Ley n.º 12.694, de 2012

Lei 12.694/12 Lei nº 12.694, de 2012 Referenciada

Dispone sobre el proceso y el juzgamiento colegiado en primer grado de jurisdicción de delitos practicados por organizaciones criminales; modifica el Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 - Código Penal, el Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 - Código de Proceso Penal, y las Leyes nºs 9.503, de 23 de septiembre de 1997 - Código de Tránsito Brasileño, y 10.826, de 22 de diciembre de 2003; y dicta otras disposiciones.
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º En procesos o procedimientos que tengan por objeto delitos practicados por organizaciones criminales, el juez podrá decidir la formación de un órgano colegiado para la práctica de cualquier acto procesal, especialmente:
I - decretación de prisión o de medidas aseguratorias;
II - concesión de libertad provisional o revocación de prisión;
III - sentencia;
IV - progresión o regresión de régimen de cumplimiento de la pena;
V - concesión de libertad condicional;
VI - traslado de preso a establecimiento penitenciario de seguridad máxima; y
VII - inclusión del preso en el régimen disciplinario diferenciado.
§ 1º El juez podrá instaurar el órgano colegiado, indicando los motivos y las circunstancias que acarrean riesgo para su integridad física en decisión fundamentada, de la cual se dará conocimiento al órgano de correccional.
§ 2º El órgano colegiado estará formado por el juez del proceso y por 2 (dos) otros jueces escogidos por sorteo electrónico entre aquellos de competencia penal en ejercicio en el primer grado de jurisdicción.
§ 3º La competencia del órgano colegiado se limita al acto para el cual fue convocado.
§ 4º Las reuniones podrán ser secretas siempre que exista riesgo de que la publicidad resulte en perjuicio para la eficacia de la decisión judicial.
§ 5º La reunión del órgano colegiado compuesto por jueces domiciliados en ciudades diversas podrá realizarse por vía electrónica.
§ 6º Las decisiones del órgano colegiado, debidamente fundamentadas y firmadas, sin excepción, por todos sus integrantes, serán publicadas sin ninguna referencia a voto divergente de cualquier miembro.
§ 7º Los tribunales, en el ámbito de sus competencias, expedirán normas que reglamenten la composición del órgano colegiado y los procedimientos que deban adoptarse para su funcionamiento.
Art. 1º-A. Los Tribunales de Justicia y los Tribunales Regionales Federales podrán instalar, en las comarcas sedes de Circunscripción o Sección Judicial, mediante resolución, Juzgados Penales Colegiados con competencia para el proceso y juzgamiento: (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
I - de delitos de pertenencia a organizaciones criminales armadas o que tengan armas a su disposición; (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
II - del delito del art. 288-A del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal); y (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
III - de las infracciones penales conexas a los delitos a que se refieren los incisos I y II del caput de este artículo. (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
§ 1º Los Juzgados Penales Colegiados tendrán competencia para todos los actos jurisdiccionales en el transcurso de la investigación, de la acción penal y de la ejecución de la pena, incluso el traslado del preso a establecimiento penitenciario de seguridad máxima o a régimen disciplinario diferenciado. (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
§ 2º Al recibir, según las reglas normales de distribución, procesos o procedimientos que tengan por objeto los delitos mencionados en el caput de este artículo, el juez deberá declinar la competencia y remitir los autos, en cualquier fase en que se encuentren, al Juzgado Penal Colegiado de su Circunscripción o Sección Judicial. (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
§ 3º Efectuada la remisión mencionada en el § 2º de este artículo, el Juzgado Penal Colegiado tendrá competencia para todos los actos procesales posteriores, incluidos los de la fase de ejecución. (Incluido por la Ley nº 13.964, de 2019)
Art. 2º Para los efectos de esta Ley, se considera organización criminal la asociación de 3 (tres) o más personas, estructuralmente ordenada y caracterizada por la división de tareas, aunque sea informalmente, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, ventaja de cualquier naturaleza, mediante la práctica de delitos cuya pena máxima sea igual o superior a 4 (cuatro) años o que sean de carácter transnacional.
Art. 3º Los tribunales, en el ámbito de sus competencias, están autorizados a tomar medidas para reforzar la seguridad de los edificios de la Justicia, especialmente:
I - control de acceso, con identificación, a sus edificios, especialmente aquellos con juzgados penales, o a las áreas de los edificios con juzgados penales;
II - instalación de cámaras de vigilancia en sus edificios, especialmente en los juzgados penales y áreas adyacentes;
III - instalación de aparatos detectores de metales, a los cuales deberán someterse todos los que deseen tener acceso a sus edificios, especialmente a los juzgados penales o a las respectivas salas de audiencia, aunque ejerzan cualquier cargo o función pública, salvo los integrantes de misión policial, la escolta de presos y los agentes o inspectores de seguridad propios.
Art. 4º El art. 91 del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 - Código Penal, pasa a regir con la adición de los siguientes §§ 1º y 2º:
“Art. 91.........................................................................
§ 1º Podrá decretarse la pérdida de bienes o valores equivalentes al producto o provecho del delito cuando estos no sean encontrados o cuando se localicen en el exterior.
§ 2º En la hipótesis del § 1º, las medidas aseguratorias previstas en la legislación procesal podrán abarcar bienes o valores equivalentes del investigado o acusado para la posterior decretación de pérdida.” (NR)
Art. 5º El Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 - Código de Proceso Penal, pasa a regir con la adición del siguiente art. 144-A:
“Art. 144-A. El juez determinará la enajenación anticipada para preservar el valor de los bienes siempre que estén sujetos a cualquier grado de deterioro o depreciación, o cuando haya dificultad para su mantenimiento.
§ 1º La subasta se realizará preferentemente por medio electrónico.
§ 2º Los bienes deberán venderse por el valor fijado en la tasación judicial o por un valor mayor. Si no se alcanza el valor estipulado por la administración judicial, se realizará una nueva subasta, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la realización de la primera, pudiendo los bienes ser enajenados por un valor no inferior al 80% (ochenta por ciento) del estipulado en la tasación judicial.
§ 3º El producto de la enajenación permanecerá depositado en cuenta vinculada al juzgado hasta la decisión final del proceso, procediéndose a su conversión en renta para la Unión, el Estado o el Distrito Federal, en caso de condena, o, en caso de absolución, a su devolución al acusado.
§ 4º Cuando la indisponibilidad recaiga sobre dinero, incluida moneda extranjera, títulos, valores mobiliarios o cheques emitidos como orden de pago, el juzgado determinará la conversión del numerario incautado en moneda nacional corriente y el depósito de las correspondientes cantidades en cuenta judicial.
§ 5º En caso de enajenación de vehículos, embarcaciones o aeronaves, el juez ordenará a la autoridad de tránsito o al órgano equivalente de registro y control la expedición de certificado de registro y licencia a favor del adjudicatario, quedando este libre del pago de multas, cargas y tributos anteriores, sin perjuicio de la ejecución fiscal respecto del antiguo propietario.
§ 6º El valor de los títulos de la deuda pública, de las acciones de las sociedades y de los títulos de crédito negociables en bolsa será el de la cotización oficial del día, probada mediante certificación o publicación en el órgano oficial.
§ 7º (VETADO).”
Art. 6º El art. 115 de la Ley nº 9.503, de 23 de septiembre de 1997 - Código de Tránsito Brasileño, pasa a regir con la adición del siguiente § 7º:
“Art. 115......................................................................
..............................................................................................
§ 7º Excepcionalmente, mediante autorización específica y fundamentada de las respectivas corregidurías y con la debida comunicación a los órganos de tránsito competentes, los vehículos utilizados por miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público que ejerzan competencia o atribución penal podrán tener temporalmente placas especiales, de modo que se impida la identificación de sus usuarios específicos, en la forma de reglamento que deberá ser emitido, conjuntamente, por el Consejo Nacional de Justicia - CNJ, por el Consejo Nacional del Ministerio Público - CNMP y por el Consejo Nacional de Tránsito - CONTRAN.” (NR)
Art. 7º El art. 6º de la Ley nº 10.826, de 22 de diciembre de 2003, pasa a regir con la adición del siguiente inciso XI:
“Art. 6º.........................................................................
..............................................................................................
XI - los tribunales del Poder Judicial descritos en el art. 92 de la Constitución Federal y los Ministerios Públicos de la Unión y de los Estados, para uso exclusivo de servidores de sus cuadros de personal que efectivamente estén en el ejercicio de funciones de seguridad, en la forma de reglamento que deberá ser emitido por el Consejo Nacional de Justicia - CNJ y por el Consejo Nacional del Ministerio Público - CNMP.......................................................................................” (NR)
Art. 8º La Ley nº 10.826, de 22 de diciembre de 2003, pasa a regir con la adición del siguiente art. 7º-A:
“Art. 7º-A. Las armas de fuego utilizadas por los servidores de las instituciones descritas en el inciso XI del art. 6º serán de propiedad, responsabilidad y custodia de las respectivas instituciones, y solo podrán ser utilizadas cuando estén en servicio, debiendo estas observar las condiciones de uso y de almacenamiento establecidas por el órgano competente, siendo el certificado de registro y la autorización de porte expedidos por la Policía Federal a nombre de la institución.
§ 1º La autorización para el porte de arma de fuego a que se refiere este artículo no está sujeta al pago de tasa.
§ 2º El presidente del tribunal o el jefe del Ministerio Público designará a los servidores de sus cuadros de personal en el ejercicio de funciones de seguridad que podrán portar arma de fuego, respetado el límite máximo del 50% (cincuenta por ciento) del número de servidores que ejerzan funciones de seguridad.
§ 3º El porte de arma por los servidores de las instituciones a que se refiere este artículo queda condicionado a la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 4º de esta Ley, así como a la formación funcional en establecimientos de enseñanza de actividad policial y a la existencia de mecanismos de fiscalización y de control interno, en las condiciones establecidas en el reglamento de esta Ley.
§ 4º El listado de los servidores de las instituciones a que se refiere este artículo deberá ser actualizado semestralmente en el Sinarm.
§ 5º Las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a registrar denuncia policial y a comunicar a la Policía Federal cualquier pérdida, hurto, robo u otras formas de extravío de armas de fuego, accesorios y municiones que estén bajo su custodia, dentro de las primeras 24 (veinticuatro) horas después de ocurrido el hecho.”
Art. 9º Ante una situación de riesgo, derivada del ejercicio de la función, de las autoridades judiciales o miembros del Ministerio Público y de sus familiares, el hecho será comunicado a la policía judicial, que evaluará la necesidad, el alcance y los parámetros de la protección personal. (Véase ADI 5157)
Art. 9º Ante una situación de riesgo, derivada del ejercicio de la función, de las autoridades judiciales o miembros del Ministerio Público, en actividad o no, incluidos los jubilados, y de sus familiares, el hecho será comunicado a la policía judicial, que evaluará la necesidad, las condiciones institucionales frente a otros órganos policiales, el alcance y los parámetros de la protección personal. (Redacción dada por la Ley nº 15.245, de 2025)
§ 1º La protección personal será prestada de acuerdo con la evaluación realizada por la policía judicial y después de la comunicación a la autoridad judicial o al miembro del Ministerio Público, según el caso: (Véase ADI 5157)
I - por la propia policía judicial;
II - por los órganos de seguridad institucional;
III - por otras fuerzas policiales;
IV - de forma conjunta por los mencionados en los incisos I, II y III.
§ 1º-A. La protección personal comprende las siguientes medidas, entre otras, aplicadas de forma aislada o cumulativa, conforme a los criterios de necesidad y adecuación: (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
I - refuerzo de la seguridad orgánica; (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
II - escolta total o parcial; (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
III - chaleco balístico; (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
IV - vehículo blindado; (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
V - traslado provisional, a instancia del propio miembro del Poder Judicial, del Ministerio Público o de la Defensoría Pública, o del oficial de justicia, con garantía de financiación de la mudanza y el transporte y garantía de plaza en instituciones públicas de enseñanza para sus hijos y dependientes; (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
VI - trabajo remoto. (Incluido por la Ley 15.134, de 2025)
§ 2º Se prestará protección personal inmediata en los casos urgentes, sin perjuicio de la adecuación de la medida, según la evaluación a que se refieren el caput y el § 1º de este artículo. (Véase ADI 5157)
§ 3º La prestación de protección personal será comunicada al Consejo Nacional de Justicia o al Consejo Nacional del Ministerio Público, según el caso.
§ 4º Verificado el incumplimiento de los procedimientos de seguridad definidos por la policía judicial, esta remitirá un informe al Consejo Nacional de Justicia - CNJ o al Consejo Nacional del Ministerio Público - CNMP. (Véase ADI 5157)
§ 5º La protección personal se prestará a policías, en actividad o jubilados, y a sus familiares, en situación de riesgo derivada del ejercicio de la función, de acuerdo con la evaluación realizada por la policía judicial o por el órgano de dirección de la respectiva fuerza policial. (Incluido por la Ley 15.245, de 2025)
§ 6º La protección personal prevista en este artículo se extiende a todos los profesionales de las fuerzas de seguridad pública, Fuerzas Armadas, autoridades judiciales y miembros del Ministerio Público que combaten el crimen organizado en las regiones fronterizas, a quienes debe concederse atención especial, consideradas las particularidades de la región protegida. (Incluido por la Ley 15.245, de 2025)
Art. 10. Esta Ley entra en vigor transcurridos 90 (noventa) días desde su publicación oficial.
Brasilia, 24 de julio de 2012; 191º de la Independencia y 124º de la República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 25.7.2012
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