El rechazo, por parte del pleno del Senado, de la candidatura presidencial para una vacante en la Corte Suprema reabrió el debate sobre los límites entre el juicio político y la evaluación técnica. Un pronunciamiento público de un jurista de gran estatura institucional calificó la decisión como un error grave, motivado por razones ajenas a los méritos del candidato.
La Primera Sección del Superior Tribunal de Justicia decidió por unanimidad que corresponde a la Justicia Federal juzgar las acciones entre particulares sobre la posesión de inmuebles ubicados en tierras tradicionalmente ocupadas por remanentes de comunidades quilombolas.
El Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó por unanimidad el juicio sobre la adquisición de inmuebles rurales por empresas brasileñas controladas por capital extranjero y reconoció la validez de las restricciones previstas en la Ley 5.709/1971.
El proceso legislativo es el camino que recorre un proyecto hasta convertirse en ley en Brasil. Conocer sus etapas ayuda a entender por qué algunas propuestas avanzan con rapidez y otras tardan años en el Congreso Nacional.
El derecho de reunión es uno de los pilares de la democracia brasileña y permite que las personas se manifiesten pacíficamente en espacios públicos. La Constitución protege este derecho, pero también establece límites razonables para su ejercicio.
Cuando el Estado causa un daño a una persona, ya sea por acción u omisión de sus agentes, nace para el Poder Público el deber de indemnizar. La Constitución adoptó la responsabilidad objetiva para garantizar a la víctima una reparación adecuada.
Los procesos estructurales dejaron de ser una categoría doctrinal de uso restringido a especialistas para ocupar el centro de la agenda normativa brasileña. En el año 2025, cuatro hitos institucionales convergieron para consolidar este movimiento: el PL 3/2025, presentado al Senado el 31 de enero; la Recomendación 163, del 16 de junio, del Consejo Nacional de Justicia; la Recomendación de Carácter General 5/CN, del 6 de agosto, de la Corregiduría Nacional del Ministerio Público; y la Ordenanza Normativa AGU 194, del 10 de septiembre, que regula la actuación de las áreas consultiva y contenciosa de la Abogacía General de la Unión en estos litigios.
Brasil es una República Federativa formada por la unión indisoluble de la Unión, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Comprender esta estructura es esencial para saber quién responde por los servicios públicos que afectan la vida cotidiana.
La inteligencia artificial avanza sobre decisiones que afectan directamente la vida de las personas, y la Constitución Federal impone límites claros que los algoritmos no pueden ignorar.
El principio de legalidad es una de las piedras angulares del Estado Democrático de Derecho y limita tanto el poder estatal como las relaciones entre particulares, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica.
Los sistemas de scoring social ya evalúan a millones de brasileños en decisiones de crédito, empleo y servicios públicos, pero la regulación de esta práctica aún está dando sus primeros pasos en el país.
Más de 155 millones de brasileños acudirán a las urnas en 2026 para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados, con la primera vuelta fijada para el 4 de octubre.
Los derechos políticos garantizan la participación del ciudadano en la vida pública, ya sea votando o postulándose a cargos de elección popular. Conocer las reglas sobre elegibilidad e inelegibilidad evita sorpresas en el momento de presentar la candidatura.
Las interfaces cerebro-computadora avanzan con rapidez, y el Derecho necesita acompañar esa evolución para proteger la privacidad mental, la identidad cognitiva y la libertad de pensamiento de los ciudadanos.
La nacionalidad brasileña es el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado. Se adquiere de forma originaria, por el nacimiento, o de forma derivada, por la naturalización, y define derechos y deberes esenciales frente al país.
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