Desinformación y fake news: responsabilidad jurídica

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La difusión de noticias falsas puede generar responsabilidad civil, penal y electoral en Brasil. Aunque no exista una ley general sobre la materia, el Código Electoral, el Código Penal y el Marco Civil de Internet permiten la eliminación del contenido y la reparación de los daños sufridos por las víctimas.

El fenómeno de la desinformación digital

La difusión de noticias falsas y de contenido desinformativo a través de internet se ha convertido en uno de los mayores desafíos jurídicos de la era digital. La velocidad y el alcance de las redes sociales amplifican el impacto de la desinformación, que puede afectar desde la reputación individual hasta los procesos electorales y la salud pública, como quedó en evidencia durante la pandemia de Covid-19.

El ordenamiento jurídico brasileño aún no cuenta con una ley específica y amplia sobre desinformación, aunque existen diversas normas aplicables al fenómeno.

Marco legal vigente

Legislación electoral

La Ley de Elecciones (Ley 9.504/1997), modificada por la Ley 13.488/2017, prohíbe expresamente la difusión de contenido falso durante el período electoral. El artículo 323 del Código Electoral tipifica como delito divulgar, en la propaganda electoral, hechos que se sabe que son inverídicos, con pena de 2 meses a 1 año de detención o pago de multa.

El TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) ha actuado de manera activa en el combate a la desinformación electoral, con facultad para ordenar la eliminación de contenidos falsos y aplicar multas a los responsables.

Código Penal

Diversas conductas asociadas a la difusión de fake news ya están tipificadas:

• Calumnia (art. 138), imputar falsamente un hecho definido como delito. Pena: 6 meses a 2 años de detención
• Difamación (art. 139), imputar un hecho ofensivo para la reputación. Pena: 3 meses a 1 año de detención
• Denuncia calumniosa (art. 339), provocar una investigación policial mediante una imputación falsa. Pena: 2 a 8 años de reclusión
• Charlatanismo (art. 283), anunciar curas por medios secretos o infalibles (aplicable a las fake news sobre salud). Pena: 3 meses a 1 año de detención

Código Civil, responsabilidad civil

Quien difunde información falsa que causa daño a otra persona responde civilmente en los términos de los artículos 186 y 927 del Código Civil. La víctima puede reclamar una indemnización por daños morales y materiales, además de la retractación pública.

El Proyecto de Ley de las Fake News (PL 2.630/2020)

El Proyecto de Ley 2.630/2020, conocido como «PL de las Fake News», se tramita en el Congreso Nacional y propone:

• Transparencia de los algoritmos, las plataformas deben explicar cómo se recomiendan los contenidos
• Trazabilidad de los mensajes virales, identificación de la cadena de reenvío en las aplicaciones de mensajería
• Deber de diligencia de las plataformas, obligación de combatir de forma proactiva el contenido ilícito
• Etiquetado del contenido impulsado, identificación clara de la publicidad política
• Derecho de respuesta digital, mecanismos para corregir la información falsa

El proyecto es controvertido porque implica un delicado equilibrio entre el combate a la desinformación y la libertad de expresión.

Libertad de expresión frente a desinformación

La Constitución Federal garantiza la libertad de expresión (art. 5º, IV y IX) y prohíbe la censura (art. 220, §2º). Sin embargo, ningún derecho fundamental es absoluto. El STF (Supremo Tribunal Federal de Brasil) ha entendido que la libertad de expresión no ampara los discursos deliberadamente falsos destinados a causar daño, especialmente cuando afectan el honor ajeno, la salud pública o la integridad de las instituciones democráticas.

El desafío consiste en distinguir entre la opinión legítima (protegida), el error de hecho de buena fe (no punible) y la desinformación deliberada (ilícita).

Responsabilidad de las plataformas

El Marco Civil de Internet (art. 19) establece que las plataformas solo responden por contenido de terceros tras incumplir una orden judicial de eliminación. No obstante, decisiones recientes del STF vienen señalando la necesidad de que las plataformas adopten una postura más proactiva, en especial respecto de los contenidos que amenazan la democracia y la salud pública.

Cómo preservar las pruebas de la desinformación

La víctima de desinformación enfrenta, desde el primer momento, un desafío práctico: preservar la prueba del contenido ilícito antes de que el autor lo borre o la plataforma lo elimine. La simple captura de pantalla, aunque útil, suele no ser suficiente, pues no acredita la existencia efectiva de la publicación en el entorno digital. El acta notarial, prevista en el artículo 384 del Código de Proceso Civil, permite que un notario registre, en un documento público, el contenido encontrado en páginas de internet, redes sociales o aplicaciones de mensajería, y confiere presunción de veracidad al hecho narrado.

Otra herramienta relevante es la solicitud de preservación de los registros de conexión y de acceso a aplicaciones, prevista en los artículos 13 y 15 del Marco Civil de Internet. Mediante una solicitud fundamentada, la autoridad policial o judicial puede ordenar que el proveedor conserve los datos por un plazo superior al plazo legal ordinario, e impedir así la pérdida de información esencial para identificar al autor de la publicación. Esta medida es especialmente importante en los casos de desinformación organizada, en los que la autoría suele ocultarse tras perfiles falsos, cuentas automatizadas o intermediarios.

Cuando el contenido falso causa daño a la imagen, al honor o a la salud pública, la víctima puede solicitar una tutela de urgencia para la eliminación inmediata de la publicación, sin esperar la sentencia definitiva. El artículo 300 del CPC (Código de Proceso Civil) autoriza la concesión de medidas cautelares urgentes cuando existe probabilidad del derecho y riesgo de daño grave, y la jurisprudencia brasileña ha admitido la eliminación rápida en casos claros, especialmente cuando se trata de menores de edad, víctimas de violencia y personas expuestas a amenazas reales a su integridad física.

Preguntas frecuentes

¿Compartir una fake news sin saber que es falsa genera responsabilidad?

En el ámbito penal, por lo general se exige dolo (intención). Sin embargo, en el ámbito civil, la negligencia al compartir información sin verificar su veracidad puede generar responsabilidad, especialmente si causa un daño significativo a un tercero.

¿Puedo ser demandado por opinar sobre un asunto?

La opinión legítima está protegida por la libertad de expresión. Sin embargo, las afirmaciones de hecho falsas presentadas como verdaderas, o las opiniones que contengan ofensas al honor, pueden generar responsabilidad civil y penal.

¿Cómo denunciar una fake news?

Utilice los mecanismos de denuncia de la propia plataforma. En el caso de fake news electorales, denuncie ante el TSE mediante la aplicación Pardal. Si el contenido configura un delito, presente una denuncia policial (boletim de ocorrência) y preserve todas las pruebas digitales.

As informações deste artigo são de caráter informativo e não substituem consulta jurídica individualizada. Cada caso possui particularidades que exigem análise específica.