Conversión de la Medida Provisional nº 881, de 2019
Instituye la Declaración de Derechos de Libertad Económica; establece garantías de libre mercado; modifica las Leyes nos 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de diciembre de 1976, 11.598, de 3 de diciembre de 2007, 12.682, de 9 de julio de 2012, 6.015, de 31 de diciembre de 1973, 10.522, de 19 de julio de 2002, 8.934, de 18 de noviembre 1994, el Decreto-Ley nº 9.760, de 5 de septiembre de 1946 y la Consolidación de las Leyes del Trabajo, aprobada por el Decreto-Ley nº 5.452, de 1º de mayo de 1943; revoca la Ley Delegada nº 4, de 26 de septiembre de 1962, la Ley nº 11.887, de 24 de diciembre de 2008, y disposiciones del Decreto-Ley nº 73, de 21 de noviembre de 1966; y dicta otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º Se instituye la Declaración de Derechos de Libertad Económica, que establece normas de protección de la libre iniciativa y del libre ejercicio de la actividad económica y disposiciones sobre la actuación del Estado como agente normativo y regulador, en los términos del inciso IV del caput del art. 1º, del párrafo único del art. 170 y del caput del art. 174 de la Constitución Federal.
§ 1º Lo dispuesto en esta Ley será observado en la aplicación y en la interpretación del derecho civil, empresarial, económico, urbanístico y del trabajo en las relaciones jurídicas que se encuentren en su ámbito de aplicación y en la ordenación pública, inclusive sobre ejercicio de las profesiones, comercio, juntas comerciales, registros públicos, tránsito, transporte y protección del medio ambiente.
§ 2º Se interpretan en favor de la libertad económica, de la buena fe y del respeto a los contratos, a las inversiones y a la propiedad todas las normas de ordenación pública sobre actividades económicas privadas.
§ 3º Lo dispuesto en los arts. 1º, 2º, 3º y 4º de esta Ley no se aplica al derecho tributario ni al derecho financiero, salvo el inciso X del caput del art. 3º.
§ 3º Lo dispuesto en este Capítulo y en los Capítulos II y III de esta Ley no se aplica al derecho tributario ni al derecho financiero, salvo lo dispuesto en el inciso X del caput del art. 3º de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.195, de 2021)
§ 4º Lo dispuesto en los arts. 1º, 2º, 3º y 4º de esta Ley constituye norma general de derecho económico, conforme a lo dispuesto en el inciso I del caput y en los §§ 1º, 2º, 3º y 4º del art. 24 de la Constitución Federal, y será observado para todos los actos públicos de liberación de la actividad económica ejecutados por los Estados, por el Distrito Federal y por los Municipios, en los términos del § 2º de este artículo.
§ 5º Lo dispuesto en el inciso IX del caput del art. 3º de esta Ley no se aplica a los Estados, al Distrito Federal ni a los Municipios, excepto si:
I - el acto público de liberación de la actividad económica fuere derivado o delegado por legislación ordinaria federal; o
II - el ente federativo o el órgano responsable del acto decidiere vincularse a lo dispuesto en el inciso IX del caput del art. 3º de esta Ley por medio de instrumento válido y propio.
§ 6º Para los fines de lo dispuesto en esta Ley, se consideran actos públicos de liberación la licencia, la autorización, la concesión, la inscripción, el permiso, el alvará, el catastro, la acreditación, el estudio, el plan, el registro y los demás actos exigidos, bajo cualquier denominación, por órgano o entidad de la administración pública en la aplicación de la legislación, como condición para el ejercicio de la actividad económica, inclusive el inicio, la continuación y el fin para la instalación, la construcción, la operación, la producción, el funcionamiento, el uso, el ejercicio o la realización, en el ámbito público o privado, de actividad, servicio, establecimiento, profesión, instalación, operación, producto, equipo, vehículo, edificación y otros.
Art. 2º Son principios que orientan lo dispuesto en esta Ley:
I - la libertad como una garantía en el ejercicio de actividades económicas;
II - la buena fe del particular ante el poder público;
III - la intervención subsidiaria y excepcional del Estado sobre el ejercicio de actividades económicas; y
IV - el reconocimiento de la vulnerabilidad del particular ante el Estado.
Párrafo único. Un reglamento dispondrá sobre los criterios de evaluación para la exclusión del inciso IV del caput de este artículo, limitados a cuestiones de mala fe, hipersuficiencia o reincidencia.
CAPÍTULO II — DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LIBERTAD ECONÓMICA
Art. 3º Son derechos de toda persona, natural o jurídica, esenciales para el desarrollo y el crecimiento económicos del País, observado lo dispuesto en el párrafo único del art. 170 de la Constitución Federal:
I - desarrollar actividad económica de bajo riesgo, para la cual se valga exclusivamente de propiedad privada propia o de terceros consensuales, sin necesidad de ningún acto público de liberación de la actividad económica;
II - desarrollar actividad económica en cualquier horario o día de la semana, inclusive feriados, sin que para ello esté sujeta a cobros o cargos adicionales, observadas:
a) las normas de protección del medio ambiente, incluidas las de represión de la contaminación sonora y de la perturbación de la tranquilidad pública;
b) las restricciones derivadas de contrato, de reglamento de condominio o de otro negocio jurídico, así como las que resulten de las normas de derecho real, incluidas las de derecho de vecindad; y
c) la legislación laboral;
III - definir libremente, en mercados no regulados, el precio de productos y de servicios como consecuencia de alteraciones de la oferta y de la demanda;
IV - recibir trato isonómico de órganos y de entidades de la administración pública en cuanto al ejercicio de actos de liberación de la actividad económica, hipótesis en la cual el acto de liberación estará vinculado a los mismos criterios de interpretación adoptados en decisiones administrativas análogas anteriores, observado lo dispuesto en el reglamento;
V - gozar de presunción de buena fe en los actos practicados en el ejercicio de la actividad económica, para los cuales las dudas de interpretación del derecho civil, empresarial, económico y urbanístico serán resueltas de forma que se preserve la autonomía privada, excepto si existiere expresa disposición legal en contrario;
VI - desarrollar, ejecutar, operar o comercializar nuevas modalidades de productos y de servicios cuando las normas infralegales se hubieren vuelto obsoletas por efecto de desarrollo tecnológico consolidado internacionalmente, en los términos establecidos en el reglamento, que disciplinará los requisitos para la evaluación de la situación concreta, los procedimientos, el momento y las condiciones de los efectos;
VII - (VETADO);
VIII - tener la garantía de que los negocios jurídicos empresariales paritarios serán objeto de libre estipulación de las partes pactantes, de forma que se apliquen todas las reglas de derecho empresarial solo de manera subsidiaria a lo convenido, excepto las normas de orden público;
IX - tener la garantía de que, en las solicitudes de actos públicos de liberación de la actividad económica que se sujeten a lo dispuesto en esta Ley, presentados todos los elementos necesarios para la instrucción del proceso, el particular será notificado expresa e inmediatamente del plazo máximo estipulado para el análisis de su solicitud y de que, transcurrido el plazo fijado, el silencio de la autoridad competente implicará aprobación tácita para todos los efectos, salvo las hipótesis expresamente vedadas por la ley;(Véase el Decreto nº 10.178, de 2019)
X - archivar cualquier documento por medio de microfilme o por medio digital, conforme a la técnica y los requisitos establecidos en el reglamento, hipótesis en la cual se equiparará a documento físico para todos los efectos legales y para la comprobación de cualquier acto de derecho público; (Reglamento)
XI - no serle exigida medida o prestación compensatoria o mitigatoria abusiva, en sede de estudios de impacto u otras liberaciones de actividad económica en el derecho urbanístico, entendida como aquella que:
a) (VETADO);
b) requiera medida que ya estaba planificada para su ejecución antes de la solicitud del particular, sin que la actividad económica altere la demanda para la ejecución de dicha medida;
c) se sirva del particular para realizar ejecuciones que compensen impactos que existirían independientemente del emprendimiento o de la actividad económica solicitada;
d) requiera la ejecución o prestación de cualquier tipo para áreas o situación más allá de aquellas directamente impactadas por la actividad económica; o
e) se muestre sin razonabilidad o desproporcionada, inclusive utilizada como medio de coacción o intimidación; y
XII - no serle exigido por la administración pública directa o indirecta certificado sin previsión expresa en la ley.
§ 1º Para los fines de lo dispuesto en el inciso I del caput de este artículo:
I - un acto del Poder Ejecutivo federal dispondrá sobre la clasificación de actividades de bajo riesgo que deberá observarse en ausencia de legislación estadual, distrital o municipal específica;
II - en la hipótesis de ausencia del acto del Poder Ejecutivo federal a que se refiere el inciso I de este párrafo, se aplicará la resolución del Comité para la Gestión de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (CGSIM), independientemente de la adhesión del ente federativo a la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim); y
III - en la hipótesis de existencia de legislación estadual, distrital o municipal sobre la clasificación de actividades de bajo riesgo, el ente federativo que dicte o hubiere dictado norma específica remitirá notificación al Ministerio de Economía sobre la emisión de su norma.
§ 2º La fiscalización del ejercicio del derecho a que se refiere el inciso I del caput de este artículo se realizará posteriormente, de oficio o como consecuencia de denuncia remitida a la autoridad competente.
§ 3º Lo dispuesto en el inciso III del caput de este artículo no se aplica:
I - a las situaciones en que el precio de productos y de servicios sea utilizado con la finalidad de reducir el valor del tributo, de postergar su recaudación o de remitir utilidades en forma de costos al exterior; y
II - a la legislación de defensa de la competencia, a los derechos del consumidor ni a las demás disposiciones protegidas por ley federal.
§ 4º Para los fines de lo dispuesto en el inciso VII del caput de este artículo, se entiende por restringido el grupo cuya cantidad de integrantes no sea superior a los límites específicos establecidos para la práctica de la modalidad de implementación, prueba u oferta, conforme a lo establecido en ordenanza del Secretario Especial de Productividad, Empleo y Competitividad del Ministerio de Economía. (Revocado por la Medida Provisional nº 915, de 2019) (Revocado por la Ley 14.011, de 2020)
§ 5º Lo dispuesto en el inciso VIII del caput de este artículo no se aplica a la empresa pública ni a la sociedad de economía mixta definidas en los arts. 3º y 4º de la Ley nº 13.303, de 30 de junio de 2016.
§ 6º Lo dispuesto en el inciso IX del caput de este artículo no se aplica cuando:
I - versare sobre cuestiones tributarias de cualquier especie o sobre la concesión de registro de marcas;
II - la decisión implicare compromiso financiero de la administración pública; y
III - existiere objeción expresa en tratado vigente en el País.
§ 7º La aprobación tácita prevista en el inciso IX del caput de este artículo no se aplica cuando la titularidad de la solicitud corresponda a agente público o a su cónyuge, compañero o pariente en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el 3º (tercer) grado, dirigida a autoridad administrativa o política del propio órgano o entidad de la administración pública en que desarrolle sus actividades funcionales.
§ 8º El plazo a que se refiere el inciso IX del caput de este artículo será definido por el órgano o por la entidad de la administración pública solicitada, observados los principios de impersonalidad y de eficiencia y los límites máximos establecidos en el reglamento.
§ 9º (VETADO).
§ 10. Lo dispuesto en el inciso XI del caput de este artículo no se aplica a las situaciones de acuerdo resultantes de ilicitud.
§ 11. Para los fines del inciso XII del caput de este artículo, es ilegal delimitar plazo de validez de certificado emitido sobre hecho inmutable, inclusive sobre el fallecimiento.
§ 12. Lo dispuesto en el inciso IX del caput no se aplica a las actividades con impacto significativo en el medio ambiente, conforme a lo establecido por el órgano ambiental competente.(Incluido por la Medida Provisoria nº 915, de 2019)
CAPÍTULO III — DE LAS GARANTÍAS DE LIBRE INICIATIVA
Art. 4º Es deber de la administración pública y de las demás entidades vinculadas a esta Ley, en el ejercicio de la reglamentación de norma pública perteneciente a la legislación sobre la cual versa esta Ley, salvo en estricto cumplimiento de previsión explícita en ley, evitar el abuso del poder regulatorio de manera que, indebidamente:
I - se cree reserva de mercado al favorecer, en la regulación, a un grupo económico o profesional, en perjuicio de los demás competidores;
II - se redacten enunciados que impidan la entrada de nuevos competidores nacionales o extranjeros en el mercado;
III - se exija una especificación técnica que no sea necesaria para alcanzar el fin deseado;
IV - se redacten enunciados que impidan o retarden la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, procesos o modelos de negocios, salvo las situaciones consideradas en reglamento como de alto riesgo;
V - se aumenten los costos de transacción sin demostración de beneficios;
VI - se cree demanda artificial o compulsoria de producto, servicio o actividad profesional, incluso el uso de notarías, registros o padrones;
VII - se introduzcan límites a la libre formación de sociedades empresariales o de actividades económicas;
VIII - se restrinja el uso y el ejercicio de la publicidad y propaganda sobre un sector económico, salvo las hipótesis expresamente prohibidas en ley federal; y
IX - se exijan, bajo el pretexto de inscripción tributaria, requerimientos de otra naturaleza de manera que se mitiguen los efectos del inciso I del caput del art. 3º de esta Ley.
Art. 4º-A Es deber de la administración pública y de las demás entidades sujetas a esta Ley, en la aplicación de la ordenación pública sobre actividades económicas privadas: (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
I - dispensar trato justo, previsible e isonómico entre los agentes económicos; (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
II - proceder al levantamiento de actas de infracción o aplicar sanciones con base en términos subjetivos o abstractos solamente cuando estos hayan sido debidamente reglamentados por medio de criterios claros, objetivos y previsibles; y (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
III - observar el criterio de doble visita para el levantamiento de actas de infracción derivadas del ejercicio de actividad considerada de bajo o medio riesgo. (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
§ 1º Los órganos y las entidades competentes, en la forma del inciso II del caput de este artículo, editarán actos normativos para definir la aplicación y la incidencia de conceptos subjetivos o abstractos por medio de criterios claros, objetivos y previsibles, observado que: (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
I - en los casos de imprescindibilidad de juicio subjetivo para la aplicación de la sanción, el acto normativo determinará el procedimiento para su evaluación, de forma que se garantice la mayor previsibilidad e impersonalidad posibles; (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
II - la competencia para la edición de los actos normativos infralegales equivalentes a que se refiere este párrafo podrá ser delegada por el Poder competente conforme a su autonomía, así como por el órgano o la entidad responsable del levantamiento del acta de infracción. (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
§ 2º Para los fines administrativos, de control y judiciales, se consideran plenamente atendidos por la administración pública los requisitos previstos en el inciso II del caput de este artículo, cuando la abogacía pública, en el ámbito de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, dentro de los límites de la respectiva competencia, haya analizado previamente el acto de que trata el § 1º de este artículo. (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
§ 3º Los órganos y las entidades deberán editar los actos normativos previstos en el § 1º de este artículo en el plazo de 4 (cuatro) años, pudiendo el Poder Ejecutivo establecer un plazo inferior en reglamento. (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
§ 4º Lo dispuesto en el inciso II del caput de este artículo se aplica exclusivamente al acto de levantamiento derivado de infracciones referentes a materias en las cuales la actividad haya sido considerada de bajo o medio riesgo, no aplicándose a órganos y entidades de la administración pública que no la hayan clasificado así, de forma directa o indirecta, de acuerdo con los siguientes criterios: (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
I - directa, cuando sea realizada por el propio órgano o entidad de la administración pública que procede al levantamiento; y (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
II - indirecta, cuando el nivel de riesgo aplicable derive de norma jerárquicamente superior o subsidiaria, por fuerza de ley, siempre que la clasificación se refiera explícitamente a la materia sobre la cual se procederá al levantamiento. (Incluido por la Ley 14.195, de 2021)
CAPÍTULO IV — DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
Art. 5º Las propuestas de edición y de modificación de actos normativos de interés general de agentes económicos o de usuarios de los servicios prestados, editados por órgano o entidad de la administración pública federal, incluidas las autarquías y las fundaciones públicas, serán precedidas de la realización de un análisis de impacto regulatorio, que contendrá informaciones y datos sobre los posibles efectos del acto normativo para verificar la razonabilidad de su impacto económico. (Reglamento)
Párrafo único. Un reglamento dispondrá sobre la fecha de inicio de la exigencia de que trata el caput de este artículo y sobre el contenido y la metodología del análisis de impacto regulatorio, los requisitos mínimos que serán objeto de examen, las hipótesis en que su realización será obligatoria y las hipótesis en que podrá ser dispensada.
CAPÍTULO V — DE LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y DISPOSICIONES FINALES
Art. 6º Queda extinguido el Fondo Soberano de Brasil (FSB), fondo especial de naturaleza contable y financiera, vinculado al Ministerio de Economía, creado por la Ley 11.887, de 24 de diciembre de 2008.
Art. 7º La Ley 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“ Art. 49-A. La persona jurídica no se confunde con sus socios, asociados, instituidores o administradores.
Párrafo único. La autonomía patrimonial de las personas jurídicas es un instrumento lícito de asignación y segregación de riesgos, establecido por la ley con la finalidad de estimular emprendimientos, para la generación de empleos, tributos, renta e innovación en beneficio de todos.”
“ Art. 50. En caso de abuso de la personalidad jurídica, caracterizado por el desvío de finalidad o por la confusión patrimonial, el juez puede, a requerimiento de la parte, o del Ministerio Público cuando le corresponda intervenir en el proceso, desestimarla para que los efectos de ciertas y determinadas relaciones de obligaciones se extiendan a los bienes particulares de administradores o de socios de la persona jurídica beneficiados directa o indirectamente por el abuso.
§ 1º Para los fines de lo dispuesto en este artículo, desvío de finalidad es la utilización de la persona jurídica con el propósito de perjudicar a acreedores y para la práctica de actos ilícitos de cualquier naturaleza.
§ 2º Se entiende por confusión patrimonial la ausencia de separación de hecho entre los patrimonios, caracterizada por:
I - cumplimiento repetitivo por la sociedad de obligaciones del socio o del administrador o viceversa;
II - transferencia de activos o de pasivos sin contraprestaciones efectivas, excepto los de valor proporcionalmente insignificante; y
III - otros actos de incumplimiento de la autonomía patrimonial.
§ 3º Lo dispuesto en el caput y en los §§ 1º y 2º de este artículo también se aplica a la extensión de las obligaciones de socios o de administradores a la persona jurídica.
§ 4º La mera existencia de grupo económico sin la presencia de los requisitos de que trata el caput de este artículo no autoriza la desestimación de la personalidad de la persona jurídica.
§ 5º No constituye desvío de finalidad la mera expansión o la alteración de la finalidad original de la actividad económica específica de la persona jurídica.” (NR)
“Art. 113.......................................................................................................................
§ 1º La interpretación del negocio jurídico debe atribuirle el sentido que:
I - sea confirmado por el comportamiento de las partes posterior a la celebración del negocio;
II - corresponda a los usos, costumbres y prácticas del mercado relativos al tipo de negocio;
III - corresponda a la buena fe;
IV - sea más beneficioso para la parte que no redactó la disposición, si es identificable; y
V - corresponda a cuál habría sido la razonable negociación de las partes sobre la cuestión discutida, inferida de las demás disposiciones del negocio y de la racionalidad económica de las partes, consideradas las informaciones disponibles en el momento de su celebración.
§ 2º Las partes podrán pactar libremente reglas de interpretación, de llenado de lagunas y de integración de los negocios jurídicos diversas de las previstas en la ley.” (NR)
“ Art. 421. La libertad contractual se ejercerá dentro de los límites de la función social del contrato.
Párrafo único. En las relaciones contractuales privadas, prevalecerán el principio de la intervención mínima y la excepcionalidad de la revisión contractual.” (NR)
“Art. 421-A. Los contratos civiles y empresariales se presumen paritarios y simétricos hasta la presencia de elementos concretos que justifiquen el apartamiento de esa presunción, salvo los regímenes jurídicos previstos en leyes especiales, garantizándose también que:
I - las partes negociantes podrán establecer parámetros objetivos para la interpretación de las cláusulas negociales y de sus presupuestos de revisión o de resolución;
II - la asignación de riesgos definida por las partes debe ser respetada y observada; y
III - la revisión contractual solamente ocurrirá de manera excepcional y limitada.”
“Art. 980-A................................................................................................................
....................................................................................................................................
§ 7º Solamente el patrimonio social de la empresa responderá por las deudas de la empresa individual de responsabilidad limitada, hipótesis en la que no se confundirá, en ninguna situación, con el patrimonio del titular que la constituye, salvo los casos de fraude.” (NR)
“Art. 1.052...............................................................................................................
§ 1º La sociedad limitada puede ser constituida por 1 (una) o más personas.
§ 2º Si fuere unipersonal, se aplicarán al documento de constitución del socio único, en lo que corresponda, las disposiciones sobre el contrato social.” (NR)
“CAPÍTULO X
DEL FONDO DE INVERSIÓN
‘ Art. 1.368-C. El fondo de inversión es una comunión de recursos, constituido bajo la forma de condominio de naturaleza especial, destinado a la aplicación en activos financieros, bienes y derechos de cualquier naturaleza.
§ 1º No se aplican al fondo de inversión las disposiciones contenidas en los arts. 1.314 al 1.358-A de este Código.
§ 2º Corresponderá a la Comisión de Valores Mobiliarios disciplinar lo dispuesto en el caput de este artículo.
§ 3º El registro de los reglamentos de los fondos de inversión en la Comisión de Valores Mobiliarios es condición suficiente para garantizar su publicidad y la oponibilidad de efectos frente a terceros.’
‘Art. 1.368-D. El reglamento del fondo de inversión podrá, observado lo dispuesto en la reglamentación a que se refiere el § 2º del art. 1.368-C de esta Ley, establecer:
I - la limitación de la responsabilidad de cada inversor al valor de sus cuotas;
II - la limitación de la responsabilidad, así como parámetros para su evaluación, de los prestadores de servicios del fondo de inversión, ante el condominio y entre sí, al cumplimiento de los deberes particulares de cada uno, sin solidaridad; y
III - clases de cuotas con derechos y obligaciones distintos, con posibilidad de constituir patrimonio segregado para cada clase.
§ 1º La adopción de la responsabilidad limitada por un fondo de inversión constituido sin la limitación de responsabilidad solamente abarcará hechos ocurridos después del respectivo cambio en su reglamento.
§ 2º La evaluación de responsabilidad de los prestadores de servicios deberá tener siempre en consideración los riesgos inherentes a las inversiones en los mercados de actuación del fondo de inversión y la naturaleza de obligación de medios de sus servicios.
§ 3º El patrimonio segregado referido en el inciso III del caput de este artículo solo responderá por obligaciones vinculadas a la clase respectiva, en los términos del reglamento.’
‘Art. 1.368-E. Los fondos de inversión responden directamente por las obligaciones legales y contractuales por ellos asumidas, y los prestadores de servicios no responden por dichas obligaciones, pero responden por los perjuicios que causen cuando procedan con dolo o mala fe.
§ 1º Si el fondo de inversión con limitación de responsabilidad no posee patrimonio suficiente para responder por sus deudas, se aplican las reglas de insolvencia previstas en los arts. 955 a 965 de este Código.
§ 2º La insolvencia puede ser solicitada judicialmente por acreedores, por deliberación propia de los cuotapartistas del fondo de inversión, en los términos de su reglamento, o por la Comisión de Valores Mobiliarios.’
‘Art. 1.368-F. El fondo de inversión constituido por ley específica y reglamentado por la Comisión de Valores Mobiliarios deberá, en lo que corresponda, seguir las disposiciones de este Capítulo.’”
Art. 8º El art. 85 de la Ley 6.404, de 15 de diciembre de 1976, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 85......................................................................................................
§ 1º La suscripción podrá realizarse, en las condiciones previstas en el prospecto, por carta a la institución, acompañada de las declaraciones a que se refiere este artículo y del pago de la entrada.
§ 2º Se dispensará la firma de lista o de boletín a que se refiere el caput de este artículo en el caso de oferta pública cuya liquidación se realice por medio de sistema administrado por entidad administradora de mercados organizados de valores mobiliarios.” (NR)
Art. 9º El art. 4º de la Ley 11.598, de 3 de diciembre de 2007, pasa a regir adicionado con el siguiente § 5º:
“Art. 4º..........................................................................................................
.........................................................................................................................
§ 5º Acto del Poder Ejecutivo federal dispondrá sobre la clasificación mínima de actividades de bajo riesgo, válida para todos los integrantes de la Redesim, observada la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, caso en el cual la autodeclaración de encuadramiento será solicitud suficiente, hasta que se presente prueba en contrario.” (NR)
Art. 10. La Ley 12.682, de 9 de julio de 2012, pasa a regir adicionada con el siguiente art. 2º-A:
“Art. 2º-A. Queda autorizado el almacenamiento, en medio electrónico, óptico o equivalente, de documentos públicos o privados, compuestos por datos o por imágenes, observado lo dispuesto en esta Ley, en las legislaciones específicas y en el reglamento.
§ 1º Tras la digitalización, constatada la integridad del documento digital en los términos establecidos en el reglamento, el original podrá ser destruido, salvo los documentos de valor histórico, cuya preservación observará lo dispuesto en la legislación específica.
§ 2º El documento digital y su reproducción, en cualquier medio, realizada de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, para todos los efectos de derecho, incluso para atender el poder fiscalizador del Estado.
§ 3º Transcurridos los respectivos plazos de caducidad o de prescripción, los documentos almacenados en medio electrónico, óptico o equivalente podrán ser eliminados.
§ 4º Los documentos digitalizados conforme a lo dispuesto en este artículo tendrán el mismo efecto jurídico conferido a los documentos microfilmados, en los términos de la Ley 5.433, de 8 de mayo de 1968, y de su reglamentación posterior.
§ 5º Acto del Secretario de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía establecerá los documentos cuya reproducción contendrá código de autenticación verificable.
§ 6º Acto del Consejo Monetario Nacional dispondrá sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el § 1º de este artículo, en relación con los documentos referentes a operaciones y transacciones realizadas en el sistema financiero nacional.
§ 7º Es lícita la reproducción de documento digital, en papel o en cualquier otro medio físico, que contenga mecanismo de verificación de integridad y autenticidad, de la manera y con la técnica definidas por el mercado, y corresponde al particular la carga de demostrar íntegramente la presencia de tales requisitos.
§ 8º Para garantizar la preservación de la integridad, de la autenticidad y de la confidencialidad de documentos públicos se usará certificación digital conforme al estándar de la Infraestructura de Claves Públicas Brasileña (ICP-Brasil).”
Art. 11. El Decreto-Ley 9.760, de 5 de septiembre de 1946, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 14. De la decisión dictada por el Secretario de Coordinación y Gobernanza del Patrimonio de la Unión de la Secretaría Especial de Desestatización, Desinversión y Mercados del Ministerio de Economía se dará conocimiento a los recurrentes, quienes, en el plazo de 20 (veinte) días, contado a partir de la fecha en que tengan conocimiento de ella, podrán interponer recurso, sin efecto suspensivo, dirigido al superior jerárquico, en última instancia.” (NR)
“Art. 100.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
§ 5º Considerada improcedente la impugnación, la autoridad someterá el recurso a la autoridad superior, en los términos establecidos en el reglamento.
.............................................................................................................................” (NR)
“Art. 216. El Ministro de Estado de Economía, directamente o por acto del Secretario Especial de Desestatización, Desinversión y Mercados del Ministerio de Economía, oído previamente el Secretario de Coordinación y Gobernanza del Patrimonio de la Unión, dictará los actos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en este Decreto-Ley.” (NR)
Art. 12. El art. 1º de la Ley 6.015, de 31 de diciembre de 1973, pasa a regir adicionado con el siguiente § 3º:
“Art. 1º........................................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 3º Los registros podrán ser asentados, publicitados y conservados en medio electrónico, observados los estándares tecnológicos establecidos en el reglamento.” (NR)
Art. 13. La Ley 10.522, de 19 de julio de 2002, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 18-A. Un comité formado por integrantes del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales, de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Economía y de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional emitirá enunciados de súmula de la administración tributaria federal, conforme a lo dispuesto en acto del Ministro de Estado de Economía, los cuales deberán ser observados en los actos administrativos, normativos y decisorios practicados por los referidos órganos.”
“Art. 19. Queda la Procuraduría General de la Hacienda Nacional dispensada de contestar, de presentar contrarrazones y de interponer recursos, y queda autorizada a desistir de recursos ya interpuestos, siempre que no exista otro fundamento relevante, en el caso de que la acción o la decisión judicial o administrativa verse sobre:
.....................................................................................................................................
II - tema que sea objeto de dictamen, vigente y aprobado, por el Procurador General de la Hacienda Nacional, que concluya en el mismo sentido que la pretensión del particular;
......................................................................................................................................
IV - tema sobre el cual exista súmula o dictamen del Abogado General de la Unión que concluya en el mismo sentido que la pretensión del particular;
V - tema fundado en disposición legal que haya sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal en sede de control difuso y cuya ejecución haya sido suspendida por resolución del Senado Federal, o tema sobre el cual exista enunciado de súmula vinculante o que haya sido definido por el Supremo Tribunal Federal en sentido desfavorable a la Hacienda Nacional en sede de control concentrado de constitucionalidad;
VI - tema decidido por el Supremo Tribunal Federal, en materia constitucional, o por el Superior Tribunal de Justicia, por el Tribunal Superior del Trabajo, por el Tribunal Superior Electoral o por la Sala Nacional de Uniformización de Jurisprudencia, en el ámbito de sus competencias, cuando:
a) sea definido en sede de repercusión general o recurso repetitivo; o
b) no haya viabilidad de revertir la tesis fijada en sentido desfavorable a la Hacienda Nacional, conforme a criterios definidos en acto del Procurador General de la Hacienda Nacional; y
VII - tema que sea objeto de súmula de la administración tributaria federal de que trata el art. 18-A de esta Ley.
......................................................................................................................................
§ 3º (Revocado);
§ 4º (Revocado);
§ 5º (Revocado);
.......................................................................................................................................
§ 7º (Revocado).
§ 8º El dictamen de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional que examina la juridicidad de proposiciones normativas no se encuadra en lo dispuesto en el inciso II del caput de este artículo.
§ 9º La dispensa de que tratan los incisos V y VI del caput de este artículo podrá extenderse a tema no abarcado por lo juzgado, cuando le sean aplicables los fundamentos determinantes extraídos del juicio paradigma o de la jurisprudencia consolidada, siempre que no exista otro fundamento relevante que justifique la impugnación en juicio.
§ 10. Lo dispuesto en este artículo se extiende, en lo que corresponda, a los demás medios de impugnación de las decisiones judiciales.
§ 11. Lo dispuesto en este artículo se aplica a todas las causas en que las unidades de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional deban actuar en calidad de representante judicial o de autoridad coatora.
§ 12. Los órganos del Poder Judicial y las unidades de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional podrán, de común acuerdo, realizar esfuerzos concentrados para el análisis del encuadramiento de procesos o de recursos en los supuestos previstos en este artículo y celebrar negocios procesales con fundamento en lo dispuesto en el art. 190 de la Ley 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil).
§ 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el § 12 de este artículo, la Procuraduría General de la Hacienda Nacional reglamentará la celebración de negocios jurídicos procesales en su ámbito de actuación, incluso en el cobro administrativo o judicial de la deuda activa de la Unión.” (NR)
“Art. 19-A. Los Auditores Fiscales de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil no constituirán los créditos tributarios relativos a los temas de que trata el art. 19 de esta Ley, observado:
I - lo dispuesto en el dictamen a que se refiere el inciso II del caput del art. 19 de esta Ley, que será aprobado en la forma del art. 42 de la Ley Complementaria 73, de 10 de febrero de 1993, o que contará con la conformidad con su aplicación por parte de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Economía;
II - el dictamen a que se refiere el inciso IV del caput del art. 19 de esta Ley, que será aprobado en la forma de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley Complementaria 73, de 10 de febrero de 1993, o que, cuando no sea aprobado por despacho del Presidente de la República, contará con la conformidad con su aplicación por parte del Ministro de Estado de Economía; o
III - en los supuestos de que tratan el inciso VI del caput y el § 9º del art. 19 de esta Ley, la Procuraduría General de la Hacienda Nacional deberá manifestarse sobre las materias abarcadas por esas disposiciones.
§ 1º Los Auditores Fiscales de la Secretaría Especial de la Receita Federal do Brasil del Ministerio de Economía adoptarán, en sus decisiones, el entendimiento al que estén vinculados, inclusive para fines de revisión de oficio del lanzamiento y de repetición de lo indebido en sede administrativa.
§ 2º Lo dispuesto en este artículo se aplica, en lo que corresponda, a los responsables de la retención de tributos y, cuando emitan dictámenes periciales para atestiguar la existencia de condiciones que generen exención de tributos, a los servicios médicos oficiales.”
“Art. 19-B. Los demás órganos de la administración pública que administren créditos tributarios y no tributarios susceptibles de inscripción y de cobro por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional quedan dispensados de constituir y de promover el cobro con fundamento en las hipótesis de dispensa a que se refiere el art. 19 de esta Ley.
Párrafo único. La aplicación de lo dispuesto en el caput de este artículo observará, en lo que corresponda, las disposiciones del art. 19-A de esta Ley.”
“Art. 19-C. La Procuraduría General de la Hacienda Nacional podrá dispensar la práctica de actos procesales, inclusive el desistimiento de recursos interpuestos, cuando el beneficio patrimonial pretendido con el acto no cumpla los criterios de racionalidad, de economicidad y de eficiencia.
§ 1º Lo dispuesto en el caput de este artículo incluye el establecimiento de parámetros de valor para la dispensa de la práctica de actos procesales.
§ 2º La aplicación de lo dispuesto en este artículo no implicará el reconocimiento de la procedencia del pedido formulado por el autor.
§ 3º Lo dispuesto en este artículo se aplica, inclusive, a la actuación de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional en el ámbito del contencioso administrativo fiscal.”
“Art. 19-D. A la Procuraduría General de la Unión, a la Procuraduría General Federal y a la Procuraduría General del Banco Central de Brasil se aplica, en lo que corresponda, lo dispuesto en los arts. 19, 19-B y 19-C de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley nº 9.469, de 10 de julio de 1997. (Revocado por la Medida Provisional nº 1.090, de 2021) (Revocado por la Ley nº 14.375, de 2022)
§ 1º A los órganos de la administración pública federal directa, representados por la Procuraduría General de la Unión, y a las autarquías y fundaciones públicas, representadas por la Procuraduría General Federal o por la Procuraduría General del Banco Central de Brasil, se aplica, en lo que corresponda, lo dispuesto en el art. 19-B de esta Ley.
§ 2º Un acto del Abogado General de la Unión reglamentará lo dispuesto en este artículo.”
“Art. 20. Serán archivados, sin baja en la distribución, mediante requerimiento del Procurador de la Hacienda Nacional, los autos de las ejecuciones fiscales de débitos inscritos en deuda activa de la Unión por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional o por ella cobrados, de valor consolidado igual o inferior al establecido en acto del Procurador General de la Hacienda Nacional.
..............................................................................................................................” (NR)
Art. 14. La Ley nº 8.934, de 18 de noviembre de 1994, pasa a vigorar con las siguientes modificaciones:
“Art. 4º El Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración (Drei) de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía tiene por finalidad:
.........................................................................................................................
Párrafo único. El catastro nacional a que se refiere el inciso IX del caput de este artículo se mantendrá con las informaciones originarias del catastro estadual de empresas, quedando prohibidos la exigencia de llenado de formulario por el empresario o el suministro de nuevos datos o informaciones, así como el cobro de precio por la inclusión de las informaciones en el catastro nacional.” (NR)
“Art. 31. Los actos decisorios serán publicados en el sitio de la red mundial de computadoras de la junta comercial del respectivo ente federativo.” (NR)
“Art. 32.......................................................................................................................
§ 1º Los actos, los documentos y las declaraciones que contengan informaciones meramente catastrales serán llevados automáticamente a registro si pudieren ser obtenidos de otras bases de datos disponibles en órganos públicos.
§ 2º Un acto del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración definirá los actos, los documentos y las declaraciones que contengan informaciones meramente catastrales.” (NR)
“Art. 35.......................................................................................................................
......................................................................................................................................
VIII - (revocado).
Párrafo único. El registro de los actos constitutivos y de sus modificaciones y extinciones ocurrirá independientemente de autorización gubernamental previa, y los órganos públicos deberán ser informados por la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim) respecto de los registros sobre los cuales manifiesten interés.” (NR)
“Art. 41......................................................................................................................
I -..................................................................................................................................
a) de los actos de constitución de sociedades anónimas;
........................................................................................................................
Párrafo único. Las solicitudes de archivo a que se refiere el inciso I del caput de este artículo serán decididas en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, contado desde la fecha de su recepción, bajo pena de que los actos sean considerados archivados, a instancia de los interesados, sin perjuicio del examen de las formalidades legales por la procuraduría.” (NR)
“Art. 42.......................................................................................................................
§ 1º..............................................................................................................................
§ 2º Las solicitudes de archivo no previstas en el inciso I del caput del art. 41 de esta Ley serán decididas en el plazo de 2 (dos) días hábiles, contado desde la fecha de su recepción, bajo pena de que los actos sean considerados archivados, a instancia de los interesados, sin perjuicio del examen de las formalidades legales por la procuraduría.
§ 3º El archivo de los actos constitutivos y de modificaciones no previstos en el inciso I del caput del art. 41 de esta Ley tendrá el registro concedido automáticamente en caso de cumplirse los requisitos de:
I - aprobación de la consulta previa de viabilidad del nombre empresarial y de viabilidad de ubicación, cuando el acto lo exija; y
II - utilización por el solicitante del instrumento estándar establecido por el Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración (Drei) de la Secretaría de Gobierno Digital de la Secretaría Especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía.
§ 4º El archivo de los actos de extinción no previstos en el inciso I del caput del art. 41 de esta Ley tendrá el registro concedido automáticamente en caso de utilización por el solicitante del instrumento estándar establecido por el Drei.
§ 5º En las hipótesis a que se refieren los §§ 3º y 4º del caput de este artículo, el análisis del cumplimiento de las formalidades legales se hará posteriormente, en el plazo de 2 (dos) días hábiles, contado desde la fecha de la concesión automática del registro.
§ 6º Tras el análisis a que se refiere el § 5º de este artículo, la identificación de la existencia de vicio acarreará:
I - la cancelación del archivo, si el vicio fuere insubsanable; o
II - la observancia del procedimiento establecido por el Drei, si el vicio fuere subsanable.” (NR)
“Art. 44.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
III - Recurso al Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración.” (NR)
“Art. 47. De las decisiones del pleno cabe recurso al Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración como última instancia administrativa.
Párrafo único. (Revocado).” (NR)
“Art. 54. La prueba de la publicidad de actos societarios, cuando sea exigida por ley, se hará mediante anotación en los registros de la junta comercial a la vista de la presentación de la hoja del Diario Oficial, en su versión electrónica, quedando dispensada la agregación de la mencionada hoja.” (NR)
“Art. 55. Compete al Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración proponer la elaboración de la tabla de precios de los servicios pertinentes al Registro Público de Empresas Mercantiles, en la parte relativa a los actos de naturaleza federal, así como especificar los actos que deberán observar las juntas comerciales en la elaboración de sus tablas locales.
§ 1º.................................................................................................................
§ 2º Se prohíbe el cobro de precio por el servicio de archivo de los documentos relativos a la extinción del registro del empresario individual, de la empresa individual de responsabilidad limitada (Eireli) y de la sociedad limitada.” (NR)
“Art. 63..........................................................................................................
§ 1º La copia de documento, autenticada en la forma prevista en la ley, dispensará nueva verificación con el documento original.
§ 2º La autenticación del documento podrá realizarse mediante comparación entre el documento original y su copia por el servidor ante quien el documento sea presentado.
§ 3º Queda dispensada la autenticación a que se refiere el § 1º del caput de este artículo cuando el abogado o el contador de la parte interesada declare, bajo su responsabilidad personal, la autenticidad de la copia del documento.” (NR)
“Art. 65-A. Los actos de constitución, modificación, transformación, incorporación, fusión, escisión, disolución y extinción de registro de empresarios y de personas jurídicas podrán realizarse también por medio de un sistema electrónico creado y mantenido por la administración pública federal.”
Art. 15. La Consolidación de las Leyes del Trabajo, aprobada por el Decreto-Ley nº 5.452, de 1º de mayo de 1943, pasa a vigorar con las siguientes modificaciones:
“Art. 13..........................................................................................................
.......................................................................................................................
§ 2º La Cartera de Trabajo y Previsión Social (CTPS) obedecerá a los modelos que adopte el Ministerio de Economía.
§ 3º (Revocado).
§ 4º (Revocado).” (NR)
“Art. 14. La CTPS será emitida por el Ministerio de Economía preferentemente en medio electrónico.
Párrafo único. Excepcionalmente, la CTPS podrá ser emitida en medio físico, siempre que:
I - en las unidades descentralizadas del Ministerio de Economía que estén habilitadas para la emisión;
II - mediante convenio, por órganos federales, estaduales y municipales de la administración directa o indirecta;
III - mediante convenio con servicios notariales y de registro, sin costos para la administración, garantizadas las condiciones de seguridad de las informaciones.” (NR)
“Art. 15. Los procedimientos para la emisión de la CTPS al interesado serán establecidos por el Ministerio de Economía en reglamento propio, privilegiándose la emisión en formato electrónico.” (NR)
“Art. 16. La CTPS tendrá como identificación única del empleado el número de inscripción en el Catastro de Personas Físicas (CPF).
I - (revocado);
II - (revocado);
III - (revocado);
IV - (revocado).
Párrafo único. (Revocado).
a) (revocada);
b) (revocada).” (NR)
“Art. 29. El empleador tendrá el plazo de 5 (cinco) días hábiles para anotar en la CTPS, en relación con los trabajadores que admita, la fecha de admisión, la remuneración y las condiciones especiales, si las hubiere, quedando facultada la adopción de un sistema manual, mecánico o electrónico, conforme a las instrucciones que expida el Ministerio de Economía.
.......................................................................................................................................
§ 6º La comunicación por el trabajador del número de inscripción en el CPF al empleador equivale a la presentación de la CTPS en medio digital, quedando el empleador dispensado de la emisión de recibo.
§ 7º Los registros electrónicos generados por el empleador en los sistemas informatizados de la CTPS en medio digital equivalen a las anotaciones a que se refiere esta Ley.
§ 8º El trabajador deberá tener acceso a la información de su CTPS en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de su anotación." (NR)
"Art. 40. La CTPS regularmente emitida y anotada servirá de prueba:
...................................................................................................................................
II - (revocado);
........................................................................................................................." (NR)
"Art. 74. El horario de trabajo será anotado en el registro de empleados.
§ 1º (Revocado).
§ 2º Para los establecimientos con más de 20 (veinte) trabajadores será obligatoria la anotación de la hora de entrada y de salida, en registro manual, mecánico o electrónico, conforme a las instrucciones expedidas por la Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía, permitiéndose la preasignación del período de descanso.
§ 3º Si el trabajo se ejecutare fuera del establecimiento, el horario de los empleados constará en el registro manual, mecánico o electrónico que obre en su poder, sin perjuicio de lo dispuesto en el caput de este artículo.
§ 4º Queda permitida la utilización de registro de asistencia por excepción a la jornada regular de trabajo, mediante acuerdo individual escrito, convención colectiva o acuerdo colectivo de trabajo." (NR)
"Art. 135....................................................................................................................
........................................................................................................................................
§ 3º En los casos en que el empleado posea la CTPS en medio digital, la anotación se hará en los sistemas a que se refiere el § 7º del art. 29 de esta Consolidación, en la forma del reglamento, quedando dispensadas las anotaciones de que tratan los §§ 1º y 2º de este artículo." (NR)
Art. 16. El Sistema de Escrituración Digital de las Obligaciones Fiscales, Previsionales y Laborales (eSocial) será sustituido, a nivel federal, por un sistema simplificado de escrituración digital de obligaciones previsionales, laborales y fiscales.
Párrafo único. Lo dispuesto en el caput de este artículo se aplica a las obligaciones accesorias a la versión digital gestionadas por la Receita Federal do Brasil del Libro de Control de Producción y Existencias de la Secretaría Especial de la Receita Federal do Brasil (Bloque K).
Art. 17. Quedan resguardadas la vigencia y la eficacia o los efectos de los actos declaratorios del Procurador General de la Hacienda Nacional, aprobados por el respectivo Ministro de Estado y emitidos hasta la fecha de publicación de esta Ley, en los términos del inciso II del caput del art. 19 de la Ley 10.522/02, de 19 de julio de 2002.
Art. 18. La eficacia de lo dispuesto en el inciso X del caput del art. 3º de esta Ley queda condicionada a su reglamentación mediante acto del Poder Ejecutivo federal, observándose que:
I - para documentos privados, es válido cualquier medio de comprobación de la autoría, integridad y, si fuere necesario, confidencialidad de documentos en forma electrónica, siempre que sea elegido de común acuerdo por las partes o aceptado por la persona a quien se oponga el documento; y
II - independientemente de su aceptación, el proceso de digitalización que emplee el uso de la certificación en el estándar de la Infraestructura de Claves Públicas Brasileña (ICP-Brasil) tendrá garantía de integridad, autenticidad y confidencialidad para documentos públicos y privados.
Art. 19. Quedan revocados:
I - la Ley Delegada 4/62, de 26 de septiembre de 1962;
II - las siguientes disposiciones del Decreto-Ley 73/66, de 21 de noviembre de 1966:
a) inciso III del caput del art. 5º; y
b) inciso X del caput del art. 32;
III - la Ley 11.887/08, de 24 de diciembre de 2008;
IV - (VETADO);
V - las siguientes disposiciones de la Consolidación de las Leyes del Trabajo, aprobada por el Decreto-Ley 5.452/43, de 1º de mayo de 1943:
a) art. 17;
b) art. 20;
c) art. 21;
d) art. 25;
e) art. 26;
f) art. 30;
g) art. 31;
h) art. 32;
i) art. 33;
j) art. 34;
k) inciso II del art. 40;
l) art. 53;
m) art. 54;
n) art. 56;
o) art. 141;
p) párrafo único del art. 415;
q) art. 417;
r) art. 419;
s) art. 420;
t) art. 421;
u) art. 422; y
v) art. 633;
VI - las siguientes disposiciones de la Ley 8.934/94, de 18 de noviembre de 1994:
a) párrafo único del art. 2º;
b) inciso VIII del caput del art. 35;
c) art. 43; y
d) párrafo único del art. 47.
Art. 20. Esta Ley entra en vigor:
I - (VETADO);
II - en la fecha de su publicación, para los demás artículos.
Brasilia, 20 de septiembre de 2019; 198º de la Independencia y 131º de la República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Luiz Henrique Mandetta
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 20.9.2019 - Edición extra
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