Ley de Licitaciones de 1993 (derogada por la Ley 14.133/21)

Lei 8.666/93 Lei nº 8.666, de 1993 Administrativo
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Mensaje de veto(Véase Decreto nº 99.658, de 1990)(Véase Decreto nº 1.054, de 1994)(Véase Decreto nº 7.174, de 2010)(Véase Medida Provisoria nº 544, de 2011) (Véase Ley nº 12.598, de 2012) (Véase Ley nº 13.800, de 2019)
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Reglamenta el art. 37, inciso XXI, de la Constitución Federal, instituye normas para licitaciones y contratos de la Administración Pública y dicta otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

Capítulo I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Sección I De los Principios

Art. 1o Esta Ley establece normas generales sobre licitaciones y contratos administrativos pertinentes a obras, servicios, incluso de publicidad, compras, enajenaciones y arrendamientos en el ámbito de los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.
Párrafo único. Se subordinan al régimen de esta Ley, además de los órganos de la administración directa, los fondos especiales, las autarquías, las fundaciones públicas, las empresas públicas, las sociedades de economía mixta y demás entidades controladas directa o indirectamente por la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.
Art. 2o Las obras, servicios, incluso de publicidad, compras, enajenaciones, concesiones, permisos y arrendamientos de la Administración Pública, cuando sean contratados con terceros, serán necesariamente precedidos de licitación, salvo las hipótesis previstas en esta Ley.
Párrafo único. Para los fines de esta Ley, se considera contrato todo y cualquier pacto entre órganos o entidades de la Administración Pública y particulares, en que haya un acuerdo de voluntades para la formación de vínculo y la estipulación de obligaciones recíprocas, sea cual fuere la denominación utilizada.
Art. 3o La licitación se destina a garantizar la observancia del principio constitucional de isonomía y a seleccionar la propuesta más ventajosa para la Administración y será tramitada y juzgada en estricta conformidad con los principios básicos de legalidad, impersonalidad, moralidad, igualdad, publicidad, probidad administrativa, vinculación al instrumento de convocatoria, juzgamiento objetivo y los que les son correlativos.
Art. 3o La licitación se destina a garantizar la observancia del principio constitucional de isonomía, la selección de la propuesta más ventajosa para la administración y la promoción del desarrollo nacional, y será tramitada y juzgada en estricta conformidad con los principios básicos de legalidad, impersonalidad, moralidad, igualdad, publicidad, probidad administrativa, vinculación al instrumento de convocatoria, juzgamiento objetivo y los que les son correlativos.(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
Art. 3o La licitación se destina a garantizar la observancia del principio constitucional de isonomía, la selección de la propuesta más ventajosa para la administración y la promoción del desarrollo nacional sostenible y será tramitada y juzgada en estricta conformidad con los principios básicos de legalidad, impersonalidad, moralidad, igualdad, publicidad, probidad administrativa, vinculación al instrumento de convocatoria, juzgamiento objetivo y los que les son correlativos. (Redacción dada por la Ley nº 12.349, de 2010) (Reglamento)
§ 1o Se prohíbe a los agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir o tolerar, en los actos de convocatoria, cláusulas o condiciones que comprometan, restrinjan o frustren su carácter competitivo y establezcan preferencias o distinciones en razón del lugar de origen, de la sede o domicilio de los licitantes o de cualquier otra circunstancia impertinente o irrelevante para el objeto específico del contrato;
I - admitir, prever, incluir o tolerar, en los actos de convocatoria, cláusulas o condiciones que comprometan, restrinjan o frustren su carácter competitivo y establezcan preferencias o distinciones en razón del lugar de origen, de la sede o domicilio de los licitantes o de cualquier otra circunstancia impertinente o irrelevante para el objeto específico del contrato, salvo lo dispuesto en los §§ 5o a 12 de este artículo y en el art. 3º de la Ley nº 8.248, de 23 de octubre de 1991.(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
I - admitir, prever, incluir o tolerar, en los actos de convocatoria, cláusulas o condiciones que comprometan, restrinjan o frustren su carácter competitivo, incluso en los casos de sociedades cooperativas, y establezcan preferencias o distinciones en razón del lugar de origen, de la sede o domicilio de los licitantes o de cualquier otra circunstancia impertinente o irrelevante para el objeto específico del contrato, salvo lo dispuesto en los §§ 5o a 12 de este artículo y en el art. 3o de la Ley nº 8.248, de 23 de octubre de 1991; (Redacción dada por la Ley nº 12.349, de 2010)
II - establecer tratamiento diferenciado de naturaleza comercial, legal, laboral, previsional o de cualquier otra, entre empresas brasileñas y extranjeras, incluso en lo que se refiere a moneda, modalidad y lugar de pagos, aun cuando estén involucrados financiamientos de agencias internacionales, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente y en el art. 3o de la Ley nº 8.248, de 23 de octubre de 1991.
§ 2o En igualdad de condiciones, como criterio de desempate, se asegurará preferencia, sucesivamente, a los bienes y servicios:
I - producidos o prestados por empresas brasileñas de capital nacional; (Derogado por la Ley nº 12.349, de 2010)
II - producidos en el País;
III - producidos o prestados por empresas brasileñas.
I - producidos en el País;(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
II - producidos o prestados por empresas brasileñas; y(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
III - producidos o prestados por empresas que inviertan en investigación y en el desarrollo de tecnología en el País.(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
IV - producidos o prestados por empresas que inviertan en investigación y en el desarrollo de tecnología en el País. (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
V - producidos o prestados por empresas que comprueben el cumplimiento de la reserva de cargos prevista en ley para persona con discapacidad o para rehabilitado de la Previsión Social y que cumplan las reglas de accesibilidad previstas en la legislación. (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
§ 3o La licitación no será secreta, siendo públicos y accesibles al público los actos de su procedimiento, salvo en cuanto al contenido de las propuestas, hasta la respectiva apertura.
§ 4º (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 5o En los procesos de licitación previstos en el caput, podrá establecerse margen de preferencia para productos manufacturados y servicios nacionales que cumplan normas técnicas brasileñas.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 5o En los procesos de licitación previstos en el caput, podrá ser establecido margen de preferencia para productos manufacturados y para servicios nacionales que cumplan normas técnicas brasileñas. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 5o En los procesos de licitación, podrá establecerse margen de preferencia para: (Redacción dada por la Ley nº 13.146, de 2015)
I - productos manufacturados y para servicios nacionales que cumplan normas técnicas brasileñas; y (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
II - bienes y servicios producidos o prestados por empresas que comprueben el cumplimiento de la reserva de cargos prevista en ley para persona con discapacidad o para rehabilitado de la Previsión Social y que cumplan las reglas de accesibilidad previstas en la legislación. (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
§ 6o El margen de preferencia por producto, servicio, grupo de productos o grupo de servicios, a que se refiere el § 5o, será definido por el Poder Ejecutivo Federal, limitado hasta veinticinco por ciento por encima del precio de los productos manufacturados y servicios extranjeros.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 6o El margen de preferencia de que trata el § 5o se establecerá con base en estudios revisados periódicamente, en plazo no superior a 5 (cinco) años, que tomen en consideración: (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)(Véase Decreto nº 7.709, de 2012)(Véase Decreto nº 7.713, de 2012)(Véase Decreto nº 7.756, de 2012)
I - generación de empleo e ingresos; (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
II - efecto en la recaudación de tributos federales, estatales y municipales; (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
III - desarrollo e innovación tecnológica realizados en el País; (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
IV - costo adicional de los productos y servicios; y (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
V - en sus revisiones, análisis retrospectivo de resultados. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
§ 7o El margen de preferencia de que trata el § 6o se establecerá con base en estudios que tomen en consideración:(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
I - generación de empleo e ingresos;(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
II - efecto en la recaudación de tributos federales, estatales y municipales; y(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
III - desarrollo e innovación tecnológica realizados en el País.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 7o Para los productos manufacturados y servicios nacionales resultantes de desarrollo e innovación tecnológica realizados en el País, podrá ser establecido margen de preferencia adicional al previsto en el § 5o. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 8o Respetado el límite establecido en el § 6o, podrá establecerse margen de preferencia adicional para los productos manufacturados y para los servicios nacionales resultantes de desarrollo e innovación tecnológica realizados en el País.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 8o Los márgenes de preferencia por producto, servicio, grupo de productos o grupo de servicios, a que se refieren los §§ 5o y 7o, serán definidos por el Poder Ejecutivo federal, no pudiendo la suma de ellos sobrepasar el monto de 25% (veinticinco por ciento) sobre el precio de los productos manufacturados y servicios extranjeros. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 9o Las disposiciones contenidas en los §§ 5o, 6o y 8o de este artículo no se aplican cuando no haya producción suficiente de bienes manufacturados o capacidad de prestación de los servicios en el País.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 9o Las disposiciones contenidas en los §§ 5o y 7o de este artículo no se aplican a los bienes y a los servicios cuya capacidad de producción o prestación en el País sea inferior: (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
I - a la cantidad que se vaya a adquirir o contratar; o (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
II - al cuantitativo fijado con fundamento en el § 7o del art. 23 de esta Ley, cuando sea el caso. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
§ 10. El margen de preferencia a que se refiere el § 6o se extenderá a los bienes y servicios originarios de los Estados Partes del Mercado Común del Sur - Mercosur, tras la ratificación del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, celebrado el 20 de julio de 2006, y podrá extenderse, total o parcialmente, a los bienes y servicios originarios de otros países, con los cuales Brasil llegue a firmar acuerdos sobre compras gubernamentales.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 10. El margen de preferencia a que se refiere el § 5o podrá extenderse, total o parcialmente, a los bienes y servicios originarios de los Estados Partes del Mercado Común del Sur - Mercosur. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 11. Los pliegos de licitación para la contratación de bienes, servicios y obras podrán exigir que el contratado promueva, en favor de la administración pública o de aquellos por ella indicados, medidas de compensación comercial, industrial, tecnológica o acceso a condiciones ventajosas de financiamiento, acumulativamente o no, en la forma establecida por el Poder Ejecutivo Federal.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 11. Los pliegos de licitación para la contratación de bienes, servicios y obras podrán, mediante justificación previa de la autoridad competente, exigir que el contratado promueva, en favor de un órgano o entidad integrante de la administración pública o de aquellos indicados por esta a partir de un proceso isonómico, medidas de compensación comercial, industrial o tecnológica, o acceso a condiciones ventajosas de financiamiento, acumulativamente o no, en la forma establecida por el Poder Ejecutivo federal. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 12. En las contrataciones destinadas a la implantación, el mantenimiento y el perfeccionamiento de los sistemas de tecnología de información y comunicación, considerados estratégicos por acto del Poder Ejecutivo Federal, la licitación podrá restringirse a bienes y servicios con tecnología desarrollada en el País y producidos de acuerdo con el proceso productivo básico a que se refiere la Ley nº 10.176, de 11 de enero de 2001.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
§ 12. En las contrataciones destinadas a la implantación, el mantenimiento y el perfeccionamiento de los sistemas de tecnología de información y comunicación, considerados estratégicos por acto del Poder Ejecutivo federal, la licitación podrá restringirse a bienes y servicios con tecnología desarrollada en el País y producidos de acuerdo con el proceso productivo básico a que se refiere la Ley nº 10.176, de 11 de enero de 2001. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)(Véase Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 13. Se divulgará en internet, en cada ejercicio financiero, la relación de empresas favorecidas en virtud de lo dispuesto en los §§ 5º, 7º, 10, 11 y 12 de este artículo, con indicación del volumen de recursos destinados a cada una de ellas. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
§ 14. Las preferencias definidas en este artículo y en las demás normas de licitación y contratos deben privilegiar el tratamiento diferenciado y favorecido a las microempresas y empresas de pequeño porte en la forma de la ley. (Incluido por la Ley Complementaria nº 147, de 2014)
§ 15. Las preferencias dispuestas en este artículo prevalecen sobre las demás preferencias previstas en la legislación cuando estas se apliquen sobre productos o servicios extranjeros. (Incluido por la Ley Complementaria nº 147, de 2014)
Art. 4º Todos cuantos participen en una licitación promovida por los órganos o entidades a que se refiere el art. 1º tienen derecho público subjetivo a la fiel observancia del procedimiento pertinente establecido en esta ley, pudiendo cualquier ciudadano acompañar su desarrollo, siempre que no interfiera de modo que perturbe o impida la realización de los trabajos.
Párrafo único. El procedimiento licitatorio previsto en esta ley caracteriza un acto administrativo formal, sea cual sea la esfera de la Administración Pública en que se practique.
Art. 5º Todos los valores, precios y costos utilizados en las licitaciones tendrán como expresión monetaria la moneda corriente nacional, salvo lo dispuesto en el art. 42 de esta Ley, debiendo cada unidad de la Administración, en el pago de las obligaciones relativas al suministro de bienes, arrendamientos, ejecución de obras y prestación de servicios, obedecer, para cada fuente diferenciada de recursos, el estricto orden cronológico de las fechas de su exigibilidad, salvo cuando concurran razones relevantes de interés público y mediante justificación previa de la autoridad competente, debidamente publicada.
§ 1º Los créditos a que se refiere este artículo tendrán sus valores actualizados según criterios previstos en el acto convocatorio y que preserven su valor.
§ 2º La actualización a que se refiere el párrafo anterior correrá a cargo de las mismas asignaciones presupuestarias que atendieron los créditos a que se refiere.
§ 2º La actualización a que se refiere el párrafo anterior, cuyo pago se efectuará junto con el principal, correrá a cargo de las mismas asignaciones presupuestarias que atendieron los créditos a que se refiere. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3º Observado lo dispuesto en el caput, los pagos derivados de gastos cuyos valores no superen el límite a que se refiere el inciso II del art. 24, sin perjuicio de lo dispuesto en su párrafo único, deberán efectuarse en el plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles, contados desde la presentación de la factura. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
Art. 5º-A. Las normas de licitaciones y contratos deben privilegiar el tratamiento diferenciado y favorecido a las microempresas y empresas de pequeño porte en la forma de la ley. (Incluido por la Ley Complementaria nº 147, de 2014)

Sección II De las Definiciones

Art. 6º Para los fines de esta Ley, se considera:
I - Obra - toda construcción, reforma, fabricación, recuperación o ampliación, realizada por ejecución directa o indirecta;
II - Servicio - toda actividad destinada a obtener determinada utilidad de interés para la Administración, tales como: demolición, reparación, instalación, montaje, operación, conservación, restauración, adaptación, mantenimiento, transporte, arrendamiento de bienes, publicidad, seguro o trabajos técnico-profesionales;
III - Compra - toda adquisición remunerada de bienes para su suministro de una sola vez o de forma fraccionada;
IV - Enajenación - toda transferencia de dominio de bienes a terceros;
V - Obras, servicios y compras de gran envergadura - aquellas cuyo valor estimado sea superior a 25 (veinticinco) veces el límite establecido en la letra "c" del inciso I del art. 23 de esta Ley;
VI - Seguro de Garantía - el seguro que garantiza el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas en licitaciones y contratos;
VII - Ejecución directa - la que realizan los órganos y entidades de la Administración, por sus propios medios;
VIII - Ejecución indirecta - la que el órgano o entidad contrata con terceros, bajo cualquiera de las siguientes modalidades:
VIII - Ejecución indirecta - la que el órgano o entidad contrata con terceros bajo cualquiera de los siguientes regímenes: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
a) contrata por precio global - cuando se contrata la ejecución de la obra o del servicio por un precio cierto y total;
b) contrata por precio unitario - cuando se contrata la ejecución de la obra o del servicio por un precio cierto de unidades determinadas;
c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
d) tarea - cuando se concierta mano de obra para trabajos pequeños por un precio cierto, con o sin suministro de materiales;
e) contrata integral - cuando se contrata un emprendimiento en su integralidad, comprendiendo todas las etapas de las obras, servicios e instalaciones necesarias, bajo la entera responsabilidad del contratado hasta su entrega al contratante en condiciones de entrar en operación, cumplidos los requisitos técnicos y legales para su utilización en condiciones de seguridad estructural y operacional y con las características adecuadas a las finalidades para las que fue contratada;
IX - Proyecto Básico - conjunto de elementos necesarios y suficientes, con un nivel de precisión adecuado, para caracterizar la obra o servicio, o el complejo de obras o servicios objeto de la licitación, elaborado con base en las indicaciones de los estudios técnicos preliminares, que aseguren la viabilidad técnica y el adecuado tratamiento del impacto ambiental del emprendimiento, y que posibilite la evaluación del costo de la obra y la definición de los métodos y del plazo de ejecución, debiendo contener los siguientes elementos:
a) desarrollo de la solución escogida de modo que proporcione una visión global de la obra e identifique con claridad todos sus elementos constitutivos;
b) soluciones técnicas globales y localizadas, suficientemente detalladas, de modo que se minimice la necesidad de reformulación o de variantes durante las fases de elaboración del proyecto ejecutivo y de realización de las obras y montaje;
c) identificación de los tipos de servicios que se han de ejecutar y de los materiales y equipos que se han de incorporar a la obra, así como sus especificaciones que aseguren los mejores resultados para el emprendimiento, sin frustrar el carácter competitivo para su ejecución;
d) informaciones que posibiliten el estudio y la deducción de métodos constructivos, instalaciones provisionales y condiciones organizacionales para la obra, sin frustrar el carácter competitivo para su ejecución;
e) subsidios para el montaje del plan de licitación y gestión de la obra, comprendiendo su programación, la estrategia de suministros, las normas de fiscalización y otros datos necesarios en cada caso;
f) presupuesto detallado del costo global de la obra, fundamentado en cuantitativos de servicios y suministros debidamente evaluados;
X - Proyecto Ejecutivo - el conjunto de los elementos necesarios y suficientes para la ejecución completa de la obra, de acuerdo con las normas pertinentes de la Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
XI - Administración Pública - la administración directa e indirecta de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, abarcando inclusive las entidades con personalidad jurídica de derecho privado bajo control del poder público y las fundaciones instituidas o mantenidas por este;
XII - Administración - órgano, entidad o unidad administrativa por medio de la cual la Administración Pública opera y actúa concretamente;
XIII - Imprenta Oficial - vehículo oficial de divulgación de la Administración Pública;
XIII - Imprenta Oficial - vehículo oficial de divulgación de la Administración Pública, siendo para la Unión el Diario Oficial de la Unión y, para los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, el que se defina en las respectivas leyes; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XIV - Contratante - es el órgano o entidad signataria del instrumento contractual;
XV - Contratado - la persona física o jurídica signataria de un contrato con la Administración Pública;
XVI - Comisión - comisión, permanente o especial, creada por la Administración con la función de recibir, examinar y juzgar todos los documentos y procedimientos relativos a las licitaciones y al registro de licitantes.
XVII - productos manufacturados nacionales - productos manufacturados, producidos en el territorio nacional de acuerdo con el proceso productivo básico o las reglas de origen establecidas por el Poder Ejecutivo Federal;(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
XVIII - servicios nacionales - servicios prestados en el País, en las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo Federal;(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
XIX - sistemas de tecnología de información y comunicación estratégicos - bienes y servicios de tecnología de la información y comunicación cuya discontinuidad provoque un daño significativo a la administración pública y que involucren por lo menos uno de los siguientes requisitos relacionados con las informaciones críticas: disponibilidad, confiabilidad, seguridad y confidencialidad.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
XVII - productos manufacturados nacionales - productos manufacturados, producidos en el territorio nacional de acuerdo con el proceso productivo básico o con las reglas de origen establecidas por el Poder Ejecutivo federal; (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
XVIII - servicios nacionales - servicios prestados en el País, en las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo federal; (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
XIX - sistemas de tecnología de información y comunicación estratégicos - bienes y servicios de tecnología de la información y comunicación cuya discontinuidad provoque un daño significativo a la administración pública y que involucren por lo menos uno de los siguientes requisitos relacionados con las informaciones críticas: disponibilidad, confiabilidad, seguridad y confidencialidad. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
XX - productos para investigación y desarrollo - bienes, insumos, servicios y obras necesarios para la actividad de investigación científica y tecnológica, desarrollo de tecnología o innovación tecnológica, discriminados en un proyecto de investigación aprobado por la institución contratante. (Incluido por la Ley nº 13.243, de 2016)

Sección III De las Obras y Servicios

Art. 7º Las licitaciones para la ejecución de obras y para la prestación de servicios obedecerán a lo dispuesto en este artículo y, en particular, a la siguiente secuencia:
I - proyecto básico;
II - proyecto ejecutivo;
III - ejecución de las obras y servicios.
§ 1o La ejecución de cada etapa estará obligatoriamente precedida de la conclusión y aprobación, por parte de la autoridad competente, de los trabajos relativos a las etapas anteriores, con excepción del proyecto ejecutivo, el cual podrá desarrollarse concomitantemente con la ejecución de las obras y servicios, siempre que también esté autorizado por la Administración.
§ 2o Las obras y los servicios solamente podrán ser licitados cuando:
I - exista un proyecto básico aprobado por la autoridad competente y disponible para el examen de los interesados en participar en el proceso licitatorio;
II - exista un presupuesto detallado en planillas que expresen la composición de todos sus costos unitarios;
III - exista previsión de recursos presupuestarios que aseguren el pago de las obligaciones derivadas de obras o servicios que deban ejecutarse en el ejercicio financiero en curso, de acuerdo con el respectivo cronograma;
IV - el producto esperado de ella esté contemplado en las metas establecidas en el Plan Plurianual a que se refiere el art. 165 de la Constitución Federal, cuando corresponda.
§ 3o Se prohíbe incluir en el objeto de la licitación la obtención de recursos financieros para su ejecución, cualquiera que sea su origen, salvo en los casos de emprendimientos ejecutados y explotados bajo el régimen de concesión, en los términos de la legislación específica.
§ 4o Se prohíbe, asimismo, la inclusión, en el objeto de la licitación, del suministro de materiales y servicios sin previsión de cantidades o cuyas cantidades no correspondan a las previsiones reales del proyecto básico o ejecutivo.
§ 5o Se prohíbe la realización de licitación cuyo objeto incluya bienes y servicios sin similitud o de marcas, características y especificaciones exclusivas, salvo en los casos en que sea técnicamente justificable, o cuando el suministro de tales materiales y servicios se realice bajo el régimen de administración contratada, previsto y detallado en el acto convocatorio.
§ 6o La infracción de lo dispuesto en este artículo implica la nulidad de los actos o contratos realizados y la responsabilidad de quien les haya dado causa.
§ 7o No se computará además como valor de la obra o servicio, para fines de juzgamiento de las propuestas de precios, la actualización monetaria de las obligaciones de pago, desde la fecha final de cada período de medición hasta la del respectivo pago, la cual será calculada por los mismos criterios establecidos obligatoriamente en el acto convocatorio.
§ 8o Cualquier ciudadano podrá requerir a la Administración Pública las cantidades de las obras y los precios unitarios de determinada obra ejecutada.
§ 9o Lo dispuesto en este artículo se aplica también, en lo que corresponda, a los casos de dispensa y de inexigibilidad de licitación.
Art. 8o La ejecución de las obras y de los servicios debe programarse siempre en su totalidad, previstos sus costos actual y final y considerados los plazos de su ejecución.
§ 1º Las obras, servicios y suministros serán divididos en tantas parcelas como se comprueben técnica y económicamente viables, a criterio y por conveniencia de la Administración, procediéndose a la licitación con miras al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el mercado y a la ampliación de la competitividad, sin pérdida de la economía de escala.
§ 2º Se prohíbe el retraso inmotivado de la ejecución de una parcela de obra o servicio, si existe previsión presupuestaria para su ejecución total, salvo insuficiencia financiera de recursos o motivo de orden técnico comprobado, justificados en despacho circunstanciado de las autoridades a que se refiere el art. 26 de esta Ley.
§ 3º En la ejecución fraccionada, inclusive en los casos admitidos en este artículo, a cada etapa o conjunto de etapas de la obra, servicio o suministro le corresponderá una licitación distinta, preservándose la modalidad pertinente para la ejecución total del objeto de la licitación.
§ 4º En cualquier caso, la autorización del gasto se hará para el costo final de la obra o servicio proyectados.
Parágrafo único. Se prohíbe el retraso inmotivado de la ejecución de obra o servicio, o de sus parcelas, si existe previsión presupuestaria para su ejecución total, salvo insuficiencia financiera o motivo de orden técnico comprobado, justificados en despacho circunstanciado de la autoridad a que se refiere el art. 26 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 9o No podrá participar, directa o indirectamente, en la licitación o en la ejecución de obra o servicio ni en el suministro de bienes a ellos necesarios:
I - el autor del proyecto, básico o ejecutivo, persona física o jurídica;
II - la empresa, aisladamente o en consorcio, responsable de la elaboración del proyecto básico o ejecutivo o de la cual el autor del proyecto sea directivo, gerente, accionista o titular de más del 5% (cinco por ciento) del capital con derecho a voto o controlador, responsable técnico o subcontratado;
III - el servidor o directivo de órgano o entidad contratante o responsable de la licitación.
§ 1o Se permite la participación del autor del proyecto o de la empresa a que se refiere el inciso II de este artículo, en la licitación de obra o servicio, o en la ejecución, como consultor o técnico, en las funciones de fiscalización, supervisión o gestión, exclusivamente al servicio de la Administración interesada.
§ 2o Lo dispuesto en este artículo no impide la licitación o contratación de obra o servicio que incluya la elaboración de proyecto ejecutivo como encargo del contratado o por el precio previamente fijado por la Administración.
§ 3o Se considera participación indirecta, para los fines de lo dispuesto en este artículo, la existencia de cualquier vínculo de naturaleza técnica, comercial, económica, financiera o laboral entre el autor del proyecto, persona física o jurídica, y el licitante o responsable de los servicios, suministros y obras, incluyéndose los suministros de bienes y servicios a estos necesarios.
§ 4o Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica a los miembros de la comisión de licitación.
Art. 10. Las obras y servicios podrán ser ejecutados en los siguientes regímenes:
Art. 10. Las obras y servicios podrán ser ejecutados en las siguientes formas: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - ejecución directa;
II - ejecución indirecta, en las siguientes modalidades:
II - ejecución indirecta, en los siguientes regímenes: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
a) contrato de obra por precio global;
b) contrato de obra por precio unitario;
c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
d) tarea;
e) contrato de obra integral.
Parágrafo único. (VETADO)
Parágrafo único. (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 11. Las obras y servicios destinados a los mismos fines tendrán proyectos estandarizados por tipos, categorías o clases, excepto cuando el proyecto estándar no atienda a las condiciones peculiares del lugar o a las exigencias específicas del emprendimiento.
Art. 12. En los proyectos básicos y proyectos ejecutivos de obras y servicios se considerarán principalmente los siguientes requisitos:
Art. 12. En los proyectos básicos y proyectos ejecutivos de obras y servicios se considerarán principalmente los siguientes requisitos: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - seguridad;
II - funcionalidad y adecuación al interés público;
III - economía en la ejecución, conservación y operación;
IV - posibilidad de empleo de mano de obra, materiales, tecnología y materias primas existentes en el lugar para la ejecución, conservación y operación;
V - facilidad en la ejecución, conservación y operación, sin perjuicio de la durabilidad de la obra o del servicio;
VI - adopción de las normas técnicas adecuadas;
VI - adopción de las normas técnicas, de salud y de seguridad del trabajo adecuadas; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
VII - impacto ambiental.

Sección IV De los Servicios Técnicos Profesionales Especializados

Art. 13. Para los fines de esta Ley, se consideran servicios técnicos profesionales especializados los trabajos relativos a:
I - estudios técnicos, planificaciones y proyectos básicos o ejecutivos;
II - dictámenes, peritajes y evaluaciones en general;
III - asesorías o consultorías técnicas y auditorías financieras;
III - asesorías o consultorías técnicas y auditorías financieras o tributarias; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
IV - fiscalización, supervisión o gestión de obras o servicios;
V - patrocinio o defensa de causas judiciales o administrativas;
VI - capacitación y perfeccionamiento de personal;
VII - restauración de obras de arte y bienes de valor histórico.
VIII - (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1o Salvo los casos de inexigibilidad de licitación, los contratos para la prestación de servicios técnicos profesionales especializados deberán, preferentemente, celebrarse mediante la realización de concurso, con estipulación previa de premio o remuneración.
§ 2o A los servicios técnicos previstos en este artículo se aplica, en lo que corresponda, lo dispuesto en el art. 111 de esta Ley.
§ 3o La empresa de prestación de servicios técnicos especializados que presente una relación de integrantes de su cuerpo técnico en procedimiento licitatorio o como elemento de justificación de dispensa o inexigibilidad de licitación, quedará obligada a garantizar que dichos integrantes realicen personal y directamente los servicios objeto del contrato.

Sección V De las Compras

Art. 14. Ninguna compra se realizará sin la adecuada caracterización de su objeto y la indicación de los recursos presupuestarios para su pago, bajo pena de nulidad del acto y responsabilidad de quien le haya dado causa.
Art. 15. Las compras, siempre que sea posible, deberán: (Reglamento)
I - atender al principio de estandarización, que imponga compatibilidad de especificaciones técnicas y de desempeño, observadas, cuando corresponda, las condiciones de mantenimiento, asistencia técnica y garantía ofrecidas;
II - ser tramitadas a través de un sistema de registro de precios;
III - someterse a condiciones de adquisición y pago semejantes a las del sector privado;
IV - ser subdivididas en tantas parcelas como sean necesarias para aprovechar las peculiaridades del mercado, con miras a la economicidad;
V - guiarse por los precios practicados en el ámbito de los órganos y entidades de la Administración Pública.
§ 1o El registro de precios estará precedido de una amplia investigación de mercado.
§ 2o Los precios registrados serán publicados trimestralmente, para orientación de la Administración, en la prensa oficial.
§ 3o El sistema de registro de precios será reglamentado por decreto, atendidas las peculiaridades regionales, observadas las siguientes condiciones:
I - selección realizada mediante concurrencia;
II - estipulación previa del sistema de control y actualización de los precios registrados;
III - validez del registro no superior a un año.
§ 4o La existencia de precios registrados no obliga a la Administración a suscribir las contrataciones que de ellos puedan derivar, quedando facultada para utilizar otros medios, respetada la legislación relativa a las licitaciones, y asegurándose al beneficiario del registro preferencia en igualdad de condiciones.
§ 5o El sistema de control originado en el cuadro general de precios, cuando sea posible, deberá estar informatizado.
§ 6o Cualquier ciudadano es parte legítima para impugnar un precio consignado en el cuadro general en razón de su incompatibilidad con el precio vigente en el mercado.
§ 7o En las compras deberán observarse, además:
I - la especificación completa del bien que se vaya a adquirir, sin indicación de marca;
II - la definición de las unidades y de las cantidades que se vayan a adquirir en función del consumo y utilización probables, cuya estimación se obtendrá, siempre que sea posible, mediante adecuadas técnicas cuantitativas de estimación;
III - las condiciones de custodia y almacenamiento que no permitan el deterioro del material.
§ 8o La recepción de material de valor superior al límite establecido en el art. 23 de esta Ley, para la modalidad de invitación, deberá confiarse a una comisión de, como mínimo, 3 (tres) miembros.
Art. 16. Cerrado el negocio, se publicará la relación de todas las compras realizadas por la Administración Directa o Indirecta, de manera que se aclare la identificación del bien comprado, su precio unitario, la cantidad adquirida, el nombre del vendedor y el valor total de la operación.
Art. 16. Se dará publicidad, mensualmente, en un órgano de divulgación oficial o en un tablón de anuncios de amplio acceso público, a la relación de todas las compras realizadas por la Administración Directa o Indirecta, de manera que se aclare la identificación del bien comprado, su precio unitario, la cantidad adquirida, el nombre del vendedor y el valor total de la operación, pudiendo agruparse por ítems las compras realizadas con dispensa e inexigibilidad de licitación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los casos de dispensa de licitación previstos en el inciso IX del art. 24. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)

Sección VI De las Enajenaciones

Art. 17. La enajenación de bienes de la Administración Pública, subordinada a la existencia de interés público debidamente justificado, será precedida de evaluación y obedecerá a las siguientes normas:
I - cuando se trate de inmuebles, dependerá de autorización legislativa para los órganos de la administración directa y las entidades autárquicas y fundacionales, y, para todos, incluidas las entidades paraestatales, dependerá de evaluación previa y de licitación en la modalidad de concurrencia, quedando esta dispensada en los siguientes casos:
a) dación en pago;
b) donación, permitida exclusivamente a otro órgano o entidad de la Administración Pública, de cualquier esfera de gobierno; b) donación, permitida exclusivamente a otro órgano o entidad de la administración pública, de cualquier esfera de gobierno, salvo lo dispuesto en los apartados f y h; b) donación, permitida exclusivamente a otro órgano o entidad de la administración pública, de cualquier esfera de gobierno, salvo lo dispuesto en los apartados “f”, “h” e “i”;(Véase la Medida Provisoria nº 335, de 2006) (Redacción dada por la Ley nº 11.481, de 2007)(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 458, de 2009)
b) donación, permitida exclusivamente a otro órgano o entidad de la administración pública, de cualquier esfera de gobierno, salvo lo dispuesto en los apartados f, h e i; (Redacción dada por la Ley nº 11.952, de 2009)
c) permuta, por otro inmueble que cumpla los requisitos previstos en el inciso X del art. 24 de esta Ley;
d) investidura;
e) venta a otro órgano o entidad de la administración pública, de cualquier esfera de gobierno; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
f) enajenación, concesión de derecho real de uso, arrendamiento o permiso de uso de bienes inmuebles construidos y destinados o efectivamente utilizados en el ámbito de programas habitacionales de interés social, por órganos o entidades de la administración pública creados específicamente para ese fin; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)(Véase la Medida Provisoria nº 292, de 2006)(Véase la Medida Provisoria nº 335, de 2006)
f) enajenación gratuita u onerosa, aforamiento, concesión de derecho real de uso, arrendamiento o permiso de uso de bienes inmuebles residenciales construidos, destinados o efectivamente utilizados en el ámbito de programas habitacionales o de regularización fundiaria de interés social desarrollados por órganos o entidades de la administración pública; (Redacción dada por la Ley nº 11.481, de 2007)
g) procedimientos de legitimación de posesión de que trata el art. 29 de la Ley nº 6.383, de 7 de diciembre de 1976, mediante iniciativa y deliberación de los órganos de la Administración Pública en cuya competencia legal se incluya tal atribución; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
g) procedimientos de regularización fundiaria de que trata el art. 29 de la Ley nº 6.383, de 7 de diciembre de 1976;(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 458, de 2009)
g) procedimientos de legitimación de posesión de que trata el art. 29 de la Ley nº 6.383, de 7 de diciembre de 1976, mediante iniciativa y deliberación de los órganos de la Administración Pública en cuya competencia legal se incluya tal atribución; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
h) enajenación gratuita u onerosa, aforamiento, concesión de derecho real de uso, arrendamiento o permiso de uso de bienes inmuebles de uso comercial de ámbito local con un área de hasta 250 m² (doscientos cincuenta metros cuadrados) e insertos en el ámbito de programas de regularización fundiaria de interés social desarrollados por órganos o entidades de la administración pública; (Incluido por la Ley nº 11.481, de 2007)
i) enajenación y concesión de derecho real de uso, gratuita u onerosa, de tierras públicas rurales de la Unión en la Amazonía Legal en las que incidan ocupaciones de hasta el límite de quince módulos fiscales o mil quinientas hectáreas, para fines de regularización fundiaria, cumplidos los requisitos legales;(Incluido por la Medida Provisoria nº 458, de 2009)
i) enajenación y concesión de derecho real de uso, gratuita u onerosa, de tierras públicas rurales de la Unión en la Amazonía Legal en las que incidan ocupaciones de hasta el límite de 15 (quince) módulos fiscales o 1.500ha (mil quinientas hectáreas), para fines de regularización fundiaria, cumplidos los requisitos legales; (Incluido por la Ley nº 11.952, de 2009)
i) enajenación y concesión de derecho real de uso, gratuita u onerosa, de tierras públicas rurales de la Unión y del Incra, en las que incidan ocupaciones de hasta el límite de quince módulos fiscales y no superiores a 1.500ha (mil quinientas hectáreas), para fines de regularización fundiaria, cumplidos los requisitos legales; y(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 759, de 2016)
i) enajenación y concesión de derecho real de uso, gratuita u onerosa, de tierras públicas rurales de la Unión y del Incra, en las que incidan ocupaciones de hasta el límite de que trata el § 1º del art. 6º de la Ley nº 11.952, de 25 de junio de 2009, para fines de regularización fundiaria, cumplidos los requisitos legales; y (Redacción dada por la Ley nº 13.465, 2017)
II - cuando se trate de bienes muebles, dependerá de evaluación previa y de licitación, quedando esta dispensada en los siguientes casos:
a) donación, permitida exclusivamente para fines y uso de interés social, tras la evaluación de su oportunidad y conveniencia socioeconómica, en relación con la elección de otra forma de enajenación;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órganos o entidades de la Administración Pública;
c) venta de acciones, que podrán ser negociadas en bolsa, observada la legislación específica;
d) venta de títulos, en la forma de la legislación pertinente;
e) venta de bienes producidos o comercializados por órganos o entidades de la Administración Pública, en virtud de sus finalidades;
f) venta de materiales y equipos a otros órganos o entidades de la Administración Pública, sin utilización previsible por quien dispone de ellos.
§ 1º Los inmuebles donados con base en el apartado "b" del inciso I de este artículo, cesadas las razones que justificaron su donación, revertirán al patrimonio de la persona jurídica donante, quedando prohibida su enajenación por el beneficiario.
§ 2º La Administración podrá conceder derecho real de uso de bienes inmuebles, con dispensa de licitación, cuando el uso se destine a otro órgano o entidad de la Administración Pública.
§ 2º La Administración también podrá conceder título de propiedad o de derecho real de uso de inmuebles, con dispensa de licitación, cuando el uso se destine: (Redacción dada por la Ley nº 11.196, de 2005)
I - a otro órgano o entidad de la Administración Pública, cualquiera que sea la ubicación del inmueble; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
II - a la persona física que, en los términos de la ley, reglamento o acto normativo del órgano competente, haya cumplido los requisitos mínimos de cultivo y vivienda sobre un área rural situada en la región de la Amazonía Legal, definida en el art. 2º de la Ley nº 5.173, de 27 de octubre de 1966, superior a la legalmente susceptible de legitimación de posesión referida en el apartado g del inciso I del caput de este artículo, cumplidos los límites de área definidos por acto normativo del Poder Ejecutivo. II - a la persona física que, en los términos de la ley, reglamento o acto normativo del órgano competente, haya cumplido los requisitos mínimos de cultivo, ocupación mansa y pacífica y explotación directa sobre un área rural situada en la región de la Amazonía Legal, definida en el art. 1º, § 2º, inciso VI, de la Ley nº 4.771, de 22 de septiembre de 1965, superior a un módulo fiscal y limitada a áreas de hasta quince módulos fiscales, siempre que no exceda de mil quinientas hectáreas; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005) (Reglamento)(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 458, de 2009)
II - a la persona natural que, en los términos de la ley, reglamento o acto normativo del órgano competente, haya cumplido los requisitos mínimos de cultivo, ocupación mansa y pacífica y explotación directa sobre un área rural situada en la Amazonía Legal, superior a 1 (un) módulo fiscal y limitada a 15 (quince) módulos fiscales, siempre que no exceda de 1.500ha (mil quinientas hectáreas); (Redacción dada por la Ley nº 11.952, de 2009)
II - a la persona natural que, en los términos de la ley, de reglamento o de acto normativo del órgano competente, haya cumplido los requisitos mínimos de cultivo, ocupación mansa y pacífica y explotación directa sobre un área rural limitada a quince módulos fiscales, siempre que no exceda de 1.500ha (mil quinientas hectáreas);(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 759, de 2016)
II - a la persona natural que, en los términos de la ley, reglamento o acto normativo del órgano competente, haya cumplido los requisitos mínimos de cultivo, ocupación mansa y pacífica y explotación directa sobre un área rural, observado el límite de que trata el § 1º del art. 6º de la Ley nº 11.952, de 25 de junio de 2009; (Redacción dada por la Ley nº 13.465, 2017)
§ 2º-A. Los supuestos del apartado g del inciso I del caput y del inciso II del § 2º de este artículo quedan dispensados de autorización legislativa, pero se someten a las siguientes condiciones: § 2º-A. Los supuestos del inciso II del § 2º quedan dispensados de autorización legislativa, pero se someten a las siguientes condiciones: (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 458, de 2009)
§ 2º-A. Los supuestos del inciso II del § 2º quedan dispensados de autorización legislativa, pero se someten a las siguientes condiciones: (Redacción dada por la Ley nº 11.952, de 2009)
I - aplicación exclusivamente a las áreas en que la tenencia por particular sea comprobadamente anterior al 1º de diciembre de 2004; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
I - aplicación exclusivamente a las áreas en que la tenencia por particular sea comprobadamente anterior al 5 de mayo de 2014;(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 910, de 2019) (Vigencia concluida)
I - aplicación exclusivamente a las áreas en que la tenencia por particular sea comprobadamente anterior al 1º de diciembre de 2004; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
II - sometimiento a los demás requisitos e impedimentos del régimen legal y administrativo de la destinación y de la regularización fundiaria de tierras públicas; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
III - prohibición de concesiones para supuestos de explotación no contemplados en la ley agraria, en las leyes de destinación de tierras públicas, o en las normas legales o administrativas de zonificación ecológico-económica; y (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
IV - previsión de rescisión automática de la concesión, con dispensa de notificación, en caso de declaración de utilidad, o necesidad pública o interés social. (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
§ 2º-B. El supuesto del inciso II del § 2º de este artículo: (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
I - solo se aplica a inmueble situado en zona rural, no sujeto a prohibición, impedimento o inconveniente para su explotación mediante actividades agropecuarias; (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
II - queda limitado a áreas de hasta 500 (quinientas) hectáreas, quedando prohibida la dispensa de licitación para áreas superiores a ese límite; y (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
II - queda limitado a áreas de hasta quince módulos fiscales, quedando prohibida la dispensa de licitación para áreas superiores a ese límite; y(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 422, de 2008).
II – queda limitado a áreas de hasta quince módulos fiscales, siempre que no exceda de mil quinientas hectáreas, quedando prohibida la dispensa de licitación para áreas superiores a ese límite; (Redacción dada por la Ley nº 11.763, de 2008)
II - queda limitado a las áreas de hasta dos mil quinientas hectáreas, quedando prohibida la dispensa de licitación para áreas superiores a ese límite;(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 910, de 2019) (Vigencia concluida)
II – queda limitada a áreas de hasta quince módulos fiscales, siempre que no exceda mil quinientas hectáreas, quedando prohibida la dispensa de licitación para áreas superiores a ese límite; (Redacción dada por la Ley nº 11.763, de 2008)
III - puede acumularse con la cantidad de área derivada de la figura prevista en la letra g del inciso I del caput de este artículo, hasta el límite previsto en el inciso II de este párrafo. (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
IV – (VETADO) (Incluido por la Ley nº 11.763, de 2008)
§ 3º Se entiende por investidura, para los fines de esta ley, la enajenación a los propietarios de inmuebles colindantes de área remanente o resultante de obra pública, área esta que se vuelva inaprovechable de forma aislada, por un precio nunca inferior al de la tasación y siempre que este no supere el 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido en la letra a del inciso II del art. 23 de esta ley.
§ 3o Se entiende por investidura, para los fines de esta ley: (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
I - la enajenación a los propietarios de inmuebles colindantes de área remanente o resultante de obra pública, área esta que se vuelva inaprovechable de forma aislada, por un precio nunca inferior al de la tasación y siempre que este no supere el 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido en la letra "a" del inciso II del art. 23 de esta ley; (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
II - la enajenación, a los legítimos poseedores directos o, a falta de estos, al Poder Público, de inmuebles para fines residenciales construidos en núcleos urbanos anexos a centrales hidroeléctricas, siempre que sean considerados prescindibles en la fase de operación de dichas unidades y no integren la categoría de bienes reversibles al final de la concesión. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
§ 4º La donación con cargo podrá ser objeto de licitación, y en su instrumento constarán, obligatoriamente, los cargos, el plazo para su cumplimiento y la cláusula de reversión, bajo pena de nulidad del acto.
§ 4o La donación con cargo será objeto de licitación y en su instrumento constarán, obligatoriamente, los cargos, el plazo para su cumplimiento y la cláusula de reversión, bajo pena de nulidad del acto, quedando dispensada la licitación en caso de interés público debidamente justificado; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 5o En la hipótesis del párrafo anterior, si el donatario necesitara ofrecer el inmueble en garantía de financiamiento, la cláusula de reversión y las demás obligaciones serán garantizadas mediante hipoteca de segundo grado en favor del donante. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 6o Para la venta de bienes muebles tasados, de forma aislada o global, en una cantidad no superior al límite previsto en el art. 23, inciso II, letra "b" de esta Ley, la Administración podrá permitir la subasta. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 7o (VETADO). (Incluido por la Ley nº 11.481, de 2007)
Art. 18. En la concurrencia para la venta de bienes inmuebles, la fase de habilitación se limitará a la comprobación del depósito de una cantidad correspondiente al 5% (cinco por ciento) de la tasación.
Parágrafo único. Para la venta de bienes muebles tasados, de forma aislada o global, en una cantidad no superior al límite previsto en el art. 23, inciso II, letra b de esta ley, la Administración podrá permitir la subasta. (Revocado por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 19. Los bienes inmuebles de la Administración Pública, cuya adquisición haya derivado de procedimientos judiciales o de dación en pago, podrán ser enajenados por acto de la autoridad competente, observadas las siguientes reglas:
I - tasación de los bienes enajenables;
II - comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación;
III - adopción del procedimiento licitatorio.
III - adopción del procedimiento licitatorio, bajo la modalidad de concurrencia o subasta. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)

Capítulo II De la Licitación

Sección I De las Modalidades, Límites y Dispensa

Art. 20. Las licitaciones se efectuarán en el lugar donde se encuentre la dependencia interesada, salvo por motivo de interés público, debidamente justificado.
Parágrafo único. Lo dispuesto en este artículo no impedirá la habilitación de interesados residentes o con sede en otros lugares.
Art. 21. Los avisos que contengan los resúmenes de los pliegos de condiciones de las concurrencias y tomas de precios, aunque se realicen en el lugar de la dependencia interesada, deberán publicarse con antelación, durante 3 (tres) días consecutivos, obligatoria y simultáneamente:
Art. 21. Los avisos que contengan los resúmenes de los pliegos de condiciones de las concurrencias, de las tomas de precios, de los concursos y de las subastas, aunque se realicen en el lugar de la dependencia interesada, deberán publicarse con antelación, como mínimo, una vez: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - en el Diario Oficial de la Unión, cuando se trate de licitación realizada por órgano de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y, además, cuando se trate de obras, compras y servicios financiados parcial o totalmente con recursos federales o garantizados por instituciones federales;
I - en el Diario Oficial de la Unión, cuando se trate de licitación realizada por órgano o entidad de la Administración Pública Federal y, además, cuando se trate de obras financiadas parcial o totalmente con recursos federales o garantizadas por instituciones federales; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
II - en el Diario Oficial del Estado donde se realizará la obra o servicio, cuando se trate de licitación de órganos de la Administración Estatal o Municipal;
II - en el Diario Oficial del Estado, o del Distrito Federal cuando se trate, respectivamente, de licitación realizada por órgano o entidad de la Administración Pública Estatal o Municipal, o del Distrito Federal; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
III - en al menos un periódico diario de gran circulación en el Estado o, si lo hubiere, en el Municipio donde se realizará la obra o servicio, pudiendo además la Administración, para ambos casos, según la magnitud de la concurrencia, utilizar otros medios de divulgación para ampliar el ámbito de competencia.
III - en periódico diario de gran circulación en el Estado y también, si lo hubiere, en periódico de circulación en el Municipio o en la región donde se realizará la obra, se prestará el servicio, se suministrará, enajenará o arrendará el bien, pudiendo además la Administración, según la magnitud de la licitación, utilizar otros medios de divulgación para ampliar el ámbito de competencia. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
III - en sitio electrónico oficial del respectivo ente federativo, pudiendo los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, alternativamente, utilizar el sitio electrónico oficial de la Unión, conforme al reglamento del Poder Ejecutivo federal.(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 896, de 2019) (Vigencia concluida)
III - en periódico diario de gran circulación en el Estado y también, si lo hubiere, en periódico de circulación en el Municipio o en la región donde se realizará la obra, se prestará el servicio, se suministrará, enajenará o arrendará el bien, pudiendo además la Administración, según la magnitud de la licitación, utilizar otros medios de divulgación para ampliar el ámbito de competencia. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1o El aviso publicado contendrá la indicación del lugar en que los interesados podrán leer y obtener el texto íntegro del pliego de condiciones y toda la información sobre la licitación.
§ 2o El plazo mínimo hasta la recepción de las propuestas o la realización del evento será:
I - 30 (treinta) días para la concurrencia;
I - cuarenta y cinco días para: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
a) concurso; (Incluida por la Ley nº 8.883, de 1994)
b) concurrencia, cuando el contrato por celebrar contemple el régimen de contrata integral o cuando la licitación sea del tipo "mejor técnica" o "técnica y precio" (Incluida por la Ley nº 8.883, de 1994)
II - 45 (cuarenta y cinco) días para el concurso;
II - treinta días para: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
a) concurrencia, en los casos no especificados en la letra "b" del inciso anterior; (Incluida por la Ley nº 8.883, de 1994)
b) toma de precios, cuando la licitación sea del tipo "mejor técnica" o "técnica y precio"; (Incluida por la Ley nº 8.883, de 1994)
III - 15 (quince) días para la toma de precios o la subasta;
III - quince días para la toma de precios, en los casos no especificados en la letra "b" del inciso anterior, o la subasta; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
IV - 45 (cuarenta y cinco) días para la licitación del tipo mejor técnica o técnica y precio, o cuando el contrato por celebrar contemple la modalidad de contrata integral;
IV - cinco días hábiles para la invitación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
V - 5 (cinco) días hábiles para la invitación.
§ 3º Los plazos establecidos en el párrafo anterior se contarán a partir de la primera publicación del pliego de condiciones resumido o de la expedición de la invitación, o bien de la efectiva disponibilidad del pliego de condiciones o de la invitación y sus respectivos anexos, prevaleciendo la fecha que ocurra más tarde.
§ 3o Los plazos establecidos en el párrafo anterior se contarán a partir de la última publicación del pliego de condiciones resumido o de la expedición de la invitación, o bien de la efectiva disponibilidad del pliego de condiciones o de la invitación y sus respectivos anexos, prevaleciendo la fecha que ocurra más tarde. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4o Toda modificación del pliego de condiciones exige divulgación de la misma forma en que se hizo con el texto original, reabriéndose el plazo inicialmente establecido, salvo cuando, indiscutiblemente, la alteración no afecte la formulación de las propuestas.
Art. 22. Son modalidades de licitación:
I - concurrencia;
II - toma de precios;
III - invitación;
IV - concurso;
V - subasta.
§ 1o Concurrencia es la modalidad de licitación entre cualesquiera interesados que, en la fase inicial de habilitación preliminar, comprueben poseer los requisitos mínimos de calificación exigidos en el pliego de condiciones para la ejecución de su objeto.
§ 2o Toma de precios es la modalidad de licitación entre interesados debidamente registrados o que cumplan todas las condiciones exigidas para el registro hasta el tercer día anterior a la fecha de recepción de las propuestas, observada la necesaria calificación.
§ 3o Invitación es la modalidad de licitación entre interesados del ramo pertinente a su objeto, registrados o no, escogidos e invitados en número mínimo de 3 (tres) por la unidad administrativa, la cual fijará, en lugar apropiado, copia del instrumento de convocatoria y lo extenderá a los demás registrados en la correspondiente especialidad que manifiesten su interés con una antelación de hasta 24 (veinticuatro) horas a la presentación de las propuestas.
§ 4o Concurso es la modalidad de licitación entre cualesquiera interesados para la elección de un trabajo técnico, científico o artístico, mediante la institución de premios o remuneración a los ganadores, conforme a los criterios establecidos en pliego de condiciones publicado en la prensa oficial con una antelación mínima de 45 (cuarenta y cinco) días.
§ 5º Subasta es la modalidad de licitación entre cualesquiera interesados para la venta de bienes muebles inservibles para la Administración o de productos legalmente aprehendidos o embargados, a quien ofrezca la mayor puja, igual o superior a la de la tasación.
§ 5o Subasta es la modalidad de licitación entre cualesquiera interesados para la venta de bienes muebles inservibles para la administración o de productos legalmente aprehendidos o embargados, o para la enajenación de bienes inmuebles prevista en el art. 19, a quien ofrezca la mayor puja, igual o superior al valor de la tasación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 6º En la hipótesis del § 3º de este artículo, si existen en la plaza más de 3 (tres) posibles interesados, queda prohibido repetir la invitación a los mismos escogidos en la licitación inmediatamente anterior realizada para objeto idéntico o similar.
§ 6o En la hipótesis del § 3o de este artículo, si existen en la plaza más de 3 (tres) posibles interesados, en cada nueva invitación, realizada para objeto idéntico o similar, es obligatorio invitar a, como mínimo, un interesado más, mientras existan registrados no invitados en las últimas licitaciones. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 7o Cuando, por limitaciones del mercado o manifiesto desinterés de los invitados, sea imposible obtener el número mínimo de licitantes exigido en el § 3o de este artículo, tales circunstancias deberán justificarse debidamente en el proceso, bajo pena de repetición de la invitación.
§ 8o Se prohíbe la creación de otras modalidades de licitación o la combinación de las referidas en este artículo.
§ 9o En la hipótesis del parágrafo 2o de este artículo, la administración solo podrá exigir al licitante no inscrito en el registro los documentos previstos en los arts. 27 a 31, que acrediten una habilitación compatible con el objeto de la licitación, en los términos del pliego de licitación. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 23. Las modalidades de licitación a que se refieren los incisos I a III del artículo anterior se determinarán en función de los siguientes límites, teniendo en cuenta el valor estimado de la contratación:
I - para obras y servicios de ingeniería:
a) invitación - hasta Cr$ 100.000.000,00 (cien millones de cruzeiros);
b) toma de precios - hasta Cr$ 1.000.000.000,00 (mil millones de cruzeiros);
c) concurrencia - por encima de Cr$ 1.000.000.000,00 (mil millones de cruzeiros);
I - para obras y servicios de ingeniería: (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
a) invitación - hasta R$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil reales); (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
b) toma de precios - hasta R$ 1.500.000,00 (un millón quinientos mil reales); (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
c) concurrencia: por encima de R$ 1.500.000,00 (un millón quinientos mil reales); (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
II - para compras y servicios no referidos en el inciso anterior:
a) invitación - hasta Cr$ 25.000.000,00 (veinticinco millones de cruzeiros);
b) toma de precios - hasta Cr$ 400.000.000,00 (cuatrocientos millones de cruzeiros);
c) concurrencia - por encima de Cr$ 400.000.000,00 (cuatrocientos millones de cruzeiros).
II - para compras y servicios no referidos en el inciso anterior: (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
a) invitación - hasta R$ 80.000,00 (ochenta mil reales); (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
b) toma de precios - hasta R$ 650.000,00 (seiscientos cincuenta mil reales); (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
c) concurrencia - por encima de R$ 650.000,00 (seiscientos cincuenta mil reales). (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)(Véase Decreto nº 9.412, de 2018)
§ 1º Para los Municipios, así como para los órganos y entidades a ellos subordinados, se aplican los siguientes límites en relación con los valores indicados en el caput de este artículo y en los incisos I y II del art. 24 de esta ley:
I - 25% (veinticinco por ciento) de los valores indicados, cuando la población del municipio no exceda de 20.000 (veinte mil) habitantes;
II - 50% (cincuenta por ciento) de los valores indicados, cuando la población del municipio se sitúe entre 20.001 (veinte mil uno) y 100.000 (cien mil) habitantes;
III - 75% (setenta y cinco por ciento) de los valores indicados, cuando la población del municipio se sitúe entre 100.001 (cien mil uno) y 500.000 (quinientos mil) habitantes;
IV - 100% (cien por ciento) de los valores indicados, cuando la población del municipio exceda de 500.000 (quinientos mil) habitantes.
§ 1o Las obras, servicios y compras efectuados por la Administración se dividirán en tantas partes como se demuestren técnica y económicamente viables, procediéndose a la licitación con miras al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el mercado y a la ampliación de la competitividad sin pérdida de la economía de escala. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 2º Para los fines del parágrafo anterior, se adoptará como parámetro el número de habitantes de cada municipio según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
§ 2o En la ejecución de obras y servicios y en las compras de bienes, divididas en los términos del parágrafo anterior, a cada etapa o conjunto de etapas de la obra, servicio o compra le corresponderá una licitación distinta, preservándose la modalidad pertinente para la ejecución del objeto en licitación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3º La concurrencia es la modalidad de licitación procedente, cualquiera que sea el valor de su objeto, en la compra o enajenación de bienes inmuebles, en las concesiones de derecho real de uso, así como en las licitaciones internacionales, admitiéndose, en este último caso, la toma de precios, siempre que el órgano o entidad disponga de un registro internacional de proveedores y se observen los límites de este artículo.
§ 3o La concurrencia es la modalidad de licitación procedente, cualquiera que sea el valor de su objeto, tanto en la compra o enajenación de bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el art. 19, como en las concesiones de derecho real de uso y en las licitaciones internacionales, admitiéndose en este último caso, observados los límites de este artículo, la toma de precios, cuando el órgano o entidad disponga de un registro internacional de proveedores, o la invitación, cuando no exista proveedor del bien o servicio en el País. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4o En los casos en que proceda la invitación, la Administración podrá utilizar la toma de precios y, en cualquier caso, la concurrencia.
§ 5º Se prohíbe la utilización de la modalidad de invitación o de toma de precios, según el caso, para partes de una misma obra o servicio, o aun para obras o servicios de la misma naturaleza que puedan realizarse simultánea o sucesivamente, siempre que la suma de sus valores configure el caso de toma de precios o de concurrencia, respectivamente, en los términos de este artículo, salvo para las partes de naturaleza específica que puedan ser ejecutadas por personas o empresas de especialidad distinta de la del ejecutor de la obra o servicio.
§ 5o Se prohíbe la utilización de la modalidad "invitación" o "toma de precios", según el caso, para partes de una misma obra o servicio, o aun para obras y servicios de la misma naturaleza y en el mismo lugar que puedan realizarse conjunta y concomitantemente, siempre que la suma de sus valores configure el caso de "toma de precios" o "concurrencia", respectivamente, en los términos de este artículo, salvo para las partes de naturaleza específica que puedan ser ejecutadas por personas o empresas de especialidad distinta de la del ejecutor de la obra o servicio. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 6o Las organizaciones industriales de la Administración Federal directa, en razón de sus peculiaridades, obedecerán a los límites establecidos en el inciso I de este artículo también para sus compras y servicios en general, siempre que se trate de la adquisición de materiales aplicados exclusivamente en el mantenimiento, reparación o fabricación de medios operativos bélicos pertenecientes a la Unión. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 7o En la compra de bienes de naturaleza divisible y siempre que no haya perjuicio para el conjunto o complejo, se permite la cotización de una cantidad inferior a la demandada en la licitación, con miras a ampliar la competitividad, pudiendo el pliego de licitación fijar una cantidad mínima para preservar la economía de escala. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
§ 8o En el caso de consorcios públicos, se aplicará el doble de los valores mencionados en el caput de este artículo cuando estén formados por hasta 3 (tres) entes de la Federación, y el triple cuando estén formados por un número mayor. (Incluido por la Ley nº 11.107, de 2005)
Art. 24. Es dispensable la licitación:
I - para obras y servicios de ingeniería de valor hasta el 5% (cinco por ciento) del límite previsto en la letra "a" del inciso I del artículo anterior, siempre que no se refieran a partes de una misma obra o servicio o aun de obras y servicios de la misma naturaleza que puedan realizarse simultánea o sucesivamente;
I - para obras y servicios de ingeniería de valor hasta cinco por ciento del límite previsto en la letra a del inciso I del artículo anterior, siempre que no se refieran a partes de una misma obra o servicio o aun para obras y servicios de la misma naturaleza y en el mismo lugar que puedan realizarse conjunta y concomitantemente; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - para obras y servicios de ingeniería de valor hasta el 10% (diez por ciento) del límite previsto en la letra "a" del inciso I del artículo anterior, siempre que no se refieran a partes de una misma obra o servicio o aun para obras y servicios de la misma naturaleza y en el mismo lugar que puedan realizarse conjunta y concomitantemente; (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
II - para otros servicios y compras de valor hasta el 5% (cinco por ciento) del límite previsto en la letra a del inciso II del artículo anterior, y para enajenaciones, en los casos previstos en esta Ley, siempre que no se refieran a partes de un mismo servicio, compra o enajenación de mayor cuantía que pueda realizarse de una sola vez;
II - para otros servicios y compras de valor hasta el 10% (diez por ciento) del límite previsto en la letra "a" del inciso II del artículo anterior y para enajenaciones, en los casos previstos en esta Ley, siempre que no se refieran a partes de un mismo servicio, compra o enajenación de mayor cuantía que pueda realizarse de una sola vez; (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
III - en los casos de guerra o grave perturbación del orden;
IV - en los casos de emergencia o de calamidad pública, cuando se caracterice la urgencia de atender una situación que pueda ocasionar perjuicio o comprometer la seguridad de personas, obras, servicios, equipos y otros bienes, públicos o particulares, y solamente para los bienes necesarios para atender la situación de emergencia o calamidad y para las partes de obras y servicios que puedan concluirse en el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días consecutivos e ininterrumpidos, contados desde la ocurrencia de la emergencia o calamidad, quedando prohibida la prórroga de los respectivos contratos;
V - cuando no se hayan presentado interesados a la licitación anterior y esta, justificadamente, no pueda repetirse sin perjuicio para la Administración, manteniéndose, en este caso, todas las condiciones preestablecidas;
VI - cuando la Unión deba intervenir en el dominio económico para regular precios o normalizar el abastecimiento;
VII - cuando las propuestas presentadas consignen precios manifiestamente superiores a los practicados en el mercado nacional, o sean incompatibles con los fijados por los órganos oficiales competentes, casos en los que, observado el parágrafo único del art. 48 de esta Ley y, persistiendo la situación, se admitirá la adjudicación directa de los bienes o servicios, por un valor no superior al que conste en el registro de precios, o de los servicios; (Véase § 3º del art. 48)
VIII - cuando la operación involucre exclusivamente a personas jurídicas de derecho público interno, salvo que existan empresas privadas o de economía mixta que puedan prestar o suministrar los mismos bienes o servicios, hipótesis en la que quedarán sujetas a licitación;
VIII - para la adquisición, por persona jurídica de derecho público interno, de bienes producidos o servicios prestados por órgano o entidad que integre la Administración Pública y que haya sido creado para ese fin específico en fecha anterior a la vigencia de esta Ley, siempre que el precio contratado sea compatible con el practicado en el mercado; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
IX - cuando exista la posibilidad de comprometer la seguridad nacional, en los casos establecidos en decreto del Presidente de la República, oído el Consejo de Defensa Nacional; (Reglamento)Véase Decreto nº 10.641, de 2021
X - para la compra o arrendamiento de inmueble destinado al servicio público, cuyas necesidades de instalación y ubicación condicionen su elección, siempre que el precio sea compatible con el valor de mercado, según evaluación previa;
X - para la compra o arrendamiento de inmueble destinado a atender las finalidades esenciales de la administración, cuyas necesidades de instalación y ubicación condicionen su elección, siempre que el precio sea compatible con el valor de mercado, según evaluación previa; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XI - en la contratación del remanente de obra, servicio o suministro, como consecuencia de la rescisión contractual, siempre que se respete el orden de clasificación de la licitación anterior y se acepten las mismas condiciones ofrecidas por el licitante ganador, inclusive en cuanto al precio, debidamente actualizado;
XII - en las compras eventuales de géneros alimenticios perecederos, en centro de abastecimiento o similar, realizadas directamente con base en el precio del día;
XII - en las compras de productos hortofrutícolas y de granja, pan y otros géneros perecederos, en el tiempo necesario para la realización de los procesos licitatorios correspondientes, realizadas directamente con base en el precio del día; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XIII - en la contratación de institución nacional sin fines de lucro, encargada, reglamentaria o estatutariamente, de la investigación, de la enseñanza o del desarrollo institucional, científico o tecnológico, siempre que la pretendida contratada posea incuestionable reputación ético-profesional;
XIII - en la contratación de institución brasileña encargada, reglamentaria o estatutariamente, de la investigación, de la enseñanza o del desarrollo institucional, o de institución dedicada a la recuperación social del preso, siempre que la contratada posea incuestionable reputación ético-profesional y no tenga fines de lucro; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XIV - para la adquisición de bienes o servicios por intermedio de organización internacional, siempre que Brasil sea miembro y en los términos de acuerdo específico, cuando las condiciones ofrecidas sean manifiestamente ventajosas para el Poder Público;
XIV - para la adquisición de bienes o servicios en los términos de acuerdo internacional específico aprobado por el Congreso Nacional, cuando las condiciones ofrecidas sean manifiestamente ventajosas para el Poder Público; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XV - para la adquisición o restauración de obras de arte y objetos históricos, de autenticidad certificada, siempre que sean compatibles o inherentes a las finalidades del órgano o entidad.
XVI - para la impresión de los diarios oficiales, de formularios estandarizados de uso de la administración, y de ediciones técnicas oficiales, así como para la prestación de servicios de informática a persona jurídica de derecho público interno, por órganos o entidades que integren la Administración Pública, creados para ese fin específico; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
XVII - para la adquisición de componentes o piezas de origen nacional o extranjero, necesarios para el mantenimiento de equipos durante el período de garantía técnica, ante el proveedor original de esos equipos, cuando tal condición de exclusividad sea indispensable para la vigencia de la garantía; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
XVIII - en las compras o contrataciones de servicios para el abastecimiento de buques, embarcaciones, unidades aéreas o tropas y sus medios de desplazamiento cuando se encuentren en estadía eventual de corta duración en puertos, aeropuertos o localidades diferentes de sus sedes, por motivo de movimiento operacional o de adiestramiento, cuando la exigüidad de los plazos legales pueda comprometer la normalidad y los propósitos de las operaciones y siempre que su valor no exceda el límite previsto en la letra "a" del inciso II del art. 23 de esta Ley: (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
XIX - para las compras de material de uso por las Fuerzas Armadas, con excepción de materiales de uso personal y administrativo, cuando exista necesidad de mantener la estandarización requerida por la estructura de apoyo logístico de los medios navales, aéreos y terrestres, mediante dictamen de comisión instituida por decreto; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
XX - en la contratación de asociación de personas con discapacidad física, sin fines de lucro y de comprobada idoneidad, por órganos o entidades de la Administración Pública, para la prestación de servicios o suministro de mano de obra, siempre que el precio contratado sea compatible con el practicado en el mercado. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
XXI - Para la adquisición de bienes destinados exclusivamente a la investigación científica y tecnológica con recursos concedidos por la CAPES, FINEP, CNPq u otras instituciones de fomento a la investigación acreditadas por el CNPq para ese fin específico. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
XXI - para la adquisición de bienes e insumos destinados exclusivamente a la investigación científica y tecnológica con recursos concedidos por la Capes, por la Finep, por el CNPq o por otras instituciones de fomento a la investigación acreditadas por el CNPq para ese fin específico; (Redacción dada por la Ley nº 12.349, de 2010)
XXI - para la adquisición o contratación de producto para investigación y desarrollo, limitada, en el caso de obras y servicios de ingeniería, al 20% (veinte por ciento) del valor de que trata la letra “b” del inciso I del caput del art. 23; (Incluido por la Ley nº 13.243, de 2016)
XXII - en la contratación del suministro de energía eléctrica con concesionario, permisionario o autorizado, según las normas de la legislación específica; (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
XXII - en la contratación de suministro de energía eléctrica y gas natural con concesionario, permisionario o autorizado, según las normas de la legislación específica; (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
XXIII - en la contratación realizada por empresa pública o sociedad de economía mixta con sus subsidiarias y controladas, para la adquisición o enajenación de bienes, prestación u obtención de servicios, siempre que el precio contratado sea compatible con el practicado en el mercado. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
XXIV - para la celebración de contratos de prestación de servicios con las organizaciones sociales, calificadas en el ámbito de las respectivas esferas de gobierno, para actividades contempladas en el contrato de gestión. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
XXV - en la contratación realizada por Institución Científica y Tecnológica - ICT o por agencia de fomento para la transferencia de tecnología y para el licenciamiento de derecho de uso o de explotación de creación protegida. (Incluido por la Ley nº 10.973, de 2004)
XXVI – en la celebración de contrato de programa con ente de la Federación o con entidad de su administración indirecta, para la prestación de servicios públicos de forma asociada en los términos de lo autorizado en contrato de consorcio público o en convenio de cooperación. (Incluido por la Ley nº 11.107, de 2005)
XXVII - para el suministro de bienes y servicios, producidos o prestados en el País, que involucren, cumulativamente, alta complejidad tecnológica y defensa nacional, mediante dictamen de comisión especialmente designada por la autoridad máxima del órgano. (Incluido por la Ley nº 11.196, de 2005)
XXVII - en la contratación de la recolección, procesamiento y comercialización de residuos sólidos urbanos reciclables o reutilizables, en áreas con sistema de recolección selectiva de basura, efectuados por asociaciones o cooperativas formadas exclusivamente por personas físicas de bajos ingresos reconocidas por el poder público como recolectores de materiales reciclables, con el uso de equipos compatibles con las normas técnicas, ambientales y de salud pública. (Redacción dada por la Ley nº 11.445, de 2007).
XXVIII -(Véase Medida Provisoria nº 352, de 2007)
XXVIII – para el suministro de bienes y servicios, producidos o prestados en el País, que involucren, cumulativamente, alta complejidad tecnológica y defensa nacional, mediante dictamen de comisión especialmente designada por la autoridad máxima del órgano. (Incluido por la Ley nº 11.484, de 2007).
XXIX – en la adquisición de bienes y contratación de servicios para atender a los contingentes militares de las Fuerzas Singulares brasileñas empleadas en operaciones de paz en el exterior, necesariamente justificadas en cuanto al precio y a la elección del proveedor o ejecutante y ratificadas por el Comandante de la Fuerza. (Incluido por la Ley nº 11.783, de 2008).
XXX - en la contratación de institución u organización, pública o privada, con o sin fines de lucro, para la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión rural en el ámbito del Programa Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural en la Agricultura Familiar y en la Reforma Agraria, instituido por ley federal. (Incluido por la Ley nº 12.188, de 2.010)
XXXI - en las contrataciones que tengan por objeto el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 3º, 4º, 5º y 20 de la Ley nº 10.973, de 2 de diciembre de 2004, observados los principios generales de contratación contenidos en ella.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
XXXI - en las contrataciones que tengan por objeto el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 3º, 4º, 5º y 20 de la Ley nº 10.973, de 2 de diciembre de 2004, observados los principios generales de contratación contenidos en ella. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
XXXII - en la contratación en que haya transferencia de tecnología de productos estratégicos para el Sistema Único de Salud - SUS, en el ámbito de la Ley nº 8.080, de 19 de septiembre de 1990, conforme a lo enumerado en acto de la dirección nacional del SUS, inclusive con ocasión de la adquisición de estos productos durante las etapas de absorción tecnológica. (Incluido por la Ley nº 12.715, de 2012)
XXXIII - en la contratación de entidades privadas sin fines de lucro, para la implementación de cisternas u otras tecnologías sociales de acceso al agua para consumo humano y producción de alimentos, para beneficiar a las familias rurales de bajos ingresos afectadas por la sequía o la falta regular de agua.(Incluido por la Medida Provisoria nº 619, de 2013)(Véase Decreto nº 8.038, de 2013)
XXXIII - en la contratación de entidades privadas sin fines de lucro, para la implementación de cisternas u otras tecnologías sociales de acceso al agua para consumo humano y producción de alimentos, para beneficiar a las familias rurales de bajos ingresos afectadas por la sequía o la falta regular de agua. (Incluido por la Ley nº 12.873, de 2013)
XXXIV - para la adquisición por persona jurídica de derecho público interno de insumos estratégicos para la salud producidos o distribuidos por fundación que, reglamentaria o estatutariamente, tenga por finalidad apoyar a órgano de la administración pública directa, a su autarquía o fundación en proyectos de enseñanza, investigación, extensión, desarrollo institucional, científico y tecnológico y estímulo a la innovación, inclusive en la gestión administrativa y financiera necesaria para la ejecución de esos proyectos, o en asociaciones que involucren transferencia de tecnología de productos estratégicos para el Sistema Único de Salud – SUS, en los términos del inciso XXXII de este artículo, y que haya sido creada para ese fin específico en fecha anterior a la vigencia de esta Ley, siempre que el precio contratado sea compatible con el practicado en el mercado. (Incluido por la Ley nº 13.204, de 2015)
XXXV - para la construcción, la ampliación, la reforma y el perfeccionamiento de establecimientos penales, siempre que se configure situación de grave e inminente riesgo para la seguridad pública. (Incluido por la Ley nº 13.500, de 2017)
Párrafo único. Los porcentajes referidos en los incisos I y II de este artículo serán del 20% (veinte por ciento) para compras, obras y servicios contratados por sociedad de economía mixta y empresa pública, así como por autarquía y fundación calificadas, en la forma de la ley, como Agencias Ejecutivas. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
Párrafo único. Los porcentajes referidos en los incisos I y II del caput de este artículo serán del 20% (veinte por ciento) para compras, obras y servicios contratados por consorcios públicos, sociedad de economía mixta, empresa pública y por autarquía o fundación calificadas, en la forma de la ley, como Agencias Ejecutivas. (Redacción dada por la Ley nº 11.107, de 2005)
§ 1o Los porcentajes referidos en los incisos I y II del caput de este artículo serán del 20% (veinte por ciento) para compras, obras y servicios contratados por consorcios públicos, sociedad de economía mixta, empresa pública y por autarquía o fundación calificadas, en la forma de la ley, como Agencias Ejecutivas. (Incluido por la Ley nº 12.715, de 2012)
§ 2o El límite temporal de creación del órgano o entidad que integre la administración pública establecido en el inciso VIII del caput de este artículo no se aplica a los órganos o entidades que producen productos estratégicos para el SUS, en el ámbito de la Ley nº 8.080, de 19 de septiembre de 1990, conforme a lo enumerado en acto de la dirección nacional del SUS. (Incluido por la Ley nº 12.715, de 2012)
§ 3o La hipótesis de dispensa prevista en el inciso XXI del caput, cuando se aplique a obras y servicios de ingeniería, seguirá procedimientos especiales instituidos en reglamentación específica. (Incluido por la Ley nº 13.243, de 2016) Reglamento
§ 4o No se aplica la prohibición prevista en el inciso I del caput del art. 9o a la hipótesis prevista en el inciso XXI del caput. (Incluido por la Ley nº 13.243, de 2016)
Art. 25. La licitación es inexigible cuando exista inviabilidad de competencia, en especial:
I - para la adquisición de materiales, equipos o géneros que solo puedan ser suministrados por un productor, empresa o representante comercial exclusivo, quedando prohibida la preferencia de marca, debiendo la comprobación de exclusividad realizarse mediante constancia expedida por el órgano de registro de comercio del lugar en que se realizaría la licitación o la obra o el servicio, por el Sindicato, Federación o Confederación Patronal, o, incluso, por las entidades equivalentes;
II - para la contratación de servicios técnicos enumerados en el art. 13 de esta Ley, de naturaleza singular, con profesionales o empresas de notoria especialización, quedando prohibida la inexigibilidad para servicios de publicidad y divulgación;
III - para la contratación de profesional de cualquier sector artístico, directamente o por medio de empresario exclusivo, siempre que sea consagrado por la crítica especializada o por la opinión pública.
§ 1o Se considera de notoria especialización al profesional o empresa cuyo concepto en el campo de su especialidad, derivado de desempeño anterior, estudios, experiencias, publicaciones, organización, equipamiento, equipo técnico, o de otros requisitos relacionados con sus actividades, permita inferir que su trabajo es esencial e indiscutiblemente el más adecuado para la plena satisfacción del objeto del contrato.
§ 2o En la hipótesis de este artículo y en cualquiera de los casos de dispensa, si se comprobare sobrefacturación, responden solidariamente por el daño causado a la Hacienda Pública el proveedor o el prestador de servicios y el agente público responsable, sin perjuicio de otras sanciones legales aplicables.
Art. 26. Las dispensas previstas en los incisos III a XV del art. 24, las situaciones de inexigibilidad referidas en el art. 25, necesariamente justificadas, y el retardo previsto al final del § 2º del art. 8º de esta ley deberán ser comunicados dentro de 3 (tres) días a la autoridad superior para su ratificación y publicación en la prensa oficial en el plazo de 5 (cinco) días, como condición de eficacia de los actos.
Art. 26. Las dispensas previstas en los §§ 2º y 4º del art. 17 y en los incisos III a XX del art. 24, las situaciones de inexigibilidad referidas en el art. 25, necesariamente justificadas, y el retardo previsto al final del párrafo único del art. 8º de esta ley deberán ser comunicados dentro de tres días a la autoridad superior para su ratificación y publicación en la prensa oficial en el plazo de cinco días, como condición para la eficacia de los actos. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 26. Las dispensas previstas en los §§ 2o y 4o del art. 17 y en los incisos III a XXIV del art. 24, las situaciones de inexigibilidad referidas en el art. 25, necesariamente justificadas, y el retardo previsto al final del párrafo único del art. 8o, deberán ser comunicados dentro de tres días a la autoridad superior, para su ratificación y publicación en la prensa oficial, en el plazo de cinco días, como condición para la eficacia de los actos. (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
Art. 26. Las dispensas previstas en los §§ 2o y 4o del art. 17 y en el inciso III y siguientes del art. 24, las situaciones de inexigibilidad referidas en el art. 25, necesariamente justificadas, y el retardo previsto al final del párrafo único del art. 8o de esta Ley deberán ser comunicados, dentro de 3 (tres) días, a la autoridad superior, para su ratificación y publicación en la prensa oficial, en el plazo de 5 (cinco) días, como condición para la eficacia de los actos. (Redacción dada por la Ley nº 11.107, de 2005)
Párrafo único. El proceso de dispensa, de inexigibilidad o de retardo, previsto en este artículo, será instruido, en lo que corresponda, con los siguientes elementos:
I - caracterización de la situación de emergencia o de calamidad que justifique la dispensa, cuando sea el caso;
I - caracterización de la situación de emergencia, de calamidad o de grave e inminente riesgo para la seguridad pública que justifique la dispensa, cuando sea el caso; (Redacción dada por la Ley nº 13.500, de 2017)
II - razón de la elección del proveedor o ejecutor;
III - justificación del precio.
IV - documento de aprobación de los proyectos de investigación a los cuales se destinarán los bienes. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)

Sección II De la Habilitación

Art. 27. Para la habilitación en las licitaciones se exigirá a los interesados, exclusivamente, documentación relativa a:
I - habilitación jurídica;
II - calificación técnica;
III - calificación económico-financiera;
IV - regularidad fiscal.
IV – regularidad fiscal y laboral; (Redacción dada por la Ley nº 12.440, de 2011)
V – cumplimiento de lo dispuesto en el inciso XXXIII del art. 7o de la Constitución Federal. (Incluido por la Ley nº 9.854, de 1999)
Art. 28. La documentación relativa a la habilitación jurídica, según el caso, consistirá en:
I - cédula de identidad;
II - registro comercial, en el caso de empresa individual;
III - acto constitutivo, estatuto o contrato social vigente, debidamente registrado, tratándose de sociedades comerciales, y, en el caso de sociedades por acciones, acompañado de los documentos de elección de sus administradores;
IV - inscripción del acto constitutivo, en el caso de sociedades civiles, acompañada de prueba de la directiva en ejercicio;
V - decreto de autorización, tratándose de empresa o sociedad extranjera que funcione en el País, y acto de registro o autorización de funcionamiento expedido por el órgano competente, cuando la actividad así lo exija.
Art. 29. La documentación relativa a la regularidad fiscal, según el caso, consistirá en:
Art. 29. La documentación relativa a la regularidad fiscal y laboral, según el caso, consistirá en: (Redacción dada por la Ley nº 12.440, de 2011)
I - prueba de inscripción en el Registro de Personas Físicas (CPF) o en el Registro General de Contribuyentes (CGC);
II - prueba de inscripción en el registro de contribuyentes estatal o municipal, si lo hubiere, relativo al domicilio o sede del licitante, pertinente a su ramo de actividad y compatible con el objeto contractual;
III - prueba de regularidad ante la Hacienda Federal, Estatal y Municipal del domicilio o sede del licitante, u otra equivalente, en la forma de la ley;
IV - prueba de regularidad relativa a la Seguridad Social, demostrando situación regular en el cumplimiento de las cargas sociales instituidas por ley.
IV - prueba de regularidad relativa a la Seguridad Social y al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), demostrando situación regular en el cumplimiento de las cargas sociales instituidas por ley. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
V – prueba de inexistencia de deudas incumplidas ante la Justicia del Trabajo, mediante la presentación de certificación negativa, en los términos del Título VII-A de la Consolidación de las Leyes del Trabajo, aprobada por el Decreto-Ley no 5.452, de 1o de mayo de 1943. (Incluido por la Ley nº 12.440, de 2011)
Art. 30. La documentación relativa a la calificación técnica se limitará a:
I - registro o inscripción en la entidad profesional competente;
II - comprobación de aptitud para el desempeño de actividad pertinente y compatible en características, cantidades y plazos con el objeto de la licitación, e indicación de las instalaciones, del equipamiento y del personal técnico adecuados y disponibles para la realización del objeto de la licitación, así como de la calificación de cada uno de los miembros del equipo técnico que se responsabilizará por los trabajos;
III - comprobación, suministrada por el órgano licitante, de que recibió los documentos y, cuando se exija, de que tomó conocimiento de todas las informaciones y de las condiciones locales para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la licitación;
IV - prueba de cumplimiento de los requisitos previstos en ley especial, cuando sea el caso.
§ 1º La comprobación de aptitud referida en el inciso II de este artículo, en el caso de licitaciones pertinentes a obras y servicios, se realizará mediante constancias expedidas por personas jurídicas de derecho público o privado, debidamente certificadas por la entidad profesional competente, limitándose las exigencias a:
a) en cuanto a la capacitación técnico-profesional: comprobación del licitante de que posee en su plantilla permanente, en la fecha de la licitación, profesional de nivel superior titular de constancia de responsabilidad técnica por la ejecución de obra o servicio de características semejantes, limitadas estas exclusivamente a las partes de mayor relevancia y valor significativo del objeto de la licitación, quedando prohibidas las exigencias de cantidades mínimas o plazos máximos;
b) (VETADO)
§ 1o La comprobación de aptitud referida en el inciso II del "caput" de este artículo, en el caso de las licitaciones pertinentes a obras y servicios, se realizará mediante constancias expedidas por personas jurídicas de derecho público o privado, debidamente registradas en las entidades profesionales competentes, limitándose las exigencias a: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - capacitación técnico-profesional: comprobación del licitante de que posee en su plantilla permanente, en la fecha prevista para la entrega de la propuesta, profesional de nivel superior u otro debidamente reconocido por la entidad competente, titular de constancia de responsabilidad técnica por la ejecución de obra o servicio de características semejantes, limitadas estas exclusivamente a las partes de mayor relevancia y valor significativo del objeto de la licitación, quedando prohibidas las exigencias de cantidades mínimas o plazos máximos; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
II - (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 2º Las partes de mayor relevancia técnica o de valor significativo, mencionadas en el párrafo anterior, serán definidas previa y objetivamente en el instrumento de convocatoria.
§ 2o Las partes de mayor relevancia técnica y de valor significativo, mencionadas en el párrafo anterior, serán definidas en el instrumento de convocatoria. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3o Se admitirá siempre la comprobación de aptitud mediante certificaciones o constancias de obras o servicios similares de complejidad tecnológica y operacional equivalente o superior.
§ 4o En las licitaciones para el suministro de bienes, la comprobación de aptitud, cuando sea el caso, se realizará mediante constancias expedidas por persona jurídica de derecho público o privado.
§ 5o Se prohíbe la exigencia de comprobación de actividad o de aptitud con limitaciones de tiempo o de época, o incluso en lugares específicos, o cualesquiera otras no previstas en esta Ley, que inhiban la participación en la licitación.
§ 6o Las exigencias mínimas relativas a instalaciones de obradores, máquinas, equipos y personal técnico especializado, considerados esenciales para el cumplimiento del objeto de la licitación, se cumplirán mediante la presentación de una relación explícita y de la declaración formal de su disponibilidad, bajo las penas aplicables, quedando prohibidas las exigencias de propiedad y de localización previa.
§ 7o (VETADO)
§ 7º (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
II - (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 8o En el caso de obras, servicios y compras de gran envergadura y de alta complejidad técnica, la Administración podrá exigir a los licitantes la metodología de ejecución, cuya evaluación, a efectos de su aceptación o no, siempre antecederá al análisis de los precios y se efectuará exclusivamente por criterios objetivos.
§ 9o Se entiende por licitación de alta complejidad técnica aquella que involucre alta especialización, como factor de extrema relevancia para garantizar la ejecución del objeto que se vaya a contratar, o que pueda comprometer la continuidad de la prestación de servicios públicos esenciales.
§ 10. Los profesionales indicados por el licitante a los efectos de la comprobación de la capacitación técnico-operacional de que trata el inciso I del § 1º de este artículo deberán participar en la obra o servicio objeto de la licitación, admitiéndose la sustitución por profesionales de experiencia equivalente o superior, siempre que sea aprobada por la administración. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 12. (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 31. La documentación relativa a la calificación económico-financiera se limitará a:
I - balance patrimonial y estados contables del último ejercicio social, ya exigibles y presentados en la forma de la ley, que acrediten la buena situación financiera de la empresa, quedando prohibida su sustitución por balances de comprobación o balances provisionales, pudiendo ser actualizados mediante índices oficiales cuando hayan sido cerrados hace más de 3 (tres) meses de la fecha de presentación de la propuesta;
II - certificado negativo de quiebra o concordato expedido por el distribuidor de la sede de la persona jurídica, o de ejecución patrimonial, expedido en el domicilio de la persona física;
III - garantía, en las mismas modalidades y criterios previstos en el "caput" y en el § 1o del art. 56 de esta Ley, limitada al 1% (uno por ciento) del valor estimado del objeto de la contratación.
§ 1º La exigencia de indicadores se limitará a la demostración de la capacidad financiera del licitante con miras a los compromisos que deberá asumir en caso de que se le adjudique el contrato.
§ 1o La exigencia de índices se limitará a la demostración de la capacidad financiera del licitante con miras a los compromisos que deberá asumir en caso de que se le adjudique el contrato, quedando prohibida la exigencia de valores mínimos de facturación anterior, de índices de rentabilidad o de lucratividad. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 2o La Administración, en las compras para entrega futura y en la ejecución de obras y servicios, podrá establecer, en el instrumento de convocatoria de la licitación, la exigencia de capital mínimo o de patrimonio neto mínimo, o también las garantías previstas en el § 1o del art. 56 de esta Ley, como dato objetivo de acreditación de la calificación económico-financiera de los licitantes y a efectos de garantía del cumplimiento del contrato que posteriormente se celebre.
§ 3o El capital mínimo o el valor del patrimonio neto a que se refiere el parágrafo anterior no podrá exceder del 10% (diez por ciento) del valor estimado de la contratación, debiendo realizarse la acreditación con relación a la fecha de presentación de la propuesta, en la forma de la ley, admitiéndose la actualización a dicha fecha mediante índices oficiales.
§ 4o Podrá exigirse, asimismo, la relación de los compromisos asumidos por el licitante que impliquen disminución de la capacidad operativa o absorción de disponibilidad financiera, calculada esta en función del patrimonio neto actualizado y de su capacidad de rotación.
§ 5º La acreditación de la buena situación financiera de la empresa se realizará de forma objetiva, mediante el cálculo de índices contables previstos en el pliego de licitación y debidamente justificados en el proceso administrativo que haya dado inicio al proceso de licitación.
§ 5o La acreditación de la buena situación financiera de la empresa se realizará de forma objetiva, mediante el cálculo de índices contables previstos en el pliego de licitación y debidamente justificados en el proceso administrativo de la licitación que haya dado inicio al certamen licitatorio, quedando prohibida la exigencia de índices y valores no usualmente adoptados para la correcta evaluación de una situación financiera suficiente para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licitación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 6o (VETADO)
§ 6º (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 32. Los documentos necesarios para la habilitación podrán presentarse en original, mediante cualquier procedimiento de copia autenticada por notario o por funcionario de la unidad que realiza la licitación, o mediante publicación en órgano de prensa oficial.
Art. 32. Los documentos necesarios para la habilitación podrán presentarse en original, mediante cualquier procedimiento de copia autenticada por notaría competente o por servidor de la administración, o mediante publicación en órgano de la prensa oficial. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1o La documentación a que se refieren los arts. 28 a 31 de esta Ley podrá ser dispensada, en todo o en parte, en los casos de invitación, concurso, suministro de bienes para entrega inmediata y subasta.
§ 2º El certificado de registro de inscripción a que se refiere el § 1º del art. 36 sustituye a los documentos enumerados en los arts. 28 y 29, con exclusión de aquellos a que se refieren los incisos III y IV del art. 29, quedando la parte obligada a declarar, bajo las penalidades que correspondan, la superveniencia de hecho impeditivo de la habilitación, y a presentar el resto de la documentación prevista en los arts. 30 y 31 de esta ley.
§ 2o El certificado de registro de inscripción a que se refiere el § 1o del art. 36 sustituye a los documentos enumerados en los arts. 28 a 31, en cuanto a las informaciones disponibles en el sistema informatizado de consulta directa indicado en el pliego de licitación, quedando la parte obligada a declarar, bajo las penalidades legales, la superveniencia de hecho impeditivo de la habilitación. (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
§ 3o La documentación a que se refiere este artículo podrá ser sustituida por un registro de inscripción emitido por órgano o entidad pública, siempre que esté previsto en el pliego de licitación y que el registro se haya efectuado en observancia de lo dispuesto en esta Ley.
§ 4o Las empresas extranjeras que no funcionen en el País, en la medida de lo posible, cumplirán, en las licitaciones internacionales, las exigencias de los parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados por los respectivos consulados y traducidos por traductor jurado, debiendo contar con representación legal en Brasil con poderes expresos para recibir citación y responder administrativa o judicialmente.
§ 5o No se exigirá, para la habilitación a que se refiere este artículo, el pago previo de tasas o emolumentos, salvo los referentes al suministro del pliego de licitación, cuando se solicite, con sus elementos constitutivos, limitados al valor del costo efectivo de reproducción gráfica de la documentación suministrada.
§ 6o Lo dispuesto en el § 4o de este artículo, en el § 1o del art. 33 y en el § 2o del art. 55 no se aplica a las licitaciones internacionales para la adquisición de bienes y servicios cuyo pago se efectúe con el producto de financiamiento concedido por organismo financiero internacional del que Brasil forme parte, o por agencia extranjera de cooperación, ni a los casos de contratación con empresa extranjera, para la compra de equipos fabricados y entregados en el exterior, siempre que para este caso haya habido autorización previa del Jefe del Poder Ejecutivo, ni a los casos de adquisición de bienes y servicios realizada por unidades administrativas con sede en el exterior.
§ 7o La documentación a que se refieren los arts. 28 a 31 y este artículo podrá ser dispensada, en los términos del reglamento, en todo o en parte, para la contratación de producto para investigación y desarrollo, siempre que sea para entrega inmediata o hasta el valor previsto en la letra “a” del inciso II del caput del art. 23. - (Incluido por la Ley nº 13.243, de 2016) Reglamento
Art. 33. Cuando en la licitación se permita la participación de empresas en consorcio, se observarán las siguientes normas:
I - acreditación del compromiso público o privado de constitución del consorcio, suscrito por los consorciados;
II - indicación de la empresa responsable del consorcio, que deberá cumplir las condiciones de liderazgo, obligatoriamente fijadas en el pliego de licitación;
III - presentación de los documentos exigidos en los arts. 28 a 31 de esta Ley por parte de cada consorciado, admitiéndose, a efectos de calificación técnica, la suma de las cantidades de cada consorciado, y, a efectos de calificación económico-financiera, la suma de los valores de cada consorciado, en la proporción de su respectiva participación, pudiendo la Administración establecer, para el consorcio, un incremento de hasta el 30% (treinta por ciento) de los valores exigidos al licitante individual, siendo inexigible este incremento para los consorcios compuestos, en su totalidad, por micro y pequeñas empresas así definidas en la ley;
IV - impedimento de participación de empresa consorciada, en la misma licitación, a través de más de un consorcio o de forma aislada;
V - responsabilidad solidaria de los integrantes por los actos practicados en consorcio, tanto en la fase de licitación como en la de ejecución del contrato.
§ 1o En el consorcio de empresas brasileñas y extranjeras, el liderazgo corresponderá, obligatoriamente, a la empresa brasileña, observado lo dispuesto en el inciso II de este artículo.
§ 2o El licitante vencedor queda obligado a promover, antes de la celebración del contrato, la constitución y el registro del consorcio, en los términos del compromiso referido en el inciso I de este artículo.

Sección III De los Registros de Inscripción

Art. 34. Para los fines de esta Ley, los órganos y entidades de la Administración Pública que realicen licitaciones con frecuencia mantendrán registros de inscripción a efectos de habilitación, en la forma reglamentaria, válidos por, como máximo, un año. (Reglamento)
§ 1o El registro de inscripción deberá ser ampliamente divulgado y deberá estar permanentemente abierto a los interesados, quedando obligada la unidad responsable del mismo a efectuar, como mínimo anualmente, a través de la prensa oficial y de un diario, un llamamiento público para la actualización de los registros existentes y para el ingreso de nuevos interesados.
§ 1º El registro de inscripción deberá ser ampliamente divulgado y deberá estar permanentemente abierto a los interesados, quedando obligada la unidad responsable del mismo a efectuar, con periodicidad mínima anual, por medio de la prensa oficial y de un sitio electrónico oficial, un llamamiento público para la actualización de los registros existentes y para el ingreso de nuevos interesados.(Redacción dada por la Medida Provisoria nº 896, de 2019) (Vigencia finalizada)
§ 1o El registro de inscripción deberá ser ampliamente divulgado y deberá estar permanentemente abierto a los interesados, quedando obligada la unidad responsable del mismo a efectuar, como mínimo anualmente, a través de la prensa oficial y de un diario, un llamamiento público para la actualización de los registros existentes y para el ingreso de nuevos interesados.
§ 2o Las unidades administrativas podrán utilizar los registros de inscripción de otros órganos o entidades de la Administración Pública.
Art. 35. Al solicitar la inscripción en el registro, o su actualización, en cualquier momento, el interesado suministrará los elementos necesarios para satisfacer las exigencias del art. 27 de esta Ley.
Art. 36. Los inscritos serán clasificados por categorías, atendiendo a su especialización, subdivididas en grupos, según la calificación técnica y económica evaluada por los elementos constantes de la documentación relacionada en los arts. 30 y 31 de esta Ley.
§ 1o A los inscritos se les suministrará un certificado, renovable siempre que actualicen el registro.
§ 2o La actuación del licitante en el cumplimiento de las obligaciones asumidas será anotada en el respectivo registro de inscripción.
Art. 37. En cualquier momento podrá ser modificado, suspendido o cancelado el registro del inscrito que deje de satisfacer las exigencias del art. 27 de esta Ley, o las establecidas para la clasificación en el registro.

Sección IV Del Procedimiento y Juzgamiento

Art. 38. El procedimiento de la licitación se iniciará con la apertura de un proceso administrativo, debidamente registrado, protocolizado y numerado, que contenga la respectiva autorización, la indicación sucinta de su objeto y del recurso propio para el gasto, y al cual se agregarán oportunamente:
I - pliego de licitación o invitación y respectivos anexos, cuando corresponda;
II - comprobante de las publicaciones del pliego de licitación resumido, en la forma del art. 21 de esta Ley, o de la entrega de la invitación;
III - acto de designación de la comisión de licitación, del subastador administrativo u oficial, o del responsable de la invitación;
IV - original de las propuestas y de los documentos que las acompañen;
V - actas, informes y deliberaciones de la Comisión Juzgadora;
VI - dictámenes técnicos o jurídicos emitidos sobre la licitación, la dispensa o la inexigibilidad;
VII - actos de adjudicación del objeto de la licitación y de su homologación;
VIII - recursos eventualmente presentados por los licitantes y respectivas manifestaciones y decisiones;
IX - despacho de anulación o de revocación de la licitación, cuando corresponda, fundamentado circunstanciadamente;
X - instrumento de contrato o instrumento equivalente, según el caso;
XI - otros comprobantes de publicaciones;
XII - demás documentos relativos a la licitación.
Párrafo único. Las minutas de los pliegos de licitación, así como las de los contratos, acuerdos, convenios o ajustes deben ser previamente examinadas y aprobadas por el órgano de asesoría jurídica de la unidad responsable de la licitación.
Párrafo único. Las minutas de pliegos de licitación, así como las de los contratos, acuerdos, convenios o ajustes deben ser previamente examinadas y aprobadas por la asesoría jurídica de la Administración. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 39. Siempre que el valor estimado para una licitación o para un conjunto de licitaciones simultáneas o sucesivas sea superior a 100 (cien) veces el límite previsto en el art. 23, inciso I, letra "c" de esta Ley, el proceso licitatorio se iniciará, obligatoriamente, con una audiencia pública concedida por la autoridad responsable con una antelación mínima de 15 (quince) días hábiles de la fecha prevista para la publicación del pliego, y divulgada, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles de su realización, por los mismos medios previstos para la publicidad de la licitación, a la cual tendrán acceso y derecho a todas las informaciones pertinentes y a manifestarse todos los interesados.
Párrafo único. Para los fines de este artículo, así como para los del § 5º del art. 23 y del inciso I del art. 24 de esta ley, se consideran licitaciones simultáneas o sucesivas aquellas con objeto semejante, siendo licitaciones simultáneas aquellas con realización prevista para intervalos no superiores a 30 (treinta) días y licitaciones sucesivas aquellas en que el pliego subsiguiente tenga una fecha anterior a 120 (ciento veinte) días después del término de las obligaciones previstas en la licitación antecedente.
Párrafo único. Para los fines de este artículo, se consideran licitaciones simultáneas aquellas con objetos similares y con realización prevista para intervalos no superiores a treinta días y licitaciones sucesivas aquellas en que, también con objetos similares, el pliego subsiguiente tenga una fecha anterior a ciento veinte días después del término del contrato resultante de la licitación antecedente. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 40. El pliego contendrá en el preámbulo el número de orden en serie anual, el nombre de la repartición interesada y de su sector, la modalidad, el régimen de ejecución y el tipo de la licitación, la mención de que se regirá por esta Ley, el lugar, día y hora para la recepción de la documentación y propuesta, así como para el inicio de la apertura de los sobres, e indicará, obligatoriamente, lo siguiente:
I - objeto de la licitación, en descripción sucinta y clara;
II - plazo y condiciones para la firma del contrato o retiro de los instrumentos, como se prevé en el art. 64 de esta Ley, para la ejecución del contrato y para la entrega del objeto de la licitación;
III - sanciones para el caso de incumplimiento;
IV - lugar donde podrá ser examinado y adquirido el proyecto básico;
V - si hay proyecto ejecutivo disponible en la fecha de publicación del pliego de licitación y el lugar donde pueda ser examinado y adquirido;
VI - condiciones para la participación en la licitación, de conformidad con los arts. 27 a 31 de esta Ley, y forma de presentación de las propuestas;
VII - criterio de juzgamiento, con disposiciones claras y parámetros objetivos;
VIII - lugares, horarios y códigos de acceso de los medios de comunicación a distancia en que se suministrarán elementos, informaciones y aclaraciones relativos a la licitación y a las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones necesarias para la realización de su objeto;
IX - condiciones equivalentes de pago entre empresas brasileñas y extranjeras, en el caso de licitaciones internacionales;
X - el criterio de aceptabilidad de los precios unitarios y global, según el caso;
X - criterio de aceptabilidad de los precios unitarios y global, según el caso, quedando prohibida la fijación de precios mínimos, criterios estadísticos o márgenes de variación con relación a precios de referencia; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
X - el criterio de aceptabilidad de los precios unitario y global, según el caso, permitida la fijación de precios máximos y prohibida la fijación de precios mínimos, criterios estadísticos o márgenes de variación con relación a precios de referencia, salvo lo dispuesto en los parágrafos 1º y 2º del art. 48; (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
XI - criterio de reajuste, que deberá reflejar la variación del costo de producción, admitida la adopción de índices específicos o sectoriales, desde la fecha de la propuesta o del presupuesto al que esta se refiera hasta la fecha del cumplimiento de cada parcela;
XI - criterio de reajuste, que deberá reflejar la variación efectiva del costo de producción, admitida la adopción de índices específicos o sectoriales, desde la fecha prevista para la presentación de la propuesta, o del presupuesto al que dicha propuesta se refiera, hasta la fecha del cumplimiento de cada parcela; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XII - (VETADO)
XII - (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
XIII - límites para el pago de instalación y movilización para la ejecución de obras o servicios que serán obligatoriamente previstos por separado de las demás parcelas, etapas o tareas;
XIV - condiciones de pago, previendo:
a) plazo de pago con relación a la fecha final de cada período de medición no superior a 30 (treinta) días;
a) plazo de pago no superior a treinta días, contado a partir de la fecha final del período de cumplimiento de cada parcela; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, de conformidad con la disponibilidad de recursos financieros;
c) criterio de actualización financiera de los valores que se pagarán, desde la fecha que se defina en los términos de la letra a de este inciso hasta la fecha del pago efectivo;
c) criterio de actualización financiera de los valores que se pagarán, desde la fecha final del período de cumplimiento de cada parcela hasta la fecha del pago efectivo; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
d) compensaciones financieras y penalizaciones, por eventuales retrasos, y descuentos, por eventuales anticipaciones de pagos;
e) exigencia de seguros, cuando proceda;
XV - instrucciones y normas para los recursos previstos en esta Ley;
XVI - condiciones de recepción del objeto de la licitación;
XVII - otras indicaciones específicas o peculiares de la licitación.
§ 1o El original del pliego deberá ser fechado, rubricado en todas las hojas y firmado por la autoridad que lo expida, permaneciendo en el proceso de licitación, y de él se extraerán copias íntegras o resumidas, para su divulgación y suministro a los interesados.
§ 2o Constituyen anexos del pliego, formando parte integrante del mismo:
I - el proyecto básico y/o ejecutivo, con todas sus partes, diseños, especificaciones y otros complementos;
II - demostrativo del presupuesto estimado en planillas de cantidades y costos unitarios;
II - presupuesto estimado en planillas de cantidades y precios unitarios; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
III - la minuta del contrato que se firmará entre la Administración y el licitante ganador;
IV - las especificaciones complementarias y las normas de ejecución pertinentes a la licitación.
§ 3o Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera como cumplimiento de la obligación contractual la prestación del servicio, la realización de la obra, la entrega del bien o de una parcela de estos, así como cualquier otro evento contractual a cuya ocurrencia esté vinculada la emisión de documento de cobro.
§ 4o En las compras para entrega inmediata, entendidas como aquellas con plazo de entrega de hasta treinta días de la fecha prevista para la presentación de la propuesta, podrán ser dispensadas: (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - lo dispuesto en el inciso XI de este artículo; (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
II - la actualización financiera a que se refiere la letra "c" del inciso XIV de este artículo, correspondiente al período comprendido entre las fechas del cumplimiento y la prevista para el pago, siempre que no sea superior a quince días. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 5º La Administración Pública podrá, en los pliegos de licitación para la contratación de servicios, exigir al contratado que un porcentaje mínimo de su mano de obra provenga o egrese del sistema penitenciario, con la finalidad de resocialización del reeducando, en la forma establecida en reglamento. (Incluido por la Ley nº 13.500, de 2017)
Art. 41. La Administración no puede incumplir las normas y condiciones del pliego, al cual se encuentra estrictamente vinculada.
§ 1o Cualquier ciudadano es parte legítima para impugnar el pliego de licitación por irregularidad en la aplicación de esta Ley, debiendo presentar la solicitud hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres de habilitación, debiendo la Administración juzgar y responder a la impugnación en un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles, sin perjuicio de la facultad prevista en el § 1o del art. 113.
§ 2º Caducará el derecho de impugnar los términos del pliego de licitación ante la Administración para el licitante que, habiéndolos aceptado sin objeción, señale, después de la apertura de los sobres de habilitación, fallas o irregularidades que lo viciarían, hipótesis en la que dicha comunicación no tendrá efecto de recurso.
§ 2o Caducará el derecho de impugnar los términos del pliego de licitación ante la administración para el licitante que no señale, hasta el segundo día hábil anterior a la apertura de los sobres de habilitación en la concurrencia, a la apertura de los sobres con las propuestas en la invitación, toma de precios o concurso, o a la realización de la subasta, las fallas o irregularidades que viciarían dicho pliego, hipótesis en la que dicha comunicación no tendrá efecto de recurso. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3o La impugnación realizada oportunamente por el licitante no le impedirá participar en el proceso licitatorio hasta la firmeza de la decisión que le sea pertinente.
§ 4o La inhabilitación del licitante implica la preclusión de su derecho de participar en las fases subsiguientes.
Art. 42. En las concurrencias de ámbito internacional, el pliego deberá ajustarse a las directrices de la política monetaria y del comercio exterior y atender a las exigencias de los órganos competentes.
§ 1o Cuando se permita al licitante extranjero cotizar precio en moneda extranjera, igualmente podrá hacerlo el licitante brasileño.
§ 2º El pago efectuado al licitante brasileño eventualmente contratado en virtud de la licitación a que se refiere el parágrafo anterior se efectuará en moneda brasileña al tipo de cambio vigente en la fecha del pago efectivo.
§ 2o El pago efectuado al licitante brasileño eventualmente contratado en virtud de la licitación a que se refiere el parágrafo anterior se efectuará en moneda brasileña, al tipo de cambio vigente en el día hábil inmediatamente anterior a la fecha del pago efectivo. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3o Las garantías de pago al licitante brasileño serán equivalentes a las ofrecidas al licitante extranjero.
§ 4o Para los fines del juzgamiento de la licitación, las propuestas presentadas por licitantes extranjeros se incrementarán con los gravámenes consecuentes de los mismos tributos que gravan exclusivamente a los licitantes brasileños en cuanto a la operación final de venta.
§ 5º Para la realización de obras, prestación de servicios o adquisición de bienes con recursos provenientes de financiamiento o donación originarios de agencia oficial de cooperación extranjera u organismo financiero multilateral del que Brasil sea parte, podrán admitirse en la respectiva licitación, manteniéndose los principios básicos de esta ley, las normas y procedimientos de dichas entidades y las condiciones derivadas de acuerdos, protocolos, convenciones o tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional.
§ 5o Para la realización de obras, prestación de servicios o adquisición de bienes con recursos provenientes de financiamiento o donación originarios de agencia oficial de cooperación extranjera u organismo financiero multilateral del que Brasil sea parte, podrán admitirse, en la respectiva licitación, las condiciones derivadas de acuerdos, protocolos, convenciones o tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, así como las normas y procedimientos de aquellas entidades, inclusive en cuanto al criterio de selección de la propuesta más ventajosa para la administración, el cual podrá contemplar, además del precio, otros factores de evaluación, siempre que sean exigidos por ellas para la obtención del financiamiento o de la donación, y que además no entren en conflicto con el principio del juzgamiento objetivo y sean objeto de despacho motivado del órgano ejecutor del contrato, despacho este ratificado por la autoridad inmediatamente superior. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 6o Las cotizaciones de todos los licitantes serán para entrega en el mismo lugar de destino.
Art. 43. La licitación será tramitada y juzgada con observancia de los siguientes procedimientos:
I - apertura de los sobres que contengan la documentación relativa a la habilitación de los concurrentes, y su apreciación;
II - devolución de los sobres cerrados a los concurrentes inhabilitados, que contengan las respectivas propuestas, siempre que no haya habido recurso o después de su denegación;
III - apertura de los sobres que contengan las propuestas de los concurrentes habilitados, siempre que haya transcurrido el plazo sin interposición de recurso, o haya habido desistimiento expreso, o después del juzgamiento de los recursos interpuestos;
IV - verificación de la conformidad de cada propuesta con los requisitos del pliego de condiciones y, según el caso, con los precios corrientes en el mercado o fijados por órgano oficial competente, o aun con los que consten en el sistema de registro de precios, los cuales deberán ser debidamente registrados en el acta de juzgamiento, procediéndose a la descalificación de las propuestas disconformes o incompatibles;
V - juzgamiento y clasificación de las propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación que consten en el pliego de condiciones;
VI - deliberación de la autoridad competente sobre la homologación y adjudicación del objeto de la licitación.
§ 1o La apertura de los sobres que contengan la documentación para la habilitación y las propuestas se realizará siempre en acto público previamente designado, del cual se levantará acta circunstanciada, firmada por los licitantes presentes y por la Comisión.
§ 2o Todos los documentos y propuestas serán rubricados por los licitantes presentes y por la Comisión.
§ 3o Se faculta a la Comisión o a la autoridad superior, en cualquier fase de la licitación, a promover diligencia destinada a aclarar o complementar la instrucción del proceso, quedando prohibida la inclusión posterior de documento o información que debería constar originariamente en la propuesta.
§ 4º Lo dispuesto en este artículo se aplica a la concurrencia y, en lo que corresponda, al concurso, a la subasta, a la toma de precios y a la invitación, facultándose, respecto de esta última, la publicación en la prensa oficial.
§ 4o Lo dispuesto en este artículo se aplica a la concurrencia y, en lo que corresponda, al concurso, a la subasta, a la toma de precios y a la invitación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 5o Superada la fase de habilitación de los concurrentes (incisos I y II) y abiertas las propuestas (inciso III), no cabe descalificarlos por motivo relacionado con la habilitación, salvo en razón de hechos supervinientes o solo conocidos después del juzgamiento.
§ 6o Después de la fase de habilitación, no cabe desistimiento de propuesta, salvo por motivo justo derivado de hecho superviniente y aceptado por la Comisión.
Art. 44. En el juzgamiento de las propuestas, la Comisión tomará en consideración los criterios objetivos definidos en el pliego de condiciones o en la invitación, los cuales no deben contrariar las normas y principios establecidos por esta Ley.
§ 1o Se prohíbe la utilización de cualquier elemento, criterio o factor sigiloso, secreto, subjetivo o reservado que pueda, aun indirectamente, elidir el principio de igualdad entre los licitantes.
§ 2o No se considerará ninguna oferta de ventaja no prevista en el pliego de condiciones o en la invitación, inclusive financiamientos subsidiados o a fondo perdido, ni precio o ventaja basada en las ofertas de los demás licitantes.
§ 3º No se admitirá propuesta que presente precios global o unitarios simbólicos, irrisorios o de valor cero, incompatibles con los precios de los insumos y salarios de mercado, incrementados con los respectivos cargos, aunque el acto convocatorio de la licitación no haya establecido límites mínimos.
§ 3o No se admitirá propuesta que presente precios global o unitarios simbólicos, irrisorios o de valor cero, incompatibles con los precios de los insumos y salarios de mercado, incrementados con los respectivos cargos, aunque el acto convocatorio de la licitación no haya establecido límites mínimos, salvo cuando se refieran a materiales e instalaciones de propiedad del propio licitante, respecto de los cuales este renuncie a una parte o a la totalidad de la remuneración. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4º Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica también a propuestas que incluyan mano de obra extranjera o importación de insumos de cualquier naturaleza, adoptándose, como referencia, los mercados de los países de origen.
§ 4o Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica también a las propuestas que incluyan mano de obra extranjera o importaciones de cualquier naturaleza. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 45. El juzgamiento de las propuestas será objetivo, debiendo la Comisión de licitación o el responsable de la invitación realizarlo de conformidad con los tipos de licitación, los criterios previamente establecidos en el acto convocatorio y de acuerdo con los factores exclusivamente referidos en él, de manera que se posibilite su verificación por los licitantes y por los órganos de control.
§ 1º Para los efectos de este artículo, constituyen tipos de licitación para obras, servicios y compras, excepto en las modalidades de concurso y subasta:
§ 1o Para los efectos de este artículo, constituyen tipos de licitación, excepto en la modalidad de concurso: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - la de menor precio - cuando el criterio de selección de la propuesta más ventajosa para la Administración determine que será ganador el licitante que presente la propuesta de acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones o de la invitación y ofrezca el menor precio;
II - la de mejor técnica;
III - la de técnica y precio.
IV - la de mayor puja u oferta - en los casos de enajenación de bienes o concesión de derecho real de uso. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 2o En caso de empate entre dos o más propuestas, y después de observado lo dispuesto en el § 2o del art. 3o de esta Ley, la clasificación se hará, obligatoriamente, por sorteo, en acto público, para el cual todos los licitantes serán convocados, quedando prohibido cualquier otro procedimiento.
§ 3º En el caso de la licitación del tipo menor precio, entre los licitantes considerados calificados la clasificación se hará por orden creciente de los precios propuestos y aceptables, prevaleciendo, en caso de empate, exclusivamente el criterio previsto en el párrafo anterior.
§ 3o En el caso de la licitación del tipo "menor precio", entre los licitantes considerados calificados la clasificación se dará por orden creciente de los precios propuestos, prevaleciendo, en caso de empate, exclusivamente el criterio previsto en el párrafo anterior. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4º Para la contratación de bienes y servicios de informática, la Administración Pública observará lo dispuesto en el art. 3º de la Ley nº 8.248, de 23 de octubre de 1991, tomando en cuenta, con la adopción de la licitación de técnica y precio, los factores especificados en su § 2º.
§ 4o Para la contratación de bienes y servicios de informática, la administración observará lo dispuesto en el art. 3o de la Ley no 8.248, de 23 de octubre de 1991, tomando en cuenta los factores especificados en su parágrafo 2o y adoptando obligatoriamente el tipo de licitación "técnica y precio", permitiéndose el empleo de otro tipo de licitación en los casos indicados en decreto del Poder Ejecutivo. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 5o Se prohíbe la utilización de otros tipos de licitación no previstos en este artículo.
§ 6o En la hipótesis prevista en el art. 23, § 7º, serán seleccionadas tantas propuestas como sean necesarias hasta que se alcance la cantidad demandada en la licitación. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
Art. 46. Los tipos de licitación mejor técnica o técnica y precio se utilizarán exclusivamente para servicios de naturaleza predominantemente intelectual, en especial en la elaboración de proyectos, cálculos, fiscalización, supervisión y gerenciamiento y de ingeniería consultiva en general, y, en particular, para la elaboración de estudios técnicos preliminares y proyectos básicos y ejecutivos.
Art. 46. Los tipos de licitación "mejor técnica" o "técnica y precio" se utilizarán exclusivamente para servicios de naturaleza predominantemente intelectual, en especial en la elaboración de proyectos, cálculos, fiscalización, supervisión y gerenciamiento y de ingeniería consultiva en general y, en particular, para la elaboración de estudios técnicos preliminares y proyectos básicos y ejecutivos, salvo lo dispuesto en el § 4o del artículo anterior. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1o En las licitaciones del tipo "mejor técnica" se adoptará el siguiente procedimiento, claramente explicitado en el instrumento convocatorio, el cual fijará el precio máximo que la Administración se propone pagar:
I - se abrirán los sobres que contengan las propuestas técnicas exclusivamente de los licitantes previamente calificados y se hará entonces la evaluación y clasificación de estas propuestas de acuerdo con los criterios pertinentes y adecuados al objeto licitado, definidos con claridad y objetividad en el instrumento convocatorio y que consideren la capacitación y la experiencia del proponente, la calidad técnica de la propuesta, comprendiendo metodología, organización, tecnologías y recursos materiales que se utilizarán en los trabajos, y la calificación de los equipos técnicos que se movilizarán para su ejecución;
II - una vez clasificadas las propuestas técnicas, se procederá a la apertura de las propuestas de precio de los licitantes que hayan alcanzado la valoración mínima establecida en el instrumento convocatorio y a la negociación de las condiciones propuestas, con el proponente mejor clasificado, con base en los presupuestos detallados presentados y los respectivos precios unitarios y teniendo como referencia el límite representado por la propuesta de menor precio entre los licitantes que obtuvieron la valoración mínima;
III - en caso de impasse en la negociación anterior, se adoptará un procedimiento idéntico, sucesivamente, con los demás proponentes, por orden de clasificación, hasta la consecución de un acuerdo para la contratación;
IV - las propuestas de precios serán devueltas intactas a los licitantes que no sean preliminarmente habilitados o que no obtengan la valoración mínima establecida para la propuesta técnica.
§ 2o En las licitaciones del tipo "técnica y precio" se adoptará, adicionalmente al inciso I del párrafo anterior, el siguiente procedimiento, claramente explicitado en el instrumento convocatorio:
I - se hará la evaluación y la valoración de las propuestas de precios, de acuerdo con criterios objetivos preestablecidos en el instrumento convocatorio;
II - la clasificación de los proponentes se hará de acuerdo con el promedio ponderado de las valoraciones de las propuestas técnicas y de precio, de acuerdo con los pesos preestablecidos en el instrumento convocatorio.
§ 3o Excepcionalmente, los tipos de licitación previstos en este artículo podrán ser adoptados, por autorización expresa y mediante justificación circunstanciada de la mayor autoridad de la Administración promotora que conste en el acto de convocatoria, para el suministro de bienes y la ejecución de obras o la prestación de servicios de gran envergadura mayoritariamente dependientes de tecnología nítidamente sofisticada y de dominio restringido, atestiguado por autoridades técnicas de reconocida cualificación, en los casos en que el objeto pretendido admita soluciones alternativas y variaciones de ejecución, con repercusiones significativas sobre su calidad, productividad, rendimiento y durabilidad concretamente mensurables, y estas pudieren ser adoptadas a libre elección de los licitantes, de conformidad con los criterios objetivamente fijados en el acto de convocatoria.
§ 4º (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 47. En las licitaciones para la ejecución de obras y servicios, cuando se adopte la modalidad de ejecución de contrata por precio global, la Administración deberá suministrar obligatoriamente, junto con el pliego de condiciones, todos los elementos e informaciones necesarios para que los licitantes puedan elaborar sus propuestas de precios con total y completo conocimiento del objeto de la licitación.
Art. 48. Serán descalificadas:
I - las propuestas que no atiendan las exigencias del acto de convocatoria de la licitación;
II - las propuestas con precios excesivos o manifiestamente inejecutables.
II - propuestas con valor global superior al límite establecido o con precios manifiestamente inejecutables, considerándose como tales aquellos cuya viabilidad no llegue a ser demostrada mediante documentación que acredite que los costos de los insumos son coherentes con los de mercado y que los coeficientes de productividad son compatibles con la ejecución del objeto del contrato, condiciones estas que deberán especificarse necesariamente en el acto de convocatoria de la licitación. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Párrafo único. Cuando todas las propuestas fueren descalificadas, la Administración podrá fijar a los licitantes el plazo de 8 (ocho) días hábiles para la presentación de otras propuestas libres de las causas referidas en este artículo.
Párrafo único. Cuando todos los licitantes fueren inhabilitados o todas las propuestas fueren descalificadas, la Administración podrá fijar a los licitantes el plazo de ocho días hábiles para la presentación de nueva documentación o de otras propuestas libres de las causas referidas en este artículo, facultándose, en el caso de invitación, la reducción de este plazo a tres días hábiles. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para los efectos de lo dispuesto en el inciso II de este artículo, se consideran manifiestamente inejecutables, en el caso de licitaciones de menor precio para obras y servicios de ingeniería, las propuestas cuyos valores sean inferiores al 70% (setenta por ciento) del menor de los siguientes valores: (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
a) media aritmética de los valores de las propuestas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del valor presupuestado por la Administración, o (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
b) valor presupuestado por la Administración. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
§ 2º A los licitantes clasificados en la forma del párrafo anterior cuyo valor global de la propuesta fuere inferior al 80% (ochenta por ciento) del menor valor a que se refieren los apartados "a" y "b", se les exigirá, para la firma del contrato, la prestación de garantía adicional, entre las modalidades previstas en el § 1º del art. 56, igual a la diferencia entre el valor resultante del párrafo anterior y el valor de la correspondiente propuesta. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
§ 3º Cuando todos los licitantes fueren inhabilitados o todas las propuestas fueren descalificadas, la Administración podrá fijar a los licitantes el plazo de ocho días hábiles para la presentación de nueva documentación o de otras propuestas libres de las causas referidas en este artículo, facultándose, en el caso de invitación, la reducción de este plazo a tres días hábiles. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
Art. 49. La autoridad competente para la aprobación del procedimiento solamente podrá revocar la licitación por razones de interés público derivadas de un hecho sobrevenido debidamente comprobado, pertinente y suficiente para justificar tal conducta, debiendo anularla por ilegalidad, de oficio o por provocación de terceros, mediante dictamen escrito y debidamente fundamentado.
§ 1o La anulación del procedimiento licitatorio por motivo de ilegalidad no genera obligación de indemnizar, salvo lo dispuesto en el párrafo único del art. 59 de esta Ley.
§ 2o La nulidad del procedimiento licitatorio induce la del contrato, salvo lo dispuesto en el párrafo único del art. 59 de esta Ley.
§ 3o En caso de deshacimiento del proceso licitatorio, quedan asegurados el contradictorio y la amplia defensa.
§ 4o Lo dispuesto en este artículo y en sus párrafos se aplica a los actos del procedimiento de dispensa y de inexigibilidad de licitación.
Art. 50. La Administración no podrá celebrar el contrato con preterición del orden de clasificación de las propuestas o con terceros ajenos al procedimiento licitatorio, bajo pena de nulidad.
Art. 51. La habilitación preliminar, la inscripción en el registro de contratistas, su modificación o cancelación, y las propuestas serán tramitadas y juzgadas por una comisión permanente o especial de, como mínimo, 3 (tres) miembros, siendo por lo menos 2 (dos) de ellos servidores calificados pertenecientes a los cuadros permanentes de los órganos de la Administración responsables de la licitación.
§ 1o En el caso de invitación, la Comisión de licitación, excepcionalmente, en las pequeñas unidades administrativas y ante la exigüidad del personal disponible, podrá ser sustituida por un servidor formalmente designado por la autoridad competente.
§ 2o La Comisión para el juzgamiento de las solicitudes de inscripción en el registro de contratistas, su modificación o cancelación, estará integrada por profesionales legalmente habilitados en el caso de obras, servicios o adquisición de equipos.
§ 3o Los miembros de las Comisiones de licitación responderán solidariamente por todos los actos practicados por la Comisión, salvo que una posición individual divergente esté debidamente fundamentada y registrada en el acta levantada en la reunión en que se haya tomado la decisión.
§ 4o La investidura de los miembros de las Comisiones permanentes no excederá de 1 (un) año, quedando prohibida la reconducción de la totalidad de sus miembros a la misma comisión en el período subsiguiente.
§ 5o En el caso de concurso, el juzgamiento será realizado por una comisión especial integrada por personas de reputación intachable y reconocido conocimiento de la materia examinada, sean o no servidores públicos.
Art. 52. El concurso a que se refiere el § 4o del art. 22 de esta Ley debe ser precedido de un reglamento propio, que los interesados obtendrán en el lugar indicado en el pliego de condiciones.
§ 1o El reglamento deberá indicar:
I - la cualificación exigida a los participantes;
II - las directrices y la forma de presentación del trabajo;
III - las condiciones de realización del concurso y los premios que se concederán.
§ 2o Tratándose de un proyecto, el ganador deberá autorizar a la Administración a ejecutarlo cuando lo juzgue conveniente.
Art. 53. La subasta puede ser encomendada a un subastador oficial o a un servidor designado por la Administración, procediéndose en la forma de la legislación pertinente.
§ 1o Todo bien que vaya a ser subastado será previamente evaluado por la Administración para la fijación del precio mínimo de remate.
§ 2o Los bienes rematados serán pagados al contado o en el porcentaje establecido en el pliego de condiciones, no inferior al 5% (cinco por ciento) y, tras la firma del acta respectiva levantada en el lugar de la subasta, serán entregados inmediatamente al rematante, quien se obligará al pago del resto en el plazo estipulado en el pliego de convocatoria, bajo pena de perder en favor de la Administración el valor ya abonado.
§ 3º El pliego de condiciones de la subasta debe ser ampliamente divulgado, principalmente en el municipio en que se vaya a realizar.
§ 3o En las subastas internacionales, el pago de la parte al contado podrá efectuarse dentro de las veinticuatro horas. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4o El pliego de condiciones de la subasta debe ser ampliamente divulgado, principalmente en el municipio en que se realizará. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)

Capítulo III DE LOS CONTRATOS

Sección I Disposiciones Preliminares

Art. 54. Los contratos administrativos de que trata esta Ley se rigen por sus cláusulas y por los preceptos de derecho público, aplicándoseles, supletoriamente, los principios de la teoría general de los contratos y las disposiciones de derecho privado.
§ 1o Los contratos deben establecer con claridad y precisión las condiciones para su ejecución, expresadas en cláusulas que definan los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes, de conformidad con los términos de la licitación y de la propuesta a que se vinculan.
§ 2o Los contratos derivados de dispensa o de inexigibilidad de licitación deben atenerse a los términos del acto que los autorizó y de la respectiva propuesta.
Art. 55. Son cláusulas necesarias en todo contrato las que establezcan:
I - el objeto y sus elementos característicos;
II - el régimen de ejecución o la forma de suministro;
III - el precio y las condiciones de pago, los criterios, la fecha base y la periodicidad del reajuste de precios, los criterios de actualización monetaria entre la fecha del cumplimiento de las obligaciones y la del pago efectivo;
IV - los plazos de inicio de las etapas de ejecución, de conclusión, de entrega, de observación y de recepción definitiva, según el caso;
V - el crédito con cargo al cual correrá el gasto, con la indicación de la clasificación funcional programática y de la categoría económica;
VI - las garantías ofrecidas para asegurar su plena ejecución, cuando se exijan;
VII - los derechos y las responsabilidades de las partes, las penalidades aplicables y los valores de las multas;
VIII - los casos de rescisión;
IX - el reconocimiento de los derechos de la Administración, en caso de rescisión administrativa prevista en el art. 77 de esta Ley;
X - las condiciones de importación, la fecha y el tipo de cambio para la conversión, cuando proceda;
XI - la vinculación al pliego de condiciones de la licitación o al acto que la dispensó o la declaró inexigible, a la invitación y a la propuesta del licitante ganador;
XII - la legislación aplicable a la ejecución del contrato y especialmente a los casos omisos;
XIII - la obligación del contratista de mantener, durante toda la ejecución del contrato, en compatibilidad con las obligaciones por él asumidas, todas las condiciones de habilitación y cualificación exigidas en la licitación.
§ 1o (VETADO)
§ 1º (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 2o En los contratos celebrados por la Administración Pública con personas físicas o jurídicas, inclusive aquellas domiciliadas en el extranjero, deberá constar necesariamente una cláusula que declare competente el foro de la sede de la Administración para dirimir cualquier cuestión contractual, salvo lo dispuesto en el § 6o del art. 32 de esta Ley.
§ 3o En el acto de liquidación del gasto, los servicios de contabilidad comunicarán, a los órganos encargados de la recaudación y fiscalización de tributos de la Unión, del Estado o del Municipio, las características y los valores pagados, según lo dispuesto en el art. 63 de la Ley no 4.320, de 17 de marzo de 1964.
Art. 56. A criterio de la autoridad competente, en cada caso, y siempre que esté prevista en el instrumento de convocatoria, podrá exigirse la prestación de garantía en las contrataciones de obras, servicios y compras.
§ 1º Son modalidades de garantía:
§ 1o Corresponderá al contratista optar por una de las siguientes modalidades de garantía: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - caución en dinero, en títulos de deuda pública o fidejusoria;
I - caución en dinero o títulos de la deuda pública; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
I - caución en dinero o en títulos de la deuda pública, los cuales deberán haber sido emitidos en forma escritural, mediante registro en un sistema centralizado de liquidación y de custodia autorizado por el Banco Central do Brasil y evaluados por sus valores económicos, conforme a lo definido por el Ministerio de Hacienda; (Redacción dada por la Ley nº 11.079, de 2004)
II - (VETADO).
II - seguro de garantía; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
III - fianza bancaria.
III - fianza bancaria. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 8.6.94)
§ 2º Las garantías a que se refieren los incisos I y III del párrafo anterior, cuando sean exigidas, no excederán del 5% (cinco por ciento) del valor del contrato.
§ 2o La garantía a que se refiere el caput de este artículo no excederá del cinco por ciento del valor del contrato y su valor será actualizado en las mismas condiciones que este, salvo lo previsto en el párrafo 3o de este artículo. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3º (VETADO)
§ 3o Para obras, servicios y suministros de gran envergadura que involucren alta complejidad técnica y riesgos financieros considerables, demostrados mediante dictamen técnicamente aprobado por la autoridad competente, el límite de garantía previsto en el párrafo anterior podrá elevarse hasta el diez por ciento del valor del contrato. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4o La garantía prestada por el contratado será liberada o restituida después de la ejecución del contrato y, cuando sea en dinero, actualizada monetariamente.
§ 5o En los casos de contratos que impliquen la entrega de bienes por la Administración, de los cuales el contratado quedará como depositario, al valor de la garantía deberá añadirse el valor de esos bienes.
Art. 57. La duración de los contratos regidos por esta Ley quedará adscrita a la vigencia de los respectivos créditos presupuestarios, excepto en lo relativo a:
I - los proyectos cuyos productos estén contemplados en las metas establecidas en el Plan Plurianual, los cuales podrán ser prorrogados si hubiere interés de la Administración y siempre que ello haya sido previsto en el acto de convocatoria;
II - la prestación de servicios que deban ejecutarse de forma continua, los cuales podrán tener su duración extendida por un período igual;
II - la prestación de servicios que deban ejecutarse de forma continua, que deberán tener su duración dimensionada con miras a la obtención de precios y condiciones más ventajosos para la administración, limitada la duración a sesenta meses. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
II - la prestación de servicios que deban ejecutarse de forma continua, que podrán tener su duración prorrogada por períodos iguales y sucesivos con miras a la obtención de precios y condiciones más ventajosos para la administración, limitada a sesenta meses; (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
III - (VETADO)
III - (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
IV - el alquiler de equipos y la utilización de programas informáticos, pudiendo la duración extenderse por un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) meses después del inicio de la vigencia del contrato.
V - los supuestos previstos en los incisos IX, XIX, XXVIII y XXXI del art. 24, cuyos contratos podrán tener vigencia de hasta ciento veinte meses, si hubiere interés de la administración.(Incluido por la Medida Provisoria nº 495, de 2010)
V - los supuestos previstos en los incisos IX, XIX, XXVIII y XXXI del art. 24, cuyos contratos podrán tener vigencia de hasta 120 (ciento veinte) meses, si hubiere interés de la administración. (Incluido por la Ley nº 12.349, de 2010)
§ 1o Los plazos de inicio de las etapas de ejecución, de conclusión y de entrega admiten prórroga, manteniéndose las demás cláusulas del contrato y asegurándose la preservación de su equilibrio económico-financiero, siempre que ocurra alguno de los siguientes motivos, debidamente incorporados en el expediente:
I - alteración del proyecto o de las especificaciones, por la Administración;
II - sobreviniencia de un hecho excepcional o imprevisible, ajeno a la voluntad de las partes, que altere fundamentalmente las condiciones de ejecución del contrato;
III - interrupción de la ejecución del contrato o disminución del ritmo de trabajo por orden y en interés de la Administración;
IV - aumento de las cantidades inicialmente previstas en el contrato, dentro de los límites permitidos por esta Ley;
V - impedimento de ejecución del contrato por hecho o acto de un tercero reconocido por la Administración en documento contemporáneo a su ocurrencia;
VI - omisión o retraso de las providencias a cargo de la Administración, inclusive en cuanto a los pagos previstos, de los que resulte, directamente, impedimento o retardo en la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones legales aplicables a los responsables.
§ 2o Toda prórroga de plazo deberá ser justificada por escrito y previamente autorizada por la autoridad competente para celebrar el contrato.
§ 3o Queda prohibido el contrato con plazo de vigencia indeterminado.
§ 4o Con carácter excepcional, debidamente justificado y mediante autorización de la autoridad superior, el plazo a que se refiere el inciso II del caput de este artículo podrá ser prorrogado hasta por doce meses. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
Art. 58. El régimen jurídico de los contratos administrativos instituido por esta Ley confiere a la Administración, con relación a ellos, la prerrogativa de:
I - modificarlos, unilateralmente, para una mejor adecuación a las finalidades de interés público, respetando los derechos del contratado;
II - rescindirlos, unilateralmente, en los casos especificados en el inciso I del art. 79 de esta Ley;
III - fiscalizar su ejecución;
IV - aplicar sanciones motivadas por la inejecución total o parcial del acuerdo;
V - en los casos de servicios esenciales, ocupar provisionalmente bienes muebles, inmuebles, personal y servicios vinculados al objeto del contrato, en la hipótesis de la necesidad de resguardar la investigación administrativa de faltas contractuales cometidas por el contratado, así como en la hipótesis de rescisión del contrato administrativo.
§ 1o Las cláusulas económico-financieras y monetarias de los contratos administrativos no podrán ser alteradas sin previa conformidad del contratado.
§ 2o En la hipótesis del inciso I de este artículo, las cláusulas económico-financieras del contrato deberán ser revisadas para que se mantenga el equilibrio contractual.
Art. 59. La declaración de nulidad del contrato administrativo opera retroactivamente, impidiendo los efectos jurídicos que este, ordinariamente, debería producir, además de desconstituir los ya producidos.
Párrafo único. La nulidad no exonera a la Administración del deber de indemnizar al contratado por lo que este haya ejecutado hasta la fecha en que sea declarada y por otros perjuicios debidamente comprobados, siempre que no le sea imputable, promoviéndose la responsabilidad de quien le haya dado causa.

Sección II De la Formalización de los Contratos

Art. 60. Los contratos y sus adendas serán extendidos en las dependencias interesadas, las cuales mantendrán archivo cronológico de sus originales y registro sistemático de su extracto, salvo los relativos a derechos reales sobre inmuebles, que se formalizan mediante instrumento extendido en notaría, debiendo agregarse copia de todo ello al expediente que le dio origen.
Párrafo único. Es nulo y sin ningún efecto el contrato verbal con la Administración, salvo el de pequeñas compras de pago inmediato, entendiéndose por tales aquellas de valor no superior al 5% (cinco por ciento) del límite establecido en el art. 23, inciso II, letra "a" de esta Ley, efectuadas en régimen de anticipo.
Art. 61. Todo contrato debe mencionar los nombres de las partes y los de sus representantes, la finalidad, el acto que autorizó su celebración, el número del proceso de la licitación, de la dispensa o de la inexigibilidad, la sujeción de los contratantes a las normas de esta Ley y a las cláusulas contractuales.
§ 1º La publicación resumida del instrumento de contrato o de sus adendas en la prensa oficial, que es condición indispensable para su eficacia, será gestionada por la Administración en la misma fecha de su firma para que se efectúe en el plazo de 20 (veinte) días, cualquiera que sea su valor, aunque sin costo.
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO)
Párrafo único. La publicación resumida del instrumento de contrato o de sus adendas en la prensa oficial, que es condición indispensable para su eficacia, será gestionada por la Administración hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de su firma, para que se efectúe en el plazo de veinte días contados desde esa fecha, cualquiera que sea su valor, aunque sin costo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 26 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 62. El instrumento de contrato es obligatorio en los casos de concorrência y de tomada de preços, así como en las dispensas e inexigibilidades cuyos precios estén comprendidos dentro de los límites de estas dos modalidades de licitación, y facultativo en los demás casos en que la Administración pueda sustituirlo por otros instrumentos hábiles, tales como carta-contrato, nota de empenho de gasto, autorización de compra u orden de ejecución de servicio.
§ 1o El proyecto del futuro contrato integrará siempre el pliego o acto de convocatoria de la licitación.
§ 2º En carta contrato, nota de empenho de gasto, autorización de compra, orden de ejecución de servicio u otros instrumentos hábiles se aplica, en lo que corresponda, lo dispuesto en el art. 56 de esta ley.
§ 2o En "carta contrato", "nota de empenho de gasto", "autorización de compra", "orden de ejecución de servicio" u otros instrumentos hábiles se aplica, en lo que corresponda, lo dispuesto en el art. 55 de esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 3o Se aplica lo dispuesto en los arts. 55 y 58 a 61 de esta Ley y demás normas generales, en lo que corresponda:
I - a los contratos de seguro, de financiamiento, de arrendamiento en que el Poder Público sea arrendatario, y a los demás cuyo contenido esté regido, predominantemente, por norma de derecho privado;
II - a los contratos en que la Administración sea parte como usuaria de un servicio público.
§ 4o Es prescindible el "termo de contrato" y se faculta la sustitución prevista en este artículo, a criterio de la Administración e independientemente de su valor, en los casos de compra con entrega inmediata e íntegra de los bienes adquiridos, de los cuales no resulten obligaciones futuras, inclusive asistencia técnica.
Art. 63. Se permite a cualquier licitante el conocimiento de los términos del contrato y del respectivo proceso licitatorio y, a cualquier interesado, la obtención de copia autenticada, mediante el pago de los emolumentos debidos.
Art. 64. La Administración convocará regularmente al interesado para firmar el termo de contrato, aceptar o retirar el instrumento equivalente, dentro del plazo y condiciones establecidos, bajo pena de caducidad del derecho a la contratación, sin perjuicio de las sanciones previstas en el art. 81 de esta Ley.
§ 1o El plazo de convocatoria podrá ser prorrogado una vez, por igual período, cuando lo solicite la parte durante su transcurso y siempre que concurra motivo justificado aceptado por la Administración.
§ 2o Se faculta a la Administración, cuando el convocado no firme el termo de contrato o no acepte o retire el instrumento equivalente en el plazo y condiciones establecidos, a convocar a los licitantes remanentes, en el orden de clasificación, para que lo hagan en igual plazo y en las mismas condiciones propuestas por el primer clasificado, inclusive en cuanto a los precios actualizados de conformidad con el acto de convocatoria, o a revocar la licitación independientemente de la sanción prevista en el art. 81 de esta Ley.
§ 3o Transcurridos 60 (sesenta) días desde la fecha de entrega de las propuestas, sin convocatoria para la contratación, los licitantes quedan liberados de los compromisos asumidos.

Sección III De la Alteración de los Contratos

Art. 65. Los contratos regidos por esta Ley podrán ser alterados, con las debidas justificaciones, en los siguientes casos:
I - unilateralmente por la Administración:
a) cuando haya modificación del proyecto o de las especificaciones, para una mejor adecuación técnica a sus objetivos;
b) cuando sea necesaria la modificación del valor contractual como consecuencia de un aumento o disminución cuantitativa de su objeto, dentro de los límites permitidos por esta Ley;
II - por acuerdo de las partes:
a) cuando sea conveniente la sustitución de la garantía de ejecución;
b) cuando sea necesaria la modificación del régimen de ejecución de la obra o servicio, así como de la modalidad de suministro, ante la verificación técnica de la inaplicabilidad de los términos contractuales originarios;
c) cuando sea necesaria la modificación de la forma de pago, por imposición de circunstancias sobrevinientes, manteniéndose el valor inicial actualizado, quedando prohibido el anticipo del pago, con relación al cronograma financiero fijado, sin la correspondiente contraprestación de suministro de bienes o ejecución de obra o servicio;
d) (VETADO).
d) para restablecer la relación que las partes pactaron inicialmente entre las cargas del contratado y la retribución de la administración para la justa remuneración de la obra, servicio o suministro, con el objetivo de mantener el equilibrio económico-financiero inicial del contrato, en la hipótesis de que sobrevengan hechos imprevisibles, o previsibles pero de consecuencias incalculables, retardadores o impeditivos de la ejecución de lo pactado, o también en caso de fuerza mayor, caso fortuito o hecho del príncipe, configurando álea económica extraordinaria y extracontractual. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1o El contratado queda obligado a aceptar, en las mismas condiciones contractuales, los aumentos o supresiones que se hagan en las obras, servicios o compras, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del valor inicial actualizado del contrato y, en el caso particular de reforma de edificio o de equipo, hasta el límite del 50% (cincuenta por ciento) para sus aumentos.
§ 2º Ningún aumento o supresión podrá exceder los límites establecidos en el párrafo anterior.
§ 2o Ningún aumento o supresión podrá exceder los límites establecidos en el párrafo anterior, salvo: (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
I - (VETADO) (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
II - las supresiones resultantes de acuerdo celebrado entre los contratantes. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998)
§ 3o Si en el contrato no se hubieren contemplado precios unitarios para obras o servicios, estos se fijarán mediante acuerdo entre las partes, respetando los límites establecidos en el § 1o de este artículo.
§ 4o En caso de supresión de obras, bienes o servicios, si el contratado ya hubiere adquirido los materiales y los hubiere puesto en el lugar de los trabajos, estos deberán ser pagados por la Administración por los costos de adquisición debidamente comprobados y monetariamente corregidos, pudiendo corresponder indemnización por otros daños eventualmente derivados de la supresión, siempre que estén debidamente comprobados.
§ 5o Cualesquiera tributos o cargas legales creados, alterados o extinguidos, así como la sobreveniencia de disposiciones legales, cuando ocurran después de la fecha de presentación de la propuesta, con repercusión comprobada en los precios contratados, implicarán la revisión de estos al alza o a la baja, según el caso.
§ 6o En caso de alteración unilateral del contrato que aumente las cargas del contratado, la Administración deberá restablecer, mediante adenda, el equilibrio económico-financiero inicial.
§ 7o (VETADO)
§ 8o La variación del valor contractual para hacer frente al reajuste de precios previsto en el propio contrato, las actualizaciones, compensaciones o penalizaciones financieras derivadas de las condiciones de pago en él previstas, así como la asignación presupuestaria de partidas suplementarias hasta el límite de su valor corregido, no caracterizan alteración del mismo, pudiendo ser registradas mediante simple apostilla, sin necesidad de celebrar adenda.

Sección IV De la Ejecución de los Contratos

Art. 66. El contrato deberá ser ejecutado fielmente por las partes, de acuerdo con las cláusulas convenidas y las normas de esta Ley, respondiendo cada una por las consecuencias de su inejecución total o parcial.
Art. 66-A. Las empresas encuadradas en el inciso V del § 2o y en el inciso II del § 5o del art. 3o de esta Ley deberán cumplir, durante todo el período de ejecución del contrato, la reserva de cargos prevista en la ley para personas con discapacidad o para rehabilitados de la Previsión Social, así como las reglas de accesibilidad previstas en la legislación. (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
Párrafo único. Corresponde a la administración fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en los servicios y en los ambientes de trabajo. (Incluido por la Ley nº 13.146, de 2015)
Art. 67. La ejecución del contrato deberá ser acompañada y fiscalizada por un representante de la Administración especialmente designado, permitiéndose la contratación de terceros para asistirlo y proveerlo de informaciones pertinentes a esa atribución.
§ 1o El representante de la Administración anotará en registro propio todas las ocurrencias relacionadas con la ejecución del contrato, determinando lo que sea necesario para la regularización de las faltas o defectos observados.
§ 2o Las decisiones y providencias que excedan la competencia del representante deberán ser solicitadas a sus superiores en tiempo oportuno para la adopción de las medidas convenientes.
Art. 68. El contratado deberá mantener un encargado, aceptado por la Administración, en el lugar de la obra o servicio, para representarlo en la ejecución del contrato.
Art. 69. El contratado está obligado a reparar, corregir, remover, reconstruir o sustituir, a sus expensas, en todo o en parte, el objeto del contrato en que se verifiquen vicios, defectos o incorrecciones resultantes de la ejecución o de los materiales empleados.
Art. 70. El contratado es responsable por los daños causados directamente a la Administración o a terceros, derivados de su culpa o dolo en la ejecución del contrato, sin que la fiscalización o el acompañamiento por el órgano interesado excluyan o reduzcan esa responsabilidad.
Art. 71. El contratado es responsable por las cargas laborales, previsionales, fiscales y comerciales resultantes de la ejecución del contrato.
§ 1º El incumplimiento del contratado, con referencia a las cargas establecidas en este artículo, no transfiere a la Administración Pública la responsabilidad por su pago, ni podrá gravar el objeto del contrato ni restringir la regularización y el uso de las obras y edificaciones, inclusive ante el Registro de Inmuebles.
§ 1o El incumplimiento del contratado, con referencia a las cargas laborales, fiscales y comerciales, no transfiere a la Administración Pública la responsabilidad por su pago, ni podrá gravar el objeto del contrato ni restringir la regularización y el uso de las obras y edificaciones, inclusive ante el Registro de Inmuebles. (Redacción dada por la Ley nº 9.032, de 1995)
§ 2º La Administración podrá exigir, también, seguro para garantía de personas y bienes, debiendo constar esa exigencia en el pliego de licitación o en la invitación.
§ 2o La Administración Pública responde solidariamente con el contratado por las cargas previsionales resultantes de la ejecución del contrato, en los términos del art. 31 de la Ley nº 8.212, de 24 de julio de 1991. (Redacción dada por la Ley nº 9.032, de 1995)
§ 3º (Vetado). (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 72. El contratado, en la ejecución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales y legales, podrá subcontratar partes de la obra, servicio o suministro, hasta el límite admitido, en cada caso, por la Administración.
Art. 73. Ejecutado el contrato, su objeto será recibido:
I - tratándose de obras y servicios:
a) provisionalmente, por el responsable de su acompañamiento y fiscalización, mediante acta circunstanciada, firmada por las partes dentro de los 15 (quince) días siguientes a la comunicación escrita del contratado;
b) definitivamente, por servidor o comisión designada por la autoridad competente, mediante acta circunstanciada, firmada por las partes, tras el transcurso del plazo de observación, o inspección que compruebe la adecuación del objeto a los términos contractuales, observado lo dispuesto en el art. 69 de esta Ley;
II - tratándose de compras o de arrendamiento de equipos:
a) provisionalmente, a efectos de la posterior verificación de la conformidad del material con la especificación;
b) definitivamente, tras la verificación de la calidad y cantidad del material y su consiguiente aceptación.
§ 1o En los casos de adquisición de equipos de gran envergadura, la recepción se hará mediante acta circunstanciada y, en los demás, mediante recibo.
§ 2o La recepción provisional o definitiva no excluye la responsabilidad civil por la solidez y seguridad de la obra o del servicio, ni la ético-profesional por la perfecta ejecución del contrato, dentro de los límites establecidos por la ley o por el contrato.
§ 3o El plazo a que se refiere el literal "b" del inciso I de este artículo no podrá ser superior a 90 (noventa) días, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados y previstos en el pliego de licitación.
§ 4o En la hipótesis de que el acta circunstanciada o la verificación a que se refiere este artículo no sean, respectivamente, levantada o realizada dentro de los plazos fijados, se reputarán como realizadas, siempre que sean comunicadas a la Administración dentro de los 15 (quince) días anteriores al vencimiento de aquellos.
Art. 74. Podrá dispensarse la recepción provisional en los siguientes casos:
I - géneros perecederos y alimentación preparada;
II - servicios profesionales;
III - obras y servicios de valor hasta el previsto en el art. 23, inciso II, literal "a", de esta Ley, siempre que no se compongan de aparatos, equipos e instalaciones sujetos a verificación de funcionamiento y productividad.
Párrafo único. En los casos de este artículo, la recepción se hará mediante recibo.
Art. 75. Salvo disposiciones en contrario constantes del pliego de licitación, de la invitación o de acto normativo, los ensayos, pruebas y demás comprobaciones exigidos por normas técnicas oficiales para la buena ejecución del objeto del contrato corren por cuenta del contratado.
Art. 76. La Administración rechazará, en todo o en parte, la obra, servicio o suministro ejecutado en desacuerdo con el contrato.

Sección V De la Inejecución y de la Rescisión de los Contratos

Art. 77. La inejecución total o parcial del contrato da lugar a su rescisión, con las consecuencias contractuales y las previstas en la ley o reglamento.
Art. 78. Constituyen motivo para la rescisión del contrato:
I - el incumplimiento de cláusulas contractuales, especificaciones, proyectos o plazos;
II - el cumplimiento irregular de cláusulas contractuales, especificaciones, proyectos y plazos;
III - la lentitud en su cumplimiento, que lleve a la Administración a comprobar la imposibilidad de concluir la obra, el servicio o el suministro dentro de los plazos estipulados;
IV - el retraso injustificado en el inicio de la obra, servicio o suministro;
V - la paralización de la obra, del servicio o del suministro, sin justa causa y sin previa comunicación a la Administración;
VI - la subcontratación total o parcial de su objeto, la asociación del contratado con otro, la cesión o transferencia, total o parcial, así como la fusión, escisión o incorporación, no admitidas en el pliego de licitación y en el contrato;
VII - el incumplimiento de las determinaciones regulares de la autoridad designada para acompañar y fiscalizar su ejecución, así como las de sus superiores;
VIII - la comisión reiterada de faltas en su ejecución, anotadas en la forma del § 1o del art. 67 de esta Ley;
IX - la declaración de quiebra o la instauración de insolvencia civil;
X - la disolución de la sociedad o el fallecimiento del contratado;
XI - la alteración social o la modificación de la finalidad o de la estructura de la empresa, que perjudique la ejecución del contrato;
XII - razones de interés público, de alta relevancia y amplio conocimiento, justificadas y determinadas por la máxima autoridad de la esfera administrativa a la que esté subordinado el contratante y consignadas en el proceso administrativo al que se refiere el contrato;
XIII - la supresión, por parte de la Administración, de obras, servicios o compras, que ocasione una modificación del valor inicial del contrato más allá del límite permitido en el § 1o del art. 65 de esta Ley;
XIV - la suspensión de su ejecución, por orden escrita de la Administración, por un plazo superior a 120 (ciento veinte) días, salvo en caso de calamidad pública, grave perturbación del orden interno o guerra, o también por suspensiones repetidas que totalicen el mismo plazo, con independencia del pago obligatorio de indemnizaciones por las sucesivas y contractualmente imprevistas desmovilizaciones y movilizaciones y otras previstas, asegurándose al contratado, en esos casos, el derecho de optar por la suspensión del cumplimiento de las obligaciones asumidas hasta que se normalice la situación;
XV - el retraso superior a 90 (noventa) días en los pagos debidos por la Administración derivados de obras, servicios o suministro, o parcelas de estos, ya recibidos o ejecutados, salvo en caso de calamidad pública, grave perturbación del orden interno o guerra, asegurándose al contratado el derecho de optar por la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones hasta que se normalice la situación;
XVI - la no liberación, por parte de la Administración, de área, lugar u objeto para la ejecución de obra, servicio o suministro, en los plazos contractuales, así como de las fuentes de materiales naturales especificadas en el proyecto;
XVII - la ocurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobada, que impida la ejecución del contrato.
XVIII – incumplimiento de lo dispuesto en el inciso V del art. 27, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. (Incluido por la Ley nº 9.854, de 1999)
Párrafo único. Los casos de rescisión contractual serán motivados formalmente en los autos del proceso, asegurándose el contradictorio y la amplia defensa.
Art. 79. La rescisión del contrato podrá ser:
I - determinada por acto unilateral y escrito de la Administración, en los casos enumerados en los incisos I a XII y XVII del artículo anterior;
II - amigable, por acuerdo entre las partes, reducida a escrito en el proceso de licitación, siempre que exista conveniencia para la Administración;
III - judicial, en los términos de la legislación;
IV - (VETADO)
IV - (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 1o La rescisión administrativa o amigable deberá ser precedida de autorización escrita y fundamentada de la autoridad competente.
§ 2o Cuando la rescisión ocurra con base en los incisos XII a XVII del artículo anterior, sin que haya culpa del contratado, este será resarcido de los perjuicios debidamente comprobados que hubiere sufrido, teniendo además derecho a:
I - devolución de la garantía;
II - pagos debidos por la ejecución del contrato hasta la fecha de la rescisión;
III - pago del costo de la desmovilización.
§ 3o (VETADO)
§ 3º (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 4o (VETADO)
§ 4º (Vetado). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
§ 5o En caso de impedimento, paralización o suspensión del contrato, el cronograma de ejecución será prorrogado automáticamente por igual tiempo.
Art. 80. La rescisión a que se refiere el inciso I del artículo anterior acarrea las siguientes consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley:
I - asunción inmediata del objeto del contrato, en el estado y lugar en que se encuentre, por acto propio de la Administración;
II - ocupación y utilización del local, instalaciones, equipos, material y personal empleados en la ejecución del contrato, necesarios para su continuidad, en la forma del inciso V del art. 58 de esta Ley;
III - ejecución de la garantía contractual, para el resarcimiento de la Administración, y de los valores de las multas e indemnizaciones que le sean debidas;
IV - retención de los créditos derivados del contrato hasta el límite de los perjuicios causados a la Administración.
§ 1o La aplicación de las medidas previstas en los incisos I y II de este artículo queda a criterio de la Administración, que podrá dar continuidad a la obra o al servicio por ejecución directa o indirecta.
§ 2o Se permite a la Administración, en el caso de concordata del contratado, mantener el contrato, pudiendo asumir el control de determinadas actividades de servicios esenciales.
§ 3o En la hipótesis del inciso II de este artículo, el acto deberá ser precedido de autorización expresa del Ministro de Estado competente, o Secretario Estadual o Municipal, según el caso.
§ 4o La rescisión a que se refiere el inciso IV del artículo anterior permite a la Administración, a su criterio, aplicar la medida prevista en el inciso I de este artículo.

Capítulo IV DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA TUTELA JUDICIAL

Sección I Disposiciones Generales

Art. 81. La negativa injustificada del adjudicatario a firmar el contrato, aceptar o retirar el instrumento equivalente, dentro del plazo establecido por la Administración, caracteriza el incumplimiento total de la obligación asumida, sujetándolo a las penalidades legalmente establecidas.
Párrafo único. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los licitantes convocados en los términos del art. 64, § 2o de esta Ley, que no acepten la contratación en las mismas condiciones propuestas por el primer adjudicatario, inclusive en cuanto al plazo y al precio.
Art. 82. Los agentes administrativos que practiquen actos en desacuerdo con los preceptos de esta Ley o con el fin de frustrar los objetivos de la licitación quedan sujetos a las sanciones previstas en esta Ley y en los reglamentos propios, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que su acto origine.
Art. 83. Los delitos definidos en esta Ley, aun cuando sean meramente tentados, sujetan a sus autores, cuando sean servidores públicos, además de las sanciones penales, a la pérdida del cargo, empleo, función o mandato electivo.
Art. 84. Se considera servidor público, para los fines de esta Ley, a aquel que ejerce, aunque sea transitoriamente o sin remuneración, cargo, función o empleo público.
§ 1o Se equipara a servidor público, para los fines de esta Ley, a quien ejerce cargo, empleo o función en entidad paraestatal, considerándose como tales, además de las fundaciones, empresas públicas y sociedades de economía mixta, las demás entidades bajo control, directo o indirecto, del Poder Público.
§ 2o La pena impuesta será aumentada en una tercera parte cuando los autores de los delitos previstos en esta Ley sean ocupantes de cargo en comisión o de función de confianza en órgano de la Administración directa, autarquía, empresa pública, sociedad de economía mixta, fundación pública, u otra entidad controlada directa o indirectamente por el Poder Público.
Art. 85. Las infracciones penales previstas en esta Ley se refieren a las licitaciones y a los contratos celebrados por la Unión, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios, y sus respectivas autarquías, empresas públicas, sociedades de economía mixta, fundaciones públicas, y cualesquiera otras entidades bajo su control directo o indirecto.

Sección II De las Sanciones Administrativas

Art. 86. El retraso injustificado en la ejecución del contrato sujetará al contratado a la multa de mora, en la forma prevista en el instrumento de convocatoria o en el contrato.
§ 1o La multa a la que alude este artículo no impide que la Administración rescinda unilateralmente el contrato y aplique las otras sanciones previstas en esta Ley.
§ 2o La multa, aplicada después de regular proceso administrativo, será descontada de la garantía del respectivo contratado.
§ 3o Si la multa fuere de valor superior al de la garantía prestada, además de la pérdida de esta, responderá el contratado por la diferencia, la cual será descontada de los pagos eventualmente debidos por la Administración o, en su caso, cobrada judicialmente.
Art. 87. Por la inejecución total o parcial del contrato, la Administración podrá, garantizada la defensa previa, aplicar al contratado las siguientes sanciones:
I - advertencia;
II - multa, en la forma prevista en el instrumento de convocatoria o en el contrato;
III - suspensión temporal de participación en licitación e impedimento de contratar con la Administración, por plazo no superior a 2 (dos) años;
IV - declaración de inidoneidad para licitar o contratar con la Administración Pública mientras perduren los motivos determinantes de la sanción o hasta que sea promovida la rehabilitación ante la propia autoridad que aplicó la penalidad, la cual será concedida siempre que el contratado resarza a la Administración por los perjuicios resultantes y después de transcurrido el plazo de la sanción aplicada con base en el inciso anterior.
§ 1o Si la multa aplicada fuere superior al valor de la garantía prestada, además de la pérdida de esta, responderá el contratado por la diferencia, que será descontada de los pagos eventualmente debidos por la Administración o cobrada judicialmente.
§ 2o Las sanciones previstas en los incisos I, III y IV de este artículo podrán ser aplicadas conjuntamente con la del inciso II, quedando facultada la defensa previa del interesado, en el respectivo proceso, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles.
§ 3o La sanción establecida en el inciso IV de este artículo es de competencia exclusiva del Ministro de Estado, del Secretario Estadual o Municipal, según el caso, quedando facultada la defensa del interesado en el respectivo proceso, en el plazo de 10 (diez) días desde la apertura de vista, pudiendo solicitarse la rehabilitación después de 2 (dos) años de su aplicación. (Véase art. 109, inciso III)
Art. 88. Las sanciones previstas en los incisos III y IV del artículo anterior podrán también ser aplicadas a las empresas o a los profesionales que, en razón de los contratos regidos por esta Ley:
I - hayan sufrido condena definitiva por practicar, por medios dolosos, fraude fiscal en el pago de cualesquiera tributos;
II - hayan practicado actos ilícitos con el fin de frustrar los objetivos de la licitación;
III - demuestren no poseer idoneidad para contratar con la Administración en virtud de actos ilícitos practicados.

Sección III De los Delitos y de las Penas

(Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 89. Dispensar o declarar inexigible la licitación fuera de las hipótesis previstas en ley, o dejar de observar las formalidades pertinentes a la dispensa o a la inexigibilidad: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 3 (tres) a 5 (cinco) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Párrafo único. En la misma pena incurre aquel que, habiendo concurrido comprobadamente a la consumación de la ilegalidad, se haya beneficiado de la dispensa o inexigibilidad ilegal para celebrar contrato con el Poder Público. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 90. Frustrar o defraudar, mediante ajuste, combinación o cualquier otro expediente, el carácter competitivo del procedimiento licitatorio, con el propósito de obtener, para sí o para otro, ventaja derivada de la adjudicación del objeto de la licitación: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 2 (dos) a 4 (cuatro) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 91. Patrocinar, directa o indirectamente, interés privado ante la Administración, dando causa a la instauración de licitación o a la celebración de contrato, cuya invalidación llegue a ser decretada por el Poder Judicial: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 92. Admitir, posibilitar o dar causa a cualquier modificación o ventaja, inclusive prórroga contractual, en favor del adjudicatario, durante la ejecución de los contratos celebrados con el Poder Público, sin autorización en ley, en el acto de convocatoria de la licitación o en los respectivos instrumentos contractuales, o, además, pagar factura con preterición del orden cronológico de su presentación:
Pena - detención, de 2 (dos) a 4 (cuatro) años, y multa.
Art. 92. Admitir, posibilitar o dar causa a cualquier modificación o ventaja, inclusive prórroga contractual, en favor del adjudicatario, durante la ejecución de los contratos celebrados con el Poder Público, sin autorización en ley, en el acto de convocatoria de la licitación o en los respectivos instrumentos contractuales, o, además, pagar factura con preterición del orden cronológico de su exigibilidad, observado lo dispuesto en el art. 121 de esta Ley: (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994) (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de dos a cuatro años, y multa. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994) (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Párrafo único. Incide en la misma pena el contratado que, habiendo concurrido comprobadamente a la consumación de la ilegalidad, obtiene ventaja indebida o se beneficia, injustamente, de las modificaciones o prórrogas contractuales. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 93. Impedir, perturbar o defraudar la realización de cualquier acto de procedimiento licitatorio: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 94. Violar el secreto de propuesta presentada en procedimiento licitatorio, o proporcionar a un tercero la oportunidad de violarlo: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 2 (dos) a 3 (tres) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 95. Apartar o procurar apartar a un licitante, por medio de violencia, grave amenaza, fraude u ofrecimiento de ventaja de cualquier tipo: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 2 (dos) a 4 (cuatro) años, y multa, además de la pena correspondiente a la violencia. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Párrafo único. Incurre en la misma pena quien se abstiene o desiste de licitar, en razón de la ventaja ofrecida. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 96. Defraudar, en perjuicio de la Hacienda Pública, licitación instaurada para la adquisición o venta de bienes o mercaderías, o contrato derivado de ella: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
I - elevando arbitrariamente los precios; (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
II - vendiendo, como verdadera o perfecta, mercadería falsificada o deteriorada; (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
III - entregando una mercadería por otra; (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
IV - alterando la sustancia, la calidad o la cantidad de la mercadería suministrada; (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
V - haciendo, de cualquier modo, injustamente, más onerosa la propuesta o la ejecución del contrato: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 3 (tres) a 6 (seis) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 97. Admitir a la licitación o celebrar contrato con empresa o profesional declarado inidóneo: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Párrafo único. Incurre en la misma pena aquel que, declarado inidóneo, llegue a participar en licitación o a contratar con la Administración. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 98. Obstaculizar, impedir o dificultar, injustamente, la inscripción de cualquier interesado en los registros de proveedores o promover indebidamente la alteración, suspensión o cancelación del registro del inscrito: (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, y multa. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 99. La pena de multa prevista en los arts. 89 a 98 de esta Ley consiste en el pago de una suma fijada en la sentencia y calculada en índices porcentuales, cuya base corresponderá al valor de la ventaja efectivamente obtenida o potencialmente obtenible por el agente. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
§ 1o Los índices a que se refiere este artículo no podrán ser inferiores al 2% (dos por ciento) ni superiores al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato licitado o celebrado con dispensa o inexigibilidad de licitación. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
§ 2o El producto de la recaudación de la multa revertirá, según el caso, a la Hacienda Federal, Distrital, Estatal o Municipal. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)

Sección IV Del Proceso y del Procedimiento Judicial

(Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 100. Los delitos definidos en esta Ley son de acción penal pública incondicionada, correspondiendo al Ministerio Público promoverla. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 101. Cualquier persona podrá provocar, para los efectos de esta Ley, la iniciativa del Ministerio Público, proporcionándole, por escrito, informaciones sobre el hecho y su autoría, así como las circunstancias en que ocurrió. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Párrafo único. Cuando la comunicación sea verbal, la autoridad mandará reducirla a acta, firmada por el presentante y por dos testigos. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 102. Cuando, en autos o documentos de que tengan conocimiento, los magistrados, los miembros de los Tribunales o Consejos de Cuentas o los titulares de los órganos integrantes del sistema de control interno de cualquiera de los Poderes verifiquen la existencia de los delitos definidos en esta Ley, remitirán al Ministerio Público las copias y los documentos necesarios para la presentación de la denuncia. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 103. Se admitirá la acción penal privada subsidiaria de la pública, si esta no fuera promovida en el plazo legal, aplicándose, en lo que corresponda, lo dispuesto en los arts. 29 y 30 del Código de Proceso Penal. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 104. Recibida la denuncia y citado el acusado, este tendrá un plazo de 10 (diez) días para presentar defensa escrita, contado desde la fecha de su interrogatorio, pudiendo adjuntar documentos, proponer los testigos que tuviere, en número no superior a 5 (cinco), e indicar las demás pruebas que pretenda producir. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 105. Oídos los testigos de la acusación y de la defensa y practicadas las diligencias de instrucción admitidas u ordenadas por el juez, se abrirá, sucesivamente, el plazo de 5 (cinco) días a cada parte para alegatos finales. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 106. Vencido ese plazo, y remitidos los autos al juez dentro de las 24 (veinticuatro) horas, este tendrá 10 (diez) días para dictar la sentencia. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 107. Contra la sentencia cabe apelación, que podrá interponerse en el plazo de 5 (cinco) días. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)
Art. 108. En la tramitación y el juzgamiento de las infracciones penales definidas en esta Ley, así como en los recursos y en las ejecuciones que les conciernan, se aplicarán, subsidiariamente, el Código de Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal. (Revocado por la Ley nº 14.133, de 2021)

Capítulo V DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 109. Contra los actos de la Administración derivados de la aplicación de esta Ley caben:
I - recurso, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la notificación del acto o de la redacción del acta, en los casos de:
a) habilitación o inhabilitación del licitante;
b) juzgamiento de las propuestas;
c) anulación o revocación de la licitación;
d) denegación de la solicitud de inscripción en el registro de proveedores, su alteración o cancelación;
e) rescisión del contrato, a que se refiere el inciso I del art. 78 de esta ley;
e) rescisión del contrato, a que se refiere el inciso I del art. 79 de esta Ley; (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
f) aplicación de las penas de advertencia, suspensión temporal o multa;
II - representación, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles desde la notificación de la decisión relacionada con el objeto de la licitación o del contrato, de la que no quepa recurso jerárquico;
III - solicitud de reconsideración, de decisión de Ministro de Estado, o Secretario Estatal o Municipal, según el caso, en la hipótesis del § 4o del art. 87 de esta Ley, en el plazo de 10 (diez) días hábiles desde la notificación del acto.
§ 1o La notificación de los actos referidos en el inciso I, letras "a", "b", "c" y "e", de este artículo, excluidos los relativos a advertencia y multa por mora, y en el inciso III, se hará mediante publicación en la prensa oficial, salvo en los casos previstos en las letras "a" y "b", si estuvieran presentes los representantes de los licitantes en el acto en que se adoptó la decisión, en cuyo caso podrá hacerse mediante comunicación directa a los interesados y constar en acta.
§ 2o El recurso previsto en las letras "a" y "b" del inciso I de este artículo tendrá efecto suspensivo, pudiendo la autoridad competente, motivadamente y concurriendo razones de interés público, atribuir al recurso interpuesto eficacia suspensiva respecto de los demás recursos.
§ 3o Interpuesto el recurso, este será comunicado a los demás licitantes, quienes podrán impugnarlo en el plazo de 5 (cinco) días hábiles.
§ 4o El recurso será dirigido a la autoridad superior, por intermedio de la que practicó el acto recurrido, la cual podrá reconsiderar su decisión, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, o, en ese mismo plazo, elevarlo, debidamente informado, debiendo, en este caso, dictarse la decisión dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, contado desde la recepción del recurso, bajo pena de responsabilidad.
§ 5o Ningún plazo de recurso, representación o solicitud de reconsideración se inicia ni corre sin que los autos del proceso estén con vista franqueada al interesado.
§ 6o Tratándose de licitaciones efectuadas bajo la modalidad de "carta invitación", los plazos establecidos en los incisos I y II y en el párrafo 3o de este artículo serán de dos días hábiles. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)

Capítulo VI DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 110. En el cómputo de los plazos establecidos en esta Ley, se excluirá el día del inicio y se incluirá el del vencimiento, y se considerarán los días consecutivos, salvo cuando se disponga explícitamente lo contrario.
Párrafo único. Los plazos referidos en este artículo solo se inician y vencen en día de atención al público en el órgano o en la entidad.
Art. 111. La Administración solo podrá contratar, pagar, premiar o recibir proyecto o servicio técnico especializado siempre que el autor ceda los derechos patrimoniales relativos a él y la Administración pueda utilizarlo de acuerdo con lo previsto en el reglamento del concurso o en el acuerdo para su elaboración.
Párrafo único. Cuando el proyecto se refiera a obra inmaterial de carácter tecnológico, no susceptible de privilegio, la cesión de los derechos incluirá el suministro de todos los datos, documentos y elementos de información pertinentes a la tecnología de concepción, desarrollo, fijación en soporte físico de cualquier naturaleza y aplicación de la obra.
Art. 112. Cuando el objeto del contrato interese a más de una entidad pública, corresponderá al órgano contratante, ante la entidad interesada, responder por su buena ejecución, fiscalización y pago.
Párrafo único. Se faculta a la entidad interesada para realizar el seguimiento de la ejecución del contrato.
§ 1o Los consorcios públicos podrán realizar licitación de la cual, conforme al pliego de condiciones, deriven contratos administrativos celebrados por órganos o entidades de los entes de la Federación consorciados. (Incluido por la Ley nº 11.107, de 2005)
§ 2o Se faculta a la entidad interesada para realizar el seguimiento de la licitación y de la ejecución del contrato. (Incluido por la Ley nº 11.107, de 2005)
Art. 113. El control de los gastos derivados de los contratos y demás instrumentos regidos por esta Ley será ejercido por el Tribunal de Cuentas competente, en la forma de la legislación pertinente, quedando los órganos interesados de la Administración responsables de demostrar la legalidad y regularidad del gasto y de la ejecución, en los términos de la Constitución y sin perjuicio del sistema de control interno en ella previsto.
§ 1o Cualquier licitante, contratado o persona física o jurídica podrá presentar representación ante el Tribunal de Cuentas o ante los órganos integrantes del sistema de control interno contra irregularidades en la aplicación de esta Ley, para los fines de lo dispuesto en este artículo.
§ 2º Los Tribunales de Cuentas y los órganos integrantes del sistema de control interno podrán solicitar para examen, antes de la apertura de las propuestas, copia del pliego de condiciones de la licitación ya publicado, quedando obligados los órganos o entidades de la Administración interesada a adoptar las medidas correctivas que, en función de ese examen, les sean determinadas.
§ 2o Los Tribunales de Cuentas y los órganos integrantes del sistema de control interno podrán solicitar para examen, hasta el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de recepción de las propuestas, copia del pliego de condiciones de la licitación ya publicado, quedando obligados los órganos o entidades de la Administración interesada a adoptar las medidas correctivas pertinentes que, en función de ese examen, les sean determinadas. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 114. El sistema instituido en esta Ley no impide la precalificación de licitantes en las concurrencias, que se realizará siempre que el objeto de la licitación recomiende un análisis más detenido de la calificación técnica de los interesados.
§ 1o La adopción del procedimiento de precalificación se hará mediante propuesta de la autoridad competente, aprobada por la inmediatamente superior.
§ 2o En la precalificación se observarán las exigencias de esta Ley relativas a la concurrencia, a la convocatoria de los interesados, al procedimiento y al análisis de la documentación.
Art. 115. Los órganos de la Administración podrán expedir normas relativas a los procedimientos operativos que deban observarse en la ejecución de las licitaciones, en el ámbito de su competencia, observando las disposiciones de esta Ley.
Párrafo único. Las normas a que se refiere este artículo, tras su aprobación por la autoridad competente, deberán publicarse en la prensa oficial.
Art. 116. Se aplican las disposiciones de esta Ley, en lo que corresponda, a los convenios, acuerdos, ajustes y otros instrumentos congéneres celebrados por órganos y entidades de la Administración.
§ 1o La celebración de convenio, acuerdo o ajuste por los órganos o entidades de la Administración Pública depende de la aprobación previa del correspondiente plan de trabajo propuesto por la organización interesada, el cual deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:
I - identificación del objeto que se ejecutará;
II - metas que se alcanzarán;
III - etapas o fases de ejecución;
IV - plan de aplicación de los recursos financieros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsión de inicio y fin de la ejecución del objeto, así como de la conclusión de las etapas o fases programadas;
VII - si el ajuste comprendiere obra o servicio de ingeniería, comprobación de que los recursos propios para complementar la ejecución del objeto están debidamente asegurados, salvo si el costo total de la obra recayere sobre la entidad u órgano descentralizador.
§ 2o Firmado el convenio, la entidad u órgano transferente dará conocimiento del mismo a la Asamblea Legislativa o a la Cámara Municipal respectiva.
§ 3o Las cuotas del convenio serán liberadas en estricta conformidad con el plan de aplicación aprobado, excepto en los casos siguientes, en que las mismas quedarán retenidas hasta la subsanación de las irregularidades ocurridas:
I - cuando no hubiere habido comprobación de la buena y regular aplicación de la cuota recibida anteriormente, en la forma de la legislación aplicable, inclusive mediante procedimientos de fiscalización local, realizados periódicamente por la entidad u órgano descentralizador de los recursos o por el órgano competente del sistema de control interno de la Administración Pública;
II - cuando se verifique desvío de finalidad en la aplicación de los recursos, retrasos no justificados en el cumplimiento de las etapas o fases programadas, prácticas atentatorias contra los principios fundamentales de la Administración Pública en las contrataciones y demás actos practicados en la ejecución del convenio, o el incumplimiento del ejecutor con relación a otras cláusulas básicas del convenio;
III - cuando el ejecutor dejare de adoptar las medidas subsanadoras señaladas por el partícipe transferente de los recursos o por integrantes del respectivo sistema de control interno.
§ 4o Los saldos del convenio, mientras no sean utilizados, serán obligatoriamente aplicados en cuentas de ahorro de institución financiera oficial si la previsión de su uso fuere igual o superior a un mes, o en fondo de inversión financiera de corto plazo u operación de mercado abierto respaldada en títulos de la deuda pública, cuando la utilización de los mismos se verifique en plazos inferiores a un mes.
§ 5o Los ingresos financieros obtenidos en la forma del párrafo anterior serán obligatoriamente computados a crédito del convenio y aplicados, exclusivamente, en el objeto de su finalidad, debiendo constar en un estado demostrativo específico que integrará las rendiciones de cuentas del ajuste.
§ 6o Al momento de la conclusión, denuncia, rescisión o extinción del convenio, acuerdo o ajuste, los saldos financieros remanentes, inclusive los provenientes de los ingresos obtenidos de las inversiones financieras realizadas, serán devueltos a la entidad u órgano transferente de los recursos, en el plazo improrrogable de 30 (treinta) días contados desde el evento, bajo pena de la inmediata instauración de toma de cuentas especial del responsable, dispuesta por la autoridad competente del órgano o entidad titular de los recursos.
Art. 117. Las obras, servicios, compras y enajenaciones realizados por los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial y del Tribunal de Cuentas se rigen por las normas de esta Ley, en lo que corresponda, en las tres esferas administrativas.
Art. 118. Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las entidades de la administración indirecta deberán adaptar sus normas sobre licitaciones y contratos a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 119. Las sociedades de economía mixta, empresas y fundaciones públicas y demás entidades controladas directa o indirectamente por la Unión y por las entidades referidas en el artículo anterior dictarán reglamentos propios debidamente publicados, quedando sujetas a las disposiciones de esta Ley.
Párrafo único. Los reglamentos a que se refiere este artículo, en el ámbito de la Administración Pública, una vez aprobados por la autoridad de nivel superior a la que estén vinculados los respectivos órganos, sociedades y entidades, deberán ser publicados en la prensa oficial.
Art. 120. Los valores fijados por esta ley serán corregidos automáticamente con la misma periodicidad y proporción de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con base en el índice del mes de diciembre de 1991.
Art. 120. Los valores fijados por esta ley serán corregidos automáticamente con la misma periodicidad y proporción de la variación del Índice General de Precios de Mercado (IGP-M), con base en el índice del mes de diciembre de 1991. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Párrafo único. El Poder Ejecutivo Federal hará publicar en el Diario Oficial de la Unión los nuevos valores oficialmente vigentes con ocasión de cada evento citado en el caput de este artículo, despreciándose las fracciones inferiores a Cr$ 1.000,00 (un mil cruceiros).
Párrafo único. El Poder Ejecutivo Federal hará publicar en el Diario Oficial de la Unión los nuevos valores oficialmente vigentes con ocasión de cada evento citado en el "caput" de este artículo, despreciándose las fracciones inferiores a Cr$ 1,00 (un cruceiro real). (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 120. Los valores fijados por esta Ley podrán ser revisados anualmente por el Poder Ejecutivo Federal, que los hará publicar en el Diario Oficial de la Unión, observando como límite superior la variación general de los precios del mercado, en el período. (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de 1998)
Art. 121. Lo dispuesto en esta ley no se aplica a las licitaciones instauradas y a los contratos firmados con anterioridad a su vigencia.
Art. 121. Lo dispuesto en esta Ley no se aplica a las licitaciones instauradas y a los contratos firmados con anterioridad a su vigencia, salvo lo dispuesto en el art. 57, en los parágrafos 1o, 2o y 8o del art. 65, en el inciso XV del art. 78, así como lo dispuesto en el "caput" del art. 5o, con relación al pago de las obligaciones en el orden cronológico, pudiendo este ser observado, en el plazo de noventa días contados desde la vigencia de esta Ley, separadamente para las obligaciones relativas a los contratos regidos por legislación anterior a la Ley nº 8.666, de 21 de junio de 1993. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Párrafo único. Los contratos relativos a inmuebles del patrimonio de la Unión continúan rigiéndose por las disposiciones del Decreto-ley nº 9.760, de 5 de septiembre de 1946, con sus modificaciones, y los relativos a operaciones de crédito interno o externo celebrados por la Unión o a la concesión de garantía del Tesoro Nacional continúan regidos por la legislación pertinente, aplicándose esta Ley, en lo que corresponda.
Art. 122. En las concesiones de líneas aéreas, se observará procedimiento licitatorio específico, que habrá de establecerse en el Código Brasileño de Aeronáutica. (Revocado por la Ley nº 14.368, de 2022)
Art. 123. En sus licitaciones y contrataciones administrativas, las dependencias con sede en el exterior observarán las peculiaridades locales y los principios básicos de esta Ley, en la forma de reglamentación específica.
Art. 124. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Art. 124. Se aplican a las licitaciones y a los contratos para permiso o concesión de servicios públicos las disposiciones de esta Ley que no entren en conflicto con la legislación específica sobre la materia. (Redacción dada por la Ley nº 8.883, de 1994)
Párrafo único. Las exigencias contenidas en los incisos II a IV del § 2o del art. 7o serán dispensadas en las licitaciones para concesión de servicios con ejecución previa de obras en que no se hayan previsto desembolsos por parte de la Administración Pública concedente. (Incluido por la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 125. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación. (Renumerado en virtud de lo dispuesto en el art. 3º de la Ley nº 8.883, de 1994)
Art. 126. Se revocan las disposiciones en contrario, especialmente los Decretos-leyes nos 2.300, de 21 de noviembre de 1986, 2.348, de 24 de julio de 1987, 2.360, de 16 de septiembre de 1987, la Ley nº 8.220, de 4 de septiembre de 1991, y el art. 83 de la Ley nº 5.194, de 24 de diciembre de 1966. (Renumerado en virtud de lo dispuesto en el art. 3º de la Ley nº 8.883, de 1994)
Brasilia, 21 de junio de 1993, 172o de la Independencia y 105o de la República.
ITAMAR FRANCO Rubens Ricupero Romildo Canhim
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 22.6.1993, republicado el 6.7.1994 y rectificado el 6.7.1994
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