Instituye el Estatuto de la Igualdad Racial; modifica las Leyes 7.716, de 5 de enero de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julio de 1985, y 10.778, de 24 de noviembre de 2003.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Ley instituye el Estatuto de la Igualdad Racial, destinado a garantizar a la población negra la efectivización de la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos étnicos individuales, colectivos y difusos y el combate a la discriminación y a las demás formas de intolerancia étnica.
Párrafo único. Para los efectos de este Estatuto, se considera:
I - discriminación racial o étnico-racial: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de derechos humanos y libertades fundamentales en los campos político, económico, social, cultural o en cualquier otro campo de la vida pública o privada;
II - desigualdad racial: toda situación injustificada de diferenciación de acceso y disfrute de bienes, servicios y oportunidades, en las esferas pública y privada, en razón de raza, color, descendencia u origen nacional o étnico;
III - desigualdad de género y raza: asimetría existente en el ámbito de la sociedad que acentúa la distancia social entre las mujeres negras y los demás segmentos sociales;
IV - población negra: el conjunto de personas que se autodeclaran negras (pretas) y pardas, conforme al criterio de color o raza utilizado por la Fundación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), o que adoptan una autodefinición análoga;
V - políticas públicas: las acciones, iniciativas y programas adoptados por el Estado en el cumplimiento de sus atribuciones institucionales;
VI - acciones afirmativas: los programas y medidas especiales adoptados por el Estado y por la iniciativa privada para la corrección de las desigualdades raciales y para la promoción de la igualdad de oportunidades.
Art. 2o Es deber del Estado y de la sociedad garantizar la igualdad de oportunidades, reconociendo a todo ciudadano brasileño, independientemente de la etnia o del color de la piel, el derecho a la participación en la comunidad, especialmente en las actividades políticas, económicas, empresariales, educativas, culturales y deportivas, defendiendo su dignidad y sus valores religiosos y culturales.
Art. 3o Además de las normas constitucionales relativas a los principios fundamentales, a los derechos y garantías fundamentales y a los derechos sociales, económicos y culturales, el Estatuto de la Igualdad Racial adopta como directriz político-jurídica la inclusión de las víctimas de desigualdad étnico-racial, la valorización de la igualdad étnica y el fortalecimiento de la identidad nacional brasileña.
Art. 4o La participación de la población negra, en condición de igualdad de oportunidades, en la vida económica, social, política y cultural del País será promovida, prioritariamente, por medio de:
I - inclusión en las políticas públicas de desarrollo económico y social;
II - adopción de medidas, programas y políticas de acción afirmativa;
III - modificación de las estructuras institucionales del Estado para el adecuado enfrentamiento y la superación de las desigualdades étnicas derivadas del prejuicio y de la discriminación étnica;
IV - promoción de ajustes normativos para perfeccionar el combate a la discriminación étnica y a las desigualdades étnicas en todas sus manifestaciones individuales, institucionales y estructurales;
V - eliminación de los obstáculos históricos, socioculturales e institucionales que impiden la representación de la diversidad étnica en las esferas pública y privada;
VI - estímulo, apoyo y fortalecimiento de iniciativas provenientes de la sociedad civil dirigidas a la promoción de la igualdad de oportunidades y al combate a las desigualdades étnicas, inclusive mediante la implementación de incentivos y criterios de condicionamiento y prioridad en el acceso a los recursos públicos;
VII - implementación de programas de acción afirmativa destinados al enfrentamiento de las desigualdades étnicas en lo que respecta a educación, cultura, deporte y ocio, salud, seguridad, trabajo, vivienda, medios de comunicación de masas, financiamientos públicos, acceso a la tierra, a la Justicia, y otros.
Párrafo único. Los programas de acción afirmativa se constituirán en políticas públicas destinadas a reparar las distorsiones y desigualdades sociales y demás prácticas discriminatorias adoptadas, en las esferas pública y privada, durante el proceso de formación social del País.
Art. 5o Para la consecución de los objetivos de esta Ley, se instituye el Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (Sinapir), conforme a lo establecido en el Título III.
TÍTULO II — DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
CAPÍTULO I — DEL DERECHO A LA SALUD
Art. 6o El derecho a la salud de la población negra será garantizado por el poder público mediante políticas universales, sociales y económicas destinadas a la reducción del riesgo de enfermedades y de otros agravios.
§ 1o El acceso universal e igualitario al Sistema Único de Salud (SUS) para la promoción, protección y recuperación de la salud de la población negra será responsabilidad de los órganos e instituciones públicas federales, estatales, distritales y municipales, de la administración directa e indirecta.
§ 2o El poder público garantizará que el segmento de la población negra vinculado a los seguros privados de salud sea tratado sin discriminación.
Art. 7o El conjunto de acciones de salud dirigidas a la población negra constituye la Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra, organizada de acuerdo con las directrices especificadas a continuación:
I - ampliación y fortalecimiento de la participación de liderazgos de los movimientos sociales en defensa de la salud de la población negra en las instancias de participación y control social del SUS;
II - producción de conocimiento científico y tecnológico en salud de la población negra;
III - desarrollo de procesos de información, comunicación y educación para contribuir a la reducción de las vulnerabilidades de la población negra.
Art. 8o Constituyen objetivos de la Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra:
I - la promoción de la salud integral de la población negra, priorizando la reducción de las desigualdades étnicas y el combate a la discriminación en las instituciones y servicios del SUS;
II - la mejora de la calidad de los sistemas de información del SUS en lo que respecta a la recolección, al procesamiento y al análisis de los datos desagregados por color, etnia y género;
III - el fomento a la realización de estudios e investigaciones sobre racismo y salud de la población negra;
IV - la inclusión del contenido de la salud de la población negra en los procesos de formación y educación permanente de los trabajadores de la salud;
V - la inclusión de la temática salud de la población negra en los procesos de formación política de los liderazgos de movimientos sociales para el ejercicio de la participación y control social en el SUS.
Párrafo único. Los habitantes de las comunidades de remanentes de quilombos serán beneficiarios de incentivos específicos para la garantía del derecho a la salud, incluyendo mejoras en las condiciones ambientales, en el saneamiento básico, en la seguridad alimentaria y nutricional y en la atención integral a la salud.
CAPÍTULO II — DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA CULTURA, AL DEPORTE Y AL OCIO
Sección I
Disposiciones Generales
Art. 9o La población negra tiene derecho a participar en actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio adecuadas a sus intereses y condiciones, de modo que contribuya al patrimonio cultural de su comunidad y de la sociedad brasileña.
Art. 10. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9o, los gobiernos federal, estatales, distrital y municipales adoptarán las siguientes providencias:
I - promoción de acciones para viabilizar y ampliar el acceso de la población negra a la enseñanza gratuita y a las actividades deportivas y de ocio;
II - apoyo a la iniciativa de entidades que mantengan espacio para la promoción social y cultural de la población negra;
III - desarrollo de campañas educativas, inclusive en las escuelas, para que la solidaridad con los miembros de la población negra forme parte de la cultura de toda la sociedad;
IV - implementación de políticas públicas para el fortalecimiento de la juventud negra brasileña.
Sección II — De la Educación
Art. 11. En los establecimientos de enseñanza fundamental y de enseñanza media, públicos y privados, es obligatorio el estudio de la historia general de África y de la historia de la población negra en Brasil, observado lo dispuesto en la Ley 9.394, de 20 de diciembre de 1996.
§ 1o Los contenidos referentes a la historia de la población negra en Brasil serán impartidos en el ámbito de todo el currículo escolar, rescatando su contribución decisiva para el desarrollo social, económico, político y cultural del País.
§ 2o El órgano competente del Poder Ejecutivo fomentará la formación inicial y continua de profesores y la elaboración de material didáctico específico para el cumplimiento de lo dispuesto en el caput de este artículo.
§ 3o En las fechas conmemorativas de carácter cívico, los órganos responsables de la educación incentivarán la participación de intelectuales y representantes del movimiento negro para debatir con los estudiantes sus vivencias relativas al tema que se conmemora.
Art. 12. Los órganos federales, distritales y estatales de fomento a la investigación y al posgrado podrán crear incentivos para investigaciones y programas de estudio dirigidos a temas referentes a las relaciones étnicas, a los quilombos y a las cuestiones pertinentes a la población negra.
Art. 13. El Poder Ejecutivo federal, por medio de los órganos competentes, incentivará a las instituciones de enseñanza superior públicas y privadas, sin perjuicio de la legislación vigente, a:
I - resguardar los principios de la ética en la investigación y apoyar grupos, núcleos y centros de investigación, en los diversos programas de posgrado que desarrollen temáticas de interés de la población negra;
II - incorporar en las matrices curriculares de los cursos de formación de profesores temas que incluyan valores concernientes a la pluralidad étnica y cultural de la sociedad brasileña;
III - desarrollar programas de extensión universitaria destinados a acercar a jóvenes negros a tecnologías avanzadas, asegurado el principio de la proporcionalidad de género entre los beneficiarios;
IV - establecer programas de cooperación técnica, en los establecimientos de enseñanza públicos, privados y comunitarios, con las escuelas de educación infantil, enseñanza fundamental, enseñanza media y enseñanza técnica, para la formación docente basada en principios de equidad, de tolerancia y de respeto a las diferencias étnicas.
Art. 14. El poder público estimulará y apoyará acciones socioeducativas realizadas por entidades del movimiento negro que desarrollen actividades dirigidas a la inclusión social, mediante cooperación técnica, intercambios, convenios e incentivos, entre otros mecanismos.
Art. 15. El poder público adoptará programas de acción afirmativa.
Art. 16. El Poder Ejecutivo federal, por medio de los órganos responsables de las políticas de promoción de la igualdad y de educación, acompañará y evaluará los programas a que se refiere esta Sección.
Sección III — De la Cultura
Art. 17. El poder público garantizará el reconocimiento de las sociedades negras, clubes y otras formas de manifestación colectiva de la población negra, con trayectoria histórica comprobada, como patrimonio histórico y cultural, en los términos de los arts. 215 y 216 de la Constitución Federal.
Art. 18. Se asegura a los remanentes de las comunidades de los quilombos el derecho a la preservación de sus usos, costumbres, tradiciones y manifestaciones religiosas, bajo la protección del Estado.
Párrafo único. La preservación de los documentos y de los sitios que conservan reminiscencias históricas de los antiguos quilombos, declarados patrimonio histórico en los términos del § 5o del art. 216 de la Constitución Federal, recibirá especial atención del poder público.
Art. 19. El poder público incentivará la celebración de las personalidades y de las fechas conmemorativas relacionadas con la trayectoria del samba y de otras manifestaciones culturales de matriz africana, así como su conmemoración en las instituciones de enseñanza públicas y privadas.
Art. 20. El poder público garantizará el registro y la protección de la capoeira, en todas sus modalidades, como bien de naturaleza inmaterial y de formación de la identidad cultural brasileña, en los términos del art. 216 de la Constitución Federal.
Párrafo único. El poder público procurará garantizar, por medio de los actos normativos necesarios, la preservación de los elementos formadores tradicionales de la capoeira en sus relaciones internacionales.
Sección IV — Del Deporte y el Ocio
Art. 21. El poder público fomentará el pleno acceso de la población negra a las prácticas deportivas, consolidando el deporte y el ocio como derechos sociales.
Art. 22. La capoeira es reconocida como deporte de creación nacional, en los términos del art. 217 de la Constitución Federal.
§ 1o La actividad de capoeirista será reconocida en todas las modalidades en que la capoeira se manifiesta, sea como deporte, lucha, danza o música, siendo libre el ejercicio en todo el territorio nacional.
§ 2o Se faculta la enseñanza de la capoeira en las instituciones públicas y privadas por los capoeiristas y maestros tradicionales, pública y formalmente reconocidos.
CAPÍTULO III — DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE CREENCIA Y AL LIBRE EJERCICIO DE LOS CULTOS
Art. 23. Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, siendo asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la forma de la ley, la protección a los lugares de culto y a sus liturgias.
Art. 24. El derecho a la libertad de conciencia y de creencia y al libre ejercicio de los cultos religiosos de matriz africana comprende:
I - la práctica de cultos, la celebración de reuniones relacionadas con la religiosidad y la fundación y el mantenimiento, por iniciativa privada, de lugares reservados para tales fines;
II - la celebración de festividades y ceremonias de acuerdo con los preceptos de las respectivas religiones;
III - la fundación y el mantenimiento, por iniciativa privada, de instituciones benéficas vinculadas a las respectivas convicciones religiosas;
IV - la producción, la comercialización, la adquisición y el uso de artículos y materiales religiosos adecuados a las costumbres y a las prácticas fundadas en la respectiva religiosidad, salvo las conductas prohibidas por legislación específica;
V - la producción y la divulgación de publicaciones relacionadas con el ejercicio y la difusión de las religiones de matriz africana;
VI - la recaudación de contribuciones financieras de personas naturales y jurídicas de naturaleza privada para el mantenimiento de las actividades religiosas y sociales de las respectivas religiones;
VII - el acceso a los órganos y a los medios de comunicación para la divulgación de las respectivas religiones;
VIII - la comunicación al Ministerio Público para la apertura de acción penal ante actitudes y prácticas de intolerancia religiosa en los medios de comunicación y en cualesquiera otros lugares.
Art. 25. Se asegura la asistencia religiosa a los practicantes de religiones de matrices africanas internados en hospitales o en otras instituciones de internación colectiva, inclusive a aquellos sometidos a pena privativa de libertad.
Art. 26. El poder público adoptará las medidas necesarias para combatir la intolerancia hacia las religiones de matrices africanas y la discriminación de sus seguidores, especialmente con el objetivo de:
I - impedir la utilización de los medios de comunicación social para la difusión de proposiciones, imágenes o enfoques que expongan a una persona o grupo al odio o al desprecio por motivos fundados en la religiosidad de matrices africanas;
II - inventariar, restaurar y proteger los documentos, obras y otros bienes de valor artístico y cultural, los monumentos, manantiales, flora y sitios arqueológicos vinculados a las religiones de matrices africanas;
III - asegurar la participación proporcional de representantes de las religiones de matrices africanas, junto a la representación de las demás religiones, en comisiones, consejos, órganos y otras instancias de deliberación vinculadas al poder público.
CAPÍTULO IV — DEL ACCESO A LA TIERRA Y A LA VIVIENDA ADECUADA
Sección I — Del Acceso a la Tierra
Art. 27. El poder público elaborará e implementará políticas públicas capaces de promover el acceso de la población negra a la tierra y a las actividades productivas en el campo.
Art. 28. Para incentivar el desarrollo de las actividades productivas de la población negra en el campo, el poder público promoverá acciones para viabilizar y ampliar su acceso a la financiación agrícola.
Art. 29. Se asegurarán a la población negra la asistencia técnica rural, la simplificación del acceso al crédito agrícola y el fortalecimiento de la infraestructura de logística para la comercialización de la producción.
Art. 30. El poder público promoverá la educación y la orientación profesional agrícola para los trabajadores negros y las comunidades negras rurales.
Art. 31. A los remanentes de las comunidades de los quilombos que estén ocupando sus tierras se les reconoce la propiedad definitiva, debiendo el Estado emitirles los títulos respectivos.
Art. 32. El Poder Ejecutivo federal elaborará y desarrollará políticas públicas especiales dirigidas al desarrollo sostenible de los remanentes de las comunidades de los quilombos, respetando las tradiciones de protección ambiental de las comunidades.
Art. 33. A los fines de la política agrícola, los remanentes de las comunidades de los quilombos recibirán de los órganos competentes trato especial diferenciado, asistencia técnica y líneas especiales de financiación pública, destinados a la realización de sus actividades productivas y de infraestructura.
Art. 34. Los remanentes de las comunidades de los quilombos se beneficiarán de todas las iniciativas previstas en esta y en otras leyes para la promoción de la igualdad étnica.
Sección II — De la Vivienda
Art. 35. El poder público garantizará la implementación de políticas públicas para asegurar el derecho a la vivienda adecuada de la población negra que vive en favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas o en proceso de degradación, a fin de reintegrarlas a la dinámica urbana y promover mejoras en el ambiente y en la calidad de vida.
Párrafo único. El derecho a la vivienda adecuada, para los efectos de esta Ley, incluye no solo la provisión habitacional, sino también la garantía de la infraestructura urbana y de los equipamientos comunitarios asociados a la función habitacional, así como la asistencia técnica y jurídica para la construcción, la reforma o la regularización fundiaria de la vivienda en área urbana.
Art. 36. Los programas, proyectos y otras acciones gubernamentales realizadas en el ámbito del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (SNHIS), regulado por la Ley nº 11.124, de 16 de junio de 2005, deben considerar las peculiaridades sociales, económicas y culturales de la población negra.
Párrafo único. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios estimularán y facilitarán la participación de organizaciones y movimientos representativos de la población negra en la composición de los consejos constituidos a los fines de la aplicación del Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social (FNHIS).
Art. 37. Los agentes financieros, públicos o privados, promoverán acciones para viabilizar el acceso de la población negra a las financiaciones habitacionales.
CAPÍTULO V — DEL TRABAJO
Art. 38. La implementación de políticas dirigidas a la inclusión de la población negra en el mercado de trabajo será responsabilidad del poder público, observándose:
I - lo instituido en este Estatuto;
II - los compromisos asumidos por Brasil al ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965;
III - los compromisos asumidos por Brasil al ratificar el Convenio nº 111, de 1958, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata de la discriminación en el empleo y en la profesión;
IV - los demás compromisos formalmente asumidos por Brasil ante la comunidad internacional.
Art. 39. El poder público promoverá acciones que aseguren la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo para la población negra, inclusive mediante la implementación de medidas orientadas a la promoción de la igualdad en las contrataciones del sector público y el incentivo a la adopción de medidas similares en las empresas y organizaciones privadas.
§ 1o La igualdad de oportunidades se logrará mediante la adopción de políticas y programas de formación profesional, de empleo y de generación de ingresos dirigidos a la población negra.
§ 2o Las acciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades en la esfera de la administración pública se realizarán por medio de normas establecidas o por establecerse en legislación específica y en sus reglamentos.
§ 3o El poder público estimulará, por medio de incentivos, la adopción de iguales medidas por el sector privado.
§ 4o Las acciones a que se refiere el caput de este artículo asegurarán el principio de la proporcionalidad de género entre los beneficiarios.
§ 5o Se asegurará el acceso al crédito para la pequeña producción, en los medios rural y urbano, con acciones afirmativas para mujeres negras.
§ 6o El poder público promoverá campañas de sensibilización contra la marginación de la mujer negra en el trabajo artístico y cultural.
§ 7o El poder público promoverá acciones con el objetivo de elevar la escolaridad y la calificación profesional en los sectores de la economía que cuenten con un alto índice de ocupación por trabajadores negros de baja escolarización.
§ 8º Los registros administrativos dirigidos a órganos y entidades de la Administración Pública, a empleadores privados y a trabajadores que les estén subordinados contendrán campos destinados a identificar el segmento étnico y racial al que pertenece el trabajador retratado en el respectivo documento, con utilización del criterio de la autoclasificación en grupos previamente delimitados. (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
§ 9º Sin perjuicio de la extensión obligatoria a otros documentos o registros de la misma naturaleza identificados en reglamento, se aplica lo dispuesto en el § 8º de este artículo a: (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
I - formularios de admisión y despido en el empleo; (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
II - formularios de accidente de trabajo; (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
III - instrumentos de registro del Sistema Nacional de Empleo (Sine), o de estructura que llegue a sucederle en sus finalidades; (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
IV - Relación Anual de Informaciones Sociales (Rais), u otro documento creado posteriormente con contenido y propósitos semejantes a los de ella; (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
V - documentos, inclusive los puestos a disposición por medio electrónico, destinados a la inscripción de asegurados y dependientes en el Régimen General de Previsión Social; (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
VI - cuestionarios de encuestas realizadas por la Fundación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), o por órgano o entidad posteriormente encargada de las atribuciones imputadas a esa autarquía. (Incluido por la Ley nº 14.553, de 2023)
Art. 40. El Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador (Codefat) formulará políticas, programas y proyectos dirigidos a la inclusión de la población negra en el mercado de trabajo y orientará la destinación de recursos para su financiación.
Art. 41. Las acciones de empleo e ingresos, promovidas por medio de financiación para la constitución y ampliación de pequeñas y medianas empresas y de programas de generación de ingresos, contemplarán el estímulo a la promoción de empresarios negros.
Párrafo único. El poder público estimulará las actividades dirigidas al turismo étnico con enfoque en los lugares, monumentos y ciudades que retraten la cultura, los usos y las costumbres de la población negra.
Art. 42. El Poder Ejecutivo federal podrá implementar criterios para la provisión de cargos en comisión y funciones de confianza destinados a ampliar la participación de negros, procurando reproducir la estructura de la distribución étnica nacional o, cuando sea el caso, estadual, observados los datos demográficos oficiales.
CAPÍTULO VI — DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Art. 43. La producción difundida por los órganos de comunicación valorizará la herencia cultural y la participación de la población negra en la historia del País.
Art. 44. En la producción de películas y programas destinados a su difusión por las emisoras de televisión y en salas cinematográficas, deberá adoptarse la práctica de conferir oportunidades de empleo a actores, figurantes y técnicos negros, quedando prohibida toda y cualquier discriminación de naturaleza política, ideológica, étnica o artística.
Párrafo único. La exigencia dispuesta en el caput no se aplica a las películas y programas que aborden especificidades de determinados grupos étnicos.
Art. 45. Lo dispuesto en el art. 44 se aplica a la producción de piezas publicitarias destinadas a su difusión por las emisoras de televisión y en salas cinematográficas.
Art. 46. Los órganos y entidades de la administración pública federal directa, autárquica o fundacional, las empresas públicas y las sociedades de economía mixta federales deberán incluir cláusulas de participación de artistas negros en los contratos de realización de películas, programas o cualesquiera otras piezas de carácter publicitario.
§ 1o Los órganos y entidades de que trata este artículo incluirán, en las especificaciones para la contratación de servicios de consultoría, conceptualización, producción y realización de películas, programas o piezas publicitarias, la obligatoriedad de la práctica de iguales oportunidades de empleo para las personas relacionadas con el proyecto o servicio contratado.
§ 2o Se entiende por práctica de iguales oportunidades de empleo el conjunto de medidas sistemáticas ejecutadas con la finalidad de garantizar la diversidad étnica, de sexo y de edad en el equipo vinculado al proyecto o servicio contratado.
§ 3o La autoridad contratante podrá, si lo considera necesario para garantizar la práctica de iguales oportunidades de empleo, requerir una auditoría por parte de un órgano del poder público federal.
§ 4o La exigencia dispuesta en el caput no se aplica a las producciones publicitarias cuando aborden especificidades de determinados grupos étnicos.
TÍTULO III — Del SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD RACIAL
(SINAPIR)
CAPÍTULO I — DISPOSICIÓN PRELIMINAR
Art. 47. Se instituye el Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (Sinapir) como forma de organización y de articulación orientadas a la implementación del conjunto de políticas y servicios destinados a superar las desigualdades étnicas existentes en el País, prestados por el poder público federal.
§ 1o Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán participar en el Sinapir mediante adhesión.
§ 2o El poder público federal incentivará a la sociedad y a la iniciativa privada a participar en el Sinapir.
CAPÍTULO II — DE LOS OBJETIVOS
Art. 48. Son objetivos del Sinapir:
I - promover la igualdad étnica y el combate a las desigualdades sociales resultantes del racismo, inclusive mediante la adopción de acciones afirmativas;
II - formular políticas destinadas a combatir los factores de marginación y a promover la integración social de la población negra;
III - descentralizar la implementación de acciones afirmativas por los gobiernos estatales, distrital y municipales;
IV - articular planes, acciones y mecanismos orientados a la promoción de la igualdad étnica;
V - garantizar la eficacia de los medios e instrumentos creados para la implementación de las acciones afirmativas y el cumplimiento de las metas que se establezcan.
CAPÍTULO III — DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA
Art. 49. El Poder Ejecutivo federal elaborará un plan nacional de promoción de la igualdad racial que contenga las metas, principios y directrices para la implementación de la Política Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (PNPIR).
§ 1o La elaboración, implementación, coordinación, evaluación y seguimiento de la PNPIR, así como la organización, articulación y coordinación del Sinapir, serán efectuadas por el órgano responsable de la política de promoción de la igualdad étnica en el ámbito nacional. (Véase la Ley 12.990, de 2014)
§ 2o Se autoriza al Poder Ejecutivo federal a instituir un foro intergubernamental de promoción de la igualdad étnica, que será coordinado por el órgano responsable de las políticas de promoción de la igualdad étnica, con el objetivo de implementar estrategias que busquen la incorporación de la política nacional de promoción de la igualdad étnica en las acciones gubernamentales de los Estados y Municipios.
§ 3o Las directrices de las políticas nacional y regional de promoción de la igualdad étnica serán elaboradas por un órgano colegiado que asegure la participación de la sociedad civil.
§ 4º La Fundación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) realizará, cada 5 (cinco) años, una investigación destinada a identificar el porcentaje de ocupación por parte de segmentos étnicos y raciales en el ámbito del sector público, a fin de obtener insumos orientados a la implementación de la PNPIR. (Incluido por la Ley 14.553, de 2023)
Art. 50. Los Poderes Ejecutivos estatales, distrital y municipales, en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, podrán instituir consejos de promoción de la igualdad étnica, de carácter permanente y consultivo, compuestos por igual número de representantes de órganos y entidades públicas y de organizaciones de la sociedad civil representativas de la población negra.
Párrafo único. El Poder Ejecutivo dará prioridad a la transferencia de los recursos referentes a los programas y actividades previstos en esta Ley a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios que hayan creado consejos de promoción de la igualdad étnica.
CAPÍTULO IV — De las Ouvidorías Permanentes Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD
Art. 51. El poder público federal instituirá, en la forma de la ley y en el ámbito de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, Ouvidorías Permanentes en Defensa de la Igualdad Racial, para recibir y encaminar denuncias de prejuicio y discriminación con base en la etnia o el color y dar seguimiento a la implementación de medidas para la promoción de la igualdad.
Art. 52. Se asegura a las víctimas de discriminación étnica el acceso a los órganos de Ouvidoría Permanente, a la Defensoría Pública, al Ministerio Público y al Poder Judicial, en todas sus instancias, para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Párrafo único. El Estado asegurará atención a las mujeres negras en situación de violencia, garantizando la asistencia física, psíquica, social y jurídica.
Art. 53. El Estado adoptará medidas especiales para reprimir la violencia policial que recaiga sobre la población negra.
Párrafo único. El Estado implementará acciones de resocialización y protección de la juventud negra en conflicto con la ley y expuesta a experiencias de exclusión social.
Art. 54. El Estado adoptará medidas para reprimir los actos de discriminación y prejuicio practicados por servidores públicos en detrimento de la población negra, observado, en lo que corresponda, lo dispuesto en la Ley 7.716, de 5 de enero de 1989.
Art. 55. Para la apreciación judicial de las lesiones y amenazas de lesión a los intereses de la población negra derivadas de situaciones de desigualdad étnica, se recurrirá, entre otros instrumentos, a la acción civil pública, regulada en la Ley 7.347, de 24 de julio de 1985.
CAPÍTULO V — DE LA FINANCIACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD RACIAL
Art. 56. En la implementación de los programas y acciones contenidos en los planes plurianuales y en los presupuestos anuales de la Unión, deberán observarse las políticas de acción afirmativa a que se refiere el inciso VII del art. 4o de esta Ley y otras políticas públicas que tengan como objetivo promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social de la población negra, especialmente en lo que se refiere a:
I - promoción de la igualdad de oportunidades en educación, empleo y vivienda;
II - financiación de investigaciones, en las áreas de educación, salud y empleo, orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población negra;
III - incentivo a la creación de programas y medios de comunicación destinados a la divulgación de materias relacionadas con los intereses de la población negra;
IV - incentivo a la creación y al mantenimiento de microempresas administradas por personas autodeclaradas negras;
V - iniciativas que incrementen el acceso y la permanencia de las personas negras en la educación fundamental, media, técnica y superior;
VI - apoyo a programas y proyectos de los gobiernos estatales, distrital y municipales y de entidades de la sociedad civil orientados a la promoción de la igualdad de oportunidades para la población negra;
VII - apoyo a iniciativas en defensa de la cultura, la memoria y las tradiciones africanas y brasileñas.
§ 1o Se autoriza al Poder Ejecutivo federal a adoptar medidas que garanticen, en cada ejercicio, la transparencia en la asignación y en la ejecución de los recursos necesarios para la financiación de las acciones previstas en este Estatuto, explicitando, entre otros, la proporción de los recursos presupuestarios destinados a los programas de promoción de la igualdad, especialmente en las áreas de educación, salud, empleo e ingresos, desarrollo agrario, vivienda popular, desarrollo regional, cultura, deporte y ocio.
§ 2o Durante los primeros 5 (cinco) años, contados a partir del ejercicio siguiente a la publicación de este Estatuto, los órganos del Poder Ejecutivo federal que desarrollan políticas y programas en las áreas referidas en el § 1o de este artículo discriminarán en sus presupuestos anuales la participación en los programas de acción afirmativa referidos en el inciso VII del art. 4o de esta Ley.
§ 3o Se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para la adecuada implementación de lo dispuesto en este artículo, pudiendo establecer niveles de participación creciente de los programas de acción afirmativa en los presupuestos anuales a que se refiere el § 2o de este artículo.
§ 4o El órgano colegiado del Poder Ejecutivo federal responsable de la promoción de la igualdad racial acompañará y evaluará la programación de las acciones referidas en este artículo en las propuestas presupuestarias de la Unión.
Art. 57. Sin perjuicio de la asignación de recursos ordinarios, podrán consignarse en los presupuestos fiscal y de la seguridad social, para la financiación de las acciones de que trata el art. 56:
I - transferencias voluntarias de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;
II - donaciones voluntarias de particulares;
III - donaciones de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales;
IV - donaciones voluntarias de fondos nacionales o internacionales;
V - donaciones de Estados extranjeros, por medio de convenios, tratados y acuerdos internacionales.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Art. 58. Las medidas instituidas en esta Ley no excluyen otras en favor de la población negra que hayan sido o vengan a ser adoptadas en el ámbito de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios.
Art. 59. El Poder Ejecutivo federal creará instrumentos para evaluar la eficacia social de las medidas previstas en esta Ley y efectuará su monitoreo constante, con la emisión y la divulgación de informes periódicos, inclusive por la red mundial de computadoras.
Art. 60. Los arts. 3o y 4o de la Ley 7.716, de 1989, pasan a regir con la siguiente redacción:
“Art. 3o........................................................................
Párrafo único. Incurre en la misma pena quien, por motivo de discriminación de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional, obstaculice la promoción funcional.” (NR)
“Art. 4o........................................................................
§ 1º Incurre en la misma pena quien, por motivo de discriminación de raza o de color o por prácticas resultantes del prejuicio de descendencia u origen nacional o étnico:
I - deje de conceder los equipos necesarios al empleado en igualdad de condiciones con los demás trabajadores;
II - impida el ascenso funcional del empleado u obstaculice otra forma de beneficio profesional;
III - proporcione al empleado un trato diferenciado en el ambiente de trabajo, especialmente en cuanto al salario.
§ 2o Quedará sujeto a las penas de multa y de prestación de servicios a la comunidad, incluyendo actividades de promoción de la igualdad racial, quien, en anuncios o en cualquier otra forma de reclutamiento de trabajadores, exija aspectos de apariencia propios de una raza o etnia para un empleo cuyas actividades no justifiquen tales exigencias.” (NR)
Art. 61. Los arts. 3o y 4o de la Ley 9.029, de 13 de abril de 1995, pasan a regir con la siguiente redacción:
“Art. 3o Sin perjuicio de lo prescrito en el art. 2o y en las disposiciones legales que tipifican los delitos resultantes de prejuicio de etnia, raza o color, las infracciones a lo dispuesto en esta Ley son pasibles de las siguientes sanciones:
...................................................................................” (NR)
“Art. 4o La ruptura de la relación de trabajo por acto discriminatorio, en los términos de esta Ley, además del derecho a la reparación por el daño moral, faculta al empleado a optar entre:
...................................................................................” (NR)
Art. 62. El art. 13 de la Ley nº 7.347, de 1985, pasa a regir con el siguiente § 2o añadido, renumerándose el actual párrafo único como § 1o:
“Art. 13.........................................................................
§ 1o...............................................................................
§ 2º En caso de acuerdo o condena fundamentada en daño causado por acto de discriminación étnica en los términos de lo dispuesto en el art. 1o de esta Ley, la prestación en dinero revertirá directamente al fondo a que se refiere el caput y será utilizada para acciones de promoción de la igualdad étnica, conforme a la definición del Consejo Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, en la hipótesis de alcance nacional, o de los Consejos de Promoción de la Igualdad Racial estatales o locales, en las hipótesis de daños de alcance regional o local, respectivamente.” (NR)
Art. 63. El § 1o del art. 1o de la Ley nº 10.778, de 24 de noviembre de 2003, pasa a regir con la siguiente redacción:
“Art. 1o.......................................................................
§ 1º Para los efectos de esta Ley, se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en el género, incluso derivada de discriminación o desigualdad étnica, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
...................................................................................” (NR)
Art. 64. El § 3o del art. 20 de la Ley nº 7.716, de 1989, pasa a regir con el siguiente inciso III añadido:
“Art. 20.......................................................................
.............................................................................................
§ 3o...............................................................................
.............................................................................................
III - la interdicción de los respectivos mensajes o páginas de información en la red mundial de computadoras.
...................................................................................” (NR)
Art. 65. Esta Ley entra en vigor 90 (noventa) días después de la fecha de su publicación.
Brasilia, 20 de julio de 2010; 189o de la Independencia y 122o de la República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Eloi Ferreira de Araújo
Este texto no sustituye al publicado en el DOU de 21.7.2010
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