Datos de ubicación: privacidad y usos legítimos

Esta página es una traducción del texto original en portugués, ofrecida para facilitar la lectura. Trata del derecho brasileño. En caso de divergencia, prevalece la versión en portugués. Leer el original en portugués

Los datos de ubicación revelan mucho más que coordenadas geográficas: exponen los hábitos, las rutinas y los aspectos íntimos de la vida de cualquier persona, lo que exige un análisis jurídico riguroso de sus límites de uso.

Qué son los datos de ubicación y por qué merecen una protección especial

Los datos de ubicación comprenden cualquier información capaz de identificar la posición geográfica de una persona o de un dispositivo en un momento determinado. Incluyen las coordenadas GPS captadas por los teléfonos inteligentes, los registros de conexión a redes Wi-Fi, los datos de las torres de telefonía celular, los check-ins en aplicaciones e incluso los metadatos incorporados en las fotografías digitales. Al analizar el volumen y el nivel de detalle de esta información, se advierte que permite reconstruir trayectos completos e identificar los lugares de trabajo y de residencia, los establecimientos de salud que la persona frecuenta e incluso sus encuentros personales.

La Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD) clasifica los datos de ubicación como datos personales siempre que sea posible asociarlos a una persona identificada o identificable. En determinadas circunstancias, estos datos pueden incluso considerarse sensibles, en especial cuando revelan información sobre la salud (visitas recurrentes a clínicas especializadas), las convicciones religiosas (asistencia a templos) o la orientación política (presencia en manifestaciones). Precisamente esta capacidad de revelar aspectos íntimos de la personalidad es lo que hace tan relevante la protección de estos datos en el panorama jurídico contemporáneo.

En el contexto de la due diligence de datos, se constata que las organizaciones recopilan y procesan con frecuencia información de ubicación sin dimensionar adecuadamente los riesgos que ello implica. Empresas de tecnología, operadoras de telecomunicaciones, aplicaciones de transporte, plataformas de reparto e incluso cadenas minoristas acumulan volúmenes considerables de estos registros. La ausencia de una política clara de gobernanza para los datos de ubicación puede generar pasivos jurídicos significativos, entre ellos sanciones administrativas impuestas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y responsabilidad civil por daños morales y materiales.

Bases legales para el tratamiento de datos de ubicación

La LGPD establece supuestos taxativos que legitiman el tratamiento de datos personales, y la elección de la base legal adecuada para los datos de ubicación exige una atención especial. El consentimiento del titular, previsto como uno de esos supuestos, debe ser libre, informado, inequívoco y específico en cuanto a la finalidad. Al analizar las aplicaciones que solicitan acceso a la ubicación del usuario, se observa que muchas no ofrecen información suficiente sobre cómo se utilizarán esos datos, durante cuánto tiempo se almacenarán y con quién podrán compartirse. Esta deficiencia compromete la validez del consentimiento obtenido.

Además del consentimiento, otras bases legales pueden fundamentar el tratamiento de datos de ubicación. El interés legítimo del responsable se invoca con frecuencia, pero su aplicación requiere elaborar una prueba de proporcionalidad (LIA, por la sigla en inglés de Legitimate Interest Assessment) que demuestre el equilibrio entre los intereses del responsable y los derechos fundamentales del titular. Se constata que gran parte de las organizaciones descuida esta prueba, lo que debilita el sustento jurídico del tratamiento.

La ejecución de un contrato también puede servir como base legal cuando la ubicación es indispensable para la prestación del servicio contratado. Una aplicación de navegación, por ejemplo, necesita los datos de ubicación para cumplir su función esencial. Sin embargo, utilizar esos mismos datos con fines de perfilado publicitario excede la finalidad contractual y requiere una base legal propia. La protección de la vida o de la integridad física del titular o de un tercero constituye otro supuesto relevante, aplicable en situaciones de emergencia en las que la geolocalización puede ser determinante para operaciones de rescate o auxilio.

La ubicación de una persona a lo largo del tiempo puede revelar más sobre su vida privada que el contenido de sus comunicaciones, por lo que resulta indispensable un control jurídico riguroso sobre la recopilación y el uso de esta información.

En el ámbito de la administración pública, el tratamiento de datos de ubicación puede fundamentarse en la ejecución de políticas públicas. Los programas de movilidad urbana, la planificación del transporte y el monitoreo epidemiológico son ejemplos de usos legítimos por parte del poder público, siempre que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad. Aun así, la transparencia sobre el tratamiento y la adopción de técnicas de anonimización o seudonimización son medidas recomendables para mitigar los riesgos para los titulares.

Usos legítimos y límites en la due diligence de datos

Los procesos de due diligence que involucran datos de ubicación son cada vez más comunes en operaciones societarias (fusiones, adquisiciones e inversiones), auditorías de cumplimiento y evaluaciones de riesgo. Cuando realizamos este tipo de análisis, se verifica la existencia de bases legales adecuadas, la conformidad de los mecanismos de consentimiento, la proporcionalidad de la recopilación y la seguridad de los sistemas de almacenamiento. La identificación de irregularidades en el tratamiento de datos de ubicación puede repercutir directamente en la valoración de una empresa o en la decisión de continuar con una operación.

Entre los usos legítimos que encontramos con frecuencia cabe destacar la geolocalización con fines de seguridad patrimonial y personal (rastreo de flotas, monitoreo de zonas de riesgo), la optimización logística (planificación de rutas de entrega, asignación de recursos), la personalización de servicios basada en la proximidad geográfica y la generación de datos estadísticos agregados para la planificación urbana. En todos estos casos, el principio de minimización debe orientar la recopilación: solo deben tratarse los datos estrictamente necesarios para la finalidad declarada.

Los límites del tratamiento quedan en evidencia al analizar prácticas como el monitoreo continuo de empleados fuera del horario de trabajo, la comercialización de bases de datos de ubicación sin consentimiento específico, el rastreo de menores de edad sin la debida autorización de sus padres o tutores y la creación de perfiles de comportamiento detallados sin transparencia. Estas prácticas no solo violan la LGPD, sino que, según las circunstancias, pueden configurar infracciones al Código de Defensa del Consumidor, al Estatuto del Niño y del Adolescente e incluso al Código Penal.

En el ámbito laboral, el uso de datos de ubicación para monitorear a los empleados es un tema que exige cautela. Aunque el empleador tiene poder de dirección sobre la actividad laboral, el monitoreo de la ubicación debe ser proporcional, transparente y limitarse al período de prestación de los servicios. Se constata que la jurisprudencia laboral ha reconocido el derecho del empleado a la desconexión digital, lo que refuerza la necesidad de desactivar los mecanismos de rastreo fuera de la jornada contratada.

Riesgos jurídicos y medidas de cumplimiento

Los riesgos asociados al tratamiento inadecuado de datos de ubicación son variados y potencialmente graves. Desde el punto de vista administrativo, la ANPD puede aplicar advertencias, multas (limitadas al 2% de la facturación, con un tope de R$ 50 millones por infracción), así como el bloqueo y la eliminación de los datos tratados de forma irregular. En el ámbito civil, los titulares perjudicados pueden reclamar indemnizaciones por daños morales y materiales, y la responsabilidad del responsable del tratamiento puede ser objetiva en las relaciones de consumo. Las filtraciones de datos de ubicación son particularmente dañinas porque permiten identificar patrones de comportamiento que pueden aprovecharse con fines delictivos, como asaltos dirigidos o el acoso a personas.

Para mitigar estos riesgos, se recomienda adoptar un conjunto integrado de medidas técnicas y organizativas. La elaboración de un Informe de Impacto a la Protección de Datos Personales (RIPD) es esencial en los tratamientos que involucran ubicación a gran escala, pues permite identificar y abordar las vulnerabilidades antes de que se concreten en incidentes. La implementación de mecanismos de anonimización y seudonimización reduce de manera significativa el potencial lesivo de los datos, especialmente cuando se utilizan con fines estadísticos o de planificación.

Definir períodos de conservación proporcionales a la finalidad del tratamiento es otra medida fundamental. Los datos de ubicación en tiempo real para navegación, por ejemplo, no necesitan almacenarse indefinidamente una vez concluido el viaje. La adopción del principio de privacy by design (privacidad desde el diseño) garantiza que los sistemas se concipan desde el inicio para recopilar únicamente lo mínimo necesario, con controles de acceso rigurosos y mecanismos de eliminación automática.

Igualmente importante es la transparencia hacia los titulares. Las políticas de privacidad deben describir de forma clara y accesible qué datos de ubicación se recopilan, con qué finalidad, durante cuánto tiempo se almacenan, con quién se comparten y qué derechos puede ejercer el titular. Poner a disposición paneles de control (dashboards) o herramientas que permitan al titular visualizar y gestionar sus datos de ubicación constituye una buena práctica que fortalece la relación de confianza y demuestra compromiso con el cumplimiento normativo.

Tendencias regulatorias y el futuro de la protección de los datos de ubicación

El panorama regulatorio global apunta a un endurecimiento progresivo de las reglas aplicables a los datos de ubicación. En la Unión Europea, el Reglamento ePrivacy (aún en tramitación) prevé requisitos específicos para el tratamiento de metadatos de comunicaciones, incluida la información de ubicación. En Estados Unidos, varios estados han aprobado leyes que otorgan al consumidor el derecho a optar por que no se recopilen datos de geolocalización precisa.

En Brasil, observamos que la ANPD ha intensificado su actuación regulatoria, con la publicación de guías orientativas y la apertura de procesos administrativos contra empresas que tratan datos personales de forma irregular. La tendencia es que los datos de ubicación reciban una atención regulatoria creciente, en especial ante el avance de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), las ciudades inteligentes y los vehículos autónomos, que amplían exponencialmente la recopilación de información geográfica.

Las organizaciones que se anticipen a esta tendencia e inviertan en programas sólidos de gobernanza de datos de ubicación estarán en una posición competitiva más favorable. El cumplimiento normativo dejó de ser solo una exigencia legal para convertirse en un diferencial de mercado, que señala a clientes, socios e inversionistas que la empresa se toma en serio la protección de los derechos fundamentales de los titulares de los datos. En los procesos de due diligence, la madurez del programa de privacidad, incluido el tratamiento adecuado de los datos de ubicación, puede ser determinante para el éxito de las negociaciones y la valoración de los activos.

Este tema guarda relación directa con los datos de salud y la telemedicina, asunto que abordamos en un artículo específico.

Este tema guarda relación directa con la IA y la privacidad, asunto que abordamos en un artículo específico.

As informações deste artigo são de caráter informativo e não substituem consulta jurídica individualizada. Cada caso possui particularidades que exigem análise específica.