Modifica la Ley 13.876, de 20 de septiembre de 2019, y la Ley 8.213, de 24 de julio de 1991, para disponer sobre el pago de honorarios periciales y sobre los requisitos de la demanda inicial en litigios y en medidas cautelares relativos a beneficios asistenciales y previsionales por incapacidad; y deroga una disposición de la Ley 8.620, de 5 de enero de 1993.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Esta Ley modifica la Ley 13.876, de 20 de septiembre de 2019, y la Ley 8.213, de 24 de julio de 1991, para disponer sobre el pago de honorarios periciales en acciones que discutan la concesión de beneficios asistenciales a la persona con discapacidad o de beneficios previsionales por incapacidad y sobre los requisitos de la demanda inicial en litigios y en medidas cautelares relativos a beneficios por incapacidad.
Art. 2º El art. 1º de la Ley 13.876, de 20 de septiembre de 2019, pasa a tener la siguiente redacción:
“Art. 1º La carga de los gastos relativos al pago de los honorarios periciales correspondientes a las pericias judiciales realizadas en acciones en que el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte y se discuta la concesión de beneficios asistenciales a la persona con discapacidad o beneficios previsionales derivados de incapacidad laboral correrá a cargo de la parte vencida, en los términos de la legislación procesal civil, en especial del § 3º del art. 98 de la Ley 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil).
...................................................................................................................................................
§ 3º (Derogado).
§ 4º El pago de los honorarios periciales se limita a 1 (una) pericia médica por proceso judicial y, excepcionalmente, si así lo determinan instancias superiores del Poder Judicial, podrá realizarse otra pericia.
§ 5º A partir de 2022, en las acciones a que se refiere el caput de este artículo, se invierte la carga del anticipo de la pericia, correspondiendo al demandado, cualquiera que sea el rito o procedimiento adoptado, anticipar el pago del valor estipulado para la realización de la pericia, salvo en el supuesto previsto en el § 6º de este artículo.
§ 6º Los autores de las acciones judiciales relacionadas con beneficios asistenciales a la persona con discapacidad o con beneficios previsionales derivados de incapacidad laboral previstas en el caput de este artículo que dispongan, de manera comprobada, de condiciones suficientes para sufragar los costos de anticipo de los gastos relativos a las pericias médicas judiciales deberán anticipar los costos de los gastos relativos al pago de los honorarios periciales.
§ 7º La carga del anticipo del pago de la pericia, en la forma del § 5º de este artículo, recaerá sobre el Poder Ejecutivo federal y se tramitará de la siguiente manera:
I – en las acciones de competencia de la Justicia Federal, incluidas las que se tramiten en la Justicia Estadual por delegación de competencia, las asignaciones presupuestarias para el pago de honorarios periciales serán descentralizadas por el órgano central del Sistema de Administración Financiera Federal al Consejo de la Justicia Federal, que se encargará de descentralizarlas a los Tribunales Regionales Federales, los cuales transferirán los valores a los peritos judiciales tras el cumplimiento de su múnus, independientemente del resultado o de la duración de la acción, quedando prohibida la destinación de esos recursos a otros fines;
II – en las acciones de accidente de trabajo, de competencia de la Justicia Estadual, los honorarios periciales serán anticipados por el INSS.” (NR)
Art. 3º La Ley 8.213, de 24 de julio de 1991, pasa a estar adicionada con los siguientes arts. 129-A y 135-A:
“Art. 129-A. Los litigios y las medidas cautelares relativos a los beneficios por incapacidad de que trata esta Ley, incluidos los relativos a accidentes de trabajo, observarán lo siguiente:
I – cuando el fundamento de la acción sea la discusión de un acto practicado por la pericia médica federal, la demanda inicial deberá contener, en complemento de los requisitos previstos en el art. 319 de la Ley 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil):
a) descripción clara de la enfermedad y de las limitaciones que ella impone;
b) indicación de la actividad para la cual el autor alega estar incapacitado;
c) posibles inconsistencias de la evaluación médico-pericial discutida; y
d) declaración sobre la existencia de acción judicial anterior con el objeto de que trata este artículo, aclarando los motivos por los cuales se entiende que no hay litispendencia o cosa juzgada, cuando corresponda;
II – para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 320 de la Ley 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Proceso Civil), la demanda inicial, cualquiera que sea el rito o procedimiento adoptado, deberá ser instruida por el autor con los siguientes documentos:
a) comprobante de denegación del beneficio o de su no prórroga, cuando corresponda, por parte de la administración pública;
b) comprobante de la ocurrencia del accidente de cualquier naturaleza o del accidente de trabajo, siempre que haya un accidente señalado como causa de la incapacidad;
c) documentación médica de que disponga relativa a la enfermedad alegada como causa de la incapacidad discutida en la vía administrativa.
§ 1º Cuando el juzgado determine la realización de examen médico-pericial por perito del juzgado, este deberá, en caso de divergencia con las conclusiones del dictamen administrativo, indicar en su dictamen de forma fundamentada las razones técnicas y científicas que respaldan la discrepancia, especialmente en lo que se refiere a la comprobación de la incapacidad, su fecha de inicio y su correlación con la actividad laboral del peritado.
§ 2º Cuando la conclusión del examen médico pericial realizado por perito designado por el juzgado mantenga el resultado de la decisión proferida por la pericia realizada en la vía administrativa, el juzgado podrá, tras oír a la parte autora, declarar improcedente la pretensión.
§ 3º Si la controversia versare sobre otros puntos además de lo que exige examen médico-pericial, observado lo dispuesto en el § 1º de este artículo, el juzgado dará curso al proceso, con la citación del demandado.”
“Art. 135-A. Para el asegurado afiliado a la Previsión Social hasta julio de 1994, en el cálculo del salario de beneficio de las jubilaciones, excepto la jubilación por incapacidad permanente, el divisor considerado en el cálculo del promedio de los salarios de cotización no podrá ser inferior a 108 (ciento ocho) meses.”
Art. 4º La aplicación de lo dispuesto en el art. 2º de esta Ley, que modifica el art. 1º de la Ley 13.876, de 20 de septiembre de 2019, queda condicionada a la expresa autorización física y financiera en la ley presupuestaria anual de los gastos derivados.
Art. 5º Las pericias realizadas entre el 20 de septiembre de 2021 y la fecha de publicación de esta Ley serán pagadas conforme a lo dispuesto en los §§ 5º y 7º del art. 1º de la Ley 13.876, de 20 de septiembre de 2019.
Art. 6º Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
I - § 2º del art. 8º de la Ley 8.620, de 5 de enero de 1993; y
II - § 3º del art. 1º de la Ley 13.876, de 20 de septiembre de 2019.
Art. 7º Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 4 de mayo de 2022; 201º de la Independencia y 134º de la República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
José Carlos Oliveira
*