Paciente de lenço na cabeça sendo atendida por uma profissional de saúde

La TNU mantiene su tesis: fijar la DII en la fecha del peritaje es una medida excepcional

La Sala Nacional de Uniformización de Jurisprudencia rechazó los embargos de declaración del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil) contra el Tema 343 y mantuvo la tesis de que fijar la fecha de inicio de la incapacidad el día del examen pericial es una medida excepcional, que exige una fundamentación específica por parte del juzgador.

Lo que decidió la TNU (Turma Nacional de Uniformização, Sala Nacional de Uniformización de Jurisprudencia de los Juzgados Especiales Federales) sobre el Tema 343

En la sesión del 11 de marzo de 2026, la Sala Nacional de Uniformización de Jurisprudencia de los Juzgados Especiales Federales examinó los embargos de declaración (recurso de aclaración de una resolución) presentados por el Instituto Nacional del Seguro Social contra la sentencia colegiada (acórdão) que había fijado la tesis del Tema 343. Por mayoría, el colegiado admitió y rechazó el recurso, y mantuvo intacta la redacción aprobada. Cuatro integrantes quedaron en minoría: consideraban que el fallo no adolecía de vicio alguno, pero proponían acoger parcialmente los embargos solo para reescribir el enunciado en términos más explícitos.

El tema nació del Pedido de Uniformización de Interpretación de Ley que fue afectado como representativo de controversia en octubre de 2023 (TNU PEDILEF 0523447-97.2020.4.05.8013/AL). La tesis fue aprobada por unanimidad en abril de 2025 y la sentencia correspondiente se hizo pública ese mismo mes. Con el rechazo de los embargos, el cuadro oficial de temas representativos registra el tránsito en cosa juzgada el 17 de abril de 2026.

El efecto práctico es directo: el criterio pasa a orientar, de forma estabilizada, a las salas recursales y a los juzgados de los juzgados especiales federales que resuelven solicitudes de auxilio por incapacidad temporal y de jubilación por incapacidad permanente. No se trata de una novedad legislativa, sino de un criterio probatorio consolidado después de dos años y medio de tramitación.

La pregunta que respondió el tema

La controversia afectada tenía un contorno estrecho y vale la pena reproducirlo. Se discutía cuál sería el término inicial del beneficio cuando el perito judicial reconoce el estado incapacitante alegado por la parte desde la solicitud administrativa, desde el cese del beneficio en la vía administrativa o desde la presentación de la demanda, pero declara no poder precisar, efectivamente, la fecha en que comenzó la incapacidad.

La situación es frecuente en el foro previsional. El dictamen confirma la enfermedad y la limitación, pero el profesional deja constancia de que no hay elementos para señalar el hito inicial. Ante ese vacío, parte de los fallos fijaba la fecha de inicio de la incapacidad, conocida por la sigla DII, en el propio día del examen, con la consecuencia de reducir o eliminar el período de mensualidades atrasadas.

La tesis aprobada tiene la siguiente redacción: «La fijación de la fecha de inicio de la incapacidad (DII) en la fecha del peritaje constituye una medida excepcional, que exige una fundamentación capaz de desvirtuar la presunción lógica de que la incapacidad comenzó en un momento anterior al examen pericial.»

El enunciado es deliberadamente asimétrico, y fue ese diseño el que el INSS intentó deshacer. A falta de otros elementos, la fecha anterior al examen ya cuenta con el respaldo de la presunción lógica; lo que requiere una justificación propia es la elección opuesta, la de anclar el inicio de la incapacidad en la fecha en que el asegurado fue examinado.

Cuando el dictamen no indica cuándo comenzó la incapacidad, el ordenamiento no autoriza a presumir que nació en el instante del examen.

El razonamiento del voto conductor parte de una constatación sencilla. Si el perito no logra precisar el hito inicial, no existe una verdad real disponible en el expediente, y el juicio pasa a operar sobre una verdad ficticia. Entre las ficciones posibles, suponer que la enfermedad incapacitante surgió exactamente el día de la evaluación es la menos razonable, porque contraría la experiencia común de que los cuadros incapacitantes se instalan y se agravan con el paso del tiempo.

Por qué la DII determina el monto de las mensualidades atrasadas

La relevancia económica de la discusión aparece al leer la Ley 8.213/91. El art. 60, caput, establece que el auxilio por incapacidad temporal se debe al asegurado empleado a partir del decimosexto día de alejamiento de la actividad y, en el caso de los demás asegurados, a partir de la fecha de inicio de la incapacidad, mientras permanezca incapacitado. El § 1º del mismo artículo precisa que, cuando la solicitud la presenta un asegurado que ya lleva más de treinta días alejado de la actividad, el beneficio se debe a partir de la fecha de entrada de la solicitud.

La misma lógica rige para el beneficio definitivo. Según el art. 43, § 1º, letra «a», cuando el peritaje médico inicial concluye que existe una incapacidad total y definitiva, la jubilación se debe al asegurado empleado desde el decimosexto día de alejamiento, o desde la entrada de la solicitud si entre un hito y otro han transcurrido más de treinta días. La letra «b» fija un criterio equivalente para el empleado doméstico, el trabajador autónomo eventual (trabalhador avulso), el contribuyente individual, el asegurado especial y el facultativo, tomando como referencia la fecha de inicio de la incapacidad o la fecha de la solicitud.

En todos los supuestos, por lo tanto, el legislador vinculó el nacimiento del derecho al hito fáctico de la incapacidad o a la solicitud administrativa. Trasladar la DII a la fecha del peritaje judicial, que suele realizarse meses o años después de la solicitud denegada, equivale a transferir al asegurado el costo de una duda técnica que no fue él quien creó. Fue ese desplazamiento el que el tema pasó a condicionar.

Los dos argumentos del INSS y la respuesta del colegiado

La entidad autárquica sostuvo, en primer lugar, que la referencia a la presunción lógica podría leerse como una dispensa de fundamentación siempre que la DII se fijara en una fecha anterior al examen, lo que chocaría con los arts. 371 y 479 del Código de Proceso Civil, que imponen al juez indicar las razones de la formación de su convicción y los motivos por los cuales acoge o descarta las conclusiones del dictamen. Propuso, por ello, una nueva redacción para el enunciado.

El voto ganador señaló que el argumento partía de una premisa equivocada sobre el alcance del fallo. El Tema 343 fue afectado para resolver una cuestión específica, la de la omisión pericial, y no alcanza al caso en que el perito indica la DII con plena fundamentación técnica, hipótesis ya regida por las reglas generales de valoración de la prueba. Delimitado ese contexto, la asimetría del enunciado deja de parecer contradictoria.

El segundo argumento apuntaba al punto 11 de la ementa (síntesis oficial de la decisión), que equipara el dictamen que fija la DII en la fecha del peritaje por falta de elementos al dictamen simplemente omiso. Para el INSS, la equiparación tendría un alcance irrestricto e induciría al juzgador a presumir, en cualquier caso, que el perito se equivocó. El colegiado respondió que la redacción delimita con precisión el supuesto de aplicación: la equiparación alcanza solamente al dictamen en el que el propio profesional reconoce no tener elementos para precisar el inicio de la incapacidad, y no a todo dictamen que registre esa fecha.

De esa lectura se desprendió la conclusión sobre la naturaleza de la inconformidad. Preferir un enunciado de redacción más amplia configura una discrepancia interpretativa, que no es fundamento idóneo para los embargos de declaración, cuya procedencia depende de la existencia de oscuridad, contradicción u omisión. La divergencia interna siguió un camino distinto y defendió acoger el recurso en parte, para que la tesis pasara a mencionar expresamente la exigencia de fundamentación específica en los términos de los arts. 371 y 479 del Código de Proceso Civil, con la preocupación de evitar una lectura distorsionada del enunciado.

Qué cambia en el peritaje y en la instrucción del proceso

La decisión refuerza un deber que ya está en la legislación previsional. El art. 129-A, § 1º, de la Ley 8.213/91, incorporado por la Ley 14.331/2022, determina que el perito designado por el juzgado, cuando discrepe de las conclusiones del dictamen administrativo, indique de forma fundamentada las razones técnicas y científicas que respaldan el disenso, especialmente en cuanto a la comprobación de la incapacidad, su fecha de inicio y su correlación con la actividad laboral del peritado.

Para quien litiga, el mensaje es práctico. El dictamen que solo anota la fecha del examen como hito inicial, sin explicar por qué descartó los hitos anteriores, deja de ser un punto final y pasa a ser un punto por aclarar. La solicitud de complementación del dictamen, las preguntas suplementarias (quesitos) dirigidas al perito y la impugnación fundamentada ganan mayor peso procesal, porque la tesis traslada al juzgador la carga de justificar la elección excepcional.

En materia probatoria, la instrucción de la solicitud sigue siendo el factor decisivo. Historiales clínicos, certificados médicos contemporáneos al alejamiento de la actividad, resultados de exámenes fechados, recetas, informes de internación, registros de peritajes administrativos anteriores y el historial de concesiones y cese de prestaciones en el extracto del beneficio permiten al juzgado reconstruir la línea de tiempo de la enfermedad. Cuanto más densa sea esa documentación, menor será el margen para que la duda pericial se resuelva en perjuicio de quien solicitó el beneficio.

Conviene una advertencia sobre el alcance del criterio. El tema trata del hito inicial de la incapacidad, no de los demás requisitos del beneficio. La calidad de asegurado, el cumplimiento del período de carencia cuando se exige y la comprobación de la propia incapacidad siguen examinándose de manera autónoma, y ninguno de ellos queda suplido por la presunción reconocida en el Tema 343.

Preguntas Frecuentes

¿La tesis obliga al juez a fijar la DII en la fecha de la solicitud administrativa?

No hay automatismo. Lo que la tesis establece es una presunción lógica de que la incapacidad comenzó antes del examen pericial cuando el dictamen no logra precisar ese hito. El juzgador sigue siendo libre de fijar la DII en la fecha del peritaje, pero solo puede hacerlo con una fundamentación capaz de desvirtuar esa presunción. La elección del hito concreto, anterior al examen, depende de los elementos de prueba reunidos en el proceso, como los documentos médicos fechados y el historial administrativo de la solicitud.

¿El criterio vale para el auxilio temporal y para la jubilación por incapacidad?

El tema fue delimitado con referencia a los beneficios por incapacidad en general, y la cuestión sometida a juicio cita expresamente la solicitud administrativa, el cese en la vía administrativa y la presentación de la demanda como hitos posibles. Como tanto el auxilio por incapacidad temporal como la jubilación por incapacidad permanente tienen el término inicial vinculado a la fecha de inicio de la incapacidad o a la fecha de la solicitud, en los términos de los arts. 43 y 60 de la Ley 8.213/91, la lógica de la presunción se aplica a ambos.

¿Quien ya tuvo la DII fijada en la fecha del peritaje puede volver a discutir el hito?

Depende de la fase del proceso. Mientras exista un recurso admisible, la tesis puede invocarse para cuestionar la falta de fundamentación específica en la elección de ese hito, incluso ante la sala recursal. Un proceso con decisión definitiva, en cambio, está protegido por la cosa juzgada, y el camino posible suele ser examinar si existe una solicitud administrativa posterior apta para generar un nuevo beneficio. El análisis de cada situación exige la lectura del dictamen, de la sentencia y de las fechas de la solicitud.

Ficou com dúvidas? Fale com um advogado especialista.

📱 Falar pelo WhatsApp

As informações deste artigo são de caráter informativo e não substituem consulta jurídica individualizada. Cada caso possui particularidades que exigem análise específica.

Publicaciones Similares