Homem de terno analisando um documento à mesa

El Decreto 13.106 crea el Sistema de Compras Expresas de la Unión

El Decreto 13.106, del 24 de agosto de 2026, reglamentó el Sistema de Compras Expresas y abrió una vía de contratación por plataforma, con acreditación permanente de proveedores y clasificación automatizada de las ofertas en la administración federal.

Qué reglamentó el decreto

El acto, publicado en el Diario Oficial de la Unión el 25 de agosto de 2026, reglamenta el art. 79, caput, inciso IV, de la Ley 14.133/2021 para regular el Sistema de Compras Expresas, identificado por la sigla Sicx, en el ámbito de la administración pública federal. Su fundamento inmediato está en el art. 79, § 1º, inciso VII, de la misma ley, que autoriza al Poder Ejecutivo a definir reglas propias para el procedimiento auxiliar de acreditación (credenciamento) destinado a la adquisición reiterada de bienes comunes.

La vigencia se fijó para el 8 de septiembre de 2026, de modo que el régimen ya produce efectos. El diseño no crea una nueva modalidad de licitación: aprovecha la acreditación como procedimiento auxiliar y traslada a una plataforma la selección de la oferta, la formalización de la compra y el control de la recepción.

El órgano central del sistema es la Secretaría de Gestión e Innovación del Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, que ejerce las competencias del art. 19 de la Ley 14.133/2021. Le corresponde dictar las normas complementarias, poner a disposición la plataforma de operación y elaborar los pliegos de acreditación. También puede delegar en órganos y entidades la condición de acreditantes, vinculados a determinados bienes y servicios previstos en el pliego.

El decreto trabaja con tres definiciones centrales. Comprador público es el órgano o la entidad comprendida en el art. 1º de la Ley 14.133/2021 que reciba del respectivo ente la atribución de contratar en el sistema. Comprador privado abarca las empresas públicas, las sociedades de economía mixta y sus subsidiarias, los servicios sociales autónomos y las entidades privadas sin fines de lucro. Bienes y servicios estandarizados son los bienes y servicios comunes del art. 6º, inciso XIII, cuya contratación se repite de forma comparable y no individualizada.

Acreditación permanente y el fin de los requisitos adicionales de habilitación

Para el proveedor, el primer cambio práctico está en el acceso. Mientras que el comprador ingresa mediante un proceso de adhesión regulado por el órgano central, el acceso de los proveedores está disponible de forma permanente y se realiza por integración con el registro unificado de proveedores. No hay plazo de inscripción ni fecha de apertura que vigilar: el interesado solicita la acreditación por vía electrónica, cuando le convenga.

Los pliegos de acreditación pueden tener vigencia indeterminada e incorporar nuevos bienes y servicios estandarizados sometidos al mismo régimen. Esta permanencia modifica la rutina comercial de quien vende al poder público, porque traslada el esfuerzo de la competencia episódica al mantenimiento del registro y de la oferta actualizada.

Hay un punto de defensa relevante para la empresa acreditada. Los requisitos de habilitación se establecen en el pliego según la naturaleza del bien y se acreditan mediante el registro unificado de proveedores a que se refiere el art. 87 de la Ley 14.133/2021. El decreto prohíbe expresamente al comprador establecer requisitos de habilitación adicionales, lo que priva a la unidad compradora del margen para crear exigencias documentales propias.

El proveedor acreditado registra ofertas para los bienes de su línea de suministro e indica, para cada localidad atendida, los valores y las condiciones de entrega y de pago. Puede informar precios escalonados según la cantidad demandada para el mismo objeto y lugar, y puede alimentar el registro mediante la integración con plataformas en las que ya comercialice los mismos productos.

La baja de la acreditación puede solicitarse en cualquier momento, pero no libera a la empresa de los contratos ya firmados. Otra restricción merece la atención del sector privado: la oferta de un proveedor con anotación en el Registro Informativo de créditos no pagados del sector público federal (Cadin) no se considera apta para compradores públicos, aunque siga disponible para los compradores sometidos al régimen de derecho privado.

Clasificación automatizada y el deber de rendición de cuentas del algoritmo

La selección de la propuesta deja de depender de una sesión pública y pasa a resultar de una clasificación automatizada de las ofertas aptas, conforme a los criterios del pliego y a la parametrización del sistema. Los pesos y las metodologías pueden ser ajustados por el órgano central con tres finalidades declaradas: obtener mejores ofertas, reducir la concentración de mercado y promover la igualdad de trato y la gobernanza en las transacciones.

El decreto impuso al órgano central un deber de transparencia que interesa directamente a quien pretenda discutir la clasificación. Es obligatorio asegurar la publicidad y la auditabilidad de los modelos automatizados de clasificación y mantener la documentación técnica de los criterios, de los pesos, de los parámetros y de las modificaciones realizadas, incluido el historial de las reglas de clasificación.

La publicidad del modelo de clasificación y el historial de las reglas de clasificación convierten el orden de las ofertas en un acto administrativo verificable, y no en un resultado opaco de una plataforma.

Este acervo documental es el insumo de cualquier impugnación. Sin el registro de los pesos vigentes en la fecha de la transacción, la empresa relegada no tendría cómo demostrar un error de parametrización o un cambio de criterio durante la vigencia de la oferta. Con él, la discusión deja el terreno de la impresión y pasa a comparar la regla publicada con el resultado producido.

En caso de empate, se aplican los criterios del art. 60, caput, incisos II a IV, y § 1º, de la Ley 14.133/2021 y, si persiste la igualdad, se realiza un sorteo para ordenar las ofertas. La selección de la oferta mejor clasificada no requiere justificación. En cambio, la elección de una oferta que no sea la primera del orden exige una justificación específica y objetiva, en los términos de un acto del órgano central, lo que crea un registro susceptible de control.

Planificación, plazos de recepción y liberación del pago

Del lado del gestor, el cambio más sensible está en la documentación. La planificación se hace mediante un estudio técnico preliminar, que puede ser amplio, indicando los bienes de varias líneas de suministro que se contratarán preferentemente hasta cierto límite, o específico, vinculado a una o más contrataciones de una misma línea. El estudio amplio se apoya en el plan anual de contrataciones regulado por el Decreto 10.947/2022.

El estudio específico se elabora directamente en la plataforma, conforme al art. 18, § 2º, de la Ley 14.133/2021. Y el comprador queda dispensado de elaborar términos de referencia y pliego de contratación, y le corresponde seleccionar los bienes y las características que mejor atiendan la necesidad, según la regulación del órgano central. La instrucción documental del proceso, por lo tanto, se acorta de forma considerable.

La estimación de precios se forma a partir de las ofertas disponibles en la plataforma, sumadas a los parámetros del art. 23 de la Ley 14.133/2021 y a mecanismos de búsqueda automatizada en el mercado privado. Para la consulta a la base nacional de facturas electrónicas, prevista en el art. 23, § 1º, inciso V, y en el art. 174, § 2º, inciso VI, el sistema se integra con los entornos de la Receita Federal (autoridad tributaria federal de Brasil) y de las Secretarías de Hacienda de los Estados y del Distrito Federal.

La contratación se desarrolla en actos atribuidos a agentes designados: selección de la oferta y elaboración de la orden de compra, confirmación de la selección y conclusión de la compra, y recepción definitiva. Tratándose de un comprador público, los dos primeros actos deben recaer en agentes distintos, salvo que exista autorización previa de las contrataciones hasta el límite de valor reservado en la planificación. La conclusión de la compra equivale a la contratación del bien ante el proveedor.

Los plazos de recepción se fijaron con claridad. La recepción provisional ocurre dentro de los dos días hábiles siguientes al registro de la entrega o de la prestación del servicio. La definitiva ocurre dentro de los diez días siguientes a la provisional, salvo que el pliego prevea un plazo distinto y respetando el límite máximo de treinta días. El bien puede ser rechazado, total o parcialmente, cuando haya disconformidad, y tanto el rechazo como la recepción parcial requieren justificación.

La consecuencia del silencio es la parte que más altera la rutina de las unidades. La ausencia de pronunciamiento del comprador dentro de los plazos indicados implica la recepción provisional o definitiva de forma tácita. La recepción definitiva tácita genera una notificación al comprador, para las medidas de gestión interna que correspondan, y repercute en los indicadores de reputación de la propia unidad compradora.

Como el pago al proveedor se libera con la recepción definitiva, expresa o tácita, la inercia administrativa deja de servir como forma de retrasar el desembolso. Siempre que sea posible, comprador y proveedor deben ser informados previamente sobre los valores estimados de las retenciones tributarias y de las segregaciones de pago. En caso de defecto, divergencia u otro motivo justificado, procede la devolución, con retiro a cargo del proveedor, que puede dispensarse por acuerdo entre las partes.

Integridad, sanciones y reputación de proveedores y compradores

El decreto estructuró una graduación de respuestas. Las faltas leves, subsanables o sin daño relevante admiten medidas de inducción al cumplimiento, como una alerta, una orientación formal, una notificación para corregir o un plazo para regularizar. En cambio, la constatación de conductas que vulneren la integridad del sistema puede dar lugar a medidas cautelares, a un proceso administrativo de responsabilización, a las sanciones de la Ley 14.133/2021 y a la comunicación a los órganos competentes.

Entre las medidas cautelares figura la inactivación temporal de la acreditación, aplicable por el órgano central o por el comprador ante indicios de irregularidad, incumplimiento de obligaciones o riesgo para la ejecución de la oferta o del contrato. La norma asegura la comunicación al proveedor y el contradictorio, salvo en los casos de urgencia, y remite al órgano central la regulación de las condiciones y de los procedimientos aplicables.

El comprador que incumpla las reglas del decreto o los actos del órgano central también sufre consecuencias: sus transacciones pueden ser suspendidas hasta la regularización o hasta la designación de otro agente para actuar en el sistema. Las sanciones administrativas al proveedor siguen la Ley 14.133/2021 y el pliego, con contradictorio y amplia defensa garantizados, y no alcanzan las negociaciones y los contratos celebrados con entidades sujetas al régimen de derecho privado.

La reputación recibió un tratamiento propio. Los mecanismos reputacionales auxilian la clasificación y el perfeccionamiento de las contrataciones, pero tienen carácter exclusivamente clasificatorio e informativo, sin equipararse a una sanción administrativa. Los criterios deben ser objetivos, verificables y no discriminatorios, y se prohíbe el uso de parámetros que restrinjan indebidamente la competencia. Los compradores también son evaluados, por plazos de pago, rechazos de recepción y recepciones tácitas.

Alcance para otros entes y reglas de transición

El sistema puede ponerse a disposición de órganos y entidades de los demás entes federativos, de empresas públicas y sociedades de economía mixta y sus subsidiarias, de servicios sociales autónomos y de entidades privadas sin fines de lucro. La adhesión respeta el régimen jurídico del comprador y el ámbito federativo al que pertenece, con efectos en la planificación, en la forma y el valor de las ofertas, en el régimen de pago y en el régimen sancionatorio.

Estos adherentes pueden dictar reglas operativas y orientaciones complementarias para regular el uso en sus ámbitos, respetando las disposiciones del decreto y las condiciones de uso definidas por el órgano central. La plataforma también puede integrarse con entornos públicos y privados de comercio electrónico, mediante condiciones expresas, entre ellas la integración con el registro unificado de proveedores y con el Portal Nacional de Contrataciones Públicas.

Las demás condiciones de integración refuerzan compromisos ya existentes en el sistema de contrataciones: segregación de funciones entre quien selecciona la oferta y quien autoriza la contratación en el caso del comprador público, garantía de pago con la recepción definitiva, observancia de la Estrategia Nacional de Contrataciones Públicas para el Desarrollo Sostenible instituida por el Decreto 12.771/2025, aplicación de los arts. 42 a 49 de la Ley Complementaria 123/2006 y del art. 26 de la Ley 14.133/2021, reglamentado por el Decreto 11.890/2024, además de transparencia y trazabilidad.

El régimen transitorio se ocupa de las funcionalidades que aún no están disponibles. Mientras no exista integración con el registro unificado de proveedores, los proveedores deben mantener actualizados sus datos en el Sistema de Registro Unificado de Proveedores, y corresponde al órgano comprador verificar la documentación exigida en el pliego hasta que se habilite la verificación automática.

Del mismo modo, mientras la estimación de precios de la plataforma no esté en funcionamiento, el comprador debe verificar las ofertas disponibles para el mismo bien fuera del sistema, teniendo en cuenta el costo administrativo de un proceso conducido por fuera. Y mientras no se habiliten la reserva del límite de valor y la liberación automática del pago, el desembolso sigue el rito ordinario de ejecución del gasto público, en el plazo máximo de treinta días contados desde la recepción.

El decreto además ajustó el Decreto 11.878/2024, que pasa a referirse expresamente a la acreditación regulada por los incisos I a III del art. 79 de la Ley 14.133/2021, dejando el inciso IV para el nuevo régimen. La Secretaría de Gestión e Innovación sigue autorizada para dictar las normas y orientaciones complementarias necesarias para la ejecución.

Preguntas frecuentes

¿La empresa debe esperar la apertura de un pliego para vender por este sistema?

No. El acceso del proveedor está disponible de forma permanente y se realiza por integración con el registro unificado de proveedores, con la acreditación solicitada por vía electrónica. Los pliegos de acreditación pueden tener vigencia indeterminada e incorporar nuevos bienes estandarizados sujetos al mismo régimen, de modo que el ingreso no depende de un plazo de inscripción.

¿Puede el comprador público exigir un documento de habilitación no previsto en el pliego?

No. Los requisitos se definen en el pliego según la naturaleza del bien y se acreditan mediante el registro unificado de proveedores del art. 87 de la Ley 14.133/2021. El decreto prohíbe al comprador establecer requisitos de habilitación adicionales. Durante la transición, corresponde al órgano comprador únicamente verificar la documentación ya exigida en el pliego, hasta que se habilite la verificación automática por la plataforma.

¿Qué ocurre si la unidad compradora no se pronuncia sobre la entrega?

El silencio produce efectos. La falta de pronunciamiento dentro de los dos días hábiles siguientes al registro de la entrega implica la recepción provisional tácita, y la falta de pronunciamiento dentro de los diez días siguientes a la recepción provisional implica la recepción definitiva tácita, respetando el límite de treinta días. Como el pago se libera con la recepción definitiva, la omisión no retrasa el desembolso y además repercute en los indicadores de reputación de la unidad.

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