Dispone sobre el cobro judicial de la Deuda Activa de la Hacienda Pública y establece otras providencias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º - La ejecución judicial para el cobro de la Deuda Activa de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Municipios y de sus respectivas autarquías se regirá por esta Ley y, de forma subsidiaria, por el Código de Proceso Civil.
Art. 2º - Constituye Deuda Activa de la Hacienda Pública aquella definida como tributaria o no tributaria en la Ley nº 4.320, de 17 de marzo de 1964, con sus modificaciones posteriores, que establece normas generales de derecho financiero para la elaboración y el control de los presupuestos y balances de la Unión, de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal.
§ 1º - Cualquier valor cuyo cobro sea atribuido por ley a las entidades a que se refiere el artículo 1º será considerado Deuda Activa de la Hacienda Pública.
§ 2º - La Deuda Activa de la Hacienda Pública, comprendiendo la tributaria y la no tributaria, abarca la actualización monetaria, los intereses y la multa de mora y los demás cargos previstos en ley o contrato.
§ 3º - La inscripción, que se constituye en el acto de control administrativo de la legalidad, será efectuada por el órgano competente para determinar la liquidez y certeza del crédito y suspenderá la prescripción, para todos los efectos de derecho, por 180 días, o hasta la distribución de la ejecución fiscal, si esta ocurriere antes de vencido dicho plazo.
§ 4º - La Deuda Activa de la Unión será determinada e inscrita en la Procuraduría de la Hacienda Nacional.
§ 5º - El Acta de Inscripción de Deuda Activa deberá contener:
I - el nombre del deudor, de los corresponsables y, siempre que se conozca, el domicilio o residencia de unos y otros;
II - el valor originario de la deuda, así como el término inicial y la forma de calcular los intereses de mora y demás cargos previstos en ley o contrato;
III - el origen, la naturaleza y el fundamento legal o contractual de la deuda;
IV - la indicación, en su caso, de que la deuda está sujeta a actualización monetaria, así como el respectivo fundamento legal y el término inicial para el cálculo;
V - la fecha y el número de la inscripción en el Registro de Deuda Activa; y
VI - el número del proceso administrativo o del auto de infracción, si en ellos estuviere determinado el valor de la deuda.
§ 6º - La Certificación de Deuda Activa contendrá los mismos elementos del Acta de Inscripción y será autenticada por la autoridad competente.
§ 7º - El Acta de Inscripción y la Certificación de Deuda Activa podrán ser preparadas y numeradas por procedimiento manual, mecánico o electrónico.
§ 8º - Hasta la decisión de primera instancia, la Certificación de Deuda Activa podrá ser enmendada o sustituida, asegurándose al ejecutado la devolución del plazo para la oposición.
§ 9º - El plazo para el cobro de las contribuciones previsionales continúa siendo el establecido en el artículo 144 de la Ley nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 3º - La Deuda Activa regularmente inscrita goza de la presunción de certeza y liquidez.
Párrafo único - La presunción a que se refiere este artículo es relativa y puede ser desvirtuada por prueba inequívoca, a cargo del ejecutado o de un tercero a quien aproveche.
Art. 4º - La ejecución fiscal podrá ser promovida contra:
I - el deudor;
II - el fiador;
III - la sucesión;
IV - la masa;
V - el responsable, en los términos de la ley, por deudas, tributarias o no, de personas físicas o personas jurídicas de derecho privado; y
VI - los sucesores a cualquier título.
§ 1º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, el síndico, el comisario, el liquidador, el albacea y el administrador, en los casos de quiebra, concordato, liquidación, inventario, insolvencia o concurso de acreedores, si, antes de garantizados los créditos de la Hacienda Pública, enajenaren o dieren en garantía cualquiera de los bienes administrados, responden solidariamente por el valor de esos bienes.
§ 2º - A la Deuda Activa de la Hacienda Pública, de cualquier naturaleza, se aplican las normas relativas a la responsabilidad previstas en la legislación tributaria, civil y comercial.
§ 3º - Los responsables, incluidas las personas indicadas en el § 1º de este artículo, podrán nombrar bienes libres y desembarazados del deudor, tantos cuantos basten para pagar la deuda. Los bienes de los responsables quedarán, sin embargo, sujetos a la ejecución si los del deudor fueren insuficientes para la satisfacción de la deuda.
§ 4º - A la Deuda Activa de la Hacienda Pública de naturaleza no tributaria se aplica lo dispuesto en los artículos 186 y 188 a 192 del Código Tributario Nacional.
Art. 5º - La competencia para tramitar y juzgar la ejecución de la Deuda Activa de la Hacienda Pública excluye la de cualquier otro Juzgado, incluido el de la quiebra, del concordato, de la liquidación, de la insolvencia o del inventario.
Art. 6º - La petición inicial indicará solamente:
I - el Juez a quien se dirige;
II - el pedido; y
III - la solicitud de citación.
§ 1º - La petición inicial será instruida con la Certificación de la Deuda Activa, que formará parte integrante de ella, como si estuviera transcrita.
§ 2º - La petición inicial y la Certificación de Deuda Activa podrán constituir un único documento, preparado incluso por procedimiento electrónico.
§ 3º - La producción de pruebas por la Hacienda Pública no depende de solicitud en la petición inicial.
§ 4º - El valor de la causa será el de la deuda que conste en la certificación, con los cargos legales.
Art. 7º - El despacho del Juez que admita la inicial implica orden para:
I - la citación, por las sucesivas modalidades previstas en el artículo 8º;
II - el embargo, si no se pagare la deuda ni se garantizare la ejecución, mediante depósito o fianza;
II - el embargo, si no se pagare la deuda ni se garantizare la ejecución, mediante depósito, fianza o seguro de garantía; (Redacción dada por la Ley nº 13.043, de 2014)
III - la retención, si el ejecutado no tuviere domicilio o se ocultare de él;
IV - el registro del embargo o de la retención, independientemente del pago de costas u otros gastos, observado lo dispuesto en el artículo 14; y
V - la tasación de los bienes embargados o retenidos.
Art. 8º - El ejecutado será citado para que, en el plazo de 5 (cinco) días, pague la deuda con los intereses y multa de mora y los cargos indicados en la Certificación de Deuda Activa, o garantice la ejecución, observadas las siguientes normas:
I - la citación se hará por correo, con acuse de recibo, si la Hacienda Pública no la solicitare por otra forma;
II - la citación por correo se considera hecha en la fecha de entrega de la carta en la dirección del ejecutado o, si se omitiere la fecha, en el acuse de recibo, 10 (diez) días después de la entrega de la carta a la agencia postal;
III - si el acuse de recibo no retornare en el plazo de 15 (quince) días desde la entrega de la carta a la agencia postal, la citación se hará por Oficial de Justicia o por edicto;
IV - el edicto de citación se fijará en la sede del Juzgado, se publicará una sola vez en el órgano oficial, gratuitamente, como trámite judicial, con el plazo de 30 (treinta) días, y contendrá únicamente la indicación del ejecutante, el nombre del deudor y de los corresponsables, la cantidad adeudada, la naturaleza de la deuda, la fecha y el número de la inscripción en el Registro de la Deuda Activa, el plazo y la dirección de la sede del Juzgado.
§ 1º - El ejecutado ausente del País será citado por edicto, con plazo de 60 (sesenta) días.
§ 2º - El despacho del Juez que ordene la citación interrumpe la prescripción.
Art. 9º - En garantía de la ejecución, por el valor de la deuda, intereses y multa de mora y cargos indicados en la Certificación de Deuda Activa, el ejecutado podrá:
I - efectuar depósito en dinero, a la orden del Juzgado, en establecimiento oficial de crédito que asegure la actualización monetaria;
II - ofrecer fianza bancaria;
II - ofrecer fianza bancaria o seguro de garantía; (Redacción dada por la Ley nº 13.043, de 2014)
III - nombrar bienes para el embargo, observado el orden del artículo 11; o
IV - indicar para el embargo bienes ofrecidos por terceros y aceptados por la Hacienda Pública.
§ 1º - El ejecutado solo podrá indicar, y el tercero ofrecer, un bien inmueble para el embargo con el consentimiento expreso del respectivo cónyuge.
§ 2º - Se agregará a los autos la prueba del depósito, de la fianza bancaria o del embargo de los bienes del ejecutado o de terceros.
§ 2o Se agregará a los autos la prueba del depósito, de la fianza bancaria, del seguro de garantía o del embargo de los bienes del ejecutado o de terceros. (Redacción dada por la Ley nº 13.043, de 2014)
§ 3º - La garantía de la ejecución, mediante depósito en dinero o fianza bancaria, produce los mismos efectos que el embargo.
§ 3o La garantía de la ejecución, mediante depósito en dinero, fianza bancaria o seguro de garantía, produce los mismos efectos que el embargo. (Redacción dada por la Ley nº 13.043, de 2014)
§ 4º - Solo el depósito en dinero, en la forma del artículo 32, hace cesar la responsabilidad por la actualización monetaria y los intereses de mora.
§ 5º - La fianza bancaria prevista en el inciso II obedecerá a las condiciones preestablecidas por el Consejo Monetario Nacional.
§ 6º - El ejecutado podrá pagar la parte de la deuda que juzgue incontrovertida y garantizar la ejecución del saldo deudor.
§ 7º Las garantías presentadas en la forma del inciso II del caput de este artículo solamente serán liquidadas, en todo o en parte, tras el tránsito en juzgado de la decisión de fondo en perjuicio del contribuyente, quedando prohibida su liquidación anticipada. (Incluido por la Ley nº 14.689, de 2023)
Art. 10 - No habiendo pago ni garantía de la ejecución de que trata el artículo 9º, el embargo podrá recaer sobre cualquier bien del ejecutado, excepto aquellos que la ley declare absolutamente inembargables.
Art. 11 - El embargo o la retención de bienes obedecerá al siguiente orden:
I - dinero;
II - títulos de la deuda pública, así como títulos de crédito que tengan cotización en bolsa;
III - piedras y metales preciosos;
IV - inmuebles;
V - navíos y aeronaves;
VI - vehículos;
VII - muebles o semovientes; y
VIII - derechos y acciones.
§ 1º - Excepcionalmente, el embargo podrá recaer sobre establecimiento comercial, industrial o agrícola, así como sobre plantaciones o edificios en construcción.
§ 2º - El embargo efectuado en dinero se convertirá en el depósito de que trata el inciso I del artículo 9º.
§ 3º - El Juez ordenará el traslado del bien embargado a depósito judicial, particular o de la Hacienda Pública ejecutante, siempre que esta lo solicitare, en cualquier fase del proceso.
Art. 12 - En la ejecución fiscal, la notificación del embargo al ejecutado se hará mediante publicación, en el órgano oficial, del acto de agregación del acta o del auto de embargo.
§ 1º - En las Comarcas del interior de los Estados, la notificación podrá hacerse mediante el envío de copia del acta o del auto de embargo, por correo, en la forma establecida en el artículo 8º, incisos I y II, para la citación.
§ 2º - Si el embargo recayere sobre un inmueble, se notificará al cónyuge, observadas las normas previstas para la citación.
§ 3º - La notificación del embargo se hará personalmente al ejecutado si, en la citación hecha por correo, el acuse de recibo no contuviere la firma del propio ejecutado o de su representante legal.
Art. 13 - 0 acta o auto de embargo contendrá también la tasación de los bienes embargados, efectuada por quien lo extienda.
§ 1º - Impugnada la tasación por el ejecutado o por la Hacienda Pública antes de publicado el edicto de subasta, el Juez, oída la otra parte, nombrará un tasador oficial para proceder a una nueva tasación de los bienes embargados.
§ 2º - Si no hubiere en la Comarca tasador oficial o este no pudiere presentar el informe de tasación en el plazo de 15 (quince) días, se nombrará a una persona o entidad habilitada a criterio del Juez.
§ 3º - Presentado el informe, el Juez decidirá de plano sobre la tasación.
Art. 14 - 0 Oficial de Justicia entregará contrafé y copia del acta o del auto de embargo o retención, con la orden de registro de que trata el artículo 7º, inciso IV:
I - en el Registro propio, si el bien fuere inmueble o equiparado a este;
II - en la oficina competente para la emisión del certificado de registro, si fuere un vehículo;
III - en la Junta Comercial, en la Bolsa de Valores y en la sociedad comercial, si se tratare de acciones, debentures, partes beneficiarias, cuotas o cualquier otro título, crédito o derecho societario nominativo.
Art. 15 - En cualquier fase del proceso, el Juez concederá:
I - al ejecutado, la sustitución del embargo por depósito en dinero o fianza bancaria; y
I - al ejecutado, la sustitución del embargo por depósito en dinero, fianza bancaria o seguro de garantía; y (Redacción dada por la Ley 13.043, de 2014)
II - a la Hacienda Pública, la sustitución de los bienes embargados por otros, independientemente del orden enumerado en el artículo 11, así como el refuerzo del embargo insuficiente.
Art. 16 - El ejecutado opondrá excepciones de oposición (embargos), en el plazo de 30 (treinta) días, contados:
I - del depósito;
II - de la incorporación de la prueba de la fianza bancaria;
II - de la incorporación de la prueba de la fianza bancaria o del seguro de garantía; (Redacción dada por la Ley 13.043, de 2014)
III - de la notificación del embargo.
§ 1º - No son admisibles las oposiciones del ejecutado antes de que se garantice la ejecución.
§ 2º - En el plazo de las oposiciones, el ejecutado deberá alegar toda la materia útil para la defensa, solicitar pruebas y adjuntar a los autos los documentos y la lista de testigos, hasta tres, o, a criterio del juez, hasta el doble de ese límite.
§ 3º - No se admitirá reconvención ni compensación, y las excepciones, salvo las de recusación, incompetencia e impedimentos, serán planteadas como cuestión preliminar y serán tramitadas y juzgadas junto con las oposiciones.
Art. 17 - Recibidas las oposiciones, el Juez mandará notificar a la Hacienda, para que las impugne en el plazo de 30 (treinta) días, y fijará a continuación audiencia de instrucción y juzgamiento.
Parágrafo único - No se realizará audiencia si las oposiciones versaren sobre materia de derecho, o, siendo de derecho y de hecho, la prueba fuere exclusivamente documental, en cuyo caso el Juez dictará sentencia en el plazo de 30 (treinta) días.
Art. 18 - En caso de que no se opongan excepciones de oposición, la Hacienda Pública se manifestará sobre la garantía de la ejecución.
Art. 19 - Si la ejecución no fuere objeto de oposición o si las oposiciones fueren rechazadas, en el caso de garantía prestada por un tercero, este será notificado, bajo pena de que la ejecución prosiga contra él en los mismos autos, para que, en el plazo de 15 (quince) días:
I - redima el bien, si la garantía fuere real; o
II - pague el valor de la deuda, los intereses y la multa de mora y demás cargos, indicados en la Certificación de Deuda Activa, por los cuales se obligó, si la garantía fuere fidejusoria.
Art. 20 - En la ejecución por carta, las oposiciones del ejecutado se presentarán ante el Juzgado exhortado, que las remitirá al Juzgado exhortante, para su instrucción y juzgamiento.
Parágrafo único - Cuando las oposiciones tuvieren por objeto vicios o irregularidades de actos del propio Juzgado exhortado, a este le corresponderá únicamente el juzgamiento de esa materia.
Art. 21 - En la hipótesis de enajenación anticipada de los bienes embargados, el producto será depositado en garantía de la ejecución, en los términos previstos en el artículo 9º, inciso I.
Art. 22 - El remate será precedido de edicto, fijado en el lugar de costumbre, en la sede del Juzgado, y publicado en resumen, una sola vez, gratuitamente, como expediente judicial, en el órgano oficial.
§ 1º - El plazo entre las fechas de publicación del edicto y de la subasta no podrá ser superior a 30 (treinta) ni inferior a 10 (diez) días.
§ 2º - El representante judicial de la Hacienda Pública será notificado personalmente de la realización de la subasta, con la antelación prevista en el párrafo anterior.
Art. 23 - La enajenación de cualesquiera bienes embargados se hará en subasta pública, en el lugar designado por el Juez.
§ 1º - La Hacienda Pública y el ejecutado podrán solicitar que los bienes sean subastados en conjunto o en los lotes que indiquen.
§ 2º - Corresponde al adjudicatario del remate el pago de la comisión del subastador y de los demás gastos indicados en el edicto.
Art. 24 - La Hacienda Pública podrá adjudicarse los bienes embargados:
I - antes de la subasta, por el precio de la tasación, si la ejecución no fuere objeto de oposición o si las oposiciones fueren rechazadas;
II - concluida la subasta:
a) si no hubiere postor, por el precio de la tasación;
b) habiendo postores, con preferencia, en igualdad de condiciones con la mejor oferta, en el plazo de 30 (treinta) días.
Parágrafo único - Si el precio de la tasación o el valor de la mejor oferta fuere superior al de los créditos de la Hacienda Pública, la adjudicación solo será concedida por el Juez si la diferencia fuere depositada por la ejecutante, a la orden del Juzgado, en el plazo de 30 (treinta) días.
Art. 25 - En la ejecución fiscal, cualquier notificación al representante judicial de la Hacienda Pública se hará personalmente.
Parágrafo único - La notificación a que se refiere este artículo podrá hacerse mediante vista de los autos, con remisión inmediata al representante judicial de la Hacienda Pública, por la secretaría o la oficina judicial.
Art. 26 - Si, antes de la decisión de primera instancia, la inscripción de Deuda Activa fuere cancelada, a cualquier título, la ejecución fiscal se extinguirá, sin ninguna carga para las partes.
Art. 27 - Las publicaciones de actos procesales podrán hacerse en forma resumida o reunir en un solo texto los de diferentes procesos.
Parágrafo único - Las publicaciones harán siempre referencia al número del proceso ante el respectivo Juzgado y al número de la correspondiente inscripción de Deuda Activa, así como al nombre de las partes y de sus abogados, en forma suficiente para su identificación.
Art. 28 - El Juez, a solicitud de las partes, podrá, por conveniencia de la unidad de la garantía de la ejecución, ordenar la acumulación de procesos contra el mismo deudor.
Parágrafo único - En la hipótesis de este artículo, los procesos serán redistribuidos al Juzgado de la primera distribución.
Art. 29 - El cobro judicial de la Deuda Activa de la Hacienda Pública no está sujeto a concurso de acreedores ni a habilitación en quiebra, concordato, liquidación, inventario o relación de bienes. (Vide ADPF 357)
Parágrafo único - El concurso de preferencia solo se verifica entre personas jurídicas de derecho público, en el siguiente orden: (Vide ADPF 357)
I - la Unión y sus autarquías; (Vide ADPF 357)
II - los Estados, el Distrito Federal y los Territorios y sus autarquías, conjuntamente y pro rata; (Vide ADPF 357)
III - los Municipios y sus autarquías, conjuntamente y pro rata. (Vide ADPF 357)
Art. 30 - Sin perjuicio de los privilegios especiales sobre determinados bienes que estén previstos en ley, responde por el pago de la Deuda Activa de la Hacienda Pública la totalidad de los bienes y de las rentas, de cualquier origen o naturaleza, del sujeto pasivo, de su sucesión o de su masa, incluso los gravados con carga real o cláusula de inalienabilidad o inembargabilidad, cualquiera que sea la fecha de constitución de la carga o de la cláusula, exceptuados únicamente los bienes y rentas que la ley declara absolutamente inembargables.
Art. 31 - En los procesos de quiebra, concordato, liquidación, inventario, relación de bienes o concurso de acreedores, ninguna enajenación será autorizada judicialmente sin la prueba de pago de la Deuda Activa o la conformidad de la Hacienda Pública.
Art. 32 - Los depósitos judiciales en dinero se efectuarán obligatoriamente:
I - en la Caixa Econômica Federal, de acuerdo con el Decreto-ley 1.737, de 20 de diciembre de 1979, cuando estén relacionados con la ejecución fiscal promovida por la Unión o sus autarquías;
II - en la Caixa Econômica o en el banco oficial de la unidad federativa o, en su defecto, en la Caixa Econômica Federal, cuando estén relacionados con ejecución fiscal promovida por el Estado, el Distrito Federal, los Municipios y sus autarquías.
§ 1º - Los depósitos a que se refiere este artículo están sujetos a actualización monetaria, según los índices establecidos para los débitos tributarios federales.
§ 2º - Tras el tránsito en juzgado de la decisión, el depósito, monetariamente actualizado, será devuelto al depositante o entregado a la Hacienda Pública, mediante orden del Juzgado competente.
Art. 33 - El Juzgado, por oficio, comunicará a la oficina competente de la Hacienda Pública, para fines de anotación en el Registro de la Deuda Activa, la decisión final, pasada en autoridad de cosa juzgada, que declare improcedente la ejecución, total o parcialmente.
Art. 34 - De las sentencias de primera instancia dictadas en ejecuciones de valor igual o inferior a 50 (cincuenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, solo se admitirán embargos infringentes y de declaración.
§ 1º - A los efectos de este artículo se considerará el valor de la deuda monetariamente actualizado y acrecido de multa e intereses de mora y de los demás cargos legales, en la fecha de la distribución.
§ 2º - Los embargos infringentes, acompañados o no de documentos nuevos, serán deducidos, en el plazo de 10 (diez) días, ante el mismo Juzgado, en escrito fundamentado.
§ 3º - Oído el embargado, en el plazo de 10 (diez) días, los autos serán remitidos al Juez, quien, dentro de 20 (veinte) días, los rechazará o reformará la sentencia.
Art. 35 - En los procesos regulados por esta Ley, podrá dispensarse la audiencia del revisor en el juzgamiento de las apelaciones.
Art. 36 - Compete a la Hacienda Pública dictar normas sobre el pago de la Deuda Activa respectiva, en juicio o fuera de él, y aprobar, inclusive, los modelos de documentos de recaudación.
Art. 37 - El Auxiliar de Justicia que, por acción u omisión, culposa o dolosa, perjudique la ejecución, será responsabilizado civil, penal y administrativamente.
Parágrafo único - El Oficial de Justicia deberá efectuar, en 10 (diez) días, las diligencias que se le ordenen, salvo motivo de fuerza mayor debidamente justificado ante el Juzgado.
Art. 38 - La discusión judicial de la Deuda Activa de la Hacienda Pública solo es admisible en la ejecución, en la forma de esta Ley, salvo en las hipótesis de mandamiento de seguridad, acción de repetición de lo indebido o acción anulatoria del acto declarativo de la deuda, esta última precedida del depósito preparatorio del valor del débito, monetariamente corregido y acrecido de los intereses y multa de mora y demás cargos.
Parágrafo único - La interposición, por el contribuyente, de la acción prevista en este artículo implica renuncia al derecho de recurrir en la esfera administrativa y desistimiento del recurso eventualmente interpuesto.
Art. 39 - La Hacienda Pública no está sujeta al pago de costas y emolumentos. La práctica de los actos judiciales de su interés no dependerá de preparo ni de depósito previo.
Parágrafo único - Si resultare vencida, la Hacienda Pública resarcirá el valor de los gastos efectuados por la parte contraria.
Art. 40 - El Juez suspenderá el curso de la ejecución mientras no sea localizado el deudor o no se encuentren bienes sobre los cuales pueda recaer el embargo, y, en esos casos, no correrá el plazo de prescripción.
§ 1º - Suspendido el curso de la ejecución, se abrirá vista de los autos al representante judicial de la Hacienda Pública.
§ 2º - Transcurrido el plazo máximo de 1 (un) año sin que se localice al deudor o se encuentren bienes embargables, el Juez ordenará el archivo de los autos.
§ 3º - Si se encontraren, en cualquier momento, el deudor o los bienes, los autos serán desarchivados para la prosecución de la ejecución.
§ 4o Si de la decisión que ordenare el archivo hubiere transcurrido el plazo prescriptivo, el juez, previa audiencia de la Hacienda Pública, podrá, de oficio, reconocer la prescripción intercurrente y decretarla de inmediato. (Incluido por la Ley 11.051, de 2004)
§ 5o La manifestación previa de la Hacienda Pública prevista en el § 4o de este artículo será dispensada en el caso de cobros judiciales cuyo valor sea inferior al mínimo fijado por acto del Ministro de Estado de Hacienda. (Incluido por la Ley 11.960, de 2009)
Art. 41 - El proceso administrativo correspondiente a la inscripción de Deuda Activa, a la ejecución fiscal o a la acción propuesta contra la Hacienda Pública se mantendrá en la oficina competente, de donde se extraerán las copias autenticadas o certificaciones que sean solicitadas por las partes o requeridas por el Juez o por el Ministerio Público.
Parágrafo único - Mediante requerimiento del Juez a la oficina competente, con día y hora previamente señalados, el proceso administrativo podrá ser exhibido en la sede del Juzgado, por el funcionario designado para ese fin, y el serventuario levantará acta de lo ocurrido, con indicación, en su caso, de las piezas que deban ser trasladadas.
Art. 42 - Revocadas las disposiciones en contrario, esta Ley entrará en vigor 90 (noventa) días después de la fecha de su publicación.
Brasília, 22 de septiembre de 1980; 159º de la Independencia y 92º de la República.
JOÃO FIGUEIREDO Ibrahim Abi-Ackel Ernane Galvêas Hélio Beltrão
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 24.9.1980
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