Define los crímenes de responsabilidad y regula el respectivo proceso de juzgamiento.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
PARTE PRIMERA
Del Presidente de la República y de los Ministros de Estado
Art. 1º Son crímenes de responsabilidad los que esta ley especifica.
Art. 2º Los crímenes definidos en esta ley, aun cuando sean simplemente tentados, son pasibles de la pena de pérdida del cargo, con inhabilitación, hasta por cinco años, para el ejercicio de cualquier función pública, impuesta por el Senado Federal en los procesos contra el Presidente de la República o los Ministros de Estado, contra los Ministros del Supremo Tribunal Federal o contra el Procurador General de la República.
Art. 3º La imposición de la pena referida en el artículo anterior no excluye el proceso y juzgamiento del acusado por crimen común, en la justicia ordinaria, en los términos de las leyes de proceso penal.
Art. 4º Son crímenes de responsabilidad los actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, especialmente, contra:
I - La existencia de la Unión:
II - El libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los poderes constitucionales de los Estados;
III - El ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales:
IV - La seguridad interna del país:
V - La probidad en la administración;
VI - La ley presupuestaria;
VII - La guarda y el legal empleo de los dineros públicos;
VIII - El cumplimiento de las decisiones judiciales (Constitución, artículo 89).
TÍTULO I
CAPÍTULO I — DE LOS CRÍMENES CONTRA LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN
Art. 5º Son crímenes de responsabilidad contra la existencia política de la Unión:
1 - mantener, directa o indirectamente, inteligencia con gobierno extranjero, provocándolo a hacer guerra o cometer hostilidad contra la República, prometerle asistencia o favor, o darle cualquier auxilio en los preparativos o planes de guerra contra la República;
2 - intentar, directamente y por hechos, someter a la Unión o a alguno de los Estados o Territorios a dominio extranjero, o separar de ella cualquier Estado o porción del territorio nacional;
3 - cometer acto de hostilidad contra nación extranjera, exponiendo a la República al peligro de guerra, o comprometiendo su neutralidad;
4 - revelar negocios políticos o militares que deban mantenerse secretos en beneficio de la defensa de la seguridad externa o de los intereses de la Nación;
5 - auxiliar, de cualquier modo, a nación enemiga a hacer la guerra o a cometer hostilidad contra la República;
6 - celebrar tratados, convenciones o acuerdos que comprometan la dignidad de la Nación;
7 - violar la inmunidad de los embajadores o ministros extranjeros acreditados en el país;
8 - declarar la guerra, salvo los casos de invasión o agresión extranjera, o hacer la paz, sin autorización del Congreso Nacional.
9 - no emplear contra el enemigo los medios de defensa de que pudiera disponer;
10 - permitir el Presidente de la República, durante las sesiones legislativas y sin autorización del Congreso Nacional, que fuerzas extranjeras transiten por el territorio del país o, por motivo de guerra, permanezcan en él temporalmente;
11 - violar tratados legítimamente celebrados con naciones extranjeras.
CAPÍTULO II — DE LOS CRÍMENES CONTRA EL LIBRE EJERCICIO DE LOS PODERES CONSTITUCIONALES
Art. 6º Son crímenes de responsabilidad contra el libre ejercicio de los poderes legislativo y judicial y de los poderes constitucionales de los Estados:
1 - intentar disolver el Congreso Nacional, impedir su reunión o intentar impedir, de cualquier modo, el funcionamiento de cualquiera de sus Cámaras;
2 - usar violencia o amenaza contra algún representante de la Nación para apartarlo de la Cámara a la que pertenezca o para coaccionarlo en el modo de ejercer su mandato, así como conseguir o intentar conseguir el mismo objetivo mediante soborno u otras formas de corrupción;
3 - violar las inmunidades aseguradas a los miembros del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativas de los Estados, de la Cámara de Concejales del Distrito Federal y de las Cámaras Municipales;
4 - permitir que fuerza extranjera transite por el territorio del país o permanezca en él cuando a ello se oponga el Congreso Nacional;
5 - oponerse directamente y por hechos al libre ejercicio del Poder Judicial, u obstaculizar, por medios violentos, el efecto de sus actos, mandamientos o sentencias;
6 - usar violencia o amenaza para constreñir a juez, o jurado, a proferir o dejar de proferir despacho, sentencia o voto, o a hacer o dejar de hacer acto de su oficio;
7 - practicar contra los poderes estatales o municipales acto definido como crimen en este artículo;
8 - intervenir en negocios propios de los Estados o de los Municipios con desobediencia a las normas constitucionales.
CAPÍTULO III — DE LOS CRÍMENES CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS, INDIVIDUALES Y SOCIALES
Art. 7º Son crímenes de responsabilidad contra el libre ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales:
1- impedir, por violencia, amenaza o corrupción, el libre ejercicio del voto;
2 - obstaculizar el libre ejercicio de las funciones de los miembros de mesas electorales;
3 - violar el escrutinio de sección electoral o viciar de nulidad su resultado mediante la sustracción, desvío o inutilización del respectivo material;
4 - utilizar el poder federal para impedir la libre ejecución de la ley electoral;
5 - servirse de las autoridades bajo su subordinación inmediata para practicar abuso de poder, o tolerar que esas autoridades lo practiquen sin represión de su parte;
6 - subvertir o intentar subvertir por medios violentos el orden político y social;
7 - incitar a militares a la desobediencia a la ley o a la infracción de la disciplina;
8 - provocar animosidad entre las clases armadas o contra ellas, o de ellas contra las instituciones civiles;
9 - violar patentemente cualquier derecho o garantía individual constante en el art. 141, así como los derechos sociales asegurados en el artículo 157 de la Constitución;
10 - tomar o autorizar, durante el estado de sitio, medidas de represión que excedan los límites establecidos en la Constitución.
CAPÍTULO IV — DE LOS CRÍMENES CONTRA LA SEGURIDAD INTERNA DEL PAÍS
Art. 8º Son crímenes contra la seguridad interna del país:
1 - intentar cambiar por violencia la forma de gobierno de la República;
2 - intentar cambiar por violencia la Constitución Federal o la de alguno de los Estados, o ley de la Unión, de un Estado o de un Municipio;
3 - decretar el estado de sitio, estando reunido el Congreso Nacional, o en el receso de este, no habiendo conmoción interna grave ni hechos que evidencien estar esta a punto de irrumpir, o no ocurriendo guerra externa;
4 - practicar o concurrir para que se perpetre cualquiera de los crímenes contra la seguridad interna, definidos en la legislación penal;
5 - no adoptar las providencias de su competencia para impedir o frustrar la ejecución de esos crímenes;
6 - ausentarse del país sin autorización del Congreso Nacional;
7 - permitir, de forma expresa o tácita, la infracción de ley federal de orden público;
8 - dejar de tomar, en los plazos fijados, las providencias determinadas por ley o tratado federal y necesarias para su ejecución y cumplimiento.
CAPÍTULO V — DE LOS CRÍMENES CONTRA LA PROBIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
Art. 9º Son crímenes de responsabilidad contra la probidad en la administración:
1 - omitir o retardar dolosamente la publicación de las leyes y resoluciones del Poder Legislativo o de los actos del Poder Ejecutivo;
2 - no rendir al Congreso Nacional, dentro de sesenta días después de la apertura de la sesión legislativa, las cuentas relativas al ejercicio anterior;
3 - no hacer efectiva la responsabilidad de sus subordinados, cuando se manifieste en delitos funcionales o en la práctica de actos contrarios a la Constitución;
4 - expedir órdenes o hacer requisición de forma contraria a las disposiciones expresas de la Constitución;
5 - infringir, en la provisión de los cargos públicos, las normas legales;
6 - Usar violencia o amenaza contra funcionario público para coaccionarlo a proceder ilegalmente, así como utilizar soborno o cualquier otra forma de corrupción para el mismo fin;
7 - proceder de modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro del cargo.
CAPÍTULO VI — DE LOS CRÍMENES CONTRA LA LEY PRESUPUESTARIA
Art. 10. Son crímenes de responsabilidad contra la ley presupuestaria:
1- No presentar al Congreso Nacional la propuesta del presupuesto de la República dentro de los dos primeros meses de cada sesión legislativa;
2 - Exceder o transponer, sin autorización legal, las partidas del presupuesto;
3 - Realizar el extorno de partidas;
4 - Infringir, patentemente y de cualquier modo, disposición de la ley presupuestaria.
5) dejar de ordenar la reducción del monto de la deuda consolidada, en los plazos establecidos en ley, cuando el monto sobrepase el valor resultante de la aplicación del límite máximo fijado por el Senado Federal; (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
6) ordenar o autorizar la apertura de crédito en desacuerdo con los límites establecidos por el Senado Federal, sin fundamento en la ley presupuestaria o en la de crédito adicional o con inobservancia de prescripción legal; (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
7) dejar de promover o de ordenar, en la forma de la ley, la cancelación, la amortización o la constitución de reserva para anular los efectos de operación de crédito realizada con inobservancia de límite, condición o monto establecido en ley; (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
8) dejar de promover o de ordenar la liquidación íntegra de operación de crédito por anticipación de ingreso presupuestario, incluidos los respectivos intereses y demás cargos, hasta el cierre del ejercicio financiero; (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
9) ordenar o autorizar, en desacuerdo con la ley, la realización de operación de crédito con cualquiera de los demás entes de la Federación, incluidas sus entidades de la administración indirecta, aun cuando sea en la forma de novación, refinanciamiento o postergación de deuda contraída anteriormente; ( (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
10) captar recursos a título de anticipación de ingreso de tributo o contribución cuyo hecho generador aún no haya ocurrido; (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
11) ordenar o autorizar el destino de recursos provenientes de la emisión de títulos a finalidad diversa de la prevista en la ley que la autorizó; (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
12) realizar o recibir transferencia voluntaria en desacuerdo con límite o condición establecida en ley. (Incluido por la Ley nº 10.028, de 2000)
CAPÍTULO VII — DE LOS CRÍMENES CONTRA LA GUARDA Y LEGAL EMPLEO DE LOS DINEROS PÚBLICOS:
Art. 11. Son crímenes contra la guarda y legal empleo de los dineros públicos:
1 - ordenar gastos no autorizados por ley o sin observancia de las prescripciones legales relativas a ellos;
2 - Abrir crédito sin fundamento en ley o sin las formalidades legales;
3 - Contraer empréstito, emitir moneda corriente o bonos, o efectuar operación de crédito sin autorización legal;
4 - enajenar inmuebles nacionales o empeñar rentas públicas sin autorización legal;
5 - descuidar la recaudación de las rentas, impuestos y tasas, así como la conservación del patrimonio nacional.
CAPÍTULO VIII — DE LOS CRÍMENES CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES JUDICIALES;
Art. 12. Son crímenes contra el cumplimiento de las decisiones judiciales:
1 - impedir, por cualquier medio, el efecto de los actos, mandamientos o decisiones del Poder Judicial;
2 - Rehusar el cumplimiento de las decisiones del Poder Judicial en lo que dependa del ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo;
3 - dejar de atender la requisición de intervención federal del Supremo Tribunal Federal o del Tribunal Superior Electoral;
4 - Impedir o frustrar pago determinado por sentencia judicial.
TÍTULO II — DE LOS MINISTROS DE ESTADO
Art. 13. Son crímenes de responsabilidad de los Ministros de Estado;
1 - los actos definidos en esta ley, cuando sean practicados u ordenados por ellos;
2 - los actos previstos en esta ley que los Ministros firmen con el Presidente de la República o practiquen por orden de este;
3 - La falta de comparecencia sin justificación, ante la Cámara de Diputados o el Senado Federal, o cualquiera de sus comisiones, cuando una u otra casa del Congreso los convoque para que, personalmente, presten informaciones acerca de asunto previamente determinado;
4 - No proporcionar, dentro de treinta días y sin motivo justo, a cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional, las informaciones que esta les solicite por escrito, o proporcionarlas con falsedad.
PARTE SEGUNDA
PROCESO Y JUICIO
TÍTULO ÚNICO
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTROS DE ESTADO
CAPÍTULO I — DE LA DENUNCIA
Art. 14. Se permite a cualquier ciudadano denunciar al Presidente de la República o a un Ministro de Estado, por delito de responsabilidad, ante la Cámara de Diputados.
Art. 15. La denuncia solo podrá ser recibida mientras el denunciado no haya dejado definitivamente el cargo, por cualquier motivo.
Art. 16. La denuncia, firmada por el denunciante y con la firma reconocida, debe ir acompañada de los documentos que la comprueben, o de la declaración de imposibilidad de presentarlos, con la indicación del lugar donde puedan ser encontrados; en los delitos en que haya prueba testimonial, la denuncia deberá contener la lista de testigos, en número de cinco como mínimo.
Art. 17. En el proceso por delito de responsabilidad, servirá de escribano un funcionario de la Secretaría de la Cámara de Diputados, o del Senado, según se encuentre el proceso en una u otra casa del Congreso Nacional.
Art. 18. Los testigos enumerados en el proceso deberán comparecer para prestar su declaración, y la Mesa de la Cámara de Diputados o del Senado, por orden de la cual serán notificados, tomará las providencias legales que se hagan necesarias para compelerlos a la obediencia.
CAPÍTULO II — DE LA ACUSACIÓN
Art. 19. Recibida la denuncia, será leída en el expediente de la sesión siguiente y remitida a una comisión especial electa, de la cual participen, observada la respectiva proporción, representantes de todos los partidos, para opinar sobre ella.
Art. 20. La comisión a que alude el artículo anterior se reunirá dentro de 48 horas y, después de elegir a su Presidente y relator, emitirá dictamen, dentro del plazo de diez días, sobre si la denuncia debe ser o no considerada objeto de deliberación. Dentro de ese período la comisión podrá proceder a las diligencias que juzgue necesarias para el esclarecimiento de la denuncia.
§ 1º El dictamen de la comisión especial será leído en el expediente de la sesión de la Cámara de Diputados y publicado íntegramente en el Diario del Congreso Nacional y en separatas, junto con la denuncia, debiendo las publicaciones ser distribuidas a todos los diputados.
§ 2º Cuarenta y ocho horas después de la publicación oficial del dictamen de la Comisión especial, este será incluido, en primer lugar, en el orden del día de la Cámara de Diputados, para una discusión única.
Art. 21. Cinco representantes de cada partido podrán hablar, durante una hora, sobre el dictamen, reservándose al relator de la comisión especial el derecho de responder a cada uno.
Art. 22. Cerrada la discusión del dictamen, y sometido este a votación nominal, la denuncia, con los documentos que la instruyan, será archivada, si no fuere considerada objeto de deliberación. En caso contrario, será remitida en copia auténtica al denunciado, quien tendrá el plazo de veinte días para contestarla e indicar los medios de prueba con que pretenda demostrar la verdad de lo alegado.
§ 1º Vencido ese plazo, y con o sin contestación, la comisión especial determinará las diligencias requeridas, o que juzgue convenientes, y realizará las sesiones necesarias para la toma de declaración de los testigos de ambas partes, pudiendo oír al denunciante y al denunciado, quien podrá asistir personalmente, o por medio de su procurador, a todas las audiencias y diligencias realizadas por la comisión, interrogando y contestando a los testigos y requiriendo su nuevo interrogatorio o careo.
§ 2º Concluidas esas diligencias, la comisión especial emitirá, en el plazo de diez días, dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia.
§ 3º Publicado y distribuido ese dictamen en la forma del § 1º del art. 20, este será incluido en el orden del día de la sesión inmediata para ser sometido a dos discusiones, con un intervalo de 48 horas entre una y otra.
§ 4º En las discusiones del dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia, cada representante de partido podrá hablar una sola vez y durante una hora, quedando las cuestiones de orden subordinadas a lo dispuesto en el § 2º del art. 20.
Art. 23. Cerrada la discusión del dictamen, este será sometido a votación nominal, no siendo permitidas entonces cuestiones de orden ni orientación de la votación.
§ 1º Si de la aprobación del dictamen resultare la procedencia de la denuncia, se considerará decretada la acusación por la Cámara de Diputados.
§ 2º Decretada la acusación, el denunciado será notificado inmediatamente por la Mesa de la Cámara de Diputados, por intermedio del 1º Secretario.
§ 3º Si el denunciado estuviere ausente del Distrito Federal, su notificación será solicitada por la Mesa de la Cámara de Diputados al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado en que se encuentre.
§ 4º La Cámara de Diputados elegirá una comisión de tres miembros para acompañar el juicio del acusado.
§ 5º Son efectos inmediatos del decreto de acusación del Presidente de la República, o de un Ministro de Estado, la suspensión del ejercicio de las funciones del acusado y de la mitad del subsidio o del sueldo, hasta la sentencia final.
§ 6º Según se trate de la acusación de delito común o de responsabilidad, el proceso será enviado al Supremo Tribunal Federal o al Senado Federal.
CAPÍTULO III — DEL JUICIO
Art. 24. Recibido en el Senado el decreto de acusación con el proceso enviado por la Cámara de Diputados y presentado el libelo por la comisión acusadora, el Presidente remitirá copia de todo al acusado, quien, en la misma ocasión y en los términos de los parágrafos 2º y 3º del art. 23, será notificado para comparecer en día prefijado ante el Senado.
Parágrafo único. Al Presidente del Supremo Tribunal Federal se le enviará el proceso en original, con la comunicación del día designado para el juicio.
Art. 25. El acusado comparecerá, por sí o por medio de sus abogados, pudiendo, además, ofrecer nuevos medios de prueba.
Art. 26. En caso de rebeldía, el Presidente fijará nuevo día para el juicio y nombrará para la defensa del acusado a un abogado, a quien se facultará el examen de todas las piezas de la acusación.
Art. 27. En el día fijado para el juicio, presentes el acusado, sus abogados, o el defensor nombrado en su rebeldía, y la comisión acusadora, el Presidente del Supremo Tribunal Federal, al abrir la sesión, mandará leer el proceso preparatorio, el libelo y los artículos de defensa; a continuación interrogará a los testigos, quienes deberán declarar públicamente y fuera de la presencia unos de otros.
Art. 28. Cualquier miembro de la Comisión acusadora o del Senado, así como el acusado o sus abogados, podrán requerir que se formulen a los testigos las preguntas que juzguen necesarias.
Parágrafo único. La Comisión acusadora, o el acusado o sus abogados, podrán contestar o interpelar a los testigos, sin interrumpirlos, y requerir el careo.
Art. 29. Se realizará a continuación el debate verbal entre la comisión acusadora y el acusado o sus abogados, por el plazo que el Presidente fije y que no podrá exceder de dos horas.
Art. 30. Concluidos los debates orales y retiradas las partes, se abrirá discusión sobre el objeto de la acusación.
Art. 31. Cerrada la discusión, el Presidente del Supremo Tribunal Federal hará un informe resumido de la denuncia y de las pruebas de la acusación y de la defensa, y someterá el juicio a votación nominal de los senadores.
Art. 32. Si el juicio fuere absolutorio, producirá desde luego todos los efectos a favor del acusado.
Art. 33. En caso de condena, el Senado, por iniciativa del presidente, fijará el plazo de inhabilitación del condenado para el ejercicio de cualquier función pública; y en caso de haber delito común deliberará además sobre si el Presidente deberá someterlo a la justicia ordinaria, independientemente de la acción de cualquier interesado.
Art. 34. Dictada la sentencia condenatoria, el acusado quedará, ipso facto, destituido del cargo.
Art. 35. La resolución del Senado constará de sentencia que será redactada, en los autos del proceso, por el Presidente del Supremo Tribunal Federal, firmada por los senadores que actúen como jueces, transcrita en el acta de la sesión y, dentro de esta, publicada en el Diario Oficial y en el Diario del Congreso Nacional.
Art. 36. No puede interferir, en ninguna fase del proceso de responsabilidad del Presidente de la República o de los Ministros de Estado, el diputado o senador;
a) que tuviere parentesco consanguíneo o por afinidad con el acusado, en línea recta; en línea colateral, los hermanos, cuñados, mientras dure el cuñadío, y los primos hermanos;
b) que, como testigo del proceso, hubiere declarado por ciencia propia.
Art. 37. El Congreso Nacional deberá ser convocado, extraordinariamente, por un tercio de una de sus cámaras, en caso de que la sesión legislativa se cierre sin que se haya concluido el juicio del Presidente de la República o de un Ministro de Estado, así como en caso de ser necesario el inicio inmediato del proceso.
Art. 38. En el proceso y juicio del Presidente de la República y de los Ministros de Estado, serán subsidiarios de esta ley, en aquello que les sea aplicable, tanto los reglamentos internos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal como el Código Procesal Penal.
PARTE TERCERA
TÍTULO I
CAPÍTULO I — DE LOS MINISTROS DEL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Art. 39. Son delitos de responsabilidad de los Ministros del Supremo Tribunal Federal:
1- alterar, de cualquier forma, salvo por vía de recurso, la decisión o voto ya proferido en sesión del Tribunal;
2 - emitir juicio cuando, por ley, sea sospechoso en la causa;
3 - ejercer actividad político-partidaria;
4 - ser patentemente negligente en el cumplimiento de los deberes del cargo; (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
5 - proceder de modo incompatible con el honor, la dignidad y el decoro de sus funciones. (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
Art. 39-A. Constituyen también delitos de responsabilidad del Presidente del Supremo Tribunal Federal o de su sustituto, cuando en ejercicio de la Presidencia, las conductas previstas en el art. 10 de esta Ley, cuando por ellos ordenadas o practicadas. (Incluido por la Ley 10.028, de .2000)
Parágrafo único. Lo dispuesto en este artículo se aplica a los Presidentes, y respectivos sustitutos cuando en ejercicio de la Presidencia, de los Tribunales Superiores, de los Tribunales de Cuentas, de los Tribunales Regionales Federales, del Trabajo y Electorales, de los Tribunales de Justicia y de Alzada de los Estados y del Distrito Federal, y a los Jueces Directores de Foro o función equivalente en el primer grado de jurisdicción. (Incluido por la Ley 10.028, de .2000)
CAPÍTULO II — DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Art. 40. Son delitos de responsabilidad del Procurador General de la República:
1 - emitir dictamen cuando, por ley, sea sospechoso en la causa;
2 - negarse a la práctica de acto que le incumba;
3 - ser patentemente negligente en el cumplimiento de sus atribuciones;
4 - proceder de modo incompatible con la dignidad y el decoro del cargo.
Art. 40-A. Constituyen también delitos de responsabilidad del Procurador General de la República, o de su sustituto cuando en ejercicio de la jefatura del Ministerio Público de la Unión, las conductas previstas en el art. 10 de esta Ley, cuando por ellos ordenadas o practicadas. (Incluido por la Ley 10.028, de .2000)
Parágrafo único. Lo dispuesto en este artículo se aplica: (Incluido por la Ley 10.028, de .2000)
I – al Abogado General de la Unión; (Incluido por la Ley 10.028, de .2000)
II – a los Procuradores Generales del Trabajo, Electoral y Militar, a los Procuradores Generales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, a los Procuradores Generales de los Estados y del Distrito Federal, y a los miembros del Ministerio Público de la Unión y de los Estados, de la Abogacía General de la Unión, de las Procuradurías de los Estados y del Distrito Federal, cuando en ejercicio de función de jefatura de las unidades regionales o locales de las respectivas instituciones. (Incluido por la Ley 10.028, de .2000)
TÍTULO II — DEL PROCESO Y JUICIO
CAPÍTULO I — DE LA DENUNCIA
Art. 41. Se permite a todo ciudadano denunciar ante el Senado Federal a los Ministros del Supremo Tribunal Federal y al Procurador General de la República, por los delitos de responsabilidad que cometieren (artículos 39 y 40). (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
Art. 41-A. Respetada la prerrogativa de fuero que asiste a las autoridades a que se refieren el párrafo único del art. 39-A y el inciso II del párrafo único del art. 40-A, las acciones penales promovidas contra ellas por la práctica de los crímenes de responsabilidad previstos en el art. 10 de esta Ley serán tramitadas y juzgadas conforme al rito instituido por la Ley 8.038, de 28 de mayo de 1990, permitiéndose a todo ciudadano la presentación de la denuncia. (Incluido por la Ley nº 10.028, de .2000)
Art. 42. La denuncia solo podrá ser recibida si el denunciado no hubiere dejado definitivamente el cargo, por cualquier motivo.
Art. 43. La denuncia, firmada por el denunciante con firma reconocida, deberá estar acompañada de los documentos que la comprueben o de la declaración de imposibilidad de presentarlos, con indicación del lugar donde puedan ser encontrados. En los crímenes en que exista prueba testimonial, la denuncia deberá contener la lista de testigos, en número de cinco, como mínimo.
Art. 44. Recibida la denuncia por la Mesa del Senado, será leída en el expediente de la sesión siguiente y remitida a una comisión especial, elegida para dictaminar sobre ella.
Art. 45. La comisión a que alude el artículo anterior se reunirá dentro de 48 horas y, después de elegir a su presidente y relator, emitirá dictamen en el plazo de 10 días sobre si la denuncia debe ser o no considerada objeto de deliberación. Dentro de ese período podrá la comisión practicar las diligencias que juzgue necesarias.
Art. 46. El dictamen de la comisión, con la denuncia y los documentos que la instruyan, será leído en el expediente de la sesión del Senado, publicado en el Diario del Congreso Nacional y en separatas, que deberán ser distribuidas entre los senadores, y puesto en el orden del día de la sesión siguiente.
Art. 47. El dictamen será sometido a una sola discusión, y a votación nominal, considerándose aprobado si reuniere la mayoría simple de los votos. (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
Art. 48. Si el Senado resolviere que la denuncia no debe constituir objeto de deliberación, los papeles serán archivados.
Art. 49. Si la denuncia fuere considerada objeto de deliberación, la Mesa remitirá copia de todo al denunciado, para que responda a la acusación en el plazo de 10 días.
Art. 50. Si el denunciado se encontrare fuera del Distrito Federal, la copia le será entregada por el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado en que se encuentre. Si se encontrare fuera del país o en lugar incierto y no sabido, lo que será verificado por el 1º Secretario del Senado, la citación se hará por edicto, publicado en el Diario del Congreso Nacional, con una antelación de 60 días, a los cuales se añadirá, si compareciere el denunciado, el plazo del art. 49.
Art. 51. Vencido el plazo para la respuesta del denunciado, sea esta recibida o no, la comisión emitirá dictamen, dentro de diez días, sobre la procedencia o improcedencia de la acusación.
Art. 52. Ante la comisión, el denunciante y el denunciado podrán comparecer personalmente o por medio de apoderado, asistir a todos los actos y diligencias practicados por ella, interrogar, reinterrogar, contradecir a los testigos y solicitar su careo. A tal efecto, la comisión dará a los interesados conocimiento de sus reuniones y de las diligencias que deba practicar, con indicación de lugar, día y hora.
Art. 53. Concluidas las diligencias, la comisión emitirá su dictamen, que será publicado y distribuido, con todas las piezas que lo instruyan, y puesto en el orden del día 48 horas, como mínimo, después de la distribución.
Art. 54. Ese dictamen tendrá una sola discusión y se considerará aprobado si, en votación nominal, reuniere la mayoría simple de los votos. (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
Art. 55. Si el Senado entendiere que la acusación no procede, los papeles serán archivados. Si decidiere lo contrario, la Mesa dará inmediato conocimiento de esa decisión al Supremo Tribunal Federal, al Presidente de la República, al denunciante y al denunciado.
Art. 56. Si el denunciado no se encontrare en el Distrito Federal, la decisión le será comunicada, a requerimiento de la Mesa, por el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado donde se encuentre. Si estuviere fuera del país o en lugar incierto y no sabido, lo que será verificado por el 1º Secretario del Senado, la citación se hará mediante edicto en el Diario del Congreso Nacional, con una antelación de 60 días.
Art. 57. La decisión producirá, desde la fecha de su notificación, los siguientes efectos contra el denunciado:
a) quedar suspendido del ejercicio de sus funciones hasta la sentencia final; (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
b) quedar sujeto a acusación criminal;
c) perder, hasta la sentencia final, un tercio de sus sueldos, que le será pagado en caso de absolución. (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
CAPÍTULO II — DE LA ACUSACIÓN Y DE LA DEFENSA
Art. 58. Notificado el denunciante o su apoderado de la decisión a que aluden los tres últimos artículos, se le dará vista del proceso, en la Secretaría del Senado, para que, dentro de 48 horas, presente el libelo acusatorio y la lista de testigos. A continuación se abrirá vista al denunciado o a su defensor, por el mismo plazo, para presentar la contestación y la lista de testigos.
Art. 59. Transcurridos esos plazos, con el libelo y la contestación o sin ellos, los autos serán remitidos, en original, al Presidente del Supremo Tribunal Federal, o a su sustituto legal cuando aquel sea el denunciado, comunicándosele el día designado para el juicio e invitándolo a presidir la sesión.
Art. 60. El denunciante y el acusado serán notificados en la forma establecida en el art. 56. para que asistan al juicio, debiendo los testigos ser citados por un magistrado para comparecer a requerimiento de la Mesa.
Párrafo único. Entre la notificación y el juicio deberá mediar un plazo mínimo de 10 días.
Art. 61. En el día y hora señalados para el juicio, el Senado se reunirá bajo la presidencia del Presidente del Supremo Tribunal Federal o de su sustituto legal. Verificada la presencia del número legal de senadores, se abrirá la sesión y se hará el llamamiento de las partes, acusador y acusado, que podrán comparecer personalmente o por medio de sus apoderados.
Art. 62. La rebeldía del acusador no implicará el traslado del juicio ni la perención de la acusación.
§ 1º La rebeldía del acusado determinará el aplazamiento del juicio, para el cual el Presidente designará nuevo día, nombrando a un abogado para defender al rebelde.
§ 2º Al defensor nombrado se le facultará el examen de todas las piezas del proceso.
Art. 63. En el día definitivamente fijado para el juicio, verificado el número legal de senadores, se abrirá la sesión y se facultará el ingreso a las partes o a sus apoderados. Serán jueces todos los senadores presentes, con excepción de los impedidos en los términos del art. 36.
Párrafo único. El impedimento podrá ser opuesto por el acusador o por el acusado e invocado por cualquier senador.
Art. 64. Constituido el Senado en Tribunal de juicio, el Presidente mandará leer el proceso y, a continuación, interrogará públicamente a los testigos, fuera de la presencia unos de otros.
Art. 65. El acusador y el acusado, o sus apoderados, podrán reinterrogar a los testigos, contradecirlos sin interrumpirlos y solicitar su careo, formulándose las preguntas que juzguen necesarias.
Art. 66. Concluido el interrogatorio, habrá debate oral, con facultad de réplica y dúplica entre el acusador y el acusado, por el plazo que el Presidente determine,
Párrafo único. Terminado el debate, las partes se retirarán del recinto de la sesión y se abrirá una única discusión entre los senadores sobre el objeto de la acusación.
Art. 67. Cerrada la discusión, el Presidente hará un informe resumido de los fundamentos de la acusación y de la defensa, así como de las respectivas pruebas, sometiendo a continuación el caso a juicio.
CAPÍTULO III — DE LA SENTENCIA
Art. 68. El juicio se hará en votación nominal por los senadores no impedidos, quienes responderán "sí" o "no" a la siguiente pregunta enunciada por el Presidente: "¿Cometió el acusado F. el crimen que se le imputa y debe ser condenado a la pérdida de su cargo?"
Párrafo único. Si la respuesta afirmativa obtuviere, por lo menos, dos tercios de los votos de los senadores presentes, el Presidente hará nueva consulta al plenario sobre el tiempo, no superior a cinco años, durante el cual el condenado deberá quedar inhabilitado para el ejercicio de cualquier función pública.
Art. 69. De acuerdo con la decisión del Senado, el Presidente extenderá en los autos la sentencia, que será firmada por él y por los senadores que hubieren tomado parte en el juicio, y transcrita en el acta.
Art. 70. En caso de condena, el acusado queda desde luego destituido de su cargo. Si la sentencia fuere absolutoria, producirá la inmediata rehabilitación del acusado, quien volverá al ejercicio del cargo, con derecho a la parte de los sueldos de que haya sido privado. (Véase ADPF 1259) (Véase ADPF 1260)
Art. 71. De la sentencia se dará inmediato conocimiento al Presidente de la República, al Supremo Tribunal Federal y al acusado.
Art. 72. Si el día del cierre del Congreso Nacional no estuviere concluido el proceso o juicio de un Ministro del Supremo Tribunal Federal o del Procurador General de la República, este deberá ser convocado extraordinariamente por un tercio del Senado Federal.
Art. 73 En el proceso y juicio de un Ministro del Supremo Tribunal, o del Procurador General de la República, serán subsidiarios de esta ley, en aquello que les fuere aplicable, el Reglamento Interno del Senado Federal y el Código de Proceso Penal.
PARTE CUARTA
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I — DE LOS GOBERNADORES Y SECRETARIOS DE LOS ESTADOS
Art. 74. Constituyen crímenes de responsabilidad de los gobernadores de los Estados o de sus Secretarios, cuando por ellos practicados, los actos definidos como crímenes en esta ley.
CAPÍTULO II — DE LA DENUNCIA, ACUSACIÓN Y JUICIO
Art. 75. Se permite a todo ciudadano denunciar al Gobernador ante la Asamblea Legislativa, por crimen de responsabilidad.
Art. 76. La denuncia, firmada por el denunciante y con firma reconocida, debe estar acompañada de los documentos que la comprueben, o de la declaración de imposibilidad de presentarlos, con indicación del lugar en que puedan ser encontrados. En los crímenes en que hubiere prueba testimonial, contendrá la lista de testigos, en número de cinco por lo menos.
Párrafo único. No será recibida la denuncia después de que el Gobernador, por cualquier motivo, hubiere dejado definitivamente el cargo.
Art. 77. Presentada la denuncia y considerada objeto de deliberación, si la Asamblea Legislativa, por mayoría absoluta, decretare la procedencia de la acusación, el Gobernador será inmediatamente suspendido de sus funciones.
Art. 78. El Gobernador será juzgado en los crímenes de responsabilidad en la forma que determine la Constitución del Estado y no podrá ser condenado sino a la pérdida del cargo, con inhabilitación de hasta cinco años para el ejercicio de cualquier función pública, sin perjuicio de la acción de la justicia común.
§ 1º Cuando el tribunal de juicio fuere de jurisdicción mixta, serán iguales en número los representantes de los órganos que lo integren, excluido el Presidente, que será el Presidente del Tribunal de Justicia.
§ 2º En cualquier hipótesis, solo podrá decretarse la condena por el voto de dos tercios de los miembros que compongan el tribunal de juicio.
§ 3º En los Estados donde las Constituciones no determinaren el proceso en los crímenes de responsabilidad de los Gobernadores, se aplicará lo dispuesto en esta ley, debiendo, sin embargo, el juicio ser dictado por un tribunal compuesto de cinco miembros del Legislativo y de cinco desembargadores, bajo la presidencia del Presidente del Tribunal de Justicia local, que tendrá derecho de voto en caso de empate. La elección de ese Tribunal se hará: la de los miembros del legislativo, mediante elección por la Asamblea; la de los desembargadores, mediante sorteo.
§ 4º Tales actos deberán ser ejecutados dentro de cinco días contados desde la fecha en que la Asamblea envíe al Presidente del Tribunal de Justicia los autos del proceso, una vez decretada la procedencia de la acusación.
Art. 79. En el proceso y juicio del Gobernador serán subsidiarios de esta ley, en aquello que le fuere aplicable, tanto el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y del Tribunal de Justicia como el Código de Proceso Penal.
Párrafo único. Los Secretarios de Estado, en los crímenes conexos con los de los gobernadores, estarán sujetos al mismo proceso y juicio.
PARTE QUINTA
(Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ GESTOR DEL IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS (CGIBS)
Art. 79-A. Son delitos de responsabilidad del Presidente del CGIBS: (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
I - omitir o retardar dolosamente la publicación de los actos del CGIBS; (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
II - dejar de rendir cuentas relativas al ejercicio anterior a los Poderes Legislativos de los entes federativos de origen de los miembros titulares del Consejo Superior del CGIBS, hasta el 30 de abril; (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
III - dejar de comparecer, sin justificación adecuada, ante la Cámara de Diputados o el Senado Federal, o cualquiera de sus comisiones, cuando sea convocado para prestar personalmente informaciones acerca de un asunto previamente determinado; (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
IV - dejar de proporcionar a la Cámara de Diputados o al Senado Federal, en el plazo de 30 (treinta) días, sin motivo justo, las informaciones que le sean solicitadas por escrito, o proporcionarlas con falsedad; (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
V - los demás actos definidos en esta Ley, cuando sean practicados u ordenados por él, salvo los previstos en los numerales 1 y 2 del art. 9º y en el numeral 1 del art. 10. (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
Art. 79-B. El proceso y el juzgamiento del Presidente del CGIBS observarán lo dispuesto en esta Ley para el Presidente de la República y los Ministros de Estado, inclusive en cuanto a las sanciones aplicables. (Incluido por la Ley Complementaria nº 227, de 2026)
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 80. En los delitos de responsabilidad del Presidente de la República y de los Ministros de Estado, la Cámara de Diputados es tribunal de acusación y el Senado Federal, tribunal de juzgamiento; en los delitos de responsabilidad de los Ministros del Supremo Tribunal Federal y del Procurador General de la República, el Senado Federal es, simultáneamente, tribunal de acusación y de juzgamiento.
Sole paragraph. El Senado Federal, en la apuración y juzgamiento de los delitos de responsabilidad, funciona bajo la presidencia del Presidente del Supremo Tribunal, y solo proferirá sentencia condenatoria por el voto de dos tercios de sus miembros.
Art. 81. La declaración de procedencia de la acusación en los delitos de responsabilidad solo podrá ser decretada por la mayoría absoluta de la Cámara que la prefiera.
Art. 82. No podrá exceder de ciento veinte días, contados desde la fecha de la declaración de procedencia de la acusación, el plazo para el proceso y juzgamiento de los delitos definidos en esta ley.
Río de Janeiro, 10 de abril de 1950; 129º de la Independencia y 62º de la República.
EURICO GASPAR DUTRA Honório Monteiro Sylvic de Noronha Canrobert P. da Costa Raul Fernandes Guilherme da Silveira João Valdetaro de Amorim e Mello Daniel de Carvalho Clemente Mariani Armando Trompowsky
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 12.4.1950
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