Estatuto da Pessoa Idosa (Estatuto de la Persona Mayor)

Estatuto da Pessoa Idosa Lei nº 10.741, de 2003 Estatutos
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Mensaje de veto
Dispone sobre el Estatuto del Anciano y dicta otras providencias.
Dispone sobre el Estatuto de la Persona Mayor y dicta otras providencias. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

TÍTULO I Disposiciones Preliminares

Art. 1o Se instituye el Estatuto del Anciano, destinado a regular los derechos asegurados a las personas con edad igual o superior a 60 (sesenta) años.
Art. 1º Se instituye el Estatuto de la Persona Mayor, destinado a regular los derechos asegurados a las personas con edad igual o superior a 60 (sesenta) años. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 2o El anciano goza de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, sin perjuicio de la protección integral de que trata esta Ley, asegurándosele, por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades para la preservación de su salud física y mental y su perfeccionamiento moral, intelectual, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad.
Art. 2º La persona mayor goza de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, sin perjuicio de la protección integral de que trata esta Ley, asegurándosele, por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades para la preservación de su salud física y mental y su perfeccionamiento moral, intelectual, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 3o Es obligación de la familia, de la comunidad, de la sociedad y del Poder Público asegurar al anciano, con absoluta prioridad, la efectivización del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, al deporte, al ocio, al trabajo, a la ciudadanía, a la libertad, a la dignidad, al respeto y a la convivencia familiar y comunitaria.
Art. 3º Es obligación de la familia, de la comunidad, de la sociedad y del poder público asegurar a la persona mayor, con absoluta prioridad, la efectivización del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, al deporte, al ocio, al trabajo, a la ciudadanía, a la libertad, a la dignidad, al respeto y a la convivencia familiar y comunitaria. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. La garantía de prioridad comprende:
§ 1º La garantía de prioridad comprende: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – atención preferente inmediata e individualizada ante los órganos públicos y privados prestadores de servicios a la población;
II – preferencia en la formulación y en la ejecución de políticas sociales públicas específicas;
III – destinación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección del anciano;
III – destinación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección de la persona mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IV – viabilización de formas alternativas de participación, ocupación y convivencia del anciano con las demás generaciones;
IV – viabilización de formas alternativas de participación, ocupación y convivencia de la persona mayor con las demás generaciones; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – priorización de la atención del anciano por su propia familia, en detrimento de la atención asilar, excepto de quienes no la posean o carezcan de condiciones para mantener su propia supervivencia;
V – priorización de la atención de la persona mayor por su propia familia, en detrimento de la atención asilar, excepto de quienes no la posean o carezcan de condiciones para mantener su propia supervivencia; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
VI – capacitación y reciclaje de los recursos humanos en las áreas de geriatría y gerontología y en la prestación de servicios a los ancianos;
VI – capacitación y reciclaje de los recursos humanos en las áreas de geriatría y gerontología y en la prestación de servicios a las personas mayores; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
VII – establecimiento de mecanismos que favorezcan la divulgación de informaciones de carácter educativo sobre los aspectos biopsicosociales del envejecimiento;
VIII – garantía de acceso a la red de servicios de salud y de asistencia social locales.
IX – prioridad en la recepción de la restitución del Impuesto sobre la Renta. (Incluido por la Ley nº 11.765, de 2008).
§ 2º Entre los ancianos, se asegura prioridad especial a los mayores de ochenta años, atendiéndose sus necesidades siempre preferentemente en relación con los demás ancianos. (Incluido por la Ley nº 13.466, de 2017)
§ 2º Entre las personas mayores, se asegura prioridad especial a los mayores de 80 (ochenta) años, atendiéndose sus necesidades siempre preferentemente en relación con las demás personas mayores. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 4o Ningún anciano será objeto de cualquier tipo de negligencia, discriminación, violencia, crueldad u opresión, y todo atentado a sus derechos, por acción u omisión, será castigado en la forma de la ley.
Art. 4º Ninguna persona mayor será objeto de cualquier tipo de negligencia, discriminación, violencia, crueldad u opresión, y todo atentado a sus derechos, por acción u omisión, será castigado en la forma de la ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o Es deber de todos prevenir la amenaza o violación a los derechos del anciano.
§ 1º Es deber de todos prevenir la amenaza o violación a los derechos de la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 2o Las obligaciones previstas en esta Ley no excluyen de la prevención otras derivadas de los principios por ella adoptados.
Art. 5o La inobservancia de las normas de prevención importará responsabilidad de la persona física o jurídica en los términos de la ley.
Art. 6o Todo ciudadano tiene el deber de comunicar a la autoridad competente cualquier forma de violación de esta Ley que haya presenciado o de la que tenga conocimiento.
Art. 7o Los Consejos Nacional, Estatales, del Distrito Federal y Municipales del Anciano, previstos en la Ley nº 8.842, de 4 de enero de 1994, velarán por el cumplimiento de los derechos del anciano, definidos en esta Ley.
Art. 7º Los Consejos Nacional, Estatales, del Distrito Federal y Municipales de la Persona Mayor, previstos en la Ley nº 8.842, de 4 de enero de 1994, velarán por el cumplimiento de los derechos de la persona mayor, definidos en esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

TÍTULO II De los Derechos Fundamentales

CAPÍTULO I Del Derecho a la Vida

Art. 8o El envejecimiento es un derecho personalísimo y su protección un derecho social, en los términos de esta Ley y de la legislación vigente.
Art. 9o Es obligación del Estado garantizar a la persona mayor la protección a la vida y a la salud, mediante la efectivización de políticas sociales públicas que permitan un envejecimiento saludable y en condiciones de dignidad.

CAPÍTULO II — Del Derecho a la Libertad, al Respeto y a la Dignidad

Art. 10. Es obligación del Estado y de la sociedad, asegurar a la persona mayor la libertad, el respeto y la dignidad, como persona humana y sujeto de derechos civiles, políticos, individuales y sociales, garantizados en la Constitución y en las leyes.
Art. 10. Es obligación del Estado y de la sociedad asegurar a la persona mayor la libertad, el respeto y la dignidad, como persona humana y sujeto de derechos civiles, políticos, individuales y sociales, garantizados en la Constitución y en las leyes. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o El derecho a la libertad comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
I – facultad de ir, venir y estar en los lugares públicos y espacios comunitarios, salvo las restricciones legales;
II – opinión y expresión;
III – creencia y culto religioso;
IV – práctica de deportes y de diversiones;
V – participación en la vida familiar y comunitaria;
VI – participación en la vida política, en la forma de la ley;
VII – facultad de buscar refugio, auxilio y orientación.
§ 2o El derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral, abarcando la preservación de la imagen, de la identidad, de la autonomía, de valores, ideas y creencias, de los espacios y de los objetos personales.
§ 3o Es deber de todos velar por la dignidad del anciano, poniéndolo a salvo de cualquier trato inhumano, violento, aterrorizante, vejatorio o vergonzoso.
§ 3º Es deber de todos velar por la dignidad de la persona mayor, poniéndola a salvo de cualquier trato inhumano, violento, aterrorizante, vejatorio o vergonzoso. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO III De los Alimentos

Art. 11. Los alimentos serán prestados al anciano en la forma de la ley civil.
Art. 11. Los alimentos serán prestados a la persona mayor en la forma de la ley civil. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 12. La obligación alimentaria es solidaria, pudiendo el anciano optar entre los prestadores.
Art. 12. La obligación alimentaria es solidaria, pudiendo la persona mayor optar entre los prestadores. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 13. Las transacciones relativas a alimentos podrán celebrarse ante el Promotor de Justicia, que las refrendará, y pasarán a tener efecto de título ejecutivo extrajudicial en los términos de la ley procesal civil.
Art. 13. Las transacciones relativas a alimentos podrán celebrarse ante el Promotor de Justicia o Defensor Público, que las refrendará, y pasarán a tener efecto de título ejecutivo extrajudicial en los términos de la ley procesal civil. (Redacción dada por la Ley nº 11.737, de 2008)
Art. 14. Si el anciano o sus familiares no tuvieren condiciones económicas para proveer su sustento, se impone al Poder Público dicha provisión, en el ámbito de la asistencia social.
Art. 14. Si la persona mayor o sus familiares no tuvieren condiciones económicas para proveer su sustento, se impone al poder público dicha provisión, en el ámbito de la asistencia social. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO IV Del Derecho a la Salud

Art. 15. Se asegura la atención integral a la salud del anciano, por intermedio del Sistema Único de Salud – SUS, garantizándole el acceso universal e igualitario, en conjunto articulado y continuo de las acciones y servicios, para la prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, incluyendo la atención especial a las enfermedades que afectan preferentemente a los ancianos.
Art. 15. Se asegura la atención integral a la salud de la persona mayor, por intermedio del Sistema Único de Salud (SUS), garantizándole el acceso universal e igualitario, en conjunto articulado y continuo de las acciones y servicios, para la prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, incluyendo la atención especial a las enfermedades que afectan preferentemente a las personas mayores. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o La prevención y el mantenimiento de la salud del anciano se efectuarán por medio de:
§ 1º La prevención y el mantenimiento de la salud de la persona mayor se efectuarán por medio de: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – registro de la población anciana en base territorial;
II – atención geriátrica y gerontológica en ambulatorios;
III – unidades geriátricas de referencia, con personal especializado en las áreas de geriatría y gerontología social;
IV – atención domiciliaria, incluyendo la internación, para la población que la necesite y esté imposibilitada de desplazarse, inclusive para los ancianos albergados y acogidos por instituciones públicas, filantrópicas o sin fines de lucro y eventualmente conveniadas con el Poder Público, en los medios urbano y rural;
IV – atención domiciliaria, incluyendo la internación, para la población que la necesite y esté imposibilitada de desplazarse, inclusive para las personas mayores albergadas y acogidas por instituciones públicas, filantrópicas o sin fines de lucro y eventualmente conveniadas con el poder público, en los medios urbano y rural; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – rehabilitación orientada por la geriatría y la gerontología, para la reducción de las secuelas derivadas del deterioro de la salud.
§ 2o Incumbe al Poder Público suministrar a los ancianos, gratuitamente, medicamentos, especialmente los de uso continuado, así como prótesis, órtesis y otros recursos relativos al tratamiento, habilitación o rehabilitación.
§ 2º Incumbe al poder público suministrar a las personas mayores, gratuitamente, medicamentos, especialmente los de uso continuado, así como prótesis, órtesis y otros recursos relativos al tratamiento, habilitación o rehabilitación. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 3o Se prohíbe la discriminación del anciano en los planes de salud mediante el cobro de valores diferenciados en razón de la edad.
§ 3º Se prohíbe la discriminación de la persona mayor en los planes de salud mediante el cobro de valores diferenciados en razón de la edad. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 4o Los ancianos con discapacidad o con limitación incapacitante tendrán atención especializada, en los términos de la ley.
§ 4º Las personas mayores con discapacidad o con limitación incapacitante tendrán atención especializada, en los términos de la ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 5o Se prohíbe exigir la comparecencia del anciano enfermo ante los órganos públicos, supuesto en el cual se admitirá el siguiente procedimiento: (Incluido por la Ley nº 12.896, de 2013)
§ 5º Se prohíbe exigir la comparecencia de la persona mayor enferma ante los órganos públicos, supuesto en el cual se admitirá el siguiente procedimiento: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I - cuando sea de interés del poder público, el agente promoverá el contacto necesario con el anciano en su residencia; o (Incluido por la Ley nº 12.896, de 2013)
I - cuando sea de interés del poder público, el agente promoverá el contacto necesario con la persona mayor en su residencia; o (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II - cuando sea de interés del propio anciano, este se hará representar por apoderado legalmente constituido. (Incluido por la Ley nº 12.896, de 2013)
II - cuando sea de interés de la propia persona mayor, esta se hará representar por apoderado legalmente constituido. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 6o Se asegura al anciano enfermo la atención domiciliaria por el peritaje médico del Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por el servicio público de salud o por el servicio privado de salud, contratado o conveniado, que integre el Sistema Único de Saúde - SUS, para la expedición del informe de salud necesario para el ejercicio de sus derechos sociales y de exención tributaria. (Incluido por la Ley nº 12.896, de 2013)
§ 6º Se asegura a la persona mayor enferma la atención domiciliaria por el peritaje médico del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por el servicio público de salud o por el servicio privado de salud, contratado o conveniado, que integre el SUS, para la expedición del informe de salud necesario para el ejercicio de sus derechos sociales y de exención tributaria. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 7º En toda atención de salud, los mayores de ochenta años tendrán preferencia especial sobre los demás ancianos, salvo en caso de emergencia. (Incluido por la Ley nº 13.466, de 2017).
§ 7º En toda atención de salud, los mayores de 80 (ochenta) años tendrán preferencia especial sobre las demás personas mayores, salvo en caso de emergencia. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 16. Al anciano internado o en observación se le asegura el derecho a un acompañante, debiendo el órgano de salud proporcionar las condiciones adecuadas para su permanencia a tiempo completo, según el criterio médico.
Art. 16. A la persona mayor internada o en observación se le asegura el derecho a un acompañante, debiendo el órgano de salud proporcionar las condiciones adecuadas para su permanencia a tiempo completo, según el criterio médico. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. Corresponderá al profesional de salud responsable del tratamiento conceder la autorización para el acompañamiento del anciano o, en caso de imposibilidad, justificarla por escrito.
Párrafo único. Corresponderá al profesional de salud responsable del tratamiento conceder la autorización para el acompañamiento de la persona mayor o, en caso de imposibilidad, justificarla por escrito. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 17. Al anciano que esté en pleno dominio de sus facultades mentales se le asegura el derecho de optar por el tratamiento de salud que se le considere más favorable.
Art. 17. A la persona mayor que esté en pleno dominio de sus facultades mentales se le asegura el derecho de optar por el tratamiento de salud que se le considere más favorable. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. Si el anciano no estuviere en condiciones de efectuar la opción, esta será hecha:
Párrafo único. Si la persona mayor no estuviere en condiciones de efectuar la opción, esta será hecha: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – por el curador, cuando el anciano sea interdicto;
I – por el curador, cuando la persona mayor sea interdicta; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II – por los familiares, cuando el anciano no tuviere curador o este no pudiere ser contactado en tiempo oportuno;
II – por los familiares, cuando la persona mayor no tuviere curador o este no pudiere ser contactado en tiempo oportuno; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
III – por el médico, cuando exista riesgo inminente de vida y no hubiere tiempo oportuno para consultar al curador o a un familiar;
IV – por el propio médico, cuando no hubiere curador o familiar conocido, caso en el cual deberá comunicar el hecho al Ministerio Público.
Art. 18. Las instituciones de salud deben atender a los criterios mínimos para la atención de las necesidades del anciano, promoviendo el entrenamiento y la capacitación de los profesionales, así como la orientación a cuidadores familiares y a grupos de autoayuda.
Art. 18. Las instituciones de salud deben atender a los criterios mínimos para la atención de las necesidades de la persona mayor, promoviendo el entrenamiento y la capacitación de los profesionales, así como la orientación a cuidadores familiares y a grupos de autoayuda. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 19. Los casos de sospecha o confirmación de malos tratos contra ancianos serán obligatoriamente comunicados por los profesionales de salud a cualquiera de los siguientes órganos:
Art. 19. Los casos de sospecha o confirmación de violencia practicada contra ancianos serán objeto de notificación obligatoria por los servicios de salud públicos y privados a la autoridad sanitaria, así como serán obligatoriamente comunicados por ellos a cualquiera de los siguientes órganos: (Redacción dada por la Ley nº 12.461, de 2011)
Art. 19. Los casos de sospecha o confirmación de violencia practicada contra personas mayores serán objeto de notificación obligatoria por los servicios de salud públicos y privados a la autoridad sanitaria, así como serán obligatoriamente comunicados por ellos a cualquiera de los siguientes órganos: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – autoridad policial;
II – Ministerio Público;
III – Consejo Municipal del Anciano;
III – Consejo Municipal de la Persona Mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IV – Consejo Estatal del Anciano;
IV – Consejo Estatal de la Persona Mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – Consejo Nacional del Anciano.
V – Consejo Nacional de la Persona Mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o Para los efectos de esta Ley, se considera violencia contra el anciano cualquier acción u omisión practicada en lugar público o privado que le cause muerte, daño o sufrimiento físico o psicológico. (Incluido por la Ley nº 12.461, de 2011)
§ 1º Para los efectos de esta Ley, se considera violencia contra la persona mayor cualquier acción u omisión practicada en lugar público o privado que le cause muerte, daño o sufrimiento físico o psicológico. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 2o Se aplica, en lo que corresponda, a la notificación obligatoria prevista en el caput de este artículo, lo dispuesto en la Ley nº 6.259, de 30 de octubre de 1975. (Incluido por la Ley nº 12.461, de 2011)

CAPÍTULO V De la Educación, Cultura, Deporte y Ocio

Art. 20. El anciano tiene derecho a la educación, cultura, deporte, ocio, diversiones, espectáculos, productos y servicios que respeten su peculiar condición de edad.
Art. 20. La persona mayor tiene derecho a la educación, cultura, deporte, ocio, diversiones, espectáculos, productos y servicios que respeten su peculiar condición de edad. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 21. El Poder Público creará oportunidades de acceso del anciano a la educación, adecuando currículos, metodologías y material didáctico a los programas educativos destinados a él.
Art. 21. El poder público creará oportunidades de acceso de la persona mayor a la educación, adecuando currículos, metodologías y material didáctico a los programas educativos destinados a ella. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o Los cursos especiales para ancianos incluirán contenido relativo a las técnicas de comunicación, computación y demás avances tecnológicos, para su integración a la vida moderna.
§ 1º Los cursos especiales para personas mayores incluirán contenido relativo a las técnicas de comunicación, computación y demás avances tecnológicos, para su integración a la vida moderna. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 2o Los ancianos participarán en las conmemoraciones de carácter cívico o cultural, para la transmisión de conocimientos y vivencias a las demás generaciones, con miras a la preservación de la memoria y de la identidad culturales.
§ 2º Las personas mayores participarán en las conmemoraciones de carácter cívico o cultural, para la transmisión de conocimientos y vivencias a las demás generaciones, con miras a la preservación de la memoria y de la identidad culturales. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 22. En los currículos mínimos de los diversos niveles de enseñanza formal se insertarán contenidos orientados al proceso de envejecimiento, al respeto y a la valorización del anciano, de forma que se elimine el prejuicio y se produzcan conocimientos sobre la materia.
Art. 22. En los currículos mínimos de los diversos niveles de enseñanza formal se insertarán contenidos orientados al proceso de envejecimiento, al respeto y a la valorización de la persona mayor, de forma que se elimine el prejuicio y se produzcan conocimientos sobre la materia. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 23. La participación de los ancianos en actividades culturales y de ocio será proporcionada mediante descuentos de por lo menos 50% (cincuenta por ciento) en las entradas para eventos artísticos, culturales, deportivos y de ocio, así como el acceso preferente a los respectivos lugares.
Art. 23. La participación de las personas mayores en actividades culturales y de ocio será proporcionada mediante descuentos de por lo menos 50% (cincuenta por ciento) en las entradas para eventos artísticos, culturales, deportivos y de ocio, así como el acceso preferente a los respectivos lugares. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 24. Los medios de comunicación mantendrán espacios u horarios especiales dirigidos a los ancianos, con finalidad informativa, educativa, artística y cultural, y al público sobre el proceso de envejecimiento.
Art. 24. Los medios de comunicación mantendrán espacios u horarios especiales dirigidos a las personas mayores, con finalidad informativa, educativa, artística y cultural, y al público sobre el proceso de envejecimiento. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 25. El Poder Público apoyará la creación de universidad abierta para las personas mayores e incentivará la publicación de libros y periódicos, de contenido y estándar editorial adecuados al anciano, que faciliten la lectura, considerada la natural reducción de la capacidad visual.
Art. 25. Las instituciones de educación superior ofrecerán a las personas mayores, desde la perspectiva de la educación a lo largo de la vida, cursos y programas de extensión, presenciales o a distancia, constituidos por actividades formales y no formales. (Redacción dada por la Ley nº 13.535, de 2017)
Párrafo único. El poder público apoyará la creación de universidad abierta para las personas mayores e incentivará la publicación de libros y periódicos, de contenido y estándar editorial adecuados al anciano, que faciliten la lectura, considerada la natural reducción de la capacidad visual. (Incluido por la Ley nº 13.535, de 2017)
Párrafo único. El poder público apoyará la creación de universidad abierta para las personas mayores e incentivará la publicación de libros y periódicos, de contenido y estándar editorial adecuados a la persona mayor, que faciliten la lectura, considerada la natural reducción de la capacidad visual. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO VI De la Profesionalización y del Trabajo

Art. 26. El anciano tiene derecho al ejercicio de actividad profesional, respetadas sus condiciones físicas, intelectuales y psíquicas.
Art. 26. La persona mayor tiene derecho al ejercicio de actividad profesional, respetadas sus condiciones físicas, intelectuales y psíquicas. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 27. En la admisión del anciano en cualquier trabajo o empleo, se prohíbe la discriminación y la fijación de límite máximo de edad, incluso para concursos, salvo en los casos en que la naturaleza del cargo lo exija.
Art. 27. En la admisión de la persona mayor en cualquier trabajo o empleo, se prohíben la discriminación y la fijación de límite máximo de edad, incluso para concursos, salvo en los casos en que la naturaleza del cargo lo exija. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. El primer criterio de desempate en concurso público será la edad, dándose preferencia al de edad más elevada.
Art. 28. El Poder Público creará y estimulará programas de:
I – profesionalización especializada para los ancianos, aprovechando sus potenciales y habilidades para actividades regulares y remuneradas;
I – profesionalización especializada para las personas mayores, aprovechando sus potenciales y habilidades para actividades regulares y remuneradas; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II – preparación de los trabajadores para la jubilación, con antelación mínima de 1 (un) año, por medio de estímulo a nuevos proyectos sociales, conforme a sus intereses, y de esclarecimiento sobre los derechos sociales y de ciudadanía;
III – estímulo a las empresas privadas para la admisión de ancianos al trabajo.
III – estímulo a las empresas privadas para la admisión de personas mayores al trabajo. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO VII De la Previsión Social

Art. 29. Los beneficios de jubilación y pensión del Régimen General de Previsión Social observarán, en su concesión, criterios de cálculo que preserven el valor real de los salarios sobre los cuales incidió la cotización, en los términos de la legislación vigente.
Párrafo único. Los valores de los beneficios en mantenimiento serán reajustados en la misma fecha de reajuste del salario mínimo, pro rata, de acuerdo con sus respectivas fechas de inicio o de su último reajuste, con base en el porcentaje definido en reglamento, observados los criterios establecidos por la Ley nº 8.213, de 24 de julio de 1991.
Art. 30. La pérdida de la condición de asegurado no será considerada para la concesión de la jubilación por edad, siempre que la persona cuente con, como mínimo, el tiempo de cotización correspondiente al exigido a efectos de carencia en la fecha de solicitud del beneficio.
Párrafo único. El cálculo del valor del beneficio previsto en el caput observará lo dispuesto en el caput y en el § 2o del art. 3o de la Ley nº 9.876, de 26 de noviembre de 1999, o, no habiendo salarios de contribución recaudados a partir de la competencia de julio de 1994, lo dispuesto en el art. 35 de la Ley nº 8.213, de 1991.
Art. 31. El pago de cuotas relativas a beneficios, efectuado con retraso por responsabilidad de la Previsión Social, será actualizado por el mismo índice utilizado para los reajustes de los beneficios del Régimen General de Previsión Social, verificado en el período comprendido entre el mes en que debería haber sido pagado y el mes del pago efectivo.
Art. 32. El Día Mundial del Trabajo, 1o de mayo, es la fecha base de los jubilados y pensionistas.

CAPÍTULO VIII De la Asistencia Social

Art. 33. La asistencia social a los ancianos será prestada, de forma articulada, conforme a los principios y directrices previstos en la Ley Orgánica de Asistencia Social, en la Política Nacional del Anciano, en el Sistema Único de Salud y demás normas pertinentes.
Art. 33. La asistencia social a las personas mayores será prestada, de forma articulada, conforme a los principios y directrices previstos en la Ley Orgánica de Asistencia Social (Loas), en la Política Nacional de la Persona Mayor, en el SUS y en las demás normas pertinentes (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 34. A los ancianos, a partir de 65 (sesenta y cinco) años, que no posean medios para proveer su subsistencia, ni de tenerla provista por su familia, se les asegura el beneficio mensual de 1 (un) salario mínimo, en los términos de la Ley Orgánica de Asistencia Social – Loas.(Véase Decreto nº 6.214, de 2007)
Art. 34. A las personas mayores, a partir de 65 (sesenta y cinco) años, que no posean medios para proveer su subsistencia, ni de tenerla provista por su familia, se les asegura el beneficio mensual de 1 (un) salario mínimo, en los términos de la Loas.(Véase Decreto nº 6.214, de 2007) (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. El beneficio ya concedido a cualquier miembro de la familia en los términos del caput no será computado para los fines del cálculo del ingreso familiar per cápita a que se refiere la Loas.
Art. 35. Todas las entidades de larga permanencia, o casa-hogar, están obligadas a firmar contrato de prestación de servicios con la persona mayor albergada.
§ 1o En el caso de entidades filantrópicas, o casa-hogar, se faculta el cobro de participación del anciano en el costeo de la entidad.
§ 1º En el caso de entidad filantrópica, o casa-hogar, se faculta el cobro de participación de la persona mayor en el costeo de la entidad. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 2o El Consejo Municipal del Anciano o el Consejo Municipal de Asistencia Social establecerá la forma de participación prevista en el § 1o, que no podrá exceder el 70% (setenta por ciento) de cualquier beneficio previsional o de asistencia social percibido por el anciano.
§ 2º El Consejo Municipal de la Persona Mayor o el Consejo Municipal de Asistencia Social establecerá la forma de participación prevista en el § 1º de este artículo, que no podrá exceder el 70% (setenta por ciento) de cualquier beneficio previsional o de asistencia social percibido por la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 3o Si la persona mayor fuere incapaz, corresponderá a su representante legal firmar el contrato a que se refiere el caput de este artículo.
Art. 36. El acogimiento de ancianos en situación de riesgo social, por adulto o núcleo familiar, caracteriza la dependencia económica, para los efectos legales.
Art. 36. El acogimiento de personas mayores en situación de riesgo social, por adulto o núcleo familiar, caracteriza la dependencia económica, para los efectos legales. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO IX De la Vivienda

Art. 37. El anciano tiene derecho a vivienda digna, en el seno de la familia natural o sustituta, o sin compañía de sus familiares, cuando así lo desee, o, aún, en institución pública o privada.
Art. 37. La persona mayor tiene derecho a vivienda digna, en el seno de la familia natural o sustituta, o sin compañía de sus familiares, cuando así lo desee, o, aún, en institución pública o privada. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o La asistencia integral en la modalidad de entidad de larga permanencia será prestada cuando se verifique la inexistencia de grupo familiar, casa-hogar, abandono o carencia de recursos financieros propios o de la familia.
§ 2o Toda institución dedicada a la atención al anciano queda obligada a mantener identificación externa visible, bajo pena de interdicción, además de cumplir toda la legislación pertinente.
§ 2º Toda institución dedicada a la atención a la persona mayor queda obligada a mantener identificación externa visible, bajo pena de interdicción, además de cumplir toda la legislación pertinente. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 3o Las instituciones que alberguen ancianos están obligadas a mantener estándares de vivienda compatibles con las necesidades de ellos, así como a proveerlos con alimentación regular e higiene indispensables a las normas sanitarias y acordes con estas, bajo las penas de la ley.
§ 3º Las instituciones que alberguen personas mayores están obligadas a mantener estándares de vivienda compatibles con las necesidades de ellas, así como a proveerlas con alimentación regular e higiene indispensables a las normas sanitarias y acordes con estas, bajo las penas de la ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 38. En los programas habitacionales, públicos o subsidiados con recursos públicos, el anciano goza de prioridad en la adquisición de inmueble para vivienda propia, observándose lo siguiente:
Art. 38. En los programas habitacionales, públicos o subsidiados con recursos públicos, la persona mayor goza de prioridad en la adquisición de inmueble para vivienda propia, observándose lo siguiente: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – reserva de 3% (tres por ciento) de las unidades residenciales para la atención a los ancianos;
I - reserva de por lo menos 3% (tres por ciento) de las unidades habitacionales residenciales para la atención a los ancianos; (Redacción dada por la Ley nº 12.418, de 2011)
I - reserva de por lo menos 3% (tres por ciento) de las unidades habitacionales residenciales para la atención a las personas mayores; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II – implantación de equipamientos urbanos comunitarios dirigidos al anciano;
II – implantación de equipamientos urbanos comunitarios dirigidos a la persona mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
III – eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, para garantía de accesibilidad al anciano;
III – eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, para garantía de accesibilidad a la persona mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IV – criterios de financiación compatibles con los ingresos de jubilación y pensión.
Párrafo único. Las unidades residenciales reservadas para la atención a ancianos deben ubicarse, preferentemente, en la planta baja. (Incluido por la Ley nº 12.419, de 2011)
Párrafo único. Las unidades residenciales reservadas para la atención a personas mayores deben ubicarse, preferentemente, en la planta baja. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO X Del Transporte

Art. 39. A los mayores de 65 (sesenta y cinco) años se les asegura la gratuidad de los transportes colectivos públicos urbanos y semiurbanos, excepto en los servicios selectivos y especiales, cuando sean prestados paralelamente a los servicios regulares.
§ 1o Para tener acceso a la gratuidad, basta que el anciano presente cualquier documento personal que haga prueba de su edad.
§ 1º Para tener acceso a la gratuidad, basta que la persona mayor presente cualquier documento personal que haga prueba de su edad. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 2o En los vehículos de transporte colectivo de que trata este artículo, serán reservados 10% (diez por ciento) de los asientos para los ancianos, debidamente identificados con la placa de reservado preferentemente para ancianos.
§ 2º En los vehículos de transporte colectivo de que trata este artículo, serán reservados 10% (diez por ciento) de los asientos para las personas mayores, debidamente identificados con la placa de reservado preferentemente para personas mayores. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 3o En el caso de las personas comprendidas en el rango de edad entre 60 (sesenta) y 65 (sesenta y cinco) años, quedará a criterio de la legislación local disponer sobre las condiciones para el ejercicio de la gratuidad en los medios de transporte previstos en el caput de este artículo.
Art. 40. En el sistema de transporte colectivo interestatal se observará, en los términos de la legislación específica: (Reglamento)(Véase Decreto nº 5.934, de 2006)
I – la reserva de 2 (dos) plazas gratuitas por vehículo para ancianos con ingreso igual o inferior a 2 (dos) salarios mínimos;
I – la reserva de 2 (dos) plazas gratuitas por vehículo para personas mayores con ingreso igual o inferior a 2 (dos) salarios mínimos; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II – descuento de 50% (cincuenta por ciento), como mínimo, en el valor de los pasajes, para los ancianos que excedan las plazas gratuitas, con ingreso igual o inferior a 2 (dos) salarios mínimos.
II – descuento de 50% (cincuenta por ciento), como mínimo, en el valor de los pasajes, para las personas mayores que excedan las plazas gratuitas, con ingreso igual o inferior a 2 (dos) salarios mínimos. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. Corresponderá a los órganos competentes definir los mecanismos y los criterios para el ejercicio de los derechos previstos en los incisos I y II.
Art. 41. Se asegura la reserva, para los ancianos, en los términos de la ley local, de 5% (cinco por ciento) de las plazas en los estacionamientos públicos y privados, las cuales deberán ser ubicadas de forma que se garantice la mayor comodidad al anciano.
Art. 41. Se asegura la reserva para las personas mayores, en los términos de la ley local, del 5% (cinco por ciento) de las plazas en los estacionamientos públicos y privados, las cuales deberán estar situadas de forma que garanticen la mayor comodidad para la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 42. Se asegura la prioridad del anciano en el abordaje del sistema de transporte colectivo.
Art. 42. Se aseguran la prioridad y la seguridad del anciano en los procedimientos de abordaje y descenso de los vehículos del sistema de transporte colectivo. (Redacción dada por la Ley nº 12.899, de 2013)
Art. 42. Se aseguran la prioridad y la seguridad de la persona mayor en los procedimientos de abordaje y descenso de los vehículos del sistema de transporte colectivo. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

TÍTULO III De las Medidas de Protección

CAPÍTULO I De las Disposiciones Generales

Art. 43. Las medidas de protección del anciano son aplicables siempre que los derechos reconocidos en esta Ley sean amenazados o violados:
Art. 43. Las medidas de protección de la persona mayor son aplicables siempre que los derechos reconocidos en esta Ley sean amenazados o violados: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – por acción u omisión de la sociedad o del Estado;
II – por falta, omisión o abuso de la familia, del curador o de la entidad de atención;
III – en razón de su condición personal.

CAPÍTULO II De las Medidas Específicas de Protección

Art. 44. Las medidas de protección del anciano previstas en esta Ley podrán ser aplicadas, de forma aislada o acumulativa, y tendrán en cuenta los fines sociales a que se destinan y el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.
Art. 44. Las medidas de protección de la persona mayor previstas en esta Ley podrán ser aplicadas, de forma aislada o acumulativa, y tendrán en cuenta los fines sociales a que se destinan y el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 45. Verificada cualquiera de las hipótesis previstas en el art. 43, el Ministerio Público o el Poder Judicial, a requerimiento de aquel, podrá determinar, entre otras, las siguientes medidas:
I – encaminamiento a la familia o al curador, mediante acta de responsabilidad;
II – orientación, apoyo y acompañamiento temporales;
III – requisición para el tratamiento de su salud, en régimen ambulatorio, hospitalario o domiciliario;
IV – inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y tratamiento a usuarios dependientes de drogas lícitas o ilícitas, al propio anciano o a la persona de su convivencia que le cause perturbación;
IV – inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y tratamiento a usuarios dependientes de drogas lícitas o ilícitas, a la propia persona mayor o a la persona de su convivencia que le cause perturbación; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – albergue en entidad;
VI – albergue temporal.

TÍTULO IV De la Política de Atención al Anciano

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Art. 46. La política de atención al anciano se llevará a cabo por medio del conjunto articulado de acciones gubernamentales y no gubernamentales de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.
Art. 46. La política de atención a la persona mayor se llevará a cabo por medio del conjunto articulado de acciones gubernamentales y no gubernamentales de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 47. Son líneas de acción de la política de atención:
I – políticas sociales básicas, previstas en la Ley nº 8.842, de 4 de enero de 1994;
II – políticas y programas de asistencia social, con carácter supletorio, para quienes los necesiten;
III – servicios especiales de prevención y atención a las víctimas de negligencia, malos tratos, explotación, abuso, crueldad y opresión;
IV – servicio de identificación y localización de parientes o responsables de ancianos abandonados en hospitales e instituciones de larga permanencia;
IV – servicio de identificación y localización de parientes o responsables de personas mayores abandonadas en hospitales e instituciones de larga permanencia; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – protección jurídico-social por entidades de defensa de los derechos de los ancianos;
V – protección jurídico-social por entidades de defensa de los derechos de las personas mayores; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
VI – movilización de la opinión pública en el sentido de la participación de los diversos segmentos de la sociedad en la atención del anciano.
VI – movilización de la opinión pública en el sentido de la participación de los diversos segmentos de la sociedad en la atención de la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO II De las Entidades de Atención al Anciano

Art. 48. Las entidades de atención son responsables del mantenimiento de sus propias unidades, observadas las normas de planificación y ejecución emanadas del órgano competente de la Política Nacional del Anciano, conforme a la Ley nº 8.842, de 1994.
Art. 48. Las entidades de atención son responsables del mantenimiento de sus propias unidades, observadas las normas de planificación y ejecución emanadas del órgano competente de la Política Nacional de la Persona Mayor, conforme a la Ley nº 8.842, de 4 de enero de 1994. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. Las entidades gubernamentales y no gubernamentales de asistencia al anciano quedan sujetas a la inscripción de sus programas ante el órgano competente de la Vigilancia Sanitaria y el Consejo Municipal de la Persona Mayor, y en su defecto, ante el Consejo Estatal o Nacional de la Persona Mayor, especificando los regímenes de atención, observados los siguientes requisitos:
Párrafo único. Las entidades gubernamentales y no gubernamentales de asistencia a la persona mayor quedan sujetas a la inscripción de sus programas ante el órgano competente de la Vigilancia Sanitaria y el Consejo Municipal de la Persona Mayor y, en su defecto, ante el Consejo Estatal o Nacional de la Persona Mayor, especificando los regímenes de atención, observados los siguientes requisitos: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene, salubridad y seguridad;
II – presentar objetivos estatutarios y plan de trabajo compatibles con los principios de esta Ley;
III – estar regularmente constituida;
IV – demostrar la idoneidad de sus dirigentes.
Art. 49. Las entidades que desarrollen programas de institucionalización de larga permanencia adoptarán los siguientes principios:
I – preservación de los vínculos familiares;
II – atención personalizada y en grupos pequeños;
III – mantenimiento del anciano en la misma institución, salvo en caso de fuerza mayor;
III – mantenimiento de la persona mayor en la misma institución, salvo en caso de fuerza mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IV – participación del anciano en las actividades comunitarias, de carácter interno y externo;
IV – participación de la persona mayor en las actividades comunitarias, de carácter interno y externo; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – observancia de los derechos y garantías de los ancianos;
V – observancia de los derechos y garantías de las personas mayores; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
VI – preservación de la identidad del anciano y ofrecimiento de un ambiente de respeto y dignidad.
VI – preservación de la identidad de la persona mayor y ofrecimiento de un ambiente de respeto y dignidad. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. El dirigente de la institución prestadora de atención al anciano responderá civil y penalmente por los actos que practique en detrimento del anciano, sin perjuicio de las sanciones administrativas.
Párrafo único. El dirigente de la institución prestadora de atención a la persona mayor responderá civil y penalmente por los actos que practique en detrimento de la persona mayor, sin perjuicio de las sanciones administrativas. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 50. Constituyen obligaciones de las entidades de atención:
I – celebrar contrato escrito de prestación de servicios con el anciano, especificando el tipo de atención, las obligaciones de la entidad y las prestaciones derivadas del contrato, con los respectivos precios, si fuera el caso;
I – celebrar contrato escrito de prestación de servicios con la persona mayor, especificando el tipo de atención, las obligaciones de la entidad y las prestaciones derivadas del contrato, con los respectivos precios, si fuera el caso; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II – observar los derechos y las garantías de que son titulares los ancianos;
II – observar los derechos y las garantías de que son titulares las personas mayores; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
III – suministrar vestimenta adecuada, si fuera pública, y alimentación suficiente;
IV – ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad;
V – ofrecer atención personalizada;
VI – diligenciar en el sentido de la preservación de los vínculos familiares;
VII – ofrecer alojamientos apropiados para la recepción de visitas;
VIII – proporcionar cuidados de salud, conforme a la necesidad del anciano;
VIII – proporcionar cuidados de salud, conforme a la necesidad de la persona mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IX – promover actividades educativas, deportivas, culturales y de ocio;
X – propiciar asistencia religiosa a quienes lo deseen, de acuerdo con sus creencias;
XI – proceder al estudio social y personal de cada caso;
XII – comunicar a la autoridad competente de salud todo caso de anciano portador de enfermedades infectocontagiosas;
XII – comunicar a la autoridad competente de salud todo caso de persona mayor con enfermedades infectocontagiosas; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
XIII – gestionar o solicitar que el Ministerio Público requiera los documentos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía a quienes no los tuvieren, en la forma de la ley;
XIV – suministrar comprobante de depósito de los bienes muebles que reciban de los ancianos;
XIV – suministrar comprobante de depósito de los bienes muebles que reciban de las personas mayores; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
XV – mantener un archivo de anotaciones en el que consten fecha y circunstancias de la atención, nombre del anciano, responsable, parientes, direcciones, ciudad, relación de sus pertenencias, así como el valor de las contribuciones, y sus modificaciones, si las hubiere, y demás datos que posibiliten su identificación y la individualización de la atención;
XV – mantener un archivo de anotaciones en el que consten fecha y circunstancias de la atención, nombre de la persona mayor, responsable, parientes, direcciones, ciudad, relación de sus pertenencias, así como el valor de las contribuciones, y sus modificaciones, si las hubiere, y demás datos que posibiliten su identificación y la individualización de la atención; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
XVI – comunicar al Ministerio Público, para las providencias pertinentes, la situación de abandono moral o material por parte de los familiares;
XVII – mantener en la plantilla de personal profesionales con formación específica.
Art. 51. Las instituciones filantrópicas o sin fines de lucro prestadoras de servicios al anciano tendrán derecho a la asistencia judicial gratuita.
Art. 51. Las instituciones filantrópicas o sin fines de lucro prestadoras de servicios a las personas mayores tendrán derecho a la asistencia judicial gratuita. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)

CAPÍTULO III De la Fiscalización de las Entidades de Atención

Art. 52. Las entidades gubernamentales y no gubernamentales de atención al anciano serán fiscalizadas por los Consejos del Anciano, el Ministerio Público, la Vigilancia Sanitaria y otros previstos en la ley.
Art. 52. Las entidades gubernamentales y no gubernamentales de atención a la persona mayor serán fiscalizadas por los Consejos de la Persona Mayor, el Ministerio Público, la Vigilancia Sanitaria y otros previstos en la ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 53. El art. 7o de la Ley nº 8.842, de 1994, pasa a regir con la siguiente redacción:
"Art. 7o Compete a los Consejos de que trata el art. 6o de esta Ley la supervisión, el seguimiento, la fiscalización y la evaluación de la política nacional del anciano, en el ámbito de las respectivas instancias político-administrativas." (NR)
Art. 54. Se dará publicidad a las rendiciones de cuentas de los recursos públicos y privados recibidos por las entidades de atención.
Art. 55. Las entidades de atención que incumplan las determinaciones de esta Ley quedarán sujetas, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de sus directivos o agentes, a las siguientes sanciones, observado el debido proceso legal:
I – las entidades gubernamentales:
a) amonestación;
b) separación provisional de sus directivos;
c) separación definitiva de sus directivos;
d) cierre de unidad o interdicción de programa;
II – las entidades no gubernamentales:
a) amonestación;
b) multa;
c) suspensión parcial o total de la transferencia de fondos públicos;
d) interdicción de unidad o suspensión de programa;
e) prohibición de atención a ancianos en aras del interés público.
e) prohibición de atención a personas mayores en aras del interés público. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
§ 1º Habiendo daños a los ancianos albergados o cualquier tipo de fraude en relación con el programa, procederá la separación provisional de los directivos o la interdicción de la unidad y la suspensión del programa.
§ 1º Habiendo daños a las personas mayores albergadas o cualquier tipo de fraude en relación con el programa, procederá la separación provisional de los directivos o la interdicción de la unidad y la suspensión del programa. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
§ 2º La suspensión parcial o total de la transferencia de fondos públicos ocurrirá cuando se verifique la mala aplicación o desviación de finalidad de los recursos.
§ 3º En caso de ocurrir una infracción por parte de una entidad de atención que ponga en riesgo los derechos asegurados en esta Ley, el hecho será comunicado al Ministerio Público, para las providencias pertinentes, inclusive para promover la suspensión de las actividades o la disolución de la entidad, con la prohibición de atención a ancianos en aras del interés público, sin perjuicio de las providencias que deba tomar la Vigilância Sanitária.
§ 3º En caso de ocurrir una infracción por parte de una entidad de atención que ponga en riesgo los derechos asegurados en esta Ley, el hecho será comunicado al Ministerio Público, para las providencias pertinentes, inclusive para promover la suspensión de las actividades o la disolución de la entidad, con la prohibición de atención a personas mayores en aras del interés público, sin perjuicio de las providencias que deba tomar la Vigilância Sanitária. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
§ 4º En la aplicación de las sanciones, se considerarán la naturaleza y la gravedad de la infracción cometida, los daños que de ella provengan para el anciano, las circunstancias agravantes o atenuantes y los antecedentes de la entidad.
§ 4º En la aplicación de las sanciones, se considerarán la naturaleza y la gravedad de la infracción cometida, los daños que de ella provengan para la persona mayor, las circunstancias agravantes o atenuantes y los antecedentes de la entidad. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)

CAPÍTULO IV De las Infracciones Administrativas

Art. 56. Dejar la entidad de atención de cumplir las determinaciones del art. 50 de esta Ley:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinientos reales) a R$ 3.000,00 (tres mil reales), si el hecho no estuviera tipificado como delito, pudiendo haber la interdicción del establecimiento hasta que se cumplan las exigencias legales.
Párrafo único. En caso de interdicción del establecimiento de larga permanencia, los ancianos albergados serán trasladados a otra institución, a expensas del establecimiento interdicto, mientras dure la interdicción.
Párrafo único. En caso de interdicción del establecimiento de larga permanencia, las personas mayores albergadas serán trasladadas a otra institución, a expensas del establecimiento interdicto, mientras dure la interdicción. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 57. Dejar el profesional de salud o el responsable de un establecimiento de salud o institución de larga permanencia de comunicar a la autoridad competente los casos de delitos contra ancianos de que tuviere conocimiento:
Art. 57. Dejar el profesional de salud o el responsable de un establecimiento de salud o institución de larga permanencia de comunicar a la autoridad competente los casos de delitos contra personas mayores de que tuviere conocimiento: (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Pena – multa de R$ 500,00 (quinientos reales) a R$ 3.000,00 (tres mil reales), aplicada al doble en caso de reincidencia.
Art. 58. Dejar de cumplir las determinaciones de esta Ley sobre la prioridad en la atención al anciano:
Art. 58. Dejar de cumplir las determinaciones de esta Ley sobre la prioridad en la atención a la persona mayor: (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Pena – multa de R$ 500,00 (quinientos reales) a R$ 1.000,00 (un mil reales) y multa civil que será fijada por el juez, conforme al daño sufrido por el anciano.
Pena – multa de R$ 500,00 (quinientos reales) a R$ 1.000,00 (mil reales) y multa civil que será fijada por el juez, conforme al daño sufrido por la persona mayor. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)

CAPÍTULO V De la Investigación Administrativa de Infracciones a las Normas de Protección al Anciano

De la Investigación Administrativa de Infracciones a las Normas de Protección a la Persona Mayor (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 59. Los valores monetarios expresados en el Capítulo IV serán actualizados anualmente, en la forma de la ley.
Art. 60. El procedimiento para la imposición de sanción administrativa por infracción a las normas de protección al anciano se iniciará con requerimiento del Ministerio Público o acta de infracción elaborada por funcionario efectivo y firmada, si fuere posible, por dos testigos.
Art. 60. El procedimiento para la imposición de sanción administrativa por infracción a las normas de protección a la persona mayor se iniciará con requerimiento del Ministerio Público o acta de infracción elaborada por funcionario efectivo y firmada, si fuere posible, por 2 (dos) testigos. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
§ 1º En el procedimiento iniciado con el acta de infracción podrán usarse formularios impresos, especificándose la naturaleza y las circunstancias de la infracción.
§ 2º Siempre que sea posible, a la verificación de la infracción seguirá la elaboración del acta, o esta será elaborada dentro de 24 (veinticuatro) horas, por motivo justificado.
Art. 61. El infractor tendrá plazo de 10 (diez) días para presentar su defensa, contado desde la fecha de la notificación, que se hará:
I – por el agente actuante, en el instrumento de actuación, cuando se elabore en presencia del infractor;
II – por vía postal, con acuse de recibo.
Art. 62. Habiendo riesgo para la vida o la salud del anciano, la autoridad competente aplicará a la entidad de atención las sanciones reglamentarias, sin perjuicio de la iniciativa y de las providencias que adopten el Ministerio Público o las demás instituciones legitimadas para la fiscalización.
Art. 62. Habiendo riesgo para la vida o la salud de la persona mayor, la autoridad competente aplicará a la entidad de atención las sanciones reglamentarias, sin perjuicio de la iniciativa y de las providencias que adopten el Ministerio Público o las demás instituciones legitimadas para la fiscalización. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 63. En los casos en que no haya riesgo para la vida o la salud de la persona mayor albergada, la autoridad competente aplicará a la entidad de atención las sanciones reglamentarias, sin perjuicio de la iniciativa y de las providencias que adopten el Ministerio Público o las demás instituciones legitimadas para la fiscalización.

CAPÍTULO VI De la Investigación Judicial de Irregularidades en Entidades de Atención

Art. 64. Se aplican, subsidiariamente, al procedimiento administrativo de que trata este Capítulo las disposiciones de las Leyes 6.437, de 20 de agosto de 1977, y 9.784, de 29 de enero de 1999.
Art. 65. El procedimiento de investigación de irregularidad en entidades gubernamentales y no gubernamentales de atención al anciano se iniciará mediante petición fundamentada de persona interesada o por iniciativa del Ministerio Público.
Art. 65. El procedimiento de investigación de irregularidad en entidades gubernamentales y no gubernamentales de atención a la persona mayor se iniciará mediante petición fundamentada de persona interesada o por iniciativa del Ministerio Público. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 66. Habiendo motivo grave, la autoridad judicial, oído el Ministerio Público, podrá decretar liminarmente la separación provisional del directivo de la entidad u otras medidas que juzgue adecuadas, para evitar lesión a los derechos del anciano, mediante decisión fundamentada.
Art. 66. Habiendo motivo grave, la autoridad judicial, oído el Ministerio Público, podrá decretar liminarmente la separación provisional del directivo de la entidad u otras medidas que juzgue adecuadas, para evitar lesión a los derechos de la persona mayor, mediante decisión fundamentada. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 67. El directivo de la entidad será citado para que, en el plazo de 10 (diez) días, presente respuesta escrita, pudiendo adjuntar documentos e indicar las pruebas que se han de producir.
Art. 68. Presentada la defensa, el juez procederá conforme al art. 69 o, si fuere necesario, designará audiencia de instrucción y juzgamiento, deliberando sobre la necesidad de producción de otras pruebas.
§ 1º Salvo manifestación en audiencia, las partes y el Ministerio Público tendrán 5 (cinco) días para presentar alegatos finales, decidiendo la autoridad judicial en igual plazo.
§ 2º Tratándose de separación provisional o definitiva de directivo de entidad gubernamental, la autoridad judicial oficiará a la autoridad administrativa inmediatamente superior al separado, fijándole plazo de 24 (veinticuatro) horas para proceder a la sustitución.
§ 3º Antes de aplicar cualquiera de las medidas, la autoridad judicial podrá fijar plazo para la subsanación de las irregularidades verificadas. Satisfechas las exigencias, el proceso será extinguido, sin juzgamiento del fondo.
§ 4º La multa y la amonestación serán impuestas al directivo de la entidad o al responsable del programa de atención.

TÍTULO V Del Acceso a la Justicia

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Art. 69. Se aplica, subsidiariamente, a las disposiciones de este Capítulo, el procedimiento sumario previsto en el Código de Proceso Civil, en aquello que no contraríe los plazos previstos en esta Ley.
Art. 70. El Poder Público podrá crear juzgados especializados y exclusivos del anciano.
Art. 70. El poder público podrá crear juzgados especializados y exclusivos de la persona mayor. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 71. Se asegura prioridad en la tramitación de los procesos y procedimientos y en la ejecución de los actos y diligencias judiciales en que figure como parte o interviniente una persona con edad igual o superior a 60 (sesenta) años, en cualquier instancia.
§ 1º El interesado en obtener la prioridad a que alude este artículo, acreditando su edad, requerirá el beneficio a la autoridad judicial competente para decidir el asunto, que determinará las providencias que deban cumplirse, anotándose esa circunstancia en lugar visible en los autos del proceso.
§ 2º La prioridad no cesará con la muerte del beneficiario, extendiéndose en favor del cónyuge supérstite, compañero o compañera, con unión estable, mayor de 60 (sesenta) años.
§ 3º La prioridad se extiende a los procesos y procedimientos en la Administración Pública, empresas prestadoras de servicios públicos e instituciones financieras, y a la atención preferente ante la Defensoría Pública de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal en relación con los Servicios de Asistencia Judicial.
§ 4º Para la atención prioritaria se garantizará al anciano el fácil acceso a los asientos y cajas, identificados con la destinación a ancianos en lugar visible y caracteres legibles.
§ 4º Para la atención prioritaria, se garantizará a la persona mayor el fácil acceso a los asientos y cajas, identificados con la destinación a personas mayores en lugar visible y caracteres legibles. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
§ 5º Entre los procesos de ancianos, se dará prioridad especial a los de mayores de ochenta años. (Incluido por la Ley 13.466, de 2017).
§ 5º Entre los procesos de personas mayores, se dará prioridad especial a los de las mayores de 80 (ochenta) años. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)

CAPÍTULO II Del Ministerio Público

Art. 72. (VETADO)
Art. 73. Las funciones del Ministerio Público, previstas en esta Ley, serán ejercidas en los términos de su respectiva Ley Orgánica.
Art. 74. Compete al Ministerio Público:
I – instaurar la investigación civil y la acción civil pública para la protección de los derechos e intereses difusos o colectivos, individuales indisponibles e individuales homogéneos del anciano;
I – instaurar la investigación civil y la acción civil pública para la protección de los derechos e intereses difusos o colectivos, individuales indisponibles e individuales homogéneos de la persona mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
II – promover y dar seguimiento a las acciones de alimentos, de interdicción total o parcial, de designación de curador especial, en circunstancias que justifiquen la medida, e intervenir en todos los procesos en que se discutan los derechos de ancianos en condiciones de riesgo;
II – promover y dar seguimiento a las acciones de alimentos, de interdicción total o parcial, de designación de curador especial, en circunstancias que justifiquen la medida, e intervenir en todos los procesos en que se discutan los derechos de las personas mayores en condiciones de riesgo; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
III – actuar como sustituto procesal del anciano en situación de riesgo, conforme a lo dispuesto en el art. 43 de esta Ley;
III – actuar como sustituto procesal de la persona mayor en situación de riesgo, conforme a lo dispuesto en el art. 43 de esta Ley; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IV – promover la revocación de instrumento de poder del anciano, en los supuestos previstos en el art. 43 de esta Ley, cuando sea necesario o el interés público lo justifique;
IV – promover la revocación de instrumento de poder de la persona mayor, en los supuestos previstos en el art. 43 de esta Ley, cuando sea necesario o el interés público lo justifique; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
V – instaurar procedimiento administrativo y, para instruirlo:
a) expedir notificaciones, recabar declaraciones o aclaraciones y, en caso de incomparecencia injustificada de la persona notificada, requerir su conducción coercitiva, incluso por la Policía Civil o Militar;
b) requerir informaciones, exámenes, pericias y documentos de autoridades municipales, estatales y federales, de la administración directa e indirecta, así como promover inspecciones y diligencias investigatorias;
c) requerir informaciones y documentos particulares de instituciones privadas;
VI – instaurar indagaciones administrativas, requerir diligencias investigatorias y la instauración de investigación policial, para el esclarecimiento de ilícitos o infracciones a las normas de protección del anciano;
VI – instaurar indagaciones administrativas, requerir diligencias investigatorias y la instauración de investigación policial, para el esclarecimiento de ilícitos o infracciones a las normas de protección de la persona mayor; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
VII – velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales asegurados al anciano, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales pertinentes;
VII – velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales asegurados a la persona mayor, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales pertinentes; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
VIII – inspeccionar las entidades públicas y particulares de atención y los programas de que trata esta Ley, adoptando de inmediato las medidas administrativas o judiciales necesarias para la remoción de irregularidades eventualmente verificadas;
IX – requerir fuerza policial, así como la colaboración de los servicios de salud, educacionales y de asistencia social, públicos, para el desempeño de sus atribuciones;
X – refrendar transacciones que involucren intereses y derechos de los ancianos previstos en esta Ley.
X – refrendar transacciones que involucren intereses y derechos de las personas mayores previstos en esta Ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
§ 1o La legitimación del Ministerio Público para las acciones civiles previstas en este artículo no impide la de terceros, en los mismos supuestos, según disponga la ley.
§ 2o Las atribuciones contenidas en este artículo no excluyen otras, siempre que sean compatibles con la finalidad y las atribuciones del Ministerio Público.
§ 3o El representante del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, tendrá libre acceso a toda entidad de atención al anciano.
§ 3º El representante del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, tendrá libre acceso a toda entidad de atención a la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 75. En los procesos y procedimientos en que no sea parte, el Ministerio Público actuará obligatoriamente en la defensa de los derechos e intereses de que trata esta Ley, supuestos en los que tendrá vista de los autos después de las partes, pudiendo agregar documentos, requerir diligencias y la producción de otras pruebas, usando los recursos pertinentes.
Art. 76. La intimación del Ministerio Público, en cualquier caso, se hará personalmente.
Art. 77. La falta de intervención del Ministerio Público acarrea la nulidad del proceso, que será declarada de oficio por el juez o a requerimiento de cualquier interesado.

CAPÍTULO III De la Protección Judicial de los Intereses Difusos, Colectivos e Individuales Indisponibles u Homogéneos

Art. 78. Las manifestaciones procesales del representante del Ministerio Público deberán ser fundamentadas.
Art. 79. Se rigen por las disposiciones de esta Ley las acciones de responsabilidad por ofensa a los derechos asegurados al anciano, referentes a la omisión o al ofrecimiento insatisfactorio de:
Art. 79. Se rigen por las disposiciones de esta Ley las acciones de responsabilidad por ofensa a los derechos asegurados a la persona mayor, referentes a la omisión o al ofrecimiento insatisfactorio de: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
I – acceso a las acciones y servicios de salud;
II – atención especializada al anciano portador de discapacidad o con limitación incapacitante;
II – atención especializada a la persona mayor con discapacidad o con limitación incapacitante; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
III – atención especializada al anciano portador de enfermedad infectocontagiosa;
III – atención especializada a la persona mayor con enfermedad infectocontagiosa; (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
IV – servicio de asistencia social orientado al amparo del anciano.
IV – servicio de asistencia social orientado al amparo de la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. Los supuestos previstos en este artículo no excluyen de la protección judicial otros intereses difusos, colectivos, individuales indisponibles u homogéneos, propios del anciano, protegidos por la ley.
Párrafo único. Los supuestos previstos en este artículo no excluyen de la protección judicial otros intereses difusos, colectivos, individuales indisponibles u homogéneos, propios de la persona mayor, protegidos por la ley. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 80. Las acciones previstas en este Capítulo serán propuestas en el fuero del domicilio del anciano, cuyo juzgado tendrá competencia absoluta para procesar la causa, salvo las competencias de la Justicia Federal y la competencia originaria de los Tribunales Superiores.
Art. 80. Las acciones previstas en este Capítulo serán propuestas en el fuero del domicilio de la persona mayor, cuyo juzgado tendrá competencia absoluta para procesar la causa, salvo las competencias de la Justicia Federal y la competencia originaria de los Tribunales Superiores. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 81. Para las acciones civiles fundadas en intereses difusos, colectivos, individuales indisponibles u homogéneos, se consideran legitimados, concurrentemente:
I – el Ministerio Público;
II – la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;
III – la Orden de los Abogados de Brasil;
IV – las asociaciones legalmente constituidas desde hace al menos 1 (un) año y que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos de la persona mayor, dispensada la autorización de la asamblea, si existe previa autorización estatutaria.
§ 1o Se admitirá litisconsorcio facultativo entre los Ministerios Públicos de la Unión y de los Estados en la defensa de los intereses y derechos de que trata esta Ley.
§ 2o En caso de desistimiento o abandono de la acción por asociación legitimada, el Ministerio Público u otro legitimado deberá asumir la titularidad activa.
Art. 82. Para la defensa de los intereses y derechos protegidos por esta Ley, son admisibles todas las especies de acción pertinentes.
Párrafo único. Contra actos ilegales o abusivos de autoridad pública o agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del Poder Público, que lesionen derecho líquido y cierto previsto en esta Ley, cabrá acción mandamental, que se regirá por las normas de la ley del mandamiento de seguridad.
Art. 83. En la acción que tenga por objeto el cumplimiento de obligación de hacer o de no hacer, el juez concederá la tutela específica de la obligación o determinará providencias que aseguren el resultado práctico equivalente al cumplimiento.
§ 1o Siendo relevante el fundamento de la demanda y existiendo justificado temor de ineficacia de la resolución final, es lícito al juez conceder la tutela liminarmente o tras justificación previa, en la forma del art. 273 del Código de Proceso Civil.
§ 2o El juez podrá, en el supuesto del § 1o o en la sentencia, imponer multa diaria al demandado, independientemente de la petición del actor, si fuere suficiente o compatible con la obligación, fijando plazo razonable para el cumplimiento del precepto.
§ 3o La multa solo será exigible al demandado después del tránsito a cosa juzgada de la sentencia favorable al actor, pero será debida desde el día en que se hubiere configurado.
Art. 84. Los valores de las multas previstas en esta Ley revertirán al Fondo del Anciano, donde lo hubiere, o en su defecto, al Fondo Municipal de Asistencia Social, quedando vinculados a la atención del anciano.
Art. 84. Los valores de las multas previstas en esta Ley revertirán al Fondo de la Persona Mayor, donde lo hubiere, o en su defecto, al Fondo Municipal de Asistencia Social, quedando vinculados a la atención de la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Párrafo único. Las multas no recaudadas hasta 30 (treinta) días después del tránsito a cosa juzgada de la decisión serán exigidas mediante ejecución promovida por el Ministerio Público, en los mismos autos, facultada igual iniciativa a los demás legitimados en caso de inercia de aquel.
Art. 85. El juez podrá conferir efecto suspensivo a los recursos, para evitar daño irreparable a la parte.
Art. 86. Pasada a cosa juzgada la sentencia que imponga condena al Poder Público, el juez determinará la remisión de piezas a la autoridad competente, para el esclarecimiento de la responsabilidad civil y administrativa del agente a quien se atribuya la acción u omisión.
Art. 87. Transcurridos 60 (sesenta) días del tránsito a cosa juzgada de la sentencia condenatoria favorable al anciano sin que el actor promueva su ejecución, deberá hacerlo el Ministerio Público, facultada igual iniciativa a los demás legitimados, como asistentes o asumiendo el polo activo, en caso de inercia de ese órgano.
Art. 87. Transcurridos 60 (sesenta) días del tránsito a cosa juzgada de la sentencia condenatoria favorable a la persona mayor sin que el actor promueva su ejecución, deberá hacerlo el Ministerio Público, facultada igual iniciativa a los demás legitimados, como asistentes o asumiendo el polo activo, en caso de inercia de ese órgano. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 88. En las acciones de que trata este Capítulo, no habrá adelanto de costas, emolumentos, honorarios periciales ni cualesquiera otros gastos.
Párrafo único. No se impondrá sucumbencia al Ministerio Público.
Art. 89. Cualquier persona podrá, y el servidor deberá, provocar la iniciativa del Ministerio Público, prestándole informaciones sobre los hechos que constituyan objeto de acción civil e indicándole los elementos de convicción.
Art. 90. Los agentes públicos en general, los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus funciones, cuando tengan conocimiento de hechos que puedan configurar delito de acción pública contra el anciano o dar lugar a la interposición de acción para su defensa, deben remitir las piezas pertinentes al Ministerio Público, para las providencias pertinentes.
Art. 90. Los agentes públicos en general, los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus funciones, cuando tengan conocimiento de hechos que puedan configurar delito de acción pública contra la persona mayor o dar lugar a la interposición de acción para su defensa, deben remitir las piezas pertinentes al Ministerio Público, para las providencias pertinentes. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 91. Para instruir la petición inicial, el interesado podrá requerir a las autoridades competentes las certificaciones e informaciones que juzgue necesarias, las cuales serán proporcionadas en el plazo de 10 (diez) días.
Art. 92. El Ministerio Público podrá instaurar, bajo su presidencia, investigación civil, o requerir de cualquier persona, organismo público o particular, certificaciones, informaciones, exámenes o peritajes, en el plazo que señale, el cual no podrá ser inferior a 10 (diez) días.
§ 1o Si el órgano del Ministerio Público, agotadas todas las diligencias, se convence de la inexistencia de fundamento para el ejercicio de la acción civil o de las piezas informativas, ordenará su archivo, haciéndolo de forma fundamentada.
§ 2o Los autos de la investigación civil o las piezas de información archivados serán remitidos, bajo pena de incurrir en falta grave, en el plazo de 3 (tres) días, al Consejo Superior del Ministerio Público o a la Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público.
§ 3o Hasta que el archivo sea homologado o rechazado por el Consejo Superior del Ministerio Público o por la Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público, las asociaciones legitimadas podrán presentar razones escritas o documentos, que serán agregados o anexados a las piezas de información.
§ 4o Si el Consejo Superior o la Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público no homologan la promoción de archivo, se designará a otro miembro del Ministerio Público para el ejercicio de la acción.

TÍTULO VI De los Delitos

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Art. 93. Se aplican subsidiariamente, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley nº 7.347, de 24 de julio de 1985.
Art. 94. A los delitos previstos en esta Ley, cuya pena máxima privativa de libertad no exceda de 4 (cuatro) años, se aplica el procedimiento previsto en la Ley nº 9.099, de 26 de septiembre de 1995, y, subsidiariamente, en lo que corresponda, las disposiciones del Código Penal y del Código de Proceso Penal. (Véase ADIN 3.096-5 - STF)
Art. 94. A los delitos previstos en esta Ley se aplican, en lo que corresponda, las disposiciones del Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), y del Decreto-Ley nº 3.689, de 3 de octubre de 1941 (Código de Proceso Penal). (Redacción dada por la Ley nº 15.163, de 2025)
Párrafo único. A los delitos previstos en esta Ley y a los delitos practicados con violencia contra la persona mayor, independientemente de la pena prevista, no se aplica la Ley nº 9.099, de 26 de septiembre de 1995. (Incluido por la Ley nº 15.163, de 2025)

CAPÍTULO II De los Delitos en Particular

Art. 95. Los delitos definidos en esta Ley son de acción penal pública incondicionada, no siéndoles aplicables los arts. 181 y 182 del Código Penal.
Art. 96. Discriminar a una persona mayor, impidiendo o dificultando su acceso a operaciones bancarias, a los medios de transporte, al derecho de contratar o por cualquier otro medio o instrumento necesario para el ejercicio de la ciudadanía, por motivo de edad:
Pena – reclusión de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa.
§ 1o Incurre en la misma pena quien desdeñe, humille, menosprecie o discrimine a una persona mayor, por cualquier motivo.
§ 2o La pena será aumentada en 1/3 (un tercio) si la víctima se encuentra bajo el cuidado o la responsabilidad del agente.
§ 3º No constituye delito la negativa de crédito motivada por sobreendeudamiento del anciano. (Incluido por la Ley nº 14.181, de 2021)
§ 3º No constituye delito la negativa de crédito motivada por sobreendeudamiento de la persona mayor. (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Art. 97. Dejar de prestar asistencia al anciano, cuando sea posible hacerlo sin riesgo personal, en situación de peligro inminente, o rechazar, retardar o dificultar su asistencia a la salud, sin justa causa, o no pedir, en esos casos, el socorro de la autoridad pública:
Art. 97. Dejar de prestar asistencia a la persona mayor, cuando sea posible hacerlo sin riesgo personal, en situación de peligro inminente, o rechazar, retardar o dificultar su asistencia a la salud, sin justa causa, o no pedir, en esos casos, el socorro de la autoridad pública: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa.
Párrafo único. La pena se aumenta en la mitad si de la omisión resulta lesión corporal de naturaleza grave, y se triplica si resulta la muerte.
Art. 98. Abandonar al anciano en hospitales, casas de salud, entidades de larga permanencia o similares, o no proveer sus necesidades básicas, cuando esté obligado por ley o mandato:
Art. 98. Abandonar a la persona mayor en hospitales, casas de salud, entidades de larga permanencia o similares, o no proveer sus necesidades básicas, cuando esté obligado por ley o mandato: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 6 (seis) meses a 3 (tres) años y multa.
Art. 99. Exponer a peligro la integridad y la salud, física o psíquica, del anciano, sometiéndolo a condiciones inhumanas o degradantes o privándolo de alimentos y cuidados indispensables, cuando esté obligado a hacerlo, o sujetándolo a trabajo excesivo o inadecuado:
Art. 99. Exponer a peligro la integridad y la salud, física o psíquica, de la persona mayor, sometiéndola a condiciones inhumanas o degradantes o privándola de alimentos y cuidados indispensables, cuando esté obligado a hacerlo, o sujetándola a trabajo excesivo o inadecuado: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 2 (dos) meses a 1 (un) año y multa.
Pena - reclusión, de 2 (dos) a 5 (cinco) años. (Redacción dada por la Ley nº 15.163, de 2025)
§ 1o Si del hecho resulta lesión corporal de naturaleza grave:
Pena – reclusión de 1 (un) a 4 (cuatro) años.
Pena - reclusión, de 3 (tres) a 7 (siete) años. (Redacción dada por la Ley nº 15.163, de 2025)
§ 2o Si resulta la muerte:
Pena – reclusión de 4 (cuatro) a 12 (doce) años.
Pena - reclusión, de 8 (ocho) a 14 (catorce) años. (Redacción dada por la Ley nº 15.163, de 2025)
Art. 100. Constituye delito punible con reclusión de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa:
I – obstaculizar el acceso de alguien a cualquier cargo público por motivo de edad;
II – negar a alguien, por motivo de edad, empleo o trabajo;
III – rechazar, retardar o dificultar la atención o dejar de prestar asistencia a la salud, sin justa causa, a una persona mayor;
IV – dejar de cumplir, retardar o frustrar, sin justo motivo, la ejecución de orden judicial expedida en la acción civil a que alude esta Ley;
V – rechazar, retardar u omitir datos técnicos indispensables para el ejercicio de la acción civil objeto de esta Ley, cuando sean requeridos por el Ministerio Público.
Art. 101. Dejar de cumplir, retardar o frustrar, sin justo motivo, la ejecución de orden judicial expedida en las acciones en que sea parte o interviniente el anciano:
Art. 101. Dejar de cumplir, retardar o frustrar, sin justo motivo, la ejecución de orden judicial expedida en las acciones en que sea parte o interviniente la persona mayor: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa.
Art. 102. Apropiarse de o desviar bienes, haberes, pensión o cualquier otro ingreso del anciano, dándoles una aplicación diversa de su finalidad:
Art. 102. Apropiarse de o desviar bienes, haberes, pensión o cualquier otro ingreso de la persona mayor, dándoles una aplicación diversa de su finalidad: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – reclusión de 1 (un) a 4 (cuatro) años y multa.
Art. 103. Negar la acogida o la permanencia del anciano, como albergado, por negativa de este a otorgar poder a la entidad de atención:
Art. 103. Negar la acogida o la permanencia de la persona mayor, como albergada, por negativa de esta a otorgar poder a la entidad de atención: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa.
Art. 104. Retener la tarjeta magnética de cuenta bancaria relativa a beneficios, haberes o pensión del anciano, así como cualquier otro documento con el objetivo de asegurar el cobro o el resarcimiento de una deuda:
Art. 104. Retener la tarjeta magnética de cuenta bancaria relativa a beneficios, haberes o pensión de la persona mayor, así como cualquier otro documento con el objetivo de asegurar el cobro o el resarcimiento de una deuda: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 6 (seis) meses a 2 (dos) años y multa.
Art. 105. Exhibir o difundir, por cualquier medio de comunicación, informaciones o imágenes despectivas o injuriosas a la persona del anciano:
Art. 105. Exhibir o difundir, por cualquier medio de comunicación, informaciones o imágenes despectivas o injuriosas a la persona mayor: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – detención de 1 (un) a 3 (tres) años y multa.
Art. 106. Inducir a una persona mayor sin discernimiento de sus actos a otorgar poder para fines de administración de bienes o para disponer libremente de ellos:
Pena – reclusión de 2 (dos) a 4 (cuatro) años.
Art. 107. Coaccionar, de cualquier modo, al anciano a donar, contratar, testar u otorgar poder:
Art. 107. Coaccionar, de cualquier modo, a la persona mayor a donar, contratar, testar u otorgar poder: (Redacción dada por la Ley nº 14.423, de 2022)
Pena – reclusión de 2 (dos) a 5 (cinco) años.
Art. 108. Extender acto notarial que involucre a una persona mayor sin discernimiento de sus actos, sin la debida representación legal:
Pena – reclusión de 2 (dos) a 4 (cuatro) años.

TÍTULO VII Disposiciones Finales y Transitorias

Art. 109. Impedir o entorpecer el acto del representante del Ministerio Público o de cualquier otro agente fiscalizador:
Pena – reclusión de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa.
Art. 110. El Decreto-Ley nº 2.848, de 7 de diciembre de 1940, Código Penal, pasa a regir con las siguientes modificaciones:
"Art. 61.............................................................................
............................................................................
II -............................................................................
............................................................................
h) contra niño, mayor de 60 (sesenta) años, enfermo o mujer embarazada;
............................................................................." (NR)
"Art. 121.............................................................................
............................................................................
§ 4o En el homicidio culposo, la pena se aumenta en 1/3 (un tercio) si el delito resulta de la inobservancia de regla técnica de profesión, arte u oficio, o si el agente deja de prestar socorro inmediato a la víctima, no procura disminuir las consecuencias de su acto, o huye para evitar la prisión en flagrante. Siendo doloso el homicidio, la pena se aumenta en 1/3 (un tercio) si el delito es practicado contra persona menor de 14 (catorce) o mayor de 60 (sesenta) años.
............................................................................." (NR)
"Art. 133.............................................................................
............................................................................
§ 3o............................................................................
............................................................................
III – si la víctima es mayor de 60 (sesenta) años." (NR)
"Art. 140.............................................................................
............................................................................
§ 3o Si la injuria consiste en la utilización de elementos referentes a raza, color, etnia, religión, origen o a la condición de persona mayor o portadora de discapacidad:
............................................................................ (NR)
"Art. 141.............................................................................
............................................................................
IV – contra persona mayor de 60 (sesenta) años o portadora de discapacidad, salvo en el caso de injuria.
............................................................................." (NR)
"Art. 148.............................................................................
............................................................................
§ 1o............................................................................
I – si la víctima es ascendiente, descendiente, cónyuge del agente o mayor de 60 (sesenta) años.
............................................................................" (NR)
"Art. 159............................................................................
............................................................................
§ 1o Si el secuestro dura más de 24 (veinticuatro) horas, si el secuestrado es menor de 18 (dieciocho) o mayor de 60 (sesenta) años, o si el delito es cometido por banda o cuadrilla.
............................................................................" (NR)
"Art. 183............................................................................
............................................................................
III – si el delito es practicado contra persona con edad igual o superior a 60 (sesenta) años." (NR)
"Art. 244. Dejar, sin justa causa, de proveer la subsistencia del cónyuge, o de hijo menor de 18 (dieciocho) años o inapto para el trabajo, o de ascendiente inválido o mayor de 60 (sesenta) años, no proporcionándoles los recursos necesarios o faltando al pago de pensión alimenticia judicialmente acordada, fijada o aumentada; dejar, sin justa causa, de socorrer a descendiente o ascendiente gravemente enfermo:
............................................................................" (NR)
Art. 111. El art. 21 del Decreto-Ley nº 3.688, de 3 de octubre de 1941, Ley de Contravenciones Penales, pasa a regir con el siguiente párrafo único añadido:
"Art. 21............................................................................
............................................................................
Párrafo único. Se aumenta la pena de 1/3 (un tercio) hasta la mitad si la víctima es mayor de 60 (sesenta) años." (NR)
Art. 112. El inciso II del § 4o del art. 1o de la Ley 9.455, de 7 de abril de 1997, pasa a regir con la siguiente redacción:
"Art. 1o............................................................................
............................................................................
§ 4o............................................................................
II – si el delito es cometido contra niño, gestante, persona con discapacidad, adolescente o mayor de 60 (sesenta) años;
............................................................................" (NR)
Art. 113. El inciso III del art. 18 de la Ley 6.368, de 21 de octubre de 1976, pasa a regir con la siguiente redacción:
"Art. 18............................................................................
............................................................................
III – si cualquiera de ellos resulta de asociación o tiene por objeto a menores de 21 (veintiún) años o a persona con edad igual o superior a 60 (sesenta) años o a quien tenga, por cualquier causa, disminuida o suprimida la capacidad de discernimiento o de autodeterminación:
............................................................................" (NR)
Art. 114. El art. 1º de la Ley 10.048, de 8 de noviembre de 2000, pasa a regir con la siguiente redacción:
"Art. 1o Las personas con discapacidad, los ancianos con edad igual o superior a 60 (sesenta) años, las gestantes, las lactantes y las personas acompañadas por niños de brazos tendrán atención prioritaria, en los términos de esta Ley." (NR)
Art. 115. El Presupuesto de la Seguridad Social destinará al Fondo Nacional de Asistencia Social, hasta que se cree el Fondo Nacional del Anciano, los recursos necesarios, en cada ejercicio financiero, para su aplicación en programas y acciones relativos al anciano.
Art. 115. El Presupuesto de la Seguridad Social destinará al Fondo Nacional de Asistencia Social, hasta que se cree el Fondo Nacional de la Persona Mayor, los recursos necesarios, en cada ejercicio financiero, para su aplicación en programas y acciones relativos a la persona mayor. (Redacción dada por la Ley 14.423, de 2022)
Art. 116. Se incluirán en los censos demográficos datos relativos a la población anciana del País.
Art. 117. El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional un proyecto de ley que revise los criterios de concesión del Benefício de Prestação Continuada previsto en la Ley Orgánica de la Asistencia Social, de manera que se garantice que el acceso al derecho sea acorde con la etapa de desarrollo socioeconómico alcanzada por el País.
Art. 118. Esta Ley entra en vigor transcurridos 90 (noventa) días desde su publicación, salvo lo dispuesto en el caput del art. 36, que regirá a partir del 1o de enero de 2004.
Brasília, 1o de octubre de 2003; 182o de la Independencia y 115o de la República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Antonio Palocci Filho
Rubem Fonseca Filho
Humberto Sérgio Costa LIma
Guido Mantega
Ricardo José Ribeiro Berzoini
Benedita Souza da Silva Sampaio
Álvaro Augusto Ribeiro Costa
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 3.10.2003
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