Voto de calidad en el CARF (Consejo Administrativo de Recursos Fiscales de Brasil)

Lei 14.689/23 Lei nº 14.689, de 2023 Tributário
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(Promulgación de partes vetadas)
Disciplina la proclamación de resultados de juicios en la hipótesis de empate en la votación en el ámbito del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf); dispone sobre la autorregularización de débitos y la conformidad tributaria en el ámbito de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Hacienda, sobre el contencioso administrativo fiscal y sobre la transacción en el cobro de créditos de la Hacienda Pública; modifica el Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972, y las Leyes nºs 6.830, de 22 de septiembre de 1980 (Ley de Ejecución Fiscal), 9.430, de 27 de diciembre de 1996, 13.988, de 14 de abril de 2020, 5.764, de 16 de diciembre de 1971, 9.249, de 26 de diciembre de 1995, y 10.150, de 21 de diciembre de 2000; y revoca disposición de la Ley nº 10.522, de 19 de julio de 2002.
EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en ejercicio del cargo de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Los resultados de los juicios en el ámbito del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf), en la hipótesis de empate en la votación, serán proclamados en la forma dispuesta en el § 9º del art. 25 del Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972, en los términos de esta Ley.
Art. 2º El Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 14-B. (VETADO)”
“Art. 25..................................................................................
.........................................................................................................
§ 9º-A. Quedan excluidas las multas y cancelada la representación fiscal para fines penales de que trata el art. 83 de la Ley nº 9.430, de 27 de diciembre de 1996, en la hipótesis de juicio de proceso administrativo fiscal resuelto favorablemente a la Hacienda Pública por el voto de calidad previsto en el § 9º de este artículo.
.........................................................................................................
§ 12. En los juicios realizados por los órganos colegiados referidos en los incisos I y II del caput de este artículo, se asegura al procurador del sujeto pasivo la realización de sustentación oral, en la forma del reglamento.
§ 13. Los órganos juzgadores referidos en los incisos I y II del caput de este artículo observarán las súmulas de jurisprudencia publicadas por el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales.” (NR)
“Art. 25-A. En la hipótesis de juicio de proceso administrativo fiscal resuelto definitivamente a favor de la Hacienda Pública por el voto de calidad previsto en el § 9º del art. 25 de este Decreto, y siempre que haya manifestación efectiva del contribuyente para el pago en el plazo de 90 (noventa) días, serán excluidos, hasta la fecha del acuerdo de pago, los intereses de mora de que trata el art. 13 de la Ley nº 9.065, de 20 de junio de 1995.
§ 1º El pago referido en el caput de este artículo podrá realizarse en hasta 12 (doce) cuotas, mensuales y sucesivas, corregidas en los términos del art. 13 de la Ley nº 9.065, de 20 de junio de 1995, y comprenderá el monto principal del crédito tributario.
§ 2º En caso de falta de pago en los términos del caput o de incumplimiento de cualquiera de las cuotas previstas en el § 1º de este artículo, se retomarán los intereses de mora de que trata el art. 13 de la Ley nº 9.065, de 20 de junio de 1995.
§ 3º Para los efectos de lo dispuesto en el § 1º de este artículo, se admite la utilización de créditos de pérdida fiscal y de base de cálculo negativa de la Contribución Social sobre la Utilidad Neta (CSLL) de titularidad del sujeto pasivo, de persona jurídica controladora o controlada, de forma directa o indirecta, o de sociedades que sean controladas directa o indirectamente por una misma persona jurídica, determinados y declarados a la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil, independientemente del ramo de actividad.
§ 4º El valor de los créditos a que se refiere el § 3º de este artículo será determinado, en la forma de la reglamentación:
I – mediante la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre la renta previstas en el art. 3º de la Ley nº 9.249, de 26 de diciembre de 1995, sobre el monto de la pérdida fiscal; y
II – mediante la aplicación de las alícuotas de la CSLL previstas en el art. 3º de la Ley nº 7.689, de 15 de diciembre de 1988, sobre el monto de la base de cálculo negativa de la contribución.
§ 5º La utilización de los créditos a que se refiere el § 3º de este artículo extingue los débitos bajo condición resolutoria de su posterior homologación.
§ 6º La Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil dispone del plazo de 5 (cinco) años para el análisis de los créditos utilizados en la forma del § 3º de este artículo.
§ 7º Lo dispuesto en el caput de este artículo se aplica exclusivamente a la parte controvertida, resuelta por el voto de calidad previsto en el § 9º del art. 25 de este Decreto, en el ámbito del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales.
§ 8º Si no hubiere opción por el pago en la forma de este artículo, los créditos definitivamente constituidos serán remitidos para su inscripción en la deuda activa de la Unión en hasta 90 (noventa) días y:
I – no incidirá el recargo de que trata el art. 1º del Decreto-Ley nº 1.025, de 21 de octubre de 1969; y
II – se aplicará lo dispuesto en el § 9º-A del art. 25 de este Decreto.
§ 9º Durante el plazo previsto en el caput de este artículo, los créditos tributarios objeto de negociación no serán obstáculo para la emisión de certificado de regularidad fiscal, en los términos del art. 206 de la Ley nº 5.172, de 25 de octubre de 1966 (Código Tributario Nacional).
§ 10. El pago referido en el § 1º de este artículo comprende el uso de precatorios para la amortización o liquidación del remanente, en la forma del § 11 del art. 100 de la Constitución Federal.”
Art. 3º Los créditos inscritos en la deuda activa de la Unión en discusión judicial que hayan sido resueltos favorablemente a la Hacienda Pública por el voto de calidad previsto en el § 9º del art. 25 del Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972, podrán ser objeto de propuesta de acuerdo de transacción tributaria específica, por iniciativa del sujeto pasivo.
Párrafo único. (VETADO).
Art. 4º A los contribuyentes con capacidad de pago, se les dispensa la presentación de garantía para la discusión judicial de los créditos resueltos favorablemente a la Hacienda Pública por el voto de calidad previsto en el § 9º del art. 25 del Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972.
§ 1º Lo dispuesto en el caput de este artículo no se aplica a los contribuyentes que, en los 12 (doce) meses anteriores a la interposición de la medida judicial que tenga por objeto el crédito, no hayan tenido certificado de regularidad fiscal válido por más de 3 (tres) meses, consecutivos o no, expedido conjuntamente por la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil y por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional.
§ 2º Para los fines de lo dispuesto en el caput de este artículo, la capacidad de pago se determinará considerando el patrimonio neto del sujeto pasivo, siempre que el contribuyente:
I – presente informe de auditoría independiente sobre los estados financieros, en caso de ser persona jurídica;
II – presente relación de bienes libres y desembarazados para la futura garantía del crédito tributario, en caso de decisión desfavorable en primera instancia;
III – comunique a la Procuraduría General de la Hacienda Nacional la enajenación o el gravamen de los bienes de que trata el inciso II de este párrafo y presente otros bienes libres y desembarazados para sustituir aquellos, bajo pena de interposición de medida cautelar fiscal; y
IV – no posea otros créditos con la Hacienda Pública, presentes y futuros, en situación de exigibilidad.
§ 3º En los casos en que sea exigible la presentación de garantía para la discusión judicial de créditos resueltos favorablemente a la Hacienda Pública por el voto de calidad previsto en el § 9º del art. 25 del Decreto nº 70.235, de 6 de marzo de 1972, no se admitirá la ejecución de la garantía hasta el tránsito en cosa juzgada de la medida judicial, salvo los casos de enajenación anticipada previstos en la legislación.
§ 4º Lo dispuesto en este artículo no impide la celebración de negocio jurídico ni de cualquier otra solución consensual con la Hacienda Pública acreedora que verse sobre la aceptación, la evaluación, el modo de constricción y la sustitución de garantías.
§ 5º Corresponderá al Procurador General de la Hacienda Nacional disciplinar la aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Art. 5º (VETADO)
Art. 5º La Ley nº 6.830, de 22 de septiembre de 1980 (Ley de Ejecución Fiscal), pasa a regir con las siguientes modificaciones: (Promulgación de partes vetadas)
‘Art. 9º..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 7º Las garantías presentadas en la forma del inciso II del caput de este artículo solo se liquidarán, total o parcialmente, después del tránsito en cosa juzgada de decisión de mérito desfavorable al contribuyente, quedando vedada su liquidación anticipada.’”
Art. 6º (VETADO).
Art. 7º Para la aplicación de las medidas de incentivo a la conformidad tributaria, la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil considerará los siguientes criterios:
I – regularidad registral;
II – historial de regularidad fiscal del sujeto pasivo;
III – compatibilidad entre los registros contables o las declaraciones y los actos practicados por el contribuyente;
IV – consistencia de las informaciones prestadas en las declaraciones y en los registros contables.
§ 1º Como incentivo a la conformidad tributaria, deberán adoptarse las siguientes medidas, con miras a la autorregularización:
I – procedimientos de orientación tributaria y aduanera previa;
II – no aplicación de eventual penalidad administrativa;
III – concesión de plazo para el pago de los tributos adeudados sin aplicación de penalidades;
IV – (VETADO);
V – prioridad de análisis en procesos administrativos, inclusive en cuanto a solicitudes de restitución, de compensación o de resarcimiento de derechos crediticios; y
VI – atención preferencial en servicios presenciales o virtuales.
§ 2º (VETADO).
§ 3º Los beneficios previstos en el § 1º de este artículo podrán graduarse y condicionarse en función de:
I – presentación voluntaria, antes del inicio del procedimiento fiscal, de actos o negocios jurídicos relevantes para fines tributarios para los cuales no haya posicionamiento previo de la administración tributaria;
II – atención oportuna a requerimiento de informaciones realizado por la autoridad administrativa; o
III – pago en los plazos y condiciones definidos por la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil.
Art. 8º El art. 44 de la Ley nº 9.430, de 27 de diciembre de 1996, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 44..................................................................................
.........................................................................................................
§ 1º El porcentaje de multa de que trata el inciso I del caput de este artículo será incrementado en los casos previstos en los arts. 71, 72 y 73 de la Ley nº 4.502, de 30 de noviembre de 1964, independientemente de otras penalidades administrativas o penales aplicables, y pasará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cien por ciento) sobre la totalidad o la diferencia de impuesto o de contribución objeto del lanzamiento de oficio;
VII – 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre la totalidad o la diferencia de impuesto o de contribución objeto del lanzamiento de oficio, en los casos en que se verifique la reincidencia del sujeto pasivo.
§ 1º-A. Se verifica la reincidencia prevista en el inciso VII del § 1º de este artículo cuando, en el plazo de 2 (dos) años, contado desde el acto de lanzamiento en que se haya imputado la acción u omisión tipificada en los arts. 71, 72 y 73 de la Ley nº 4.502, de 30 de noviembre de 1964, quede comprobado que el sujeto pasivo incurrió nuevamente en cualquiera de esas acciones u omisiones.
§ 1º-B. (VETADO).
§ 1º-C. La calificación de la multa prevista en el § 1º de este artículo no se aplica cuando:
I – no quedar configurada, individualizada y comprobada la conducta dolosa a que se refieren los arts. 71, 72 y 73 de la Ley 4.502, de 30 de noviembre de 1964;
II – exista sentencia penal absolutoria con apreciación del fondo en proceso del cual derive imputación penal del sujeto pasivo; y
III – (VETADO).
§ 1º-D. (VETADO);
§ 2º (VETADO).
.........................................................................................................
§ 6º (VETADO).
§ 7º (VETADO)
Art. 9º La Ley 13.988, de 14 de abril de 2020, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
“Art. 1º..................................................................................
.........................................................................................................
§ 4º.......................................................................................
.........................................................................................................
III – en lo que corresponda, a la deuda activa de las autarquías y de las fundaciones públicas federales cuya inscripción, cobro y representación incumban a la Procuradoría General Federal o a la Procuradoría General del Banco Central, y a los créditos cuyo cobro sea competencia de la Procuradoría General de la Unión, en los términos de acto del Abogado General de la Unión y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 9.469, de 10 de julio de 1997.
................................................................................................. ” (NR)
“Art. 10. La transacción en el cobro de la deuda activa de la Unión, de las autarquías y de las fundaciones públicas federales podrá ser propuesta por la Procuradoría General de la Hacienda Nacional, por la Procuradoría General Federal y por la Procuradoría General del Banco Central, de forma individual o por adhesión, o por iniciativa del deudor, o por la Procuradoría General de la Unión, respecto de los créditos bajo su responsabilidad.” (NR)
“Art. 17..................................................................................
§ 1º.......................................................................................
.........................................................................................................
III – podrá establecer la necesidad de que el contribuyente o el responsable se ajuste al entendimiento de la administración tributaria acerca de hechos generadores futuros o no consumados.
§ 2º Las reducciones y concesiones a que se refiere el inciso “a” del inciso I del § 1º de este artículo se limitan a un descuento del 65% (sesenta y cinco por ciento) del crédito, con plazo máximo de pago de 120 (ciento veinte) meses.
.........................................................................................................
§ 4º En el supuesto de transacción que involucre a persona natural, microempresa o empresa de pequeño porte, la reducción máxima a que se refiere el § 2º de este artículo será de hasta el 70% (setenta por ciento), con ampliación del plazo máximo de pago hasta 145 (ciento cuarenta y cinco) meses, respetado lo dispuesto en el § 11 del art. 195 de la Constitución Federal.” (NR)
“Art. 19..................................................................................
§ 1º.......................................................................................
.........................................................................................................
II – (revocado).
.........................................................................................................
§ 3º El edicto podrá establecer que la solicitud de adhesión abarque todos los litigios relacionados con la tesis objeto de la transacción existentes en la fecha de la solicitud, aun cuando no hayan sido juzgados definitivamente.
................................................................................................. ” (NR)
“Art. 22-A. Se aplica a la transacción por adhesión en el contencioso tributario de relevante y diseminada controversia jurídica lo dispuesto en el inciso IV del caput y en los §§ 7º y 12 del art. 11 de esta Ley.”
“Art. 27-A..............................................................................
.........................................................................................................
III – en lo que corresponda, a la deuda activa de las autarquías y de las fundaciones públicas federales cuya inscripción, cobro y representación incumban a la Procuradoría General Federal y a la Procuradoría General del Banco Central, y a los créditos cuyo cobro sea competencia de la Procuradoría General de la Unión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 9.469, de 10 de julio de 1997.
................................................................................................. ” (NR)
Art. 10. (VETADO);
Art. 11. El art. 13 de la Ley 9.249, de 26 de diciembre de 1995, pasa a regir con el siguiente § 3º agregado:
“Art. 13..................................................................................
.........................................................................................................
§ 3º A efectos de interpretación, conforme al inciso I del caput del art. 106 de la Ley 5.172, de 25 de octubre de 1966 (Código Tributario Nacional), y de determinación de la utilidad imponible de la persona jurídica que actúa en la multiplicación de semillas, los límites de deducibilidad previstos en el art. 74 de la Ley 3.470, de 28 de noviembre de 1958, y en el art. 12 de la Ley 4.131, de 3 de septiembre de 1962, no se aplican a los casos de pagos o transferencias efectuados a persona jurídica no vinculada, en los términos del § 3º del art. 60 del Decreto-Ley 1.598, de 26 de diciembre de 1977, domiciliada en el País, por la explotación o el uso de tecnología de transgenia o de licencia de cultivares por terceros, quedando dispensada la exigencia de registro de los contratos referentes a esas operaciones en los órganos de fiscalización o en las agencias reguladoras para ese fin específico.” (NR)
Art. 12. La exclusión de la parte de la producción que no sea objeto de transferencia al cooperado mediante fijación de precio, con relación a los ingresos brutos sujetos a la contribución prevista en el caput y en los §§ 3º y 16 del art. 25 de la Ley 8.212, de 24 de julio de 1991, se aplica a actos o hechos pretéritos, en los términos del inciso I del caput del art. 106 de la Ley 5.172, de 25 de octubre de 1966 (Código Tributario Nacional), y quedan sin efecto los eventuales créditos tributarios lanzados o constituidos en disconformidad con la norma y aún no extinguidos.
Art. 13. (VETADO).
Art. 13. El art. 3º-A de la Ley 10.150, de 21 de diciembre de 2000, pasa a regir con el siguiente § 3º agregado: (Promulgación de partes vetadas)
‘Art. 3º-A.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 3º En el supuesto de este artículo, la solicitud prevista en el inciso III del caput del art. 3º de esta Ley será presentada directamente por la institución acreedora al Ministro de Estado de Hacienda, quien deliberará en orden cronológico, hasta el día 31 de diciembre del respectivo año, sobre la novación solicitada, hasta el límite del presupuesto disponible, conforme a la ley presupuestaria vigente, y los créditos no novados en el ejercicio quedarán pendientes para el ejercicio siguiente, manteniéndose el respectivo orden cronológico.’ (NR)”
Art. 14. (VETADO).
Art. 14. Con fundamento en lo dispuesto en el inciso IV del caput del art. 150 de la Constitución Federal, refrendado por decisiones del Supremo Tribunal Federal, queda cancelado el monto de la multa en acta de infracción fiscal, inscrita o no en la deuda activa de la Unión, que exceda el 100% (cien por ciento) del valor del crédito tributario determinado, aun cuando la multa esté incluida en programas de refinanciación de deudas, sobre las cuotas aún pendientes de pago que, según las referidas decisiones judiciales, sean consideradas confiscatorias para el contribuyente. (Promulgación de partes vetadas)
§ 1º La Procuradoría General de la Hacienda Nacional dispondrá, de oficio, la cancelación inmediata de la inscripción en deuda activa de todo el monto de multa que exceda el 100% (cien por ciento), independientemente de solicitud del contribuyente, y estará obligada a comunicar la cancelación en las ejecuciones fiscales en curso.
§ 2º El monto de multa que exceda el 100% (cien por ciento) en las actas de infracción fiscales, ya pagado total o parcialmente por el contribuyente, solo podrá ser recuperado, si el plazo no hubiere precluido, mediante la interposición de acción judicial, al final de la cual se determinará el valor apurado a ser resarcido, que será liquidado mediante precatorio judicial o compensado con tributos que deba pagar el contribuyente.”
Art. 15. Lo dispuesto en el § 9º-A del art. 25 del Decreto 70.235, de 6 de marzo de 1972, se aplica inclusive a los casos ya juzgados por el Carf y aún pendientes de apreciación del fondo por el Tribunal Regional Federal competente en la fecha de publicación de esta Ley.
Art. 16. En los procesos administrativos decididos favorablemente a la Hacienda Pública por el voto de calidad previsto en el § 9º del art. 25 del Decreto 70.235, de 6 de marzo de 1972, durante el plazo de vigencia de la Medida Provisoria 1.160, de 12 de enero de 2023, con fundamento en sus arts. 1º y 5º, se aplicará lo dispuesto en el § 9º-A del art. 25 y en el art. 25-A del referido Decreto y en los arts. 3º y 4º de esta Ley.
Art. 17. Quedan revocados:
I – (VETADO);
II – el art. 19-E de la Ley 10.522, de 19 de julio de 2002; y
III – las siguientes disposiciones de la Ley 13.988, de 14 de abril de 2020:
a) inciso II del § 1º del art. 19; y
b) inciso “b” del inciso II del caput del art. 20.
Art. 18. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 20 de septiembre de 2023; 202º de la Independencia y 135º de la República.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO D ario Carnevalli Durigan
Presidencia de la República Casa Civil Secretaría Especial para Asuntos Jurídicos
LEY 14.689, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Disciplina la proclamación de resultados de juzgamientos en caso de empate en la votación en el ámbito del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf); dispone sobre la autorregularización de deudas y el cumplimiento tributario en el ámbito de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil del Ministerio de Hacienda, sobre el contencioso administrativo fiscal y sobre la transacción en el cobro de créditos de la Hacienda Pública; modifica el Decreto 70.235, de 6 de marzo de 1972, y las Leyes 6.830, de 22 de septiembre de 1980 (Ley de Ejecución Fiscal), 9.430, de 27 de diciembre de 1996, 13.988, de 14 de abril de 2020, 5.764, de 16 de diciembre de 1971, 9.249, de 26 de diciembre de 1995, y 10.150, de 21 de diciembre de 2000; y revoca disposición de la Ley 10.522, de 19 de julio de 2002.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo promulgo, en los términos del párrafo 5º del art. 66 de la Constitución Federal, la siguiente parte vetada de la Ley 14.689, de 20 de septiembre de 2023:
“Art. 5º La Ley 6.830, de 22 de septiembre de 1980 (Ley de Ejecución Fiscal), pasa a regir con las siguientes modificaciones:
‘Art. 9º..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 7º Las garantías presentadas en la forma del inciso II del caput de este artículo solo serán liquidadas, total o parcialmente, después del tránsito en cosa juzgada de decisión de fondo desfavorable al contribuyente, quedando vedada su liquidación anticipada.’”
“Art. 13. El art. 3º-A de la Ley 10.150, de 21 de diciembre de 2000, pasa a regir con el siguiente § 3º agregado:
‘Art. 3º-A.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 3º En la hipótesis de este artículo, la solicitud prevista en el inciso III del caput del art. 3º de esta Ley será presentada directamente por la institución acreedora al Ministro de Estado de Hacienda, quien deliberará en orden cronológico, hasta el día 31 de diciembre del respectivo año, sobre la novación solicitada, hasta el límite del presupuesto disponible, conforme a la ley presupuestaria vigente, y los créditos no novados en el ejercicio quedarán pendientes para el ejercicio siguiente, manteniéndose el respectivo orden cronológico.’ (NR)”
“Art. 14. Con fundamento en lo dispuesto en el inciso IV del caput del art. 150 de la Constitución Federal, refrendado por decisiones del Supremo Tribunal Federal, queda cancelado el monto de la multa en actuación fiscal, inscrita o no en la deuda activa de la Unión, que exceda el 100% (cien por ciento) del valor del crédito tributario determinado, aunque la multa esté incluida en programas de refinanciamiento de deudas, sobre las cuotas aún pendientes de pago que, según las referidas decisiones judiciales, sean consideradas confiscatorias para el contribuyente.
§ 1º La Procuradoría General de la Hacienda Nacional dispondrá, de oficio, la cancelación inmediata de la inscripción en la deuda activa de todo el monto de multa que exceda el 100% (cien por ciento), independientemente de requerimiento del contribuyente, y estará obligada a comunicar la cancelación en las ejecuciones fiscales en curso.
§ 2º El monto de multa que exceda el 100% (cien por ciento) en las actuaciones fiscales, ya pagado total o parcialmente por el contribuyente, solo podrá ser recuperado, si el plazo no hubiere precluido, mediante la interposición de una acción judicial, al final de la cual se determinará el valor apurado que deba ser resarcido, el cual será liquidado mediante precatorio judicial o compensado con tributos que deba pagar el contribuyente.”
Brasilia, 22 de diciembre de 2023; 202º de la Independencia y 135º de la República.
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 22.12.2023 - Edición extra
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