1968." (NR)
"§ 2º La incidencia de la TR de que trata el caput de este artículo será cobrada por día de atraso, tomándose como base el índice de actualización de las cuentas vinculadas del FGTS." (NR)
"§ 2º-A. La multa referida en el § 1º de este artículo será cobrada en las siguientes condiciones:" (AC)*
"I – 5% (cinco por ciento) en el mes de vencimiento de la obligación;" (AC)
"II – 10% (diez por ciento) a partir del mes siguiente al del vencimiento de la obligación." (AC)
"§ 3o Para efectos del retiro de débito con el FGTS, el porcentaje del 8% (ocho por ciento) incidirá sobre el valor incrementado con la TR hasta la fecha de la respectiva operación." (NR)
Art. 7o En la hipótesis de cancelación íntegra de los débitos con el FGTS, correspondientes a períodos anteriores a enero de 2000, incidirá, sobre el valor incrementado con la TR, el porcentaje de multa del 5% (cinco por ciento) y de intereses de mora del 0,25% (veinticinco centésimos por ciento), por mes de atraso, siempre que el pago se efectúe hasta el 30 de junio de 2000.
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo se aplica a los débitos en cobro administrativo o judicial, notificados o no, aun cuando estén amparados por acuerdo de pago a plazos.
Art. 8o El § 4o del art. 2o de la Ley 8.844, de 20 de enero de 1994, modificada por la Ley 9.467, de 10 de julio de 1997, pasa a tener la siguiente redacción:
"§ 4º En el cobro judicial de los créditos del FGTS, incidirá un recargo del 10% (diez por ciento), que revertirá al Fondo, para el resarcimiento de los costos incurridos por este, el cual se reducirá al 5% (cinco por ciento), si el pago se realiza antes de la interposición del cobro judicial." (NR)
Art. 9o El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias necesarias para la ejecución del Refis, especialmente en relación con: (Vide ADI 7370)
I – las modalidades de garantía susceptibles de aceptación;
II – la fijación del porcentaje de los ingresos brutos que se utilizará para determinar las cuotas mensuales, el cual podrá diferenciarse en función de la actividad económica desarrollada por la persona jurídica;
III – las formas de homologación de la opción y de exclusión de la persona jurídica del Refis, así como sus consecuencias;
IV – la forma de realización del seguimiento fiscal específico;
V – las exigencias para efectos de la liquidación en la forma prevista en los §§ 7o y 8o del art. 2o.
Art. 10. El tratamiento tributario simplificado y favorecido de las microempresas y de las empresas de pequeño porte es el establecido por la Ley 9.317, de 5 de diciembre de 1996, y sus modificaciones posteriores, sin que se apliquen, a ese efecto, las normas contenidas en la Ley 9.841, de 5 de octubre de 1999.
Art. 11. Los pagos efectuados en el ámbito del Refis se asignarán proporcionalmente, para efectos de la amortización del débito consolidado, tomando como base la relación existente, en la fecha base de la consolidación, entre el valor consolidado de cada tributo y contribución, incluido en el Programa, y el valor total fraccionado.
Art. 12. Alternativamente al ingreso en el Refis, la persona jurídica podrá optar por el pago a plazos, en hasta sesenta cuotas mensuales, iguales y sucesivas, de los débitos referidos en el art. 1o, observadas todas las demás reglas aplicables a dicho Programa.
§ 1o El valor de cada cuota no podrá ser inferior a:
I – R$ 300,00 (trescientos reales), en el caso de persona jurídica optante por el Simples;
II – R$ 1.000,00 (un mil reales), en el caso de persona jurídica sujeta al régimen de tributación con base en la utilidad presunta;
III – R$ 3.000,00 (tres mil reales), en los demás casos.
§ 2o A lo dispuesto en este artículo no se aplica la restricción de que trata el inciso II del § 3o del art. 1o.
Art. 13. Los débitos no tributarios inscritos en deuda activa, con vencimiento hasta el 29 de febrero de 2000, podrán pagarse a plazos en hasta sesenta cuotas mensuales, iguales y sucesivas, ante la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, observadas las demás reglas aplicables al pago a plazos de que trata el art. 12.
§ 1o Para los débitos no tributarios inscritos, sujetos al pago a plazos simplificado o para los cuales no se exige garantía en el pago a plazos ordinario, no se aplica la prohibición de nuevos pagos a plazos.
§ 2o Para los débitos no tributarios inscritos, no alcanzados por lo dispuesto en el § 1o, se admitirá el nuevo fraccionamiento, siempre que se solicite hasta el último día hábil del mes de abril de 2000.
§ 3o Lo dispuesto en este artículo se aplica a los honorarios de sucumbencia debidos por desistimiento de acción judicial, para efectos de la inclusión de los respectivos débitos, inclusive en el ámbito del INSS, en el Refis o en el pago a plazos alternativo a que se refiere el art. 2o.
§ 4o En la hipótesis del § 3o, el pago a plazos deberá ser solicitado por la persona jurídica en el plazo de treinta días, contado desde la fecha en que se haya hecho efectivo el desistimiento, en la forma y condiciones que establezcan los órganos competentes.
Art. 14. Las obligaciones derivadas de los débitos incluidos en el Refis o en los pagos a plazos referidos en los arts. 12 y 13 no se considerarán para efectos de la determinación de índices económicos vinculados a licitaciones promovidas por la administración pública directa o indirecta, así como a operaciones de financiamiento realizadas por instituciones financieras oficiales federales.
Art. 15. Queda suspendida la pretensión punitiva del Estado, referente a los delitos previstos en los arts. 1o y 2o de la Ley 8.137, de 27 de diciembre de 1990, y en el art. 95 de la Ley 8.212, de 24 de julio de 1991, durante el período en que la persona jurídica relacionada con el agente de dichos delitos se encuentre incluida en el Refis, siempre que la inclusión en dicho Programa haya ocurrido antes de la admisión de la denuncia penal.
§ 1o La prescripción penal no corre durante el período de suspensión de la pretensión punitiva.
§ 2o Lo dispuesto en este artículo se aplica también:
I – a los programas de recuperación fiscal instituidos por los Estados, por el Distrito Federal y por los Municipios, que adopten, en lo que corresponda, normas establecidas en esta Ley;
II – a los pagos a plazos referidos en los arts. 12 y 13.
§ 3o Se extingue la punibilidad de los delitos referidos en este artículo cuando la persona jurídica relacionada con el agente efectúe el pago íntegro de los débitos provenientes de tributos y contribuciones sociales, incluidos los accesorios, que hayan sido objeto de concesión de pago a plazos antes de la admisión de la denuncia penal.
Art. 16. En la hipótesis de novación o renegociación de débitos de responsabilidad de personas jurídicas optantes por el Refis o por el pago a plazos alternativo a que se refiere el art. 12, la recuperación de créditos anteriormente deducidos como pérdida, hasta el 31 de diciembre de 1999, será, para efectos de lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 9.430, de 1996, computada en la determinación de la utilidad real y de la base de cálculo de la contribución social sobre la utilidad neta, por las personas jurídicas de que trata el inciso II del art. 14 de la Ley 9.718, de 1998, a medida de su efectivo cobro, en la forma que establezca la Secretaría de la Receita Federal.
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo se aplica a los débitos vinculados al Programa de Revitalización de Cooperativas de Producción Agropecuaria – Recoop, instituido por la Medida Provisoria nº 1.961-20, de 2 de marzo de 2000, aun cuando la persona jurídica deudora no sea optante por ninguna de las formas de pago a plazos referidas en el caput.
Art. 17. Quedan convalidados los actos practicados con base en la Medida Provisoria nº 2.004-5, de 11 de febrero de 2000.
Art. 18. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 10 de abril de 2000; 179o de la Independencia y 112o de la República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan Marcus Vinicius Pratini de Moraes Francisco Dornelles Waldeck Ornelas Alcides Lopes Tápias
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 11.4.2000
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