El derecho de petición ante el poder público es una garantía constitucional que asegura a todo ciudadano brasileño la posibilidad de presentar solicitudes, reclamos y peticiones ante los órganos públicos. Previsto en el artículo 5º, inciso XXXIV, letra «a», de la Constitución Federal, este derecho representa uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho y puede ejercerse sin el pago de tasas.
Entender la diferencia entre el poder discrecional y el poder vinculado es esencial para cualquier ciudadano que se enfrente a decisiones de la Administración Pública. Estos dos conceptos definen los límites de la actuación del Estado y determinan cuándo el servidor público tiene libertad de elección y cuándo debe seguir estrictamente lo que ordena la ley.
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