La *autotutela administrativa* es el poder que tiene la Administración Pública de revisar sus propios actos, pudiendo anularlos cuando son ilegales o revocarlos por razones de conveniencia y oportunidad. Este principio garantiza que el ciudadano no quede sometido a decisiones administrativas equivocadas y constituye una importante herramienta de control y corrección dentro del propio organismo público.
La moralidad administrativa es uno de los pilares fundamentales del Derecho Administrativo brasileño y exige que los agentes públicos actúen con ética, probidad y buena fe en todas sus conductas. Comprender los límites de este principio es esencial para garantizar la legalidad de los actos administrativos y proteger el interés público.
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