Prohíbe descuentos relativos a mensualidades asociativas en los beneficios administrados por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS); establece búsqueda activa de beneficiarios perjudicados a raíz de descuentos indebidos y prevé su resarcimiento; y modifica el Decreto-Ley 3.240, de 8 de mayo de 1941, para disciplinar el secuestro de bienes por delitos que involucren descuentos indebidos en los beneficios del INSS, la Ley 8.213, de 24 de julio de 1991, para asegurar la protección de datos personales, y las Leyes 10.820, de 17 de diciembre de 2003, y 12.213, de 20 de enero de 2010.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Esta Ley prohíbe descuentos relativos a mensualidades asociativas en los beneficios administrados por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), establece búsqueda activa de beneficiarios perjudicados a raíz de descuentos indebidos y prevé su resarcimiento, así como modifica el Decreto-Ley 3.240, de 8 de mayo de 1941, para disciplinar el secuestro de bienes por delitos que involucren descuentos indebidos en los beneficios del INSS, la Ley 8.213, de 24 de julio de 1991, para asegurar la protección de datos personales, y las Leyes 10.820, de 17 de diciembre de 2003, y 12.213, de 20 de enero de 2010.
Art. 2º Verificada la ocurrencia de descuento indebido de mensualidad asociativa o referente al pago de crédito consignado en beneficio administrado por el INSS, será debida la devolución íntegra del valor al perjudicado, en la forma del art. 3º de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales o administrativas que correspondan.
Párrafo único. La ocurrencia de fraude deberá ser comunicada al Ministerio Público para las eventuales providencias.
Art. 3º La entidad asociativa, la institución financiera o la sociedad de arrendamiento mercantil que realicen descuento indebido de mensualidad asociativa o referente al pago de crédito consignado en beneficio administrado por el INSS estarán obligadas a restituir el valor íntegro actualizado al beneficiario en un plazo de hasta 30 (treinta) días, contados a partir de la notificación de la irregularidad aún no comunicada o de la decisión administrativa definitiva que llegue a reconocer el descuento como indebido.
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º Para los fines de aplicación del plazo previsto en el caput de este artículo, quedarán exceptuados los casos de restitución en curso en la fecha de publicación de esta Ley.
Art. 4º (VETADO).
Art. 5º El Decreto-Ley 3.240, de 8 de mayo de 1941, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 1º Quedan sujetos a secuestro los bienes del investigado o acusado por infracción penal:
I – de la que resulte perjuicio, directo o indirecto, para la Hacienda Pública;
II – contra la administración pública;
III – contra la fe pública;
IV – que involucre descuentos indebidos en beneficios administrados por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).” (NR)
“Art. 2º El secuestro es decretado por la autoridad judicial, sin audiencia de la parte, mediante representación de la autoridad policial durante la investigación o a requerimiento del Ministerio Público durante la investigación o la instrucción procesal penal.
..................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 4º El secuestro puede recaer sobre todos los bienes del investigado o acusado, comprendiendo aquellos:
I – de su titularidad, o respecto de los cuales tenga el dominio y el beneficio directo o indirecto, en la fecha de la infracción penal o recibidos posteriormente;
II – transferidos a terceros a título gratuito o mediante contraprestación irrisoria, a partir del inicio de la actividad criminal; y
III – pertenecientes a persona jurídica de la cual el investigado o acusado sea socio, asociado, director o representante legal, si hubiere indicios de que haya sido utilizada para la práctica delictiva o se haya beneficiado económicamente del ilícito.
§ 1º La autoridad judicial podrá nombrar a persona física o jurídica calificada para la administración de los bienes, derechos o valores sujetos a la medida prevista en este Decreto-Ley, mediante instrumento de compromiso, aplicándose, en lo que corresponda, el régimen de administración previsto en la Ley 9.613, de 3 de marzo de 1998.
§ 2º Cuando se trate de inmuebles:
1) (revocado);
2) (revocado);
I – el juez determinará la inscripción del secuestro en el registro de inmuebles;
II – el Ministerio Público promoverá la hipoteca legal en favor de la Hacienda Pública.
§ 3º Con cargo a los bienes secuestrados, podrán ser proporcionados los recursos, fijados por el juez, indispensables para la subsistencia del investigado o acusado y de su familia.” (NR)
“Art. 5º Además de los demás actos relativos al cargo, incumbe a la persona responsable de la administración de los bienes:
1) (revocado);
2) (revocado);
3) (revocado);
I – informar a la autoridad judicial sobre la existencia de bienes aún no comprendidos en el secuestro;
II – proporcionar los recursos previstos en el § 3º del art. 4º de este Decreto-Ley, con cargo a los bienes secuestrados;
III – rendir cuentas mensualmente de la administración.” (NR)
“Art. 6º Cesa el secuestro o la hipoteca:
1) (revocado);
2) (revocado);
I – si la acción penal no se inicia o reinicia en el plazo del § 1º del art. 2º de este Decreto-Ley;
II – si, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la acción se extingue o el reo es absuelto.” (NR)
“Art. 7º El cese del secuestro o de la hipoteca no excluye el decomiso de los bienes de procedencia ilícita en favor de la Hacienda Pública ni el derecho de esta de reclamar la reparación del daño de conformidad con la ley civil.
1) (revocado);
2) (revocado).” (NR)
“Art. 7º-A. Se procederá a la enajenación anticipada para preservar el valor de los bienes cuando estos estén sujetos a cualquier grado de deterioro o de depreciación o cuando haya dificultad para su mantenimiento.
Párrafo único. Para los fines de lo dispuesto en este artículo, se aplicará el procedimiento previsto en el Decreto-Ley 3.689, de 3 de octubre de 1941 (Código de Proceso Penal).”
Art. 6º La Ley 8.213, de 24 de julio de 1991, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 115....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
V – (revocado);
.............................................................................................................................................................
VII – (VETADO).
.............................................................................................................................................................
§ 2º (VETADO).
.............................................................................................................................................................
§ 8º Se prohíbe la realización de descuentos, en los beneficios administrados por el INSS, referentes a mensualidades, contribuciones o cualesquiera otros valores destinados a asociaciones, sindicatos, entidades de clase u organizaciones de jubilados y pensionistas, aun con la autorización expresa del beneficiario.
§ 9º Todos los beneficios están bloqueados para descuentos relativos a las operaciones de que trata el inciso VI del caput de este artículo y solo serán desbloqueados si existe autorización previa, personal y específica por parte del beneficiario, mediante instrumento de autorización autenticado, exclusivamente, por medio de:
I – biometría, con reconocimiento facial o huella digital; y
II – firma electrónica calificada de que trata la Ley 14.063, de 23 de septiembre de 2020, o autenticación de múltiples factores.
§ 10. Además de la autorización de que trata el § 9º de este artículo, para que los descuentos relativos al crédito consignado puedan iniciarse efectivamente, el beneficiario deberá ser informado sobre la contratación, pudiendo impugnarla por medio de los canales de atención del INSS, presenciales o remotos, conforme a acto del Poder Ejecutivo.
§ 11. (VETADO).
§ 12. Tras cada contratación de crédito consignado, el beneficio será bloqueado para nuevas operaciones, exigiéndose un nuevo procedimiento de desbloqueo.
§ 13. Se prohíbe la contratación de crédito consignado o el desbloqueo por medio de procuración o de central telefónica.” (NR)
“Art. 124-G. El tratamiento de datos personales por el INSS deberá observar las disposiciones de la Ley 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), inclusive en cuanto a las sanciones administrativas, a la seguridad y a la prohibición de compartir sin autorización datos de los beneficiarios, sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil.”
Art. 7º (VETADO).
Art. 8º El art. 4º de la Ley 12.213, de 20 de enero de 2010, pasa a regir con el siguiente párrafo único añadido:
“Art. 4º......................................................................................................................................
Párrafo único. En la fijación de los criterios de que trata el caput de este artículo, el CNDI deberá dar prioridad a proyectos que promuevan salud, bienestar, recreación, inclusión digital y educación, especialmente financiera, con enfoque en la autonomía, en la prevención de fraudes y en la gestión de ingresos y de patrimonio.” (NR)
Art. 9º (VETADO).
Art. 10. Se considera discriminatoria hacia la persona mayor la estipulación de exigencias no extensivas a otros públicos, salvo casos específicos de políticas públicas que demanden tratamiento especial.
Art. 11. (VETADO).
Art. 12. Un acto del Poder Ejecutivo dispondrá sobre los procedimientos necesarios para la ejecución de esta Ley.
Art. 13. Se revocan:
I – del Decreto-Ley 3.240, de 8 de mayo de 1941:
a) los ítems 1 y 2 del § 2º del art. 4º;
b) los ítems 1, 2 y 3 del caput del art. 5º;
c) los ítems 1 y 2 del caput del art. 6º;
d) los ítems 1 y 2 del caput del art. 7º;
II – el inciso V del caput del art. 115 de la Ley 8.213, de 24 de julio de 1991.
Art. 14. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasília, 6 de enero de 2026; 205º de la Independencia y 138º de la República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Wellington Barroso de Araujo Dias
Gustavo José de Guimarães e Souza
Wolney Queiroz Maciel
Vinícius Marques de Carvalho
Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de Arruda
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 7.1.2026 y rectificado el 8.1.2026
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