Estatuto del Niño y del Adolescente

ECA Lei nº 8.069, de 1990 Estatutos
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Dispone sobre el Estatuto del Niño y del Adolescente y adopta otras providencias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

Título I — De las Disposiciones Preliminares

Art. 1º Esta Ley dispone sobre la protección integral del niño y del adolescente.
Art. 2º Se considera niño, para los efectos de esta Ley, a la persona hasta doce años de edad incompletos, y adolescente a aquella entre doce y dieciocho años de edad.
Párrafo único. En los casos expresos en ley, este Estatuto se aplica excepcionalmente a las personas entre dieciocho y veintiún años de edad.
Art. 3º El niño y el adolescente gozan de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, sin perjuicio de la protección integral de que trata esta Ley, asegurándoseles, por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades, a fin de facilitarles el desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y de dignidad.
Párrafo único. Los derechos enunciados en esta Ley se aplican a todos los niños y adolescentes, sin discriminación de nacimiento, situación familiar, edad, sexo, raza, etnia o color, religión o creencia, discapacidad, condición personal de desarrollo y aprendizaje, condición económica, ambiente social, región y lugar de residencia u otra condición que diferencie a las personas, a las familias o a la comunidad en que viven. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
Art. 4º Es deber de la familia, de la comunidad, de la sociedad en general y del poder público asegurar, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos referentes a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al deporte, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria.
Art. 4º Es deber de la familia, de la comunidad, de la sociedad en general y del poder público asegurar, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos referentes a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al deporte, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad, a la naturaleza y a la convivencia familiar y comunitaria. (Redacción dada por la Ley nº 15.512, de 2026)
Párrafo único. La garantía de prioridad comprende:
a) primacía en recibir protección y socorro en cualesquiera circunstancias;
b) precedencia de atención en los servicios públicos o de relevancia pública;
c) preferencia en la formulación y en la ejecución de las políticas sociales públicas;
d) destinación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección de la infancia y de la juventud.
§1º La garantía de prioridad comprende: (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
a) primacía en recibir protección y socorro en cualesquiera circunstancias;
b) precedencia de atención en los servicios públicos o de relevancia pública;
c) preferencia en la formulación y en la ejecución de las políticas sociales públicas;
d) destinación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección de la infancia y de la juventud.
§ 2º Compete a los padres, además de velar por los derechos de que trata el art. 3º de esta Ley, prestar a los hijos asistencia afectiva, por medio de convivencia o de visitas periódicas, que permita el seguimiento de la formación psicológica, moral y social de la persona en desarrollo. (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
§ 3º Para los efectos de esta Ley, se considera asistencia afectiva: (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
I – orientación respecto de las principales elecciones y oportunidades profesionales, educacionales y culturales; (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
II – solidaridad y apoyo en los momentos de intenso sufrimiento o de dificultad; (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
III – presencia física espontáneamente solicitada por el niño o adolescente cuando sea posible atenderla. (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
Art. 5º Ningún niño o adolescente será objeto de ninguna forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión, siendo castigado en la forma de la ley todo atentado, por acción u omisión, a sus derechos fundamentales.
Párrafo único. Se considera conducta ilícita, sujeta a reparación de daños, sin perjuicio de otras sanciones aplicables, la acción o la omisión que ofenda un derecho fundamental de niño o de adolescente previsto en esta Ley, incluidos los casos de abandono afectivo. (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
Art. 6º En la interpretación de esta Ley se tendrán en cuenta los fines sociales a que ella se dirige, las exigencias del bien común, los derechos y deberes individuales y colectivos, y la condición peculiar del niño y del adolescente como personas en desarrollo.

Título II — De los Derechos Fundamentales

Capítulo I — Del Derecho a la Vida y a la Salud

Art. 7º El niño y el adolescente tienen derecho a la protección de la vida y de la salud, mediante la efectivización de políticas sociales públicas que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de existencia.
Art. 8º Se asegura a la gestante, a través del Sistema Único de Salud, la atención pre y perinatal.
Art. 8º Se asegura a todas las mujeres el acceso a los programas y a las políticas de salud de la mujer y de planificación reproductiva y, a las gestantes, nutrición adecuada, atención humanizada del embarazo, del parto y del puerperio y atención prenatal, perinatal y posnatal integral en el ámbito del Sistema Único de Salud. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 1º La gestante será encaminada a los diferentes niveles de atención, según criterios médicos específicos, obedeciéndose a los principios de regionalización y jerarquización del Sistema.
§ 1º La atención prenatal será realizada por profesionales de la atención primaria. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 2º La parturienta será atendida preferentemente por el mismo médico que la acompañó en la fase prenatal.
§ 2º Los profesionales de salud de referencia de la gestante garantizarán su vinculación, en el último trimestre de la gestación, al establecimiento en que se realizará el parto, garantizado el derecho de opción de la mujer. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 3º Incumbe al poder público propiciar apoyo alimentario a la gestante y a la nutriz que lo necesiten.
§ 3º Los servicios de salud donde se realice el parto asegurarán a las mujeres y a sus hijos recién nacidos el alta hospitalaria responsable y la contrarreferencia en la atención primaria, así como el acceso a otros servicios y a grupos de apoyo a la lactancia. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 4º Incumbe al poder público proporcionar asistencia psicológica a la gestante y a la madre, en el período pre y posnatal, inclusive como forma de prevenir o minorar las consecuencias del estado puerperal. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º La asistencia referida en el § 4 o de este artículo deberá ser también prestada a gestantes o madres que manifiesten interés en entregar a sus hijos en adopción. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º La asistencia referida en el § 4 o de este artículo deberá ser prestada también a gestantes y madres que manifiesten interés en entregar a sus hijos en adopción, así como a gestantes y madres que se encuentren en situación de privación de libertad. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 6º La gestante y la parturienta tienen derecho a 1 (un) acompañante de su preferencia durante el período prenatal, del trabajo de parto y del posparto inmediato. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 7º La gestante deberá recibir orientación sobre lactancia materna, alimentación complementaria saludable y crecimiento y desarrollo infantil, así como sobre formas de favorecer la creación de vínculos afectivos y de estimular el desarrollo integral del niño. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 8º La gestante tiene derecho a un seguimiento saludable durante toda la gestación y a un parto natural cuidadoso, estableciéndose la aplicación de cesárea y otras intervenciones quirúrgicas por motivos médicos. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 9º La atención primaria de salud realizará la búsqueda activa de la gestante que no inicie o que abandone las consultas prenatales, así como de la puérpera que no comparezca a las consultas posparto. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 10. Incumbe al poder público garantizar, a la gestante y a la mujer con hijo en la primera infancia que se encuentren bajo custodia en unidad de privación de libertad, un ambiente que cumpla las normas sanitarias y asistenciales del Sistema Único de Salud para el acogimiento del hijo, en articulación con el sistema de enseñanza competente, con miras al desarrollo integral del niño. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 11. La asistencia psicológica a la gestante, a la parturienta y a la puérpera debe ser indicada tras la evaluación del profesional de salud en el prenatal y en el puerperio, con derivación de acuerdo con el pronóstico. (Incluido por la Ley nº 14.721, de 2023)
Art. 8º-A. Se instituye la Semana Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que se realizará anualmente en la semana que incluya el día 1º de febrero, con el objetivo de difundir informaciones sobre medidas preventivas y educativas que contribuyan a la reducción de la incidencia del embarazo en la adolescencia. (Incluido por la Ley nº 13.798, de 2019)
Párrafo único. Las acciones destinadas a hacer efectivo lo dispuesto en el caput de este artículo quedarán a cargo del poder público, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, y se dirigirán prioritariamente al público adolescente. (Incluido por la Ley nº 13.798, de 2019)
Art. 9º El poder público, las instituciones y los empleadores propiciarán condiciones adecuadas para la lactancia materna, inclusive a los hijos de madres sometidas a medida privativa de libertad.
§ 1º Los profesionales de las unidades primarias de salud desarrollarán acciones sistemáticas, individuales o colectivas, con miras a la planificación, a la implementación y a la evaluación de acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y a la alimentación complementaria saludable, de forma continua. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 2º Los servicios de unidades de cuidados intensivos neonatales deberán disponer de banco de leche humana o unidad de recolección de leche humana. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
Art. 10. Los hospitales y demás establecimientos de atención a la salud de gestantes, públicos y privados, están obligados a:
I - mantener registro de las actividades desarrolladas, a través de historias clínicas individuales, por el plazo de dieciocho años;
II - identificar al recién nacido mediante el registro de su impresión plantar y digital y de la impresión digital de la madre, sin perjuicio de otras formas normalizadas por la autoridad administrativa competente;
III - proceder a exámenes con miras al diagnóstico y a la terapéutica de anormalidades en el metabolismo del recién nacido, así como prestar orientación a los padres;
IV - proporcionar declaración de nacimiento en la que consten necesariamente las intercurrencias del parto y del desarrollo del neonato;
V - mantener alojamiento conjunto, posibilitando al neonato la permanencia junto a la madre.
VI - acompañar la práctica del proceso de lactancia, prestando orientaciones sobre la técnica adecuada, mientras la madre permanezca en la unidad hospitalaria, utilizando el cuerpo técnico ya existente. (Incluido por la Ley nº 13.436, de 2017)
VII – desarrollar actividades de educación, de concientización y de esclarecimiento respecto de la salud mental de la mujer en el período del embarazo y del puerperio. (Incluido por la Ley nº 14.721, de 2023)
§ 1º Las pruebas para el rastreo de enfermedades en el recién nacido serán puestas a disposición por el Sistema Único de Salud, en el ámbito del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal (PNTN), en la forma de la reglamentación elaborada por el Ministerio de Salud, con implementación de forma escalonada, de acuerdo con el siguiente orden de progresión: (Incluido por la Ley nº 14.154, de 2021)
I – etapa 1: (Incluido por la Ley nº 14.154, de 2021)
a) fenilcetonuria y otras hiperfenilalaninemias; (Incluida por la Ley nº 14.154, de 2021)
b) hipotiroidismo congénito; (Incluida por la Ley nº 14.154, de 2021)
c) enfermedad falciforme y otras hemoglobinopatías; (Incluida por la Ley nº 14.154, de 2021)
d) fibrosis quística; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
e) hiperplasia suprarrenal congénita; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
f) deficiencia de biotinidasa; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
g) toxoplasmosis congénita; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
II – etapa 2: (Incluido por la Ley 14.154/2021)
a) galactosemias; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
b) aminoacidopatías; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
c) trastornos del ciclo de la urea; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
d) trastornos de la betaoxidación de los ácidos grasos; (Incluida por la Ley 14.154/2021)
III – etapa 3: enfermedades lisosómicas; (Incluido por la Ley 14.154/2021)
IV – etapa 4: inmunodeficiencias primarias; (Incluido por la Ley 14.154/2021)
V – etapa 5: atrofia muscular espinal. (Incluido por la Ley 14.154/2021)
§ 2º La delimitación de las enfermedades que serán objeto de tamizaje mediante la prueba del talón, en el ámbito del PNTN, será revisada periódicamente, con base en evidencias científicas, considerados los beneficios del tamizaje, del diagnóstico y del tratamiento precoz, priorizando las enfermedades con mayor prevalencia en el País, con protocolo de tratamiento aprobado y con tratamiento incorporado en el Sistema Único de Saúde. (Incluido por la Ley 14.154/2021)
§ 3º El catálogo de enfermedades previsto en el § 1º de este artículo podrá ser ampliado por el poder público con base en los criterios establecidos en el § 2º de este artículo. (Incluido por la Ley 14.154/2021)
§ 4º Durante la atención prenatal y de puerperio inmediato, los profesionales de la salud deben informar a la gestante y a los acompañantes sobre la importancia de la prueba del talón y sobre las eventuales diferencias existentes entre las modalidades ofrecidas en el Sistema Único de Saúde y en la red privada de salud. (Incluido por la Ley 14.154/2021)
Art. 11. Se asegura atención médica al niño y al adolescente, a través del Sistema Único de Saúde, garantizándose el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para la promoción, protección y recuperación de la salud.
Art. 11. Se asegura atención integral a la salud del niño y del adolescente, por intermedio del Sistema Único de Saúde, garantizándose el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para la promoción, protección y recuperación de la salud. (Redacción dada por la Ley 11.185/2005)
Art. 11. Se asegura el acceso integral a las líneas de cuidado orientadas a la salud del niño y del adolescente, por intermedio del Sistema Único de Saúde, observado el principio de equidad en el acceso a las acciones y servicios para la promoción, protección y recuperación de la salud. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
§ 1º El niño y el adolescente portadores de discapacidad recibirán atención especializada.
§ 1º El niño y el adolescente con discapacidad serán atendidos, sin discriminación ni segregación, en sus necesidades generales de salud y específicas de habilitación y rehabilitación. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
§ 2º Incumbe al poder público suministrar gratuitamente a quienes lo necesiten los medicamentos, prótesis y otros recursos relativos al tratamiento, habilitación o rehabilitación.
§ 2º Incumbe al poder público suministrar gratuitamente, a quienes lo necesiten, medicamentos, órtesis, prótesis y otras tecnologías de asistencia relativas al tratamiento, habilitación o rehabilitación para niños y adolescentes, de acuerdo con las líneas de cuidado orientadas a sus necesidades específicas. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
§ 3º Los profesionales que actúan en el cuidado diario o frecuente de niños en la primera infancia recibirán formación específica y permanente para la detección de señales de riesgo para el desarrollo psíquico, así como para el seguimiento que fuere necesario. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
Art. 11-A. Se asegura a los niños y a los adolescentes el acceso a programas de salud mental promovidos por el Sistema Único de Saúde (SUS) para la prevención y el tratamiento de afecciones de salud mental. (Incluido por la Ley 15.413/2026)
§ 1º Los programas de salud mental para niños y adolescentes promoverán la atención psicosocial básica y especializada, de urgencia y emergencia, y la atención hospitalaria. (Incluido por la Ley 15.413/2026)
§ 2º Los profesionales que actúan en la prevención y en el tratamiento de afecciones de salud mental que afectan a niños y adolescentes recibirán formación específica y permanente para la detección de señales de riesgo, así como para el seguimiento que fuere necesario. (Incluido por la Ley 15.413/2026)
§ 3º Se asegura a los niños y a los adolescentes en situación de vulnerabilidad que estén en tratamiento de afecciones de salud mental el acceso a todos los recursos terapéuticos, de forma gratuita o subsidiada, de acuerdo con las líneas de cuidado orientadas a sus necesidades específicas. (Incluido por la Ley 15.413/2026)
Art. 12. Los establecimientos de atención a la salud deberán proporcionar condiciones para la permanencia a tiempo completo de uno de los padres o del responsable, en los casos de internación de niño o adolescente.
Art. 12. Los establecimientos de atención a la salud, inclusive las unidades neonatales, de terapia intensiva y de cuidados intermedios, deberán proporcionar condiciones para la permanencia a tiempo completo de uno de los padres o del responsable, en los casos de internación de niño o adolescente. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
Párrafo único. Se garantizará al niño y al adolescente el derecho de visita a la madre o al padre internados en institución de salud, en los términos de las normas reglamentarias. (Incluido por la Ley 14.950/2024)
Art. 13. Los casos de sospecha o confirmación de malos tratos contra niño o adolescente serán obligatoriamente comunicados al Conselho Tutelar de la respectiva localidad, sin perjuicio de otras providencias legales.
Art. 13. Los casos de sospecha o confirmación de castigo físico, de trato cruel o degradante y de malos tratos contra niño o adolescente serán obligatoriamente comunicados al Conselho Tutelar de la respectiva localidad, sin perjuicio de otras providencias legales. (Redacción dada por la Ley 13.010/2014)
Párrafo único. Las gestantes o madres que manifiesten interés en entregar a sus hijos en adopción serán obligatoriamente encaminadas a la Justicia de la Infancia y de la Juventud. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 1º Las gestantes o madres que manifiesten interés en entregar a sus hijos en adopción serán obligatoriamente encaminadas, sin constreñimiento, a la Justicia de la Infancia y de la Juventud. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
§ 2º Los servicios de salud en sus diferentes puertas de entrada, los servicios de asistencia social en su componente especializado, el Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) y los demás órganos del Sistema de Garantía de Derechos del Niño y del Adolescente deberán conferir máxima prioridad a la atención de los niños en el rango etario de la primera infancia con sospecha o confirmación de violencia de cualquier naturaleza, formulando un proyecto terapéutico singular que incluya intervención en red y, si fuere necesario, seguimiento domiciliario. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
Art. 14. El Sistema Único de Saúde promoverá programas de asistencia médica y odontológica para la prevención de las enfermedades que ordinariamente afectan a la población infantil, y campañas de educación sanitaria para padres, educadores y alumnos.
Párrafo único. Es obligatoria la vacunación de los niños en los casos recomendados por las autoridades sanitarias.
§ 1º Es obligatoria la vacunación de los niños en los casos recomendados por las autoridades sanitarias. (Renumerado del párrafo único por la Ley 13.257/2016)
§ 2º El Sistema Único de Saúde promoverá la atención a la salud bucal de los niños y de las gestantes, de forma transversal, integral e intersectorial con las demás líneas de cuidado dirigidas a la mujer y al niño. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
§ 3º La atención odontológica al niño tendrá función educativa protectora y será prestada, inicialmente, antes del nacimiento del bebé, por medio de consejería prenatal, y, posteriormente, en el sexto y en el duodécimo año de vida, con orientaciones sobre salud bucal. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
§ 4º El niño con necesidad de cuidados odontológicos especiales será atendido por el Sistema Único de Saúde. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
§ 5º Es obligatoria la aplicación a todos los niños, en sus primeros dieciocho meses de vida, de protocolo u otro instrumento elaborado con la finalidad de facilitar la detección, en consulta pediátrica de seguimiento del niño, de riesgo para su desarrollo psíquico. (Incluido por la Ley 13.438/2017)
Art. 14-A. Incumbe al poder público proporcionar asistencia integral y multiprofesional al niño y al adolescente dependientes químicos y/o con problemas derivados del uso de drogas, con miras a la protección de su salud física y mental y de su bienestar social, y promover campañas de prevención del uso de drogas lícitas e ilícitas. (Incluido por la Ley 15.243/2025)

Capítulo II — Del Derecho a la Libertad, al Respeto y a la Dignidad

Art. 15. El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como personas humanas en proceso de desarrollo y como sujetos de derechos civiles, humanos y sociales garantizados en la Constitución y en las leyes.
Art. 16. El derecho a la libertad comprende los siguientes aspectos:
I - ir, venir y estar en los lugares públicos y espacios comunitarios, salvo las restricciones legales;
II - opinión y expresión;
III - creencia y culto religioso;
IV - jugar, practicar deportes y divertirse;
V - participar en la vida familiar y comunitaria, sin discriminación;
VI - participar en la vida política, en la forma de la ley;
VII - buscar refugio, auxilio y orientación.
Art. 17. El derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño y del adolescente, abarcando la preservación de la imagen, de la identidad, de la autonomía, de los valores, ideas y creencias, de los espacios y objetos personales.
Art. 18. Es deber de todos velar por la dignidad del niño y del adolescente, poniéndolos a salvo de cualquier trato inhumano, violento, aterrorizante, vejatorio o vergonzoso.
Art. 18-A. El niño y el adolescente tienen el derecho de ser educados y cuidados sin el uso de castigo físico o de trato cruel o degradante, como formas de corrección, disciplina, educación o cualquier otro pretexto, por los padres, por los integrantes de la familia ampliada, por los responsables, por los agentes públicos ejecutores de medidas socioeducativas o por cualquier persona encargada de cuidarlos, tratarlos, educarlos o protegerlos. (Incluido por la Ley 13.010/2014)
Párrafo único. Para los fines de esta Ley, se considera: (Incluido por la Ley 13.010/2014)
I - castigo físico: acción de naturaleza disciplinaria o punitiva aplicada con el uso de la fuerza física sobre el niño o el adolescente que resulte en: (Incluido por la Ley 13.010/2014)
a) sufrimiento físico; o (Incluida por la Ley 13.010/2014)
b) lesión; (Incluida por la Ley 13.010/2014)
II - trato cruel o degradante: conducta o forma cruel de trato en relación con el niño o el adolescente que: (Incluido por la Ley 13.010/2014)
a) humille; o (Incluida por la Ley 13.010/2014)
b) amenace gravemente; o (Incluida por la Ley 13.010/2014)
c) ridiculice. (Incluida por la Ley 13.010/2014)
Art. 18-B. Los padres, los integrantes de la familia ampliada, los responsables, los agentes públicos ejecutores de medidas socioeducativas o cualquier persona encargada de cuidar de niños y de adolescentes, tratarlos, educarlos o protegerlos que utilizaren castigo físico o trato cruel o degradante como formas de corrección, disciplina, educación o cualquier otro pretexto estarán sujetos, sin perjuicio de otras sanciones aplicables, a las siguientes medidas, que serán aplicadas de acuerdo con la gravedad del caso: (Incluido por la Ley 13.010/2014)
I - remisión a programa oficial o comunitario de protección de la familia; (Incluido por la Ley 13.010/2014)
II - remisión a tratamiento psicológico o psiquiátrico; (Incluido por la Ley 13.010/2014)
III - remisión a cursos o programas de orientación; (Incluido por la Ley 13.010/2014)
IV - obligación de remitir al niño a tratamiento especializado; (Incluido por la Ley 13.010/2014)
V - advertencia. (Incluido por la Ley 13.010/2014)
VI - garantía de tratamiento de salud especializado a la víctima. (Incluido por la Ley 14.344/2022)
Párrafo único. Las medidas previstas en este artículo serán aplicadas por el Consejo Tutelar, sin perjuicio de otras providencias legales. (Incluido por la Ley 13.010/2014)

Capítulo III — Del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 19. Todo niño o adolescente tiene derecho a ser criado y educado en el seno de su familia y, excepcionalmente, en familia sustituta, asegurada la convivencia familiar y comunitaria, en un ambiente libre de la presencia de personas dependientes de sustancias estupefacientes.
Art. 19. Es derecho del niño y del adolescente ser criado y educado en el seno de su familia y, excepcionalmente, en familia sustituta, asegurada la convivencia familiar y comunitaria, en un ambiente que garantice su desarrollo integral. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
§ 1 o Todo niño o adolescente que esté inserto en programa de acogimiento familiar o institucional tendrá su situación reevaluada, como máximo, cada 6 (seis) meses, debiendo la autoridad judicial competente, con base en informe elaborado por equipo interprofesional o multidisciplinario, decidir de forma fundamentada sobre la posibilidad de reintegración familiar o colocación en familia sustituta, en cualquiera de las modalidades previstas en el art. 28 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 1 o Todo niño o adolescente que esté inserto en programa de acogimiento familiar o institucional tendrá su situación reevaluada, como máximo, cada 3 (tres) meses, debiendo la autoridad judicial competente, con base en informe elaborado por equipo interprofesional o multidisciplinario, decidir de forma fundamentada sobre la posibilidad de reintegración familiar o sobre la colocación en familia sustituta, en cualquiera de las modalidades previstas en el art. 28 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley 13.509/2017)
§ 2 o La permanencia del niño y del adolescente en programa de acogimiento institucional no se prolongará por más de 2 (dos) años, salvo necesidad comprobada que atienda a su interés superior, debidamente fundamentada por la autoridad judicial. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 2 o La permanencia del niño y del adolescente en programa de acogimiento institucional no se prolongará por más de 18 (dieciocho) meses, salvo necesidad comprobada que atienda a su interés superior, debidamente fundamentada por la autoridad judicial. (Redacción dada por la Ley 13.509/2017)
§ 3 o El mantenimiento o la reintegración del niño o adolescente a su familia tendrá preferencia respecto de cualquier otra providencia, en cuyo caso esta será incluida en programas de orientación y auxilio, en los términos del párrafo único del art. 23, de los incisos I y IV del caput del art. 101 y de los incisos I a IV del caput del art. 129 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 3 o El mantenimiento o la reintegración del niño o adolescente a su familia tendrá preferencia respecto de cualquier otra providencia, en cuyo caso esta será incluida en servicios y programas de protección, apoyo y promoción, en los términos del § 1 o del art. 23, de los incisos I y IV del caput del art. 101 y de los incisos I a IV del caput del art. 129 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
§ 4 o Se garantizará la convivencia del niño y del adolescente con la madre o el padre privado de libertad, por medio de visitas periódicas promovidas por el responsable o, en los supuestos de acogimiento institucional, por la entidad responsable, independientemente de autorización judicial. (Incluido por la Ley 12.962/2014)
§ 5 o Se garantizará la convivencia integral del niño con la madre adolescente que se encuentre en acogimiento institucional. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 6 o La madre adolescente será asistida por un equipo especializado multidisciplinario. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
Art. 19-A. La gestante o madre que manifieste interés en entregar a su hijo en adopción, antes o inmediatamente después del nacimiento, será remitida a la Justicia de la Infancia y de la Juventud. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 1 o La gestante o madre será oída por el equipo interprofesional de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, que presentará informe a la autoridad judicial, considerando inclusive los eventuales efectos del estado gestacional y puerperal. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 2 o Con el informe en su poder, la autoridad judicial podrá determinar la remisión de la gestante o madre, mediante su expresa conformidad, a la red pública de salud y asistencia social para atención especializada. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 3 o La búsqueda de la familia extensa, conforme se define en los términos del párrafo único del art. 25 de esta Ley, respetará el plazo máximo de 90 (noventa) días, prorrogable por igual período. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 4 o En el supuesto de que no haya indicación del progenitor y de que no exista otro representante de la familia extensa apto para recibir la guarda, la autoridad judicial competente deberá decretar la extinción del poder familiar y determinar la colocación del niño bajo la guarda provisoria de quien esté habilitado para adoptarlo o de entidad que desarrolle programa de acogimiento familiar o institucional. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 5 o Después del nacimiento del niño, la voluntad de la madre o de ambos progenitores, si hubiere padre registral o padre indicado, debe ser manifestada en la audiencia a que se refiere el § 1 o del art. 166 de esta Ley, garantizándose el sigilo sobre la entrega. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 6 o (VETADO). (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 6º En el supuesto de que no comparezcan a la audiencia ni el progenitor ni representante de la familia extensa para confirmar la intención de ejercer el poder familiar o la guarda, la autoridad judicial suspenderá el poder familiar de la madre, y el niño será colocado bajo la guarda provisoria de quien esté habilitado para adoptarlo. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 7 o Los titulares de la guarda disponen del plazo de 15 (quince) días para proponer la acción de adopción, contado desde el día siguiente a la fecha de término del período de convivencia. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 8 o En el supuesto de desistimiento de los progenitores - manifestado en audiencia o ante el equipo interprofesional - de la entrega del niño después del nacimiento, el niño será mantenido con los progenitores, y la Justicia de la Infancia y de la Juventud determinará el acompañamiento familiar por el plazo de 180 (ciento ochenta) días. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 9 o Se garantiza a la madre el derecho al sigilo sobre el nacimiento, respetado lo dispuesto en el art. 48 de esta Ley. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 10. (VETADO). (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 10. Serán registrados para adopción los recién nacidos y los niños acogidos no reclamados por sus familias en el plazo de 30 (treinta) días, contado a partir del día del acogimiento. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
Art. 19-B. El niño y el adolescente en programa de acogimiento institucional o familiar podrán participar en un programa de apadrinamiento. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 1 o El apadrinamiento consiste en establecer y proporcionar al niño y al adolescente vínculos externos a la institución para fines de convivencia familiar y comunitaria y de colaboración con su desarrollo en los aspectos social, moral, físico, cognitivo, educativo y financiero. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 2 o (VETADO). (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 2º Pueden ser padrinos o madrinas las personas mayores de 18 (dieciocho) años no inscritas en los registros de adopción, siempre que cumplan los requisitos exigidos por el programa de apadrinamiento del que forman parte. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 3 o Las personas jurídicas pueden apadrinar a un niño o adolescente a fin de colaborar con su desarrollo. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 4 o El perfil del niño o del adolescente que será apadrinado se definirá en el ámbito de cada programa de apadrinamiento, con prioridad para niños o adolescentes con remota posibilidad de reinserción familiar o colocación en familia adoptiva. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 5 o Los programas o servicios de apadrinamiento apoyados por la Justicia de la Infancia y de la Juventud podrán ser ejecutados por órganos públicos o por organizaciones de la sociedad civil. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
§ 6 o Si ocurriere violación de las reglas de apadrinamiento, los responsables del programa y de los servicios de acogimiento deberán notificar inmediatamente a la autoridad judicial competente. (Incluido por la Ley 13.509/2017)
Art. 20. Los hijos, habidos o no de la relación de matrimonio, o por adopción, tendrán los mismos derechos y calificaciones, quedando prohibidas cualesquiera designaciones discriminatorias relativas a la filiación.
Art. 21. El patrio poder poder familiar será ejercido, en igualdad de condiciones, por el padre y por la madre, en la forma que disponga la legislación civil, asegurándose a cualquiera de ellos el derecho de, en caso de desacuerdo, recurrir a la autoridad judicial competente para la solución de la divergencia. (Expresión sustituida por la Ley 12.010/2009)
Art. 22. A los padres incumbe el deber de sustento, guarda y educación de los hijos menores, correspondiéndoles además, en interés de estos, la obligación de cumplir y hacer cumplir las determinaciones judiciales.
Art. 22. A los padres incumbe el deber de sustento, guarda, convivencia, asistencia material y afectiva y educación de los hijos menores, correspondiéndoles además, en interés de estos, la obligación de cumplir y hacer cumplir las determinaciones judiciales.: (Redacción dada por la Ley 15.240/2025)
Párrafo único. La madre y el padre, o los responsables, tienen derechos iguales y deberes y responsabilidades compartidos en el cuidado y en la educación del niño, debiendo resguardarse el derecho de transmisión familiar de sus creencias y culturas, asegurados los derechos del niño establecidos en esta Ley. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
Art. 23. La falta o la carencia de recursos materiales no constituye motivo suficiente para la pérdida o la suspensión del patrio poder poder familiar. (Expresión sustituida por la Ley 12.010/2009)
Párrafo único. No existiendo otro motivo que por sí solo autorice la decretación de la medida, el niño o el adolescente será mantenido en su familia de origen, la cual deberá obligatoriamente ser incluida en programas oficiales de auxilio.
§ 1 o No existiendo otro motivo que por sí solo autorice la decretación de la medida, el niño o el adolescente será mantenido en su familia de origen, la cual deberá obligatoriamente ser incluida en programas oficiales de auxilio. (Incluido por la Ley 12.962/2014
§ 1 o No existiendo otro motivo que por sí solo autorice la decretación de la medida, el niño o el adolescente será mantenido en su familia de origen, la cual deberá obligatoriamente ser incluida en servicios y programas oficiales de protección, apoyo y promoción. (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
§ 2 o La condena penal del padre o de la madre no implicará la destitución del poder familiar, excepto en el supuesto de condena por delito doloso, sujeto a pena de reclusión, contra el propio hijo o hija. (Incluido por la Ley 12.962/2014)
§ 2º La condena penal del padre o de la madre no implicará la destitución del poder familiar, excepto en el supuesto de condena por delito doloso sujeto a pena de reclusión contra otra persona igualmente titular del mismo poder familiar o contra hijo, hija u otro descendiente. (Redacción dada por la Ley 13.715/2018)
Art. 24. La pérdida y la suspensión de la patria potestad poder familiar serán decretadas judicialmente, en procedimiento contradictorio, en los casos previstos en la legislación civil, así como en la hipótesis de incumplimiento injustificado de los deberes y obligaciones a que alude el art. 22. (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)

Sección II — De la Familia Natural

Art. 25. Se entiende por familia natural la comunidad formada por los padres o cualquiera de ellos y sus descendientes.
Párrafo único. Se entiende por familia extensa o ampliada aquella que se extiende más allá de la unidad de padres e hijos o de la unidad de la pareja, formada por parientes cercanos con los cuales el niño o adolescente convive y mantiene vínculos de afinidad y afectividad. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 26. Los hijos habidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por los padres, conjunta o separadamente, en la propia acta de nacimiento, por testamento, mediante escritura u otro documento público, cualquiera que sea el origen de la filiación.
Párrafo único. El reconocimiento puede preceder al nacimiento del hijo o sucederle al fallecimiento, si deja descendientes.
Art. 27. El reconocimiento del estado de filiación es un derecho personalísimo, indisponible e imprescriptible, pudiendo ser ejercido contra los padres o sus herederos, sin ninguna restricción, observándose el secreto de Justicia.

Sección III — De la Familia Sustituta

Subsección I

Disposiciones Generales

Art. 28. La colocación en familia sustituta se hará mediante guarda, tutela o adopción, independientemente de la situación jurídica del niño o adolescente, en los términos de esta Ley.
§ 1º Siempre que sea posible, el niño o adolescente deberá ser previamente oído y su opinión debidamente considerada.
§ 1º Siempre que sea posible, el niño o el adolescente será previamente oído por un equipo interprofesional, respetándose su etapa de desarrollo y grado de comprensión sobre las implicaciones de la medida, y se tendrá debidamente en cuenta su opinión. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
§ 2º En la apreciación de la solicitud se tomará en cuenta el grado de parentesco y la relación de afinidad o de afectividad, a fin de evitar o minorar las consecuencias derivadas de la medida.
§ 2º Tratándose de mayor de 12 (doce) años de edad, será necesario su consentimiento, recabado en audiencia. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
§ 3º En la apreciación de la solicitud se tomará en cuenta el grado de parentesco y la relación de afinidad o de afectividad, a fin de evitar o minorar las consecuencias derivadas de la medida. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 4º Los grupos de hermanos serán colocados bajo adopción, tutela o guarda de la misma familia sustituta, salvo la existencia comprobada de riesgo de abuso u otra situación que justifique plenamente la excepcionalidad de una solución diversa, procurándose, en cualquier caso, evitar la ruptura definitiva de los vínculos fraternos. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 5º La colocación del niño o adolescente en familia sustituta será precedida de su preparación gradual y de seguimiento posterior, realizados por el equipo interprofesional al servicio de la Justicia de la Infancia y la Juventud, preferentemente con el apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 6º Tratándose de niño o adolescente indígena o proveniente de comunidad remanente de quilombo, es además obligatorio: (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
I - que se consideren y respeten su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, así como sus instituciones, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos por esta Ley y por la Constitución Federal; (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
II - que la colocación familiar ocurra prioritariamente en el seno de su comunidad o junto a miembros de la misma etnia; (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
III - la intervención y audiencia de representantes del órgano federal responsable de la política indigenista, en el caso de niños y adolescentes indígenas, y de antropólogos, ante el equipo interprofesional o multidisciplinario que acompañará el caso. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 29. No se otorgará la colocación en familia sustituta a la persona que revele, de cualquier modo, incompatibilidad con la naturaleza de la medida o no ofrezca un ambiente familiar adecuado.
Art. 30. La colocación en familia sustituta no admitirá la transferencia del niño o adolescente a terceros o a entidades gubernamentales o no gubernamentales, sin autorización judicial.
Art. 31. La colocación en familia sustituta extranjera constituye una medida excepcional, solamente admisible en la modalidad de adopción.
Art. 32. Al asumir la guarda o la tutela, el responsable prestará compromiso de desempeñar bien y fielmente el cargo, mediante acta en los autos.

Subsección II — De la Guarda

Art. 33. La guarda obliga a la prestación de asistencia material, moral y educacional al niño o adolescente, confiriendo a su titular el derecho de oponerse a terceros, inclusive a los padres. (Véase Ley 12.010, de 2009)
§ 1º La guarda se destina a regularizar la posesión de hecho, pudiendo ser otorgada, de manera liminar o incidental, en los procedimientos de tutela y adopción, excepto en el de adopción por extranjeros.
§ 2º Excepcionalmente, se otorgará la guarda, fuera de los casos de tutela y adopción, para atender situaciones peculiares o suplir la falta eventual de los padres o responsable, pudiendo ser otorgado el derecho de representación para la práctica de actos determinados.
§ 3º La guarda confiere al niño o adolescente la condición de dependiente, para todos los fines y efectos de derecho, inclusive previsionales.
§ 4º Salvo determinación expresa y fundamentada en contrario de la autoridad judicial competente, o cuando la medida se aplique en preparación para la adopción, el otorgamiento de la guarda de niño o adolescente a terceros no impide el ejercicio del derecho de visitas por los padres, así como el deber de prestar alimentos, que serán objeto de reglamentación específica, a solicitud del interesado o del Ministerio Público. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 34. El poder público estimulará, mediante asistencia jurídica, incentivos fiscales y subsidios, el acogimiento, bajo la forma de guarda, de niño o adolescente huérfano o abandonado.
Art. 34. El poder público estimulará, mediante asistencia jurídica, incentivos fiscales y subsidios, el acogimiento, bajo la forma de guarda, de niño o adolescente apartado de la convivencia familiar. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
§ 1º La inclusión del niño o adolescente en programas de acogimiento familiar tendrá preferencia sobre su acogimiento institucional, observándose, en cualquier caso, el carácter temporal y excepcional de la medida, en los términos de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 2º En la hipótesis del § 1º de este artículo, la persona o pareja inscrita en el programa de acogimiento familiar podrá recibir al niño o adolescente mediante guarda, observado lo dispuesto en los arts. 28 a 33 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 3º La Unión apoyará la implementación de servicios de acogimiento en familia acogedora como política pública, los cuales deberán contar con un equipo que organice el acogimiento temporal de niños y de adolescentes en residencias de familias seleccionadas, capacitadas y acompañadas que no estén en el registro de adopción. (Incluido por la Ley 13.257, de 2016)
§ 4º Podrán utilizarse recursos federales, estaduales, distritales y municipales para el mantenimiento de los servicios de acogimiento en familia acogedora, pudiéndose transferir recursos a la propia familia acogedora. (Incluido por la Ley 13.257, de 2016)
Art. 35. La guarda podrá ser revocada en cualquier momento, mediante acto judicial fundamentado, oído el Ministerio Público.

Subsección III — De la Tutela

Art. 36. La tutela será otorgada, en los términos de la ley civil, a la persona de hasta veintiún años incompletos.
Art. 36. La tutela será otorgada, en los términos de la ley civil, a la persona de hasta 18 (dieciocho) años incompletos. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
Párrafo único. El otorgamiento de la tutela presupone la previa decretación de la pérdida o suspensión de la patria potestad poder familiar e implica necesariamente el deber de guarda. (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 37. La especialización de hipoteca legal será dispensada siempre que el tutelado no posea bienes o rendimientos o por cualquier otro motivo relevante.
Párrafo único. La especialización de hipoteca legal será también dispensada si los bienes, eventualmente existentes a nombre del tutelado, constan en instrumento público, debidamente registrado en el registro de inmuebles, o si los rendimientos son suficientes apenas para el sustento del tutelado, no habiendo excedente significativo o probable.
Art. 37. El tutor nombrado por testamento o por cualquier documento auténtico, conforme a lo previsto en el párrafo único del art. 1.729 de la Ley 10.406, de 10 de enero de 2002 - Código Civil, deberá, en el plazo de 30 (treinta) días después de la apertura de la sucesión, presentar una solicitud destinada al control judicial del acto, observando el procedimiento previsto en los arts. 165 a 170 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
Párrafo único. En la apreciación de la solicitud, se observarán los requisitos previstos en los arts. 28 y 29 de esta Ley, otorgándose la tutela a la persona indicada en la disposición de última voluntad solamente si se comprueba que la medida es ventajosa para el tutelando y que no existe otra persona en mejores condiciones de asumirla. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 38. Se aplica a la destitución de la tutela lo dispuesto en el art. 24.

Subsección IV — De la Adopción

Art. 39. La adopción de niño y de adolescente se regirá según lo dispuesto en esta Ley.
Párrafo único. Se prohíbe la adopción por poder.
§ 1º La adopción es una medida excepcional e irrevocable, a la cual se debe recurrir solamente cuando se hayan agotado los recursos de mantenimiento del niño o adolescente en la familia natural o extensa, en la forma del párrafo único del art. 25 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 2º Se prohíbe la adopción por poder. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 3º En caso de conflicto entre derechos e intereses del adoptando y de otras personas, inclusive sus padres biológicos, deben prevalecer los derechos y los intereses del adoptando. (Incluido por la Ley 13.509, de 2017)
Art. 40. El adoptando debe tener, como máximo, dieciocho años a la fecha de la solicitud, salvo que ya esté bajo la guarda o tutela de los adoptantes.
Art. 41. La adopción atribuye la condición de hijo al adoptado, con los mismos derechos y deberes, inclusive sucesorios, desvinculándolo de cualquier vínculo con padres y parientes, salvo los impedimentos matrimoniales.
§ 1º Si uno de los cónyuges o concubinos adopta al hijo del otro, se mantienen los vínculos de filiación entre el adoptado y el cónyuge o concubino del adoptante y los respectivos parientes.
§ 2º Es recíproco el derecho sucesorio entre el adoptado, sus descendientes, el adoptante, sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el 4º grado, observándose el orden de vocación hereditaria.
Art. 42. Pueden adoptar los mayores de veintiún años, independientemente del estado civil.
Art. 42. Pueden adoptar los mayores de 18 (dieciocho) años, independientemente del estado civil. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
§ 1º No pueden adoptar los ascendientes y los hermanos del adoptando.
§ 2º La adopción por ambos cónyuges o concubinos podrá formalizarse, siempre que uno de ellos haya cumplido veintiún años de edad, comprobada la estabilidad de la familia.
§ 2º Para la adopción conjunta, es indispensable que los adoptantes estén casados civilmente o mantengan unión estable, comprobada la estabilidad de la familia. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
§ 3º El adoptante ha de ser, por lo menos, dieciséis años mayor que el adoptando.
§ 4º Los divorciados y los judicialmente separados podrán adoptar conjuntamente, siempre que acuerden sobre la guarda y el régimen de visitas, y que la etapa de convivencia se haya iniciado durante la vigencia de la sociedad conyugal.
§ 4 o Los divorciados, los judicialmente separados y los excompañeros pueden adoptar conjuntamente, siempre que acuerden sobre la guarda y el régimen de visitas y que la etapa de convivencia se haya iniciado durante el período de convivencia y que se compruebe la existencia de vínculos de afinidad y afectividad con quien no ostente la guarda, que justifiquen la excepcionalidad de la concesión. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º La adopción podrá ser otorgada al adoptante que, tras manifestación inequívoca de voluntad, llegue a fallecer en el curso del procedimiento, antes de dictada la sentencia.
§ 5 o En los casos del § 4 o de este artículo, siempre que se demuestre un beneficio efectivo para el adoptando, se asegurará la guarda compartida, conforme a lo previsto en el art. 1.584 de la Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002 - Código Civil. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 6 o La adopción podrá ser otorgada al adoptante que, tras manifestación inequívoca de voluntad, llegue a fallecer en el curso del procedimiento, antes de dictada la sentencia. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 43. La adopción será otorgada cuando presente ventajas reales para el adoptando y se funde en motivos legítimos.
Art. 44. Mientras no rinda cuentas de su administración y no salde su alcance, el tutor o el curador no puede adoptar al pupilo o al curatelado.
Art. 45. La adopción depende del consentimiento de los padres o del representante legal del adoptando.
§ 1º. El consentimiento será dispensado respecto del niño o adolescente cuyos padres sean desconocidos o hayan sido destituidos de la patria potestad poder familiar. (Expresión sustituida por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2º. Tratándose de adoptando mayor de doce años de edad, será también necesario su consentimiento.
Art. 46. La adopción será precedida de una etapa de convivencia con el niño o adolescente, por el plazo que fije la autoridad judicial, observadas las peculiaridades del caso.
Art. 46. La adopción será precedida de una etapa de convivencia con el niño o adolescente, por un plazo máximo de 90 (noventa) días, observadas la edad del niño o adolescente y las peculiaridades del caso. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 1º La etapa de convivencia podrá ser dispensada si el adoptando no tuviere más de un año de edad o si, cualquiera que sea su edad, ya estuviere en compañía del adoptante durante tiempo suficiente para poder evaluar la conveniencia de la constitución del vínculo.
§ 1 o La etapa de convivencia podrá ser dispensada si el adoptando ya estuviere bajo la tutela o guarda legal del adoptante durante tiempo suficiente para que sea posible evaluar la conveniencia de la constitución del vínculo. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2º En caso de adopción por extranjero residente o domiciliado fuera del País, la etapa de convivencia, cumplida en el territorio nacional, será de al menos quince días para niños de hasta dos años de edad, y de al menos treinta días cuando se trate de adoptando mayor de dos años de edad.
§ 2 o La mera guarda de hecho no autoriza, por sí sola, la dispensa de la realización de la etapa de convivencia. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o -A. El plazo máximo establecido en el caput de este artículo puede ser prorrogado por hasta un período igual, mediante decisión fundamentada de la autoridad judicial. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 3 o En caso de adopción por persona o pareja residente o domiciliada fuera del País, la etapa de convivencia, cumplida en el territorio nacional, será de, al menos, 30 (treinta) días (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 3 o En caso de adopción por persona o pareja residente o domiciliada fuera del País, la etapa de convivencia será de, al menos, 30 (treinta) días y, como máximo, 45 (cuarenta y cinco) días, prorrogable por hasta un período igual, una única vez, mediante decisión fundamentada de la autoridad judicial. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 3 o -A. Al final del plazo previsto en el § 3 o de este artículo, deberá presentarse un dictamen fundamentado por el equipo mencionado en el § 4 o de este artículo, que recomendará o no a la autoridad judicial el otorgamiento de la adopción. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 4 o La etapa de convivencia será acompañada por el equipo interprofesional al servicio de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, preferentemente con el apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política de garantía del derecho a la convivencia familiar, quienes presentarán un informe minucioso acerca de la conveniencia del otorgamiento de la medida. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5 o La etapa de convivencia se cumplirá en el territorio nacional, preferentemente en la comarca de residencia del niño o adolescente, o, a criterio del juez, en ciudad limítrofe, respetada, en cualquier hipótesis, la competencia del juzgado de la comarca de residencia del niño. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 47. El vínculo de la adopción se constituye por sentencia judicial, que será inscrita en el registro civil mediante mandamiento del cual no se expedirá certificación.
§ 1º La inscripción consignará el nombre de los adoptantes como padres, así como el nombre de sus ascendientes.
§ 2º El mandamiento judicial, que será archivado, cancelará el registro original del adoptado.
§ 3º Ninguna observación sobre el origen del acto podrá constar en las certificaciones del registro.
§ 3 o A solicitud del adoptante, el nuevo registro podrá ser extendido en la Oficina del Registro Civil del Municipio de su residencia. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4º A criterio de la autoridad judicial, podrá expedirse certificación para la salvaguarda de derechos.
§ 4 o Ninguna observación sobre el origen del acto podrá constar en las certificaciones del registro. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º La sentencia conferirá al adoptado el apellido del adoptante y, a solicitud de este, podrá determinar la modificación del prenombre.
§ 5 o La sentencia conferirá al adoptado el apellido del adoptante y, a solicitud de cualquiera de ellos, podrá determinar la modificación del prenombre. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 6º La adopción produce sus efectos a partir del tránsito en cosa juzgada de la sentencia, excepto en la hipótesis prevista en el art. 42, § 5º, caso en el cual tendrá fuerza retroactiva a la fecha del fallecimiento.
§ 6 o En caso de que la modificación del prenombre sea solicitada por el adoptante, es obligatoria la audición del adoptando, observado lo dispuesto en los §§ 1 o y 2 o del art. 28 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 7 o La adopción produce sus efectos a partir del tránsito en cosa juzgada de la sentencia constitutiva, excepto en la hipótesis prevista en el § 6 o del art. 42 de esta Ley, caso en el cual tendrá fuerza retroactiva a la fecha del fallecimiento. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 8 o El proceso relativo a la adopción, así como otros relacionados con él, se mantendrán archivados, admitiéndose su almacenamiento en microfilme o por otros medios, garantizada su conservación para consulta en cualquier momento. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 9º Tendrán prioridad de tramitación los procesos de adopción en que el adoptando sea un niño o adolescente con discapacidad o con enfermedad crónica. (Incluido por la Ley nº 12.955, de 2014)
§ 10. El plazo máximo para la conclusión de la acción de adopción será de 120 (ciento veinte) días, prorrogable una única vez por un período igual, mediante decisión fundamentada de la autoridad judicial. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 48. La adopción es irrevocable.
Art. 48. El adoptado tiene derecho a conocer su origen biológico, así como a obtener acceso irrestricto al proceso en el cual se aplicó la medida y a sus eventuales incidentes, después de cumplir 18 (dieciocho) años. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. El acceso al proceso de adopción podrá ser otorgado también al adoptado menor de 18 (dieciocho) años, a solicitud suya, asegurándosele orientación y asistencia jurídica y psicológica. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 49. La muerte de los adoptantes no restablece la patria potestad poder familiar de los padres naturales. (Expresión sustituida por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 50. La autoridad judicial mantendrá, en cada comarca o foro regional, un registro de niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados y otro de personas interesadas en la adopción. (Véase la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1º El otorgamiento de la inscripción se dará previa consulta a los órganos técnicos del juzgado, oído el Ministerio Público.
§ 2º No se otorgará la inscripción si el interesado no satisficiere los requisitos legales, o si se verificare cualquiera de las hipótesis previstas en el art. 29.
§ 3 o La inscripción de postulantes a la adopción será precedida de un período de preparación psicosocial y jurídica, orientado por el equipo técnico de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, preferentemente con el apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4 o Siempre que sea posible y recomendable, la preparación referida en el § 3 o de este artículo incluirá el contacto con niños y adolescentes en acogimiento familiar o institucional en condiciones de ser adoptados, que se realizará bajo la orientación, supervisión y evaluación del equipo técnico de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, con el apoyo de los técnicos responsables del programa de acogimiento y de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5 o Se crearán e implementarán padrones estatales y nacional de niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados y de personas o parejas habilitadas para la adopción. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º Se crearán e implementarán padrones estatales, distrital y nacional de niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados y de personas o parejas habilitadas para la adopción, que deberán ser obligatoriamente consultados por la autoridad judicial en cualquier procedimiento de adopción, salvo las hipótesis del § 13 de este artículo y las particularidades de los niños y adolescentes indígenas o provenientes de comunidad remanente de quilombo previstas en el inciso II del § 6º del art. 28 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.979, de 2024)
§ 6 o Habrá padrones distintos para personas o parejas residentes fuera del País, que solo serán consultados en caso de inexistencia de postulantes nacionales habilitados en los padrones mencionados en el § 5 o de este artículo. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 7 o Las autoridades estatales y federales en materia de adopción tendrán acceso integral a los padrones, incumbiéndoles el intercambio de información y la cooperación mutua, para la mejora del sistema. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 8 o La autoridad judicial dispondrá, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, la inscripción de los niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados que no hayan tenido colocación familiar en la comarca de origen, y de las personas o parejas cuya habilitación para la adopción haya sido otorgada, en los padrones estatal y nacional referidos en el § 5 o de este artículo, bajo pena de responsabilidad. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 9 o Compete a la Autoridad Central Estadual velar por el mantenimiento y la correcta alimentación de los padrones, con posterior comunicación a la Autoridad Central Federal Brasileña. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 10. La adopción internacional solo será otorgada si, tras consulta al padrón de personas o parejas habilitadas para la adopción, mantenido por la Justicia de la Infancia y de la Juventud en la comarca, así como a los padrones estatal y nacional referidos en el § 5 o de este artículo, no se encontrare interesado con residencia permanente en Brasil. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 10. Consultados los registros y verificada la ausencia de pretendientes habilitados residentes en el País con perfil compatible e interés manifiesto en la adopción de niño o adolescente inscrito en los registros existentes, se procederá a la remisión del niño o adolescente a la adopción internacional. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 11. Mientras no se localice a persona o pareja interesada en su adopción, el niño o el adolescente, siempre que sea posible y recomendable, será puesto bajo guarda de familia inscrita en programa de acogimiento familiar. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 12. La alimentación del registro y la convocatoria criteriosa de los postulantes a la adopción serán fiscalizadas por el Ministerio Público. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 13. Solo podrá concederse la adopción en favor de candidato domiciliado en Brasil no inscrito previamente en los términos de esta Ley cuando: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - se trate de solicitud de adopción unilateral; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - sea formulada por pariente con quien el niño o adolescente mantenga vínculos de afinidad y afectividad; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - provenga la solicitud de quien detenta la tutela o guarda legal de niño mayor de 3 (tres) años o de adolescente, siempre que el lapso de convivencia compruebe la fijación de lazos de afinidad y afectividad, y no se constate la ocurrencia de mala fe ni de ninguna de las situaciones previstas en los arts. 237 u 238 de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 14. En los supuestos previstos en el § 13 de este artículo, el candidato deberá comprobar, en el curso del procedimiento, que cumple los requisitos necesarios para la adopción, conforme a lo previsto en esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 15. Se asegurará prioridad en el registro a las personas interesadas en adoptar niño o adolescente con discapacidad, con enfermedad crónica o con necesidades específicas de salud, además de grupo de hermanos. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 51 Tratándose de solicitud de adopción formulada por extranjero residente o domiciliado fuera del País, se observará lo dispuesto en el art. 31.
Art. 51. Se considera adopción internacional aquella en la que la persona o pareja postulante es residente o domiciliada fuera de Brasil, conforme a lo previsto en el Artículo 2 de la Convención de La Haya, de 29 de mayo de 1993, Relativa a la Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, aprobada por el Decreto Legislativo nº 1, de 14 de enero de 1999, y promulgada por el Decreto nº 3.087, de 21 de junio de 1999. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 51. Se considera adopción internacional aquella en la que el pretendiente tiene residencia habitual en país parte de la Convención de La Haya, de 29 de mayo de 1993, Relativa a la Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, promulgada por el Decreto nº 3.087, de 21 de junio de 1999, y desea adoptar a un niño en otro país parte de la Convención. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 1º El candidato deberá comprobar, mediante documento expedido por la autoridad competente de su respectivo domicilio, que está debidamente habilitado para la adopción, conforme a las leyes de su país, así como presentar estudio psicosocial elaborado por agencia especializada y acreditada en el país de origen.
§ 1º La adopción internacional de niño o adolescente brasileño o domiciliado en Brasil solo tendrá lugar cuando quede comprobado: (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - que la colocación en familia sustituta es la solución adecuada al caso concreto; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - que la colocación en familia adoptiva es la solución adecuada al caso concreto; (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
II - que se han agotado todas las posibilidades de colocación del niño o adolescente en familia sustituta brasileña, tras consulta a los registros mencionados en el art. 50 de esta Ley; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - que se han agotado todas las posibilidades de colocación del niño o adolescente en familia adoptiva brasileña, con la comprobación, certificada en los autos, de la inexistencia de adoptantes habilitados residentes en Brasil con perfil compatible con el niño o adolescente, tras consulta a los registros mencionados en esta Ley; (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
III - que, tratándose de adopción de adolescente, este fue consultado, por medios adecuados a su etapa de desarrollo, y que se encuentra preparado para la medida, mediante dictamen elaborado por equipo interprofesional, observado lo dispuesto en los §§ 1º y 2º del art. 28 de esta Ley. (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2º La autoridad judicial, de oficio o a requerimiento del Ministerio Público, podrá determinar la presentación del texto pertinente de la legislación extranjera, acompañado de prueba de su respectiva vigencia.
§ 2º Los brasileños residentes en el exterior tendrán preferencia sobre los extranjeros, en los casos de adopción internacional de niño o adolescente brasileño. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 3º Los documentos en lengua extranjera se incorporarán a los autos, debidamente autenticados por la autoridad consular, observados los tratados y convenciones internacionales, y acompañados de la respectiva traducción, por traductor público jurado.
§ 3º La adopción internacional presupone la intervención de las Autoridades Centrales Estatales y Federal en materia de adopción internacional. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4º Antes de consumada la adopción no se permitirá la salida del adoptando del territorio nacional. (Revocado por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 52. La adopción internacional podrá condicionarse a estudio previo y análisis de una comisión judicial estatal de adopción, que proporcionará el respectivo laudo de habilitación para instruir el proceso competente.
Párrafo único. Corresponderá a la comisión mantener un registro centralizado de extranjeros interesados en la adopción.
Art. 52. La adopción internacional observará el procedimiento previsto en los arts. 165 a 170 de esta Ley, con las siguientes adaptaciones: (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - la persona o pareja extranjera, interesada en adoptar niño o adolescente brasileño, deberá formular solicitud de habilitación para la adopción ante la Autoridad Central en materia de adopción internacional en el país de acogida, entendiéndose por tal aquel donde está situada su residencia habitual; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - si la Autoridad Central del país de acogida considera que los solicitantes están habilitados y son aptos para adoptar, emitirá un informe que contenga información sobre la identidad, la capacidad jurídica y la idoneidad de los solicitantes para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que los animan y su aptitud para asumir una adopción internacional; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - la Autoridad Central del país de acogida enviará el informe a la Autoridad Central Estatal, con copia a la Autoridad Central Federal Brasileña; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
IV - el informe se instruirá con toda la documentación necesaria, incluido el estudio psicosocial elaborado por equipo interprofesional habilitado y copia autenticada de la legislación pertinente, acompañada de la respectiva prueba de vigencia; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
V - los documentos en lengua extranjera serán debidamente autenticados por la autoridad consular, observados los tratados y convenciones internacionales, y acompañados de la respectiva traducción, por traductor público jurado; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
VI - la Autoridad Central Estatal podrá formular exigencias y solicitar complementación del estudio psicosocial del postulante extranjero a la adopción, ya realizado en el país de acogida; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
VII - verificada, tras estudio realizado por la Autoridad Central Estatal, la compatibilidad de la legislación extranjera con la nacional, además del cumplimiento por parte de los postulantes a la medida de los requisitos objetivos y subjetivos necesarios para su concesión, tanto a la luz de lo dispuesto en esta Ley como de la legislación del país de acogida, se expedirá laudo de habilitación para la adopción internacional, que tendrá validez por un máximo de 1 (un) año; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
VIII - en posesión del laudo de habilitación, el interesado será autorizado a formalizar la solicitud de adopción ante el Juzgado de la Infancia y la Juventud del lugar donde se encuentre el niño o adolescente, conforme a la indicación efectuada por la Autoridad Central Estatal. (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1º Si la legislación del país de acogida así lo autoriza, se admite que las solicitudes de habilitación para la adopción internacional sean intermediadas por organismos acreditados. (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2º Incumbe a la Autoridad Central Federal Brasileña la acreditación de organismos nacionales y extranjeros encargados de intermediar solicitudes de habilitación para la adopción internacional, con posterior comunicación a las Autoridades Centrales Estatales y publicación en los órganos oficiales de prensa y en sitio propio de internet. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 3º Solo será admisible la acreditación de organismos que: (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - provengan de países que hayan ratificado la Convención de La Haya y estén debidamente acreditados por la Autoridad Central del país donde tengan su sede y del país de acogida del adoptando para actuar en adopción internacional en Brasil; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - satisfagan las condiciones de integridad moral, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas por los respectivos países y por la Autoridad Central Federal Brasileña; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - estén calificados por sus normas éticas y por su formación y experiencia para actuar en el área de adopción internacional; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
IV - cumplan los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico brasileño y por las normas establecidas por la Autoridad Central Federal Brasileña. (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4º Los organismos acreditados deberán además: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del país donde tengan su sede, del país de acogida y por la Autoridad Central Federal Brasileña; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - ser dirigidos y administrados por personas calificadas y de reconocida idoneidad moral, con comprobada formación o experiencia para actuar en el área de adopción internacional, inscritas por el Departamento de Policía Federal y aprobadas por la Autoridad Central Federal Brasileña, mediante publicación de ordenanza del órgano federal competente; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - estar sometidos a la supervisión de las autoridades competentes del país donde tengan su sede y del país de acogida, inclusive en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
IV - presentar a la Autoridad Central Federal Brasileña, cada año, informe general de las actividades desarrolladas, así como informe de seguimiento de las adopciones internacionales efectuadas en el período, cuya copia será remitida al Departamento de Policía Federal; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
V - enviar informe posadoptivo semestral a la Autoridad Central Estatal, con copia a la Autoridad Central Federal Brasileña, por un período mínimo de 2 (dos) años. El envío del informe se mantendrá hasta la incorporación de copia autenticada del registro civil, que establezca la ciudadanía del país de acogida para el adoptado; (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)
VI - adoptar las medidas necesarias para garantizar que los adoptantes remitan a la Autoridad Central Federal Brasileña copia de la certificación de registro de nacimiento extranjero y del certificado de nacionalidad tan pronto les sean concedidos. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5 o La no presentación de los informes a que se refiere el § 4 o de este artículo por parte del organismo acreditado podrá acarrear la suspensión de su acreditación. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 6 o La acreditación de organismo nacional o extranjero encargado de intermediar solicitudes de adopción internacional tendrá una validez de 2 (dos) años. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 7 o La renovación de la acreditación podrá concederse mediante solicitud presentada ante la Autoridad Central Federal Brasileña dentro de los 60 (sesenta) días anteriores al término del respectivo plazo de validez. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 8 o Antes de que la decisión que concedió la adopción internacional pase en autoridad de cosa juzgada, no se permitirá la salida del adoptando del territorio nacional. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 9 o Pasada en autoridad de cosa juzgada la decisión, la autoridad judicial determinará la expedición de un permiso (alvará) con autorización de viaje, así como para la obtención de pasaporte, constando obligatoriamente las características del niño o adolescente adoptado, tales como edad, color, sexo, eventuales señales o rasgos peculiares, así como fotografía reciente y la impresión de la huella digital de su pulgar derecho, instruyéndose el documento con copia autenticada de la decisión y certificación de cosa juzgada. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 10. La Autoridad Central Federal Brasileña podrá, en cualquier momento, solicitar información sobre la situación de los niños y adolescentes adoptados (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 11. El cobro de valores por parte de los organismos acreditados que sean considerados abusivos por la Autoridad Central Federal Brasileña y que no estén debidamente comprobados es causa de su desacreditación. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 12. Una misma persona o su cónyuge no pueden ser representados por más de una entidad acreditada para actuar en la cooperación en adopción internacional. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 13. La habilitación de postulante extranjero o domiciliado fuera de Brasil tendrá una validez máxima de 1 (un) año, pudiendo ser renovada. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 14. Se prohíbe el contacto directo de representantes de organismos de adopción, nacionales o extranjeros, con directores de programas de acogimiento institucional o familiar, así como con niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados, sin la debida autorización judicial. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 15. La Autoridad Central Federal Brasileña podrá limitar o suspender la concesión de nuevas acreditaciones siempre que lo juzgue necesario, mediante acto administrativo fundamentado. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 52-A. Se prohíbe, bajo pena de responsabilidad y desacreditación, la transferencia de recursos provenientes de organismos extranjeros encargados de intermediar solicitudes de adopción internacional a organismos nacionales o a personas físicas. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. Las eventuales transferencias solo podrán efectuarse a través del Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente y estarán sujetas a las deliberaciones del respectivo Consejo de Derechos del Niño y del Adolescente (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 52-B. La adopción por brasileño residente en el exterior en país ratificante de la Convención de La Haya, cuyo proceso de adopción haya sido tramitado conforme a la legislación vigente en el país de residencia y se haya cumplido lo dispuesto en la letra “c” del Artículo 17 de dicha Convención, será automáticamente recepcionada con el reingreso a Brasil. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1 o En caso de que no se haya cumplido lo dispuesto en la letra “c” del Artículo 17 de la Convención de La Haya, la sentencia deberá ser homologada por el Superior Tribunal de Justicia. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o El pretendiente brasileño residente en el exterior en país no ratificante de la Convención de La Haya, una vez reingresado a Brasil, deberá solicitar la homologación de la sentencia extranjera por el Superior Tribunal de Justicia. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 52-C. En las adopciones internacionales, cuando Brasil sea el país de acogida, la decisión de la autoridad competente del país de origen del niño o del adolescente será conocida por la Autoridad Central Estatal que haya tramitado la solicitud de habilitación de los padres adoptivos, la cual comunicará el hecho a la Autoridad Central Federal y determinará las providencias necesarias para la expedición del Certificado de Naturalización Provisional. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1 o La Autoridad Central Estatal, oído el Ministerio Público, solo dejará de reconocer los efectos de aquella decisión si quedare demostrado que la adopción es manifiestamente contraria al orden público o no atiende al interés superior del niño o del adolescente. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o En la hipótesis de no reconocimiento de la adopción, prevista en el § 1 o de este artículo, el Ministerio Público deberá requerir inmediatamente lo que corresponda en derecho para resguardar los intereses del niño o del adolescente, comunicándose las providencias a la Autoridad Central Estatal, que lo comunicará a la Autoridad Central Federal Brasileña y a la Autoridad Central del país de origen. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 52-D. En las adopciones internacionales, cuando Brasil sea el país de acogida y la adopción no haya sido otorgada en el país de origen porque su legislación la delega al país de acogida, o también en la hipótesis de que, aun con decisión, el niño o el adolescente provenga de un país que no haya adherido a la Convención referida, el proceso de adopción seguirá las reglas de la adopción nacional. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)

Capítulo IV — Del Derecho a la Educación, a la Cultura, al Deporte y al Ocio

Art. 53. El niño y el adolescente tienen derecho a la educación, con miras al pleno desarrollo de su persona, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la calificación para el trabajo, asegurándoseles:
I - igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en la escuela;
II - derecho a ser respetado por sus educadores;
III - derecho a impugnar los criterios de evaluación, pudiendo recurrir a las instancias escolares superiores;
IV - derecho de organización y participación en entidades estudiantiles;
V - acceso a la escuela pública y gratuita cercana a su residencia.
V - acceso a la escuela pública y gratuita, cercana a su residencia, garantizándose plazas en el mismo establecimiento a los hermanos que cursen la misma etapa o ciclo de enseñanza de la educación básica. (Redacción dada por la Ley nº 13.845, de 2019)
Párrafo único. Es derecho de los padres o responsables tener conocimiento del proceso pedagógico, así como participar en la definición de las propuestas educativas.
Art. 53-A. Es deber de la institución de enseñanza, de los clubes y agrupaciones recreativas y de los establecimientos afines asegurar medidas de concientización, prevención y enfrentamiento del uso o dependencia de drogas ilícitas. (Incluido por la Ley nº 13.840, de 2019)
Art. 54. Es deber del Estado asegurar al niño y al adolescente:
I - enseñanza fundamental, obligatoria y gratuita, inclusive para quienes no tuvieron acceso a ella a la edad propia;
II - progresiva extensión de la obligatoriedad y gratuidad a la enseñanza media;
III - atención educativa especializada a los portadores de discapacidad, preferentemente en la red regular de enseñanza;
IV - atención en guardería y preescolar a los niños de cero a seis años de edad;
IV – atención en guardería y preescolar a los niños de cero a cinco años de edad; (Redacción dada por la Ley nº 13.306, de 2016)
V - acceso a los niveles más elevados de la enseñanza, de la investigación y de la creación artística, según la capacidad de cada uno;
VI - oferta de enseñanza nocturna regular, adecuada a las condiciones del adolescente trabajador;
VII - atención en la enseñanza fundamental, mediante programas suplementarios de material didáctico-escolar, transporte, alimentación y asistencia a la salud.
§ 1º El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita es derecho público subjetivo.
§ 2º La falta de oferta de la enseñanza obligatoria por el poder público o su oferta irregular implica responsabilidad de la autoridad competente.
§ 3º Compete al poder público censar a los educandos en la enseñanza fundamental, hacerles el llamamiento y velar, junto a los padres o responsable, por la asistencia a la escuela.
Art. 55. Los padres o responsable tienen la obligación de matricular a sus hijos o pupilos en la red regular de enseñanza.
Art. 56. Los directores de establecimientos de enseñanza fundamental comunicarán al Consejo Tutelar los casos de:
I - malos tratos que involucren a sus alumnos;
II - reiteración de faltas injustificadas y de deserción escolar, agotados los recursos escolares;
III - elevados niveles de repetición.
IV – negligencia, abuso o abandono en la forma prevista en los arts. 4º y 5º de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 15.240, de 2025)
Art. 57. El poder público estimulará investigaciones, experiencias y nuevas propuestas relativas a calendario, seriación, currículo, metodología, didáctica y evaluación, con miras a la inserción de niños y adolescentes excluidos de la enseñanza fundamental obligatoria.
Art. 58. En el proceso educativo se respetarán los valores culturales, artísticos e históricos propios del contexto social del niño y del adolescente, garantizándoseles a estos la libertad de creación y el acceso a las fuentes de cultura.
Art. 58. En el proceso educativo, se respetarán los valores culturales, morales, éticos, artísticos e históricos propios del contexto social del niño y del adolescente, garantizándoseles la libertad de creación y el acceso a las fuentes de cultura. (Redacción dada por la Ley nº 15.240, de 2025)
Art. 59. Los municipios, con apoyo de los estados y de la Unión, estimularán y facilitarán la destinación de recursos y espacios para programaciones culturales, deportivas y de ocio dirigidas a la infancia y a la juventud.
Art. 59-A. Las instituciones sociales públicas o privadas que desarrollen actividades con niños y adolescentes y que reciban recursos públicos deberán exigir y mantener certificaciones de antecedentes penales de todos sus colaboradores, las cuales deberán ser actualizadas cada 6 (seis) meses. (Incluido por la Ley nº 14.811, de 2024)
Párrafo único. Los establecimientos educativos y similares, públicos o privados, que desarrollan actividades con niños y adolescentes, independientemente de que reciban recursos públicos, deberán mantener fichas de registro y certificaciones de antecedentes penales actualizadas de todos sus colaboradores. (Incluido por la Ley nº 14.811, de 2024)

Capítulo V — Del Derecho a la Profesionalización y a la Protección en el Trabajo

Art. 60. Se prohíbe cualquier trabajo a menores de catorce años de edad, salvo en la condición de aprendiz. (Véase Constitución Federal)
Art. 61. La protección del trabajo de los adolescentes se regula por legislación especial, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.
Art. 62. Se considera aprendizaje la formación técnico-profesional impartida conforme a las directrices y bases de la legislación de educación vigente.
Art. 63. La formación técnico-profesional obedecerá a los siguientes principios:
I - garantía de acceso y asistencia obligatoria a la enseñanza regular;
II - actividad compatible con el desarrollo del adolescente;
III - horario especial para el ejercicio de las actividades.
Art. 64. Al adolescente hasta catorce años de edad se le asegura beca de aprendizaje.
Art. 65. Al adolescente aprendiz, mayor de catorce años, se le aseguran los derechos laborales y previsionales.
Art. 66. Al adolescente portador de discapacidad se le asegura trabajo protegido.
Art. 67. Al adolescente empleado, aprendiz, en régimen familiar de trabajo, alumno de escuela técnica, asistido en entidad gubernamental o no gubernamental, se le prohíbe el trabajo:
I - nocturno, realizado entre las veintidós horas de un día y las cinco horas del día siguiente;
II - peligroso, insalubre o penoso;
III - realizado en lugares perjudiciales para su formación y su desarrollo físico, psíquico, moral y social;
IV - realizado en horarios y lugares que no permitan la asistencia a la escuela.
Art. 68. El programa social que tenga por base el trabajo educativo, bajo responsabilidad de entidad gubernamental o no gubernamental sin fines de lucro, deberá asegurar al adolescente que participe en él condiciones de capacitación para el ejercicio de actividad regular remunerada.
§ 1º Se entiende por trabajo educativo la actividad laboral en que las exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del educando prevalecen sobre el aspecto productivo.
§ 2º La remuneración que el adolescente recibe por el trabajo efectuado o la participación en la venta de los productos de su trabajo no desfigura el carácter educativo.
Art. 69. El adolescente tiene derecho a la profesionalización y a la protección en el trabajo, observados los siguientes aspectos, entre otros:
I - respeto a la condición peculiar de persona en desarrollo;
II - capacitación profesional adecuada al mercado de trabajo.

Título III — De la Prevención

Capítulo I

Disposiciones Generales

Art. 70. Es deber de todos prevenir la ocurrencia de amenaza o violación de los derechos del niño y del adolescente.
Art. 70-A. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán actuar de forma articulada en la elaboración de políticas públicas y en la ejecución de acciones destinadas a reprimir el uso de castigo físico o de trato cruel o degradante y a difundir formas no violentas de educación de niños y de adolescentes, teniendo como principales acciones: (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
I - la promoción de campañas educativas permanentes para la divulgación del derecho del niño y del adolescente a ser educados y cuidados sin el uso de castigo físico o de trato cruel o degradante y de los instrumentos de protección de los derechos humanos; (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
II - la integración con los órganos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, con el Consejo Tutelar, con los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente y con las entidades no gubernamentales que actúan en la promoción, protección y defensa de los derechos del niño y del adolescente; (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
II – la integración con los órganos de seguridad pública, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, con el Consejo Tutelar, con los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente y con las entidades no gubernamentales que actúan en la promoción, en la protección y en la defensa de los derechos del niño y del adolescente; (Redacción dada por la Ley nº 15.280, de 2025)
III - la formación continua y la capacitación de los profesionales de salud, educación y asistencia social y de los demás agentes que actúan en la promoción, protección y defensa de los derechos del niño y del adolescente para el desarrollo de las competencias necesarias para la prevención, la identificación de evidencias, el diagnóstico y el enfrentamiento de todas las formas de violencia contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
IV - el apoyo y el incentivo a las prácticas de resolución pacífica de conflictos que involucren violencia contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
V - la inclusión, en las políticas públicas, de acciones que tengan por objeto garantizar los derechos del niño y del adolescente, desde la atención prenatal, y de actividades junto a los padres y responsables con el objetivo de promover la información, la reflexión, el debate y la orientación sobre alternativas al uso de castigo físico o de trato cruel o degradante en el proceso educativo; (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
VI - la promoción de espacios intersectoriales locales para la articulación de acciones y la elaboración de planes de actuación conjunta enfocados en las familias en situación de violencia, con participación de profesionales de salud, de asistencia social y de educación y de órganos de promoción, protección y defensa de los derechos del niño y del adolescente. (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
VII - la promoción de estudios e investigaciones, de estadísticas y de otras informaciones relevantes sobre las consecuencias y la frecuencia de las formas de violencia contra el niño y el adolescente para la sistematización de datos unificados a nivel nacional y la evaluación periódica de los resultados de las medidas adoptadas; (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
VIII - el respeto a los valores de la dignidad de la persona humana, de forma de reprimir la violencia, el trato cruel o degradante y las formas violentas de educación, corrección o disciplina; (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
IX - la promoción y la realización de campañas educativas dirigidas al público escolar y a la sociedad en general y la difusión de esta Ley y de los instrumentos de protección de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, incluidos los canales de denuncia existentes; (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
IX – la promoción y la realización de campañas educativas dirigidas al público escolar, a entidades deportivas, a unidades de salud, a consejos tutelares, a organizaciones de la sociedad civil, a centros culturales, a asociaciones comunitarias y a otros espacios públicos de convivencia y a la sociedad en general, así como la difusión de esta Ley y de los instrumentos de protección de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, incluidos los canales de denuncia existentes; (Redacción dada por la Ley nº 15.280, de 2025)
X - la celebración de convenios, de protocolos, de acuerdos, de términos y de otros instrumentos de promoción de alianza entre órganos gubernamentales o entre estos y entidades no gubernamentales, con el objetivo de implementar programas de erradicación de la violencia, del trato cruel o degradante y de formas violentas de educación, corrección o disciplina; (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
XI - la capacitación permanente de las Policías Civil y Militar, de la Guardia Municipal, del Cuerpo de Bomberos, de los profesionales en las escuelas, de los Consejos Tutelares y de los profesionales pertenecientes a los órganos y a las áreas referidos en el inciso II de este caput, para que identifiquen situaciones en que niños y adolescentes viven violencia y agresiones en el ámbito familiar o institucional; (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
XII - la promoción de programas educacionales que difundan valores éticos de irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana, así como de programas de fortalecimiento de la parentalidad positiva, de la educación sin castigos físicos y de acciones de prevención y enfrentamiento de la violencia doméstica y familiar contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
XIII - el destaque, en los currículos escolares de todos los niveles de enseñanza, de los contenidos relativos a la prevención, la identificación y la respuesta a la violencia doméstica y familiar. (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
Párrafo único. Las familias con niños y adolescentes con discapacidad tendrán prioridad de atención en las acciones y políticas públicas de prevención y protección. (Incluido por la Ley nº 13.010, de 2014)
Art. 70-B. Las entidades, públicas y privadas, que actúen en las áreas a que se refiere el art. 71, entre otras, deben contar, en sus cuadros, con personas capacitadas para reconocer y comunicar al Consejo Tutelar sospechas o casos de maltrato practicados contra niños y adolescentes. (Incluido por la Ley nº 13.046, de 2014)
Art. 70-B. Las entidades, públicas y privadas, que actúen en las áreas de la salud y de la educación, además de aquellas a las que se refiere el art. 71 de esta Ley, entre otras, deben contar, en sus cuadros, con personas capacitadas para reconocer y comunicar al Consejo Tutelar sospechas o casos de delitos practicados contra el niño y el adolescente. (Redacción dada por la Ley nº 14.344, de 2022)
Párrafo único. Son igualmente responsables de la comunicación de que trata este artículo las personas encargadas, por razón de cargo, función, oficio, ministerio, profesión u ocupación, del cuidado, asistencia o guarda de niños y adolescentes, siendo punible, en la forma de este Estatuto, el injustificado retraso u omisión, culposos o dolosos. (Incluido por la Ley nº 13.046, de 2014)
Art. 71. El niño y el adolescente tienen derecho a información, cultura, ocio, deportes, diversiones, espectáculos y productos y servicios que respeten su condición peculiar de persona en desarrollo.
Art. 72. Las obligaciones previstas en esta Ley no excluyen de la prevención especial otras derivadas de los principios adoptados por ella.
Art. 73. La inobservancia de las normas de prevención implicará responsabilidad de la persona física o jurídica, en los términos de esta Ley.

Capítulo II — De la Prevención Especial

Sección I — De la Información, Cultura, Ocio, Deportes, Diversiones y Espectáculos

Art. 74. El poder público, por medio del órgano competente, regulará las diversiones y espectáculos públicos, informando sobre la naturaleza de ellos, los grupos de edad para los que no se recomiendan, y los lugares y horarios en que su presentación resulte inadecuada.
Párrafo único. Los responsables de las diversiones y espectáculos públicos deberán fijar, en lugar visible y de fácil acceso, a la entrada del local de exhibición, información destacada sobre la naturaleza del espectáculo y el grupo de edad especificado en el certificado de clasificación.
Art. 75. Todo niño o adolescente tendrá acceso a las diversiones y espectáculos públicos clasificados como adecuados a su grupo de edad.
Párrafo único. Los niños menores de diez años solo podrán ingresar y permanecer en los locales de presentación o exhibición cuando estén acompañados de sus padres o responsable.
Art. 76. Las emisoras de radio y televisión solo exhibirán, en el horario recomendado para el público infantojuvenil, programas con finalidades educativas, artísticas, culturales e informativas.
Párrafo único. Ningún espectáculo será presentado o anunciado sin aviso de su clasificación, antes de su transmisión, presentación o exhibición.
Art. 77. Los propietarios, directores, gerentes y empleados de empresas que exploten la venta o alquiler de cintas de programación en video cuidarán de que no haya venta ni locación en desacuerdo con la clasificación atribuida por el órgano competente.
Párrafo único. Las cintas a que alude este artículo deberán exhibir, en el envoltorio, información sobre la naturaleza de la obra y el grupo de edad a que se destinan.
Art. 78. Las revistas y publicaciones que contengan material impropio o inadecuado para niños y adolescentes deberán ser comercializadas en embalaje sellado, con la advertencia de su contenido.
Párrafo único. Las editoriales cuidarán de que las portadas que contengan mensajes pornográficos u obscenos estén protegidas con embalaje opaco.
Art. 79. Las revistas y publicaciones destinadas al público infantojuvenil no podrán contener ilustraciones, fotografías, leyendas, crónicas o anuncios de bebidas alcohólicas, tabaco, armas y municiones, y deberán respetar los valores éticos y sociales de la persona y de la familia.
Art. 80. Los responsables de establecimientos que exploten comercialmente billar, snooker o similares, o de casas de juegos, entendidas como tales las que realicen apuestas, aunque sea eventualmente, cuidarán de que no se permita la entrada y la permanencia de niños y adolescentes en el local, fijando aviso para orientación del público.

Sección II — De los Productos y Servicios

Art. 81. Se prohíbe la venta al niño o al adolescente de:
I - armas, municiones y explosivos;
II - bebidas alcohólicas;
III - productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica, aun por utilización indebida;
IV - fuegos de estampido y de artificio, excepto aquellos que por su reducido potencial sean incapaces de provocar cualquier daño físico en caso de utilización indebida;
V - revistas y publicaciones a que alude el art. 78;
VI - billetes de lotería y equivalentes.
Art. 82. Se prohíbe el hospedaje de niño o adolescente en hotel, motel, pensión o establecimiento similar, salvo si está autorizado o acompañado por sus padres o responsable.

Sección III — De la Autorización para Viajar

Art. 83. Ningún niño podrá viajar fuera de la comarca donde reside, sin estar acompañado de sus padres o responsable, sin expresa autorización judicial.
Art. 83. Ningún niño o adolescente menor de 16 (dieciséis) años podrá viajar fuera de la comarca donde reside sin estar acompañado de sus padres o de los responsables sin expresa autorización judicial. (Redacción dada por la Ley nº 13.812, de 2019)
§ 1º La autorización no será exigida cuando:
a) se trate de comarca contigua a la de residencia del niño, si en la misma unidad de la Federación, o incluida en la misma región metropolitana;
a) se trate de comarca contigua a la de residencia del niño o del adolescente menor de 16 (dieciséis) años, si en la misma unidad de la Federación, o incluida en la misma región metropolitana; (Redacción dada por la Ley nº 13.812, de 2019)
b) el niño esté acompañado:
b) el niño o el adolescente menor de 16 (dieciséis) años esté acompañado: (Redacción dada por la Ley nº 13.812, de 2019)
1) de ascendiente o colateral mayor, hasta el tercer grado, comprobado documentalmente el parentesco;
2) de persona mayor, expresamente autorizada por el padre, la madre o el responsable.
§ 2º La autoridad judicial podrá, a pedido de los padres o responsable, conceder autorización válida por dos años.
Art. 84. Cuando se trate de viaje al exterior, la autorización es dispensable, si el niño o adolescente:
I - estuviere acompañado de ambos padres o del responsable;
II - viajare en compañía de uno de los padres, autorizado expresamente por el otro mediante documento con firma reconocida.
Art. 85. Sin previa y expresa autorización judicial, ningún niño o adolescente nacido en territorio nacional podrá salir del País en compañía de extranjero residente o domiciliado en el exterior.

Parte Especial

Título I — De la Política de Atención

Capítulo I

Disposiciones Generales

Art. 86. La política de atención de los derechos del niño y del adolescente se hará a través de un conjunto articulado de acciones gubernamentales y no gubernamentales, de la Unión, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios.
Art. 87. Son líneas de acción de la política de atención:
I - políticas sociales básicas;
II - políticas y programas de asistencia social, con carácter supletorio, para aquellos que de ellos necesiten
II - servicios, programas, proyectos y beneficios de asistencia social de garantía de protección social y de prevención y reducción de violaciones de derechos, sus agravamientos o reincidencias; (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
III - servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, malos tratos, explotación, abuso, crueldad y opresión;
III – servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, malos tratos, explotación, abuso, crueldad y opresión y a los niños y a los adolescentes que tuvieren a cualquiera de sus padres o responsables victimado por grave violencia o preso en régimen cerrado; (Redacción dada por la Ley nº 14.987, de 2024)
IV - servicio de identificación y localización de padres, responsable, niños y adolescentes desaparecidos;
V - protección jurídico-social por entidades de defensa de los derechos del niño y del adolescente.
VI - políticas y programas destinados a prevenir o abreviar el período de alejamiento de la convivencia familiar y a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la convivencia familiar de niños y adolescentes; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
VII - campañas de estímulo al acogimiento bajo forma de guarda de niños y adolescentes alejados de la convivencia familiar y a la adopción, específicamente interracial, de niños mayores o de adolescentes, con necesidades específicas de salud o con discapacidades y de grupos de hermanos. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. La línea de acción de la política de atención a que se refiere el inciso IV del caput de este artículo será ejecutada en cooperación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, creado por la Ley nº 13.812, de 16 de marzo de 2019, con el Registro Nacional de Niños y Adolescentes Desaparecidos, creado por la Ley nº 12.127, de 17 de diciembre de 2009, y con los demás registros, sean ellos nacionales, estaduales o municipales. (Incluido por la Ley nº 14.548, de 2023)
Art. 88. Son directrices de la política de atención:
I - municipalización de la atención;
II - creación de consejos municipales, estaduales y nacional de los derechos del niño y del adolescente, órganos deliberativos y controladores de las acciones en todos los niveles, asegurada la participación popular paritaria por medio de organizaciones representativas, según leyes federal, estaduales y municipales;
III - creación y mantenimiento de programas específicos, observada la descentralización político-administrativa;
IV - mantenimiento de fondos nacional, estaduales y municipales vinculados a los respectivos consejos de los derechos del niño y del adolescente;
V - integración operativa de órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría, Seguridad Pública y Asistencia Social, preferentemente en un mismo local, a efectos de agilizar la atención inicial al adolescente a quien se atribuya la autoría de acto infraccional;
VI - movilización de la opinión pública en el sentido de la indispensable participación de los diversos segmentos de la sociedad.
VI - integración operativa de órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría, Consejo Tutelar y encargados de la ejecución de las políticas sociales básicas y de asistencia social, a efectos de agilizar la atención de niños y de adolescentes insertados en programas de acogimiento familiar o institucional, con miras a su rápida reintegración a la familia de origen o, si tal solución se mostrare comprobadamente inviable, su colocación en familia sustituta, en cualquiera de las modalidades previstas en el art. 28 de esta Ley; (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
VII - movilización de la opinión pública para la indispensable participación de los diversos segmentos de la sociedad. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
VIII - especialización y formación continuada de los profesionales que trabajan en las diferentes áreas de la atención a la primera infancia, incluyendo los conocimientos sobre derechos del niño y sobre desarrollo infantil; (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
IX - formación profesional que abarque los diversos derechos del niño y del adolescente y que favorezca la intersectorialidad en la atención del niño y del adolescente y su desarrollo integral; (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
X - realización y divulgación de investigaciones sobre desarrollo infantil y sobre prevención de la violencia. (Incluido por la Ley nº 13.257, de 2016)
Art. 89. La función de miembro del consejo nacional y de los consejos estaduales y municipales de los derechos del niño y del adolescente es considerada de interés público relevante y no será remunerada.
Art. 89. La función de miembro de los Consejos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital y municipales es considerada de interés público relevante y no será remunerada. (Redacción dada por la Ley nº 15.426, de 2026)
Párrafo único. La ley de cada ente de la Federación dispondrá, respetadas las disposiciones previstas en el párrafo único del art. 89-A de esta Ley, sobre la pérdida de la función de miembro del respectivo Consejo de los Derechos del Niño y del Adolescente. (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
Art. 89-A. Son deberes fundamentales de los miembros de los Consejos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital y municipales: (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
I – promover la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
II – respetar y cumplir la Constitución Federal, las leyes y las demás normas establecidas; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
III – velar por el prestigio, el perfeccionamiento y la valorización del respectivo Consejo, así como por la preservación de sus prerrogativas; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
IV – ejercer la función de miembro de Consejo con dignidad y respeto a los principios y a las normas que rigen la administración pública y con buena fe, probidad, celo y eficiencia para producir los resultados esperados por la sociedad; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
V – presentarse al respectivo Consejo y participar en las sesiones, las reuniones y los demás compromisos en los términos de la ley o del reglamento interno aplicable; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
VI – examinar y evaluar todos los asuntos, cuestiones, proyectos y expedientes sometidos a su apreciación y voto desde la óptica del interés público; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
VII – tratar con respeto a los demás miembros del respectivo Consejo, a los agentes y servidores públicos y a las demás personas con las que mantengan contacto en el ejercicio de la función; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
VIII – rendir cuentas del ejercicio de la función de miembro de Consejo a la sociedad y a los Poderes, órganos y entidades públicos en la forma de la ley, poniendo a disposición las informaciones necesarias para el seguimiento, el control y la fiscalización pertinentes; (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
IX – (VETADO). (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)
Párrafo único. (VETADO). (Incluido por la Ley nº 15.426, de 2026)

Capítulo II — De las Entidades de Atención

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 90. Las entidades de atención son responsables del mantenimiento de las propias unidades, así como de la planificación y ejecución de programas de protección y socioeducativos destinados a niños y adolescentes, en régimen de: (Véase)
I - orientación y apoyo sociofamiliar;
II - apoyo socioeducativo en medio abierto;
III - colocación familiar;
I V - albergue;
IV - acogimiento institucional; (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
V - libertad asistida;
V - prestación de servicios a la comunidad; (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
VI - semilibertad;
VI - libertad asistida; (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
VII - internación.
VII - semilibertad; y (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
VIII - internación. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Párrafo único. Las entidades gubernamentales y no gubernamentales deberán proceder a la inscripción de sus programas, especificando los regímenes de atención, en la forma definida en este artículo, ante el Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, el cual mantendrá registro de las inscripciones y de sus alteraciones, de lo que hará comunicación al Consejo Tutelar y a la autoridad judicial.
§ 1 o Las entidades gubernamentales y no gubernamentales deberán proceder a la inscripción de sus programas, especificando los regímenes de atención, en la forma definida en este artículo, en el Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, el cual mantendrá registro de las inscripciones y de sus alteraciones, de lo que hará comunicación al Consejo Tutelar y a la autoridad judicial. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o Los recursos destinados a la implementación y mantenimiento de los programas relacionados en este artículo serán previstos en las dotaciones presupuestarias de los órganos públicos encargados de las áreas de Educación, Salud y Asistencia Social, entre otros, observándose el principio de la prioridad absoluta al niño y al adolescente preconizado por el caput del art. 227 de la Constitución Federal y por el caput y párrafo único del art. 4 o de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 3 o Los programas en ejecución serán reevaluados por el Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, como máximo, cada 2 (dos) años, constituyéndose criterios para la renovación de la autorización de funcionamiento: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - el efectivo respeto a las reglas y principios de esta Ley, así como a las resoluciones relativas a la modalidad de atención prestada expedidas por los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente, en todos los niveles; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - la calidad y eficiencia del trabajo desarrollado, atestiguadas por el Consejo Tutelar, por el Ministerio Público y por la Justicia de la Infancia y de la Juventud; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - tratándose de programas de acogimiento institucional o familiar, se considerarán los índices de éxito en la reintegración familiar o de adaptación a la familia sustituta, según el caso. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
Art. 91. Las entidades no gubernamentales solo podrán funcionar después de registradas en el Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, el cual comunicará el registro al Consejo Tutelar y a la autoridad judicial de la respectiva localidad.
Párrafo único. Se negará el registro a la entidad que:
§ 1 o Se negará el registro a la entidad que: (Incluido por la Ley 12.010/2009)
a) no ofrezca instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene, salubridad y seguridad;
b) no presente plan de trabajo compatible con los principios de esta Ley;
c) esté irregularmente constituida;
d) tenga en sus cuadros personas no idóneas.
e) no se adecue o deje de cumplir las resoluciones y deliberaciones relativas a la modalidad de atención prestada emitidas por los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente, en todos los niveles. (Incluida por la Ley 12.010/2009)
§ 2 o El registro tendrá validez máxima de 4 (cuatro) años, correspondiendo al Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, periódicamente, reevaluar la procedencia de su renovación, observado lo dispuesto en el § 1 o de este artículo. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
Art. 92. Las entidades que desarrollen programas de albergue deberán adoptar los siguientes principios:
Art. 92. Las entidades que desarrollen programas de acogimiento familiar o institucional deberán adoptar los siguientes principios: (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
I - preservación de los vínculos familiares;
I - preservación de los vínculos familiares y promoción de la reintegración familiar; (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
II - integración en familia sustituta, cuando se hayan agotado los recursos de mantenimiento en la familia natural o extensa; (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
II - integración en familia sustituta, cuando se hayan agotado los recursos de mantenimiento en la familia de origen;
III - atención personalizada y en pequeños grupos;
IV - desarrollo de actividades en régimen de coeducación;
V - no desmembramiento de grupos de hermanos;
VI - evitar, siempre que sea posible, el traslado a otras entidades de niños y adolescentes albergados;
VII - participación en la vida de la comunidad local;
VIII - preparación gradual para la desvinculación;
IX - participación de personas de la comunidad en el proceso educativo.
Párrafo único. El dirigente de entidad de albergue es equiparado al guardador, para todos los efectos de derecho.
§ 1 o El dirigente de entidad que desarrolla programa de acogimiento institucional es equiparado al guardador, para todos los efectos de derecho. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 2 o Los dirigentes de entidades que desarrollan programas de acogimiento familiar o institucional remitirán a la autoridad judicial, como máximo cada 6 (seis) meses, informe circunstanciado acerca de la situación de cada niño o adolescente acogido y de su familia, para los fines de la reevaluación prevista en el § 1 o del art. 19 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 3 o Los entes federados, por intermedio de los Poderes Ejecutivo y Judicial, promoverán conjuntamente la permanente calificación de los profesionales que actúan directa o indirectamente en programas de acogimiento institucional y destinados a la colocación familiar de niños y adolescentes, incluyendo a miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo Tutelar. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 4 o Salvo determinación en contrario de la autoridad judicial competente, las entidades que desarrollan programas de acogimiento familiar o institucional, si fuera necesario con el auxilio del Consejo Tutelar y de los órganos de asistencia social, estimularán el contacto del niño o adolescente con sus padres y parientes, en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos I y VIII del caput de este artículo. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 5 o Las entidades que desarrollan programas de acogimiento familiar o institucional solo podrán recibir recursos públicos si se comprueba el cumplimiento de los principios, exigencias y finalidades de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 6 o El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley por el dirigente de entidad que desarrolle programas de acogimiento familiar o institucional es causa de su destitución, sin perjuicio de la determinación de su responsabilidad administrativa, civil y penal. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 7 o Tratándose de niño de 0 (cero) a 3 (tres) años en acogimiento institucional, se dará especial atención a la actuación de educadores de referencia estables y cualitativamente significativos, a las rutinas específicas y a la atención de las necesidades básicas, incluidas las de afecto como prioritarias. (Incluido por la Ley 13.257/2016)
Art. 93. Las entidades que mantengan programas de albergue podrán, con carácter excepcional y de urgencia, albergar a niños y adolescentes sin previa determinación de la autoridad competente, comunicando el hecho hasta el 2º día hábil inmediato.
Art. 93. Las entidades que mantengan programa de acogimiento institucional podrán, con carácter excepcional y de urgencia, acoger a niños y adolescentes sin previa determinación de la autoridad competente, comunicando el hecho en un plazo de hasta 24 (veinticuatro) horas al Juez de la Infancia y de la Juventud, bajo pena de responsabilidad. (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
Párrafo único. Recibida la comunicación, la autoridad judicial, oído el Ministerio Público y, si fuera necesario, con el apoyo del Consejo Tutelar local, adoptará las medidas necesarias para promover la inmediata reintegración familiar del niño o del adolescente o, si por cualquier razón ello no fuera posible o recomendable, para su derivación a programa de acogimiento familiar, institucional o a familia sustituta, observado lo dispuesto en el § 2 o del art. 101 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
Art. 94. Las entidades que desarrollan programas de internación tienen las siguientes obligaciones, entre otras:
I - observar los derechos y garantías de los que son titulares los adolescentes;
II - no restringir ningún derecho que no haya sido objeto de restricción en la decisión de internación;
III - ofrecer atención personalizada, en pequeñas unidades y grupos reducidos;
IV - preservar la identidad y ofrecer un ambiente de respeto y dignidad al adolescente;
V - diligenciar en el sentido del restablecimiento y de la preservación de los vínculos familiares;
VI - comunicar a la autoridad judicial, periódicamente, los casos en que se muestre inviable o imposible la reanudación de los vínculos familiares;
VII - ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene, salubridad y seguridad y los objetos necesarios para la higiene personal;
VIII - ofrecer vestimenta y alimentación suficientes y adecuadas al grupo etario de los adolescentes atendidos;
IX - ofrecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos y farmacéuticos;
X - propiciar escolarización y profesionalización;
XI - propiciar actividades culturales, deportivas y de ocio;
XII - propiciar asistencia religiosa a quienes lo deseen, de acuerdo con sus creencias;
XIII - proceder al estudio social y personal de cada caso;
XIV - reevaluar periódicamente cada caso, con un intervalo máximo de seis meses, dando a conocer los resultados a la autoridad competente;
XV - informar, periódicamente, al adolescente internado sobre su situación procesal;
XVI - comunicar a las autoridades competentes todos los casos de adolescentes portadores de enfermedades infectocontagiosas;
XVII - proporcionar comprobante de depósito de las pertenencias de los adolescentes;
XVIII - mantener programas destinados al apoyo y seguimiento de egresados;
XIX - gestionar los documentos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía a quienes no los tengan;
XX - mantener archivo de anotaciones donde consten fecha y circunstancias de la atención, nombre del adolescente, sus padres o responsable, parientes, direcciones, sexo, edad, seguimiento de su formación, relación de sus pertenencias y demás datos que posibiliten su identificación y la individualización de la atención.
§ 1º Se aplican, en lo que corresponda, las obligaciones contenidas en este artículo a las entidades que mantienen programa de albergue.
§ 1 o Se aplican, en lo que corresponda, las obligaciones contenidas en este artículo a las entidades que mantienen programas de acogimiento institucional y familiar. (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
§ 2º En el cumplimiento de las obligaciones a que alude este artículo las entidades utilizarán preferentemente los recursos de la comunidad.
Art. 94-A. Las entidades, públicas o privadas, que alberguen o reciban a niños y adolescentes, aunque sea con carácter temporal, deben tener, en sus cuadros, profesionales capacitados para reconocer y reportar al Consejo Tutelar sospechas o casos de malos tratos. (Incluido por la Ley 13.046/2014)

Sección II — De la Fiscalización de las Entidades

Art. 95. Las entidades gubernamentales y no gubernamentales referidas en el art. 90 serán fiscalizadas por el Poder Judicial, por el Ministerio Público y por los Consejos Tutelares.
Art. 96. Los planes de aplicación y las rendiciones de cuentas se presentarán al estado o al municipio, según el origen de las dotaciones presupuestarias.
Art. 97. Son medidas aplicables a las entidades de atención que incumplan obligación contenida en el art. 94, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de sus dirigentes o encargados:
I - a las entidades gubernamentales:
a) advertencia;
b) separación provisional de sus dirigentes;
c) separación definitiva de sus dirigentes;
d) cierre de unidad o interdicción de programa.
II - a las entidades no gubernamentales:
a) advertencia;
b) suspensión total o parcial de la transferencia de fondos públicos;
c) interdicción de unidades o suspensión de programa;
d) cancelación del registro.
Párrafo único. En caso de infracciones reiteradas cometidas por entidades de atención, que pongan en riesgo los derechos asegurados en esta Ley, el hecho deberá ser comunicado al Ministerio Público o representado ante la autoridad judicial competente para las providencias que correspondan, inclusive la suspensión de las actividades o la disolución de la entidad.
§ 1 o En caso de infracciones reiteradas cometidas por entidades de atención, que pongan en riesgo los derechos asegurados en esta Ley, el hecho deberá ser comunicado al Ministerio Público o representado ante la autoridad judicial competente para las providencias que correspondan, inclusive la suspensión de las actividades o la disolución de la entidad. (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
§ 2 o Las personas jurídicas de derecho público y las organizaciones no gubernamentales responderán por los daños que sus agentes causen a los niños y a los adolescentes, caracterizado el incumplimiento de los principios orientadores de las actividades de protección específica. (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)

Título II — De las Medidas de Protección

Capítulo I

Disposiciones Generales

Art. 98. Las medidas de protección al niño y al adolescente son aplicables siempre que los derechos reconocidos en esta Ley sean amenazados o violados:
I - por acción u omisión de la sociedad o del Estado;
II - por falta, omisión o abuso de los padres o responsable;
III - en razón de su conducta.

Capítulo II — De las Medidas Específicas de Protección

Art. 99. Las medidas previstas en este Capítulo podrán ser aplicadas aislada o acumulativamente, así como sustituidas en cualquier momento.
Art. 100. En la aplicación de las medidas se tendrán en cuenta las necesidades pedagógicas, prefiriéndose aquellas que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.
Párrafo único. También son principios que rigen la aplicación de las medidas: (Incluido por la Ley 12.010/2009)
I - condición del niño y del adolescente como sujetos de derechos: los niños y adolescentes son los titulares de los derechos previstos en esta y en otras Leyes, así como en la Constitución Federal; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
II - protección integral y prioritaria: la interpretación y aplicación de toda y cualquier norma contenida en esta Ley debe estar dirigida a la protección integral y prioritaria de los derechos de los que niños y adolescentes son titulares; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
III - responsabilidad primaria y solidaria del poder público: la plena efectivización de los derechos asegurados a niños y a adolescentes por esta Ley y por la Constitución Federal, salvo en los casos expresamente exceptuados por ella, es de responsabilidad primaria y solidaria de las 3 (tres) esferas de gobierno, sin perjuicio de la municipalización de la atención y de la posibilidad de la ejecución de programas por entidades no gubernamentales; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
IV - interés superior del niño y del adolescente: la intervención debe atender prioritariamente a los intereses y derechos del niño y del adolescente, sin perjuicio de la consideración que sea debida a otros intereses legítimos en el ámbito de la pluralidad de los intereses presentes en el caso concreto; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
V - privacidad: la promoción de los derechos y la protección del niño y del adolescente debe efectuarse con respeto a la intimidad, al derecho a la imagen y a la reserva de su vida privada; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
VI - intervención precoz: la intervención de las autoridades competentes debe efectuarse tan pronto como la situación de peligro sea conocida; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
VII - intervención mínima: la intervención debe ser ejercida exclusivamente por las autoridades e instituciones cuya acción sea indispensable para la efectiva promoción de los derechos y la protección del niño y del adolescente; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
VIII - proporcionalidad y actualidad: la intervención debe ser la necesaria y adecuada a la situación de peligro en que el niño o el adolescente se encuentren en el momento en que se toma la decisión; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
IX - responsabilidad parental: la intervención debe efectuarse de modo que los padres asuman sus deberes para con el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
X - prevalencia de la familia: en la promoción de derechos y en la protección del niño y del adolescente debe darse prevalencia a las medidas que los mantengan o reintegren en su familia natural o extensa o, si ello no fuera posible, que promuevan su integración en familia sustituta; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
X - prevalencia de la familia: en la promoción de derechos y en la protección del niño y del adolescente debe darse prevalencia a las medidas que los mantengan o reintegren en su familia natural o extensa o, si eso no fuera posible, que promuevan su integración en familia adoptiva; (Redacción dada por la Ley 13.509/2017)
XI - obligatoriedad de la información: el niño y el adolescente, respetado su estadio de desarrollo y capacidad de comprensión, sus padres o responsable deben ser informados de sus derechos, de los motivos que determinaron la intervención y de la forma como esta se procesa; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
XII - escucha obligatoria y participación: el niño y el adolescente, por separado o en compañía de los padres, de responsable o de persona por ellos indicada, así como sus padres o responsable, tienen derecho a ser oídos y a participar en los actos y en la definición de la medida de promoción de los derechos y de protección, debiendo su opinión ser debidamente considerada por la autoridad judicial competente, observado lo dispuesto en los §§ 1 o y 2 o del art. 28 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
Art. 101. Verificada cualquiera de las hipótesis previstas en el art. 98, la autoridad competente podrá determinar, entre otras, las siguientes medidas:
I - remisión a los padres o responsable, mediante acta de responsabilidad;
II - orientación, apoyo y acompañamiento temporales;
III - matrícula y asistencia obligatorias en establecimiento oficial de enseñanza fundamental;
IV - inclusión en programa comunitario u oficial de auxilio a la familia, al niño y al adolescente;
IV - inclusión en servicios y programas oficiales o comunitarios de protección, apoyo y promoción de la familia, del niño y del adolescente; (Redacción dada por la Ley 13.257/2016)
V - requisición de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen hospitalario o ambulatorio;
V – requisición de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen hospitalario o ambulatorio, extensivo a las familias, si fuera el caso, especialmente en caso de victimización en delito contra la dignidad sexual; (Redacción dada por la Ley 15.280/2025)
VI - inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos;
VII - abrigo en entidad;
VII - acogimiento institucional; (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
VIII - colocación en familia sustituta.
VIII - inclusión en programa de acogimiento familiar; (Redacción dada por la Ley 12.010/2009)
IX - colocación en familia sustituta. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
Párrafo único. El abrigo es medida provisoria y excepcional, utilizable como forma de transición para la colocación en familia sustituta, sin implicar privación de libertad.
§ 1 o El acogimiento institucional y el acogimiento familiar son medidas provisorias y excepcionales, utilizables como forma de transición para la reintegración familiar o, no siendo esta posible, para la colocación en familia sustituta, sin implicar privación de libertad. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 2 o Sin perjuicio de la adopción de medidas de emergencia para la protección de víctimas de violencia o abuso sexual y de las providencias a que alude el art. 130 de esta Ley, el apartamiento del niño o adolescente de la convivencia familiar es de competencia exclusiva de la autoridad judicial e implicará el inicio, a solicitud del Ministerio Público o de quien tenga legítimo interés, de procedimiento judicial contencioso, en el cual se garantice a los padres o al responsable legal el ejercicio del contradictorio y de la amplia defensa. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 3 o Los niños y adolescentes solamente podrán ser remitidos a las instituciones que ejecutan programas de acogimiento institucional, gubernamentales o no, por medio de una Guía de Acogimiento, expedida por la autoridad judicial, en la cual constará obligatoriamente, entre otros: (Incluido por la Ley 12.010/2009)
I - su identificación y la calificación completa de sus padres o de su responsable, si fueran conocidos; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
II - la dirección de residencia de los padres o del responsable, con puntos de referencia; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
III - los nombres de parientes o de terceros interesados en tenerlos bajo su guarda; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
IV - los motivos del retiro o de la no reintegración a la convivencia familiar. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 4 o Inmediatamente después del acogimiento del niño o del adolescente, la entidad responsable del programa de acogimiento institucional o familiar elaborará un plan individual de atención, orientado a la reintegración familiar, salvo la existencia de orden escrita y fundamentada en contrario de autoridad judicial competente, caso en el que también deberá contemplar su colocación en familia sustituta, observadas las reglas y principios de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 5 o El plan individual será elaborado bajo la responsabilidad del equipo técnico del respectivo programa de atención y tomará en consideración la opinión del niño o del adolescente y la escucha de los padres o del responsable. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 6 o Constarán en el plan individual, entre otros: (Incluido por la Ley 12.010/2009)
I - los resultados de la evaluación interdisciplinaria; (Incluido por la Ley 12.010/2009)
II - los compromisos asumidos por los padres o responsable; y (Incluido por la Ley 12.010/2009)
III - la previsión de las actividades a ser desarrolladas con el niño o con el adolescente acogido y sus padres o responsable, con miras a la reintegración familiar o, en caso de que esta esté vedada por expresa y fundamentada determinación judicial, las providencias a ser tomadas para su colocación en familia sustituta, bajo directa supervisión de la autoridad judicial. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 7 o El acogimiento familiar o institucional se realizará en el lugar más próximo a la residencia de los padres o del responsable y, como parte del proceso de reintegración familiar, siempre que se identifique la necesidad, la familia de origen será incluida en programas oficiales de orientación, de apoyo y de promoción social, facilitándose y estimulándose el contacto con el niño o con el adolescente acogido. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 8 o Verificada la posibilidad de reintegración familiar, el responsable del programa de acogimiento familiar o institucional hará inmediata comunicación a la autoridad judicial, que dará vista al Ministerio Público, por el plazo de 5 (cinco) días, decidiendo en igual plazo. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 9 o Si se constatare la imposibilidad de reintegración del niño o del adolescente a la familia de origen, tras su remisión a programas oficiales o comunitarios de orientación, apoyo y promoción social, se enviará informe fundamentado al Ministerio Público, en el cual conste la descripción pormenorizada de las providencias tomadas y la expresa recomendación, suscrita por los técnicos de la entidad o responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar, para la destitución del poder familiar, o destitución de tutela o guarda. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 10. Recibido el informe, el Ministerio Público tendrá el plazo de 30 (treinta) días para interponer la acción de destitución del poder familiar, salvo que entienda necesaria la realización de estudios complementarios u otras providencias que entienda indispensables para la promoción de la demanda. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 10. Recibido el informe, el Ministerio Público tendrá el plazo de 15 (quince) días para interponer la acción de destitución del poder familiar, salvo que entienda necesaria la realización de estudios complementarios o de otras providencias indispensables para la promoción de la demanda. (Redacción dada por la Ley 13.509/2017)
§ 11. La autoridad judicial mantendrá, en cada comarca o foro regional, un registro que contenga informaciones actualizadas sobre los niños y adolescentes en régimen de acogimiento familiar e institucional bajo su responsabilidad, con informaciones pormenorizadas sobre la situación jurídica de cada uno, así como las providencias tomadas para su reintegración familiar o colocación en familia sustituta, en cualquiera de las modalidades previstas en el art. 28 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
§ 12. Tendrán acceso al registro el Ministerio Público, el Consejo Tutelar, el órgano gestor de la Asistencia Social y los Consejos Municipales de los Derechos del Niño y del Adolescente y de la Asistencia Social, a los cuales incumbe deliberar sobre la implementación de políticas públicas que permitan reducir el número de niños y adolescentes apartados de la convivencia familiar y abreviar el período de permanencia en programa de acogimiento. (Incluido por la Ley 12.010/2009)
Art. 102. Las medidas de protección de que trata este Capítulo serán acompañadas de la regularización del registro civil. (Véase la Ley 12.010/2009)
§ 1º Verificada la inexistencia de registro anterior, el asiento de nacimiento del niño o adolescente se hará a la vista de los elementos disponibles, mediante requisición de la autoridad judicial.
§ 2º Los registros y certificaciones necesarios para la regularización de que trata este artículo están exentos de multas, costas y emolumentos, gozando de absoluta prioridad.
§ 3 o En caso de que aún no esté definida la paternidad, se iniciará un procedimiento específico destinado a su averiguación, conforme a lo previsto en la Ley nº 8.560, de 29 de diciembre de 1992. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4 o En las hipótesis previstas en el § 3 o de este artículo, es prescindible que el Ministerio Público promueva la acción de investigación de paternidad si, tras la incomparecencia o la negativa del supuesto padre a asumir la paternidad que se le atribuye, el niño fuere encaminado a adopción. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5 o Los registros y certificaciones necesarios para la inclusión, en cualquier momento, del nombre del padre en el acta de nacimiento están exentos de multas, costas y emolumentos, y gozan de absoluta prioridad. (Incluido dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 6 o Son gratuitas, en cualquier momento, la anotación marginal solicitada del reconocimiento de paternidad en el acta de nacimiento y la certificación correspondiente. (Incluido dada por la Ley nº 13.257, de 2016)

Título III — De la Práctica de Acto Infraccional

Capítulo I

Disposiciones Generales

Art. 103. Se considera acto infraccional la conducta descrita como delito o contravención penal.
Art. 104. Son penalmente inimputables los menores de dieciocho años, sujetos a las medidas previstas en esta Ley.
Párrafo único. Para los efectos de esta Ley, debe considerarse la edad del adolescente a la fecha del hecho.
Art. 105. Al acto infraccional practicado por un niño corresponderán las medidas previstas en el art. 101.

Capítulo II — De los Derechos Individuales

Art. 106. Ningún adolescente será privado de su libertad sino en flagrante de acto infraccional o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente.
Párrafo único. El adolescente tiene derecho a la identificación de los responsables de su aprehensión, debiendo ser informado acerca de sus derechos.
Art. 107. La aprehensión de cualquier adolescente y el lugar donde se encuentre recluido serán comunicados de inmediato a la autoridad judicial competente y a la familia del aprehendido o a la persona por él indicada.
Párrafo único. Se examinará, desde luego y bajo pena de responsabilidad, la posibilidad de liberación inmediata.
Art. 108. La internación, antes de la sentencia, puede ser determinada por el plazo máximo de cuarenta y cinco días.
Párrafo único. La decisión deberá ser fundamentada y basarse en indicios suficientes de autoría y materialidad, demostrada la necesidad imperiosa de la medida.
Art. 109. El adolescente civilmente identificado no será sometido a identificación compulsoria por los órganos policiales, de protección y judiciales, salvo para efectos de confrontación, existiendo duda fundada.

Capítulo III — De las Garantías Procesales

Art. 110. Ningún adolescente será privado de su libertad sin el debido proceso legal.
Art. 111. Se aseguran al adolescente, entre otras, las siguientes garantías:
I - pleno y formal conocimiento de la atribución de acto infraccional, mediante citación o medio equivalente;
II - igualdad en la relación procesal, pudiendo confrontarse con víctimas y testigos y producir todas las pruebas necesarias para su defensa;
III - defensa técnica por abogado;
IV - asistencia judicial gratuita e integral a los necesitados, en la forma de la ley;
V - derecho a ser oído personalmente por la autoridad competente;
VI - derecho a solicitar la presencia de sus padres o responsable en cualquier fase del procedimiento.

Capítulo IV — De las Medidas Socioeducativas

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 112. Verificada la práctica de acto infraccional, la autoridad competente podrá aplicar al adolescente las siguientes medidas:
I - advertencia;
II - obligación de reparar el daño;
III - prestación de servicios a la comunidad;
IV - libertad asistida;
V - inserción en régimen de semilibertad;
VI - internación en establecimiento educativo;
VII - cualquiera de las previstas en el art. 101, I a VI.
§ 1º La medida aplicada al adolescente tomará en cuenta su capacidad de cumplirla, las circunstancias y la gravedad de la infracción.
§ 2º En ninguna hipótesis y bajo ningún pretexto se admitirá la prestación de trabajo forzado.
§ 3º Los adolescentes portadores de enfermedad o deficiencia mental recibirán tratamiento individual y especializado, en un lugar adecuado a sus condiciones.
Art. 113. Se aplica a este Capítulo lo dispuesto en los arts. 99 y 100.
Art. 114. La imposición de las medidas previstas en los incisos II a VI del art. 112 presupone la existencia de pruebas suficientes de la autoría y de la materialidad de la infracción, salvo la hipótesis de remisión, en los términos del art. 127.
Párrafo único. La advertencia podrá ser aplicada siempre que exista prueba de la materialidad e indicios suficientes de la autoría.

Sección II — De la Advertencia

Art. 115. La advertencia consistirá en una amonestación verbal, que se reducirá a acta y será firmada.

Sección III — De la Obligación de Reparar el Daño

Art. 116. Tratándose de acto infraccional con reflejos patrimoniales, la autoridad podrá determinar, si fuere el caso, que el adolescente restituya la cosa, promueva el resarcimiento del daño o, por otra forma, compense el perjuicio de la víctima.
Párrafo único. Existiendo manifiesta imposibilidad, la medida podrá ser sustituida por otra adecuada.

Sección IV — De la Prestación de Servicios a la Comunidad

Art. 117. La prestación de servicios comunitarios consiste en la realización de tareas gratuitas de interés general, por un período no superior a seis meses, junto a entidades asistenciales, hospitales, escuelas y otros establecimientos congéneres, así como en programas comunitarios o gubernamentales.
Párrafo único. Las tareas serán atribuidas conforme a las aptitudes del adolescente, debiendo ser cumplidas durante una jornada máxima de ocho horas semanales, en sábados, domingos y feriados o en días hábiles, de modo que no perjudiquen la asistencia a la escuela ni la jornada normal de trabajo.

Sección V — De la Libertad Asistida

Art. 118. La libertad asistida será adoptada siempre que se presente como la medida más adecuada con el fin de acompañar, auxiliar y orientar al adolescente.
§ 1º La autoridad designará a una persona capacitada para acompañar el caso, la cual podrá ser recomendada por una entidad o programa de atención.
§ 2º La libertad asistida será fijada por un plazo mínimo de seis meses, pudiendo en cualquier momento ser prorrogada, revocada o sustituida por otra medida, oídos el orientador, el Ministerio Público y el defensor.
Art. 119. Incumbe al orientador, con el apoyo y la supervisión de la autoridad competente, la realización de los siguientes encargos, entre otros:
I - promover socialmente al adolescente y a su familia, proporcionándoles orientación e insertándolos, si fuere necesario, en un programa oficial o comunitario de auxilio y asistencia social;
II - supervisar la asistencia y el aprovechamiento escolar del adolescente, promoviendo, inclusive, su matrícula;
III - diligenciar en el sentido de la profesionalización del adolescente y de su inserción en el mercado de trabajo;
IV - presentar informe del caso.

Sección VI — Del Régimen de Semilibertad

Art. 120. El régimen de semilibertad puede ser determinado desde el inicio, o como forma de transición al medio abierto, posibilitada la realización de actividades externas, independientemente de autorización judicial.
§ 1º Son obligatorias la escolarización y la profesionalización, debiendo, siempre que sea posible, utilizarse los recursos existentes en la comunidad.
§ 2º La medida no admite plazo determinado, aplicándose, en lo que corresponda, las disposiciones relativas a la internación.

Sección VII — De la Internación

Art. 121. La internación constituye una medida privativa de la libertad, sujeta a los principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de persona en desarrollo.
§ 1º Se permitirá la realización de actividades externas, a criterio del equipo técnico de la entidad, salvo expresa determinación judicial en contrario.
§ 2º La medida no admite plazo determinado, debiendo su mantenimiento ser reevaluado, mediante decisión fundamentada, como máximo cada seis meses.
§ 3º En ninguna hipótesis el período máximo de internación excederá de tres años.
§ 4º Alcanzado el límite establecido en el párrafo anterior, el adolescente deberá ser liberado, colocado en régimen de semilibertad o de libertad asistida.
§ 5º La liberación será compulsoria a los veintiún años de edad.
§ 6º En cualquier hipótesis, la desinternación será precedida de autorización judicial, oído el Ministerio Público.
§ 7 o La determinación judicial mencionada en el § 1 o podrá ser revisada en cualquier momento por la autoridad judicial. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 122. La medida de internación solo podrá ser aplicada cuando:
I - se trate de acto infraccional cometido mediante grave amenaza o violencia contra la persona;
II - por reiteración en la comisión de otras infracciones graves;
III - por incumplimiento reiterado e injustificable de la medida anteriormente impuesta.
§ 1º El plazo de internación en la hipótesis del inciso III de este artículo no podrá ser superior a tres meses.
§ 1 o El plazo de internación en la hipótesis del inciso III de este artículo no podrá ser superior a 3 (tres) meses, debiendo ser decretada judicialmente tras el debido proceso legal. (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 2º. En ninguna hipótesis se aplicará la internación, existiendo otra medida adecuada.
Art. 123. La internación deberá cumplirse en entidad exclusiva para adolescentes, en lugar distinto de aquel destinado al abrigo, observándose rigurosa separación por criterios de edad, complexión física y gravedad de la infracción.
Párrafo único. Durante el período de internación, inclusive provisional, serán obligatorias las actividades pedagógicas.
Art. 124. Son derechos del adolescente privado de libertad, entre otros, los siguientes:
I - entrevistarse personalmente con el representante del Ministerio Público;
II - peticionar directamente a cualquier autoridad;
III - reunirse reservadamente con su defensor;
IV - ser informado de su situación procesal, siempre que lo solicite;
V - ser tratado con respeto y dignidad;
VI - permanecer internado en la misma localidad o en aquella más próxima al domicilio de sus padres o responsable;
VII - recibir visitas, al menos, semanalmente;
VIII - mantener correspondencia con sus familiares y amigos;
IX - tener acceso a los objetos necesarios para la higiene y el aseo personal;
X - habitar un alojamiento en condiciones adecuadas de higiene y salubridad;
XI - recibir escolarización y profesionalización;
XII - realizar actividades culturales, deportivas y de ocio:
XIII - tener acceso a los medios de comunicación social;
XIV - recibir asistencia religiosa, según su creencia, y siempre que así lo desee;
XV - mantener la posesión de sus objetos personales y disponer de un lugar seguro para guardarlos, recibiendo comprobante de aquellos que eventualmente sean depositados en poder de la entidad;
XVI - recibir, al momento de su desinternación, los documentos personales indispensables para la vida en sociedad.
§ 1º En ningún caso habrá incomunicación.
§ 2º La autoridad judicial podrá suspender temporalmente la visita, inclusive de padres o responsable, si existieren motivos serios y fundados de que resulta perjudicial para los intereses del adolescente.
Art. 125. Es deber del Estado velar por la integridad física y mental de los internos, correspondiéndole adoptar las medidas adecuadas de contención y seguridad.

Capítulo V — De la Remisión

Art. 126. Antes de iniciado el procedimiento judicial para la apuración de acto infraccional, el representante del Ministerio Público podrá conceder la remisión, como forma de exclusión del proceso, atendiendo a las circunstancias y consecuencias del hecho, al contexto social, así como a la personalidad del adolescente y a su mayor o menor participación en el acto infraccional.
Párrafo único. Iniciado el procedimiento, la concesión de la remisión por la autoridad judicial implicará la suspensión o extinción del proceso.
Art. 127. La remisión no implica necesariamente el reconocimiento o la comprobación de la responsabilidad, ni prevalece para efectos de antecedentes, pudiendo incluir eventualmente la aplicación de cualquiera de las medidas previstas en la ley, excepto la colocación en régimen de semilibertad y la internación.
Art. 128. La medida aplicada en virtud de la remisión podrá ser revisada judicialmente, en cualquier momento, mediante solicitud expresa del adolescente o de su representante legal, o del Ministerio Público.

Título IV — De las Medidas Pertinentes a los Padres o Responsable

Art. 129. Son medidas aplicables a los padres o responsable:
I - remisión a programa oficial o comunitario de protección a la familia;
I - remisión a servicios y programas oficiales o comunitarios de protección, apoyo y promoción de la familia; (Redacción dada por la Ley 13.257, de 2016)
II - inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y tratamiento para alcohólicos y toxicómanos;
III - remisión a tratamiento psicológico o psiquiátrico;
IV - remisión a cursos o programas de orientación;
V - obligación de matricular al hijo o pupilo y de dar seguimiento a su asistencia y rendimiento escolar;
VI - obligación de remitir al niño o adolescente a tratamiento especializado;
VII - advertencia;
VIII - pérdida de la guarda;
IX - destitución de la tutela;
X - suspensión o destitución de la patria potestad poder familiar. (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
Párrafo único. En la aplicación de las medidas previstas en los incisos IX y X de este artículo, se observará lo dispuesto en los arts. 23 y 24.
Párrafo único. En la aplicación de las medidas previstas en los incisos IX y X del caput de este artículo, se observará lo dispuesto en los arts. 22, 23 y 24 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley 15.240, de 2025)
Art. 130. Verificada la hipótesis de malos tratos, opresión o abuso sexual impuestos por los padres o responsable, la autoridad judicial podrá determinar, como medida cautelar, el alejamiento del agresor de la vivienda común.
Art. 130. Verificada la hipótesis de malos tratos, negligencia, opresión o abuso sexual impuestos por los padres o responsable, la autoridad judicial podrá determinar, como medida cautelar, el alejamiento del agresor de la vivienda común. (Redacción dada por la Ley 15.240, de 2025)
Párrafo único. La medida cautelar comprenderá, además, la fijación provisional de los alimentos que necesiten el niño o el adolescente dependientes del agresor. (Incluido por la Ley 12.415, de 2011)

Título V — Del Consejo Tutelar

Capítulo I

Disposiciones Generales

Art. 131. El Consejo Tutelar es un órgano permanente y autónomo, no jurisdiccional, encargado por la sociedad de velar por el cumplimiento de los derechos del niño y del adolescente, definidos en esta Ley.
Art. 132. En cada Municipio habrá, como mínimo, un Consejo Tutelar compuesto por cinco miembros, elegidos por los ciudadanos locales para un mandato de tres años, permitida una reelección.
Art. 132. En cada Municipio habrá, como mínimo, un Consejo Tutelar compuesto por cinco miembros, escogidos por la comunidad local para un mandato de tres años, permitida una reconducción. (Redacción dada por la Ley 8.242, de 12.10.1991)
Art. 132. En cada Municipio y en cada Región Administrativa del Distrito Federal habrá, como mínimo, 1 (un) Consejo Tutelar como órgano integrante de la administración pública local, compuesto por 5 (cinco) miembros, escogidos por la población local para un mandato de 4 (cuatro) años, permitida 1 (una) reconducción, mediante un nuevo proceso de elección. (Redacción dada por la Ley 12.696, de 2012)
Art. 132. En cada Municipio y en cada Región Administrativa del Distrito Federal habrá, como mínimo, 1 (un) Consejo Tutelar como órgano integrante de la administración pública local, compuesto por 5 (cinco) miembros, escogidos por la población local para un mandato de 4 (cuatro) años, permitida la reconducción por nuevos procesos de elección. (Redacción dada por la Ley 13.824, de 2019)
Art. 133. Para la candidatura a miembro del Consejo Tutelar, se exigirán los siguientes requisitos:
I - reconocida idoneidad moral;
II - edad superior a veintiún años;
III - residir en el municipio.
Art. 134. Una ley municipal dispondrá sobre el lugar, día y horario de funcionamiento del Consejo Tutelar, inclusive en cuanto a la eventual remuneración de sus miembros.
Art. 134. Una ley municipal o distrital dispondrá sobre el lugar, día y horario de funcionamiento del Consejo Tutelar, inclusive en cuanto a la remuneración de sus respectivos miembros, a quienes se asegura el derecho a: (Redacción dada por la Ley 12.696, de 2012)
I - cobertura previsional; (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
II - goce de vacaciones anuales remuneradas, acrecidas de 1/3 (un tercio) del valor de la remuneración mensual; (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
III - licencia de maternidad; (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
IV - licencia de paternidad; (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
V - gratificación navideña. (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
Párrafo único. La ley presupuestaria municipal incluirá la previsión de los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo Tutelar.
Párrafo único. La ley presupuestaria municipal y la del Distrito Federal incluirán la previsión de los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo Tutelar y para la remuneración y formación continua de los consejeros tutelares. (Redacción dada por la Ley 12.696, de 2012)
Art. 135. El ejercicio efectivo de la función de consejero constituirá servicio público relevante, establecerá presunción de idoneidad moral y asegurará prisión especial, en caso de delito común, hasta el juicio definitivo.
Art. 135. El ejercicio efectivo de la función de consejero constituirá servicio público relevante y establecerá presunción de idoneidad moral. (Redacción dada por la Ley 12.696, de 2012)

Capítulo II — De las Atribuciones del Consejo

Art. 136. Son atribuciones del Consejo Tutelar:
I - atender a los niños y adolescentes en las hipótesis previstas en los arts. 98 y 105, aplicando las medidas previstas en el art. 101, I a VII;
II - atender y aconsejar a los padres o responsable, aplicando las medidas previstas en el art. 129, I a VII;
III - promover la ejecución de sus decisiones, pudiendo para ello:
a) requerir servicios públicos en las áreas de salud, educación, servicio social, previsión, trabajo y seguridad;
a) requerir servicios públicos en las áreas de salud, educación, asistencia social, previsión, trabajo y seguridad; (Redacción dada por la Ley 15.268, de 2025)
b) representar ante la autoridad judicial en los casos de incumplimiento injustificado de sus deliberaciones.
IV - remitir al Ministerio Público noticia de hecho que constituya infracción administrativa o penal contra los derechos del niño o adolescente;
V - remitir a la autoridad judicial los casos de su competencia;
VI - disponer la medida establecida por la autoridad judicial, entre las previstas en el art. 101, de I a VI, para el adolescente autor de acto infraccional;
VII - expedir notificaciones;
VIII - requerir certificados de nacimiento y de defunción de niño o adolescente cuando sea necesario;
IX - asesorar al Poder Ejecutivo local en la elaboración de la propuesta presupuestaria para planes y programas de atención de los derechos del niño y del adolescente;
X - representar, en nombre de la persona y de la familia, contra la violación de los derechos previstos en el art. 220, § 3º, inciso II, de la Constitución Federal;
XI - representar ante el Ministerio Público, a efectos de las acciones de pérdida o suspensión de la patria potestad.
XI - representar ante el Ministerio Público a efectos de las acciones de pérdida o suspensión del poder familiar, una vez agotadas las posibilidades de mantenimiento del niño o del adolescente junto a la familia natural. (Redacción dada por la Ley 12.010, de 2009)
XII - promover e incentivar, en la comunidad y en los grupos profesionales, acciones de divulgación y capacitación para el reconocimiento de síntomas de malos tratos en niños y adolescentes. (Incluido por la Ley 13.046, de 2014)
XIII - adoptar, en la esfera de su competencia, acciones articuladas y efectivas dirigidas a la identificación de la agresión, a la agilidad en la atención del niño y del adolescente víctima de violencia doméstica y familiar y a la responsabilización del agresor; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XIV - atender al niño y al adolescente víctima o testigo de violencia doméstica y familiar, o sometido a trato cruel o degradante o a formas violentas de educación, corrección o disciplina, a sus familiares y a los testigos, de modo de proveer orientación y asesoramiento acerca de sus derechos y de los encaminamientos necesarios; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XV - representar ante la autoridad judicial o policial para requerir el alejamiento del agresor del hogar, del domicilio o del lugar de convivencia con la víctima en los casos de violencia doméstica y familiar contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XVI - representar ante la autoridad judicial para requerir la concesión de medida de protección de urgencia al niño o al adolescente víctima o testigo de violencia doméstica y familiar, así como la revisión de las ya concedidas; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XVII - representar ante el Ministerio Público para requerir la interposición de acción cautelar de anticipación de producción de prueba en las causas que involucren violencia contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XVIII - tomar las providencias pertinentes, en la esfera de su competencia, al recibir comunicación de la ocurrencia de acción u omisión, practicada en lugar público o privado, que constituya violencia doméstica y familiar contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XIX - recibir y remitir, cuando corresponda, las informaciones reveladas por noticiantes o denunciantes relativas a la práctica de violencia, al uso de trato cruel o degradante o de formas violentas de educación, corrección o disciplina contra el niño y el adolescente; (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
XX - representar ante la autoridad judicial o ante el Ministerio Público para requerir la concesión de medidas cautelares directa o indirectamente relacionadas con la eficacia de la protección del noticiante o denunciante de informaciones sobre delitos que involucren violencia doméstica y familiar contra el niño y el adolescente. (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
Párrafo único. Si, en el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo Tutelar considerare necesario el alejamiento de la convivencia familiar, comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público, suministrándole información sobre los motivos de tal entendimiento y las providencias tomadas para la orientación, el apoyo y la promoción social de la familia. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 137. Las decisiones del Consejo Tutelar solamente podrán ser revisadas por la autoridad judicial a solicitud de quien tenga legítimo interés.

Capítulo III — De la Competencia

Art. 138. Se aplica al Consejo Tutelar la regla de competencia contenida en el art. 147.

Capítulo IV — De la Elección de los Consejeros

Art. 139. El proceso electoral para la elección de los miembros del Consejo Tutelar será establecido en Ley Municipal y realizado bajo la presidencia de un Juez electoral y la fiscalización del Ministerio Público.
Art. 139. El proceso para la elección de los miembros del Consejo Tutelar será establecido en ley municipal y realizado bajo la responsabilidad del Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, y la fiscalización del Ministerio Público. (Redacción dada por la Ley 8.242, de 12.10.1991)
§ 1 o El proceso de elección de los miembros del Consejo Tutelar se realizará en fecha unificada en todo el territorio nacional cada 4 (cuatro) años, el primer domingo del mes de octubre del año siguiente al de la elección presidencial. (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
§ 2 o La toma de posesión de los consejeros tutelares ocurrirá el día 10 de enero del año siguiente al proceso de elección. (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)
§ 3 o En el proceso de elección de los miembros del Consejo Tutelar, se prohíbe al candidato donar, ofrecer, prometer o entregar al elector bien o ventaja personal de cualquier naturaleza, inclusive obsequios de pequeño valor. (Incluido por la Ley 12.696, de 2012)

Capítulo V — De los Impedimentos

Art. 140. Están impedidos de servir en el mismo Consejo marido y mujer, ascendientes y descendientes, suegro y yerno o nuera, hermanos, cuñados, durante el cuñadazgo, tío y sobrino, padrastro o madrastra e hijastro.
Párrafo único. El impedimento del consejero se extiende, en la forma de este artículo, en relación con la autoridad judicial y con el representante del Ministerio Público con actuación en la Justicia de la Infancia y la Juventud, en ejercicio en la comarca, fuero regional o distrital.

Título VI — Del Acceso a la Justicia

Capítulo I

Disposiciones Generales

Art. 141. Se garantiza el acceso de todo niño o adolescente a la Defensoría Pública, al Ministerio Público y al Poder Judicial, por cualquiera de sus órganos.
§ 1º. La asistencia judicial gratuita será prestada a quienes la necesiten, por medio de defensor público o abogado designado.
§ 2º Las acciones judiciales de competencia de la Justicia de la Infancia y la Juventud están exentas de costas y emolumentos, salvo en la hipótesis de litigancia de mala fe.
Art. 142. Los menores de dieciséis años serán representados y los mayores de dieciséis y menores de veintiún años serán asistidos por sus padres, tutores o curadores, en la forma de la legislación civil o procesal.
Párrafo único. La autoridad judicial designará un curador especial al niño o adolescente siempre que sus intereses colisionen con los de sus padres o responsable, o cuando carezca de representación o asistencia legal, aunque sea eventual.
Art. 143. Se prohíbe la divulgación de actos judiciales, policiales y administrativos que se refieran a niños y adolescentes a quienes se atribuya la autoría de un acto infraccional.
Párrafo único. Cualquier noticia sobre el hecho no podrá identificar al niño o adolescente, prohibiéndose la fotografía, la referencia a nombre, apodo, filiación, parentesco y residencia.
Párrafo único. Cualquier noticia sobre el hecho no podrá identificar al niño o adolescente, prohibiéndose la fotografía, la referencia a nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia e, inclusive, las iniciales del nombre y apellido. (Redacción dada por la Ley 10.764, de 12.11.2003)
Art. 144. La expedición de copia o certificación de los actos a que se refiere el artículo anterior solo será concedida por la autoridad judicial competente, si se demuestra el interés y se justifica la finalidad.

Capítulo II — De la Justicia de la Infancia y la Juventud

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 145. Los estados y el Distrito Federal podrán crear juzgados especializados y exclusivos de la infancia y la juventud, correspondiendo al Poder Judicial establecer su proporcionalidad por número de habitantes, dotarlos de infraestructura y disponer sobre la atención, inclusive en turnos de guardia.

Sección II — Del Juez

Art. 146. La autoridad a que se refiere esta Ley es el Juez de la Infancia y la Juventud, o el juez que ejerza esa función, en la forma de la ley de organización judicial local.
Art. 147. La competencia será determinada:
I - por el domicilio de los padres o responsable;
II - por el lugar donde se encuentre el niño o adolescente, a falta de los padres o responsable.
§ 1º. En los casos de acto infraccional, será competente la autoridad del lugar de la acción u omisión, observadas las reglas de conexión, continencia y prevención.
§ 2º La ejecución de las medidas podrá ser delegada a la autoridad competente de la residencia de los padres o responsable, o del lugar donde tenga su sede la entidad que acoja al niño o adolescente.
§ 3º En caso de infracción cometida mediante transmisión simultánea de radio o televisión que alcance más de una comarca, será competente, para la aplicación de la sanción, la autoridad judicial del lugar de la sede estatal de la emisora o red, teniendo la sentencia eficacia para todas las transmisoras o retransmisoras del respectivo estado.
Art. 148. La Justicia de la Infancia y la Juventud es competente para:
I - conocer de las representaciones promovidas por el Ministerio Público para la investigación de acto infraccional atribuido a adolescente, aplicando las medidas pertinentes;
II - conceder la remisión, como forma de suspensión o extinción del proceso;
III - conocer de las solicitudes de adopción y sus incidentes;
IV - conocer de las acciones civiles fundadas en intereses individuales, difusos o colectivos relativos al niño y al adolescente, observado lo dispuesto en el art. 209;
V - conocer de las acciones derivadas de irregularidades en entidades de atención, aplicando las medidas pertinentes;
VI - aplicar sanciones administrativas en los casos de infracciones contra normas de protección al niño o adolescente;
VII - conocer de los casos remitidos por el Consejo Tutelar, aplicando las medidas pertinentes.
Párrafo único. Cuando se trate de niño o adolescente en las hipótesis del art. 98, la Justicia de la Infancia y la Juventud es también competente para:
a) conocer de las solicitudes de guarda y tutela;
b) conocer de las acciones de destitución de la patria potestad poder familiar, pérdida o modificación de la tutela o guarda; (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
c) suplir la capacidad o el consentimiento para el matrimonio;
d) conocer de las solicitudes basadas en discordancia paterna o materna en relación con el ejercicio de la patria potestad poder familiar; (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
e) conceder la emancipación, en los términos de la ley civil, cuando falten los padres;
f) designar curador especial en los casos de presentación de querella o representación, o de otros procedimientos judiciales o extrajudiciales en que haya intereses de niño o adolescente;
g) conocer de las acciones de alimentos;
h) determinar la cancelación, la rectificación y la subsanación de los registros de nacimiento y defunción.
Art. 149. Corresponde a la autoridad judicial disciplinar, mediante ordenanza, o autorizar, mediante licencia:
I - la entrada y permanencia de niño o adolescente, no acompañado de los padres o responsable, en:
a) estadio, gimnasio y campo deportivo;
b) bailes o eventos danzantes;
c) discoteca o similares;
d) establecimiento que explote comercialmente diversiones electrónicas;
e) estudios cinematográficos, de teatro, radio y televisión.
II - la participación de niño y adolescente en:
a) espectáculos públicos y sus ensayos;
b) certámenes de belleza.
§ 1º Para los fines de lo dispuesto en este artículo, la autoridad judicial tendrá en cuenta, entre otros factores:
a) los principios de esta Ley;
b) las peculiaridades locales;
c) la existencia de instalaciones adecuadas;
d) el tipo de concurrencia habitual al lugar;
e) la adecuación del ambiente a la eventual participación o concurrencia de niños y adolescentes;
f) la naturaleza del espectáculo.
§ 2º Las medidas adoptadas conforme a este artículo deberán ser fundamentadas, caso por caso, quedando prohibidas las determinaciones de carácter general.

Sección III — De los Servicios Auxiliares

Art. 150. Corresponde al Poder Judicial, en la elaboración de su propuesta presupuestaria, prever recursos para el mantenimiento de un equipo interprofesional destinado a asesorar a la Justicia de la Infancia y la Juventud.
Art. 151. Compete al equipo interprofesional, entre otras atribuciones que le sean reservadas por la legislación local, proporcionar subsidios por escrito, mediante informes periciales, o verbalmente, en la audiencia, así como desarrollar trabajos de asesoramiento, orientación, derivación, prevención y otros, todo ello bajo la subordinación inmediata a la autoridad judicial, quedando asegurada la libre manifestación del punto de vista técnico.
Párrafo único. En ausencia o insuficiencia de servidores públicos integrantes del Poder Judicial responsables de la realización de los estudios psicosociales o de cualesquiera otras especies de evaluaciones técnicas exigidas por esta Ley o por determinación judicial, la autoridad judicial podrá proceder a la designación de perito, en los términos del art. 156 de la Ley 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil). (Incluido por la Ley 13.509, de 2017)

Capítulo III — De los Procedimientos

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 152. A los procedimientos regulados en esta Ley se aplican subsidiariamente las normas generales previstas en la legislación procesal pertinente.
Párrafo único. Se asegura, bajo pena de responsabilidad, prioridad absoluta en la tramitación de los procesos y procedimientos previstos en esta Ley, así como en la ejecución de los actos y diligencias judiciales referentes a ellos. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 1º Se asegura, bajo pena de responsabilidad, prioridad absoluta en la tramitación de los procesos y procedimientos previstos en esta Ley, así como en la ejecución de los actos y diligencias judiciales referentes a ellos. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
§ 2º Los plazos establecidos en esta Ley y aplicables a sus procedimientos se cuentan en días corridos, excluido el día del comienzo e incluido el día del vencimiento, quedando prohibido el plazo doble para la Hacienda Pública y el Ministerio Público. (Incluido por la Ley 13.509, de 2017)
Art. 153. Si la medida judicial que deba adoptarse no correspondiere a un procedimiento previsto en esta u otra ley, la autoridad judicial podrá investigar los hechos y ordenar de oficio las providencias necesarias, oído el Ministerio Público.
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo no se aplica para el fin de apartar al niño o adolescente de su familia de origen ni en otros procedimientos necesariamente contenciosos. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 154. A las multas se aplica lo dispuesto en el art. 214.

Sección II — De la Pérdida y la Suspensión de la Patria Potestad Poder Familiar (Expresión sustituida po

Art. 155. El procedimiento para la pérdida o la suspensión de la patria potestad poder familiar se iniciará por provocación del Ministerio Público o de quien tenga legítimo interés. (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 156. La petición inicial indicará:
I - la autoridad judicial a la que se dirige;
II - el nombre, el estado civil, la profesión y la residencia del solicitante y del demandado, quedando dispensada la calificación cuando se trate de solicitud formulada por representante del Ministerio Público;
III - la exposición sumaria del hecho y la solicitud;
IV - las pruebas que se producirán, ofreciendo desde luego la lista de testigos y los documentos.
Art. 157. Habiendo motivo grave, la autoridad judicial podrá, oído el Ministerio Público, decretar la suspensión de la patria potestad poder familiar, de manera liminar o incidental, hasta el juzgamiento definitivo de la causa, quedando el niño o adolescente confiado a persona idónea, mediante acta de responsabilidad. (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
§ 1 o Recibida la petición inicial, la autoridad judicial determinará, concomitantemente con el despacho de citación y con independencia de solicitud del interesado, la realización de un estudio social o pericia por parte de un equipo interprofesional o multidisciplinario para comprobar la presencia de una de las causas de suspensión o destitución del poder familiar, salvo lo dispuesto en el § 10 del art. 101 de esta Ley, y observada la Ley 13.431, de 4 de abril de 2017. (Incluido por la Ley 13.509, de 2017)
§ 2 o Siendo los padres oriundos de comunidades indígenas, es además obligatoria la intervención, junto al equipo interprofesional o multidisciplinario referido en el § 1 o de este artículo, de representantes del órgano federal responsable de la política indigenista, observado lo dispuesto en el § 6 o del art. 28 de esta Ley. (Incluido por la Ley 13.509, de 2017)
§ 3º La concesión de la medida liminar será, preferentemente, precedida de entrevista del niño o del adolescente ante un equipo multidisciplinario y de audiencia de la otra parte, en los términos de la Ley 13.431, de 4 de abril de 2017. (Incluido por la Ley 14.340, de 2022)
§ 4º Si hubiere indicios de acto de violación de derechos de niño o de adolescente, el juez comunicará el hecho al Ministerio Público y remitirá los documentos pertinentes. (Incluido por la Ley 14.340, de 2022)
Art. 158. El demandado será citado para que, en el plazo de diez días, presente respuesta escrita, indicando las pruebas que se producirán y ofreciendo desde luego la lista de testigos y los documentos.
Párrafo único. Deberán agotarse todos los medios para la citación personal.
§ 1 o La citación será personal, salvo que se hayan agotado todos los medios para su realización. (Incluido por la Ley 12.962, de 2014)
§ 2 o El demandado privado de libertad deberá ser citado personalmente. (Incluido por la Ley 12.962, de 2014)
§ 3 o Cuando, por 2 (dos) veces, el oficial de justicia hubiere buscado al citado en su domicilio o residencia sin encontrarlo, deberá, habiendo sospecha de ocultación, informar a cualquier persona de la familia o, en su defecto, a cualquier vecino, del día hábil en que volverá a fin de efectuar la citación, a la hora que designe, en los términos del art. 252 y siguientes de la Ley 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil). (Incluido por la Ley 13.509, de 2017)
§ 4º En el supuesto de que los progenitores se encuentren en lugar incierto o ignorado, serán citados por edicto en el plazo de 10 (diez) días, en publicación única, quedando dispensado el envío de oficios para su localización. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 159. Si el demandado no tuviere posibilidad de constituir abogado, sin perjuicio de su propio sustento y el de su familia, podrá solicitar, en la secretaría, que se le nombre un defensor dativo, a quien incumbirá la presentación de la contestación, contándose el plazo a partir de la notificación de la providencia de nombramiento.
Párrafo único. En el supuesto de demandado privado de libertad, el oficial de justicia deberá preguntar, en el momento de la citación personal, si desea que se le nombre defensor. (Incluido por la Ley nº 12.962, de 2014)
Art. 160. Siendo necesario, la autoridad judicial requerirá a cualquier dependencia u órgano público la presentación de documento que interese a la causa, de oficio o a petición de las partes o del Ministerio Público.
Art. 161. No siendo contestada la solicitud, la autoridad judicial dará vista de los autos al Ministerio Público, por cinco días, salvo cuando este fuere el solicitante, y decidirá en igual plazo.
Art. 161. Si no fuere contestada la solicitud y hubiere sido concluido el estudio social o el peritaje realizado por equipo interprofesional o multidisciplinario, la autoridad judicial dará vista de los autos al Ministerio Público, por 5 (cinco) días, salvo cuando este fuere el solicitante, y decidirá en igual plazo. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 1º Si fuere necesario, la autoridad judicial podrá determinar la realización de estudio social o peritaje por equipo interprofesional, así como la audición de testigos.
§ 1º La autoridad judicial, de oficio o a petición de las partes o del Ministerio Público, determinará la realización de estudio social o peritaje por equipo interprofesional o multidisciplinario, así como la audición de testigos que acrediten la presencia de una de las causas de suspensión o destitución del poder familiar previstas en los arts. 1.637 y 1.638 de la Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002 - Código Civil, o en el art. 24 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1º La autoridad judicial, de oficio o a petición de las partes o del Ministerio Público, determinará la audición de testigos que acrediten la presencia de una de las causas de suspensión o destitución del poder familiar previstas en los arts. 1.637 y 1.638 de la Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002 (Código Civil), o en el art. 24 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 2º Si la solicitud implicare modificación de la guarda, será obligatoria, siempre que sea posible y razonable, la audición del niño o adolescente.
§ 2º Siendo los padres originarios de comunidades indígenas, es además obligatoria la intervención, junto al equipo profesional o multidisciplinario referido en el § 1º de este artículo, de representantes del órgano federal responsable de la política indigenista, observado lo dispuesto en el § 6º del art. 28 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2º. (Revocado) (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 3º Si la solicitud implicare modificación de la guarda, será obligatoria, siempre que sea posible y razonable, la audición del niño o adolescente, respetando su etapa de desarrollo y grado de comprensión sobre las implicaciones de la medida. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4º Es obligatoria la audición de los padres siempre que estos hayan sido identificados y se encuentren en lugar conocido. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4º Es obligatoria la audición de los padres siempre que ellos hayan sido identificados y se encuentren en lugar conocido, salvo los casos de incomparecencia ante la Justicia cuando hubieren sido debidamente citados. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 5º Si el padre o la madre estuvieren privados de libertad, la autoridad judicial requerirá su comparecencia para la audición. (Incluido por la Ley nº 12.962, de 2014)
Art. 162. Presentada la contestación, la autoridad judicial dará vista de los autos al Ministerio Público, por cinco días, salvo cuando este fuere el solicitante, designando, desde luego, audiencia de instrucción y juzgamiento.
§ 1º A petición de cualquiera de las partes, del Ministerio Público, o de oficio, la autoridad judicial podrá determinar la realización de estudio social o, si fuere posible, de peritaje por equipo interprofesional.
§ 1º. (Revocado) (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 2º En la audiencia, estando presentes las partes y el Ministerio Público, serán oídos los testigos, recogiéndose oralmente el dictamen técnico, salvo cuando fuere presentado por escrito, manifestándose sucesivamente el solicitante, el demandado y el Ministerio Público, por el tiempo de veinte minutos cada uno, prorrogable por diez más. La decisión será dictada en la audiencia, pudiendo la autoridad judicial, excepcionalmente, designar fecha para su lectura en el plazo máximo de cinco días.
§ 2º En la audiencia, estando presentes las partes y el Ministerio Público, serán oídos los testigos, recogiéndose oralmente el dictamen técnico, salvo cuando fuere presentado por escrito, manifestándose sucesivamente el solicitante, el demandado y el Ministerio Público, por el tiempo de 20 (veinte) minutos cada uno, prorrogable por 10 (diez) minutos más. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 3º La decisión será dictada en la audiencia, pudiendo la autoridad judicial, excepcionalmente, designar fecha para su lectura en el plazo máximo de 5 (cinco) días. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 4º Cuando el procedimiento de destitución del poder familiar fuere iniciado por el Ministerio Público, no habrá necesidad de nombrar curador especial en favor del niño o adolescente. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 163. La sentencia que decrete la pérdida o la suspensión del patrio poder poder familiar será anotada al margen del registro de nacimiento del niño o adolescente. (Expresión sustituida por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 163. El plazo máximo para la conclusión del procedimiento será de 120 (ciento veinte) días. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 163. El plazo máximo para la conclusión del procedimiento será de 120 (ciento veinte) días, y corresponderá al juez, en caso de notoria inviabilidad de mantenimiento del poder familiar, dirigir esfuerzos para preparar al niño o al adolescente con miras a su colocación en familia sustituta. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
Párrafo único. La sentencia que decrete la pérdida o la suspensión del poder familiar será anotada al margen del registro de nacimiento del niño o del adolescente. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)

Sección III — De la Destitución de la Tutela

Art. 164. En la destitución de la tutela, se observará el procedimiento para la remoción de tutor previsto en la ley procesal civil y, en lo que corresponda, lo dispuesto en la sección anterior.

Sección IV — De la Colocación en Familia Sustituta

Art. 165. Son requisitos para la concesión de las solicitudes de colocación en familia sustituta:
I - calificación completa del solicitante y de su eventual cónyuge, o compañero, con expresa anuencia de este;
II - indicación de eventual parentesco del solicitante y de su cónyuge, o compañero, con el niño o adolescente, especificando si tiene o no pariente vivo;
III - calificación completa del niño o adolescente y de sus padres, si fueren conocidos;
IV - indicación del registro donde fue inscrito el nacimiento, adjuntando, si fuere posible, una copia del respectivo certificado;
V - declaración sobre la existencia de bienes, derechos o ingresos relativos al niño o al adolescente.
Párrafo único. Tratándose de adopción, se observarán también los requisitos específicos.
Art. 166. Si los padres hubieren fallecido, hubieren sido destituidos o suspendidos del patrio poder poder familiar, o hubieren adherido expresamente a la solicitud de colocación en familia sustituta, esta podrá ser formulada directamente en la secretaría, mediante petición firmada por los propios solicitantes. (Expresión sustituida por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. En el supuesto de conformidad de los padres, estos serán oídos por la autoridad judicial y por el representante del Ministerio Público, levantándose acta de las declaraciones.
Art. 166. Si los padres hubieren fallecido, hubieren sido destituidos o suspendidos del poder familiar, o hubieren adherido expresamente a la solicitud de colocación en familia sustituta, esta podrá ser formulada directamente en la secretaría, mediante petición firmada por los propios solicitantes, quedando dispensada la asistencia de abogado. (Redacción dada por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1º En el supuesto de conformidad de los padres, estos serán oídos por la autoridad judicial y por el representante del Ministerio Público, levantándose acta de las declaraciones. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1º En el supuesto de conformidad de los padres, el juez: (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
I - en presencia del Ministerio Público, oirá a las partes, debidamente asistidas por abogado o por defensor público, para verificar su conformidad con la adopción, en el plazo máximo de 10 (diez) días, contado desde la fecha del registro de la petición o de la entrega del niño en sede judicial, levantando acta de las declaraciones; y (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
II - declarará la extinción del poder familiar. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 2º El consentimiento de los titulares del poder familiar será precedido de orientaciones y aclaraciones prestadas por el equipo interprofesional de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, en especial, en el caso de adopción, sobre la irrevocabilidad de la medida. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 3º El consentimiento de los titulares del poder familiar será recogido por la autoridad judicial competente en audiencia, estando presente el Ministerio Público, garantizada la libre manifestación de voluntad y agotados los esfuerzos para mantener al niño o al adolescente en la familia natural o extensa. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 3º Se garantizan la libre manifestación de voluntad de los titulares del poder familiar y el derecho a la reserva de las informaciones. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 4º El consentimiento prestado por escrito no tendrá validez si no fuere ratificado en la audiencia a que se refiere el § 3º de este artículo. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 4º El consentimiento prestado por escrito no tendrá validez si no fuere ratificado en la audiencia a que se refiere el § 1º de este artículo. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 5º El consentimiento es retractable hasta la fecha de la publicación de la sentencia constitutiva de la adopción. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º El consentimiento es retractable hasta la fecha de realización de la audiencia especificada en el § 1º de este artículo, y los padres pueden ejercer el arrepentimiento en el plazo de 10 (diez) días, contado desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia de extinción del poder familiar. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 6º El consentimiento solo tendrá valor si fuere dado después del nacimiento del niño. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 7º La familia sustituta recibirá la debida orientación por intermedio de equipo técnico interprofesional al servicio del Poder Judicial, preferentemente con el apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 7º La familia natural y la familia sustituta recibirán la debida orientación por intermedio de equipo técnico interprofesional al servicio de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, preferentemente con el apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 167. La autoridad judicial, de oficio o a petición de las partes o del Ministerio Público, determinará la realización de estudio social o, si fuere posible, peritaje por equipo interprofesional, decidiendo sobre la concesión de guarda provisional, así como, en el caso de adopción, sobre el período de convivencia.
Párrafo único. Otorgada la guarda provisoria o el período de convivencia, el niño o el adolescente será entregado al interesado, mediante acta de responsabilidad. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
Art. 168. Presentado el informe social o el dictamen pericial, y oído, siempre que sea posible, el niño o el adolescente, se dará vista de los autos al Ministerio Público, por el plazo de cinco días, y la autoridad judicial decidirá en igual plazo.
Art. 169. En los supuestos en que la destitución de la tutela, la pérdida o la suspensión del patrio poder poder familiar constituya presupuesto lógico de la medida principal de colocación en familia sustituta, se observará el procedimiento contradictorio previsto en las Secciones II y III de este Capítulo. (Expresión sustituida por la Ley 12.010, de 2009)
Párrafo único. La pérdida o la modificación de la guarda podrá ser decretada en los mismos autos del procedimiento, observado lo dispuesto en el art. 35.
Art. 170. Concedida la guarda o la tutela, se observará lo dispuesto en el art. 32, y, en cuanto a la adopción, lo contenido en el art. 47.
Párrafo único. La colocación de un niño o adolescente bajo la guarda de persona inscrita en programa de acogimiento familiar será comunicada por la autoridad judicial a la entidad responsable de este en el plazo máximo de 5 (cinco) días. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)

Sección V — De la Apuración de Acto Infraccional Atribuido a Adolescente

Art. 171. El adolescente aprehendido por fuerza de orden judicial será, de inmediato, remitido a la autoridad judicial.
Art. 172. El adolescente aprehendido en flagrancia de acto infraccional será, de inmediato, remitido a la autoridad policial competente.
Párrafo único. Habiendo dependencia policial especializada para la atención de adolescentes y tratándose de acto infraccional practicado en coautoría con un mayor, prevalecerá la competencia de la dependencia especializada, que, después de las providencias necesarias y según el caso, remitirá al adulto a la dependencia policial correspondiente.
Art. 173. En caso de flagrancia de acto infraccional cometido mediante violencia o grave amenaza a la persona, la autoridad policial, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 106, párrafo único, y 107, deberá:
I - levantar acta de aprehensión, oídos los testigos y el adolescente;
II - aprehender el producto y los instrumentos de la infracción;
III - requerir los exámenes o peritajes necesarios para la comprobación de la materialidad y la autoría de la infracción.
Párrafo único. En los demás supuestos de flagrancia, el levantamiento del acta podrá ser sustituido por un boletín de ocurrencia circunstanciado.
Art. 174. Si comparece cualquiera de los padres o el responsable, el adolescente será prontamente liberado por la autoridad policial, bajo acta de compromiso y responsabilidad de su presentación ante el representante del Ministerio Público, el mismo día o, siendo imposible, el primer día hábil inmediato, salvo cuando, por la gravedad del acto infraccional y su repercusión social, el adolescente deba permanecer bajo internación para garantía de su seguridad personal o mantenimiento del orden público.
Art. 175. En caso de no liberación, la autoridad policial remitirá, de inmediato, al adolescente al representante del Ministerio Público, junto con copia del acta de aprehensión o del boletín de ocurrencia.
§ 1º Siendo imposible la presentación inmediata, la autoridad policial remitirá al adolescente a la entidad de atención, que hará la presentación al representante del Ministerio Público en el plazo de veinticuatro horas.
§ 2º En las localidades donde no haya entidad de atención, la presentación se hará por la autoridad policial. A falta de dependencia policial especializada, el adolescente aguardará la presentación en dependencia separada de la destinada a mayores, sin poder, en ningún caso, exceder el plazo referido en el párrafo anterior.
Art. 176. Siendo liberado el adolescente, la autoridad policial remitirá inmediatamente al representante del Ministerio Público copia del acta de aprehensión o del boletín de ocurrencia.
Art. 177. Si, descartada la hipótesis de flagrancia, hubiera indicios de participación de un adolescente en la práctica de un acto infraccional, la autoridad policial remitirá al representante del Ministerio Público el informe de las investigaciones y demás documentos.
Art. 178. El adolescente a quien se atribuya la autoría de un acto infraccional no podrá ser conducido o transportado en compartimento cerrado de vehículo policial, en condiciones atentatorias a su dignidad, o que impliquen riesgo para su integridad física o mental, bajo pena de responsabilidad.
Art. 179. Presentado el adolescente, el representante del Ministerio Público, el mismo día y a la vista del acta de aprehensión, boletín de ocurrencia o informe policial, debidamente autuados por la secretaría judicial y con información sobre los antecedentes del adolescente, procederá inmediata e informalmente a su audición y, siendo posible, a la de sus padres o responsable, la víctima y los testigos.
Párrafo único. En caso de no presentación, el representante del Ministerio Público notificará a los padres o al responsable para la presentación del adolescente, pudiendo requerir el concurso de las policías civil y militar.
Art. 180. Adoptadas las providencias a que alude el artículo anterior, el representante del Ministerio Público podrá:
I - promover el archivo de los autos;
II - conceder la remisión;
III - representar ante la autoridad judicial para la aplicación de medida socioeducativa.
Art. 181. Promovido el archivo de los autos o concedida la remisión por el representante del Ministerio Público, mediante acta fundamentada, que contendrá el resumen de los hechos, los autos serán remitidos a la autoridad judicial para su homologación.
§ 1º Homologado el archivo o la remisión, la autoridad judicial determinará, según el caso, el cumplimiento de la medida.
§ 2º Si discrepa, la autoridad judicial remitirá los autos al Procurador General de Justicia, mediante despacho fundamentado, y este presentará la representación, designará a otro miembro del Ministerio Público para presentarla, o ratificará el archivo o la remisión, que solo entonces la autoridad judicial estará obligada a homologar.
Art. 182. Si, por cualquier razón, el representante del Ministerio Público no promoviera el archivo ni concediera la remisión, presentará representación ante la autoridad judicial, proponiendo la instauración de procedimiento para la aplicación de la medida socioeducativa que parezca la más adecuada.
§ 1º La representación será presentada por escrito, que contendrá el breve resumen de los hechos y la clasificación del acto infraccional y, cuando sea necesario, la lista de testigos, pudiendo ser formulada oralmente, en sesión diaria instalada por la autoridad judicial.
§ 2º La representación no depende de prueba preconstituida de la autoría y la materialidad.
Art. 183. El plazo máximo e improrrogable para la conclusión del procedimiento, estando el adolescente internado provisionalmente, será de cuarenta y cinco días.
Art. 184. Presentada la representación, la autoridad judicial designará audiencia de presentación del adolescente, decidiendo, de inmediato, sobre el decreto o mantenimiento de la internación, observado lo dispuesto en el art. 108 y su párrafo.
§ 1º El adolescente y sus padres o responsable serán informados del contenido de la representación, y notificados para comparecer a la audiencia, acompañados de abogado.
§ 2º Si los padres o el responsable no fueran localizados, la autoridad judicial dará curador especial al adolescente.
§ 3º No siendo localizado el adolescente, la autoridad judicial expedirá mandato de búsqueda y aprehensión, determinando la suspensión del proceso hasta la efectiva presentación.
§ 4º Estando el adolescente internado, se requerirá su presentación, sin perjuicio de la notificación a los padres o al responsable.
Art. 185. La internación, decretada o mantenida por la autoridad judicial, no podrá cumplirse en establecimiento penitenciario.
§ 1º Si no existiera en la comarca entidad con las características definidas en el art. 123, el adolescente deberá ser inmediatamente trasladado a la localidad más próxima.
§ 2º Siendo imposible el pronto traslado, el adolescente aguardará su remoción en dependencia policial, siempre que sea en sección aislada de los adultos y con instalaciones apropiadas, sin poder sobrepasar el plazo máximo de cinco días, bajo pena de responsabilidad.
Art. 186. Comparecidos el adolescente, sus padres o responsable, la autoridad judicial procederá a oírlos, pudiendo solicitar la opinión de profesional calificado.
§ 1º Si la autoridad judicial considerara adecuada la remisión, oirá al representante del Ministerio Público y dictará decisión.
§ 2º Siendo el hecho grave, susceptible de aplicación de medida de internación o de colocación en régimen de semilibertad, la autoridad judicial, verificando que el adolescente no tiene abogado constituido, nombrará defensor, designando, de inmediato, audiencia de continuación, pudiendo determinar la realización de diligencias y el estudio del caso.
§ 3º El abogado constituido o el defensor nombrado, en el plazo de tres días contado desde la audiencia de presentación, presentará defensa previa y lista de testigos.
§ 4º En la audiencia de continuación, oídos los testigos indicados en la representación y en la defensa previa, cumplidas las diligencias e incorporado el informe del equipo interprofesional, se dará la palabra al representante del Ministerio Público y al defensor, sucesivamente, por el tiempo de veinte minutos para cada uno, prorrogable por diez más, a criterio de la autoridad judicial, que a continuación dictará decisión.
Art. 187. Si el adolescente, debidamente notificado, no comparece, sin justificación, a la audiencia de presentación, la autoridad judicial designará nueva fecha, determinando su conducción coercitiva.
Art. 188. La remisión, como forma de extinción o suspensión del proceso, podrá ser aplicada en cualquier fase del procedimiento, antes de la sentencia.
Art. 189. La autoridad judicial no aplicará ninguna medida, siempre que reconozca en la sentencia:
I - estar probada la inexistencia del hecho;
II - no haber prueba de la existencia del hecho;
III - no constituir el hecho acto infraccional;
IV - no existir prueba de que el adolescente haya concurrido al acto infraccional.
Párrafo único. En el supuesto de este artículo, estando el adolescente internado, será inmediatamente puesto en libertad.
Art. 190. La notificación de la sentencia que aplique medida de internación o régimen de semilibertad se hará:
I - al adolescente y a su defensor;
II - cuando no sea encontrado el adolescente, a sus padres o responsable, sin perjuicio del defensor.
§ 1º Siendo otra la medida aplicada, la notificación se hará únicamente en la persona del defensor.
§ 2º Recayendo la notificación en la persona del adolescente, este deberá manifestar si desea o no recurrir la sentencia.

Sección V-A (Incluida por la Ley 13.441, de 2017)

De la Infiltración de Agentes de Policía para la Investigación de Delitos contra la Dignidad Sexual de Niños y Adolescentes”
Art. 190-A. La infiltración de agentes de policía en internet con el fin de investigar los delitos previstos en los arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C y 241-D de esta Ley y en los arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A y 218-B del Decreto-Ley 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), obedecerá a las siguientes reglas: (Incluido por la Ley 13.441, de 2017)
Art. 190-A. La infiltración de agentes de policía en internet con el fin de investigar los delitos previstos en los arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C, 241-D y 244-A de esta Ley y en los arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B y 218-C del Decreto-Ley 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), obedecerá a las siguientes reglas: (Redacción dada por la Ley 15.487, de 2026)
I – será precedida de autorización judicial debidamente circunstanciada y fundamentada, que establecerá los límites de la infiltración para la obtención de prueba, oído el Ministerio Público; (Incluido por la Ley 13.441, de 2017)
II – se realizará mediante requerimiento del Ministerio Público o representación del delegado de policía y contendrá la demostración de su necesidad, el alcance de las tareas de los policías, los nombres o apodos de las personas investigadas y, cuando sea posible, los datos de conexión o de registro que permitan la identificación de esas personas; (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
III – no podrá exceder el plazo de 90 (noventa) días, sin perjuicio de eventuales renovaciones, siempre que el total no exceda de 720 (setecientos veinte) días y se demuestre su efectiva necesidad, a criterio de la autoridad judicial. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
§ 1 º La autoridad judicial y el Ministerio Público podrán requerir informes parciales de la operación de infiltración antes del término del plazo a que se refiere el inciso II del § 1 º de este artículo. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
§ 2 º A los efectos de lo dispuesto en el inciso I del § 1 º de este artículo, se consideran: (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
I – datos de conexión: informaciones referentes a la hora, fecha, inicio, término, duración, dirección de Protocolo de Internet (IP) utilizada y terminal de origen de la conexión; (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
II – datos de registro: informaciones referentes al nombre y dirección del suscriptor o usuario registrado o autenticado para la conexión a quien se haya atribuido la dirección de IP, la identificación de usuario o el código de acceso en el momento de la conexión.
§ 3 º La infiltración de agentes de policía en internet no será admitida si la prueba pudiere obtenerse por otros medios. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Art. 190-B. Las informaciones de la operación de infiltración serán remitidas directamente al juez responsable de la autorización de la medida, quien velará por su secreto. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Párrafo único. Antes de la conclusión de la operación, el acceso a los autos quedará reservado al juez, al Ministerio Público y al delegado de policía responsable de la operación, con el objetivo de garantizar el secreto de las investigaciones. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Art. 190-C. No comete delito el policía que oculta su identidad para, por medio de internet, recopilar indicios de autoría y materialidad de los delitos previstos en los arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C y 241-D de esta Ley y en los arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A y 218-B del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal). (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Art. 190-C. No comete delito el policía que oculta su identidad para, por medio de internet, recopilar indicios de autoría y materialidad de los delitos previstos en los arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C, 241-D y 244-A de esta Ley y en los arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B y 218-C del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal). (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Párrafo único. El agente policial infiltrado que deje de observar la estricta finalidad de la investigación responderá por los excesos practicados. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Art. 190-D. Los órganos de registro y catastro público podrán incluir en sus propias bases de datos, mediante procedimiento secreto y requerimiento de la autoridad judicial, las informaciones necesarias para la efectividad de la identidad ficticia creada. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Párrafo único. El procedimiento secreto a que se refiere esta Sección será numerado y registrado en libro específico. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Art. 190-E. Concluida la investigación, todos los actos electrónicos practicados durante la operación deberán ser registrados, grabados, almacenados y remitidos al juez y al Ministerio Público, juntamente con un informe circunstanciado. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Párrafo único. Los actos electrónicos registrados citados en el caput de este artículo serán reunidos en autos separados y anexados al proceso penal juntamente con la investigación policial, asegurándose la preservación de la identidad del agente policial infiltrado y la intimidad de los niños y de los adolescentes involucrados. (Incluido por la Ley nº 13.441, de 2017)
Art. 190-F. Es lícita la ronda virtual realizada por órgano de persecución penal mediante la utilización de software estrictamente destinado a la identificación y a la recopilación de archivos puestos a disposición en ambientes digitales públicos y relacionados con delitos de violencia sexual contra niño o adolescente. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 1º Se consideran ambientes digitales públicos aquellos en que cualquier persona, con o sin realización de registro, visualice contenido puesto a disposición del público en general, en redes peer-to-peer (P2P), foros, sitios web, canales, redes sociales u otros ambientes cibernéticos correlativos, siempre que sean accesibles sin mecanismos especiales de ingreso, como autorización individual o permiso previo. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 2º En los casos de flagrancia, de riesgo para la vida o de riesgo para la integridad física de niño o adolescente identificados durante la ronda virtual, la autoridad policial o el Ministerio Público podrán requerir directamente al proveedor de conexión o al proveedor de aplicaciones, respectivamente, los registros de conexión o los datos de registro de que dispongan, sin necesidad de orden judicial previa, en los términos de la Ley nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 3º En la hipótesis prevista en el § 2º de este artículo, el órgano de persecución penal responsable de la ronda virtual deberá comunicar el requerimiento a la autoridad judicial competente en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas, a los efectos del control judicial de la legalidad del procedimiento, quedando prohibida la utilización de los datos para fines distintos de los de la investigación que los originó. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 4º La actividad prevista en este artículo consiste en la recopilación de archivos puestos a disposición en ambiente compartido y público, no configurando la interceptación de comunicaciones prevista en la Ley nº 9.296, de 24 de julio de 1996, ni la infiltración policial prevista en el art. 190-A de esta Ley, y no requiere autorización judicial previa. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 5º La recopilación de archivos prevista en este artículo deberá observar las disposiciones del Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 (Código de Proceso Penal), relativas a la cadena de custodia de la prueba producida. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)

Sección VI — De la Apuración de Irregularidades en Entidad de Atención

Art. 191. El procedimiento de apuración de irregularidades en entidad gubernamental y no gubernamental se iniciará mediante ordenanza de la autoridad judicial o representación del Ministerio Público o del Consejo Tutelar, en la que conste, necesariamente, un resumen de los hechos.
Párrafo único. Habiendo motivo grave, la autoridad judicial, oído el Ministerio Público, podrá decretar liminarmente el apartamiento provisional del dirigente de la entidad, mediante decisión fundamentada.
Art. 192. El dirigente de la entidad será citado para que, en el plazo de diez días, presente respuesta escrita, pudiendo adjuntar documentos e indicar las pruebas a producir.
Art. 193. Presentada o no la respuesta, y siendo necesario, la autoridad judicial designará audiencia de instrucción y juicio, intimando a las partes.
§ 1º Salvo manifestación en audiencia, las partes y el Ministerio Público tendrán cinco días para presentar alegatos finales, decidiendo la autoridad judicial en igual plazo.
§ 2º Tratándose de apartamiento provisional o definitivo de dirigente de entidad gubernamental, la autoridad judicial oficiará a la autoridad administrativa inmediatamente superior al apartado, fijando plazo para la sustitución.
§ 3º Antes de aplicar cualquiera de las medidas, la autoridad judicial podrá fijar plazo para la remoción de las irregularidades verificadas. Satisfechas las exigencias, el proceso se extinguirá, sin resolución sobre el fondo.
§ 4º La multa y la advertencia serán impuestas al dirigente de la entidad o programa de atención.

Sección VII — De la Apuración de Infracción Administrativa a las Normas de Protección del Niño y del Adol

Art. 194. El procedimiento para la imposición de sanción administrativa por infracción a las normas de protección del niño y del adolescente se iniciará por representación del Ministerio Público, o del Consejo Tutelar, o por acta de infracción elaborada por servidor efectivo o voluntario acreditado, y firmada por dos testigos, si fuere posible.
§ 1º En el procedimiento iniciado con el acta de infracción, podrán utilizarse formularios impresos, especificándose la naturaleza y las circunstancias de la infracción.
§ 2º Siempre que sea posible, a la verificación de la infracción seguirá la elaboración del acta, certificándose, en caso contrario, los motivos de la demora.
Art. 195. El demandado tendrá un plazo de diez días para presentar su defensa, contado desde la fecha de la intimación, que se hará:
I - por el actuante, en la propia acta, cuando esta se levante en presencia del demandado;
II - por oficial de justicia o funcionario legalmente habilitado, que entregará copia del acta o de la representación al demandado, o a su representante legal, levantando constancia;
III - por vía postal, con acuse de recibo, si no fuere hallado el demandado o su representante legal;
IV - por edicto, con plazo de treinta días, si fuere incierto o ignorado el paradero del demandado o de su representante legal.
Art. 196. No siendo presentada la defensa en el plazo legal, la autoridad judicial dará vista de los autos al Ministerio Público, por cinco días, decidiendo en igual plazo.
Art. 197. Presentada la defensa, la autoridad judicial procederá de conformidad con el artículo anterior o, siendo necesario, designará audiencia de instrucción y juicio. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. Recogida la prueba oral, se manifestarán sucesivamente el Ministerio Público y el abogado del demandado, por el tiempo de veinte minutos cada uno, prorrogable por diez más, a criterio de la autoridad judicial, que a continuación dictará sentencia.

Sección VIII De la Habilitación de Pretendientes a la Adopción (Incluida por la Ley nº 12.010, de 2009)

Art. 197-A. Los postulantes a la adopción, domiciliados en Brasil, presentarán petición inicial en la que conste: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - calificación completa; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - datos familiares; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - copias autenticadas del certificado de nacimiento o matrimonio, o declaración relativa al período de unión estable; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
IV - copias del documento de identidad e inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
V - comprobante de ingresos y domicilio; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
VI - certificados de sanidad física y mental (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
VII - certificado de antecedentes penales; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
VIII - certificado negativo de distribución civil. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 197-B. La autoridad judicial, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, dará vista de los autos al Ministerio Público, que en el plazo de 5 (cinco) días podrá: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
I - presentar cuestionarios para ser respondidos por el equipo interprofesional encargado de elaborar el estudio técnico a que se refiere el art. 197-C de esta Ley; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
II - requerir la designación de audiencia para oír a los postulantes en juicio y a los testigos; (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
III - requerir la incorporación de documentos complementarios y la realización de otras diligencias que estime necesarias. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 197-C. Intervendrá en el proceso, obligatoriamente, un equipo interprofesional al servicio de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, que deberá elaborar un estudio psicosocial, el cual contendrá elementos que permitan evaluar la capacidad y la preparación de los postulantes para el ejercicio de una paternidad o maternidad responsable, a la luz de los requisitos y principios de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1 o Es obligatoria la participación de los postulantes en programa ofrecido por la Justicia de la Infancia y de la Juventud, preferentemente con apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar, que incluya preparación psicológica, orientación y estímulo a la adopción interracial, de niños mayores o de adolescentes, con necesidades específicas de salud o con discapacidades y de grupos de hermanos. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1 o Es obligatoria la participación de los postulantes en programa ofrecido por la Justicia de la Infancia y de la Juventud, preferentemente con apoyo de los técnicos responsables de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar y de los grupos de apoyo a la adopción debidamente habilitados ante la Justicia de la Infancia y de la Juventud, que incluya preparación psicológica, orientación y estímulo a la adopción interracial, de niños o de adolescentes con discapacidad, con enfermedades crónicas o con necesidades específicas de salud, y de grupos de hermanos. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 2 o Siempre que sea posible y recomendable, la etapa obligatoria de la preparación referida en el § 1 o de este artículo incluirá el contacto con niños y adolescentes en régimen de acogimiento familiar o institucional en condiciones de ser adoptados, que se realizará bajo la orientación, supervisión y evaluación del equipo técnico de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, con el apoyo de los técnicos responsables del programa de acogimiento familiar o institucional y de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o Siempre que sea posible y recomendable, la etapa obligatoria de la preparación referida en el § 1 o de este artículo incluirá el contacto con niños y adolescentes en régimen de acogimiento familiar o institucional, que se realizará bajo orientación, supervisión y evaluación del equipo técnico de la Justicia de la Infancia y de la Juventud y de los grupos de apoyo a la adopción, con apoyo de los técnicos responsables del programa de acogimiento familiar e institucional y de la ejecución de la política municipal de garantía del derecho a la convivencia familiar. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 3 o Es recomendable que los niños y los adolescentes acogidos institucionalmente o por familia acogedora sean preparados por un equipo interprofesional antes de su inclusión en una familia adoptiva. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 197-D. Certificada en los autos la conclusión de la participación en el programa referido en el art. 197-C de esta Ley, la autoridad judicial, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, decidirá acerca de las diligencias requeridas por el Ministerio Público y determinará la incorporación del estudio psicosocial, designando, según el caso, audiencia de instrucción y juzgamiento. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. En caso de que no se requieran diligencias, o de que estas sean denegadas, la autoridad judicial determinará la incorporación del estudio psicosocial, abriendo a continuación vista de los autos al Ministerio Público, por 5 (cinco) días, y decidiendo en igual plazo. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 197-E. Otorgada la habilitación, el postulante será inscrito en los registros referidos en el art. 50 de esta Ley, y su convocatoria para la adopción se hará de acuerdo con el orden cronológico de habilitación y conforme a la disponibilidad de niños o adolescentes adoptables. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1 o El orden cronológico de las habilitaciones solo podrá dejar de ser observado por la autoridad judicial en las hipótesis previstas en el § 13 del art. 50 de esta Ley, cuando se compruebe que esa es la mejor solución en el interés del adoptando. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o La negativa sistemática a adoptar a los niños o adolescentes indicados implicará la reevaluación de la habilitación concedida. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 2 o La habilitación para la adopción deberá ser renovada como mínimo trienalmente mediante evaluación por un equipo interprofesional. (Redacción dada por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 3 o Cuando el adoptante se postule a una nueva adopción, será prescindible la renovación de la habilitación, bastando la evaluación por un equipo interprofesional. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 4 o Tras 3 (tres) negativas injustificadas, por parte del habilitado, a la adopción de niños o adolescentes indicados dentro del perfil elegido, habrá reevaluación de la habilitación concedida. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
§ 5 o El desistimiento del pretendiente respecto de la guarda con fines de adopción o la devolución del niño o del adolescente después de la cosa juzgada de la sentencia de adopción implicará su exclusión de los registros de adopción y la prohibición de renovación de la habilitación, salvo decisión judicial fundamentada, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la legislación vigente. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)
Art. 197-F. El plazo máximo para la conclusión de la habilitación para la adopción será de 120 (ciento veinte) días, prorrogable por igual período, mediante decisión fundamentada de la autoridad judicial. (Incluido por la Ley nº 13.509, de 2017)

Capítulo IV — De los Recursos

Art. 198. En los procedimientos de competencia de la Justicia de la Infancia y de la Juventud queda adoptado el sistema recursivo del Código de Proceso Civil, aprobado por la Ley n.º 5.869, de 11 de enero de 1973, y sus modificaciones posteriores, con las siguientes adaptaciones:
Art. 198. En los procedimientos de competencia de la Justicia de la Infancia y de la Juventud, inclusive los relativos a la ejecución de las medidas socioeducativas, se adoptará el sistema recursivo de la Ley n o 5.869, de 11 de enero de 1973 (Código de Proceso Civil), con las siguientes adaptaciones: (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - los recursos se interpondrán independientemente de preparo;
II - en todos los recursos, salvo el de agravo de instrumento y el de embargos de declaración, el plazo para interponer y para responder será siempre de diez días;
II - en todos los recursos, salvo en los embargos de declaración, el plazo para el Ministerio Público y para la defensa será siempre de 10 (diez) días; (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
III - los recursos tendrán preferencia de juzgamiento y prescindirán de revisor;
IV - el agraviado será intimado para que, en el plazo de cinco días, presente respuesta e indique las piezas que deban ser trasladadas; (Revocado por la Ley nº 12.010, de 2009)
V - será de cuarenta y ocho horas el plazo para la extracción, la verificación y la corrección del traslado; (Revocado por la Ley nº 12.010, de 2009)
VI - la apelación será recibida en su efecto devolutivo. Se conferirá también efecto suspensivo cuando se interponga contra sentencia que otorgue la adopción por extranjero y, a juicio de la autoridad judicial, siempre que exista peligro de daño irreparable o de difícil reparación; (Revocado por la Ley nº 12.010, de 2009)
VII - antes de determinar la remisión de los autos a la instancia superior, en el caso de apelación, o del instrumento, en el caso de agravo, la autoridad judicial dictará despacho fundamentado, manteniendo o reformando la decisión, en el plazo de cinco días;
VIII - mantenida la decisión apelada o agraviada, el escribano remitirá los autos o el instrumento a la instancia superior dentro de veinticuatro horas, independientemente de nueva solicitud del recurrente; si la reformare, la remisión de los autos dependerá de solicitud expresa de la parte interesada o del Ministerio Público, en el plazo de cinco días, contados desde la intimación.
Art. 199. Contra las decisiones dictadas con base en el art. 149 cabrá recurso de apelación.
Art. 199-A. La sentencia que otorgue la adopción produce efecto desde luego, aunque esté sujeta a apelación, que será recibida exclusivamente en el efecto devolutivo, salvo que se trate de adopción internacional o que exista peligro de daño irreparable o de difícil reparación para el adoptando. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 199-B. La sentencia que destituya del poder familiar a ambos progenitores o a cualquiera de ellos queda sujeta a apelación, que deberá ser recibida únicamente en el efecto devolutivo. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 199-C. Los recursos en los procedimientos de adopción y de destitución del poder familiar, en razón de la relevancia de las cuestiones, serán tramitados con prioridad absoluta, debiendo ser distribuidos de inmediato, quedando prohibido que aguarden, en cualquier situación, una oportuna distribución, y serán puestos en mesa para juzgamiento sin revisión y con dictamen urgente del Ministerio Público. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 199-D. El relator deberá poner el proceso en mesa para juzgamiento en el plazo máximo de 60 (sesenta) días, contado desde su conclusión. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. El Ministerio Público será intimado de la fecha del juzgamiento y podrá, en la sesión, si lo estimare necesario, presentar oralmente su dictamen. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 199-E. El Ministerio Público podrá requerir la instauración de procedimiento para la apuración de responsabilidades si constatare el incumplimiento de las providencias y del plazo previstos en los artículos anteriores. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)

Capítulo V — Del Ministerio Público

Art. 200. Las funciones del Ministerio Público previstas en esta Ley serán ejercidas en los términos de la respectiva ley orgánica.
Art. 201. Compete al Ministerio Público:
I - conceder la remisión como forma de exclusión del proceso;
II - promover y acompañar los procedimientos relativos a las infracciones atribuidas a adolescentes;
III - promover y acompañar las acciones de alimentos y los procedimientos de suspensión y destitución de la patria potestad poder familiar, nombramiento y remoción de tutores, curadores y guardadores, así como oficiar en todos los demás procedimientos de la competencia de la Justicia de la Infancia y de la Juventud; (Expresión sustituida por la Ley nº 12.010, de 2009)
IV - promover, de oficio o a solicitud de los interesados, la especialización y la inscripción de hipoteca legal y la rendición de cuentas de los tutores, curadores y cualesquiera administradores de bienes de niños y adolescentes en las hipótesis del art. 98;
V - promover la investigación civil y la acción civil pública para la protección de los intereses individuales, difusos o colectivos relativos a la infancia y a la adolescencia, inclusive los definidos en el art. 220, § 3º inciso II, de la Constitución Federal;
VI - instaurar procedimientos administrativos y, para instruirlos:
a) expedir notificaciones para recoger declaraciones o aclaraciones y, en caso de incomparecencia injustificada, requerir conducción coercitiva, inclusive por la policía civil o militar;
b) requerir informaciones, exámenes, pericias y documentos a autoridades municipales, estatales y federales, de la administración directa o indirecta, así como promover inspecciones y diligencias investigatorias;
c) requerir informaciones y documentos a particulares e instituciones privadas;
VII - instaurar sindicancias, requerir diligencias investigatorias y determinar la instauración de investigación policial, para la apuración de ilícitos o infracciones a las normas de protección a la infancia y a la juventud;
VIII - velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales asegurados a los niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales pertinentes;
IX - interponer mandamiento de seguridad, mandamiento de injunción y habeas corpus, en cualquier juzgado, instancia o tribunal, en defensa de los intereses sociales e individuales indisponibles relativos al niño y al adolescente;
X - representar ante el juzgado con vistas a la aplicación de sanción por infracciones cometidas contra las normas de protección a la infancia y a la juventud, sin perjuicio de la promoción de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando proceda;
XI - inspeccionar las entidades públicas y particulares de atención y los programas de que trata esta Ley, adoptando de inmediato las medidas administrativas o judiciales necesarias para la remoción de las irregularidades eventualmente verificadas;
XII - requerir fuerza policial, así como la colaboración de los servicios médicos, hospitalarios, educacionales y de asistencia social, públicos o privados, para el desempeño de sus atribuciones.
XIII - intervenir, cuando no sea parte, en las causas civiles y penales derivadas de violencia doméstica y familiar contra el niño y el adolescente. (Incluido por la Ley 14.344, de 2022)
§ 1º La legitimación del Ministerio Público para las acciones civiles previstas en este artículo no impide la de terceros, en las mismas hipótesis, según lo dispongan la Constitución y esta Ley.
§ 2º Las atribuciones contenidas en este artículo no excluyen otras, siempre que sean compatibles con la finalidad del Ministerio Público.
§ 3º El representante del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, tendrá libre acceso a todo lugar donde se encuentre un niño o adolescente.
§ 4º El representante del Ministerio Público será responsable por el uso indebido de las informaciones y documentos que requiera, en las hipótesis legales de secreto.
§ 5º Para el ejercicio de la atribución a que se refiere el inciso VIII de este artículo, podrá el representante del Ministerio Público:
a) reducir a acta las declaraciones del reclamante, instaurando el procedimiento competente, bajo su presidencia;
b) entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada, en día, lugar y hora previamente notificados o acordados;
c) efectuar recomendaciones con miras a la mejora de los servicios públicos y de relevancia pública relativos al niño y al adolescente, fijando plazo razonable para su perfecta adecuación.
Art. 202. En los procesos y procedimientos en que no sea parte, actuará obligatoriamente el Ministerio Público en la defensa de los derechos e intereses de que trata esta Ley, hipótesis en la cual tendrá vista de los autos después de las partes, pudiendo adjuntar documentos y solicitar diligencias, utilizando los recursos pertinentes.
Art. 203. La intimación al Ministerio Público, en cualquier caso, se hará personalmente.
Art. 204. La falta de intervención del Ministerio Público acarrea la nulidad del proceso, que será declarada de oficio por el juez o a solicitud de cualquier interesado.
Art. 205. Las manifestaciones procesales del representante del Ministerio Público deberán ser fundamentadas.

Capítulo VI — Del Abogado

Art. 206. El niño o el adolescente, sus padres o responsable, y cualquier persona que tenga interés legítimo en la solución del litigio podrán intervenir en los procedimientos de que trata esta Ley, por medio de abogado, el cual será intimado para todos los actos, personalmente o por publicación oficial, respetado el secreto de justicia.
Párrafo único. Se prestará asistencia judicial integral y gratuita a quienes la necesiten.
Art. 207. Ningún adolescente a quien se atribuya la práctica de acto infraccional, aunque esté ausente o prófugo, será procesado sin defensor.
§ 1º Si el adolescente no tuviere defensor, le será nombrado uno por el juez, sin perjuicio del derecho de constituir, en cualquier momento, otro de su preferencia.
§ 2º La ausencia del defensor no determinará el aplazamiento de ningún acto del proceso, debiendo el juez nombrar un sustituto, aunque sea provisionalmente, o solo para el efecto del acto.
§ 3º Se dispensará el otorgamiento de mandato cuando se trate de defensor nombrado o, habiendo sido constituido, hubiere sido indicado con ocasión de acto formal con la presencia de la autoridad judicial.

Capítulo VII — De la Protección Judicial de los Intereses Individuales, Difusos y Colectivos

Art. 208. Se rigen por las disposiciones de esta Ley las acciones de responsabilidad por ofensa a los derechos asegurados al niño y al adolescente, referentes a la falta de oferta u oferta irregular:
I - de la enseñanza obligatoria;
II - de atención educativa especializada a los portadores de discapacidad;
III - de atención en guardería y preescolar a los niños de cero a seis años de edad;
III – de atención en guardería y preescolar a los niños de cero a cinco años de edad; (Redacción dada por la Ley 13.306, de 2016)
IV - de enseñanza nocturna regular, adecuada a las condiciones del educando;
V - de programas suplementarios de oferta de material didáctico-escolar, transporte y asistencia a la salud del educando de la enseñanza fundamental;
VI - de servicio de asistencia social con miras a la protección de la familia, la maternidad, la infancia y la adolescencia, así como al amparo de los niños y adolescentes que lo necesiten;
VII - de acceso a las acciones y servicios de salud;
VIII - de escolarización y profesionalización de los adolescentes privados de libertad.
IX - de acciones, servicios y programas de orientación, apoyo y promoción social de familias y destinados al pleno ejercicio del derecho a la convivencia familiar por niños y adolescentes. (Incluido por la Ley 12.010, de 2009)
X - de programas de atención para la ejecución de las medidas socioeducativas y aplicación de medidas de protección. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
XI - de políticas y programas integrados de atención al niño y al adolescente víctima o testigo de violencia. (Incluido por la Ley 13.431, de 2017)
Párrafo único. Las hipótesis previstas en este artículo no excluyen de la protección judicial otros intereses individuales, difusos o colectivos, propios de la infancia y de la adolescencia, protegidos por la Constitución y por la ley.
§ 1 o Las hipótesis previstas en este artículo no excluyen de la protección judicial otros intereses individuales, difusos o colectivos, propios de la infancia y de la adolescencia, protegidos por la Constitución y por la Ley. (Renumerado del Párrafo único por la Ley 11.259, de 2005)
§ 2 o La investigación de la desaparición de niños o adolescentes se realizará inmediatamente después de la notificación a los órganos competentes, los cuales deberán comunicar el hecho a los puertos, aeropuertos, Policía Rodoviaria y empresas de transporte interestatales e internacionales, proporcionándoles todos los datos necesarios para la identificación del desaparecido. (Incluido por la Ley 11.259, de 2005)
§ 3º La notificación a que se refiere el § 2º de este artículo será comunicada de inmediato al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y al Registro Nacional de Niños y Adolescentes Desaparecidos, los cuales deberán ser actualizados de inmediato con cada nueva información. (Incluido por la Ley 14.548, de 2023)
Art. 209. Las acciones previstas en este Capítulo se propondrán ante el foro del lugar donde haya ocurrido o deba ocurrir la acción u omisión, cuyo juzgado tendrá competencia absoluta para tramitar la causa, salvadas la competencia de la Justicia Federal y la competencia originaria de los tribunales superiores.
Art. 210. Para las acciones civiles fundadas en intereses colectivos o difusos, se consideran legitimados concurrentemente:
I - el Ministerio Público;
II - la Unión, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los territorios;
III - las asociaciones legalmente constituidas desde hace al menos un año y que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos protegidos por esta Ley, dispensada la autorización de la asamblea, si hubiere autorización estatutaria previa.
§ 1º Se admitirá litisconsorcio facultativo entre los Ministerios Públicos de la Unión y de los estados en la defensa de los intereses y derechos de que trata esta Ley.
§ 2º En caso de desistimiento o abandono de la acción por parte de asociación legitimada, el Ministerio Público u otro legitimado podrá asumir la titularidad activa.
Art. 211. Los órganos públicos legitimados podrán tomar de los interesados compromiso de ajuste de su conducta a las exigencias legales, el cual tendrá eficacia de título ejecutivo extrajudicial.
Art. 212. Para la defensa de los derechos e intereses protegidos por esta Ley, son admisibles todas las especies de acciones pertinentes.
§ 1º Se aplican a las acciones previstas en este Capítulo las normas del Código de Proceso Civil.
§ 2º Contra actos ilegales o abusivos de autoridad pública o agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público, que lesionen derecho líquido y cierto previsto en esta Ley, cabrá acción mandamental, que se regirá por las normas de la ley del mandato de seguridad.
Art. 213. En la acción que tenga por objeto el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, el juez concederá la tutela específica de la obligación o determinará providencias que aseguren el resultado práctico equivalente al del cumplimiento.
§ 1º Siendo relevante el fundamento de la demanda y habiendo justificado temor de ineficacia de la resolución final, es lícito al juez conceder la tutela liminarmente o tras justificación previa, citando al demandado.
§ 2º El juez podrá, en la hipótesis del párrafo anterior o en la sentencia, imponer multa diaria al demandado, independientemente de solicitud del actor, si fuere suficiente o compatible con la obligación, fijando plazo razonable para el cumplimiento del precepto.
§ 3º La multa solo será exigible al demandado después del tránsito en cosa juzgada de la sentencia favorable al actor, pero será debida desde el día en que se hubiere configurado el incumplimiento.
Art. 214. Los valores de las multas revertirán al fondo gestionado por el Consejo de los Derechos del Niño y del Adolescente del respectivo municipio.
§ 1º Las multas no recaudadas hasta treinta días después del tránsito en cosa juzgada de la decisión serán exigidas mediante ejecución promovida por el Ministerio Público, en los mismos autos, facultada igual iniciativa a los demás legitimados.
§ 2º Mientras el fondo no sea reglamentado, el dinero quedará depositado en establecimiento oficial de crédito, en cuenta con corrección monetaria.
Art. 215. El juez podrá conferir efecto suspensivo a los recursos, para evitar daño irreparable a la parte.
Art. 216. Producido el tránsito en cosa juzgada de la sentencia que imponga condena al poder público, el juez determinará la remisión de piezas a la autoridad competente, para la determinación de la responsabilidad civil y administrativa del agente a quien se atribuya la acción u omisión.
Art. 217. Transcurridos sesenta días del tránsito en cosa juzgada de la sentencia condenatoria sin que la asociación actora promueva su ejecución, deberá hacerlo el Ministerio Público, facultada igual iniciativa a los demás legitimados.
Art. 218. El juez condenará a la asociación actora a pagar al demandado los honorarios de abogado fijados conforme al § 4º del art. 20 de la Ley 5.869, de 11 de enero de 1973 (Código de Proceso Civil), cuando reconozca que la pretensión es manifiestamente infundada.
Párrafo único. En caso de litigación de mala fe, la asociación actora y los directores responsables de la interposición de la acción serán solidariamente condenados al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por pérdidas y daños.
Art. 219. En las acciones de que trata este Capítulo, no habrá adelanto de costas, emolumentos, honorarios periciales ni cualesquiera otros gastos.
Art. 220. Cualquier persona podrá, y el servidor público deberá, provocar la iniciativa del Ministerio Público, prestándole informaciones sobre hechos que constituyan objeto de acción civil e indicándole los elementos de convicción.
Art. 221. Si, en el ejercicio de sus funciones, los juzgados y tribunales tuvieren conocimiento de hechos que puedan dar lugar a la interposición de acción civil, remitirán piezas al Ministerio Público para las providencias pertinentes.
Art. 222. Para instruir la petición inicial, el interesado podrá requerir a las autoridades competentes las certificaciones e informaciones que juzgue necesarias, las cuales serán proporcionadas en el plazo de quince días.
Art. 223. El Ministerio Público podrá instaurar, bajo su presidencia, investigación civil, o requerir, de cualquier persona, organismo público o particular, certificaciones, informaciones, exámenes o peritajes, en el plazo que señale, el cual no podrá ser inferior a diez días hábiles.
§ 1º Si el órgano del Ministerio Público, agotadas todas las diligencias, se convenciere de la inexistencia de fundamento para la interposición de la acción civil, promoverá el archivo de los autos de la investigación civil o de las piezas informativas, haciéndolo de manera fundamentada.
§ 2º Los autos de la investigación civil o las piezas de información archivados serán remitidos, bajo pena de incurrir en falta grave, en el plazo de tres días, al Consejo Superior del Ministerio Público.
§ 3º Hasta que sea homologada o rechazada la promoción de archivo, en sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, podrán las asociaciones legitimadas presentar razones escritas o documentos, que serán agregados a los autos de la investigación o anexados a las piezas de información.
§ 4º La promoción de archivo será sometida a examen y deliberación del Consejo Superior del Ministerio Público, conforme lo disponga su reglamento interno.
§ 5º Si el Consejo Superior dejare de homologar la promoción de archivo, designará de inmediato a otro órgano del Ministerio Público para la interposición de la acción.
Art. 224. Se aplican subsidiariamente, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985.

Título VII — De los Delitos y de las Infracciones Administrativas

Capítulo I — De los Delitos

Sección I

Disposiciones Generales

Art. 225. Este Capítulo dispone sobre los delitos practicados contra el niño y el adolescente, por acción u omisión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación penal.
Art. 226. Se aplican a los delitos definidos en esta Ley las normas de la Parte General del Código Penal y, en cuanto al proceso, las pertinentes del Código de Proceso Penal.
§ 1º A los delitos cometidos contra el niño y el adolescente, independientemente de la pena prevista, no se aplica la Ley nº 9.099, de 26 de septiembre de 1995. (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
§ 2º En los casos de violencia doméstica y familiar contra el niño y el adolescente, se prohíbe la aplicación de penas de canasta básica o de otras de prestación pecuniaria, así como la sustitución de pena que implique el pago aislado de multa. (Incluido por la Ley nº 14.344, de 2022)
Art. 226-A. Se aumenta la pena de 1/3 (un tercio) a 2/3 (dos tercios) si el agente comete delito previsto en este Capítulo mediante la utilización de modulador de proxy o técnica de enmascaramiento, ocultación, falsificación, alteración o anonimización de dirección IP o de cualquier otro identificador digital, por medio de software, programa, herramienta, navegador o cualquier otro medio, con el objetivo de impedir o dificultar su identificación. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo no se aplica al uso legítimo de tecnologías de privacidad y seguridad digital cuando se empleen con fines lícitos, como la protección de datos personales o comerciales, la garantía de la privacidad y la seguridad cibernética. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 227. Los delitos definidos en esta Ley son de acción pública incondicionada.
Art. 227-A Los efectos de la condena prevista en el inciso I del caput del art. 92 del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), para los delitos previstos en esta Ley, practicados por servidores públicos con abuso de autoridad, están condicionados a la ocurrencia de reincidencia. (Incluido por la Ley nº 13.869. de 2019)
Párrafo único. La pérdida del cargo, del mandato o de la función, en ese caso, será independiente de la pena aplicada en la reincidencia. (Incluido por la Ley nº 13.869. de 2019)
Art. 227-B. El niño o el adolescente víctima o testigo de violencia sexual tiene derecho a atención psicológica y psicosocial, de forma individual, especializada, continua e integral, en los términos de la Ley nº 13.431, de 4 de abril de 2017. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 1º La atención prevista en el caput de este artículo deberá abarcar los impactos emocionales, sociales y cognitivos derivados de la exposición indebida de la víctima, así como considerar los efectos de la revictimización provocada por la reproducción, circulación y permanencia del material de violencia sexual en el entorno digital, inclusive en el ámbito internacional. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 2º Para los efectos del caput de este artículo, el niño o el adolescente víctima o testigo de violencia sexual tiene el derecho de ser acogido y atendido en los servicios de salud prestados en el ámbito del SUS, en la red propia o conveniada, en un lugar y entorno que garanticen su privacidad y la restricción del acceso de terceros no autorizados, especialmente del agresor. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 227-C. El agente que cause lesión corporal o practique violencia física, sexual o psicológica contra un niño o adolescente está obligado a cubrir íntegramente los costos derivados del tratamiento de la víctima, incluido el resarcimiento al SUS por los servicios de salud prestados, y los valores recaudados se destinarán al Fondo de Salud del ente federado responsable de la unidad de salud que realizó la atención. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)

Sección II — De los Delitos en Especie

Art. 228. Dejar el encargado de servicio o el dirigente de establecimiento de atención a la salud de gestantes de mantener registro de las actividades desarrolladas, en la forma y plazo referidos en el art. 10 de esta Ley, así como de entregar a la parturienta o a su responsable, con ocasión del alta médica, declaración de nacimiento, en la que consten las intercurrencias del parto y del desarrollo del neonato:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Párrafo único. Si el delito es culposo:
Pena - detención de dos a seis meses, o multa.
Art. 229. Dejar el médico, enfermero o dirigente de establecimiento de atención a la salud de gestantes de identificar correctamente al neonato y a la parturienta, con ocasión del parto, así como dejar de realizar los exámenes referidos en el art. 10 de esta Ley:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Párrafo único. Si el delito es culposo:
Pena - detención de dos a seis meses, o multa.
Art. 230. Privar al niño o al adolescente de su libertad, procediendo a su aprehensión sin estar en flagrante de acto infraccional o inexistiendo orden escrita de la autoridad judicial competente:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Párrafo único. Incurre en la misma pena aquel que procede a la aprehensión sin observancia de las formalidades legales.
§ 1º Incurre en la misma pena aquel que procede a la aprehensión sin observancia de las formalidades legales. (Incluido por la Ley nº 15.163, de 2025)
§ 2º Al delito previsto en este artículo no se aplica la Ley nº 9.099, de 26 de septiembre de 1995. (Incluido por la Ley nº 15.163, de 2025)
Art. 231. Dejar la autoridad policial responsable de la aprehensión de un niño o adolescente de hacer comunicación inmediata a la autoridad judicial competente y a la familia del aprehendido o a la persona por él indicada:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Art. 232. Someter a un niño o adolescente bajo su autoridad, guarda o vigilancia a vejación o a constreñimiento:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Art. 233. Someter a un niño o adolescente bajo su autoridad, guarda o vigilancia a tortura: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
Pena - reclusión de uno a cinco años.: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
§ 1º Si resultare lesión corporal grave:: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
Pena - reclusión de dos a ocho años.: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
§ 2º Si resultare lesión corporal gravísima:: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
Pena - reclusión de cuatro a doce años.: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
§ 3º Si resultare muerte:: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
Pena - reclusión de quince a treinta años.: (Revocado por la Ley nº 9.455, de 7.4.1997
Art. 234. Dejar la autoridad competente, sin justa causa, de ordenar la inmediata liberación de un niño o adolescente, tan pronto tenga conocimiento de la ilegalidad de la aprehensión:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Art. 235. Incumplir, injustificadamente, plazo fijado en esta Ley en beneficio de un adolescente privado de libertad:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Art. 236. Impedir o entorpecer la acción de la autoridad judicial, de un miembro del Consejo Tutelar o de un representante del Ministerio Público en el ejercicio de función prevista en esta Ley:
Pena - detención de seis meses a dos años.
Art. 237. Sustraer a un niño o adolescente del poder de quien lo tiene bajo su guarda en virtud de ley u orden judicial, con el fin de colocarlo en hogar sustituto:
Pena - reclusión de dos a seis años, y multa.
Art. 238. Prometer o efectuar la entrega de hijo o pupilo a un tercero, mediante pago o recompensa:
Pena - reclusión de uno a cuatro años, y multa.
Párrafo único. Incurre en las mismas penas quien ofrece o efectúa el pago o la recompensa.
Art. 239. Promover o auxiliar la realización de acto destinado al envío de un niño o adolescente al exterior con inobservancia de las formalidades legales o con el fin de obtener lucro:
Pena - reclusión de cuatro a seis años, y multa.
Párrafo único. Si hay empleo de violencia, grave amenaza o fraude: (Incluido por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
Pena - reclusión, de 6 (seis) a 8 (ocho) años, además de la pena correspondiente a la violencia.
Art. 240. Producir o dirigir representación teatral, televisiva o película cinematográfica, utilizando a un niño o adolescente en escena de sexo explícito o pornográfica:
Pena - reclusión de uno a cuatro años, y multa.
Párrafo único. Incurre en la misma pena quien, en las condiciones referidas en este artículo, coprotagoniza escena con un niño o adolescente.
Art. 240. Producir o dirigir representación teatral, televisiva, cinematográfica, actividad fotográfica o de cualquier otro medio visual, utilizando a un niño o adolescente en escena pornográfica, de sexo explícito o vejatoria: (Redacción dada por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
Pena - reclusión, de 2 (dos) a 6 (seis) años, y multa.
§ 1 o Incurre en la misma pena quien, en las condiciones referidas en este artículo, coprotagoniza escena con un niño o adolescente. (Renumerado del párrafo único, por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
§ 2 o La pena es de reclusión de 3 (tres) a 8 (ocho) años: (Incluido por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
I - si el agente comete el delito en el ejercicio de cargo o función;
II - si el agente comete el delito con el fin de obtener para sí o para otro ventaja patrimonial.
Art. 240. Producir, reproducir, dirigir, fotografiar, filmar o registrar, por cualquier medio, escena de sexo explícito o pornográfica, que involucre a un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusión, de 4 (cuatro) a 8 (ocho) años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 240. Producir, reproducir, dirigir, fotografiar, filmar o registrar, por cualquier medio, contenido de violencia sexual contra un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión, de 4 (cuatro) a 10 (diez) años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 1 o Incurre en las mismas penas quien agencia, facilita, recluta, coacciona, o de cualquier modo intermedia la participación de un niño o adolescente en las escenas referidas en el caput de este artículo, o aun quien coprotagoniza con ellos. (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 1º Incurre en las mismas penas quien: (Redacción dada por la Ley nº 14.811, de 2024)
I - agencia, facilita, recluta, coacciona o de cualquier modo intermedia la participación de un niño o adolescente en las escenas referidas en el caput de este artículo, o aun quien coprotagoniza con ellos; (Incluido por la Ley nº 14.811, de 2024)
I - financia, agencia, facilita, recluta, coacciona o de cualquier modo intermedia la participación de un niño o adolescente en el contenido referido en el caput de este artículo, o aun quien coprotagoniza con ellos; (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
II - exhibe, transmite, auxilia o facilita la exhibición o transmisión, en tiempo real, por internet, por aplicaciones, por medio de dispositivo informático o cualquier medio o entorno digital, de escena de sexo explícito o pornográfica con la participación de un niño o adolescente. (Incluido por la Ley nº 14.811, de 2024)
II - exhibe, transmite, auxilia o facilita la exhibición o la transmisión, en tiempo real, por internet, por aplicaciones, por medio de dispositivo informático o cualquier medio o entorno digital, de contenido de violencia sexual contra un niño o adolescente. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 2 o Se aumenta la pena de 1/3 (un tercio) si el agente comete el delito: (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 2º Se aumenta la pena de 1/3 (un tercio) a 2/3 (dos tercios) si el agente comete el delito: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
I – en el ejercicio de cargo o función pública o con el pretexto de ejercerla; (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
II – prevaliéndose de relaciones domésticas, de cohabitación o de hospitalidad; o (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
III – prevaliéndose de relaciones de parentesco consanguíneo o afín hasta el tercer grado, o por adopción, de tutor, curador, preceptor, empleador de la víctima o de quien, a cualquier otro título, tenga autoridad sobre ella, o con su consentimiento. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241. Fotografiar o publicar escena de sexo explícito o pornográfica que involucre a un niño o adolescente:
Pena - reclusión de uno a cuatro años.
Art. 241. Presentar, producir, vender, proporcionar, divulgar o publicar, por cualquier medio de comunicación, incluso la red mundial de computadoras o internet, fotografías o imágenes con pornografía o escenas de sexo explícito que involucren a un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
Pena - reclusión de 2 (dos) a 6 (seis) años, y multa.
§ 1 o Incurre en la misma pena quien: (Incluido por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
I - agencia, autoriza, facilita o, de cualquier modo, intermedia la participación de un niño o adolescente en la producción referida en este artículo;
II - asegura los medios o servicios para el almacenamiento de las fotografías, escenas o imágenes producidas en la forma del caput de este artículo;
III - asegura, por cualquier medio, el acceso, en la red mundial de computadoras o internet, a las fotografías, escenas o imágenes producidas en la forma del caput de este artículo.
§ 2 o La pena es de reclusión de 3 (tres) a 8 (ocho) años: (Incluido por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
I - si el agente comete el delito prevaliéndose del ejercicio de cargo o función;
II - si el agente comete el delito con el fin de obtener para sí o para otro ventaja patrimonial.
Art. 241. Vender o exponer a la venta fotografía, video u otro registro que contenga escena de sexo explícito o pornográfica que involucre a un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusión, de 4 (cuatro) a 8 (ocho) años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241. Vender o exponer a la venta fotografía, video u otro registro que contenga violencia sexual contra un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión, de 4 (cuatro) a 10 (diez) años, y multa, además de la pérdida de los bienes y valores recibidos en virtud de la práctica delictiva en favor del Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente de la unidad de la Federación en que se cometió el delito, salvo el derecho de tercero de buena fe. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Párrafo único. Se aumenta la pena en 1/3 (un tercio) cuando la venta o la exposición a la venta prevista en el caput de este artículo ocurra por medio de tecnologías de la información y la comunicación, incluidos internet y sus aplicaciones, así como las redes sociales. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 241-A. Ofrecer, intercambiar, poner a disposición, transmitir, distribuir, publicar o divulgar por cualquier medio, incluso por medio de sistema informático o telemático, fotografía, video u otro registro que contenga escena de sexo explícito o pornográfica que involucre a un niño o adolescente: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusión, de 3 (tres) a 6 (seis) años, y multa. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241-A. Ofrecer, intercambiar, poner a disposición, transmitir, distribuir, publicar o divulgar por cualquier medio, incluso por medio de sistema informático o telemático, fotografía, video u otro registro que contenga violencia sexual contra un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión, de 4 (cuatro) a 10 (diez) años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 1 o En las mismas penas incurre quien: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
I – asegura los medios o servicios para el almacenamiento de las fotografías, escenas o imágenes de que trata el caput de este artículo; (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
II – asegura, por cualquier medio, el acceso por red de computadoras a las fotografías, escenas o imágenes de que trata el caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
III - crea, administra, aloja, modera o es responsable de sitio web, chat, foro o entorno cibernético similar con el fin de almacenar, poner a disposición, compartir o producir material de violencia sexual contra un niño o adolescente. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 2 o Las conductas tipificadas en los incisos I y II del § 1 o de este artículo son punibles cuando el responsable legal de la prestación del servicio, oficialmente notificado, deja de deshabilitar el acceso al contenido ilícito de que trata el caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 3º La pena se aumenta en 1/3 (un tercio) cuando, en relación con el contenido previsto en el caput de este artículo, haya publicación o compartición en más de una plataforma digital, red social, servicio de video bajo demanda o aplicación accesible al público en general. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 241-B. Adquirir, poseer o almacenar, por cualquier medio, fotografía, video u otra forma de registro que contenga escena de sexo explícito o pornográfica que involucre a un niño o adolescente: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusión, de 1 (un) a 4 (cuatro) años, y multa. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 1 o La pena se reduce de 1 (un) a 2/3 (dos tercios) si es de pequeña cantidad el material a que se refiere el caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241-B. Adquirir, poseer, almacenar o solicitar, por cualquier medio, fotografía, video u otra forma de registro que contenga violencia sexual contra un niño o adolescente: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 6 (seis) años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 1º La pena se reduce de 1/6 (un sexto) a 1/3 (un tercio) si es pequeña la cantidad de material a que se refiere el caput de este artículo. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 2 o No hay delito si la posesión o el almacenamiento tiene la finalidad de comunicar a las autoridades competentes la ocurrencia de las conductas descritas en los arts. 240, 241, 241-A y 241-C de esta Ley, cuando la comunicación sea hecha por: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
I – agente público en el ejercicio de sus funciones; (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
II – miembro de entidad, legalmente constituida, que incluya, entre sus finalidades institucionales, la recepción, el procesamiento y el encaminamiento de noticia de los delitos referidos en este párrafo; (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
III – representante legal y funcionarios responsables de proveedor de acceso o servicio prestado por medio de red de computadoras, hasta la recepción del material relativo a la noticia hecha a la autoridad policial, al Ministerio Público o al Poder Judicial. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 3 o Las personas referidas en el § 2 o de este artículo deberán mantener bajo reserva el material ilícito referido. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 4º Incurre en la misma pena prevista en el caput de este artículo quien acceda a o visualice aplicaciones de internet, servicios de streaming u otra forma de registro que ponga a disposición material de violencia sexual contra un niño o adolescente, con la finalidad de satisfacer la propia lascivia o la de otro. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 241-C. Simular la participación de un niño o adolescente en escena de sexo explícito o pornográfica por medio de adulteración, montaje o modificación de fotografía, video o cualquier otra forma de representación visual: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusión, de 1 (un) a 3 (tres) años, y multa. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241-C. Simular la participación de un niño o adolescente en contenido de violencia sexual por medio de adulteración, montaje o modificación de fotografía, video u otra forma de representación visual, mediante cualquier recurso tecnológico que altere la imagen o la voz de la víctima, incluso con el uso de inteligencia artificial: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 5 (cinco) años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Párrafo único. Incurre en las mismas penas quien vende, expone a la venta, pone a disposición, distribuye, publica o divulga por cualquier medio, adquiere, posee o almacena el material producido en la forma del caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241-D. Seducir, acosar, instigar o constreñir, por cualquier medio de comunicación, a un niño, con el fin de practicar con él acto libidinoso: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusión, de 1 (un) a 3 (tres) años, y multa. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241-D. Seducir, acosar, invitar, instigar o constreñir, por cualquier medio, a un menor de 14 (catorce) años, con el fin de practicar acto libidinoso: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 5 (cinco) años, y multa, si el hecho no constituye delito más grave. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Párrafo único. En las mismas penas incurre quien: (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
§ 1º En las mismas penas incurre quien: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
I – facilita o induce el acceso del niño a material que contenga escena de sexo explícito o pornográfica con el fin de practicar con él acto libidinoso; (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
I - permite, facilita o induce el acceso de un menor de 14 (catorce) años a material que contenga escena de sexo explícito o desnudez con el fin de practicar con él acto libidinoso; (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
II – practica las conductas descritas en el caput de este artículo con el fin de inducir a un niño a exhibirse de forma pornográfica o sexualmente explícita. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
II - practica las conductas descritas en el caput de este artículo con el fin de inducir a un menor de 14 (catorce) años a exhibirse de forma lasciva o sexualmente explícita. (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
§ 2º La pena se aumenta de 1/3 (un tercio) a 2/3 (dos tercios) si el agente practica las conductas previstas en el caput y en el § 1º de este artículo: (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
I - utilizando recursos de inteligencia artificial, deepfake, filtros o cualquier otro recurso tecnológico que permita al autor alterar su imagen y voz, haciéndose pasar por un niño o adolescente, con el fin de inducir a la víctima a exhibirse de forma lasciva o sexualmente explícita o a proporcionar fotografías o videos sexuales o sensuales; (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
II - utilizando recursos de anonimización o identidad o perfil falsos, ocultando su verdadera edad o empleando cualquier otra forma de ocultación digital; (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
III - utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, salas de chat, redes sociales, juegos en línea o cualquier otro medio digital; (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
IV - prometiendo a la víctima cualquier tipo de ventaja; (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
V - valiéndose de relación de confianza, autoridad, cuidado, protección, vigilancia, educación o convivencia familiar o profesional. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 241-E. Para efecto de los delitos previstos en esta Ley, la expresión “escena de sexo explícito o pornográfica” comprende cualquier situación que involucre a un niño o adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la exhibición de los órganos genitales de un niño o adolescente para fines primordialmente sexuales. (Incluido por la Ley nº 11.829, de 2008)
Art. 241-E. Para efecto de los delitos previstos en esta Ley, se considera material o contenido de violencia sexual contra un niño o adolescente cualquier representación, por cualquier medio, incluso fotografía, video, imagen digital u otro registro audiovisual, que involucre a un niño o adolescente, real o ficticio, aun cuando sea producida, manipulada o generada mediante el uso de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, cuando: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
I - retrate actividad sexual explícita, real o simulada; (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
II - contenga desnudez total o parcial con finalidad sexual o libidinosa; o (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
III - represente situación, contexto, encuadre o pose que evidencie connotación sexual o libidinosa, aun cuando no haya exposición de órganos genitales o estos estén cubiertos. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Párrafo único. La verificación de la naturaleza sexual o libidinosa de la representación deberá considerar el contexto de la imagen, el modo de producción, el encuadre, la finalidad y los demás elementos relevantes en el caso concreto. (Incluido por la Ley nº 15.487, de 2026)
Art. 242. Vender, suministrar, aun gratuitamente, o entregar, de cualquier forma, a niño o adolescente arma, munición o explosivo:
Pena - detención de seis meses a dos años, y multa.
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 6 (seis) años. (Redacción dada por la Ley nº 10.764, de 12.11.2003)
Art. 243. Vender, suministrar, aun gratuitamente, administrar o entregar, de cualquier forma, a niño o adolescente, sin justa causa, productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica, aun cuando sea por utilización indebida:
Pena - detención de seis meses a dos años, y multa, si el hecho no constituye delito más grave.
Art. 243. Vender, suministrar, servir, administrar o entregar, aun gratuitamente, de cualquier forma, a niño o a adolescente, bebida alcohólica o, sin justa causa, otros productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica: (Redacción dada por la Ley nº 13.106, de 2015)
Pena - detención de 2 (dos) a 4 (cuatro) años, y multa, si el hecho no constituye delito más grave. (Redacción dada por la Ley nº 13.106, de 2015)
Párrafo único. La pena será aumentada de 1/3 (un tercio) hasta la mitad si el niño o el adolescente utiliza o consume el producto. (Incluido por la Ley nº 15.234, de 2025)
Art. 244. Vender, suministrar, aun gratuitamente, o entregar, de cualquier forma, a niño o adolescente fuegos de estruendo o de artificio, excepto aquellos que, por su reducido potencial, sean incapaces de provocar cualquier daño físico en caso de utilización indebida:
Pena - detención de seis meses a dos años, y multa.
Art. 244-A. Someter a niño o adolescente, como tales definidos en el caput del art. 2 o de esta Ley, a la prostitución o a la explotación sexual: (Incluido por la Ley nº 9.975, de 23.6.2000)
Art. 244-A. Someter a niño o adolescente, como tales definidos en el caput del art. 2º de esta Ley, a la explotación sexual, si el hecho no constituye delito más grave: (Redacción dada por la Ley nº 15.487, de 2026)
Pena - reclusión de cuatro a diez años, y multa.
Pena – reclusión de cuatro a diez años y multa, además de la pérdida de bienes y valores utilizados en la práctica delictiva a favor del Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente de la unidad de la Federación (Estado o Distrito Federal) en que fue cometido el delito, salvaguardado el derecho de tercero de buena fe. (Redacción dada por la Ley nº 13.440, de 2017)
§ 1 o Incurren en las mismas penas el propietario, el gerente o el responsable del local en que se verifique el sometimiento de niño o adolescente a las prácticas referidas en el caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 9.975, de 23.6.2000)
§ 2 o Constituye efecto obligatorio de la condena la cancelación de la licencia de ubicación y de funcionamiento del establecimiento. (Incluido por la Ley nº 9.975, de 23.6.2000)
Art. 244-B. Corromper o facilitar la corrupción de menor de 18 (dieciocho) años, practicando con él infracción penal o induciéndolo a practicarla: (Incluido por la Ley nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusión, de 1 (un) a 4 (cuatro) años. (Incluido por la Ley nº 12.015, de 2009)
§ 1 o Incurre en las penas previstas en el caput de este artículo quien practica las conductas allí tipificadas utilizando cualesquiera medios electrónicos, incluso salas de chat de internet. (Incluido por la Ley nº 12.015, de 2009)
§ 2 o Las penas previstas en el caput de este artículo se aumentan en un tercio en el caso de que la infracción cometida o inducida esté incluida en el listado del art. 1 o de la Ley n o 8.072, de 25 de julio de 1990. (Incluido por la Ley nº 12.015, de 2009)
Art. 244-C. Dejar el padre, la madre o el responsable legal, de forma dolosa, de comunicar a la autoridad pública la desaparición de niño o adolescente: (Incluido por la Ley nº 14.811, de 2024)
Pena - reclusión, de 2 (dos) a 4 (cuatro) años, y multa. (Incluido por la Ley nº 14.811, de 2024)

Capítulo II — De las Infracciones Administrativas

Art. 245. Dejar el médico, profesor o responsable de establecimiento de atención a la salud y de enseñanza fundamental, preescolar o guardería, de comunicar a la autoridad competente los casos de que tenga conocimiento, que involucren sospecha o confirmación de malos tratos contra niño o adolescente:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia.
Art. 246. Impedir el responsable o funcionario de entidad de atención el ejercicio de los derechos contenidos en los incisos II, III, VII, VIII y XI del art. 124 de esta Ley:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia.
Art. 247. Divulgar, total o parcialmente, sin la debida autorización, por cualquier medio de comunicación, nombre, acto o documento de procedimiento policial, administrativo o judicial relativo a niño o adolescente a quien se atribuya acto infraccional:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia.
§ 1º Incurre en la misma pena quien exhibe, total o parcialmente, fotografía de niño o adolescente involucrado en acto infraccional, o cualquier ilustración que le concierna o se refiera a actos que le sean atribuidos, de forma que permita su identificación, directa o indirectamente.
§ 1º Incurre en la misma pena quien exhibe o transmite imagen, video o flujo de video de niño o adolescente involucrado en acto infraccional o en otro acto ilícito que le sea atribuido, de forma que permita su identificación. (Redacción dada por la Ley nº 14.811, de 2024)
§ 2º Si el hecho es practicado por órgano de prensa o emisora de radio o televisión, además de la pena prevista en este artículo, la autoridad judicial podrá determinar la incautación de la publicación o la suspensión de la programación de la emisora hasta por dos días, así como de la publicación del periódico hasta por dos números. (Expresión declarada inconstitucional por la ADIN 869).
Art. 248. Dejar de presentar a la autoridad judicial de su domicilio, en el plazo de cinco días, con el fin de regularizar la guarda, adolescente traído de otra comarca para la prestación de servicio doméstico, aunque esté autorizado por los padres o responsable: (Véase Ley nº 13.431, de 2017) (Revocado por la Ley nº 13.431, de 2017)
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia, independientemente de los gastos de retorno del adolescente, si fuere el caso. (Revocado por la Ley nº 13.431, de 2017)
Art. 249. Incumplir, dolosa o culposamente, los deberes inherentes a la patria potestad poder familiar o derivados de tutela o guarda, así como la determinación de la autoridad judicial o del Consejo Tutelar: (Expresión sustituida por la Ley nº 12.010, de 2009)
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia.
Art. 250. Hospedar a niño o adolescente, desacompañado de los padres o responsable o sin autorización escrita de estos, o de la autoridad judicial, en hotel, pensión, motel o similar:
Pena - multa de diez a cincuenta salarios de referencia; en caso de reincidencia, la autoridad judicial podrá determinar el cierre del establecimiento por hasta quince días.
Art. 250. Hospedar a niño o adolescente desacompañado de los padres o responsable, o sin autorización escrita de estos o de la autoridad judicial, en hotel, pensión, motel o similar: (Redacción dada por la Ley nº 12.038, de 2009).
Pena – multa. (Redacción dada por la Ley nº 12.038, de 2009).
§ 1 º En caso de reincidencia, sin perjuicio de la pena de multa, la autoridad judicial podrá determinar el cierre del establecimiento por hasta 15 (quince) días. (Incluido por la Ley nº 12.038, de 2009).
§ 2 º Si se comprueba la reincidencia en un período inferior a 30 (treinta) días, el establecimiento será cerrado definitivamente y se le cancelará la licencia. (Incluido por la Ley nº 12.038, de 2009).
Art. 251. Transportar a niño o adolescente, por cualquier medio, con inobservancia de lo dispuesto en los arts. 83, 84 y 85 de esta Ley:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia.
Art. 252. Dejar el responsable de diversión o espectáculo público de fijar, en lugar visible y de fácil acceso, a la entrada del local de exhibición, información destacada sobre la naturaleza de la diversión o espectáculo y el rango de edad especificado en el certificado de clasificación:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, aplicándose el doble en caso de reincidencia.
Art. 253. Anunciar piezas teatrales, películas o cualesquiera representaciones o espectáculos, sin indicar los límites de edad para los que no se recomienden:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, duplicada en caso de reincidencia, aplicable, separadamente, a la casa de espectáculos y a los órganos de divulgación o publicidad.
Art. 254. Transmitir, a través de radio o televisión, espectáculo en horario diverso del autorizado o sin aviso de su clasificación: (Expresión declarada inconstitucional por la ADI 2.404).
Pena - multa de veinte a cien salarios de referencia; duplicada en caso de reincidencia, la autoridad judicial podrá determinar la suspensión de la programación de la emisora por hasta dos días.
Art. 255. Exhibir película, tráiler, pieza, muestra o similar clasificado por el órgano competente como inadecuado para los niños o adolescentes admitidos al espectáculo:
Pena - multa de veinte a cien salarios de referencia; en la reincidencia, la autoridad podrá determinar la suspensión del espectáculo o el cierre del establecimiento por hasta quince días.
Art. 256. Vender o alquilar a niño o adolescente cinta de programación en video, en desacuerdo con la clasificación atribuida por el órgano competente:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia; en caso de reincidencia, la autoridad judicial podrá determinar el cierre del establecimiento por hasta quince días.
Art. 257. Incumplir obligación contenida en los arts. 78 y 79 de esta Ley:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia, duplicándose la pena en caso de reincidencia, sin perjuicio de la incautación de la revista o publicación.
Art. 258. Dejar el responsable del establecimiento o el empresario de observar lo que dispone esta Ley sobre el acceso de niño o adolescente a los locales de diversión, o sobre su participación en el espectáculo:
Pena - multa de tres a veinte salarios de referencia; en caso de reincidencia, la autoridad judicial podrá determinar el cierre del establecimiento por hasta quince días.
Art. 258-A. Dejar la autoridad competente de proveer la instalación y operacionalización de los registros previstos en el art. 50 y en el § 11 del art. 101 de esta Ley: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reales) a R$ 3.000,00 (tres mil reales). (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. Incurre en las mismas penas la autoridad que deja de efectuar el registro de niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados, de personas o parejas habilitadas para la adopción y de niños y adolescentes en régimen de acogimiento institucional o familiar. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 258-B. Dejar el médico, enfermero o dirigente de establecimiento de atención a la salud de gestante de efectuar inmediata remisión a la autoridad judicial del caso de que tenga conocimiento de madre o gestante interesada en entregar a su hijo en adopción: (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reales) a R$ 3.000,00 (tres mil reales). (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Párrafo único. Incurre en la misma pena el funcionario de programa oficial o comunitario destinado a la garantía del derecho a la convivencia familiar que deja de efectuar la comunicación referida en el caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
Art. 258-C. Incumplir la prohibición establecida en el inciso II del art. 81: (Redacción dada por la Ley nº 13.106, de 2015)
Pena - multa de R$ 3.000,00 (tres mil reales) a R$ 10.000,00 (diez mil reales); (Redacción dada por la Ley nº 13.106, de 2015)
Medida Administrativa - clausura del establecimiento comercial hasta el pago de la multa aplicada. (Redacción dada por la Ley nº 13.106, de 2015)

Disposiciones Finales y Transitorias

Art. 259. La Unión, en el plazo de noventa días contados desde la publicación de este Estatuto, elaborará un proyecto de ley que disponga sobre la creación o adaptación de sus órganos a las directrices de la política de atención fijadas en el art. 88 y a lo que establece el Título V del Libro II.
Párrafo único. Corresponde a los estados y municipios promover la adaptación de sus órganos y programas a las directrices y principios establecidos en esta Ley.
Art. 260. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán descontar de la renta bruta el 100% (cien por ciento) del valor de las donaciones hechas a los fondos controlados por los Consejos Municipales, Estatales y Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, observado lo siguiente:
I - límite del 10% (diez por ciento) de la renta bruta para la persona física;
II - límite del 5% (cinco por ciento) de la renta bruta para la persona jurídica.
Art. 260. Los contribuyentes podrán deducir del impuesto debido, en la declaración del Impuesto sobre la Renta, el total de las donaciones hechas a los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente - nacional, estatales o municipales - debidamente comprobadas, respetándose los límites establecidos en Decreto del Presidente de la República. (Redacción dada por la Ley nº 8.242, de 12.10.1991) (Véase)
Art. 260. Los contribuyentes podrán efectuar donaciones a los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, distrital, estatales o municipales, debidamente comprobadas, siendo estas íntegramente deducidas del impuesto sobre la renta, respetándose los siguientes límites: (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - 1% (uno por ciento) del impuesto sobre la renta debido, determinado por las personas jurídicas tributadas con base en el beneficio real; y (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
II - 6% (seis por ciento) del impuesto sobre la renta determinado por las personas físicas en la Declaración de Ajuste Anual, observado lo dispuesto en el art. 22 de la Ley nº 9.532, de 10 de diciembre de 1997. (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 1º - Las deducciones a que se refiere este artículo no están sujetas a otros límites establecidos en la legislación del impuesto sobre la renta, ni excluyen o reducen otros beneficios o descuentos y deducciones vigentes, de manera especial las donaciones a entidades de utilidad pública. (Revocado por la Ley nº 9.532, de 1997) (Producción de efectos)
§ 1º-A. Al definir las prioridades que serán atendidas con los recursos captados por los Fondos Nacional, Estatales y Municipales de los Derechos del Niño y del Adolescente, se considerarán las disposiciones del Plan Nacional de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes a la Convivencia Familiar, así como las reglas y principios relativos a la garantía del derecho a la convivencia familiar previstos en esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 1º-A. Al definir las prioridades que serán atendidas con los recursos captados por los fondos nacional, estatales y municipales de los derechos del niño y del adolescente, se considerarán las disposiciones del Plan Nacional de Promoción, Protección y Defensa del Derecho de Niños y Adolescentes a la Convivencia Familiar y Comunitaria y las del Plan Nacional por la Primera Infancia. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 2º Los Consejos Municipales, Estatales y Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente fijarán criterios de utilización, mediante planes de aplicación de las donaciones subsidiadas y demás ingresos, aplicando necesariamente un porcentaje para incentivo al acogimiento, bajo la forma de guarda, de niño o adolescente, huérfano o abandonado, en la forma dispuesta en el art. 227, § 3º, VI, de la Constitución Federal.
§ 2º Los consejos nacional, estatales y municipales de los derechos del niño y del adolescente fijarán criterios de utilización, por medio de planes de aplicación, de las dotaciones subsidiadas y demás ingresos, aplicando necesariamente un porcentaje para incentivo al acogimiento, bajo la forma de guarda, de niños y adolescentes y para programas de atención integral a la primera infancia en áreas de mayor carencia socioeconómica y en situaciones de calamidad. (Redacción dada por la Ley nº 13.257, de 2016)
§ 2º-A. El contribuyente podrá indicar el proyecto que recibirá la destinación de recursos, entre los proyectos aprobados por un consejo de los derechos del niño y del adolescente. (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
§ 2º-B. Los consejos podrán avalar proyectos o banco de proyectos, por medio de reglamentación propia, observadas las siguientes reglas: (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
I - el aval deberá entenderse como la autorización para la captación de recursos por medio de los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente con la finalidad de viabilizar la ejecución de los proyectos aprobados por los consejos; (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
II - los proyectos deberán garantizar los derechos fundamentales y humanos de los niños y de los adolescentes; (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
III - la captación de recursos por medio del Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente deberá ser realizada por la institución proponente para el financiamiento del respectivo proyecto; (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
IV - los recursos captados serán transferidos a la institución proponente mediante la formalización de un instrumento de transferencia de recursos, conforme a la legislación vigente; (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
V - los consejos deberán fijar un porcentaje de retención de los recursos captados, en cada aval, que será destinado al Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente; (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
VI - el tiempo de duración entre la aprobación del proyecto y la captación de los recursos deberá ser de 2 (dos) años y podrá ser prorrogado por igual período; (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
VII - el aval del proyecto no deberá obligar a su financiamiento por el Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente, en caso de que no se haya captado un valor suficiente. (Incluido por la Ley nº 14.692, de 2023)
§ 3º El Departamento de la Receita Federal, del Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación, reglamentará la comprobación de las donaciones hechas a los fondos, en los términos de este artículo. (Incluido por la Ley nº 8.242, de 12.10.1991)
§ 4º El Ministerio Público determinará en cada comarca la forma de fiscalización de la aplicación, por el Fondo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, de los incentivos fiscales referidos en este artículo. (Incluido por la Ley nº 8.242, de 12.10.1991)
§ 5º La destinación de recursos provenientes de los fondos mencionados en este artículo no exime a los Entes Federados de prever, en el presupuesto de los respectivos órganos encargados de la ejecución de las políticas públicas de asistencia social, educación y salud, los recursos necesarios para la implementación de las acciones, servicios y programas de atención a niños, adolescentes y familias, en respeto al principio de la prioridad absoluta establecido por el caput del art. 227 de la Constitución Federal y por el caput y el párrafo único del art. 4º de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.010, de 2009)
§ 5º Observado lo dispuesto en el § 4º del art. 3º de la Ley nº 9.249, de 26 de diciembre de 1995, la deducción de que trata el inciso I del caput: (Redacción dada por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - será considerada aisladamente, sin someterse a límite en conjunto con otras deducciones del impuesto; y (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
II - no podrá ser computada como gasto operativo en la determinación del beneficio real. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-A. A partir del ejercicio de 2010, año calendario de 2009, la persona física podrá optar por la donación de que trata el inciso II del caput del art. 260 directamente en su Declaración de Ajuste Anual. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 1º La donación de que trata el caput podrá ser deducida hasta los siguientes porcentajes aplicados sobre el impuesto determinado en la declaración: (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - (VETADO); (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
II - (VETADO); (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
III - 3% (tres por ciento) a partir del ejercicio de 2012. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 2º La deducción de que trata el caput: (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - está sujeta al límite del 6% (seis por ciento) del impuesto sobre la renta determinado en la declaración de que trata el inciso II del caput del art. 260; (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
II - no se aplica a la persona física que: (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
a) utilice el descuento simplificado; (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
b) presente la declaración en formulario; o (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
c) entregue la declaración fuera de plazo; (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
III - solo se aplica a las donaciones en efectivo; y (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
IV - no excluye ni reduce otros beneficios o deducciones vigentes. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 3º El pago de la donación debe efectuarse hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota o cuota única del impuesto, observadas las instrucciones específicas de la Secretaría de la Receita Federal do Brasil. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 4º El no pago de la donación en el plazo establecido en el § 3º implica el rechazo definitivo de esta parte de la deducción, quedando la persona física obligada a ingresar la diferencia del impuesto debido determinada en la Declaración de Ajuste Anual con los recargos legales previstos en la legislación. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 5º La persona física podrá deducir del impuesto determinado en la Declaración de Ajuste Anual las donaciones hechas, en el respectivo año calendario, a los fondos controlados por los Consejos de los Derechos del Niño y del Adolescente municipales, distrital, estatales y nacional, concomitantemente con la opción de que trata el caput, respetado el límite previsto en el inciso II del art. 260. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-B. La donación de que trata el inciso I del art. 260 podrá ser deducida: (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - del impuesto debido en el trimestre, para las personas jurídicas que determinan el impuesto trimestralmente; y (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
II - del impuesto debido mensualmente y en el ajuste anual, para las personas jurídicas que determinan el impuesto anualmente. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Párrafo único. La donación deberá efectuarse dentro del período al que se refiere la determinación del impuesto. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-C. Las donaciones de que trata el art. 260 de esta Ley pueden efectuarse en efectivo o en bienes. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Párrafo único. Las donaciones efectuadas en efectivo deben depositarse en cuenta específica, en institución financiera pública, vinculadas a los respectivos fondos de que trata el art. 260. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-D. Los órganos responsables de la administración de las cuentas de los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estatales, distrital y municipales deben emitir recibo a favor del donante, firmado por persona competente y por el presidente del Consejo correspondiente, especificando: (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
I - número de orden; (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
II - nombre, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) y domicilio del emisor; (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
III - nombre, CNPJ o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) del donante; (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
IV - fecha de la donación y valor efectivamente recibido; y (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
V - año calendario al que se refiere la donación. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 1º El comprobante de que trata el caput de este artículo puede ser emitido anualmente, siempre que discrimine los valores donados mes a mes. (Incluido por la Ley nº 12.594, de 2012) (Véase)
§ 2 o En el caso de donación en bienes, el comprobante debe contener la identificación de los bienes, mediante descripción en campo propio o en relación anexa al comprobante, informando también si hubo valoración, el nombre, CPF o CNPJ y la dirección de los valuadores. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-E. En la hipótesis de donación en bienes, el donante deberá: (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
I - comprobar la propiedad de los bienes, mediante documentación idónea; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
II - dar de baja los bienes donados en la declaración de bienes y derechos, cuando se trate de persona física, y en el registro contable, en el caso de persona jurídica; y (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
III - considerar como valor de los bienes donados: (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
a) para las personas físicas, el valor consignado en la última declaración del impuesto sobre la renta, siempre que no exceda el valor de mercado; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
b) para las personas jurídicas, el valor contable de los bienes. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Párrafo único. El precio obtenido en caso de subasta no será considerado en la determinación del valor de los bienes donados, salvo que la subasta sea determinada por autoridad judicial. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-F. Los documentos a que se refieren los arts. 260-D y 260-E deben ser conservados por el contribuyente por un plazo de 5 (cinco) años a efectos de comprobación de la deducción ante la Receita Federal do Brasil. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-G. Los órganos responsables de la administración de las cuentas de los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital y municipales deben: (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
I - mantener cuenta bancaria específica destinada exclusivamente a gestionar los recursos del Fondo; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
II - mantener control de las donaciones recibidas; y (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
III - informar anualmente a la Secretaría de la Receita Federal do Brasil las donaciones recibidas mes a mes, identificando los siguientes datos por donante: (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
a) nombre, CNPJ o CPF; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
b) valor donado, especificando si la donación fue en dinero o en bienes. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-H. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 260-G, la Secretaría de la Receita Federal do Brasil dará conocimiento del hecho al Ministerio Público. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-I. Los Consejos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital y municipales divulgarán ampliamente a la comunidad: (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-I. Los Consejos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital y municipales divulgarán ampliamente a la sociedad: (Redacción dada por la Ley 15.426, de 2026)
I - el calendario de sus reuniones; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
II - las acciones prioritarias para la aplicación de las políticas de atención al niño y al adolescente; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
III - los requisitos para la presentación de proyectos que serán beneficiados con recursos de los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital o municipales; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
IV - la relación de los proyectos aprobados en cada año calendario y el valor de los recursos previstos para la implementación de las acciones, por proyecto; (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
V - el total de los recursos recibidos y su respectivo destino, por proyecto atendido, inclusive con registro en la base de datos del Sistema de Información sobre la Infancia y la Adolescencia; y (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
VI - la evaluación de los resultados de los proyectos beneficiados con recursos de los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, estaduales, distrital y municipales. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Párrafo único. Las informaciones a que se refieren los incisos IV, V y VI del caput de este artículo deberán integrar un informe detallado sobre las actividades de cada Consejo, que deberá ser obligatoriamente presentado y divulgado, como mínimo, con periodicidad semestral. (Incluido por la Ley 15.426, de 2026)
Art. 260-J. El Ministerio Público determinará, en cada Comarca, la forma de fiscalización de la aplicación de los incentivos fiscales referidos en el art. 260 de esta Ley. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Párrafo único. El incumplimiento de lo dispuesto en los arts. 260-G y 260-I sujetará a los infractores a responder por acción judicial propuesta por el Ministerio Público, que podrá actuar de oficio, a requerimiento o representación de cualquier ciudadano. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-K. La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDH/PR) remitirá a la Secretaría de la Receita Federal do Brasil, hasta el 31 de octubre de cada año, un archivo electrónico que contenga la relación actualizada de los Fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente nacional, distrital, estaduales y municipales, con la indicación de los respectivos números de inscripción en el CNPJ y de las cuentas bancarias específicas mantenidas en instituciones financieras públicas, destinadas exclusivamente a gestionar los recursos de los Fondos. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 260-L. La Secretaría de la Receita Federal do Brasil expedirá las instrucciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en los arts. 260 a 260-K. (Incluido por la Ley 12.594, de 2012) (Véase)
Art. 261. En ausencia de los consejos municipales de los derechos del niño y del adolescente, los registros, inscripciones y modificaciones a que se refieren los arts. 90, párrafo único, y 91 de esta Ley serán efectuados ante la autoridad judicial de la comarca a la que pertenezca la entidad.
Párrafo único. Se autoriza a la Unión a transferir a los estados y municipios, y a los estados a los municipios, los recursos referentes a los programas y actividades previstos en esta Ley, tan pronto como hayan sido creados los consejos de los derechos del niño y del adolescente en sus respectivos niveles.
Art. 262. Mientras no se instalen los Consejos Tutelares, las atribuciones a ellos conferidas serán ejercidas por la autoridad judicial.
Art. 263. El Decreto-Ley 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
1) Art. 121............................................................
§ 4º En el homicidio culposo, la pena se aumenta en un tercio, si el delito resulta de la inobservancia de regla técnica de profesión, arte u oficio, o si el agente omite prestar inmediato socorro a la víctima, no procura disminuir las consecuencias de su acto, o huye para evitar la prisión en flagrancia. Siendo doloso el homicidio, la pena se aumenta en un tercio, si el delito es practicado contra persona menor de catorce años.
2) Art. 129...............................................................
§ 7º Se aumenta la pena en un tercio, si ocurre cualquiera de las hipótesis del art. 121, § 4º.
§ 8º Se aplica a la lesión culposa lo dispuesto en el § 5º del art. 121.
3) Art. 136.................................................................
§ 3º Se aumenta la pena en un tercio, si el delito es practicado contra persona menor de catorce años.
4) Art. 213..................................................................
Párrafo único. Si la ofendida es menor de catorce años:
Pena - reclusión de cuatro a diez años.
5) Art. 214...................................................................
Párrafo único. Si el ofendido es menor de catorce años:
Pena - reclusión de tres a nueve años.»
Art. 264. El art. 102 de la Ley 6.015, de 31 de diciembre de 1973, queda adicionado con el siguiente ítem:
"Art. 102....................................................................
6º) la pérdida y la suspensión de la patria potestad. "
Art. 265. La Imprensa Nacional y las demás imprentas de la Unión, de la administración directa o indirecta, inclusive las fundaciones instituidas y mantenidas por el poder público federal, promoverán una edición popular del texto íntegro de este Estatuto, que será puesta a disposición de las escuelas y de las entidades de atención y de defensa de los derechos del niño y del adolescente.
Art. 265-A. El poder público realizará periódicamente amplia divulgación de los derechos del niño y del adolescente en los medios de comunicación social. (Incluido por la Ley 13.257, de 2016)
Párrafo único. La divulgación a que se refiere el caput será difundida en lenguaje claro, comprensible y adecuado a niños y adolescentes, especialmente a los niños con edad inferior a 6 (seis) años. (Incluido por la Ley 13.257, de 2016)
Art. 266. Esta Ley entra en vigor noventa días después de su publicación.
Párrafo único. Durante el período de vacancia deberán ser promovidas actividades y campañas de divulgación y esclarecimiento acerca de lo dispuesto en esta Ley.
Art. 267. Se revocan las Leyes 4.513, de 1964, y 6.697, de 10 de octubre de 1979 (Código de Menores), y las demás disposiciones en contrario.
Brasilia, 13 de julio de 1990; 169º de la Independencia y 102º de la República.
FERNANDO COLLOR Bernardo Cabral Carlos Chiarelli Antônio Magri Margarida Procópio
Este texto no sustituye al publicado en el DOU 16.7.1990 y rectificado el 27.9.1990
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