Mensaje de veto
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
TÍTULO I
Disposiciones Preliminares
CAPÍTULO I — Principios y Definiciones
Art. 1° Esta Ley regula los derechos y obligaciones concernientes a los bienes inmuebles rurales, para los fines de ejecución de la Reforma Agraria y promoción de la Política Agrícola.
§ 1° Se considera Reforma Agraria el conjunto de medidas que tengan por objeto promover una mejor distribución de la tierra, mediante modificaciones en el régimen de su posesión y uso, a fin de atender a los principios de justicia social y al aumento de la productividad.
§ 2º Se entiende por Política Agrícola el conjunto de providencias de amparo a la propiedad de la tierra, que se destinen a orientar, en el interés de la economía rural, las actividades agropecuarias, ya sea en el sentido de garantizarles el pleno empleo, ya sea en el de armonizarlas con el proceso de industrialización del país.
Art. 2° Se asegura a todos la oportunidad de acceso a la propiedad de la tierra, condicionada por su función social, en la forma prevista en esta Ley.
§ 1° La propiedad de la tierra cumple integralmente su función social cuando, simultáneamente:
a) favorece el bienestar de los propietarios y de los trabajadores que en ella laboran, así como de sus familias;
b) mantiene niveles satisfactorios de productividad;
c) asegura la conservación de los recursos naturales;
d) observa las disposiciones legales que regulan las justas relaciones de trabajo entre quienes la poseen y quienes la cultivan.
§ 2° Es deber del Poder Público:
a) promover y crear las condiciones de acceso del trabajador rural a la propiedad de la tierra económicamente útil, de preferencia en las regiones donde habita o, cuando las circunstancias regionales así lo aconsejen, en zonas previamente ajustadas en la forma dispuesta en la reglamentación de esta Ley;
b) velar por que la propiedad de la tierra cumpla su función social, estimulando planes para su racional utilización, promoviendo la justa remuneración y el acceso del trabajador a los beneficios del aumento de la productividad y al bienestar colectivo.
§ 3º A todo agricultor le asiste el derecho de permanecer en la tierra que cultive, dentro de los términos y limitaciones de esta Ley, observadas siempre que fuere el caso las normas de los contratos de trabajo.
§ 4º Se asegura a las poblaciones indígenas el derecho a la posesión de las tierras que ocupan o que les sean atribuidas de acuerdo con la legislación especial que disciplina el régimen tutelar al que están sujetas.
Art. 3º El Poder Público reconoce a las entidades privadas, nacionales o extranjeras, el derecho a la propiedad de la tierra en condominio, sea bajo la forma de cooperativas, sea como sociedades abiertas constituidas en la forma de la legislación vigente.
Párrafo único. Los estatutos de las cooperativas y demás sociedades que se organicen en la forma prevista en este artículo deberán ser aprobados por el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.), que establecerá condiciones mínimas para la democratización de dichas sociedades.
Art. 4º Para los efectos de esta Ley, se definen:
I - "Inmueble Rural", el predio rústico, de área continua cualquiera que sea su localización, que se destina a la explotación extractiva agrícola, pecuaria o agroindustrial, sea a través de planes públicos de valorización, sea a través de iniciativa privada;
II - "Propiedad Familiar", el inmueble rural que, directa y personalmente explotado por el agricultor y su familia, les absorba toda la fuerza de trabajo, garantizándoles la subsistencia y el progreso social y económico, con área máxima fijada para cada región y tipo de explotación, y eventualmente trabajo con la ayuda de terceros;
III - "Módulo Rural", el área fijada en los términos del inciso anterior;
IV - "Minifundio", el inmueble rural de área y posibilidades inferiores a las de la propiedad familiar;
V - "Latifundio", el inmueble rural que:
a) exceda la dimensión máxima fijada en la forma del artículo 46, § 1°, letra b, de esta Ley, teniéndose en vista las condiciones ecológicas, los sistemas agrícolas regionales y el fin al que se destine;
b) sin exceder el límite referido en la letra anterior, y teniendo área igual o superior a la dimensión del módulo de propiedad rural, se mantenga inexplotado en relación con las posibilidades físicas, económicas y sociales del medio, con fines especulativos, o sea deficiente o inadecuadamente explotado, de modo que se le impida su inclusión en el concepto de empresa rural;
VI - "Empresa Rural" es el emprendimiento de persona física o jurídica, pública o privada, que explote económica y racionalmente un inmueble rural, dentro de condición de rendimiento económico...Vetado... de la región en que se sitúe y que explote área mínima agricultable del inmueble según los estándares fijados, pública y previamente, por el Poder Ejecutivo. Para ese fin, se equiparan a las áreas cultivadas los pastizales, los bosques naturales y artificiales y las áreas ocupadas con mejoras;
VII - "Parcelero", aquel que llegue a adquirir lotes o parcelas en área destinada a la Reforma Agraria o a la colonización pública o privada;
VIII - "Cooperativa Integral de Reforma Agraria (C.I.R.A.)", toda sociedad cooperativa mixta, de naturaleza civil,...Vetado... creada en las áreas prioritarias de Reforma Agraria, contando temporalmente con la contribución financiera y técnica del Poder Público, a través del Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, con la finalidad de industrializar, beneficiar, preparar y estandarizar la producción agropecuaria, así como realizar los demás objetivos previstos en la legislación vigente;
IX - "Colonización", toda actividad oficial o particular que se destine a promover el aprovechamiento económico de la tierra, mediante su división en propiedad familiar o a través de Cooperativas...Vetado...
Párrafo único. No se considera latifundio:
a) el inmueble rural, cualquiera que sea su dimensión, cuyas características recomienden, desde el punto de vista técnico y económico, la explotación forestal racionalmente realizada, mediante planificación adecuada;
b) el inmueble rural, aunque sea de dominio particular, cuyo objeto de preservación forestal o de otros recursos naturales haya sido reconocido para fines de tombamiento, por el órgano competente de la administración pública.
Art. 5° La dimensión del área de los módulos de propiedad rural será fijada para cada zona de características económicas y ecológicas homogéneas, distintamente, por tipos de explotación rural que en ella puedan darse.
Párrafo único. En el caso de explotación mixta, el módulo será fijado por el promedio ponderado de las partes del inmueble destinadas a cada uno de los tipos de explotación considerados.
CAPÍTULO II — De los Acuerdos y Convenios
Art. 6º La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán unir sus esfuerzos y recursos, mediante acuerdos, convenios o contratos, para la solución de problemas de interés rural, principalmente los relacionados con la aplicación de la presente Ley, con miras a la implantación de la Reforma Agraria y a la unidad de criterios en la ejecución de esta.(Véase Medida Provisoria nº 2.183-56, de 24.8.2001)
Párrafo único. Para los efectos de la Reforma Agraria, el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária representará a la Unión en los acuerdos, convenios o contratos multilaterales referidos en este artículo.
§ 1o Para los efectos de la Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA representará a la Unión en los acuerdos, convenios o contratos multilaterales referidos en este artículo.(Incluido por la Medida Provisoria nº 2.183-56, de 2001)
§ 2o La Unión, mediante convenio, podrá delegar a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios el catastro, las inspecciones y evaluaciones de propiedades rurales situadas en su territorio, así como otras atribuciones relativas a la ejecución del Programa Nacional de Reforma Agraria, observados los parámetros y criterios establecidos en las leyes y en los actos normativos federales.(Incluido por la Medida Provisoria nº 2.183-56, de 2001)
§ 3o El convenio a que se refiere el caput será celebrado con los Estados, con el Distrito Federal y con los Municipios que hayan instituido órgano colegiado, con la participación de las organizaciones de los agricultores familiares y trabajadores rurales sin tierra, manteniéndose la paridad de representación entre el poder público y la sociedad civil organizada, con la finalidad de formular propuestas para la adecuada implementación de la política agraria.(Incluido por la Medida Provisoria nº 2.183-56, de 2001)
§ 4o Para la realización de la inspección y evaluación del inmueble rural para fines de reforma agraria, el Estado podrá utilizar fuerza policial.(Incluido por la Medida Provisoria nº 2.183-56, de 2001)
§ 5o El convenio a que se refiere el caput deberá prever que la Unión podrá utilizar servidores integrantes de los cuadros de personal de los órganos y de las entidades de la Administración Pública de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, para la ejecución de las actividades referidas en este artículo.(Incluido por la Medida Provisoria nº 2.183-56, de 2001)
Art. 7º Mediante acuerdo con la Unión, los Estados podrán encargar a funcionarios federales la ejecución de Leyes y servicios estaduales o de actos y decisiones de sus autoridades, pertinentes a los problemas rurales, y, recíprocamente, la Unión podrá, en materia de su competencia, cometer a funcionarios estaduales cargos análogos, proveyendo los gastos necesarios de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución Federal.
Art. 8º Los acuerdos, convenios o contratos podrán contener cláusula que permita expresamente la adhesión de otras personas de derecho público, interno o externo, así como de personas físicas nacionales o extranjeras, no participantes directas de los actos jurídicos celebrados.
Párrafo único. La adhesión se hará efectiva con la sola notificación oficial a las partes contratantes, independientemente de condición o plazo.
CAPÍTULO III — De las Tierras Públicas y Particulares
SECCIÓN I — De las Tierras Públicas
Art. 9º Entre las tierras públicas, tendrán prioridad, subordinándose a los ítems previstos en esta Ley, las siguientes:
I - las de propiedad de la Unión que no tengan otro destino específico;
II - las reservadas por el Poder Público para servicios u obras de cualquier naturaleza, salvo las pertinentes a la seguridad nacional, siempre que el órgano competente considere su utilización económica compatible con la actividad principal, bajo la forma de explotación agrícola;
III - las devolutas de la Unión, de los Estados y de los Municipios.
Art. 10. El Poder Público podrá explotar directa o indirectamente cualquier inmueble rural de su propiedad, únicamente para fines de investigación, experimentación, demostración y fomento, con miras al desarrollo de la agricultura, a programas de colonización o a fines educativos de asistencia técnica y de readaptación.
§ 1° Solo se admitirá la existencia de inmuebles rurales de propiedad pública, con objetivos diversos de los previstos en este artículo, con carácter transitorio, siempre que no haya viabilidad de transferirlos a la propiedad privada.
§ 2º Ejecutados los proyectos de colonización en los inmuebles rurales de propiedad pública, con objetivos diversos de los previstos en este artículo, con carácter transitorio.
§ 3º Los inmuebles rurales pertenecientes a la Unión, cuya utilización no se encuadre en los términos de este artículo, podrán ser transferidos al Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o permutados con él por acto del Poder Ejecutivo.
Art. 11. El Instituto Brasileiro de Reforma Agrária queda investido de poderes de representación de la Unión, para promover la discriminación de las tierras devolutas federales, restablecida la instancia administrativa disciplinada por el Decreto-Ley n. 9.760, de 5 de septiembre de 1946, y con autoridad para reconocer las posesiones legítimas manifestadas a través de cultivo efectivo y morada habitual, así como para incorporar al patrimonio público las tierras devolutas federales ilegalmente ocupadas y las que se encontraren desocupadas.
§ 1° Mediante convenios celebrados con los Estados y Municipios, podrán atribuirse iguales poderes al Instituto Brasileño de Reforma Agraria, en cuanto a las tierras baldías estatales y municipales, respetándose la legislación local, el régimen jurídico propio de las tierras situadas en la franja de frontera nacional, así como la actividad de los órganos de valorización regional.
§ 2º En la medida de lo posible, el Instituto Brasileño de Reforma Agraria imprimirá al instituto de las tierras baldías una orientación tendiente a armonizar las peculiaridades regionales con los altos intereses del desbroce mediante la colonización racional, con miras a erradicar los males del minifundio y del latifundio.
SECCIÓN II — De las Tierras Particulares
Art. 12. A la propiedad privada de la tierra le corresponde intrínsecamente una función social, y su uso está condicionado al bienestar colectivo previsto en la Constitución Federal y caracterizado en esta Ley.
Art. 13. El Poder Público promoverá la gradual extinción de las formas de ocupación y de explotación de la tierra que contraríen su función social.
Art. 14. El Poder Público facilitará y prestigiará la creación y la expansión de empresas rurales de personas físicas y jurídicas que tengan por finalidad el desarrollo racional extractivo agrícola, pecuario o agroindustrial. También promoverá la ampliación del sistema cooperativo y la organización de aquellas empresas en compañías que tengan por objeto la democratización del capital.
Art. 14. El Poder Público facilitará y prestigiará la creación y la expansión de asociaciones de personas físicas y jurídicas que tengan por finalidad el desarrollo racional extractivo agrícola, pecuario o agroindustrial, y promoverá la ampliación del sistema cooperativo, así como de otras modalidades asociativas y societarias que tengan por objeto la democratización del capital. (Redacción dada por la Medida Provisional nº 2.183-56, 2001)
§ 1o Para la implementación de los objetivos referidos en este artículo, los agricultores y trabajadores rurales podrán constituir entidades societarias por cuotas, en forma consorcial o condominial, con la denominación de "consorcio" o "condominio", en los términos de los arts. 3o y 6o de esta Ley. (Incluido por la Medida Provisional nº 2.183-56, de 2001)
§ 2o Los actos constitutivos de esas sociedades deberán archivarse en la Junta Comercial, cuando practiquen actos de comercio, y en la Oficina de Registro de las Personas Jurídicas, cuando no involucren esa actividad. (Incluido por la Medida Provisional nº 2.183-56, de 2001)
Art. 15. La implantación de la Reforma Agraria en tierras particulares se hará con carácter prioritario, cuando se trate de zonas críticas o de tensión social.
TÍTULO II — De la Reforma Agraria
CAPÍTULO I — De los Objetivos y de los Medios de Acceso a la Propiedad Rural
Art. 16. La Reforma Agraria tiene por objeto establecer un sistema de relaciones entre el hombre, la propiedad rural y el uso de la tierra, capaz de promover la justicia social, el progreso y el bienestar del trabajador rural y el desarrollo económico del país, con la gradual extinción del minifundio y del latifundio.
Párrafo único. El Instituto Brasileño de Reforma Agraria será el órgano competente para promover y coordinar la ejecución de esa reforma, observadas las normas generales de la presente Ley y de su reglamento.
Art. 17. El acceso a la propiedad rural será promovido mediante la distribución o la redistribución de tierras, por la ejecución de cualquiera de las siguientes medidas:
a) expropiación por interés social;
b) donación;
c) compraventa;
d) recaudación de los bienes vacantes;
e) reversión a la posesión (Vetado) del Poder Público de tierras de su propiedad, indebidamente ocupadas y explotadas, a cualquier título, por terceros;
f) herencia o legado.
Art. 18. La expropiación por interés social tiene por fin:
a) condicionar el uso de la tierra a su función social;
b) promover la justa y adecuada distribución de la propiedad;
c) obligar a la explotación racional de la tierra;
d) permitir la recuperación social y económica de regiones;
e) estimular investigaciones pioneras, experimentación, demostración y asistencia técnica;
f) efectuar obras de renovación, mejora y valorización de los recursos naturales;
g) incrementar la electrificación y la industrialización en el medio rural;
h) facultar la creación de áreas de protección de la fauna, de la flora o de otros recursos naturales, a fin de preservarlos de actividades depredadoras.
Art. 19. La expropiación se hará en la forma prevista en la Constitución Federal, observadas las normas constantes de la presente Ley.
§ 1° Si se intentare la expropiación parcial, el propietario podrá optar por la expropiación de todo el inmueble que le pertenece, cuando el área agricultable remanente, inferior al cincuenta por ciento del área original, quedare:
a) reducida a una superficie inferior a tres veces la dimensión del módulo de propiedad; o
b) perjudicada sustancialmente en sus condiciones de explotación económica, en caso de que su valor sea inferior al de la parte expropiada.
§ 2º A efectos de la expropiación se observarán los siguientes principios:
a) para la fijación de la justa indemnización, en la forma del artículo 147, § 1°, de la Constitución Federal, se tomarán en cuenta el valor declarado del inmueble a efectos del Impuesto Territorial Rural, el valor constante en el catastro incrementado con las mejoras, con la corrección monetaria que eventualmente corresponda, determinada en la forma de la legislación específica, y el valor venal del mismo;
b) el poder expropiante no estará obligado a consignar, a los fines de la toma de posesión de los bienes, una suma superior a la que les hubiera atribuido el propietario en su última declaración, exigida por la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de 1965, si se tratare de persona física, o el valor constante del activo, si se tratare de persona jurídica, en uno y otro caso con la corrección monetaria que corresponda;
c) efectuada la toma de posesión, se asegura al expropiado el retiro del ochenta por ciento de la suma depositada para obtener la medida posesoria.
§ 3º Salvo por motivo de necesidad o utilidad pública, están exentos de la expropiación:
a) los inmuebles rurales que, en cada zona, no excedan de tres veces el módulo de producto de propiedad, fijado en los términos del artículo 4º, inciso III;
b) los inmuebles que satisfagan los requisitos pertinentes a la empresa rural, enunciados en el artículo 4º, inciso VI;
c) los inmuebles que, aunque no estén clasificados como empresas rurales, situados fuera del área prioritaria de Reforma Agraria, tengan aprobados por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, y en ejecución, proyectos que, en plazo determinado, los eleven a aquella categoría.
§ 4° El foro competente para la expropiación es el de la situación del inmueble.
§ 5º De toda decisión que fije el precio en una suma superior a la oferta formulada por el órgano expropiante, habrá, obligatoriamente, recurso de oficio ante el Tribunal Federal de Recursos. Verificado, en acción expropiatoria, que el inmueble tiene un valor superior al declarado por el expropiado, y comprobada la mala fe o el dolo de este, la sentencia podrá condenarlo a la penalidad prevista en el artículo 49, § 3º, de esta Ley, deduciéndose del valor de la indemnización el monto de la penalidad.
Art. 20. Las expropiaciones que deba realizar el Poder Público, en las áreas prioritarias, recaerán sobre:
I - los minifundios y latifundios;
II - las áreas ya beneficiadas o que vayan a serlo por obras públicas de gran envergadura;
III - las áreas cuyos propietarios desarrollen actividades depredadoras, negándose a poner en práctica normas de conservación de los recursos naturales;
IV - las áreas destinadas a emprendimientos de colonización, cuando estos no hayan logrado alcanzar sus objetivos;
V - las áreas que presenten elevada incidencia de arrendatarios, aparceros y poseedores;
VI - las tierras cuyo uso actual, según estudios realizados por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, se compruebe que no es el adecuado a su vocación de uso económico.
Art. 21. En áreas de minifundio, el Poder Público tomará las medidas necesarias para la organización de unidades económicas adecuadas, expropiando, aglutinando y redistribuyendo las áreas.
Art. 22. Se autoriza al Instituto Brasileño de Reforma Agraria, para todos los efectos legales, a promover las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Párrafo único. La Unión podrá expropiar, por interés social, bienes del dominio de los Estados, Municipios, Distrito Federal y Territorios, debiendo el acto ser precedido, en cualquier caso, de autorización legislativa.
Art. 23. Los bienes expropiados por sentencia definitiva, una vez incorporados al patrimonio público, no pueden ser objeto de reivindicación, aunque esta se funde en la nulidad del proceso de expropiación. Cualquier acción juzgada procedente se resolverá en daños y perjuicios.
Párrafo único. La regla de este artículo se aplica a los inmuebles rurales incorporados al dominio de la Unión, como consecuencia de acciones por motivo de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Patrimonio Federal, los cuales, transferidos al Instituto Brasileño de Reforma Agraria, serán aplicados a los objetivos de esta Ley.
CAPÍTULO II — De la Distribución de Tierras
Art. 24. Las tierras expropiadas para los fines de la Reforma Agraria que, a cualquier título, lleguen a incorporarse al patrimonio del Instituto Brasileño de Reforma Agraria, respetada la ocupación de tierras baldías federales manifestada en cultivo efectivo y morada habitual, solo podrán distribuirse:
I - bajo la forma de propiedad familiar, en los términos de las normas aprobadas por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria;
II - a agricultores cuyos inmuebles rurales sean comprobadamente insuficientes para el sustento propio y el de su familia;
III - para la formación de parcelas destinadas a la explotación extractiva, agrícola, pecuaria o agroindustrial, por asociaciones de agricultores organizadas bajo régimen cooperativo;
IV - para fines de realización, a cargo del Poder Público, de actividades de demostración educativa, de investigación, experimentación, asistencia técnica y de organización de colonias-escuela;
V - para fines de reforestación o de conservación de reservas forestales a cargo de la Unión, de los Estados o de los Municipios.
Art. 25. Las tierras adquiridas por el Poder Público, en los términos de esta Ley, deberán venderse, atendidas las condiciones de mayoría de edad, sanidad y buenos antecedentes, o de rehabilitación, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
I - al propietario del inmueble expropiado, siempre que llegue a explotar la parcela, directamente o por intermedio de su familia;
II - a quienes trabajen en el inmueble expropiado como poseedores, asalariados, aparceros o arrendatarios;
III - a los agricultores cuyas propiedades no alcancen la dimensión de la propiedad familiar de la región;
IV - a los agricultores cuyas propiedades sean comprobadamente insuficientes para el sustento propio y el de su familia;
V - a los técnicamente habilitados en la forma de la legislación vigente, o que tengan comprobada competencia para la práctica de las actividades agrícolas.
§ 1° En el orden de preferencia de que trata este artículo, tendrán prioridad los jefes de familias numerosas cuyos miembros se propongan ejercer actividad agrícola en el área que se distribuirá.
§ 2º Solo podrán adquirir lotes los trabajadores sin tierra, salvo las excepciones previstas en esta Ley.
§ 3º No podrá ser beneficiario de la distribución de tierras a que se refiere este artículo el propietario rural, salvo en los casos de los incisos I, III y IV, ni quien ejerza función pública, autárquica o en órgano paraestatal, o se encuentre investido de atribuciones parafiscales.
§ 4º Bajo pena de nulidad, cualquier enajenación o concesión de tierras públicas, en las regiones prioritarias, definidas en la forma del artículo 43, será precedida de consulta al Instituto Brasileño de Reforma Agraria, que se pronunciará obligatoriamente en el plazo de sesenta días.
Art. 26. En la distribución de tierras regulada por este Capítulo, se resguardará siempre la prioridad pública de los terrenos de marina y sus accesiones en la costa oceánica y en la franja marginal de los ríos federales, hasta donde se haga sentir la influencia de las mareas, así como la reserva a la margen de los ríos navegables y de los que forman los navegables.
CAPÍTULO III — Del Financiamiento de la Reforma Agraria
SECCIÓN I — Del Fondo Nacional de Reforma Agraria
Art. 27. Se crea el Fondo Nacional de Reforma Agraria, destinado a proporcionar los medios necesarios para el financiamiento de la Reforma Agraria y de los órganos encargados de su ejecución.
Art. 27. Se crea el Fondo Nacional de la Reforma y del Desarrollo Agrario - FUNMIRAD, destinado a proporcionar los medios necesarios para el financiamiento de la Reforma Agraria y de los Órganos encargados de su ejecución. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) Párrafo único. El FUNMIRAD es un fondo especial de naturaleza contable, regido por las normas de ejecución presupuestaria y financiera aplicables a la Administración Directa. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 2.431, de 1988 (Incluido por el Decreto-Ley nº 2.431, de 1988
Art. 27. Se crea el Fondo Nacional de Reforma Agraria, destinado a proporcionar los medios necesarios para el financiamiento de la Reforma Agraria y de los órganos encargados de su ejecución.
Art. 28. El Fondo Nacional de Reforma Agraria estará constituido: I - por el producto de la recaudación de la Contribución de Mejoras cobrada por la Unión de acuerdo con la legislación vigente; II - por la asignación específica del 3% (tres por ciento) de los ingresos tributarios de la Unión; III - por los recursos destinados por ley a la Superintendencia de Política Agraria (SUPRA), salvo lo dispuesto en el artículo 117; IV - por los recursos provenientes de las partidas de órganos y de entidades vinculados por convenios al Instituto Brasileño de Reforma Agraria; V - por las donaciones recibidas; VI - por los ingresos del Instituto Brasileño de Reforma Agraria. § 1° Los recursos a que se refieren los incisos I y II de este artículo, así como los provenientes de cualesquiera créditos adicionales destinados a la ejecución de los planes nacional y regionales de Reforma Agraria, no podrán ser suprimidos ni aplicados a otros fines. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) § 2º Los saldos de dichas asignaciones en poder del Instituto Brasileño de Reforma Agraria o a su favor, verificados al final de cada ejercicio, no prescriben y serán aplicados, en su totalidad, en consonancia con los objetivos de la presente Ley. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) § 3° Los tributos, asignaciones y recursos mencionados en los incisos de este artículo tendrán su destino, durante veinte años, vinculado a la ejecución de los programas de Reforma Agraria. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) § 4° Los actos relativos a los ingresos del Instituto Brasileño de Reforma Agraria constituidos por los recursos previstos en el inciso II, y por los resultados apurados en el ejercicio anterior, en los supuestos de los incisos I, III y IV, se considerarán registrados por el Tribunal de Cuentas el 1° de enero, y los respectivos recursos distribuidos al Tesoro Nacional, que los depositará en el Banco do Brasil, a disposición de dicho Instituto, en cuatro cuotas, hasta el 31 de enero, el 30 de abril, el 31 de julio y el 31 de octubre, respectivamente. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) (Revocado por el Decreto-Ley nº 2.431, de 1988
Art. 28. Son recursos del FUNMIRAD: y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) I - asignaciones consignadas en el Presupuesto General de la Unión y en créditos adicionales; y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) II - recursos del Fondo de Inversión Social - FINSOCIAL, en los términos del § 5º del art. 1º del Decreto-Ley nº 1.940, de 25 de mayo de 1982, con la redacción dada por el art. 22 del Decreto-Ley nº 2.397, de 21 de diciembre de 1987; y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) III - donaciones realizadas por entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas; y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) IV - recursos provenientes de acuerdos, ajustes, contratos y convenios celebrados con órganos y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) V - préstamos de instituciones financieras, nacionales o internacionales; y y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) VI - cualesquiera otros recursos atribuidos al Ministerio de la Reforma y del Desarrollo Agrario, siempre que no estén vinculados a proyectos o actividades específicos. y rechazado por el Acto Declaratorio de 14.6.1989) (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 2.431, de 1988
Art. 28. El Fondo Nacional de Reforma Agraria estará constituido:
I - por el producto de la recaudación de la Contribución de Mejoras cobrada por la Unión de acuerdo con la legislación vigente;
II - por la asignación específica del 3% (tres por ciento) de los ingresos tributarios de la Unión;
III - por los recursos destinados por ley a la Superintendencia de Política Agraria (SUPRA), salvo lo dispuesto en el artículo 117;
IV - por los recursos provenientes de las partidas de órganos y de entidades vinculados por convenios al Instituto Brasileño de Reforma Agraria;
V - por las donaciones recibidas;
VI - por los ingresos del Instituto Brasileño de Reforma Agraria.
§ 1° Los recursos a que se refieren los incisos I y II de este artículo, así como los provenientes de cualesquiera créditos adicionales destinados a la ejecución de los planes nacional y regionales de Reforma Agraria, no podrán ser suprimidos ni aplicados a otros fines.
§ 2º Los saldos de dichas asignaciones en poder del Instituto Brasileño de Reforma Agraria o a su favor, verificados al final de cada ejercicio, no prescriben y serán aplicados, en su totalidad, en consonancia con los objetivos de la presente Ley.
§ 3° Los tributos, asignaciones y recursos mencionados en los incisos de este artículo tendrán su destino, durante veinte años, vinculado a la ejecución de los programas de Reforma Agraria.
§ 4° Los actos relativos a los ingresos del Instituto Brasileño de Reforma Agraria constituidos por los recursos previstos en el inciso II, y por los resultados apurados en el ejercicio anterior, en los supuestos de los incisos I, III y IV, se considerarán registrados por el Tribunal de Cuentas el 1° de enero, y los respectivos recursos distribuidos al Tesoro Nacional, que los depositará en el Banco do Brasil, a disposición de dicho Instituto, en cuatro cuotas, hasta el 31 de enero, el 30 de abril, el 31 de julio y el 31 de octubre, respectivamente.
Art. 29. Además de los recursos del Fondo Nacional de Reforma Agraria, la ejecución de los proyectos regionales contará con las contribuciones financieras de los órganos y entidades vinculados por convenios al Instituto Brasileño de Reforma Agraria, notablemente los de valorización regional, como la Superintendencia del Desarrollo Económico del Nordeste (SUDENE), la Superintendencia del Plan de Valorización Económica de la Amazonia (SPVEA), la Comisión del Valle del São Francisco (CVSF) y la Superintendencia del Plan de Valorización Económica de la Región de la Frontera Sudoeste del País (SUDOESTE), los cuales deberán destinar, para este fin, el veinte por ciento, como mínimo, de sus asignaciones globales.
Párrafo único. Los recursos mencionados en este artículo, una vez aprobados los planes para las respectivas regiones, serán entregados al Instituto Brasileño de Reforma Agraria, el cual, para la ejecución de estos, contribuirá con igual suma.
Art. 30. Para los fines de la presente Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a recibir donaciones, así como a contraer préstamos en el país y en el exterior, hasta el límite fijado en el artículo 105.
Art. 31. Se autoriza al Instituto Brasileño de Reforma Agraria a:
I - suscribir convenios con los Estados, Municipios y entidades públicas y privadas, para el financiamiento, la ejecución o la administración de los planes regionales de Reforma Agraria;
II - colocar los títulos de la Deuda Agraria Nacional para los fines de esta Ley;
III - realizar operaciones financieras o de compraventa para los objetivos de esta Ley;
IV - practicar actos, tanto en lo contencioso como en lo administrativo, inclusive los relativos a la expropiación por interés social o por utilidad o necesidad públicas.
SECCIÓN II — Del Patrimonio del Órgano de Reforma Agraria
Art. 32. El Patrimonio del Instituto Brasileño de Reforma Agraria estará constituido:
I - por el Fondo Nacional de Reforma Agraria;
II - por los bienes de las entidades públicas incorporadas al Instituto Brasileño de Reforma Agraria;
III - por las tierras y demás bienes adquiridos a cualquier título.
CAPÍTULO IV — De la Ejecución y de la Administración de la Reforma Agraria
SECCIÓN I — De los Planes Nacional y Regionales de Reforma Agraria
Art. 33. La Reforma Agraria se realizará por medio de planes periódicos, nacionales y regionales, con plazos y objetivos determinados, de acuerdo con proyectos específicos.
Art. 34. El Plan Nacional de Reforma Agraria, elaborado por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria y aprobado por el Presidente de la República, consignará necesariamente:
I - la delimitación de áreas regionales prioritarias;
II - la especificación de los órganos regionales, zonas y locales que lleguen a crearse para la ejecución y la administración de la Reforma Agraria;
III - la determinación de los objetivos que deberán condicionar la elaboración de los Planes Regionales;
IV - la jerarquización de las medidas que deberán programar los órganos públicos, en las áreas prioritarias, en los sectores de obras de saneamiento, educación y asistencia técnica;
V - la fijación de los límites de las asignaciones destinadas a la ejecución del Plan Nacional y de cada uno de los planes regionales.
§ 1º Una vez aprobados, los Planes tendrán prioridad absoluta para la actuación de los órganos y servicios federales ya existentes en las áreas elegidas.
§ 2º Las entidades públicas y privadas que suscriban acuerdos, convenios o tratados con el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, en los términos de esta Ley, asumirán igualmente compromiso expreso, en cuanto a la prioridad aludida en el párrafo anterior, respecto de los asuntos y servicios de su competencia en las respectivas áreas.
Art. 35. Los Planes Regionales de Reforma Agraria antecederán siempre a cualquier expropiación por interés social, y serán elaborados por las Delegaciones Regionales del Instituto Brasileño de Reforma Agraria (I.B.R.A.), observados los siguientes requisitos mínimos:
I - delimitación del área de acción;
II - determinación de los objetivos específicos de la Reforma Agraria en la respectiva región;
III - fijación de las prioridades regionales;
IV - extensión y localización de las áreas expropiables;
V - previsión de las obras de mejora;
VI - estimación de las inversiones necesarias y de los costos.
Art. 36. Los proyectos elaborados para regiones geoeconómicas o grupos de inmuebles rurales que puedan ser tratados en común deberán consignar:
I - el levantamiento socioeconómico del área;
II - los tipos y las unidades de explotación económica perfectamente determinados y caracterizados;
III - las obras de infraestructura y los órganos de defensa económica de los parceleros necesarios para la implementación del proyecto;
IV - el costo de las inversiones y su esquema de aplicación;
V - los servicios esenciales que han de instalarse en el centro de la comunidad;
VI - la renta familiar que se pretende alcanzar;
VII - la colaboración que se recibirá de los órganos públicos o privados que celebren convenios o acuerdos para la ejecución del proyecto.
SECCIÓN II — De los Órganos Específicos
Art. 37. Son órganos específicos para la ejecución de la Reforma Agraria: I - el Instituto Brasileño de Reforma Agraria (I.B.R.A.); II - las Delegaciones Regionales del Instituto Brasileño de Reforma Agraria (I.B.R.A.); III - las Comisiones Agrarias. § 1° El Instituto Brasileño de Reforma Agraria (I.B.R.A.) es un órgano autárquico, dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera, con sede en la Capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional, directamente subordinado a la Presidencia de la República. § 2º El Instituto Brasileño de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones: a) promover la elaboración y coordinar la ejecución del Plan Nacional de Reforma Agraria, que será sometido a la aprobación del Presidente de la República; b) sugerir al Presidente de la República las medidas necesarias para la articulación y cooperación de los tres órdenes administrativos de la República para la ejecución del Plan Nacional de Reforma Agraria, incluidas las modificaciones de la presente Ley, así como los actos complementarios que resulten necesarios; c) promover, directa o indirectamente, la ejecución de la Reforma Agraria en el ámbito nacional, orientando, fiscalizando y asistiendo técnicamente a los órganos ejecutivos regionales, zonales y locales, así como coordinando los órganos federales interesados en la ejecución de la presente Ley y de su Reglamento; d) administrar el Fondo Nacional de Reforma Agraria, promover o suscribir convenios y colocar los títulos de la Deuda Agraria Nacional, emitidos en los términos de esta Ley y de su Reglamento; e) promover la creación de las Delegaciones Regionales de la Reforma Agraria y de las Comisiones Agrarias, así como de otros órganos y servicios descentralizados que resulten necesarios para la ejecución de la presente Ley; f) ejercer cualesquiera otras actividades compatibles con las finalidades de esta Ley, incluida la expedición de los actos normativos tendientes a facilitar su funcionamiento, en los términos del reglamento que se expida.
Art. 37. Son órganos específicos para la ejecución de la Reforma Agraria: (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
I - El Grupo Ejecutivo de la Reforma Agraria (GERA); (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
Il - El Instituto Brasileño de Reforma Agraria (IBRA), directamente o por medio de sus Delegaciones Regionales; (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
III - las Comisiones Agrarias. (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
Art. 38. El Instituto Brasileño de Reforma Agraria será dirigido por un Directorio compuesto de cinco miembros, nombrados por el Presidente de la República, entre brasileños de notable saber e idoneidad, una vez aprobada la elección por el Senado Federal. § 1° El Presidente del Instituto Brasileño de Reforma Agraria, también nombrado con aprobación previa del Senado Federal, entre los miembros del Directorio, tendrá una remuneración correspondiente al setenta y cinco por ciento de lo que perciben los Ministros de Estado. § 2º El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación de esta Ley las funciones del Presidente y de los demás miembros del Directorio del Instituto Brasileño de Reforma Agraria. § 3º Integrarán, además, la administración del Instituto Brasileño de Reforma Agraria: a) un Consejo Técnico, renovado anualmente por tercios, constituido por nueve miembros de comprobada experiencia en el campo de los problemas rurales, con mandatos renovables de tres años, presidido por el Presidente del Instituto Brasileño de Reforma Agraria; b) una Secretaría Ejecutiva. § 4º Los miembros del Consejo Técnico serán de nombramiento del Presidente de la República, y el Secretario Ejecutivo, de confianza y nombramiento del Presidente del Instituto Brasileño de Reforma Agraria.
Art. 38. El IBRA será dirigido por un Presidente nombrado por el Presidente de la República. (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
§ 1º El Presidente del IBRA tendrá la remuneración correspondiente al 75% (setenta y cinco por ciento) de lo que perciben los Ministros de Estado. (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
§ 2º Integrarán, además, la Administración Superior del IBRA Directores, hasta un máximo de seis, de nombramiento del Presidente del IBRA, mediante aprobación del GERA. (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 582, de 1969)
Art. 39. Al Consejo Técnico le corresponderá discutir y proponer las directrices de los planes nacional y regionales de Reforma Agraria, y estudiar y sugerir medidas de carácter legislativo y administrativo necesarias para la buena ejecución de la Reforma.
Art. 40. A la Secretaría Ejecutiva le corresponderá elaborar y promover la ejecución del plan nacional de Reforma Agraria, asesorar a las Delegaciones Regionales, analizar los proyectos regionales y dirigir la vida administrativa del Instituto Brasileño de Reforma Agraria.
Art. 41. Las Delegaciones Regionales del Instituto Brasileño de Reforma Agraria (I.B.R.A.), cada una dirigida por un Delegado Regional, nombrado por el Presidente del Instituto Brasileño de Reforma Agraria entre técnicos de comprobada experiencia en problemas agrarios y de reconocida idoneidad, son órganos ejecutores de la Reforma en las regiones del país, con áreas de jurisdicción, competencia y funciones que se fijarán en la reglamentación de la presente Ley, y que comprenden la elaboración del catastro, la clasificación de las tierras, las formas y condiciones de uso actual y potencial de la propiedad, la preparación de las propuestas de expropiación y la selección de los candidatos a la adquisición de las parcelas.
Párrafo único. Dentro de ciento ochenta días, tras la publicación del decreto que la cree, la Delegación Regional presentará al Presidente del Instituto Brasileño de Reforma Agraria el plan regional de Reforma Agraria, en la forma prevista en esta Ley.
Art. 42. La Comisión Agraria, constituida por un representante del Instituto Brasileño de Reforma Agraria, que la presidirá, tres representantes de los trabajadores rurales, elegidos o designados por los órganos de clase respectivos, tres representantes de los propietarios rurales, elegidos o designados por los órganos de clase respectivos, un representante categorizado de entidad pública vinculada a la agricultura y un representante de los establecimientos de enseñanza agrícola, es el órgano competente para:
I - instruir y encaminar las solicitudes de adquisición y de expropiación de tierras;
II - pronunciarse sobre la lista de candidatos seleccionados para la adjudicación de lotes;
III - ofrecer sugerencias a la Delegación Regional en la elaboración y ejecución de los programas regionales de Reforma Agraria;
IV - acompañar, hasta su implantación, los programas de reformas en las áreas elegidas, manteniendo informada a la Delegación Regional sobre el avance de los trabajos.
§ 1° La Comisión Agraria será constituida cuando esté definida el área prioritaria regional de reforma agraria y tendrá vigencia hasta la implantación de los respectivos proyectos.
§ 2º Vetado.
SECCIÓN III — De la Zonificación y de los Catastros
Art. 43. El Instituto Brasileño de Reforma Agraria promoverá la realización de estudios para la zonificación del país en regiones homogéneas desde el punto de vista socioeconómico y de las características de la estructura agraria, con el fin de definir:
I - las regiones críticas que exigen reforma agraria con eliminación progresiva de los minifundios y de los latifundios;
II - las regiones en etapa más avanzada de desarrollo social y económico, en las que no se produzcan tensiones en las estructuras demográficas y agrarias;
III - las regiones ya ocupadas económicamente en las que predomine la economía de subsistencia y cuyos agricultores y ganaderos carezcan de asistencia adecuada;
IV - las regiones aún en fase de ocupación económica, carentes de programa de desbroce, poblamiento y colonización de áreas pioneras.
§ 1° Para la elaboración de la zonificación y la caracterización de las áreas prioritarias, se tendrán en cuenta, esencialmente, los siguientes elementos:
a) la posición geográfica de las áreas, con relación a los centros económicos de varios órdenes existentes en el país;
b) el grado de intensidad de ocurrencia de áreas en inmuebles rurales superiores a mil hectáreas e inferiores a cincuenta hectáreas;
c) el número medio de hectáreas por persona ocupada;
d) las poblaciones rurales, su incremento anual y la densidad específica de la población agrícola;
e) la relación entre el número de propietarios y el número de arrendatarios, aparceros y asalariados en cada área.
§ 2º La declaración de áreas prioritarias se hará por decreto del Presidente de la República, mencionando:
a) la creación de la Delegación Regional del Instituto Brasileño de Reforma Agraria con la exacta delimitación de su área de jurisdicción;
b) la duración del período de intervención gubernamental en el área;
c) los objetivos a alcanzar, principalmente el número de unidades familiares y cooperativas que se crearán;
d) otras medidas destinadas a atender peculiaridades regionales.
Art. 44. Son objetivos de las zonificaciones definidas en el artículo anterior:
I - establecer las directrices de la política agraria que se adoptará en cada tipo de región;
II - programar la acción de los órganos gubernamentales para el desarrollo del sector rural en las regiones delimitadas como de mayor significación económica y social.
Art. 45. A fin de completar los trabajos de zonificación, el Instituto Brasileño de Reforma Agraria elaborará levantamientos y análisis para:
I - orientar las disponibilidades agropecuarias en las áreas bajo el control del Instituto Brasileño de Reforma Agraria en cuanto al mejor destino económico de las tierras, la adopción de prácticas adecuadas según las condiciones ecológicas, la capacidad potencial de uso y los mercados interno y externo;
II - recuperar, directamente, mediante proyectos especiales, las áreas degradadas a causa del uso depredador y de la ausencia de medidas de protección de los recursos naturales renovables y que se sitúen en regiones de elevado valor económico.
Art. 46. El Instituto Brasileño de Reforma Agraria promoverá levantamientos, con utilización, en los casos indicados, de los medios previstos en el Capítulo II del Título I, para la elaboración del catastro de los inmuebles rurales en todo el país, mencionando:
I - datos para la caracterización de los inmuebles rurales con indicación:
a) del propietario y de su familia;
b) de los títulos de dominio, de la naturaleza de la posesión y de la forma de administración;
c) de la localización geográfica;
d) del área con descripción de las líneas de linderos y nombre de los respectivos colindantes;
e) de las dimensiones de los frentes a vías públicas;
f) del valor de las tierras, de las mejoras, de los equipos y de las instalaciones existentes, de forma discriminada;
II - naturaleza y condiciones de las vías de acceso y respectivas distancias a los centros demográficos más próximos con población:
a) de hasta 5.000 habitantes;
b) de más de 5.000 a 10.000 habitantes;
c) de más de 10.000 a 20.000 habitantes;
d) de más de 20.000 a 50.000 habitantes;
e) de más de 50.000 a 100.000 habitantes;
f) de más de 100.000 habitantes;
III - condiciones de la explotación y del uso de la tierra, indicando:
a) los porcentajes de la superficie total en cerrados, bosques, pastizales, parcelas de cultivo (específicamente en explotación e inexplotadas) y en áreas inaprovechables;
b) los tipos de cultivo y de cría, las formas de protección y comercialización de los productos;
c) los sistemas de contrato de trabajo, con discriminación de arrendatarios, aparceros y trabajadores rurales;
d) las prácticas conservacionistas empleadas y el grado de mecanización;
e) los volúmenes y los índices medios relativos a la producción obtenida;
f) las condiciones para el beneficio de los productos agropecuarios.
§ 1° En las áreas prioritarias de reforma agraria se complementarán las fichas catastrales elaboradas para atender a las finalidades fiscales, con datos relativos al relieve, a las pendientes, al drenaje, a los suelos y a otras características ecológicas que permitan evaluar la capacidad de uso actual y potencial, y fijar una clasificación de las tierras para los fines de realización de estudios microeconómicos, con vistas, esencialmente, a la determinación por muestreo, para cada zona y forma de explotación:
a) de las áreas mínimas o módulos de propiedad rural determinados de acuerdo con los elementos enumerados en este párrafo y, además, la fuerza de trabajo del conjunto familiar medio, el nivel tecnológico predominante y el ingreso familiar que se obtendrá;
b) de los límites máximos permitidos de áreas de los inmuebles rurales, los cuales no excederán de seiscientas veces el módulo medio de la propiedad rural ni de seiscientas veces el área media de los inmuebles rurales, en la respectiva zona;
c) de las dimensiones óptimas del inmueble rural desde el punto de vista del rendimiento económico;
d) del valor de las tierras en función de las características del inmueble rural, de la clasificación de la capacidad potencial de uso y de la vocación agrícola de las tierras;
e) de los límites mínimos de productividad agrícola para su comparación con los mismos índices obtenidos en cada inmueble en las áreas prioritarias de reforma agraria.
§ 2º Los catastros se organizarán de acuerdo con las normas y fichas aprobadas por el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária en la forma indicada en el reglamento, y podrán ser ejecutados de manera centralizada por los órganos de valorización regional, por los Estados o por los Municipios, en cuyo caso el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária les prestará asistencia técnica y financiera con el objetivo de acelerar su realización en áreas prioritarias de Reforma Agraria.
§ 3º Los catastros tendrán en vista la posibilidad de garantizar la clasificación, la identificación y la agrupación de los varios inmuebles rurales que pertenezcan a un único propietario, aun cuando estén situados en municipios distintos, debiendo entregarse al propietario el certificado de catastro en la forma indicada en la reglamentación de esta Ley.
§ 4º Los catastros serán actualizados continuamente para la inclusión de las nuevas propiedades que se vayan constituyendo y, como mínimo, cada cinco años se harán revisiones generales para la actualización de las fichas ya levantadas.
§ 5º Los propietarios podrán solicitar la actualización de sus fichas, dentro de un año contado desde la fecha de las modificaciones sustanciales relativas a los respectivos inmuebles rurales, siempre que se comprueben las alteraciones, a criterio del Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
§ 6º En el caso de inmueble rural en común por efecto de herencia, las partes ideales, para los fines de esta Ley, serán consideradas como si hubiera división, debiendo catastrarse el área que, en la partición, correspondería a cada heredero, y admitiéndose los demás datos medios verificados en el área total del inmueble rural.
§ 7º El catastro inscribirá el valor de cada inmueble de acuerdo con los elementos enumerados en este artículo, con base en la declaración del propietario relativa al valor de la tierra desnuda, cuando no sea impugnada por el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o el valor que resulte de la valoración catastral.
TÍTULO III — De la Política de Desarrollo Rural
CAPÍTULO I — De la Tributación de la Tierra
SECCIÓN I — Criterios Básicos
Art. 47. Para incentivar la política de desarrollo rural, el Poder Público se valdrá de la tributación progresiva de la tierra, del Impuesto sobre la Renta, de la colonización pública y particular, de la asistencia y protección a la economía rural y al cooperativismo y, finalmente, de la reglamentación del uso y posesión temporales de la tierra, con el objetivo de:
I - desestimular a quienes ejercen el derecho de propiedad sin observar la función social y económica de la tierra;
II - estimular la racionalización de la actividad agropecuaria dentro de los principios de conservación de los recursos naturales renovables;
III - proporcionar recursos a la Unión, a los Estados y a los Municipios para financiar los proyectos de Reforma Agraria;
IV - perfeccionar los sistemas de control de la recaudación de los impuestos.
SECCIÓN II — Del Impuesto Territorial Rural
Art. 48. Se observarán, respecto del Impuesto Territorial Rural, los siguientes principios:
I - la Unión podrá atribuir, por convenio, a los Estados y a los Municipios, el lanzamiento, tomando como base los levantamientos catastrales ejecutados y periódicamente actualizados;
II - la Unión también podrá atribuir, por convenio, a los Municipios, la recaudación, quedándoles garantizada la utilización del importe recaudado;
III cuando la recaudación sea atribuida, por convenio, al Municipio, a la Unión le corresponderá el control del cobro;
IV - las épocas de cobro deberán ser fijadas en reglamento, de tal forma que, en cada región, se ajusten, lo más posible, a los períodos normales de comercialización de la producción;
V - el impuesto recaudado será contabilizado diariamente como depósito a la orden, exclusivamente, del Municipio al que pertenezca y le será entregado directamente por las oficinas recaudadoras, el último día hábil de cada mes;
VI - el impuesto no recaerá sobre las parcelas de área no superior a veinte hectáreas, cuando las cultive solo o con su familia el propietario que no posea otro inmueble (artículo 29, párrafo único, de la Constitución Federal).
Art. 49. Las normas generales para la fijación del impuesto territorial obedecerán a criterios de progresividad y regresividad, teniéndose en cuenta los siguientes factores: I - los valores de la tierra y de las mejoras del inmueble; II - el área y las dimensiones del inmueble y de las parcelas de diferentes usos; III - la situación del inmueble en relación con los elementos del inciso II del artículo 46; IV - las condiciones técnicas y económicas de explotación agropecuaria-industrial; V - la naturaleza de la posesión y las condiciones de los contratos de arrendatarios, aparceros y asalariados; VI - la clasificación de las tierras y sus formas de uso y rentabilidad; VII - el área total cultivable del conjunto de inmuebles rurales de un mismo propietario en el país. § 1º Los factores mencionados en este artículo, con excepción de los indicados en el inciso III, serán declarados por el propietario u obtenidos en levantamiento catastral. § 2º Todos los propietarios rurales quedan obligados, para los fines previstos en esta Ley, a hacer declaración de propiedad, en los plazos y según las normas fijadas en la reglamentación de esta Ley. § 3º Las declaraciones de los propietarios, para el suministro de datos destinados a la inscripción catastral, se hacen bajo su entera responsabilidad y, en caso de dolo o mala fe, los obligarán al pago del doble de los tributos realmente debidos, además de las multas derivadas de los gastos por las verificaciones necesarias.
Art. 49. Las normas generales para la fijación del impuesto sobre la propiedad territorial rural obedecerán a criterios de progresividad y regresividad, teniéndose en cuenta los siguientes factores: (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
I - el valor de la tierra desnuda; (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
II - el área del inmueble rural; (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
III - el grado de utilización de la tierra en la explotación agrícola, pecuaria y forestal; (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
IV - el grado de eficiencia obtenido en las diferentes explotaciones; (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
V - el área total, en el País, del conjunto de inmuebles rurales de un mismo propietario. (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
§ 1º Los factores mencionados en este artículo se establecerán con base en las informaciones presentadas por los propietarios, titulares del dominio útil o poseedores, a cualquier título, de inmuebles rurales, obligados a presentar declaración para el catastro, en los plazos y según las normas fijadas en la reglamentación de esta Ley. (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
§ 2º El órgano responsable del lanzamiento del impuesto podrá efectuar el levantamiento y la revisión de las declaraciones presentadas por los propietarios, titulares del dominio útil o poseedores, a cualquier título, de inmuebles rurales, procediéndose a verificaciones "in loco" si fuere necesario. (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
§ 3º Las declaraciones previstas en el parágrafo primero se presentarán bajo entera responsabilidad de los propietarios, titulares del dominio útil o poseedores, a cualquier título, de inmueble rural, y, en caso de dolo o mala fe, los obligará al pago del doble de los tributos debidos, además de las multas derivadas y de los gastos por las verificaciones necesarias. (Redacción dada por la Ley 6.746, de 1979)
§ 4º Queda facultado el órgano responsable del lanzamiento, cuando exista omisión de los propietarios, titulares del dominio útil o poseedores, a cualquier título, de inmueble rural, en la presentación de la declaración para el catastro, para proceder al lanzamiento del impuesto utilizando datos indiciarios, además del cobro de multas y de los gastos necesarios para la determinación de dichos datos. (Incluido por la Ley 6.746, de 1979)
Art. 50. El valor básico del impuesto se determinará mediante una alícuota de dos décimos por ciento sobre el valor real de la tierra desnuda, declarado por el propietario y no impugnado por el órgano competente, o resultante de la valoración catastral. § 1° Teniendo en cuenta el área total cultivable del conjunto de inmuebles de un mismo propietario en el país, considerándose en ellos las áreas correspondientes a las fracciones ideales cuando estén en condominio, dicho valor básico se multiplicará por un coeficiente de progresividad, de acuerdo con la siguiente tabla: a) área total como máximo igual al promedio ponderado de los módulos de área establecidos para las diversas regiones en que se sitúen las propiedades: coeficiente uno; b) área mayor que una hasta diez veces el módulo definido en la letra a: coeficiente uno y medio; c) área mayor que diez, hasta treinta veces el módulo definido en la letra a: coeficiente dos; d) área mayor que treinta, hasta ochenta veces el módulo definido en la letra a: coeficiente dos y medio; e) área mayor que ochenta, hasta ciento cincuenta veces el módulo definido en la letra a: coeficiente tres; f) área mayor que ciento cincuenta, hasta trescientas veces el módulo definido en la letra a: coeficiente tres y medio; g) área mayor que trescientas, hasta seiscientas veces el módulo definido en la letra a: coeficiente cuatro; h) área superior a seiscientas veces el módulo definido en la letra a: coeficiente cuatro y medio. § 2º El producto de la multiplicación del valor básico por el coeficiente previsto en el párrafo anterior será multiplicado por un coeficiente de ubicación que aumente el impuesto en función de la proximidad a los centros de consumo definidos en el inciso II del artículo 46, y de las distancias, condiciones y naturaleza de las vías de acceso a dichos centros. Tal coeficiente, que variará en el territorio nacional de uno a uno y seis décimos, será fijado mediante tabla que será expedida por decreto del Presidente de la República, para cada región considerada en la zonificación prevista en el artículo. § 3º El valor obtenido mediante la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior será multiplicado por un coeficiente que aumente o disminuya dicho valor, según la naturaleza de la posesión y las condiciones de los contratos de trabajo, en la siguiente forma: a) según el grado de alejamiento del propietario en la administración y en las responsabilidades de explotación del inmueble rural, según la forma y naturaleza de los contratos de arrendamiento y aparcería, y la falta de atención en condiciones dignas de confort doméstico y de higiene a los arrendatarios, aparceros y asalariados - coeficientes que aumenten dicho valor, variando de uno a uno y seis décimos, en la forma que se establezca en la reglamentación de esta Ley; b) según el grado de dependencia y de participación del propietario en los frutos, en la administración y en las responsabilidades de la explotación del inmueble rural; en función de las facilidades concedidas para la vivienda, la educación y la salud de los asalariados - coeficientes que disminuyan el valor del impuesto de uno a tres décimos, en la forma que se establezca en la reglamentación de esta Ley. § 4º Una vez obtenidos los elementos catastrales relativos al ítem III del artículo 46 y fijados los índices previstos en el § 1° de este artículo, el valor obtenido mediante la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior será multiplicado por un coeficiente que aumente o disminuya dicho valor, según las condiciones técnico-económicas de explotación, en la siguiente forma: a) en la proporción en que la explotación se realice con una rentabilidad inferior a los límites mínimos fijados conforme al § 1° del artículo 46 y con base en el tipo, las condiciones de cultivo y el nivel tecnológico de explotación - coeficientes que aumenten el valor del impuesto, variando de uno a uno y medio, en la forma que se establezca en la reglamentación de esta Ley; b) en la proporción en que la explotación se realice con una rentabilidad superior al mínimo referido en la letra anterior, y según el grado de atención a la vocación económica de la tierra, el empleo de prácticas de cultivo o de cría adecuadas, y los procesos de beneficio o industrialización de los productos agropecuarios - coeficientes que disminuyan el valor del impuesto, variando de uno a cuatro décimos, en la forma que se establezca en la reglamentación de esta Ley. § 5º Si el impuesto territorial rural lanzado fuera superior al del ejercicio anterior, aun cuando el área cultivable explotada del inmueble rural sea inferior al mínimo necesario para clasificarlo como empresa rural, en los términos del artículo 4º, inciso VI, se permitirá a su propietario solicitar una reducción de hasta cincuenta por ciento del impuesto lanzado, siempre que, en función de las características ecológicas de la zona donde se ubique dicho inmueble, elabore un proyecto de ampliación del área explotada y este sea considerado satisfactorio por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria. § 6º En el caso de propiedad en condominio, el coeficiente de progresividad referido en el parágrafo primero se calculará como promedio ponderado en el que los coeficientes de la tabla correspondientes a la situación de cada condómino definida en el cuerpo del mismo parágrafo se multiplican por su área ideal y al final se suman, dividiéndose la suma por el área total de la propiedad. § 7º Los coeficientes de progresividad de que tratan este artículo y los parágrafos anteriores solo se aplicarán a las tierras no aprovechadas racionalmente. § 8º Los bosques o montes, las áreas de reforestación y las ocupadas por ellos, cuya conservación sea necesaria, en los términos de la legislación forestal, no pueden ser gravados. § 8º Los bosques o montes de preservación permanente, definidos en los arts. 2º y 3º de la Ley 4.771, de 15 de septiembre de 1965, no pueden ser gravados, exceptuándose las áreas ocupadas por ellos, que quedan sujetas a la incidencia del ITR., (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 57, de 1966
Art. 50. Para el cálculo del impuesto, se aplicará sobre el valor de la tierra desnuda, consignado en la declaración para el catastro, y no impugnado por el órgano competente, o resultante de valoración, la alícuota correspondiente al número de módulos fiscales del inmueble, de acuerdo con la tabla siguiente: (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
NÚMERO DE MÓDULOS FISCALES
Alícuotas
Hasta 2....................................................................................................................
0,2%
Más de 2 hasta 3.................................................................................................
0,3%
Más de 3 hasta 4.................................................................................................
0,4%
Más de 4 hasta 5.................................................................................................
0,5%
Más de 5 hasta 6.................................................................................................
0,6%
Más de 6 hasta 7.................................................................................................
0,7%
Más de 7 hasta 8.................................................................................................
0,8%
Más de 8 hasta 9.................................................................................................
0,9%
Más de 9 hasta 10...............................................................................................
1,0%
Más de 10 hasta 15.............................................................................................
1,2%
Más de 15 hasta 20.............................................................................................
1,4%
Más de 20 hasta 25.............................................................................................
1,6%
Más de 25 hasta 30.............................................................................................
1,8%
Más de 30 hasta 35.............................................................................................
2,0%
Más de 35 hasta 40.............................................................................................
2,2%
Más de 40 hasta 50.............................................................................................
2,4%
Más de 50 hasta 60.............................................................................................
2,6%
Más de 60 hasta 70.............................................................................................
2,8%
Más de 70 hasta 80.............................................................................................
3,0%
Más de 80 hasta 90...........................................................................................
3,2%
Más de 90 hasta 100...........................................................................................
3,4%
Más de 100......................................................................................................
3,5%
§ 1º El impuesto no recaerá sobre el inmueble rural, o conjunto de inmuebles rurales, de área igual o inferior a un módulo fiscal, siempre que su propietario, titular del dominio útil o poseedor, a cualquier título, lo cultive solo o con su familia, admitiéndose la ayuda eventual de terceros. (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 2º El módulo fiscal de cada Municipio, expresado en hectáreas, se determinará teniendo en cuenta los siguientes factores: (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
a) el tipo de explotación predominante en el Municipio: (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
I - hortofrutigranjera; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
Il - cultivo permanente; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
III - cultivo temporal; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
IV - ganadería; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
V - forestal; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
b) la renta obtenida en el tipo de explotación predominante; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
c) otras explotaciones existentes en el Municipio que, aunque no sean predominantes, sean significativas en función de la renta o del área utilizada; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
d) el concepto de "propiedad familiar", definido en el ítem II del artículo 4º de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 3º El número de módulos fiscales de un inmueble rural se obtendrá dividiendo su área aprovechable total por el módulo fiscal del Municipio. (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 4º A los efectos de esta Ley, constituye área aprovechable del inmueble rural la que sea susceptible de explotación agrícola, ganadera o forestal. No se considera aprovechable: (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
a) el área ocupada por mejoras; (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
b) el área ocupada por bosque o monte de efectiva preservación permanente, o reforestada con especies nativas; (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
c) el área comprobadamente inservible para cualquier explotación agrícola, ganadera o forestal. (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 5º El impuesto calculado conforme al caput de este artículo podrá ser objeto de una reducción de hasta el 90% (noventa por ciento) a título de estímulo fiscal, según el grado de utilización económica del inmueble rural, en la siguiente forma: (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
a) reducción de hasta el 45% (cuarenta y cinco por ciento), por el grado de utilización de la tierra, medido por la relación entre el área efectivamente utilizada y el área aprovechable total del inmueble rural; (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
b) reducción de hasta el 45% (cuarenta y cinco por ciento), por el grado de eficiencia en la explotación, medido por la relación entre el rendimiento obtenido por hectárea para cada producto explotado y los correspondientes índices regionales fijados por el Poder Ejecutivo y multiplicado por el grado de utilización de la tierra, referido en la letra "a" de este parágrafo. (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 6º La reducción del impuesto de que trata el § 5º de este artículo no se aplicará al inmueble que, en la fecha del lanzamiento, no tenga debidamente pagado el impuesto de ejercicios anteriores, salvo las hipótesis previstas en el artículo 151 del Código Tributario Nacional. (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 7º El Poder Ejecutivo podrá, manteniendo el límite máximo del 90% (noventa por ciento), modificar la distribución porcentual prevista en las letras a y b del § 5º de este artículo, ajustándola a la política agrícola adoptada para las diversas regiones del País. (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 8º En los casos de intemperie o calamidad de los que resulte frustración de cosechas o incluso destrucción de pastos, para el cálculo de la reducción prevista en los literales "a" y "b" del § 5º de este artículo, podrán utilizarse los datos del período anterior al de la ocurrencia, pudiendo además el Ministro de Agricultura fijar los porcentajes de reducción del impuesto que se utilizarán. (Redacción dada por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 9º Para los inmuebles rurales que presenten grado de utilización de la tierra, calculado en la forma del literal a del § 5º de este artículo, inferior a los límites fijados en el § 11, la alícuota que se aplicará será multiplicada por los siguientes coeficientes: (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
a) en el primer año: 2,0 (dos); (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
b) en el segundo año: 3,0 (tres); (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
c) en el tercer año y siguientes: 4,0 (cuatro). (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 10. En cualquier hipótesis, la aplicación de lo dispuesto en el § 9º no resultará en alícuotas inferiores a: (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
a) en el primer año: 2% (dos por ciento); (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
b) en el segundo año: 3% (tres por ciento); (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
c) en el tercer año y siguientes: 4% (cuatro por ciento). (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
§ 11. Los límites referidos en el § 9º se fijan según el tamaño del módulo fiscal del Municipio de ubicación del inmueble rural, de la siguiente forma: (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
ÁREA DEL MÓDULO FISCAL
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA TIERRA
Hasta 25 hectáreas..........................................................
30%
Por encima de 25 hectáreas hasta 50 hectáreas.......................
25%
Por encima de 50 hectáreas hasta 80 hectáreas.......................
18%
Por encima de 80 hectáreas................................................
10%
§ 12. En los casos de proyectos agropecuarios, la suspensión de la aplicación de lo dispuesto en los §§ 9º 10 y 11 de este artículo podrá ser solicitada por un período de hasta 3 (tres) años. (Incluido por la Ley nº 6.746, de 1979)
Art. 51. Vetado.
Párrafo único. Vetado.
Art. 52. El propietario rural que desee solicitar los beneficios referidos en el artículo 50, § 5º,...... de esta Ley, deberá solicitar a la Unión su otorgamiento, adjuntando a la solicitud comprobante de la aprobación del proyecto por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria. § 1° El proyecto presentado al Instituto Brasileño de Reforma Agraria será por este aprobado o rechazado dentro del plazo máximo de noventa días, considerándose aprobado si dentro de ese plazo no hubiere pronunciamiento del órgano. § 2° Aprobado el proyecto, el propietario tendrá plazo de noventa días para suscribir, ante el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, acta de compromiso de su ejecución. § 3º Si al final de dos años, contados desde la fecha de la aprobación del proyecto, no hubieren sido ejecutados como mínimo el treinta por ciento de los trabajos en él previstos, el Instituto Brasileño de Reforma Agraria hará a la Unión la competente notificación, a efectos de que se cobre la parte reducida o suspendida de los impuestos liquidados, acrecida de la tasa de corrección monetaria, calculada en la forma de la ley que regula la materia. Vetado (Revocado por la Ley nº 6.746, de 1979)
SECCIÓN III — De la Renta de la Explotación Agrícola y Pastoril y de las Industrias Extractivas, Veg
Art. 53. En la determinación, a efectos del Impuesto sobre la Renta, del rendimiento neto de la explotación agrícola o pastoril, de las industrias extractivas, vegetal y animal, y de transformación de productos agrícolas y pecuarios realizada por el propio agricultor o criador, con materia prima de la propiedad explotada, se aplicará el coeficiente de tres por ciento sobre el valor referido en el inciso I del artículo 49 de esta Ley, constante en la declaración de bienes o en el balance patrimonial.
§ 1° Las construcciones y mejoras serán deducidas del valor del impuesto, no recayendo sobre ellas la tributación de que trata este artículo.
§ 2° En caso de no ser posible determinar el valor exacto de las construcciones y mejoras existentes, este será fijado de forma arbitral en treinta por ciento del valor de la tierra desnuda, conforme a la declaración a efectos del pago del impuesto territorial.
§ 3º Igualmente se deducirá el valor del ganado, de las máquinas agrícolas y de los cultivos permanentes, aplicándose sobre él el coeficiente de uno por ciento para la determinación de la renta tributable.
§ 4º En el caso de inmueble rural explotado por arrendatario, el valor anual del arrendamiento podrá ser deducido del importe tributable, calculado en los términos de este artículo y §§ 1°, 2° y 3º. Se admitirá esa deducción dentro del límite de cincuenta por ciento del respectivo valor, siempre que se comuniquen a la oficina recaudadora el nombre y la dirección del propietario, y el valor del pago que le haya sido hecho.
§ 5º Podrá también ser deducida del valor tributable, referido en el párrafo anterior, la suma pagada por el contribuyente en el último ejercicio, a título de Impuesto Territorial Rural.
§ 6° No se permitirán otras deducciones del rendimiento neto calculado en la forma de este artículo, salvo lo dispuesto en los §§ 4° y 5°.
§ 7º Al propietario del inmueble rural, total o parcialmente arrendado, se le concederá el derecho de excluir el valor de los bienes arrendados, siempre que se declare y compruebe el valor del arrendamiento y se identifique al arrendatario.
§ 8º Las personas físicas tienen la facultad de reajustar el valor de los inmuebles rurales en sus declaraciones de renta y de bienes, a partir del ejercicio financiero de 1965, independientemente de cualquier comprobación, sin que sea tributable el aumento de patrimonio resultante de ese reajuste. A las empresas rurales, organizadas bajo la forma de sociedad civil, se les otorgarán idénticos beneficios en cuanto al registro contable y al aumento del activo neto.
§ 9º La falta de integralización del capital de las empresas rurales, referidas en el párrafo anterior, no impide la corrección del activo, prevista en este artículo. El aumento del activo neto y del capital resultante de esa corrección no podrá ser aplicado en la integralización de acciones o cuotas.
§ 10. Los aumentos de capital de las personas jurídicas resultantes de la incorporación, a su activo, de acciones distribuidas en virtud de la corrección monetaria realizada por empresas rurales, de las que sean accionistas o socias en los términos de este artículo, no sufrirán ninguna tributación. Idéntica exención regirá respecto de las acciones resultantes de aquel aumento de capital.
§ 11. Los valores de que tratan los §§ 8º y 10 de este artículo no podrán ser inferiores al precio de adquisición del inmueble y de las inversiones en mejoras, actualizadas de acuerdo con los coeficientes de corrección monetaria, fijados por el Consejo Nacional de Economía.
Art. 54. Vetado.
§ 1º Vetado
§ 2º Vetado
§ 3º Vetado
§ 4º Vetado
§ 5º Vetado
CAPÍTULO II — De la Colonización
SECCIÓN I — De la Colonización Oficial
Art. 55. En la colonización oficial, el Poder Público tomará la iniciativa de reclutar y seleccionar personas o familias, dentro o fuera del territorio nacional, reuniéndolas en núcleos agrícolas o agroindustriales, pudiendo encargarse de su transporte, recepción, alojamiento y encaminamiento, hasta su colocación e integración en los respectivos núcleos.
Art. 56. La colonización oficial deberá realizarse en tierras ya incorporadas al Patrimonio Público o que lleguen a serlo. Se efectuará, preferentemente, en las áreas:
I - ociosas o de aprovechamiento inadecuado;
II - próximas a grandes centros urbanos y de mercados de fácil acceso, teniendo en vista los problemas de abastecimiento;
III - de éxodo, en lugares de fácil acceso y comunicación, de acuerdo con los planes nacionales y regionales de vías de transporte;
IV - de colonización predominantemente extranjera, con miras a facilitar el proceso de interculturación;
V - de apertura de nuevas tierras a lo largo de los ejes viales, para ampliar la frontera económica del país.
Art. 57. Los programas de colonización tienen en vista, además de los objetivos especificados en el artículo 56:
I - la integración y el progreso social y económico del parcelero;
II - la elevación del nivel de vida del trabajador rural;
III - la conservación de los recursos naturales y la recuperación social y económica de determinadas áreas;
IV - el aumento de la producción y de la productividad en el sector primario.
Art. 58. En las regiones prioritarias definidas por la zonificación y en la fijación de sus poblaciones en otras regiones, corresponderán al Instituto Brasileño de Reforma Agraria las actividades colonizadoras.
§ 1° En las demás regiones, la colonización oficial obedecerá a la metodología observada en los proyectos realizados en las áreas prioritarias, y será coordinada por el Órgano del Ministerio de Agricultura referido en el artículo 74, y ejecutada por este, por los Gobiernos Estatales o por entidades de valorización regional, mediante convenios.
§ 2º Las atribuciones referentes a la selección de inmigrantes son de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a las directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura, en articulación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiendo al órgano referido en el artículo 74 la recepción y el encaminamiento de los inmigrantes.
Art. 59. El órgano competente del Ministerio de Agricultura referido en el artículo 74 podrá crear núcleos de colonización, con fines especiales, y deberá igualmente entablar negociaciones con el Ministerio de Guerra para el establecimiento de colonias, con asistencia militar, en la frontera continental.
SECCIÓN II — De la Colonización Particular
Art. 60. A los efectos de esta Ley se consideran empresas particulares de colonización las personas físicas y jurídicas de derecho privado que tengan por finalidad ejecutar programas de valorización de áreas o de distribución de tierras.
Art. 60. A los efectos de esta ley, se consideran empresas particulares de colonización las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes y domiciliadas en Brasil, o jurídicas, constituidas y con sede en el País, que tengan por finalidad ejecutar programas de valorización de área o distribución de tierras. (Redacción dada por el Decreto-Ley nº 494, de 1969)
Art. 60. A los efectos de esta Ley, se consideran empresas particulares de colonización las personas físicas, nacionales o extranjeras, residentes o domiciliadas en Brasil, o jurídicas, constituidas y con sede en el País, que tengan por finalidad ejecutar programa de valorización de área o distribución de tierras. (Redacción dada por la Ley nº 5.709, de 19/01/71)
§ 1° Es deber del Estado estimular, por los medios enumerados en el artículo 73, las iniciativas particulares de colonización.
§ 2º La empresa rural, definida en el inciso VI del artículo 4°, siempre que esté incluida en proyecto de colonización, deberá permitir la libre participación en su capital de los respectivos parceleros.
Art. 61. Los proyectos de colonización particular, en cuanto a la metodología, deberán ser previamente examinados por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, que inscribirá a la entidad y el respectivo proyecto en registro propio. Tales proyectos serán aprobados por el Ministerio de Agricultura, cuyo órgano propio coordinará la respectiva ejecución.
§ 1° Sin previo registro de la entidad colonizadora y del proyecto y sin la aprobación de este, ninguna parcela podrá ser vendida en programas particulares de colonización.
§ 2º El propietario de tierras aptas para la labranza o la ganadería, interesado en lotearlas para fines de urbanización o formación de quintas de recreo, deberá someter el respectivo proyecto a la previa aprobación y fiscalización del órgano competente del Ministerio de Agricultura o del Instituto Brasileño de Reforma Agraria, según el caso.
§ 3º A fin de posibilitar el catastro, el control y la fiscalización de los loteos rurales, las Oficinas de Registro de Inmuebles están obligadas a comunicar a los órganos competentes, referidos en el párrafo anterior, los registros efectuados en las respectivas circunscripciones, en los términos de la legislación vigente, informando el nombre del propietario, la denominación del inmueble y su ubicación, así como el área, el número de lotes y la fecha del registro en los citados órganos.
§ 4º Ningún proyecto de colonización particular será aprobado para gozar de las ventajas de esta Ley, si no consignare para la empresa colonizadora las siguientes obligaciones mínimas:
a) apertura de caminos de acceso y de penetración al área que será colonizada;
b) división de los lotes y su respectivo estacado, obedeciendo la división, en la medida de lo posible, al criterio de seguir las vertientes, partiendo su orientación en el sentido de la divisoria hacia las aguas, de modo que todos los lotes posean agua propia o común;
c) mantenimiento de una reserva forestal en los vértices de las divisorias y en los manantiales;
d) prestación de asistencia médica y técnica a los adquirentes de lotes y a los miembros de sus familias;
e) fomento de la producción de un determinado cultivo agrícola ya predominante en la región o ecológicamente aconsejado por los técnicos del Instituto Brasileño de Reforma Agraria o del Ministerio de Agricultura;
f) entrega de documentación legalizada y en regla a los adquirentes de lotes.
§§ 5° - 6º - 7º - 8º - Vetados.
Art. 62. Los interesados en proyectos de colonización destinados a la ocupación y valorización económica de la tierra, en los que predominen el trabajo asalariado o los contratos de arrendamiento y aparcería, no gozarán de los beneficios previstos en esta Ley.
SECCIÓN III — De la Organización de la Colonización
Art. 63. Para atender a los objetivos de la presente Ley y garantizar las mejores condiciones de arraigo del hombre a la tierra y de su progreso social y económico, los programas de colonización se elaborarán previendo la agrupación de lotes en núcleos de colonización, y de estos en distritos, y la asociación de los parceleros en cooperativas.
Art. 64. Los lotes de colonización pueden ser:
I - parcelas, cuando se destinen al trabajo agrícola del parcelero y de su familia, cuya vivienda, cuando no sea en el propio lugar, deberá ser en el centro de la comunidad a la que ellas correspondan;
II - urbanos, cuando se destinen a constituir el centro de la comunidad, incluyendo las residencias de los trabajadores de los diversos servicios implantados en el núcleo o distritos, eventualmente las de los propios parceleros, y las instalaciones necesarias para la ubicación de los servicios administrativos asistenciales, así como de las actividades cooperativas, comerciales, artesanales e industriales.
§ 1° Siempre que el órgano competente del Ministerio de Agricultura o el Instituto Brasileño de Reforma Agraria no manifiesten, dentro de los noventa días de la consulta, la preferencia a la que tendrán derecho, los lotes de colonización podrán ser enajenados:
a) a personas que se ajusten a las condiciones y al orden de preferencia previstos en el artículo 25; o
b) libremente, después de cinco años, contados a partir de la fecha de su transcripción.
§ 2º En el caso de que el adquirente o su sucesor desista de la explotación directa, los inmuebles rurales vendidos en los términos de esta Ley revertirán al patrimonio del enajenante, pudiendo el reglamento prever las condiciones en que se dará esa reversión, resguardada la restitución de la suma ya pagada por el adquirente, con la corrección monetaria de acuerdo con los índices del Consejo Nacional de Economía, calculados entre la fecha del pago y la de la restitución, si tal cláusula constare en el respectivo contrato de venta.
§ 3º Si los adquirentes mantuvieren sin explotar áreas susceptibles de aprovechamiento, siempre que tengan a su disposición condiciones objetivas para explotarlas, perderán el derecho a dichas áreas, que revertirán al patrimonio del enajenante, con la simple devolución de los gastos efectuados.
§ 4º En la reglamentación de las materias de que trata este capítulo, con observancia de las prioridades ya codificadas, se estipularán:
a) las exigencias relativas a los títulos de dominio y a la demarcación de linderos;
b) los criterios para la fijación de las áreas límite de parcelas, lotes urbanos y glebas de uso común, así como de los precios, condiciones de financiamiento y pago;
c) el sistema de selección de los parceleros y artesanos;
d) las limitaciones para la distribución, desmembramiento, enajenación y transmisión de los lotes;
e) las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales;
f) los servicios que deban ser asegurados a los promitentes compradores, así como las cargas y exenciones tributarias que, en los términos de la ley, les sean conferidas.
Art. 65. El inmueble rural no es divisible en áreas de dimensión inferior a la constitutiva del módulo de propiedad rural. (Reglamento)
§ 1° En caso de sucesión mortis causa y en las particiones judiciales o amistosas, no se podrán dividir inmuebles en áreas inferiores a las de la dimensión del módulo de propiedad rural.
§ 2º Los herederos o los legatarios que adquieran por sucesión el dominio de inmuebles rurales no podrán dividirlos en otros de dimensión inferior al módulo de propiedad rural.
§ 3º En el caso de que uno o más herederos o legatarios deseen explotar las tierras así obtenidas, el Instituto Brasileño de Reforma Agraria podrá proveer a fin de que el solicitante o los solicitantes obtengan financiamientos que les faciliten el numerario para indemnizar a los demás condóminos.
§ 4° El financiamiento a que se refiere el párrafo anterior solo podrá concederse mediante prueba de que el solicitante no posee recursos para adquirir el respectivo lote.
§ 5o No se aplica lo dispuesto en el caput de este artículo a los parcelamientos de inmuebles rurales en dimensión inferior a la del módulo, fijada por el órgano agrario federal, cuando sean promovidos por el Poder Público, en programas oficiales de apoyo a la actividad agrícola familiar, cuyos beneficiarios sean agricultores que no posean otro inmueble rural o urbano. (Incluido por la Ley 11.446, de 2007).
§ 6o Ningún inmueble rural adquirido en la forma del § 5o de este artículo podrá ser desmembrado o dividido. (Incluido por la Ley 11.446, de 2007).
Art. 66. Los compradores y promitentes compradores de parcelas resultantes de colonización oficial o particular quedan exentos del pago de los tributos federales que incidan directamente sobre el inmueble durante el período de cinco años, contados a partir de la fecha de la compra o del compromiso.
Párrafo único. El órgano competente suscribirá convenios con el fin de obtener, para los compradores y promitentes compradores, idénticas exenciones de tributos estatales y municipales.
Art. 67. El Núcleo de Colonización, como unidad básica, se caracteriza por un conjunto de parcelas integradas por una sede administrativa y servicios comunitarios.
Párrafo único. El número de parcelas de un núcleo estará condicionado esencialmente por la posibilidad de conocimiento mutuo entre los parceleros y de su identificación por el administrador, en función de las dimensiones adecuadas a cada región.
Art. 68. La emancipación del núcleo ocurrirá cuando este tenga condiciones de vida autónoma, y será declarada por acto del órgano competente, observados los preceptos legales y reglamentarios.
Art. 69. El costo operacional del núcleo de colonización será transferido progresivamente a los propietarios de las parcelas, por medio de cooperativas u otras entidades que los congreguen. El plazo para esa transferencia, que nunca será superior a cinco años, se contará:
a) a partir de su emancipación;
b) desde el momento en que la mayoría de los parceleros ya haya recibido los títulos definitivos, aunque el núcleo no haya adquirido condiciones de vida autónoma.
Art. 70. El Distrito de Colonización se caracteriza como unidad constituida por tres o más núcleos interconectados, subordinados a una única jefatura, integrado por servicios generales administrativos y comunitarios.
Art. 71. En los casos de regiones muy alejadas de los centros urbanos y de los mercados consumidores, solo se permitirá la organización de Distrito de Colonización.
Art. 72. La reglamentación de este capítulo establecerá, para los proyectos de colonización que lleguen a gozar de los beneficios de esta Ley:
a) la forma de administración, la composición, el área de jurisdicción y los criterios de vinculación, desmembramiento e incorporación de los núcleos a los Distritos de Colonización;
b) los servicios generales administrativos y comunitarios indispensables para la implantación de núcleos y Distritos de Colonización;
c) los servicios complementarios de asistencia educacional, sanitaria, social, técnica y crediticia;
d) los servicios de producción, de beneficio y de industrialización y de electrificación rural, de comercialización y transportes;
e) los servicios de planificación y ejecución de obras que, en cada caso, sean aconsejables y deban ser considerados para la eficacia de los programas.
CAPÍTULO III — De la Asistencia y Protección a la Economía Rural
Art. 73. Dentro de las directrices fijadas para la política de desarrollo rural, con el fin de prestar asistencia social, técnica y de fomento y de estimular la producción agropecuaria, de modo que esta atienda no solo al consumo nacional, sino también a la posibilidad de obtener excedentes exportables, se movilizarán, entre otros, los siguientes medios:
I - asistencia técnica;
II - producción y distribución de semillas y plantones;
III - cría, venta y distribución de reproductores y uso de la inseminación artificial;
IV - mecanización agrícola;
V - cooperativismo;
VI - asistencia financiera y crediticia; (Véase la Ley 13.001, de 2014)
VII - asistencia a la comercialización;
VIII - industrialización y beneficio de los productos;
IX - electrificación rural y obras de infraestructura;
X - seguro agrícola;
XI - educación, por medio de establecimientos agrícolas de orientación profesional;
XII - garantía de precios mínimos a la producción agrícola.
§ 1° Todos los medios enumerados en este artículo se utilizarán para dar plena capacitación al agricultor y a su familia y tienen por objeto, especialmente, la preparación educacional, la formación empresarial y técnico-profesional:
a) garantizando su integración social y su activa participación en el proceso de desarrollo rural;
b) estableciendo, en el medio rural, un clima de cooperación entre el hombre y el Estado, en el aprovechamiento de la tierra.
§ 2º En lo que se refiere a los campos de acción de los órganos encargados de orientar, normalizar o ejecutar la política de desarrollo rural, por medio de los medios enumerados en este artículo, se observará lo siguiente:
a) en las áreas comprendidas en las regiones prioritarias e incluidas en los planes nacional y regionales de Reforma Agraria, la actuación competerá siempre al Instituto Brasileño de Reforma Agraria;
b) en las demás áreas del país, esos medios de asistencia y protección se utilizarán bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura; en el ámbito de actuación de los órganos federales, por las reparticiones y entidades subordinadas o vinculadas a dicho Ministerio; en las áreas de jurisdicción de los Estados, por las respectivas Secretarías de Agricultura y entidades de economía mixta, creadas y adecuadamente organizadas con la finalidad de promover el desarrollo rural;
c) en las regiones en que actúen órganos de valorización económica, tales como la Superintendencia del Desarrollo Económico del Nordeste (SUDENE), la Superintendencia del Plan de Valorización Económica de la Amazonia (SPVEA), la Comisión del Valle del São Francisco (CVSF), la Fundación Brasil Central (FBC), la Superintendencia del Plan de Valorización Económica de la Región Frontera Sudoeste del País (SUDOESTE), la utilización de esos medios podrá ser ejercida, en todo o en parte, por esos órganos.
§ 3° Los proyectos de Reforma Agraria recibirán asistencia integral, entendiéndose por tal el empleo de todos los medios enumerados en este artículo, quedando a cargo de los organismos creados por la presente Ley y de aquellos ya existentes, bajo la coordinación del Instituto Brasileño de Reforma Agraria.
§ 4º En las regiones prioritarias de Reforma Agraria, esa asistencia será prestada también por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, en colaboración con los órganos estatales pertinentes, a los propietarios rurales existentes en ellas, siempre que se constituyan en cooperativas, soliciten los beneficios aquí mencionados y se comprometan a observar las normas establecidas.
Art. 74. Se crea, para atender a las actividades atribuidas por esta Ley al Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional del Desarrollo Agrario (INDA), entidad autárquica vinculada al mismo Ministerio, con personalidad jurídica y autonomía financiera, de acuerdo con lo prescrito en las disposiciones siguientes:
I - el Instituto Nacional del Desarrollo Agrario tiene por finalidad promover el desarrollo rural en los sectores de la colonización, de la extensión rural y del cooperativismo;
II - el Instituto Nacional del Desarrollo Agrario tendrá los recursos y el patrimonio definidos en la presente Ley;
III - el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario será dirigido por un Presidente y un Consejo Directivo, compuesto por tres miembros, nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Agricultura;
IV - el Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario integrará la Comisión de Planificación de la Política Agrícola;
V - además de las atribuciones que esta Ley le confiere, corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario:
a) vetado;
b) planificar, programar, orientar, promover y fiscalizar las actividades relativas al cooperativismo y al asociativismo rural;
c) colaborar en programas de colonización y de recolonización;
d) planificar, programar, promover y controlar las actividades relativas a la extensión rural y cooperar con otros órganos o entidades que las ejecuten;
e) planificar, programar y promover medidas dirigidas a la implantación y desarrollo de la electrificación rural;
f) proceder a la evaluación del desarrollo de las actividades de extensión rural. Vetado;
g) realizar estudios e investigaciones sobre la organización rural y proponer las medidas que de ellos se deriven;
h) vetado;
i) actuar, en colaboración con los órganos del Ministerio del Trabajo encargados de la sindicalización rural, con miras a armonizar las atribuciones legales con los propósitos sociales, económicos y técnicos de la agricultura;
j) establecer normas, proceder al registro y promover la fiscalización del funcionamiento de las cooperativas y de otras entidades de asociativismo rural;
k) planificar y promover la adquisición y reventa de materiales agropecuarios, reproductores, semillas y plantones;
l) controlar las existencias y las operaciones financieras de reventa;
m) centralizar la movilización de recursos financieros destinados a la adquisición y reventa de materiales agropecuarios, de acuerdo con el plan general aprobado por la Comisión de Planificación de la Política Agrícola;
n) ejercer las atribuciones de que trata el artículo 88 de esta Ley, en el ámbito federal;
o) desempeñar las atribuciones contenidas en el artículo 162 de la Constitución Federal, observado lo dispuesto en el § 2º del artículo 58 de esta Ley, coordinando sus actividades con las del Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
p) suscribir convenios con los Estados, Municipios y entidades privadas para la ejecución de los programas de desarrollo rural en los sectores de la colonización, extensión rural, cooperativismo y demás actividades de su competencia;
VI - la organización del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y de sus sistemas de funcionamiento será establecida en reglamento, con competencia idéntica a la fijada para el Instituto Brasileño de Reforma Agraria en el artículo 104 y sus párrafos.
SECCIÓN I — De la Asistencia Técnica
Art. 75. La asistencia técnica, en las modalidades y con los objetivos definidos en los párrafos siguientes, será prestada por todos los órganos mencionados en el artículo 73, § 2º, letras a, b y c.
§ 1° En las áreas de los proyectos de reforma agraria, la prestación de asistencia técnica se hará por medio del Administrador del Proyecto, de los agentes de extensión rural y de los equipos de especialistas. El Administrador residirá obligatoriamente en el área del proyecto. Los agentes de extensión rural y los equipos de especialistas actuarán a nivel de la Delegación Regional del Instituto Brasileño de Reforma Agraria y deberán residir en su área de jurisdicción y, durante la fase de implantación, de ser necesario, en la propia área del proyecto.
§ 2º En las demás áreas, fuera de las regiones prioritarias, este tipo de asistencia técnica será prestado en la forma indicada en el artículo 73, párrafo 2º, letra b.
§ 3º Los establecimientos rurales aislados continuarán siendo atendidos por los órganos de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y de las Secretarías Estatales, en la forma actual o por medio de los técnicos y sistemas que lleguen a ser adoptados por dichos organismos.
§ 4º Las actividades de asistencia técnica, tanto en las áreas prioritarias de Reforma Agraria como en las previstas en el § 3º de este artículo, tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
a) la planificación de emprendimientos y actividades agrícolas;
b) la elevación del nivel sanitario, mediante servicios propios de salud y saneamiento rural, mejora de la vivienda y capacitación de labradores y criadores, así como de sus familias;
c) la creación del espíritu empresarial y la formación adecuada en economía doméstica, indispensable para la gestión de los pequeños establecimientos rurales y para la administración de la propia vida familiar;
d) la transmisión de conocimientos y el acceso a medios técnicos concernientes a métodos y prácticas agropecuarias y extractivas, con miras a la elección económica de los cultivos y crías, a su racional implantación y desarrollo, y al empleo de medidas de defensa sanitaria, vegetal y animal;
e) el auxilio y la asistencia para el uso racional del suelo, la ejecución de planes de reforestación, la obtención de crédito y financiamiento, la defensa y preservación de los recursos naturales;
f) la promoción, entre los agricultores, del espíritu de liderazgo y de asociativismo.
SECCIÓN II — De la Producción y Distribución de Semillas y Plantones
Art. 76. Los órganos mencionados en el artículo 73, § 2º, letra b, deberán expandir sus actividades en el sector de producción y distribución de material de plantación, incluido el básico, de modo que atiendan tanto a los parceleros como a los agricultores en general.
Párrafo único. La producción y distribución de semillas y plantones, incluidos los de nuevas variedades, podrán también ser realizadas por organizaciones particulares, dentro del sistema de certificación de material de plantación, bajo la fiscalización, control y amparo del Poder Público.
SECCIÓN III — De la Cría, Venta, Distribución de Reproductores y Uso de la Inseminación Artificial
Art. 77. La mejora de los rebaños y planteles se hará mediante la cría, la venta de reproductores y el uso de la inseminación artificial, debiendo los órganos mencionados en el artículo 73, § 2º, letra b, ampliar con ese fin su red de puestos especializados.
Párrafo único. La cría de reproductores y el empleo de la inseminación artificial podrán ser realizados por entidades privadas, bajo fiscalización, control y amparo del Poder Público.
SECCIÓN IV — De la Mecanización Agrícola
Art. 78. Los planes de mecanización agrícola, elaborados por los órganos mencionados en el artículo 73, § 2°, letra b, tomarán en cuenta el mercado de mano de obra regional y las necesidades de preparación y capacitación de personal para la utilización y mantenimiento de la maquinaria.
§ 1° Estos planes serán dimensionados en función del grado de productividad que se pretende alcanzar en cada una de las áreas geoeconómicas del país, y deberán condicionarse al nivel tecnológico ya existente y a la composición de la fuerza de trabajo existente.
§ 2º En los mismos planes podrán incluirse servicios adecuados de mantenimiento y de orientación técnica para el uso económico de las máquinas e implementos, los cuales, siempre que sea posible, deberán ser realizados por entidades privadas especializadas.
SECCIÓN V — Del Cooperativismo
Art. 79. La Cooperativa Integral de Reforma Agraria (CIRA) contará con la contribución financiera del Poder Público, por intermedio del Instituto Brasileño de Reforma Agraria, durante el período de implantación de los respectivos proyectos.
§ 1° La contribución financiera mencionada en este artículo se hará de acuerdo con la magnitud del emprendimiento, la posibilidad de obtención de crédito, préstamo o financiamiento externo y otras facilidades.
§ 2º La Cooperativa Integral de Reforma Agraria tendrá un Delegado designado por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, integrante del Consejo de Administración, sin derecho a voto, con la función de prestar asistencia técnico-administrativa a la Directiva y de orientar y fiscalizar la aplicación de los recursos que el Instituto Brasileño de Reforma Agraria haya destinado a la entidad cooperativa.
§ 3º A las cooperativas así constituidas se les permitirá la contratación de gerentes no cooperados en la forma de la ley.
§ 4º La participación directa del Instituto Brasileño de Reforma Agraria en la constitución, instalación y desarrollo de la Cooperativa Integral de Reforma Agraria, cuando constituya contribución financiera, se hará con recursos del Fondo Nacional de Reforma Agraria, en forma de inversiones sin recuperación directa, considerada la finalidad social y económica de dichas inversiones. Cuando se trate de asistencia crediticia, dicha participación se hará por intermedio del Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acuerdo con las normas trazadas por la entidad coordinadora del crédito rural.
§ 5º La Contribución del Estado será hecha por la Cooperativa Integral de Reforma Agraria, imputada a un Fondo de Implantación de la propia cooperativa.
§ 6° Cuando el emprendimiento resultante del proyecto de Reforma Agraria tenga condiciones de vida autónoma, su emancipación será declarada por el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, cesando las funciones del Delegado de que trata el § 2° de este artículo e incorporándose al patrimonio de la cooperativa el Fondo requerido en el párrafo anterior.
§ 7º El Estatuto de la Cooperativa Integral de Reforma Agraria deberá determinar la incorporación al Banco Nacional de Crédito Cooperativo del remanente patrimonial, en caso de disolución de la sociedad.
§ 8º Además de su designación cualitativa, la Cooperativa Integral de Reforma Agraria adoptará la denominación que establezca su respectivo Estatuto.
§ 9º Las cooperativas ya existentes en las áreas prioritarias podrán transformarse en Cooperativas Integradas de Reforma Agraria, a criterio del Instituto Brasileño de Reforma Agraria.
§ 10. Lo dispuesto en esta sección se aplica, en lo que corresponda, a las demás cooperativas, incluidas las destinadas a actividades extractivas.
Art. 80. El órgano mencionado en el artículo 74 deberá promover la expansión del sistema cooperativista, prestando, cuando sea necesario, asistencia técnica, financiera y comercial a las cooperativas, con miras a la capacitación y al entrenamiento de los cooperados para garantizar la implantación de los servicios administrativos, técnicos, comerciales e industriales.
SECCIÓN VI — De la Asistencia Financiera y Crediticia
Art. 81. Para la adquisición de tierra destinada a su trabajo y al de su familia, el trabajador rural tendrá derecho a un préstamo equivalente al valor del salario mínimo anual de la región, otorgado por el Fondo Nacional de Reforma Agraria, a un plazo de veinte años, con un interés de seis por ciento anual.
Párrafo único. Podrán acumular el préstamo de que trata este artículo dos o más trabajadores rurales que se concierten para la adquisición de una propiedad de área superior a la que establece el número 2 del artículo 4° de esta Ley, bajo administración común o en forma de cooperativa.
Art. 82. En las áreas prioritarias de Reforma Agraria, la asistencia crediticia a los parceleros y demás cooperados será prestada, preferentemente, por medio de las cooperativas.
Párrafo único. En las demás regiones, siempre que sea posible, se hará lo mismo con respecto a los pequeños y medianos propietarios.
Art. 83. El Instituto Brasileño de Reforma Agraria, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de la Moneda y del Crédito (SUMOC) y la Coordinación Nacional del Crédito Rural, promoverá las medidas legales necesarias para la institucionalización del crédito rural tecnificado.
§ 1° La Coordinación Nacional del Crédito Rural fijará las normas del contrato estándar de financiamiento que permita asegurar protección al agricultor, desde la fase de preparación de la tierra hasta la venta de sus cosechas, o la entrega de estas a la cooperativa para su comercialización o industrialización.
§ 2º El mismo organismo deberá proveer la forma de descuento de títulos originados en operaciones de financiamiento a agricultores o de venta de productos, máquinas, implementos y utilidades agrícolas necesarios para el costeo de cosechas, la construcción de mejoras y los mejoramientos agrarios.
§ 3º La Superintendencia de la Moneda y del Crédito podrá determinar que de los depósitos obligatorios de los Bancos particulares, a su orden, se deduzcan las cantidades que vayan a ser utilizadas en operaciones de crédito rural, en la forma que ella reglamente.
SECCIÓN VII — De la Asistencia a la Comercialización
Art. 84. Los planes de almacenamiento y protección de los productos agropecuarios tendrán en cuenta la zonificación de que trata el artículo 43, a fin de condicionar a los objetivos de esta Ley las actividades de la Superintendencia Nacional de Abastecimiento (SUNAB) y de otros órganos federales y estatales con actividades que tengan por objeto el desarrollo rural.
§ 1° Los órganos referidos en este artículo, si fuere necesario, deberán instalar, en convenio con el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, almacenes, silos, frigoríficos, puestos o agencias de compra, con el fin de dar seguridad a la producción agrícola.
§ 2º Los planes deberán también tener en cuenta la clasificación de los productos y la adecuada y oportuna salida de las zafras.
Art. 85. La fijación de los precios mínimos, de acuerdo con la esencialidad de los productos agropecuarios, con miras a los mercados interno y externo, deberá hacerse, como mínimo, sesenta días antes de la época de la siembra en cada región, y los precios se reajustarán, en la época de la venta, de acuerdo con los índices de corrección fijados por el Consejo Nacional de Economía.
§ 1° Para la fijación del precio mínimo se tomará como base el costo efectivo de la producción, incrementado con los gastos de transporte hasta el mercado más cercano y con el margen de lucro del productor, que no podrá ser inferior al treinta por ciento.
§ 2º Los gastos de almacenamiento, expurgo, conservación y embalaje de los productos agrícolas correrán por cuenta del órgano ejecutor de la política de garantía de precios mínimos, sin que sean deducibles del total que se deba pagar al productor.
Art. 86. Los órganos referidos en el artículo 73, § 2º, letra b, deberán, si fuere necesario y cuando la red comercial se mostrare insuficiente, promover la expansión de esta o expandir sus puestos de reventa para atender los intereses de los labradores y de los criadores en la obtención de mercaderías y utilidades necesarias para sus actividades rurales, de forma oportuna y económica, con miras a la mejora de la producción y al aumento de la productividad, mediante, entre otros, servicios locales, para la distribución de producción propia o la reventa de:
I - tractores, implementos agrícolas, conjuntos de irrigación y perforación de pozos, aparatos y utensilios para pequeñas industrias de beneficio de la producción;
II - alambres, herbicidas, insecticidas, fungicidas, raciones, mezclas, sueros, vacunas y medicamentos para animales;
III - correctivos de suelo, fertilizantes y abonos, semillas y plantones.
SECCIÓN VIII — De la Industrialización y Beneficio de los Productos Agrícolas
Art. 87. En las áreas prioritarias de la Reforma Agraria, la industrialización y el beneficio de los productos agrícolas serán promovidos por las Cooperativas Integrales de Reforma Agraria.
Art. 88. El Poder Público, por medio de los órganos referidos en el artículo 73, § 2º, letra b, ejercerá actividades de orientación, planificación, ejecución y control, con el objetivo de promover el incentivo de la industrialización, del beneficio de los productos agropecuarios y de los medios indispensables para el aumento de la producción y de la productividad agrícola, especialmente los referidos en el artículo 86.
Párrafo único. Vetado.
SECCIÓN IX — De la Electrificación Rural y Obras de Infraestructura
Art. 89. Los planes nacional y regional de Reforma Agraria incluirán, obligatoriamente, las providencias de valorización relativas a la electrificación rural y a otras obras de mejora de infraestructura, tales como reforestación, regularización de los caudales de los cursos de agua, construcción de represas, presas sumergidas, drenaje, irrigación, apertura de pozos, saneamiento, obras de conservación del suelo, además del sistema vial indispensable para la realización del proyecto.
Art. 90. Los órganos públicos federales o estatales referidos en el artículo 73, § 2º, letras a, b y c, así como el Banco Nacional de Crédito Cooperativo, en la medida de sus disponibilidades técnicas y financieras, promoverán la difusión de las actividades de reforestación y de electrificación rural, estas esencialmente por medio de cooperativas de electrificación e industrialización rural, organizadas por los labradores y ganaderos de la región.
§ 1° Los mismos órganos, especialmente las entidades de economía mixta destinadas a promover el desarrollo rural, deberán mantener servicios para atender la orientación, planificación, ejecución y fiscalización de las obras de mejora y otras de infraestructura, referidas en este artículo.
§ 2º Los consumidores rurales de energía eléctrica distribuida por medio de cooperativa de electrificación e industrialización rural quedarán exentos del respectivo empréstito obligatorio.
§ 3º Los proyectos de electrificación rural realizados por las cooperativas rurales tendrán prioridad en los financiamientos y podrán recibir auxilio del Gobierno federal, estatal y municipal.
SECCIÓN X — Del Seguro Agrícola
Art. 91. La Compañía Nacional de Seguro Agrícola (C.N.S.A.), en convenio con el Instituto Brasileño de Reforma Agraria, actuará en las áreas del proyecto de Reforma Agraria, garantizando cultivos, zafras, cosechas, rebaños y planteles.
§ 1° El establecimiento de las tablas de primas de seguro para los varios tipos de actividad agropecuaria en las diversas regiones del país se hará teniendo en vista la necesidad de su aplicación, no solamente en las áreas prioritarias de Reforma Agraria, sino también en las otras regiones seleccionadas por la Compañía Nacional de Seguro Agrícola, en las cuales la producción agropecuaria represente factor esencial de desarrollo.
§ 2º Los contratos de financiamiento y préstamo y los contratos agropecuarios, de cualquier naturaleza, realizados por medio de los órganos oficiales de crédito, deberán ser asegurados en la Compañía Nacional de Seguro Agrícola.
CAPÍTULO IV — Del Uso o de la Posesión Temporal de la Tierra
SECCIÓN I — De las Normas Generales
Art. 92. La posesión o el uso temporal de la tierra se ejercerán en virtud de contrato expreso o tácito, establecido entre el propietario y quienes ejercen en ella actividad agrícola o pecuaria, bajo la forma de arrendamiento rural, de aparcería agrícola, pecuaria, agroindustrial y extractiva, en los términos de esta Ley.
§ 1° El propietario garantizará al arrendatario o aparcero el uso y goce del inmueble arrendado o cedido en aparcería.
§ 2º Los precios de arrendamiento y de aparcería fijados en contrato...Vetado.. serán reajustados periódicamente, de acuerdo con los índices aprobados por el Consejo Nacional de Economía. En los casos en que ocurra explotación de productos con precio oficialmente fijado, la relación entre los precios reajustados y los iniciales no puede sobrepasar la relación entre el nuevo precio fijado para los productos y el respectivo precio en la época del contrato, observadas las normas del Reglamento de esta Ley.
§ 3º En caso de enajenación del inmueble arrendado, el arrendatario tendrá preferencia para adquirirlo en igualdad de condiciones, debiendo el propietario darle conocimiento de la venta, a fin de que pueda ejercer el derecho de perempción dentro de treinta días, contados desde la notificación judicial o efectuada de manera comprobada, mediante recibo.
§ 4° El arrendatario a quien no se notifique la venta podrá, depositando el precio, adquirir para sí el inmueble arrendado, si lo requiere en el plazo de seis meses, contados desde la transcripción del acto de enajenación en el Registro de Inmuebles.
§ 5º La enajenación o la imposición de gravamen real sobre el inmueble no interrumpe la vigencia de los contratos de arrendamiento o de aparcería, quedando el adquirente subrogado en los derechos y obligaciones del enajenante.
§ 6º El incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes dará lugar, facultativamente, a la rescisión del contrato de arrendamiento o de aparcería, observado lo dispuesto en la ley.
§ 7º Cualquier simulación o fraude del propietario en los contratos de arrendamiento o de aparcería, en que el precio sea satisfecho en productos agrícolas, dará al arrendatario o al aparcero el derecho de pagar según las tasas mínimas vigentes en la región para cada tipo de contrato.
§ 8º Para la prueba de los contratos previstos en este artículo, se permitirá la producción de testigos. La ausencia de contrato no podrá excluir la aplicación de los principios establecidos en este Capítulo y en las normas reglamentarias.
§ 9º Para la solución de los casos omisos en la presente Ley, prevalecerá lo dispuesto en el Código Civil.
Art. 93. Se prohíbe al propietario exigir del arrendatario o del aparcero:
I - prestación de servicio gratuito;
II - exclusividad de la venta de la cosecha;
III - obligatoriedad del beneficio de la producción en su establecimiento;
IV - obligatoriedad de la adquisición de géneros y utilidades en sus almacenes o barracones;
V - aceptación de pago en "órdenes", "vales", "borós" u otras formas regionales sustitutivas de la moneda.
Párrafo único. Al propietario que hubiere financiado al arrendatario o aparcero, por inexistencia de financiamiento directo, se le facultará exigir la venta de la cosecha hasta el límite del financiamiento concedido, observados los niveles de precios del mercado local.
Art. 94. Se prohíbe el contrato de arrendamiento o aparcería en la explotación de tierras de propiedad pública, salvo lo dispuesto en el párrafo único de este artículo.
Párrafo único. Excepcionalmente, podrán ser arrendadas o dadas en aparcería tierras de propiedad pública, cuando:
a) razones de seguridad nacional lo determinaren;
b) áreas de núcleos de colonización pionera, en su fase de implantación, fueren organizadas con fines de demostración;
c) fueren objeto de posesión pacífica y a justo título, reconocida por el Poder Público, antes de la vigencia de esta Ley.
SECCIÓN II — Del Arrendamiento Rural
Art. 95. En cuanto al arrendamiento rural, se observarán los siguientes principios:
I - los plazos de arrendamiento terminarán siempre después de concluida la cosecha, inclusive la de plantas forrajeras temporales cultivables. En caso de retraso de la cosecha por motivo de fuerza mayor, se considerarán prorrogados esos plazos en las mismas condiciones, hasta su conclusión;
II - se presume hecho, por el plazo mínimo de tres años, el arrendamiento por tiempo indeterminado, observada la regla del ítem anterior;
III - el arrendatario que inicie cualquier cultivo cuyos frutos no puedan ser cosechados antes de terminado el plazo de arrendamiento deberá acordar previamente con el locador del suelo la forma en que ellos serán repartidos;
III - el arrendatario, para iniciar cualquier cultivo cuyos frutos no puedan ser recogidos antes de terminado el plazo de arrendamiento, deberá acordar, previamente, con el locador, la forma de pago del uso de la tierra por ese plazo excedente. (Redacción dada por la Ley nº 4.947, de 1966).
III - el arrendatario, para iniciar cualquier cultivo cuyos frutos no puedan ser recogidos antes de terminado el plazo de arrendamiento, deberá acordar, previamente, con el arrendador la forma de pago del uso de la tierra por ese plazo excedente; (Redacción dada por la Ley nº 11.443, de 2007).
IV - en igualdad de condiciones con extraños, el arrendatario tendrá preferencia para la renovación del arrendamiento, debiendo el propietario, hasta seis meses antes del vencimiento del contrato, hacerle la competente notificación de las propuestas existentes. De no verificarse la notificación, el contrato se considera automáticamente renovado, siempre que el locatario, en los treinta días siguientes, no manifieste su desistimiento o formule nueva propuesta, todo mediante simple registro de sus declaraciones en el competente Registro de Títulos y Documentos;
IV - en igualdad de condiciones con extraños, el arrendatario tendrá preferencia para la renovación del arrendamiento, debiendo el propietario, hasta 6 (seis) meses antes del vencimiento del contrato, hacerle la competente notificación extrajudicial de las propuestas existentes. De no verificarse la notificación extrajudicial, el contrato se considera automáticamente renovado, siempre que el arrendador, en los 30 (treinta) días siguientes, no manifieste su desistimiento o formule nueva propuesta, todo mediante simple registro de sus declaraciones en el competente Registro de Títulos y Documentos; (Redacción dada por la Ley nº 11.443, de 2007)
V - los derechos asegurados en el inciso anterior no prevalecerán si, en el plazo de seis meses antes del vencimiento del contrato, el propietario, por vía de notificación, declarare su intención de retomar el inmueble para explotarlo directamente o por medio de un descendiente suyo;
V - los derechos asegurados en el inciso IV del caput de este artículo no prevalecerán si, dentro del plazo de 6 (seis) meses anteriores al vencimiento del contrato, el propietario, mediante notificación extrajudicial, declarare su intención de retomar el inmueble para explotarlo directamente o por intermedio de un descendiente suyo; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
VI - sin el consentimiento expreso del propietario queda prohibido el subarrendamiento;
VII - podrá pactarse, entre el propietario y el arrendatario, una cláusula que permita la sustitución del área arrendada por otra equivalente en el mismo inmueble rural, siempre que se respeten las condiciones del arrendamiento y los derechos del arrendatario;
VIII - el arrendatario, al término del contrato, tiene derecho a la indemnización de las mejoras necesarias y útiles, y será indemnizado por las mejoras voluptuarias cuando hayan sido autorizadas por el locador del suelo. Mientras el arrendatario no sea indemnizado por las mejoras necesarias y útiles, podrá permanecer en el inmueble, en el uso y goce de las ventajas que este ofrece, en los términos del contrato de arrendamiento y de las disposiciones del inciso I;
VIII - el arrendatario, al término del contrato, tiene derecho a la indemnización de las mejoras necesarias y útiles; será indemnizado por las mejoras voluptuarias cuando hayan sido autorizadas por el propietario del suelo; y, mientras el arrendatario no sea indemnizado por las mejoras necesarias y útiles, podrá permanecer en el inmueble, en el uso y goce de las ventajas que este ofrece, en los términos del contrato de arrendamiento y de las disposiciones del inciso I de este artículo; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
IX - cuando en el contrato de arrendamiento consten animales de cría, de corte o de trabajo, cuya forma de restitución no haya sido expresamente regulada, el arrendatario está obligado, concluido o rescindido el contrato, a restituirlos en igual número, especie y valor;
X - el arrendatario no responderá por ningún deterioro o perjuicio al que no haya dado causa;
XI - en la reglamentación de esta Ley, se complementarán las siguientes condiciones que, obligatoriamente, constarán en los contratos de arrendamiento:
a) límites de los precios del alquiler y formas de pago en dinero o en su equivalente en productos cosechados;
a) límites de la remuneración y formas de pago en dinero o en su equivalente en productos; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
b) plazos mínimos de locación y límites de vigencia para los diversos tipos de actividades agrícolas;
b) plazos mínimos de arrendamiento y límites de vigencia para los diversos tipos de actividades agrícolas; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
c) bases para las renovaciones convenidas;
d) formas de extinción o rescisión;
e) derecho y formas de indemnización pactadas respecto de las mejoras realizadas;
XII - el precio del arrendamiento, bajo cualquier forma de pago, no podrá ser superior al quince por ciento del valor catastral del inmueble, incluidas las mejoras que integren la composición del contrato, salvo que el arrendamiento sea parcial y recaiga únicamente sobre glebas seleccionadas para fines de explotación intensiva de alta rentabilidad, en cuyo caso el precio podrá llegar hasta el límite del treinta por ciento;
XII - la remuneración del arrendamiento, bajo cualquier forma de pago, no podrá ser superior al 15% (quince por ciento) del valor catastral del inmueble, incluidas las mejoras que integren la composición del contrato, salvo que el arrendamiento sea parcial y recaiga únicamente sobre glebas seleccionadas para fines de explotación intensiva de alta rentabilidad, en cuyo caso la remuneración podrá llegar hasta el límite del 30% (treinta por ciento). (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
XIII - a todo aquel que ocupe, bajo cualquier forma de arrendamiento, por más de cinco años, un inmueble rural expropiado, en área prioritaria de Reforma Agraria, se le asegura el derecho preferente de acceso a la tierra..Vetado...
Art. 95-A. Se instituye el Programa de Arrendamiento Rural, destinado a la atención complementaria del acceso a la tierra por parte de los trabajadores rurales calificados para participar en el Programa Nacional de Reforma Agraria, en la forma establecida en el reglamento.(Incluido por la Medida Provisoria 2.183-56, de 2001) (Reglamento)
Párrafo único. Los inmuebles que integren el Programa de Arrendamiento Rural no serán objeto de expropiación con fines de reforma agraria mientras se mantengan arrendados, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento.(Incluido por la Medida Provisoria 2.183-56, de 2001)
SECCIÓN III — De la Aparcería Agrícola, Pecuaria, Agroindustrial y Extractiva
Art. 96. En la aparcería agrícola, pecuaria, agroindustrial y extractiva, se observarán los siguientes principios:
I - el plazo de los contratos de aparcería, siempre que no haya sido convenido por las partes, será como mínimo de tres años, asegurándose al aparcero el derecho a la conclusión de la cosecha pendiente, observada la norma contenida en el inciso I del artículo 95;
II - expirado el plazo, si el propietario no quisiere explotar directamente la tierra por cuenta propia, el aparcero, en igualdad de condiciones con terceros, tendrá preferencia para celebrar un nuevo contrato de aparcería;
III - los gastos de tratamiento y cría de los animales, a falta de acuerdo en contrario, correrán por cuenta del aparcero cuidador y criador;
IV - el propietario asegurará al aparcero que resida en el inmueble rural, para atender al uso exclusivo de su familia, una casa de morada higiénica y un área suficiente para huerta y cría de animales de pequeño porte;
V - en el Reglamento de esta Ley, se complementarán, según el caso, las siguientes condiciones, que constarán obligatoriamente en los contratos de aparcería agrícola, pecuaria, agroindustrial o extractiva:
a) cuota límite del propietario en la participación de los frutos, según la naturaleza de la actividad agropecuaria y las facilidades ofrecidas al aparcero;
b) plazos mínimos de duración y límites de vigencia según los diversos tipos de actividad agrícola;
c) bases para las renovaciones convenidas;
d) formas de extinción o rescisión;
e) derechos y obligaciones respecto de las indemnizaciones por mejoras realizadas con el consentimiento del propietario y de los daños sustanciales causados por el aparcero, por prácticas predatorias en el área de explotación o en las mejoras, los equipos, las herramientas e implementos agrícolas que le hayan sido cedidos;
f) derecho y oportunidad de disponer de los frutos repartidos;
VI - en la participación de los frutos de la aparcería, la cuota del propietario no podrá ser superior a:
a) diez por ciento, cuando concurra únicamente con la tierra desnuda;
b) veinte por ciento, cuando concurra con la tierra preparada y la vivienda;
c) treinta por ciento, cuando concurra con el conjunto básico de mejoras, constituido especialmente por casa de morada, galpones, baño para ganado, cercas, zanjas o corrales, según el caso;
d) cincuenta por ciento, cuando concurra con la tierra preparada y el conjunto básico de mejoras enumeradas en el literal c y, además, con el suministro de máquinas e implementos agrícolas, para atender a las labores culturales, así como las semillas y los animales de tiro y, en el caso de aparcería pecuaria, con animales de cría en proporción superior al cincuenta por ciento del número total de cabezas objeto de la aparcería;
e) setenta y cinco por ciento, en las zonas de ganadería ultraextensiva en que los animales de cría sean en proporción superior al veinticinco por ciento del rebaño y donde se adopten la división por mitades de la leche y la comisión mínima de cinco por ciento por animal vendido;
f) el propietario podrá siempre cobrar al aparcero, a su precio de costo, el valor de los fertilizantes e insecticidas suministrados, en el porcentaje que corresponda a la participación de este, en cualquiera de las modalidades previstas en los literales anteriores;
a) 20% (veinte por ciento), cuando concurra únicamente con la tierra desnuda; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
b) 25% (veinticinco por ciento), cuando concurra con la tierra preparada; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
c) 30% (treinta por ciento), cuando concurra con la tierra preparada y la vivienda; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
d) 40% (cuarenta por ciento), cuando concurra con el conjunto básico de mejoras, constituido especialmente por casa de morada, galpones, baño para ganado, cercas, zanjas o corrales, según el caso; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
e) 50% (cincuenta por ciento), cuando concurra con la tierra preparada y el conjunto básico de mejoras enumeradas en el literal d de este inciso y, además, con el suministro de máquinas e implementos agrícolas, para atender a las labores culturales, así como las semillas y los animales de tiro, y, en el caso de aparcería pecuaria, con animales de cría en proporción superior al 50% (cincuenta por ciento) del número total de cabezas objeto de la aparcería; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
f) 75% (setenta y cinco por ciento), en las zonas de ganadería ultraextensiva en que los animales de cría sean en proporción superior al 25% (veinticinco por ciento) del rebaño y donde se adopten la división por mitades de la leche y la comisión mínima de 5% (cinco por ciento) por animal vendido; (Redacción dada por la Ley 11.443, de 2007).
g) en los casos no previstos en los literales anteriores, la cuota adicional del propietario se fijará con base en un porcentaje máximo de diez por ciento del valor de las mejoras o de los bienes puestos a disposición del aparcero;
VII - se aplican a la aparcería agrícola, pecuaria, agropecuaria, agroindustrial o extractiva las normas pertinentes al arrendamiento rural, en lo que corresponda, así como las reglas del contrato de sociedad, en lo que no esté regulado por la presente Ley.
VIII - el propietario podrá siempre cobrar al aparcero, a su precio de costo, el valor de los fertilizantes e insecticidas suministrados, en el porcentaje que corresponda a la participación de este, en cualquiera de las modalidades previstas en los literales del inciso VI del caput de este artículo; (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
IX - en los casos no previstos en los literales del inciso VI del caput de este artículo, la cuota adicional del propietario se fijará con base en un porcentaje máximo de 10% (diez por ciento) del valor de las mejoras o de los bienes puestos a disposición del aparcero. (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
Párrafo único. Los contratos que prevean el pago del trabajador, parte en dinero y parte en porcentaje de la labranza cultivada o del ganado tratado, se consideran simple locación de servicios, regulada por la legislación laboral, siempre que la dirección de los trabajos sea de entera y exclusiva responsabilidad del propietario, locatario del servicio a quien corresponde todo el riesgo, asegurándose al locador, por lo menos, la percepción del salario mínimo en el cómputo de las dos partes.
§ 1o La aparcería rural es el contrato agrario por el cual una persona se obliga a ceder a otra, por tiempo determinado o no, el uso específico de un inmueble rural, de parte o partes de él, incluyendo o no mejoras, otros bienes y/o facilidades, con el objeto de que en él se ejerza actividad de explotación agrícola, pecuaria, agroindustrial, extractiva vegetal o mixta; y/o le entrega animales para cría, recría, invernada, engorda o extracción de materias primas de origen animal, mediante la partición, aislada o cumulativamente, de los siguientes riesgos: (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
I - caso fortuito y fuerza mayor del emprendimiento rural; (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
II - de los frutos, productos o lucros obtenidos en las proporciones que estipulen, observados los límites porcentuales establecidos en el inciso VI del caput de este artículo; (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
III - variaciones de precio de los frutos obtenidos en la explotación del emprendimiento rural. (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
§ 2o Las partes contratantes podrán establecer la prefijación, en cantidad o volumen, del monto de la participación del propietario, siempre que, al final del contrato, se realice el ajuste del porcentaje perteneciente al propietario, de acuerdo con la producción. (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
§ 3o El eventual adelanto del monto prefijado no desnaturaliza el contrato de aparcería. (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
§ 4o Los contratos que prevean el pago del trabajador, parte en dinero y parte en porcentaje del cultivo explotado o del ganado tratado, se consideran simple locación de servicios, regulada por la legislación laboral, siempre que la dirección de los trabajos sea de entera y exclusiva responsabilidad del propietario, locatario del servicio, a quien corresponde todo el riesgo, asegurándose al locador, por lo menos, la percepción del salario mínimo en el cómputo de las 2 (dos) parcelas. (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
§ 5o Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los contratos de aparcería agroindustrial, de aves y porcinos, que serán regulados por ley específica. (Incluido por la Ley 11.443, de 2007).
SECCIÓN IV — De los Ocupantes de Tierras Públicas Federales
Art. 97. En cuanto a los legítimos poseedores de tierras baldías federales, se observará lo siguiente:
I - el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá la discriminación de las áreas ocupadas por poseedores, para la progresiva regularización de sus condiciones de uso y posesión de la tierra, proveyendo, en los casos y condiciones previstos en esta Ley, la emisión de los títulos de dominio;
II - todo trabajador agrícola que, a la fecha de la presente Ley, haya ocupado, por un año, tierras baldías, tendrá preferencia para adquirir un lote de la dimensión del módulo de propiedad rural que se establezca para la región, observadas las prescripciones de la ley.
Art. 98. Todo aquel que, no siendo propietario rural ni urbano, ocupe durante diez años ininterrumpidos, sin oposición ni reconocimiento de dominio ajeno, haciéndolo productivo por su trabajo, y teniendo en él su morada, un trecho de tierra con área caracterizada como suficiente para, mediante su cultivo directo por el labrador y su familia, garantizarles la subsistencia y el progreso social y económico, en las dimensiones fijadas por esta Ley para el módulo de propiedad, adquirirá su dominio, mediante sentencia declaratoria debidamente transcrita.
Art. 99. La transferencia del dominio al poseedor de tierras baldías federales se efectuará en el competente proceso administrativo de legitimación de posesión, cuyos actos y términos obedecerán a las normas del Reglamento de la presente Ley.
Art. 100. El título de dominio expedido por el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro del plazo que establezca el Reglamento, transcrito en el competente Registro General de Inmuebles.
Art. 101. Las tasas debidas por el legitimante de posesión en tierras baldías federales constarán en una tabla que será expedida periódicamente por el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atendiéndose a la antigüedad de la posesión, así como a las diversificaciones de las regiones en que se verifique la respectiva discriminación.
Art. 102. Los derechos de los legítimos poseedores de tierras baldías federales están condicionados al cumplimiento de los requisitos absolutamente indispensables del cultivo efectivo y de la morada habitual.
TÍTULO IV — De las Disposiciones Generales y Transitorias
Art. 103. La aplicación de la presente Ley deberá tener por objetivo, antes y por encima de todo, el perfecto ordenamiento del sistema agrario del país, de acuerdo con los principios de la justicia social, conciliando la libertad de iniciativa con la valorización del trabajo humano.
§ 1° Para la plena ejecución de lo dispuesto en este artículo, el Poder Ejecutivo, a través de los órganos de su administración centralizada y descentralizada, deberá proveer en el sentido de facultar y garantizar todas las actividades extractivas, agrícolas, pecuarias y agroindustriales, de modo que no se perjudique, directa o indirectamente, el armónico desarrollo de la vida rural.
§ 2º Dentro de esa orientación, la implantación de los servicios y trabajos previstos en esta Ley se procesará progresivamente, siguiéndose los criterios, las condiciones técnicas y las prioridades fijados por ella, a fin de que la política de desarrollo rural no tenga en modo alguno solución de continuidad.
§ 3º De acuerdo con los principios normativos de este artículo y de los párrafos anteriores, se dará prioridad a la elaboración de la zonificación y del catastro, previstos en el Título II, Capítulo IV, Sección III, de esta Ley.
Art. 104. El Cuadro de servidores del Instituto Brasileiro de Reforma Agrária estará constituido por personal de los órganos y reparticiones a él incorporados, o a él transferidos, y por personal admitido en la forma de la ley.
§ 1° Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los cargos o funciones cuyos ocupantes estén en ejercicio como requisados, en los mencionados órganos incorporados o transferidos, así como a los funcionarios públicos civiles o militares, así definidos por la legislación especial.
§ 2º El Instituto Brasileiro de Reforma Agrária podrá admitir, mediante ordenanza o contrato, en régimen especial de trabajo y salario, dentro de las dotaciones presupuestarias propias, especialistas necesarios para el desempeño de actividades técnicas y científicas para cuya ejecución no disponga de servidores habilitados.
§ 3º El Instituto Brasileiro de Reforma Agrária podrá requisar servidores de la administración centralizada o descentralizada, sin perjuicio de sus remuneraciones, derechos y ventajas.
§ 4° Ninguna admisión de personal, con excepción de lo previsto en el párrafo segundo, podrá hacerse sino mediante concurso de pruebas o de títulos y pruebas.
§ 5º Los servidores de la Superintendência da Política Agrária (SUPRA), pertenecientes a los cuadros del extinto Instituto Nacional de Imigração e Colonização (I.N.I.C.), y del Serviço Social Rural (S.S.R.), podrán optar por ser destinados a cualquier órgano donde existan cargos o funciones por ellos ocupados.
Art. 105. Se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos, denominados Títulos de la Deuda Agraria, distribuidos en series autónomas, respetado el límite máximo de circulación de Cr$300.000.000.000,00 (trescientos mil millones de cruzeiros).
Art. 105. Se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos, denominados Títulos de la Deuda Agraria, distribuidos en series autónomas, respetado el límite máximo de circulación equivalente a 500.000.000 de OTN (quinientos millones de Obligaciones del Tesoro Nacional). (Redacción dada por la Ley 7.647, de 19/01/88)
§ 1° Los títulos a que se refiere este artículo devengarán intereses de seis por ciento a doce por ciento al año, tendrán cláusula de garantía contra eventual desvalorización de la moneda, en función de los índices fijados por el Conselho Nacional de Economia, y podrán ser utilizados:
a) en pago de hasta cincuenta por ciento del Impuesto Territorial Rural;
b) en pago del precio de tierras públicas;
c) en caución para garantía de cualesquiera contratos, obras y servicios celebrados con la Unión;
d) como fianza en general;
e) en caución como garantía de préstamos o financiamientos en establecimientos de la Unión, autarquías federales y sociedades de economía mixta, en entidades o fondos de aplicación a las actividades rurales creados para este fin;
f) en depósito, para asegurar la ejecución en acciones judiciales o administrativas.
§ 2° Estos títulos serán nominativos o al portador y de valor nominal de Cr$50.000,00 (cincuenta mil cruzeiros), Cr$100.000,00 (cien mil cruzeiros), Cr$200.000,00 (doscientos mil cruzeiros), Cr$500.000,00 (quinientos mil cruzeiros) y Cr$1.000.000,00 (un millón de cruzeiros), de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de esta Ley.
§ 2º Estos títulos serán nominativos o al portador y de valor nominal de referencia equivalente al de 5 (cinco), 10 (diez), 20 (veinte), 50 (cincuenta) y 100 (cien) Obligaciones del Tesoro Nacional, u otra unidad de corrección monetaria plena que venga a sustituirlas, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de esta Ley. (Redacción dada por la Ley 7.647, de 19/01/88)
§ 3° Los títulos de cada serie autónoma serán rescatados a partir del segundo año de su efectiva colocación en plazos variables de cinco, diez, quince y veinte años, de conformidad con lo que establezca la reglamentación de esta Ley. Dentro de una misma serie no se podrá hacer diferenciación de intereses ni de plazo.
§ 4° Los presupuestos de la Unión, a partir del relativo al ejercicio de 1966, consignarán partidas específicas destinadas al servicio de intereses y amortización derivados de esta Ley, inclusive las dotaciones necesarias para el cumplimiento de la cláusula de corrección monetaria, las cuales serán distribuidas automáticamente al Tesoro Nacional.
§ 5º El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la autorización y las normas contenidas en este artículo y en los párrafos anteriores, reglamentará la expedición, las condiciones y la colocación de los Títulos de la Deuda Agraria.
Art. 106. La ley que se dicte para la institucionalización del crédito rural tecnificado en los términos del artículo 83 fijará las normas generales que deben satisfacer los fondos de garantía y las formas permitidas para la aplicación de los recursos provenientes de la colocación, relativamente a los Títulos de la Deuda Agraria o de Bonos Rurales, emitidos por los Gobiernos de los Estados, para que estos puedan tener derecho a la coobligación de la Unión Federal.
Art. 107. Los litigios judiciales entre propietarios y arrendatarios rurales obedecerán al rito procesal previsto en el artículo 685 del Código de Proceso Civil.
§ 1° No tendrán efecto suspensivo los recursos interpuestos contra las decisiones dictadas en los procesos a que se refiere el presente artículo.
§ 2º Los litigios relativos a las relaciones de trabajo rural en general, inclusive los reclamos de trabajadores agrícolas, pecuarios, agroindustriales o extractivos, son de competencia de la Justicia del Trabajo, rigiéndose su proceso por el rito procesal laboral.
Art. 108. Para fines de encuadramiento se revisarán, a partir de la fecha de publicación de esta Ley, los reglamentos, ordenanzas, instrucciones, circulares y otras disposiciones administrativas o técnicas expedidas por los Ministerios y Reparticiones.
Art. 109. Observado lo dispuesto en esta Ley, se permitirá el reajuste de las cuotas mensuales de amortizaciones e intereses y de los saldos deudores en los contratos de venta a plazo de:
I - lotes de tierra con o sin mejoras, en proyectos de Reforma Agraria y en núcleos de colonización;
II - máquinas, equipos e implementos agrícolas, a cooperativas agrícolas o entidades especializadas en la prestación de servicios y asistencia a la mecanización;
III instalación de industrias de beneficio, para cooperativas agrícolas o empresas rurales.
§ 1° El reajuste a que se refiere este artículo se hará en intervalos no inferiores a un año, proporcionalmente a los índices generales de precios, fijados por el Conselho Nacional de Economia.
§ 2º Los contratos relativos a las operaciones referidas en el inciso I serán limitados al plazo máximo de veinte años; los relativos a las del inciso II, al plazo máximo de cinco años; y los referentes a las del inciso III, al plazo máximo de quince años.
§ 3º La corrección monetaria...Vetado... no constituirá renta imponible de sus beneficiarios.
Art. 110. Se permitirá la negociación en las Bolsas de Valores del País de warrants suministrados por los almacenes generales, silos y frigoríficos.
Art. 111. Los oficiales del Registro de Inmuebles inscribirán obligatoriamente los contratos de promesa de venta o de hipoteca celebrados de acuerdo con la presente Ley, declarando expresamente que los valores que constan en ellos son meramente estimativos, estando sujetos, como las cuotas mensuales, a las correcciones de valor determinadas en esta Ley.
§ 1° Mediante simple solicitud, firmada por cualquiera de las partes contratantes, acompañada de la publicación oficial del índice de corrección aplicado, los oficiales del Registro de Inmuebles anotarán, al margen de las respectivas instrucciones, las correcciones de valor determinadas por esta Ley, con indicación del nuevo valor del precio o de la deuda y del saldo respectivo, así como de la nueva cuota contractual.
§ 2º Si el promitente comprador o mutuario se negare a firmar la solicitud de anotación de las correcciones verificadas, quedará, no obstante, obligado al pago de la nueva cuota, pudiendo la entidad financiadora, si le conviniere, rescindir el contrato con notificación previa en el plazo de noventa días.
Art. 112. Pasa a tener la siguiente redacción el artículo 38, letra b, del Decreto n. 22.239, de 19 de diciembre de 1932, revigorado por el Decreto-Ley n. 8.401, de 19 de diciembre de 1945:
"b) del beneficio, industrialización y venta en común de productos de origen extractivo, agrícola o de cría de animales".
Art. 113. El Establecimiento Rural de Tapajós, incorporado a la Superintendencia de Política Agraria por la Ley Delegada n. 11, de 11 de octubre de 1962, queda, para todos los efectos legales y patrimoniales, transferido al Ministerio de Agricultura.
Art. 114. Para fines de regularización, los núcleos coloniales y las tierras pertenecientes al antiguo Instituto Nacional de Inmigración y Colonización, incorporados a la Superintendencia de Política Agraria por la Ley Delegada referida en el artículo anterior, serán transferidos:
a) al Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, los ubicados en las áreas prioritarias de reforma agraria;
b) al patrimonio del Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, los situados en las demás áreas del país.
Art. 115. Las atribuciones conferidas a la Superintendencia de Política Agraria por la Ley Delegada n. 11, de 11 de octubre de 1962, y que no se transfieren al Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, quedan distribuidas entre los órganos federales, en la forma de las siguientes disposiciones:
I - a los órganos propios del Ministerio de Agricultura se transfieren las atribuciones de:
a) planificar y ejecutar, directa o indirectamente, programas de colonización orientados a la radicación y al acceso a la tierra propia de agricultores y trabajadores sin tierra, nacionales o extranjeros, radicados en el país, mediante la formación de unidades familiares reunidas en cooperativas en las áreas de ocupación pionera y en los vacíos demográficos y económicos;
b) promover, de manera supletoria, la entrada de inmigrantes necesarios para el perfeccionamiento y la difusión de métodos agrícolas más avanzados;
c) fijar directrices para el servicio de inmigración y selección de inmigrantes, ejercido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus órganos propios de representación;
d) administrar, directa o indirectamente, los núcleos de colonización fuera de las áreas prioritarias de Reforma Agraria;
II - a los órganos propios de representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, las actividades concernientes a la selección de inmigrantes;
III - a los órganos propios del Ministerio de Justicia y Negocios Interiores, los asuntos pertinentes a la legalización de la permanencia, la prórroga y la rectificación de la nacionalidad de extranjeros, en el territorio nacional;
IV - a la División de Turismo y Certámenes, del Departamento Nacional de Comercio, del Ministerio de Industria y Comercio, el registro y la fiscalización de empresas de turismo y de venta de pasajes;
V - a los órganos propios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
a) la asistencia y el encaminamiento de los trabajadores rurales migrantes de una región a otra, en vista de las necesidades del desarrollo armónico del país;
b) la recepción de los inmigrantes seleccionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encaminándolos hacia áreas predeterminadas de acuerdo con las normas generales convenidas con el Ministerio de Agricultura.
Art. 116. Queda revocada la Ley Delegada n. 11, de 11 de octubre de 1962, extinguida la Superintendencia de Política Agraria (SUPRA) e incorporados al Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário y a los demás Ministerios, en la forma del artículo 115, para todos los efectos legales, jurídicos y patrimoniales, los servicios, atribuciones y bienes patrimoniales, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Párrafo único. Se transfieren al Instituto Brasileiro de Reforma Agrária y al Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, cuando corresponda, los saldos de las asignaciones presupuestarias y de los créditos especiales destinados a la Superintendencia de Política Agraria, incluidos los recursos financieros recaudados y los que le fueren debidos hasta la fecha de promulgación de la presente Ley.
Art. 117. Las actividades del Servicio Social Rural, incorporado a la Superintendencia de Política Agraria por la Ley Delegada n. 11, de 11 de octubre de 1962, así como el producto de la recaudación de las contribuciones creadas por la Ley n. 2.613, de 23 de septiembre de 1955, serán transferidos, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes incisos:
I - al Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário corresponderán las atribuciones relativas a la extensión rural y el cincuenta por ciento de la recaudación;
II - al órgano del Servicio Social de la Previsión que atenderá a los trabajos rurales,...Vetado... corresponderán las demás atribuciones y el cincuenta por ciento de la recaudación. Mientras no se cree ese órgano, sus atribuciones y recaudaciones serán de competencia de la autarquía referida en el inciso I;
III - Vetado.
Art. 118. Se extienden al Instituto Brasileiro de Reforma Agrária los privilegios de la Hacienda Pública en lo tocante al cobro de sus créditos y a los procesos en general, costas, plazos de prescripción, inmunidades tributarias y exenciones fiscales.
Art. 119. No podrán gozar de los beneficios de esta Ley, incluida la obtención de financiamientos, préstamos y otras facilidades financieras, los propietarios de inmuebles rurales cuyos certificados de catastro los clasifiquen en la forma prevista en el artículo 4°, inciso V.
§ 1° Los órganos competentes del Instituto Brasileiro de Reforma Agrária y del Ministerio de Agricultura podrán acordar con el propietario la forma y el plazo de adecuación del inmueble a los objetivos de esta Ley, dando conocimiento de este hecho a los establecimientos de crédito de economía mixta.
§ 2º Vetado.
Art. 120. Se instituye el Fondo Agroindustrial de Reconversión, con la finalidad de financiar proyectos presentados por propietarios cuyos inmuebles rurales hayan sido expropiados mediante pago con Títulos de la Deuda Agraria.
§ 1° El Fondo, administrado por el Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (B.N.D.E.), tendrá las siguientes fuentes:
I - diez por ciento del Fondo Nacional de Reforma Agraria;
II - recursos provenientes de préstamos contraídos en el país y en el exterior;
III - resultado de sus operaciones;
IV - recursos propios del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico o de otras entidades gubernamentales que se asignen al Fondo.
§ 2º El Fondo solamente financiará proyectos de desarrollo económico agropecuario o industrial que satisfagan las condiciones técnicas y económicas establecidas por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico y que se ajusten a los criterios de propiedad fijados por el Ministerio Extraordinario para la Planificación y Coordinación Económica.
§ 3º Las cargas resultantes del financiamiento, incluidas la amortización y los intereses, serán liquidadas en Títulos de la Deuda Agraria.
§ 4º Dentro de los recursos del Fondo, el financiamiento se concederá por un total nunca superior al cincuenta por ciento del monto de los Títulos de la Deuda Agraria que hayan integrado el precio de la expropiación.
Art. 121. Se autoriza al Poder Ejecutivo a abrir, por medio del Ministerio de Agricultura, el crédito especial de Cr$ 100.000.000,00 (cien millones de cruceiros) para atender los gastos de cualquier naturaleza con la instalación, organización y funcionamiento del Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, así como los relativos al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Art. 122. El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de ciento ochenta días, a partir de la publicación de la presente Ley, deberá dictar la reglamentación necesaria para su ejecución.
Art. 123. El criterio de tributación contenido en el Título III, Capítulo I, pasará a regir a partir del 1° de enero de 1965.
Párrafo único. Del Impuesto Territorial Rural, calculado en la forma dispuesta en el artículo 50 y sus parágrafos, se harán, en los tres primeros años de aplicación de esta Ley, las siguientes deducciones:
a) en el primer año, setenta y cinco por ciento del incremento verificado entre el valor determinado y el impuesto pagado en el último ejercicio anterior a la aplicación de la Ley;
b) en el segundo año, cincuenta por ciento del incremento verificado entre el valor determinado en aquel año y el impuesto pagado en el último ejercicio anterior a la aplicación de la Ley, con la corrección monetaria según los índices del Conselho Nacional de Economia;
c) en el tercer año, veinticinco por ciento del incremento verificado para el respectivo año, en la forma dispuesta en el literal anterior.
Art. 124. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 19, § 2°, a y b, solo tendrá vigencia, respectivamente, a partir de las fechas de cierre de la inscripción del catastro de las propiedades agrícolas y de la declaración del Impuesto sobre la Renta relativa al año base de 1964.
Art. 125. Dentro de diez años contados desde la publicación de la presente Ley quedan exentas del pago del impuesto sobre la ganancia inmobiliaria las transmisiones de inmuebles rurales realizadas con el objetivo inmediato de eliminar el latifundio o efectuar reagrupamientos de parcelas, con el propósito de corregir minifundios, siempre que tales objetivos sean verificados por el Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
Art. 126. La Cartera de Colonización del Banco do Brasil, sin perjuicio de sus atribuciones legales, actuará como entidad financiadora en las operaciones de venta de lotes rurales...Vetado...
§ 1° Las Letras Hipotecarias que el Banco do Brasil está autorizado a emitir, para provisión de recursos y en préstamos de su Cartera de Colonización, podrán contener cláusula de garantía contra eventual desvalorización de la moneda, de acuerdo con los índices que sean sugeridos por el Conselho Nacional de Economia, asegurando al mismo Banco el resarcimiento de perjuicios ya previstos en el artículo 4º de la Ley nº 2.237, de 19 de junio de 1954.
§ 2º Corresponderá a la Dirección del Banco do Brasil fijar el límite del valor de los préstamos que el Banco queda autorizado a realizar en el país o en el extranjero para su aplicación, por su Cartera de Colonización, quedando revocado, por tanto, el límite establecido en el párrafo único del artículo 8º de la Ley nº 2.237, de 19 de junio de 1954, y las disposiciones en contrario.
Art. 127. Vetado.
Art. 128. Esta Ley entrará en vigor en la fecha de su publicación, revocadas las disposiciones en contrario.
Brasília, 30 de noviembre de 1964; 143º de la Independencia y 76º de la República.
H. CASTELLO BRANCO Presidente de la República
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 30.11.1964, rectificado el 17.12.1964 y rectificado el 6.4.1965
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